El chineo es la violación de las niñas indígenas a modo de marcar propiedad sobre sus cuerpos. Fue el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos y es un crimen de odio. Una reflexión desde el activismo de mujeres indígenas y los feminismos que nos une y se fortalece.

Por Mónica Menini* | Foto: Colectivo Chakana

Esa es la descripción que mejor sintetiza lo que es y significa el chineo para las mujeres indígenas, creo yo, que no soy antropóloga pero sí descendiente de otras mujeres indígenas que parieron en los Valles Calchaquíes. Lo define una mujer mapuche y le va tanto a una diaguita como a una wichi.

Las condiciones de género de las mujeres indígenas se vienen problematizando desde la idea de la “triple opresión” (concepto que ya tiene algunas décadas dentro del indigenismo mexicano), esto es: que las mujeres indígenas atraviesan una triple subordinación, a diferencia de otras mujeres, por su condición de género (por ser mujeres), por su condición étnica (por ser indígenas) y por su condición de clase (por ser, en su mayoría, mujeres pobres).

La histórica referente wichi Octorina Zamora ha dicho: “Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes”.

Moira Millán se pregunta: ¿Por qué los hombres indígenas no denuncian ni acompañan a las víctimas? La colonización nos ha atravesado letalmente, los hombres indígenas deben elegir entre dos caminos que se bifurcan: la lealtad a su comunidad o la lealtad a su género. La percepción de sí mismo y su valor humano está subjetivizada por la mirada del dominador,
intenta emularlo, elige la lealtad a su género para salvaguardar el único privilegio que el colonizador le otorga, ser hombre.

La antropóloga Mariana Gomez indica que en nuestro país observamos que hay mujeres que están organizadas, que vienen participando en algún espacio social, productivo-económico o político, en la mayoría de los casos vinculadas a organizaciones indígenas, y allí le disputan el liderazgo a los hombres; en otros casos, se organizan a partir de proyectos de ONG y/o del Estado. También existen mujeres que vienen liderando las luchas en sus territorios contra los proyectos extractivistas, como es el caso de varias referentes y líderes mapuche; y algunas mujeres, muy pocas por cierto, comenzaron a ingresar en cargos públicos. Algunas de estas mujeres también vienen participando del movimiento de mujeres más amplio de Argentina.

La expansión territorial del movimiento feminista en el país tuvo entre sus logros estar cada día más cerca de las mujeres más aisladas, rurales, habitantes de comunidades indígenas. En noviembre de 2015, ocurrió una violación en banda a una niña wichi de 12 años, discapacitada, de la comunidad de Alto La Sierra en Santa Victoria Este, en la provincia de
Salta. Producto de aquel “chineo”, se produjo un embarazo que debería haber tenido acceso inmediatamente al aborto legal según el Art. 86 del Código Penal de Argentina, pues entra en una causal permitida de aborto, pero prosiguió hasta el séptimo mes de embarazo cuando se interrumpió en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

La niña abusada en aquel “chineo” sumó más vulneraciones aún en el proceso judicial que las que venía arrastrando en su corta vida. El misógino fiscal Cazón fue quien, ni bien se dio a conocer la historia de “Juana”, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada y que ninguna de las ocho personas acusadas sería el “padre” “porque las fechas no daban”. Otra frase de su autoría fue: “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.

Hacia mayo de 2016, la madre de la niña, Francisca, logró llegar hasta mujeres feministas de Salta en pedido de ayuda. En el proceso de acompañamiento legal y social, el caso se nacionalizó y puso por primera vez el abuso sexual de mujeres indígenas perpetrado por varones criollos en las noticias de los medios hegemónicos, a la vez que visibilizó las diferencias en las oportunidades de acceso a la salud de mujeres indígenas, la discriminación étnica en el proceso judicial, la discriminación basada en género en el mundo que habitan estas jóvenes indígenas y también los puntos de encuentro con otras mujeres “blancas”, urbanas, con liderazgos feministas.

