Por Julio Cesar Gambina* Foto: Zona Norte Diario

Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, de forma preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial. Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.

El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión, se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense, y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.

Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.

Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.

Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.

Supuestos 2021

Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.

El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.

La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.

Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.

A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.

El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?

Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.

Debates estratégicos

Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.

El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.

Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.  

Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no solo válido para el país, sino para la región y el mundo.

*Publicado originalmente en juliogambina.blogspot.com

Source

Por Julio C. Gambina* / Foto por Daniel Vides

Ya hemos señalado en escritos anteriores que es falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la salud o de la salud de la economía.

Una población con niveles adecuados de salud está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población mejora la salud de las personas.

La salud está asociada a equipamiento, infraestructura edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.

Sin embargo, la presión es fuerte desde el poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la dominación.

Por eso, para sustentar la dominación actúan los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.

Una normalidad que exacerbó en estos años gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia; con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una conclusión generalizada en el sistema mundial.

Exponente de esta posición de privilegio a mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.

La crónica señala que “4,4 millones de trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en EE. UU. por la crisis del Covid-19”^[1].

El horizonte es de mayor gravedad que en la crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%, cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para cada mes.^[2]

Los datos globales de la pandemia COVID19 son alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos, encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes, lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.

El caso es que China, quien desplegó la más estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.

Recesión, impacto social y salida de la cuarentena

Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%^[3]. Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.

Un asunto imprescindible para acercar conclusiones sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y marginación.

¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en cada país luego de la pandemia?

¿Cómo se modificarán las relaciones laborales, a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos tales como la educación?

¿Cuántos contratos laborales serán reformulados a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?

Interrogantes que imaginamos con respuestas regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y liberalización.

La pandemia es de final incierto, incluso y más allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021, incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la economía, la salud y la propia pandemia?

A la fecha, son los países más afectados quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.

No es un tema menor, ya que disputan el consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la destrucción de los bienes comunes.

El debate existe en la región latinoamericana y caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial de laxitud y concretas  medidas preventivas.

Los datos son alarmantes para Brasil con más de 54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones de habitantes.

Para México, la referencia alude a casi 13.000 infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas. En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población. Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.

Los datos y proyecciones de la situación económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%, Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.^[4] Todos por encima  de la media.

De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios, de ingresos y de riquezas.

El Estado y su intervención en la economía

En ese sentido vale pensar las decisiones que hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros países, pero poco respecto al 7% de Alemania.

Ni hablar de los millones aportados por la banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.

El Banco Central Europeo (BCE) relajó las disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre del 2021.^[5] Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.

Italia podría perder la calificación de “grado de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con relación a su PBI.

Existe el temor de la fuga de capitales en Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100 millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.

Kristalina Georgieva informó que de los países emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la ganancia.

Así como el BCE asigna 750.000 millones de euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de dólares.

¿Quién duda de la intervención estatal para el salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?

Solo los necios ideologizados del libre mercado en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.

No solo es cuestión del COVID19, sino de los problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada, evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los principales países productores.

En ese marco se incluyen las negociaciones al interior de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados nacionales.

No es menor considerar que EEUU recuperó en 2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica (fracking).

Esa producción de no convencionales necesita un precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y financiamiento de la banca estadounidense.

Curiosamente, el desplazado del podio productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.

Se complicó el tema con la aparición de la OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo de Texas.

El registro negativo de -37 dólares el barril se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26 dólares por barril.

La caída del precio internacional del petróleo afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.

Al bajar el precio del petróleo pierden rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto en 2013.

El Estado interviene entonces en el salvataje en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen de inyección de dinero.

Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista” interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación de capitales.

La transición necesaria

En todo caso, solo resta decir que lo que se requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra forma de organizar el orden socio económico.

La transición al socialismo se constituyó en objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón, quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de la sociedad.

Sigue siendo una asignatura pendiente el debate de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo, caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión desplegadas en procesos de la economía popular.

¿Es posible alentar desde el Estado de transición estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello supone pensar la constitución de un Estado para la transición.

Solo desde allí se puede pensar en transformar el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la lógica especulativa, caso de la Argentina.

Lo mismo vale para pensar en materia energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad” con la que especula el sector dominante del capital.

Sin dudas que eso requiere una profunda transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital ficticio.

Romper con esa legislación y la inserción financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país, acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.

^[1] France 24, del 24 de abril 2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus (consultado el 25/04/2020)

^[2] Expansión/Datos Macro.com, en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB- (consultado el 25/04/2020)

^[3] FMI. Informe de Perspectivas de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (consultado el 25/04/2020)

^[4] FMI. Informe citado sobre Perspectivas de la Economía Mundial.

^[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)

* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Source

Por Julio C. Gambina | Foto de EFE

La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, tanto por su volumen y como por la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agregó que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].

Además, se complicó la situación económica mundial, con la caída de las bolsas, adjudicado al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que concentra la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas, cuando la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen.

Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende, de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podría llegar a crecer en 2020 por debajo del 6% o 5%. Hace rato que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, hecho que oculta una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.

Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos que atienden esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EE.UU. y la complicidad del capitalismo desarrollado impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.

Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y sus principales acreedores (el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local de los afectados por la recesión y la elevada inflación interviene también en un complejo entramado de intereses que pugnan por la distribución del ingreso y la riqueza.

Lee también:

Mitos y realidades del default

Cada quien atiende su juego

Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los acreedores privados. Se supone que las agencias públicas no constituyen un problema por estar dentro de la lógica gubernamental y, por ende, subordinadas a las definiciones del poder político.

Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular las condiciones de pago vigentes bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo,. supone discutir el ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos), concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.

Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI con un razonamiento que alude a que “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta de restricción monetaria y ajuste fiscal para lograr un importante superávit de las cuentas públicas. Es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.

¿Cuál será finalmente la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos de la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a procesar en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.

Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras” porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EE.UU. del 2001-02 y más aún en la del 2007-09.

Es más, acumularon gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada inimaginablemente en 2018, con la asistencia financiera del FMI.

Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y, en dos ocasiones, con el gobierno nacional.

El horizonte del default

Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago, según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. En ella se habilitó el uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.

¿Qué puede pasar? Que no haya acuerdo suficiente y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.

Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y, mientras esa auditoria ocurre, se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad, o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.

Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.

Aparece entonces necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.

[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina

19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina

[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001

[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml

[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com

Source

¿Es el default el peor escenario posible? Una radiografía sobre la deuda externa, sus prestamistas y las posibles salidas a una deuda odiosa que ahoga al pueblo.

Por Julio C. Gambina | Foto de Juan Noy

Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, como en el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad de que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente la constitución de activos en el exterior.

