Desde hace tres años se ejecutan una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades.

Llave de defunción para el CONICET

Nuria Giniger y Rocco Carbone, dos investigadores del CONICET e integrantes de Liberación-Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología, calificaron de “cientificidio” los tres años de gobierno de la alianza Cambiemos.

A manera de síntesis, señalaron cinco aspectos del cientificidio en 2018:

1. La degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a Secretaría (SinCyT) “Sin Ciencia y Tecnología”. El sinónimo más visible del cientificidio, que no solo implica la des-jerarquización, Con profundas implicaciones simbólicas que ponen en evidencia la distancia entre el discurso pro-ciencia de la alianza Cambiemos y la acción de desguace del sistema de CyT.
2. El desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT) a través de la sub-ejecución presupuestaria (solo alcanzó al 40 % de lo estipulado) y el aumento inflacionario, particularmente de las tarifas. Las implicaciones son tales que las y los trabajadores de los CCT están aportando de sus propios salarios para pagar las facturas de luz de los institutos en los que trabajan. En respuesta el CONICET planteó como solución que se paguen los gastos con ventas de servicios a terceros.
3. La falta de disponibilidad presupuestaria para reuniones científicas anunciadas a fines de diciembre pasado implica que los y las trabajadoras del sistema de CyT “no podremos organizar congresos, jornadas, seminarios, conferencias financiadas por CONICET. Esta decisión implica que no podremos planificar una parte esencial de nuestro trabajo y que estaremos aislados de los debates científicos que se articulan tanto en la región como en el mundo”.
4. El desfinanciamiento de subsidios a los proyectos de investigación: esto implica anular de hecho la posibilidad de seguir produciendo conocimiento. Las y los investigadores trabajamos en el seno de equipos de investigación que concursan por subsidios destinados a financiar lo que realizamos. Sin ese dinero no hay producción. Pero no solo no se giran los fondos de los subsidios ya asignados, sino que no se readecuaron a la devaluación. Estas decisiones políticas generan desigualdad, profundizan la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo (de agencias extranjeras o países centrales) y los que no los consiguen. Los equipos que no consiguen financiamientos internacionales trabajan problemas ligados a temas de educación, salud, vivienda, desarrollo productivo y tecnológico, laboral y un largo etcétera. Problemas propios de nuestra región y nuestros pueblos, que no son de interés para las agencias internacionales, por lo cual no sería posible que obtengan recursos para sus investigaciones.
5. Las y los trabajadores del sistema científico tecnológico han obtenido un 25 % de aumento salarial anualizado frente a una inflación que se acerca al 50 %. En el caso específico de los y las administrativas y becarias no alcanzan la canasta básica. Esto se suma a la reducción de cupos en becas e ingresos.

Se trata de decisiones políticas que impactan en un éxodo de trabajadores y trabajadoras: “fuga de cerebros”, expulsados del sistema por reducción de cupos (becas e ingresos), aumento de la carga laboral, destrucción de equipos de investigación.

Ciencia argentina en jaque

“La ciencia en Argentina, en general, está en jaque. Y las ciencias experimentales, en particular, están en jaque mate”, disparó el biólogo argentino Federico Ariel en el recibimiento del Premio Estímulo que le entregó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Graduado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Federico partió a Francia con una beca y en 2014 inauguró el edificio del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), lo cual prosiguió con su repatriación como investigador del Conicet, al igual que los 1.300 científicos y científicas, durante la década kirchnerista.

“La situación es alarmante. El dinero para instalarme con el grupo de trabajo no llega. De hecho, hay colegas que tuvieron que volver a emigrar, ya los perdimos”, dijo. “Si el dinero no llega pongo plata de mi bolsillo, de mi sueldo. Incluso”, redondeó.

Además, señaló que “si esto no cambia de forma urgente entramos en una parálisis total, porque la ciencia en general está en jaque: hay menos dinero destinado, menos entrada a la carrera de Investigación del CONICET, menos presupuesto en educación y hubo despidos en varias instituciones científicas como el INTA, el INTI, ATUCHA, entre otras”.

“Es una situación muy angustiante porque después nos van a evaluar por un trabajo que no pudimos completar. Y además, se dificulta la generación de conocimiento en el país”, apuntó.

“Hubo dos grandes trampas: se prometió duplicar el presupuesto en Ciencia y Tecnología en base a uno de los pocos reconocimientos que se hizo del gobierno saliente. Quedaba bien prometer continuidad en ese tema”, señaló y agregó: “Sin embargo, apenas asumió la presidencia, Mauricio Macri comenzó el recorte de la inversión en el sector”.