La historia tiene un nombre y se conoce como #JusticiaPorJuana

El viernes 17 de junio de 2016 fue feriado nacional, en conmemoración al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la liberación nacional. Ese día la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició un tuitazo con el hashtag #JusticiaPorJuana, que se sostuvo dentro de los primeros lugares durante casi 9 horas, de acuerdo a las mediciones difundidas por Trendinalia Argentina, que además la ubicó en tercer lugar.

Usuarias y usuarios de la red social replicaron durante toda la tarde el hashtag y también dirigieron cuestionamientos y reclamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por la falta de atención al caso. Como respuesta, quienes manejan la cuenta de Twitter del mandatario salteño bloquearon a toda persona que se expresara por “Juana”.

En julio de 2016, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron el caso ante la Relatoría de Derechos Humanos de ONU, como caso testigo.

En agosto de 2018 Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina presentó el caso #JusticiaPorJuana en la III Conferencia de Población y Desarrollo desarrollada en Lima en el Evento Causa Abierta. Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presenta y discute casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.

En noviembre de 2018, los 9 hombres criollos que violaron a “Juana” fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. ¡Basta de chineo! es desde entonces, un grito que nos une y fortalece.

*Abogada feminista, especialista en género y políticas publicas. Integrante de Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Source

Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

Source

“María”, una niña de 13 años de etnia wichi murió tras pelear cinco días por su vida en un hospital del Chaco tras gestar y parir. Como con “Juana”, en Salta en 2016, el patriarcado, el racismo, el despojo y la incompetencia institucional se combinaron para negar el acceso a la salud de una de las más vulnerables bajo un sistema de tortura: la maternidad obligatoria.      

 “María”* tenía 13 años y era originaria de El Sauzal. Agonizó cinco días en un hospital del Chaco y fue de los pocos accesos al sistema público de salud que tuvo en su vida. Había llegado al Hospital Perrando de Resistencia tras un traslado desde el Bicentenario de Castelli. Llegó en grave estado de salud, con una infección generalizada, neumomía avanzada y desnutrición crónica. Cuando llegó cursaba un embarazo de 28 semanas (casi 7 meses) y fue sometida, previa estabilización, a una operación cesárea para salvar su vida. Su bebé, prematuro extremo, murió a las horas de nacer.  

“María” era del Impenetrable, pertenecía a una etnia originaria sistemáticamente vulnerada, la wichi, que resiste al saqueo y al despojo en una de las provincias que cuenta con las tasas más altas de mortalidad materna, desnutrición y en la que sus representantes votaron en un 70% en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. O sea, a favor de “salvar las dos vidas”. Sin embargo, su historia no difiere de otras que son condenadas por un sistema cultural y político que mata, violenta, encarcela y discrimina por portar un cuerpo feminizado: el de la maternidad obligatoria. Así pasó con “Juana”, otra niña wichi pero en Salta, a quien se le negó por omisión el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta que corrió riesgo su vida. “María” no corrió la misma suerte.

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informó que realizó la denuncia penal y que activó, en su momento, el Protocolo de abuso sexual infantil e interviene la Fiscalía de turno.

La lucha por el territorio, una lucha por la salud

Asoma entre las explicaciones sobre las múltiples violaciones por parte del Estado a los derechos de “María”, el relativismo cultural, esa teoría de Siglo XX que justificaba delitos u omisiones de atención basándose en “cuestiones culturales”, consolidando las falsas ideas de otredad y de muros sociales deslindando responsabilidades al funcionariado que debiera hacerse cargo de políticas de protección de la niñez, si, también la indígena.

Pía Leavy es Doctora en Antropología Social y docente de la UBA y afirma en su artículo “La lucha por la tierra es también una lucha por la salud” que “las vulneraciones de los derechos territoriales afectan las condiciones sanitarias de las comunidades indígenas” y que “el desencuentro entre diversas perspectivas y un sentido común cargado de preconceptos contribuyen a la culpabilización de estos pueblos por sus problemas de salud”.

Afirma que son complejos los entramados de vulnerabilidades de derechos en que se inserta la vida de las comunidades indígenas en nuestro país. Por un lado, la cuestión de tener el derecho a las tierras, pero no tener acceso a ellas, así como tampoco haber recibido en ningún momento de su vida algún tipo de derecho laboral. Y por el otro, la falta de una regulación sobre la actividad agrícola que promueva el cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, como aspecto fundamental para comenzar a comprender el estado actual de la salud de los pueblos indígenas. Y claro, su genocidio.