El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o garantizar derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto es que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19 de febrero pasado, se afirme que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”.

Existe temor al incremento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, sea ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.

Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó ls asistencia financiera del FMI. ¿Con qué beneficio para la sociedad?. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el Fondo que todo estaba bien. Ahora dicen lo contrario.

¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso pretende descargar cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo de 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizás una quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, hacia los especuladores.

Resulta de interés desenmascarar esta situación y, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.

¿A quién se le debe?

Según la información oficial, al tercer trimestre de 2019 la deuda bruta del país ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:

116. a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total).
117. b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total).
118. c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total).
119. d) Se completa el 100% con 2.406 millones de dólares de deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).

El FMI viene sustentando la posición de que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.

Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda a acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda que, como sostuvimos, no sirvió para satisfacer necesidades sociales. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, algo que el FMI no aceptaría y, con él, los sectores que dominan el Directorio: en primer lugar, EEUU, sumado a los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.

Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quiénes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares que remiten a “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con el ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.

Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda,. Ni hablar del ANSES u otros organismos estatales.

En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado acumula un 39,2% y los organismos internacionales, entre los que está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.

La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según el cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, el gobierno pretende no verse obligado a un default ante la imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.

En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.

Lee también:

Los fantasmas del default

¿Qué podría ocurrir ante un default?

El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002, hasta los canjes de deuda, unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.

Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y en default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.

La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default. Sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial y en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local y desafío a una estrategia de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambios políticos en la región.

Pagar la deuda en nuestros días demanda, en promedio, unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, se explica más por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas, sea por inversiones, préstamos o la venta de capital público.

El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, que ralentiza aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.

Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.

¿A qué atenerse?

Una línea política de confrontación con el FMI y los acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros, hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EE.UU. y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.

Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.

Source

Por Julio Gambina

La economía mundial no supera la situación de pobre crecimiento económico en condiciones de desigualdad en la distribución del ingreso, con predominio de estímulos para la especulación financiera. La ilusión del fin de la crisis que emergió hace más de una década se esfuma. EEUU, con la suba de la tasa de interés pretendía sugerir la superación de esa etapa, y con los datos del crecimiento en estos años de Gobierno de Donald Trump parecían darle la razón.

Sin embargo, la recuperación ha llegado a su fin, las perspectivas no son buenas para el 2019/20 y la Reserva Federal retoma la antigua tendencia a la baja de la tasa, en convergencia con lo que ocurre en Europa o Japón. Es un síntoma del pobre desempeño del capitalismo en este tiempo, corroborado con la información difundida por los organismos internacionales.

El resultado de la política financiera estadounidense, baja de tasas de interés, promueve una valorización del dólar y el agravamiento de las estructurales dificultades del balance externo de la potencia hegemónica del sistema mundial. A EEUU le cuesta más exportar. Es una situación que se exacerba en el marco de la guerra comercial con China.

Así, se agrega volatilidad al sistema financiero mundial, y afecta a todas las economías nacionales asociadas a los destinos económicos e ideológicos de EEUU. En este sentido, desde Washington se transfieren los problemas aún a sus mejores socios ideológicos y políticos.

Vale la pena considerar lo analizada desde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL: “A diferencia de años anteriores, en 2019 la desaceleración será generalizada y afectará a 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe. En promedio, se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1%.”[1]

Por su parte, el FMI en su Informe preliminar de la economía mundial, señala que la perspectiva de crecimiento para la región latinoamericana y caribeña será de 0,6%.[2]

Señala CEPAL que 21 de 33 países de América Latina y el Caribe están en procesos de desaceleración, agravado para América Latina, donde 17 desaceleran sobre 20 países.

Destaca el Informe de la CEPAL que: “La República Dominicana y Bolivia (Estado Plurinacional de) son las economías que en el primer trimestre registraron el mayor crecimiento de la región (5,7% y alrededor del 4,0%, respectivamente), seguidas por Panamá (3,1%), Guatemala (3,0%) y Colombia (2,8%). Cinco economías se contrajeron (Argentina, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)), la del Brasil se desaceleró (0,46%) y las demás economías crecieron a una tasa de entre el 0,6% y el 2,6%.”[3]

Los pronósticos para el 2019 son variados y señalan un 4% para Bolivia, 1% para México, 0,8% para Brasil, Uruguay 0,3% y -1,8% para la Argentina; con 0,2% para Sudamérica y como dijimos 0.5 para toda la región.[4]

Impacto social regresivo

El Informe de la CEPAL resalta el incremento de la inflación para toda la región y un impacto negativo en el empleo y por ende en los ingresos y el consumo popular, aumentando la brecha de ingresos entre hombres y mujeres.

Destacan que: “Comparando el primer trimestre de 2019 con el mismo período del año anterior, la informalidad laboral aumentó en siete de diez países con información disponible (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay), mientras que solo disminuyó en la República Dominicana y se mantuvo estable (variación hasta un décimo punto porcentual) en Colombia y México. En la mediana de esos países, en el primer trimestre de 2019 el aumento de la tasa de informalidad fue de 0,35 puntos porcentuales.”

Agrega que: se está observando el “…surgimiento de una nueva informalidad en ocupaciones generalmente intermediadas a través de plataformas digitales que no están adecuadamente reguladas. Este se debe, en parte, a que no está claramente establecido si se trata de trabajo dependiente o independiente (CEPAL/OIT, 2019). Si bien todavía es limitada la magnitud de este tipo de trabajo (sobre todo como empleo principal), se trata de una tendencia emergente que plantea importantes desafíos para la regulación laboral y social.”[5]

Como hemos sostenido en variadas ocasiones, son manifestaciones de las modificaciones en la relación capital-trabajo, más allá de los límites en avances jurídicos de reaccionarias reformas que demanda el capital más concentrado, y que sustentan las plataformas políticas de la derecha en el mundo.

Manifiesta el Informe que: “…cabe recordar que la tasa de desocupación urbana abierta del 9,3% que se registró en 2017 y 2018 —y en torno de la cual probablemente se ubique también en el promedio de 2019— es la más elevada desde 2005, por lo que esta estabilidad en sí no supone una buena situación en el mercado laboral.”[6]

Resaltamos los datos relativos al empleo y la situación irregular de las contrataciones, porque expresan claramente la ofensiva del capital contra el trabajo en tiempos de pobre crecimiento económico.

La política económica

Resulta inadecuada la lectura sobre el qué hacer en la región, con un discurso de estímulo a una salida liberal para recuperar niveles de actividad económica.