En cuanto a la otra trampa, destacó que “al asumir la presidencia se sostuvo por un tiempo la inversión en el Ministerio de Ciencia, mientras los recortes empezaron por las demás instituciones científicas. En el discurso, eso no se distinguía. En 2018 se profundizó la crisis del sistema científico por el insostenible atraso de los subsidios de investigación. Hoy tenemos sedes de instituciones científicas que deben millones de pesos de luz y que tienen que trabajar evitando usar el aire acondicionado, equipamientos o las computadoras”.

Ariel  ubicó la situación de la ciencia en el contexto geopolítico, al apuntar directamente al plan que el neoliberalismo tiene a nivel mundial para los países periféricos. “El lugar que nos corresponde no es el de generar conocimiento. Como investigadores e investigadoras, no tenemos cabida dentro de este modelo de país que sólo promueve la venta de materias primas, que es la base de un esquema agroexportador. El mundo sólo espera que produzcamos y exportemos materias primas, importando la tecnología de alto valor agregado. Así es el caso de radares, satélites y energía nuclear: los tres campos donde Argentina se estaba haciendo fuerte, ya no reciben las inversiones necesarias”, señaló.

Cambiemos la ley de satélites y perjudicó al ARSAT

El Gobierno de Mauricio Macri a través de un DNU realizó modificaciones en la Ley 27.078, que fuera sancionada en noviembre del 2015, de Desarrollo de la Industria Satelital  que perjudicarán al ARSAT.

Hasta el momento la empresa estatal tenía preferencia,  a partir del nuevo decreto la gestión macrista ofrece una serie de frecuencias a la compañía privada: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT”.

La modificación por decreto amplía la oferta para favorecer a también a operadores privados. Así es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”. Una vez más el gobierno justifica estas modificaciones para “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles”.  Además explicaron que la medida se toma a través del

DNU por “la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes” ya que “esperar el trámite legislativo habitual errogaría un importante retraso que obstaculizaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”.

Becarios y becarias en apuros

Las autoridades del CONICET incumplieron los acuerdos alcanzados y reafirmados en la Mesa de Becarios y Becarias del 9 de enero,  donde se establecía que se abonen las dos cuotas restantes de la paritaria en tiempo y forma (5 % en enero y 5 % en febrero) para las becarias y becarios. La primera cuota del aumento sólo se ha depositado a investigadores e investigadoras, personal administrativo y CPAs.

Esta situación se da en un marco en el que los salarios de los trabajadores y trabajadoras de todos los escalafones se siguen ajustando sin freno. En 2018 se firmó una paritaria estatal que otorgó un aumento del 15 % y dos bonos, teniendo en cuenta que, según datos oficiales del INDEC, la inflación acumulada del año 2018 fue del 47,6 %.

Los becarios y becarias no cobraron automáticamente esta paritaria, sino que recién lo hicieron luego de realizar movilizaciones masivas a nivel nacional y de la toma de varios CCTs. Las y los trabajadores administrativos sufrieron además un recorte aún mayor en sus salarios por la reducción de horas extras y la aplicación de controles biométricos que profundizan la precarización de sus condiciones de trabajo.

“Denunciamos el incumplimiento del compromiso asumido por las autoridades de CONICET y exigimos la liquidación inmediata por planilla complementaria a becarios y becarias del aumento del 5 % que recibió el resto del personal de CONICET a través del acuerdo paritario estatal. A su vez, exigimos la inmediata reapertura de paritarias para discutir una recomposición real del salario para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde ATE CONICET.

Demasiados títulos

ATE Capital denunció que el CONICET rechazó el ingresó a un investigador por estar demasiado capacitado, tal como afirmaron: “a un investigador le denegaron el ingreso a CONICET por sobrecalificación, puesto que es egresado de cuatro carreras de grado, doctor, magister y especialista”.

Este episodio forma parte de una serie de políticas tendientes a destruir el sistema científico y tecnológico público a través de distintas modalidades. Tales como las de reducir drásticamente la cantidad de ingresos a la carrera del investigador científico (CIC), produciendo además un embudo de investigadores que con gran formación van quedando sin empleos; degradación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) a Secretaría; el desfinanciamiento de los Centros Científico-Tecnológicos (CCT), de las Reuniones Científicas y la sub ejecución del financiamiento de los proyectos de investigación; y los salarios paupérrimos que los trabajadores -especialmente administrativxs y becarixs- percibimos mensualmente.

El caso del “investigador sobre calificado” no es un elemento aislado, ni un error (ni un exceso) sino que parece ser parte de un plan para liquidar la producción de conocimiento crítico científico y tecnológico de nuestro país.