“Las condiciones laborales y ambientales permiten observar que el problema de la salud indígena no sólo radica en el desentendimiento entre la cosmovisión indígena y el sistema de salud pública”, se lee en el artículo de la antropóloga, “la complicidad estatal con los frentes extractivos y la expulsión de sus tierras ancestrales son las causas fundamentales de la falta de acceso a una alimentación adecuada. No hay nada de natural ni de cultural, exclusivamente, en el hecho de la desnutrición de los pueblos indígenas”.

Es el que el territorio no es propiedad privada para el lucro. “Comprendido en términos indígenas, posee significados, compromete aspectos individuales e incluso colectivos e implica derechos de antiguas y futuras generaciones”, afirma Leavy, “si las personas somos seres vivos, el cuidado del ambiente también implica nuestro cuidado” y concluye de forma contundente: “La lucha por el territorio es, entonces, una lucha por la salud”.

“Aborto legal ya” fue un pedido de políticas públicas integrales

“Aborto legal es justicia social”. Esta frase fue quizá una de las de mayor contenido propositivo y político que se difundió durante el debate social y legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entre marzo y agosto de este año. “Aborto legal es vida”, fue otra de las que se viralizó. Ambas sintetizaron la profundidad de los argumentos que durante décadas se tejieron multidisciplinaria y multiculturalmente en el país y el mundo para que el aborto legal deje de ser una deuda y se convierta en política pública y garantía igualitaria de acceso a la educación y la salud de forma para todas las personas.

“Aborto no, adopción”, se respondió desde la trinchera oscura que sostiene insensiblemente la maternidad obligatoria y el fundamentalismo del feto, espacio que apeló a la mentira propia de quienes ya no tuvieron más argumentos y usaron la desinformación para sostener que el aborto es un delito y las que abortamos, asesinas sin más debate que la criminalización.

Pero no se trató de slogans. O sí. O eso quisieron pensar quienes se sintieron ingenieros del marketing y construyeron en forma de espejo, “a imagen y semejanza”, la campaña “salvemos las dos vidas”, eligiendo el celeste del nacionalismo y convocando a la “unidad” de las iglesias para oponerse de forma triste y aburrida al reconocimiento de derechos y la extensión de ciudadanía que la despenalización y legalización del aborto hubiera significado.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron el “repudio, preocupación y alarma ante el conocimiento de la situación de tortura, violencia sistemática y vulneración de derechos del parte del Estado, sus instituciones y funcionarios/as” sobre “María”. “Exigimos dignidad y derechos, exigimos que los Estados provincial y nacional protejan a nuestras niñas y niños”, agregaron, “exigimos políticas públicas en consonancia con los derechos humanos, que se cuide las vidas de cada uno/a, por fuera de slogans mentirosos y mandatos patriarcales de reproducción obligatoria”.

Quizá la sanción de una Ley de acceso al aborto seguro el 9 de agosto pasado no hubiera salvado la vida de “María”, ni la de su bebé. Pero si, en el debate político y cultural, quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, somos quienes construimos infinitas estrategias para que no suceda nunca más. Mientras, los defensores de la tortura, los que nos pretenden incubadoras, los que creen que el cigoto es persona quitándonos la riqueza cultural y la importancia de nuestras subjetividades seguirán mintiendo con el “salvemos las dos vidas”. Ya fracasaron: se olvidaron de salvar a “María” y a su niño.

*Elegimos ese nombre para resguardar su identidad y en respeto de su familia. Tras la publicación de la nota trascendió que la niña se llamaba Agustina

Source

Llega un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, evento único en el mundo que se realiza de forma autogestiva e ininterrumpida hace 31 años. Con un cambio de paradigma político y social en el país y en la región, llegaremos a Rosario, una ciudad militarizada pero ansiosa de gozar de todos los rituales y colores de las mujeres organizadas.