Solo pueden avanzar con ese diagnóstico por los consensos electorales e ideológicos que construyeron en estos tiempos, que se suman al desprestigio del intento crítico de años anteriores, enfatizando la demonización del ejemplo venezolano. Sobre Venezuela, no se considera la presión externa ni las sanciones expropiatorias desde las potencias imperialistas, sin esconder, claro está, las propias dificultades internas de la lógica política y económica en este país.

La orientación liberal del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o el que se conversa con EEUU no resultan adecuados para resolver los problemas de nuestras economías, mucho menos si se piensan en términos de resolver las necesidades socioeconómicas de la mayoría empobrecida.

Queda clara que esa es la estrategia del gran capital transnacional que busca la liberalización, con condiciones de competitividad que asegure una adecuada tasa de ganancia.

Los análisis de los organismos internacionales son contundentes en que lo que acontece y la mirada hegemónica no resuelve una perspectiva de satisfacción de necesidades, lo que demanda conformar una estrategia de crítica y de instrumentación de otro rumbo político e ideológico para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.

[1] CEPAL. Desaceleración económica se mantiene y el PIB de la región crecerá a 0,5% en 2019. Comunicado de prensa, en: https://www.cepal.org/es/comunicados/desaceleracion-economica-se-mantiene-pib-la-region-crecera-05-2019

[2] FMI. Informe preliminar de la Economía Mundial, en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019

[3] CEPAL, página 56 del Informe, en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/20/S1900414_es.pdf

[4] Página 99

[5] Página 70

[6] Página 74

Source

Análisis de la situación cambiaria, las fluctuaciones que no se detienen,  las implicaciones y cosecuencias que tiene en la economía real. 

La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción.

Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. Un ex funcionario del gobierno, Melconian, sugirió 41 pesos por dólar y otros imaginan hasta el doble para igualar la pos-convertibilidad que pasó del 1 a 1, al 4 a 1 en poco tiempo.

Si el piso era 20 unidades de pesos por cada dólar antes de la corrida cambiaria, el 4 a 1 supondría llegar a 80 pesos por dólar, como aspiración del sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.

Precios, consumo, producción y empleo

El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos y por eso el mes de junio será el de mayor inflación en el año, entre 3 y 4%, con una proyección anual superior al 30%.

La corrida cambiaria de mayo y junio provoca el ajuste en la capacidad de gasto de la población.

Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático en estas horas en TELAM.

Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza.

Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, la próxima semana aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.

Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.

Es algo a discutir respecto de la valoración social sobre la educación, el trabajo estatal o en la justicia, con un despliegue de iniciativa gubernamental deslegitimando la demanda salarial de los docentes, estatales y judiciales.

Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC.

En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri.

No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.[1]

Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

El Ministerio de Trabajo informa en sus estudios laborales que “el empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril”.[2]

Agrega que el dato “se explica por la disminución en las ramas: Industria Manufacturera (-0,2%), Construcción (-1,0%), Comercio, restaurantes y hoteles  (-0,2%) y Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,4%). El resto de las ramas tuvieron un comportamiento positivo: Servicios financieros y a las empresas (+0,1%) y Servicios  comunales, sociales y personales (+0,1%).”

Vale recordar que la recuperación económica del 2002-2007 se motivó en la expansión del sector industrial, que ahora aparece afectado en su capacidad de expansión.

Esta caída afecta principalmente a sectores de la pyme y por eso existieron anuncios oficiales en materia crediticia, intentando contener la desazón en un sector ideológicamente favorable al gobierno.

El imaginario del gobierno es erróneo

Macri accedió al gobierno con la convicción que su sola presencia al frente de la gestión significaría el desembarco de capitales externos. Por eso pretendió cerrar el conflicto con los fondos buitres. En eso lo acompañaron opositores que le disputan gobierno pero no proyecto o rumbo económico y político.

No solo no terminó con el problema con algunos “buitres” que siguen demandando al país, sino que inició un nuevo ciclo de peligroso endeudamiento público mientras los capitales externos  se disponían a desembarcar.

La cruda realidad demuestra que no ingresan esos capitales externos, sino que se agiganta la fuga de capitales invertidos en el país y se aprovechan del ingreso de divisas vía préstamos o inversión especulativa para salir de la Argentina.

Eso explica la corrida cambiaria. Si las LEBAC generaron alta renta a inversores especulativos privados, ahora venden esos títulos y se resguardan en la moneda estadounidense que el gobierno generosamente ofrece.

Señalamos así, que el dólar es el resguardo de los inversores y encima, las autoridades no establecen ninguna restricción. En dos meses son cerca de 12.000 millones de dólares entregados a las cuentas de inversores especulativos, en lugar de usar reservas internacionales para una política de promoción de inversiones y empleos genuinos en todo el territorio nacional.

La situación del capitalismo mundial es inestable, con EEUU o Gran Bretaña promoviendo políticas  “proteccionistas” para intervenir con beneficio en la liberalización de la economía mundial.

Desde EEUU se instala la guerra comercial y monetaria, contra Europa o China; contra sus vecinos Canadá o México y se atrinchera en la región latinoamericana con base a socios ideológicos del libre mercado mentiroso en época de transnacionalización y dominación monopolista.

El gobierno Macri no entiende como sus aliados del capitalismo desarrollado no lo apoyan más allá del discurso y clama por la llegada de capitales externos.

Los potenciales inversores le aseguran futuras radicaciones si se avanza en el ajuste y la reconversión regresiva contra derechos sociales y sindicales de la población trabajadora. Para eso se insiste en la reforma previsional y laboral.

Por eso y a toda costa se avanza con el ajuste y se ensayan procesos de liquidación de ámbitos laborales en el Estado. La tercerización continúa y se vacían de tareas al sector público. Se genera así el clima de “no trabajo” y por lo tanto, que sobra personal, legitimando los despidos. Hoy se verifica la situación en los medios públicos, visibilizados en TELAM y pronto en la TV y Radio pública.

El experimento cuesta y mucho, porque la liberalización está generando un gigantesco déficit externo. El INDEC nos dice que el saldo negativo de la cuenta corriente de la Argentina alcanzó los 9.623 millones de dólares para el primer trimestre del 2018, producto de mayores importaciones que exportaciones; más gasto de argentinos en el exterior que el ingreso de turismo (aun antes del mundial de fútbol) y remesas de utilidades al exterior.

Todo se suple con una deuda externa crecida en 19.000 millones de dólares entre enero y marzo del 2018, a lo que deben sumarse los 15.000 millones desembolsados por el FMI el pasado 22 de junio.

A no confundirse, el error de diagnóstico del gobierno supone en simultáneo el ajuste contra los sectores de menores ingresos, derivado del consenso electoral del 2015 y 2017 y que pretende recrear para el 2019.