El gobierno de Cambiemos entrega también de esta forma la soberanía nacional, lo que además produce en una nueva oleada de “fuga de cerebros”.

Nuria Giniger y Rocco Carbone concluyen que, “el cientificidio está desplegado desde hace tres años. Lo advertimos en las vísperas de la victoria de la alianza Cambiemos y se llevó a cabo -con gran resistencia” Además alientan a una convocatoria “planificar las acciones de resistencia, respetando nuestras diferencias, para construir una alternativa política unitaria que se proponga un camino emancipador en el 2019”.

Fuentes: APU, ATE, El Litoral, Resumen Latinoamericano.

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A 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo, la Fundación Rosa Luxemburgo, junto con las editoriales El Colectivo (Argentina) y Quimantú (Chile), presentaron el libro “Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política. Una lectura desde América Latina”. El autor Hernán Ouviña, politólogo y docente de la UBA, y Claudia Korol, periodista y educadora popular, estuvieron presentes para hablar sobre el libro y rememorar a una de las más importantes revolucionarias marxistas del siglo XX.

Rosa Luxemburgo es una figura ineludible de las revoluciones de principio del Siglo XX. Una referente izquierdista, que abogaba por el protagonismo popular en las calles, que criticaba sin medias tintas a la vieja guardia social demócrata alemana. “Mocosa, cómo me decís eso, podría ser tu padre o tu abuelo”, le dijeron más de una discusión con sus colegas, cuando apenas tenía veinti tantos años.

Hoy parece natural, producto del protagonismo cada vez mayor del movimiento de mujeres y disidencias sexuales, pero a finales del siglo XIX, en una Polonia ocupada (de la cual escapa fugándose de la policía zarista), el significado de una mujer judía, polaca y migrante que luchaba contra todas esas opresiones era mayúsculo. Tuvo que casarse con el hijo de una familia amiga para poder obtener la nacionalidad alemana. No para ella, sino para poder militar más tranquila sin ser expulsada.

Es por eso que a 100 años del femicidio de Rosa Luxemburgo (que hoy es posible caracterizar así debido al ensañamiento brutal y la misoginia con que fue asesinada por esos soldados de ultraderecha), las editoriales El Colectivo y Quimantú trabajaron con el educador popular y politólogo Hernán Ouviña y el ilustrador Óscar González “Guache” para darle vida a este libro. Además, la Fundación Rosa Luxemburgo decidió apoyar la publicación para “recuperar su pensamiento y su acción”. O como dijo Elisangela Soldatelli, directora de la oficina en Buenos Aires, en la apertura de la actividad, “nos valemos de su confianza en la construcción de una opción socialista que no abandone el internacionalismo”, con el objetivo de “ampliar el conocimiento sobre Rosa Luxemburgo en el Cono Sur para fortalecer espacios de formación y reflexión”.

En esta búsqueda de apropiación colectiva de la figura y los saberes de Rosa, las voces de intercambio iban y volvían en Comuna Cero, el espacio donde se realizó la presentación del libro. Para Blanca Fernández, integrante de la editorial El Colectivo, el motivo que los y las llevo a editarlo fueque “el pensamiento político y praxis militante de esta luchadora social no han sido suficientemente difundidos, no sólo en espacios académicos y políticos, sino incluso dentro de la militancia social. Forma parte del proyecto que asumimos como editorial la publicación de materiales de divulgación que se atrevan a abordar debates profundos que atraviesan nuestras izquierdas”.

Otra de las allí presentes para reivindicar la figura de Rosa fue Claudia Korol, educadora popular del colectivo Pañuelos en Rebeldía y periodista. Para Korol, la obra de Rosa no pierde vigencia y, en esta época de franco retroceso en materia de derechos y de avance del neoliberalismo en toda la región, es necesario “recuperarla, conocerla, discutirla, pensarla críticamente como lo hace Hernán. Desde este tiempo, este continente, desde nuestras luchas y desafíos”.

La vigencia del pensamiento luxemburguista es notable. El debate de reforma o revolución sigue siendo actual. No de manera dogmática. Para la educadora “tiene que ser a la luz de las revoluciones que hemos conocido y ver qué funcionó y qué no, con todo lo duro que eso puede ser. Viendo hoy en día la crisis de tantos proyectos, como lo que pasa en Nicaragua, nos habla en términos de derrota del proyecto revolucionario. Esa idea que hemos amado de la revolución sandinista se ha quedado en el camino”. Si pensamos en momentos políticos actuales, en la polémica que ella sostiene con la socialdemocracia alemana, en pleno auge en ese entonces, Rosa advierte que el oportunismo abre camino al fascismo. El oportunismo de la social democracia lleva a un acuerdo con la derecha nacionalista, promotores de la guerra, que abrió el camino al fascismo en Europa. ¿No será posible extrapolar esa conclusión al momento actual latinoamericano?