“El patriarcado, nos oprime como trabajadoras, nos esclaviza como cuidadoras, nos cosifica como mujeres, y encima nos quiere hacer creer que eso, y que nos violen y nos maten, es lo normal”, afirma Irantzu Varela, la feminista vasca que (me) enloquece de cordura con sus reflexiones a través de “El Tornillo”, el microespacio digital de “Faktoría Lila”.

Es notable el paternalismo. A menos de una semana del 31 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se realizará en la ciudad de Rosario, donde llegarán cerca de 70 mil mujeres a hacer política de forma horizontal, debatir sobre las problemáticas de las que se ocupan y les interesan durante el resto del año divididas en 69 talleres temáticos y a concretar actividades públicas y de visibilización de sus construcciones de poder; el fascismo social y el machismo mediático empresarial nos dicen cómo tenemos que salir a luchar.

Lo demostró con los carteles en vía pública que se difundieron en las redes sociales hace días y que “rezan”, “Así no. En octubre, Rosario espera mujeres sin violencia”; y con ridículos artículos de opinión en medios digitales que aseguran que las “Feministas amenazan con quemar la Catedral de Rosario durante en Encuentro Nacional de Mujeres”.

Sin embargo, histórico y de coyuntura, las instantáneas colectivas que dejaron las masivas movilizaciones en reclamo de los derechos de las mujeres este último año, cubiertas por el activismo, el periodismo ciudadano y los medios populares, son indiscutibles. Y así, sensibles, enlazando historias y atareadas por lo cotidiano, llegamos a Rosario.

De ENM a ENM: el año feminista (y popular)

La vuelta del #30ENM en Mar del Plata fue simbólica e inédita e inauguró una etapa en que los poderosos y privilegiados comenzaron con persecuciones y represión hacia las mujeres, desde simbólicas hasta materiales. En nuestro país y en toda Nuestra América.

En esa ocasión, la policía bonaerense -uniformada y de civil- en alianza con integrantes de la iglesia católica y un grupo de neonazis locales, reprimieron la llegada de una de las columnas a la catedral de la ciudad. Montaron una escena tirando sus propias vallas, esperaron a que las mujeres ingresaran a las escalinatas y dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, hirieron y detuvieron a activistas, y ensayaron cacerías por la plaza que se encontraba enfrente. Ese fue el día en que una catedral se convirtió en comisaría.

Luego, volvimos a marchar por una vida sin violencias y a honrar a las obreras del 8 de marzo; activamos desde abajo el “ni una menos” (que sólo en ciudad de Buenos Aires congregó a 200 mil personas) y reclamó al Estado y a los gobiernos que “vivas y libres nos queremos”. Rabiamos hasta lograr la #LibertadParaBelén, exigiendo en cada acción el reconocimiento del derecho al #AbortoLegal y el freno al avance de la criminalización de las mujeres porque no (nos) queremos #NiMuertasNiPresas. Y asistimos al golpe de Estado parlamentario y patriarcal que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.

Denunciamos la situación de las mujeres y el trabajo, y advertimos sobre el riesgo de la feminización de la pobreza para que no haya “ni una olla menos”.

Nos indignamos con la alianza criminal del patriarcado racista y la ineptitud del funcionariado salteño que violentó a “Juana” de solo 12 años. Reclamamos por la aparición con vida de Diana Colman y visibilizamos en red cada vez que una piba desaparecía en un barrio. Nos emocionamos gritando en la primera marcha nacional “Justicia para Diana, ¡basta de travesticidios!”; clausuramos la Embajada del Estado asesino de Honduras por “Justicia por Berta”; y lloramos recordando a la Comandanta de las mariposas en cada eco del “¡Lohana Berkins, presente!”. Ya que será nuestro primer ENM sin ellas.

Mientras Reina Maraz sigue cumpliendo su condena perpetua.

Los ENM, actos de liberación

¿Hasta cuando se va a seguir vendiendo que las mujeres somos naturalizadas e inmutables víctimas?, ¿hasta cuando se va a seguir desde los medios y el ejercicio del periodismo empresarial justificando represiones y reproduciendo el estereotipo de “brujas contemporáneas” que todo lo quemamos a nuestro paso? ¿Por qué se pide a las mujeres que seamos pasivas, delicadas, débiles, sumisas, desvalidas, sacrificadas?, ¿o acaso sostenemos que necesitamos ser (y estar) protegidas a la sombra de los varones?