Ya no es tan segura la continuidad, pero un cambio de gestión tampoco augura una modificación sustancial del rumbo, por lo que hace falta una discusión sustantiva sobre el país a construir

Ir más allá de la crítica al gobierno macrista

Se necesita una seria discusión sobre el sentido del voto en el país y la discusión profunda para evitar que se continúe la misma política bajo otra gestión.

La discusión es sobre quién y para que el gobierno, y con ello intentar instalar en la sociedad el tipo de orden económico, social, cultural y político que se requiere para satisfacer necesidades sociales extendidas. No es un debate electoral, sino que lo trasciende.

El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. No alcanza con ello y se requiere discutir el rumbo, que es más que recomponer ingresos.

Claro que lo primero es la disputa para resolver la cotidianeidad, pero esta no existe si no se avanza en el consenso social para otra sociedad con mayorías sociales satisfechas, lo que implica una fuerte confrontación con los beneficiados del orden capitalista.

Buenos Aires, 30 de junio de 2018

[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_06_18.pdf (consultado el 30/6/2018)

[2]http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/empleoregistradosectorprivado/empleoregistradosectorprivado_1805_informe.pdf (consultado el 30/06/2018)

*Esta nota fue publicada en El Blog de Julio C. Gambina

Source

Se realizó el sábado pasado (19-5) el 1º Encuentro Preparatorio Inter-Nacional Contra el G20. Con la asistencia de delegadas y delegados de organizaciones nacionales y de países como Brasil, Uruguay y Francia entre los más destacados,   para constituir un espacio de confluencia para luchar contra la instalación de políticas públicas contra la agenda de los pueblos. Un día antes desde la Asamblea Mejor Sin TLC, con el acuerdo de las organizaciones que la integran, dieron a conocer una declaración de rechazo a la presencia de los cancilleres del G20, en nuestro país,   y a las políticas que representan[i].

El pasado sábado 19 de mayo se realizó en 1º Encuentro Preparatorio Internacional Contra el G20,   en la    la Facultad de Ciencias Sociales,   en la sede de Constitución.   Un día cargado de actividades militantes: Marcha Mundial Contra Monsanto, Festival por Lula Livre, Festival para respaldar las elecciones venezolanas, no impidió que las y los delegados, de distintas organizaciones,   se fueron sumando a medida que se acercaba el mediodía. Una jornada que se desarrolló en un clima de confraternización y diálogo,   con un segmento inicial donde se ubicó el contexto geopolítico actual y lo que representan las políticas del G20, para luego se trabajar en comisiones con miras a conformar un espacio amplio de confluencia contra el G20.

G20 una política de sumisiones

Para comenzar el encuentro se hacía necesario conocer los alcances y resonancias que tiene esta iniciativa neoliberal que la Argentina ha decidido presidir este año.   Con la exposición conceptual de   Julio Gambina,   militantes llegadas desde Brasil y el grupo de mujeres contra el G20, que presentaron   el contexto de producción de las políticas que impulsa el G20 y sus implicaciones territoriales,  al mismo tiempo que desembarcan en Argentina nuevamente la imposición de las políticas del FMI.

Julio C. Gambina, economista de la CTA Autónoma ofreció una síntesis de la actual situación a nivel nacional, regional y global, que .   Arrancó ubicando el actual contexto de corrida cambiaria y la devaluación que crearon   “un clima favorable para el ajuste regresivo”.   Enumeró algunas situaciones que se vienen sucediendo en nuestro país: fuga de capitales, déficit comercial, déficit de turismo, remesas de utilidades al exterior, dolarización del excedente argentino, entre las más destacadas. Sin embargo, pese a este panorama, desde el gobierno y los principales analistas aliados a estas políticas, de la derecha,   se impone el discurso del ajuste    como “la única solución de los problemas de los y las argentinas”. “La devaluación significa la transferencia de recursos desde la mayoría empobrecida a la minoría enriquecida”.    Gambina, a continuación señaló   que “lo que sucede en la Argentina es lo que quiere el G20 a nivel mundial: crear las condiciones para el proyecto estratégico del capital trasnacional más concentrado”.    Luego continuó explicando   el alcance concreto del G20.   Un programa de subordinaciones que básicamente alcanza a tres áreas en particular.   a) La subordinación del trabajo al capital, vía la flexibilización laboral, tal como lo llevó adelante Temer en Brasil, como lo impulsa Macrón en Francia   y como quiere imponerse a nivel global.   B) La subordinación de la naturaleza al capital,   con políticas para favorecer la apropiación de los bienes comunes, y en particular en nuestra región que es una fuente de recursos naturales,   que son estratégicos para el funcionamiento del capital: agua, petróleo y biodiversidad.   c) Quizas   la más importante, la subordinación   de la sociedad al capital, vía la imposición del consumismo como patrón cultural,   que se busca enfatizar sobre todo entre la sociedad popular.    La verdadera imposición de una cultura permitirá el avance del capital sobre cualquier otro   interés humano. Por eso es importante instalar una fuerte campaña para explicar que es lo que el G20 pretende.

Con gran poder de síntesis, Gambina,   explicó brevemente el contexto geopolítico y la disputa   por dominar el sistema mundial.   EE. UU. y Gran Bretaña con políticas proteccionistas que les permitan reposicionarse en la hegemonía a nivel mundial. Al mismo tiempo que los bloques Rusia-China han adquirido gran peso e incidencia no solo en la economía global mientras   vienen desarrollando una carrera armamentista. En ese contexto mundial   América Latina se convierte en una preocupación, porque   “fue la región de ensayo e inauguración de las políticas neoliberales con las dictaduras militares”.   Mientras que es en el territorio latinoamericano   donde se generaron expectativas a escala mundial por la dinámica de movilización popular, con expresiones como el Caracazo o el levantamiento zapatista, que fueron las condiciones de un clima de cambio político en la región que preocupa al capital transnacional. “Por eso Venezuela y otros paises de la región se constituyen en una amenaza como potencialidad anticapitalista.   Tal como sucede en Brasil, Uruguay y los paises del continente,   lo que está en disputa es la apropiación del trabajo social por parte del capital transnacional”. Eso sucede también a nivel global. La ofensiva que le puso freno al capital ocurrió en nuestra América, y el desafío es que el movimiento popular le pueda poner un freno al capital transnacional. “Queremos ponerle freno a la presencia del G20 en la Argentina y para eso necesitamos intensificar una campaña de diálogo social, cultural, popular porque el capitalismo no trae soluciones para los pueblos y necesitamos generar un imaginario para que la lucha popular sea consciente por desplegar una lucha anticapitalista” expresó con convicción Julio Gambina. Una introducción destinada a concientizar e impulsar el trabajo que luego se produjo en el trabajo en comisiones.