Será como dice Sarah Babiker, periodista de la agencia Comunicar Igualdad, “desde la Revolución Francesa hasta las milicias femeninas de las Unidades de Protección Popular kurdas, las mujeres hemos puesto el cuerpo para defender nuestros derechos, así como han hecho los varones con otros deseos y reivindicaciones. Estas resistencias, sin embargo, han sido siempre desacreditadas al amparo del respeto a las buenas costumbres y el recato, conductas que no se les reclaman a los revolucionarios masculinos”.

O retomando a Irantzu, que “hasta que todas seamos sujetas de derechos, y hasta que toda mujer o niña violada o asesinada o explotada, no se considere como un conflicto que atañe a toda la sociedad, a todas las personas, a toda la humanidad, nosotras no vamos a parar de luchar”.

Las mujeres no necesitamos del sistema que nos violenta para validar las formas de expresión, empoderamiento y apoderamiento de todos los derechos que nos arrancaron, revolución que se da de forma pública y colectiva, activa, fuerte e insurrecta, y en pleno desarrollo de estrategias políticas de supervivencia y de cambio sociocultural que les devuelva, inmediata o mediatamente, el control de sus vidas.

Porque las exigencias, las políticas, los cambios a los que ponemos el cuerpo son el verdadero sentido de lo irreversible. Un camino masivo y popular, feminista y subversivo, destituyente, y a la vez pacífico y violento. Está claro. Nos tienen miedo porque somos poderosas.

• El máximo ritual: la marcha de las mujeres luchadoras

Emocionante hasta erizar la piel, la marcha de los ENMs es la mayor demostración de la construcción del poder feminista. En Rosario, se realizará el domingo 9 desde las 18 y saldrá de la plaza San Martín, espacio dominante de las actividades públicas (por Moreno), y recorrerá las calles Santa Fe, Bv. Oroño, Av. Pellegrini, Corrientes, San Luis, Sarmiento, Santa Fe y terminará en la explanada del Monumento a la Bandera, del lado del río Paraná.

Source

Acciones, omisiones, declaraciones y silencios de funcionarios de Estado e integrantes del poder judicial evidencian un escándalo político en Salta. Mientras, el feminismo organizado sigue denunciando las múltiples vulneraciones sobre “Juana”, una niña de 12 años de la que se habla hasta en la Cámara de Diputados de la provincia.

Patriarcado, racismo e incompetencia institucional es el combinado que sigue vulnerando a “Juana”, una niña de 12 años, etnia wichi y con una discapacidad intelectual, que vive en Alto la Sierra, Salta, y que en noviembre de 2015 fue violentada sexualmente por al menos ocho varones criollos, y que en tortura institucionalizada, fue obligada a cursar un embarazo durante seis meses que fue interrumpido (paradójicamente) el 3 de junio de 2016, y no porque fuera reconocido su derecho al aborto, sino porque el feto era anencefálico.

Una historia de machismo racista, exclusión económica, abandono político e incapacidad del funcionariado salteño que hoy vuelve a nacionalizarse con la noticia de que el jury de enjuiciamiento, conformado (también y no casualmente) días después del “ni una menos”, al juez Héctor Astigueta y al fiscal del caso Armando Cazón, desestimó que se iniciara un juicio político contra ambos funcionarios. Y con esto, vuelve a caer la posibilidad de legitimar la tan aclamada “justicia”, que en realidad apenas si se podría acercar a la reparación en la historia de desamparo y la subjetividad violentada de “Juana”.

El jury había sido pedido por el juez de la Corte de Salta, Abel Cornejo, y reunido el 18 de agosto para determinar si se avanzaba o no en la investigación, votó por el no. Quienes se expresaron fueron lxs senadorxs Silvina Abilés (Partido de la Victoria) y Jorge Soto (PJ), los integrantes de la Corte Guillermo Catalano y Guillermo Posadas, y el abogado Guillermo López Mirau.

“Buscamos el o los responsables del abuso de una niña”

“Tenemos dos novedades con respecto a ´Juana´”, relató en diálogo con Marcha, Mónica Menini, abogada integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta. “Una es que las niñas que estuvieron en el momento en que los varones arrastraban a ´Juana´ de los pelos hacia el monte, momento en que comienza el abuso, pudieron señalar a otro de esos varones que se presentó por el pueblo nuevamente. Es una persona mayor de edad, está imputado en la causa y detenido”, informó.

“Y la segunda es que el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, ha presentado en la causa un informe en el que devela la posibilidad de que el embarazo de ´Juana´ haya sido anterior al momento de la violación”, actualizó Menini, “esto cambia la cuestión en el sentido de que la violación, agravada por ser en banda, además se agrava si es verdad lo que dice el CIF de que ´Juana´ ya cursaba un embarazo”.

Y recordó la abogada, “en todos los casos, como es una persona menor de 13 años, estamos ante una violación y tuvo que haber tenido acceso a un aborto no punible”, y aclaró que “se abrió una nueva causa en busca de el o los responsables de la violación anterior”, aunque también cree Menini que se “está intentando cambiar el foco de la justicia que se está buscando”. Y agregó contundente, “nosotras buscamos el o los responsables del abuso de una niña y no la paternidad de un feto anencefálico”.

“Prácticamente hace un año que sucedió y recién tenemos un informe respecto de otra posible violación a ´Juana´, claramente hay una inacción del poder judicial y del Ministerio Público”, afirmó.

“Tenemos el acompañamiento del pueblo”

Los poderes judicial y ejecutivo salteño, siguen sin avanzar hacia la reparación y #JusticiaPorJuana. Es que en tono de señalar las responsabilidades, por acción u omisión, la lista de vulneraciones sobre “Juana” no se quedan en quienes la violentaron sexualmente sobre su cuerpo territorio. Hay responsabilidades políticas insoportables.

En dos años hubo cuatro pedidos de jury en Salta por vulneraciones del derecho al aborto de niñas violentadas sexualmente. En 2014 fueron sobre el juez Víctor Soria y la asesora de menores Claudia Flores Larsen, quienes hicieron lugar al amparo judicial de una organización anti derechos frenando la interrupción del embarazo de una niña de 12 años; y en 2016 fueron sobre Héctor Astigueta y Armando Cazón por el caso de “Juana”.

“El jury ha sido declarado inadmisible con el voto negativo de los representantes del Senado, entre ellos una mujer, Silvina Abilés, quien también votó como inadmisible uno anterior, hace dos años, en una situación parecida en la que se había negado el derecho al aborto no punible de una niña de 12 años”, señaló Menini.

“Hasta ahora no se ha iniciado ningún sumario contra los funcionarios que debían intervenir”, comunicó Mónica Menini, y enumeró las responsabilidades que le tocan a “los Ministerios de Derechos Humanos y Justicia, de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Discapacidad, incluso el Ministerio de Educación que nunca brindó su derecho a esta niña, aun cuando otro poder, la Cámara de Diputados, dictó un informe que revela inacción e incumplimiento de deberes de funcionario público del Poder Ejecutivo” salteño, a cargo de Juan Manuel Urtubey.

“Esto da lugar a que se abra nuevamente el proceso de jury”, afirmó, en tono de representación del movimiento de mujeres de Salta, intención que también ha logrado llegar hasta las más altas esferas políticas, ya que en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se trató la inadmisibilidad del jury a Astigueta y Cazón, ocasión en la que las y los diputados de todos los bloques partidarios han mostrado la disconformidad con esta decisión y en relación a lo que está sucediendo con los jurys en el poder judicial.

Desde el Foro de Mujeres.. Salta, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, y la Campaña… exigieron mediante un comunicado “que se reabra el Jury de enjuiciamiento hacia el juez Dr. Astigueta y el fiscal Dr. Cazón y se amplíe el Jury a la Asesora de Incapaces Dra. Hernández y la defensora en Violencia de Género Dra Magadan por existir prueba nueva que sostiene el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, el mal desempeño y el retardo de justicia”.