Recordamos que tal como lo señalamos este año el G20 sesiona en Argentina con una agenda cargada de de reuniones de distintos grupos sobre temáticas con una agenda fijada por nuestro país, que preside las sesiones, que mira al capital concentrado, mientras le da la espalda al interés de los pueblos.

A su turno, expusieron las   delegadas del PSOL de Brasil  y compañeras de Marielle Franco.  Un momento de gran emotividad y sensibilidad que nos contagió a todas y todos los que estábamos presentes, a solo 70 días del brutal asesinato de Marielle.   Se refirieron a la situación del pueblo brasileño y en particular lo que se vive en Rio de Janeiro, con la creciente criminalización y militarización,   contexto en el cual Marielle fue asesinada. “El capitalismo en Brasil es un patriarcado racista y misógino en el que aumentaron las muertes de pobres, mujeres y negros, en un país que tiene un racismo estructural, en donde los movimientos sociales y feministas somos amenazados mientras perdemos derechos todos los días”,   tal es la situación de la creciente disminución del derecho a la salud mientras aumenta la privatización de la educación, entre otras realidades. “Se viene instalando un proceso desmoralizador que intenta instalar el temor y la resignación donde las personas jóvenes, niñas y niños de los sectores populares se han convertido en sospechosas.   También relataron la grave situación que se vive en Rio de Janeiro desde hace tres meses,   con la militarización de las favelas,   donde se vive en un clima de guerra.   Esta situación lejos de combatir la violencia, la incrementó con   más de 900 homicidios, de los cuales más de 300 corresponden a opositores y donde el objetivo de la violencia son jóvenes, mujeres, negros y negras pobres.

Para finalizar con el bloque de las exposiciones,   que promovieron la necesidad de organizarse,   fue el turno del colectivo de la Red de Género y Comercio.   Las participantes definieron sintéticamente la gravitación del mundo de las finanzas sobre los cuerpos de las mujeres, que son el eslabón más débil sobre el que culturalmente recaen las cargas. Anticapitalista, anticolonial y contra el patriarcado se propusieron como los tres ejes a trabajar para romper con una lógica de dominio y sometimiento y como contrapartida se propuso la política de los afectos. Una serie de cuestiones que ya se habían   trabajado el día miércoles en el Foro Feminista ante el G20.

Confluencia

Seis grupos de trabajo elaboraron los primeros puntos en común que permitan ir organizando una confluencia de organizaciones.   Se partió de un amplio consenso en movilizar y expresarse en las calles contra las políticas del G20.   Hubo un acuerdo común en: la necesidad de ampliar la convocatoria a los movimientos populares organizados y a otros sectores de la sociedad.   Trasmitir de manera sencilla para facilitar la comprensión y la conexión de las políticas de imposición del G20 con la vida cotidiana y las luchas populares.    Sacar las discusiones a los ámbitos públicos y más participativos que puedan    convocar   a participar a la diversidad de sectores sociales.   Se consensuó la necesidad de una política comunicacional y de difusión.

Construir la agenda de los pueblos como contraparte a la agenda del capital financiero y   ampliar la convocatoria a nivel regional e internacional, entre alguna de las cuestiones centrales de la confluencia.   La jornada    finalizó con la fecha de un próximo encuentro, a realizarse hacia fines de junio, que permita ir construyendo una convocatoria más amplia que permita fortalecer la expresión de la resistencia al G20, porque necesitamos ser muchas y muchos los que expresemos en las calles No al G20 y sus políticas contrarias a la agenda de los pueblos.

[i] La info completa se puede encontrar en www.mejorsintlc.com

Source

Entrevista al economista Julio Gambina, quien repasa la situación política de Argentina y América Latina.

– Quiero empezar con dos nombres propios: Carlos Chile y Fidel Castro.

– Son dos personajes muy distintos y está bien empezar por Carlos Chile, que es nuestro, del barrio, de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina y de América Latina también. Un hombre ejemplar que ha partido muy joven, a los 58 años. Se están por cumplir 15 años del 19 y 20 de diciembre, él era un piquetero, un organizador del movimiento piquetero en la Argentina, fue parte de aquellas primeras asambleas de piqueteros, del primer congreso de piqueteros, del Bloque piquetero nacional, fundador del MTL (Movimiento Territorial de Liberación), hombre de la CTA. Actualmente era Secretario de organización de la CTA Autónoma, un hombre que estaba en todo territorio en el que hubiera un movimiento, una protesta y organizando siempre al movimiento popular.

He tenido el honor de estar cotidianamente en el Hospital Fernández donde fue atendido de manera excelente y el desfile de compañeros/as del MTL que pasaban a agradecer lo que Carlos había hecho con su práctica, su liderazgo para resolver el tema de vivienda de al menos unas 330 familias en el complejo de Monteagudo, que es la obra más visible de Carlos junto a Radio Sur y una serie de emprendimientos de autogestión que desarrollaban los compañeros que protagonizan el MTL. Me quedo con la palabra del hermano de Carlos en el entierro en la Chacarita: “unos pocos familiares vinimos al entierro de nuestro hermano y me encuentro con que él acá ha acrecentado su familia de manera muy numerosa”. Había en Chacarita una movilización de 500/600 protagonistas del movimiento social popular, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, dándole el ultimo adiós. Un revolucionario que combatió a Pinochet en Chile de todas las formas posibles y que en Argentina fue un constructor de poder popular en toda la línea. Lamentablemente se fue muy joven.

– Pasemos entonces al segundo nombre propio.

– Fidel es gigantesco, incluso su figura se agiganta porque llegó a cumplir 90 años de los cuales 60 ha sido noticia pública en muchos sentidos, también para la crítica por supuesto, no todos lo alaban. Yo tengo una gran consideración porque me animo a decir que la Revolución Cubana es el gran acontecimiento desde mediados del Siglo XX hasta nuestros días. Hoy sigue siendo la experiencia más importante de intento de transición del capitalismo al socialismo. Muchos señalan las cuestiones criticables y, por supuesto, en las experiencias quién no comete errores y aciertos. Pero esa experiencia muchos la imaginaron derrotada en los ´90 cuando se cayó la URSS, porque todos imaginaban que era una sociedad subsidiada. Sin embargo, han pasado 25 años desde entonces y los problemas siguen y siguieron, fueron muy graves, hasta hubo un tiempo que se nombró “período especial” cuando el PBI había caído un 35%, con problemas de alimentación muy serios, se deterioraron las cuentas macroeconómicas, pero pese a todo eso Cuba no bajó el presupuesto para salud y educación, por ejemplo.