“En todo el país se habla de Salta como una zona de nuestro país donde hay mucho conservadurismo, fundamentalismo religioso, enquistado especialmente en el poder”, afirmó la abogada, pero enseguida señaló, “tenemos el acompañamiento del pueblo de Salta, hay un consenso social y una sanción a lo que está sucediendo en historias como las de ´Juana´, en las que además se suma la discriminación étnica y su situación de niña pobre”.

Se espera se abran los sumarios a lxs funcionarixs del Ejecutivo salteño que con su inacción o acción discriminaron y sometieron a “Juana” y su familia a tratos crueles y degradantes. Mientras, el movimiento de mujeres y el feminismo organizado exigirá como bandera y canto de lucha #JusticiaPorJuana. Y sólo por eso, se estará más cerca de la reparación y la no repetición de las violencias machistas para ninguna niña ni mujer más.

*Juana es un seudónimo que utilizamos para preservar su identidad. 

Nota relacionada:

Violentar a la más vulnerable. Patriarcado, racismo e incompetencia institucional  

Source

Juana es de etnia wichi, tiene 12 años y una discapacidad intelectual. Fue violentada sexualmente por ocho varones criollos y hoy cursa un embarazo de seis meses. Una historia de machismo racista, exclusión económica, abandono político e incapacidad del funcionariado salteño.   

Otra historia en la que ejecutores del patriarcado, el capitalismo y el racismo se alían para destrozar el cuerpo, la subjetividad y la libertad de una niña. Juana* es de etnia wichi, tiene 12 años y una discapacidad intelectual, vive en Alto La Sierra, Salta, un poblado aislado y de difícil acceso al extremo nordeste de la provincia, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. En noviembre pasado fue violentada sexualmente por ocho varones criollos que fueron identificados pero se encuentran en libertad desde febrero. Hoy cursa un embarazo de seis meses que pone en riesgo su vida y que debe sobrellevar en la pobreza estructural.

En su historia, un sistema heteropatriarcal que en manos de varones violenta sexualmente a niñas y mujeres que cree de su propiedad y niega el acceso a las virtuales reparaciones y derechos para las víctimas; un sistema capitalista que destierra y condena al hambre y la miseria a las y los originarios dueños de las tierras para dar paso a los negocios de las multinacionales y de la explotación petrolera y agroindustrial; y una dominación cultural racista de hegemonía blanca y genocida que determina que algunas personas valen más que otras por el color de su piel, el lugar de su nacimiento o la lengua materna con la que se comunican.

A días de una nueva movilización social y política que gritará en las calles de nuestro país “ni una menos, vivas nos queremos”, urge como sociedad problematizar sobre las opresiones que violentan a las más vulnerables para exigir, con nombre y apellido de los responsables la sanción ante el incumplimiento de sus funciones, la modificación de las institucionalidades y leyes y la toma de medidas políticas que acompañen el cambio social tendiente a garantizar la vida plena de elecciones para las niñas y las mujeres.

El heteropatriarcado, el capitalismo y el racismo que violentan cada día  

Melina Sola es periodista de Radio Nacional en Salta e integrante de la Red PAR –periodistas por una comunicación no sexista-. En diálogo con Marcha relató los hechos, “esta niña fue violada a plena luz del día, en una canchita de futbol, lo pudieron ver otras dos chicas que se animaron a denunciar el hecho, y es por eso que el fiscal penal de Tartagal, Armando Cazón, pudo detener a los individuos, porque fueron identificados todos y cada uno de ellos por este hecho”.

“Las chicas también contaron que había un hombre del otro lado de la canchita observando como sucedían los hechos y que no hizo nada”, relató Sola, “esto ocurrió en noviembre y esta semana nos damos con la noticia, gracias a un diputado provincial, Ramón Villa, representante de ese departamento, Rivadavia, que esta chiquita está embarazada de seis meses”, “no se hizo nada, nadie la fue a asistir, nadie le ofreció la pastilla del día después, siguió cursando el embarazo”.

Juana “habla solamente lengua materna, habla en dialecto wichi, ella y su familia”, contó Sola, “no hay traductores en el hospital, según la policía ella y su familia se negaron al aborto no punible, pero difícilmente podamos dar fe de esto porque no hubo traducción de por medio”, afirmó, “no sabemos si la situación fue del todo comprendida”.