Fidel ha sido un constructor de una experiencia que no había existido previamente. Uno puede decir que es hijo de la Revolución Rusa, pero ésta derivó en muchas cosas que significaron el derrumbe de la URSS y, sin embargo, la revolución cubana pudo subsistir y animó el proceso de cambio político en América Latina en los ´90. Sin Cuba no es posible pensar el socialismo del Siglo XXI, el socialismo comunitario, incluso la integración alternativa que supuso la discusión de la OEA, la creación de la CELAC, aunque muchas de esas iniciativas hoy estén puestas en discusión, estén faltas de agenda y un debate más profundo. Cuba es una realidad que cambió el eje de la política en América Latina y me animo a decir a nivel mundial porque es una experiencia que sigue poniendo en evidencia que el tránsito del capitalismo al socialismo es posible, aunque no se haya llegado todavía. Fidel siempre decía que nadie sabe qué es el socialismo porque nadie ha construido aún el socialismo, es todavía un desafío. Cuba se asumía como país subdesarrollado y como tal intentaba avanzar.

El ascenso de la derecha

– Vamos al tercer nombre propio, que no tiene nada que ver con los anteriores, pero amerita un análisis: el triunfo de Donald Trump en EE. UU.

– Es el gran tema. Algunos se preguntan si este es el fin del neoliberalismo, entendido como liberalización de la economía y vuelta a potenciar la veta proteccionista del orden capitalista. En ese sentido hay que plantear las dos cuestiones al mismo tiempo en EE. UU., Inglaterra y Europa.

El triunfo del Brexit en Inglaterra merece una reflexión similar a la del triunfo de Trump. Vuelve el proteccionismo, uno podría pensar que nunca se fue de los países hegemónicos del capitalismo mundial. Europa y EE. UU. siempre promovieron la liberalización de la economía al resto de los países mientras que ellos exacerbaban el proteccionismo. En los últimos años, a la salida de la crisis de los ´70 se impuso la política liberalizadora y eso lo hicieron Reagan y Thatcher. Se ensayó primero en las dictaduras del Cono Sur y fueron Inglaterra y EE. UU. los que entre 1979/80 empujaron esta concepción de liberalización de la economía.

Esta ha generado costo social en todo el mundo y obviamente también en los principales países capitalistas, por lo tanto, empieza a haber descontento con la liberalización de la economía, descontentos que no han buscado alternativas políticas de izquierda. Es para debatir esto, por qué la sociedad afectada por la liberalización no mira para la izquierda sino para la derecha. En EE. UU. apareció Bernie Sanders que casi le gana a Hilary Clinton y si lo hubiese hecho sería otra cosa, pero son muchos potenciales. La verdad es que eso no ocurrió, el Brexit acumula por derecha y las elecciones en EE. UU. también.

– Convengamos que la izquierda ha defraudado, por el lado de Grecia, por ejemplo, que abrió grandes expectativas y a pesar del plebiscito contra la Troika.

– También la izquierda latinoamericana. Si a proyectos que podés llamar progresistas, de izquierda, sin entrar en esas calificaciones, pero gobiernos que no eran explícitamente neoliberales o que eran críticos del neoliberalismo, gobernaron y después en vez de darle continuidad y seguimiento a un proyecto de transformación social, abrieron las puertas al consumismo y desde allí a gobiernos de derecha; queda claro que hay responsabilidad de los que se definen a la izquierda del neoliberalismo y no se animan a cambiar el sistema.

Sin ir más lejos, recién lo veía a Kicilloff haciendo los anuncios del acuerdo opositor por el Impuesto a las Ganancias y me preguntaba por qué estas cuestiones que plantean ahora desde el FPV, el propio Axel Kicilloff que fue ministro, que llegaron a tener mayoría en el Parlamento, no las plantearon años anteriores y tomaron medidas. Durante su período hubo paros generales motivados por el Impuesto a las Ganancias. El acceso de las derechas tiene mucho que ver con lo que hacen o no hacen “las izquierdas”, siendo muy generoso al denominarlos de tal manera. Por algo los sectores descontentos con las políticas hegemónicas no miran para la izquierda y buscan para la derecha.

Lo de Trump es un tema muy complicado porque está empezando a asignar colaboradores del Poder Ejecutivo y su gabinete, hay que mirarlo con mucha seriedad. No creo que se aplique todo lo que dijo en la campaña, ya sabemos que no siempre se cumple lo que se dice, sin ir más lejos Macri había dicho que iba a eliminar el Impuesto a las Ganancias y no solo no lo hizo sino que está agravando la situación en ese plano. Trump ha hecho mucho circo para ganar adhesiones, lo real es que EE. UU. ya no está en el ciclo cuando Ronald Reagan que puso como gran bandera la liberalización de la economía, ahora la ecuación está puesta en el proteccionismo. Lo que quedará por ver es cuan proteccionista podrá ser Donald Trump en EE. UU., cuántos empleos podrá recuperar, cómo podrá evolucionar esa situación. Desde América Latina y el sur del mundo no hay que hacerse ninguna expectativa, porque la lógica liberalización-proteccionismo va a continuar. EE. UU. va a ser proteccionista para sí mismo y va a inducir que haya liberalización de la economía.

Todo lo que Macri acordó con Obama para que intenten llegar capitales de EE. UU. a Argentina se va a potenciar con Trump, así como hubiera sido bajo la conducción de Clinton. Los capitales estadounidenses quieren que en Argentina se profundice la regresiva reforma laboral para que baje el costo salarial y haya mejores condiciones para la rentabilidad de las inversiones. No hay expectativas esperanzadas de un cambio en la lógica de la acumulación capitalista de la liberalización al proteccionismo. No. Un poco de liberalismo y otro poco de proteccionismo pero siempre desde los países hegemónicos a los dependientes, desde las clases dominantes de los países centrales al conjunto de los pueblos incluido el estadounidense. En definitiva es una cuestión política que nosotros en Argentina, más allá de estos análisis de nombre propio, tenemos que pensar la coyuntura desde esta lógica, cómo pensar un debate de ideas, un debate de argumentos. No alcanza con calificar a Donald Trump y a la política que va a aplicar en EE. UU. sino que hay que estudiar a fondo para discutir con argumentos con la sociedad y poder reconfigurar un bloque popular y social con perspectiva anticapitalista en Argentina que es una gran asignatura pendiente desde hace mucho tiempo.

Se agudiza el conflicto en Argentina

– Dentro de los temas de la actualidad argentina, hemos visto que los despidos continúan incluso en empresas en las que es mayoritario el Estado como en el caso de YPF.

– Las propias empresas han salido a decir que no pueden cumplir con el acuerdo, se lo dijeron los industriales a las autoridades del gobierno de Macri, lo han planteado en distintas reuniones porque las condiciones de funcionamiento de la economía son de recesión con inflación, los últimos datos del INDEC para el mes de octubre hablan de una caída de la actividad económica del 8% y en la construcción del 19%. En estas horas están saliendo algunos consultores privados a decir que hay algunos datos del mes de noviembre, que habría algunos “brotes verdes” como le llaman a esa cierta capacidad de recuperación económica, pero lo mismo dijeron en agosto y esos brotes verdes se marchitaron rápidamente.

Hay una caída muy fuerte, la Argentina va a caer este año en torno al 2%, Brasil en más del 3% y todos los pronósticos de organismos internacionales son muy cautelosos respecto de Argentina, Brasil y el mundo entero para el próximo año. El presupuesto dice que habrá recuperación de la economía en torno del 3%, pero más allá de lo que digan, cuando mucho plantea una recuperación del tremendo piso en que entró la economía en la Argentina. Por más compromisos que hagan, como con los movimientos sociales, que dice que no va a haber conflictividad por 3 años, veamos la realidad, desde que se firmó ese compromiso hasta la actualidad, si bien no se firmó la Ley de emergencia económica social todavía, la realidad es que es muy difícil sacar el conflicto de la calle en Argentina.

Me animo a decir que las tendencias son que el gobierno hizo el ajuste al comienzo de su gestión, con devaluación, quita de retenciones, pago a los acreedores externos y ajustes de las tarifas y lo que está haciendo ahora es repartiendo un poco, generando más déficit fiscal que financia con endeudamiento público, cierra un año con mayor déficit fiscal que el pasado, pero está generando todas las condiciones para intentar frenar el conflicto social licuado con endeudamiento externo.

Eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión para más organización, más movilización, más debate teórico político porque si no se pone en discusión que el tema no es que arranque la economía sino que lo que hace falta es redistribuir ingreso y la riqueza en Argentina, pensar en otra política económica para otro orden social, para otra organización económica de la sociedad y eso se logra cambiando el objetivo de millones de personas en Argentina que tienen que disponerse a organizarse y a movilizarse por ese objetivo.

Source

Entrevista con Julio Gambina, presidente de FISyP, quien analiza el panorama económico del segundo semestre.

El fallo del a Corte Suprema que suspendió el aumento en la tarifa de gas fue un duro golpe para el gobierno nacional. No parece aclararse el panorama del segundo semestre sin una lluvia de inversiones y con bajas en el consumo y la producción. Julio Gambina, economista y presidente del FISyP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) analizó el momento político y económico que atraviesa el gobierno, en una entrevista con el programa radial La Revancha (FM La Tribu).

-¿Cuánto creés que impactó el fallo de la Corte Suprema en el plan de ajuste del gobierno?

–Creo principalmente que el gobierno imaginaba que tendrían guiño por parte de la Corte favoreciendo el aumento de tarifas o alguna cuestión menor. Pero no sólo se mandó a retrotraer el aumento para consumos domiciliarios, sino que se avaló que también empresas o clubes puedan presentarse ante la justicia a demandar por las tarifas, cosa que ya está sucediendo. Por otro lado, ahora se vienen audiencias por el conjunto del tarifazo, no sólo del gas. Esto vulnera la imagen originaria para el gobierno de Macri que planteaba un ajuste fiscal rápido. Creo que el principal llamado de atención es de tipo político. Ellos empezaron en Diciembre con la devaluación, la quita de retenciones y el acuerdo con los hold-outs, y pensaron que avanzaban sin ningún obstáculo, pero lo encontraron en la movilización popular. Si no hubiese habido gente en las calles difícilmente la Corte Suprema hubiese planteado el fallo que planteó.

Ahora se vienen las audiencias, que si bien no son vinculantes, van a instalar un debate económico, político y cultural, ya que el fenómeno de las tarifas puso en discusión en la Argentina el tema de la energía, no sólo en el gobierno de Macri sino también en los anteriores. Debería hacerse urgentemente una auditoría sobre el uso de subsidios a las empresas, porque si bien los consumidores también los recibimos, el recurso efectivo se queda en las empresas, que no sirvieron para inversiones ni para mejorar la capacidad instalada, sino que fueron utilizados para repartir un dineral entre algunos pocos.

-Ahí vemos primero a Cambiemos criticando cómo administraba los subsidios el Kirchnerismo pero luego no investigando a dónde fueron…

-Claro, y siguiendo esa lógica además de discutir los subsidios ahora se viene una segunda etapa donde se abra el debate de para qué queremos energía en Argentina, con qué fin. Incluso la Corte se metió con un tema que el gobierno no imaginaba, el precio del gas. El gobierno se justificaba diciendo que es un precio de mercado y no es así: desde el 2004 el precio del gas en boca de pozo está determinado por el Estado, que le asegura a las empresas un precio muy superior al del mercado mundial. Esto vale para todas las empresas petroleras extranjeras incluyendo YPF, que aunque sea de gestión estatal es una empresa privada con participación del capital externo. Esto abriría el debate de para qué sirvió en Argentina todos estos años la privatización de la política energética.

-¿En qué medidas el gobierno nacional pudo aplicar su plan de ajuste y en cuáles pudo el sector popular mediante movilizaciones darle el brazo a torcer?

-El ajuste avanza, incluso con importantes transferencias de ingresos como son las devaluaciones. Cualquier devaluación es una transferencia de recursos de la mayoría de la población, que es la que menos ingreso tiene, a los sectores más concentrados, sobre todo de la producción y la exportación, incluido el sector financiero vinculado al endeudamiento. Esta transferencia significó un ajuste brutal de la mayoría de la población, que vive de ingresos fijos. Un claro ejemplo es el tema de las cesantías de trabajadores estatales, ejemplo que rápidamente fue utilizado por el capital privado para plantear suspensiones en su propio sector. Estamos arriba de 150.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumió el macrismo, depende quién haga las cuentas. El ajuste ha sido muy importante, y no ha podido ser mayor debido a las resistencias. Entre todas yo destaco la lucha de las y los trabajadores convencionados, que no aceptaron el tope de las convenciones colectivas. El Ministro de Economía había querido poner de objetivo de crecimiento inflacionario el 25% a comienzo de año para tratar de acotar las negociaciones salariales, pero gran parte de las y los trabajadores lograron convenios por encima del 30%.

– Se dio la noticia de la reunificación de la CGT. ¿Qué rol viene teniendo la CGT y que rol puede tener ahora luego de su reunificación?