“Además quien dio fe del acto de violencia sexual es un médico boliviano que por su condición de precariedad laboral y por no tener reconocido su título en Argentina, no pudo firmar el certificado por la violación, que fue firmado por un bioquímico”, informó la periodista.

Es válido aclarar que además de las violencias machistas que se ejercieron sobre Juana: física, psicológica, sexual y simbólica, institucional y contra su libertad reproductiva; los incumplimientos a leyes vigentes de parte de funcionarios y funcionarias que hicieron brillar su incompetencia son notorios: no sólo no se aplicó el protocolo para casos de violencia sexual, se liberó a los detenidos que fueron reconocidos por dos niñas que pasaron por el proceso de interrogatorio judicial, sino que además a la joven no le fue reconocida su identidad en el incumplimiento de la ley provincial que obliga que en todos los hospitales públicos haya un traductor/a.

Denunciar un protocolo que obstruye un derecho adquirido

El fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en marzo de 2012, ratificó la vigencia de la aplicación y el cumplimiento de los abortos no punibles, remarcando que las mujeres no deben solicitar una autorización judicial para acceder a la atención médica y que aquellas que fueron víctimas de violencia sexual no tienen la obligación de realizar la denuncia penal sino que basta con que completen una declaración jurada.

Si bien con este fallo, la CSJN exhortó al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a estos abortos no punibles y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios de salud, las reacciones fueron dispares, y según el monitoreo realizado por ADC Derechos en 2015, el protocolo de Salta “es el que más se aleja de los estándares sentados por la Corte”.

“El ANP no se realizó, acá en Salta existe un protocolo restrictivo ya que judicializa la denuncia para el acceso al aborto legal entonces si o si tiene que haber una denuncia policial, o una denuncia ante autoridades judiciales para poder activar el procedimiento”, sostuvo Melina Sola sobre el caso de Juana.

“En Santa Victoria Este no solo no hay médicos, ni traductores en los hospitales siendo que es una localidad con población mayormente indígena, sino que ni siquiera hay remedios para bajar la fiebre, es una zona completamente olvidada por el Estado, cuya población está sufriendo maltrato, los niños y las niñas están padeciendo desnutrición y ahora tienen que padecer esta vulnerabilidad a una niña que tiene que llevar adelante un embarazo con 12 años”, dijo la periodista.

La Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) exigieron, mediante un comunicado, “políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a alcanzar el nivel más alto de salud” física, psíquica y social, “en especial, medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos legalmente contemplados”.

La revictimización y el ejercicio de violencia institucional apunta directamente al gobierno salteño, “desde organizaciones sociales y políticas están exigiendo la renuncia de la ministra de la cartera de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, Pamela Caletti, porque al parecer nadie fue hasta el lugar a ver como estaba esta niña”, sostuvo Sola. También cuentan con injerencia y responsabilidad los ministros de Salud, Oscar Villa Nougues, de Primera Infancia, Carlos Abeleira y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras.

“Este nuevo caso, interpela también a la Legislatura de la Provincia que se rehúsa a tratar el Proyecto de Ley de adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del país”, sostiene la Multisectorial de Mujeres, que además instó a los ministerios competentes “el abordaje integral” y “acciones para combatir la situación histórica y estructural de marginalidad que viven las más pobres entre los pobres, las más vulnerables entre los vulnerabilizados por este mundo expulsivo, como lo son las niñas indígenas de nuestra provincia”.

Por su parte, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades denunció la inacción y el incumplimiento de funcionarios/as públicas del gobierno provincial y el Ministerio Público de Salta ante la situación de vulneración de derechos y advirtió sobre la práctica sistemática de médicos, ministros, jueces y asesores “que tienen obligación de conocer los derechos de las ciudadanas y promocionarlos”, y afirmaron que en este caso “han actuado a favor de la desidia, del aislamiento, de la falta de compromiso con un Estado democrático e incluyente”, poniendo “por sobre los derechos de las mujeres y de las niñas la mirada tapada, los oídos sordos, la boca callada para que nadie se entere que en Salta violaron a una niña de 12 años”.

*Juana es un seudónimo que utilizamos para preservar su identidad. 

Source