-Luego de la jornada previa al 1º de Mayo, el 29 de Abril, cuando 4 centrales sindicales hicieron una protesta general y un acto masivo que sorprendió a todos, se generó una iniciativa en el parlamento para lanzar una ley anti despidos, que luego fue vetada por el gobierno. Frente a esto, la CGT y sus distintas variantes incumplieron con la convocatoria a una protesta, tema que quedó en mano de las dos CTA. Da la impresión que esta unificación hasta hoy venia demorando algo que se planteó en muchas luchas particulares que es parte del programa de las dos CTA, que es el tema del paro nacional. En el congreso de unificación apareció cantado desde la base, y de alguna manera se está anunciando para septiembre un paro nacional de 24hs. Uno de los desafíos que está planteado para la unificación de la CTA es jugar un papel mucho más decidido en defensa de los intereses de sus representados, las y los trabajadores, e intentando frenar la política de ajuste anti obrera y anti popular que plantea el gobierno de Macri. Habrá que ver si esto que hoy apareció en las tribunas de la CGT termina materializándose como un proyecto concreto de la central unificada

Audio completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/corte-supremo-al-aumento-del-gas/

Source

Entrevista a Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas, sobre el blanqueo de capitales y los efectos económicos y sociales que conlleva.

En estos días se anunció un nuevo blanqueo de capitales, que despertó el debate sobre el pago de la jubilaciones y el desarrollo de las inversiones en Argentina entre otros debates. Un mecanismo más que deja de lado a los trabajadores. Pero, ¿qué significa y cuáles son sus implicancias?

Al respecto, Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas dialogó con Che Barracas.

-¿De qué se trata el blanqueo de capitales?

Por un lado es un blanqueo de capitales que beneficia a muy pocos sectores del poder económico, que son los que han fugado capitales en el último tiempo. Se estima que la fuga de capitales es de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares en Argentina. Esto tiene que ver con sectores de alta capacidad económica que, con el fin de evadir o eludir impuestos, sacan estos dólares del país y los tienen en cajas de seguridad o invertidos en acciones en el exterior, en depósitos en bancos o en cuentas offshore, como es el caso de Macri, o en propiedades en el exterior. Es una cifra gigantesca que involucra a pocas personas en el país.

-¿Cómo se vincula esto con los jubilados?

-Para blanquear el blanqueo el gobierno dice “Bueno, con esa recaudación de recursos en el exterior, le vamos a pagar a los jubilados, también le vamos a pagar con esos recursos y a los que no hayan ingresado demandas o litigios ante la justicia pero que les corresponda una actualización salarial”. Esto tiene una trampa, porque van a pagar un parte en cuotas y otra al contado y cada jubilado va a tener que firmar un acuerdo con la justicia para asegurar que no volverá a demandar al Estado. Acá hay una maniobra política. El gobierno quiere lavar la cara del blanqueo ante la sociedad, diciéndole que estamos en el peor momento de la recaudación pública.

En abril tuvimos una gran movilización de las centrales obreras, protestas generalizadas en todo el país por el tarifazo, y esto había deteriorado la confianza y credibilidad en el gobierno. Con esta medida intentan hacer, con algo que a priori suena bien pero con muchos detalles que iremos conociendo porque recién ingresa el proyecto a diputados.

Todos los gobiernos para hacerse de dinero generan estos procesos de blanqueo. Lo hizo Cristina Fernández en su último gobierno que esperaban conseguir unos 4.000 millones de dólares de patrimonio que hay en el exterior de Argentina y solo consiguieron 2.500 millones. Ahora bien, con la intención de pagarle a los jubilados, hace falta en el cálculo del gobierno unos 5.000 millones de dólares y para obtenerlos tendrían que declarase entre 20.000 y 30.000 millones de dólares y eso es muy difícil.

El gobierno dice si no consigue el dinero del blanqueo pagará a los jubilados con los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad que administra la Anses. Ante esto, el movimiento de trabajadores de jubilados pegan el grito en el cielo porque siente que les meten la mano en el bolsillo y los jubilados dicen que si quieren pagarles deben usar fondos de rentas regulares, o buscar formas alternativas de pagar

-Otro debate político es el hecho de que se utiliza plata para pagar deuda y los jubilados quedan en otro estado de prioridad…

-Para pagarle a los buitres el Estado tomó 16.500 millones de dólares en préstamo y ahora está hablando de conseguir 5.000. O sea que se está tratando de conseguir menos de un tercio del préstamo que se usó para pagar internacionalmente a muy pocos estafadores mundiales. Ahora se estima buscar ese tercio para pagarle a entre 2,5 a 3 millones de personas que son los jubilados beneficiarios. Hay que pensar que estas personas son personas que tienen más de 80, 90 años y por eso cualquier mejora inmediata favorece su situación. La expectativa es cobrar algo antes de morirse y desde el gobierno se trabaja con esa presión. Hay jubilados que necesitan, en esta etapa de la vida, una serie de recursos para resolver alimentación y medicación.

-Hay una especie de premio para quienes logre cumplir con lo que propone el blanqueo o quien esté al día con sus obligaciones fiscales ¿es esto así?

-Sí. La medida intenta varias cuestiones. La primera es que vuelvan capitales que se han fugado al país y para esto se proponen una serie de premios y castigos, se intenta que algunos que aún no han fugado mantengan su dinero en Argentina. Esto es así también porque a Argentina no están llegando ni las inversiones externas prometidas. Los prestamos al país son todos muy caros y es una medida para demostrar que Argentina es amigable con el dinero de afuera por la posibilidad que hayan inversores externos, por eso también entre las medidas está la posibilidad de modificar la legislación para que permita retirar las inversiones de la Anses en empresas privadas. Se busca de alguna manera ofrecerle a inversores externos o a los propios dueños de la empresas, recuperar las acciones que están en manos del Estado administradas por la Anses.

Políticamente recuperar su iniciativa, tratar de tapar otras cuestiones como la represión a la movilización popular que tuvo otra manifestación por ejemplo ayer a la madrugada en Tierra del Fuego con el incendio a la carpa de los manifestantes, y tratar de tapar todo el mecanismo de entrega que realiza el gobierno de Macri. Por eso, es muy importante que se consolide una movilización de las organizaciones sindicales y otras organizaciones populares-sociales para seguir manteniendo esta diputa.

El gobierno trata de blanquear su iniciativa política con la demanda del ingreso que los jubilados están reclamando contra el Estado desde hace años y por otro lado, económicamente, para seguir generando oportunidades de inversión para grandes capitales del exterior y de Argentina intentado que se active la economía del país que viene de retroceso en retroceso.

El INDEC acaba de publicar los datos de caída del sector industrial del último periodo con una aceleración del deterioro productivo de la Argentina mes a mes desde que asumió Macri y veníamos en un proceso de desaceleración en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, con lo cual la situación se agudiza con una perspectiva no muy buena asociada al empleo, el salario y las condiciones de vida de la población.

*Entrevista para Che Barracas. Audio completo aquí.

Source