En relación al libro, para la periodista “es muy importante la lectura que hace Hernán de Rosa desde tres miradas, más allá de la mirada anticapitalista y marxista: la mirada desde los pueblos colonizados, esa Rosa polaca que tenía que hablar en la lengua que le imponía el Imperio Ruso y no en su lengua natal; la mirada anti patriarcal y el vínculo que tuvo con sus compañeras Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, ese grupo de mujeres referentas que organizaron al grupo de mujeres socialistas e internacionalistas contra la guerra, mientras los hombres votaban los presupuestos de guerra en el Congreso; y una tercera mirada que es su amor a la naturaleza. Ella tenía un vínculo con las plantas, los pájaros, que era muy profundo, como se ve en muchas de sus cartas. Tres miradas que cuando son radicales cuestionan profundamente el conjunto de opresiones del Capitalismo”.

“Apostamos a que esta publicación nos inspire a profundizar los debates en espacios de promoción de justicia social y de reivindicación de derechos, así como a superar los procesos de criminalización y de exclusión de las y los explotados”, agregó Soldatelli. Es que el pensamiento crítico es el que contribuye a reflexionar y gestar estrategias frente al fortalecimiento de los fundamentalismos políticos y religiosos que están promoviendo acciones para restringir el ejercicio de derechos conquistados en países de América Latina en los últimos años desde los movimientos populares.

“Que florezcan nuevas Rosas es más urgente que nunca”

El cierre del panel estuvo a cargo del propio autor Hernán Ouviña, politólogo, educador popular y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su primera intervención tuvo que ver con los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de escribir un libro sobre una figura tan emblemática. “Nos acercamos a Rosa por una sospecha, sobre todo después del 2001. ¿Por qué no hay aún, en la debida medida, pueblos, organizaciones, movimientos que se autoproclamen luxemburguistas? ¿Por qué Rosa no aparece en el crisol de tradiciones?”.

Si pensamos en tres grandes ciclos de lucha revolucionaria, en Latinoamérica pero también en Europa, el primero de ellos la tiene a la propia Rosa como protagonista de la Revolución Alemana que, para el autor, “no fracasó, sino que fue cruentamente derrotada porque era un proceso infinitamente más complejo lograrla en esa Alemania donde la clase trabajadora estaba mucho más integrada al Estado”. Por eso ella apelaba a la espontaneidad, para romper con el quietismo y la lógica burocrática de la socialdemocracia alemana y de los propios sindicatos.

El segundo ciclo, clave particularmente en nuestro continente, es la Revolución global de 1968. Es ese contexto que habilita una recuperación crítica de la propia Rosa. Hay infinidad de intelectuales, movimientos y organizaciones que a partir de los años 60 y 70, e incluso los 80, revitalizan la obra de Rosa. En el caso argentino, es a partir de 1969 que se empieza a difundir, a traducir, a publicar, infinidad de textos de Rosa y no es casual. Así lo explicó Ouviña: “hay un hito que es el Cordobazo. Una rebelión espontánea en la clave luxemburguista que implica una huelga política de masas en contra de un régimen profundamente autoritario que desconcierta hasta a los más experimentados dirigentes políticos y sindicales. La productividad de Rosa en ese contexto es mayúscula para discutir con las viejas burocracias sindicales de aquel entonces”. Si pensamos en el resto de Latinoamérica, están los casos de la rebelión popular juvenil en México y un personaje como José Revueltas que piensa el espartaquismo como estrategia política o Mario Pedrosa en Brasil.

En relación el tercer ciclo, el autor puntualizó que “muchos y muchas de las que estamos acá somos parte de ese tercer ciclo que revitaliza a Rosa. El ciclo de resistencias contra el neoliberalismo pero también contra el Patriarcado, el colonialismo y el Capitalismo que se inicia en los años 90, también con una rebelión espontánea en clave luxemburguista como es el Caracazo en 1989. Pero también las tomas de tierras del Movimiento Sin Tierra en Brasil (MST), los zapatistas en México, los pueblos indígenas en la región andina. Y por supuesto, diciembre de 2001 en Argentina”.

A Rosa hay que traerla al presente desde esa integralidad. Muchas veces se la disocia de sus aristas más incomodas. Se habla de cómo amaba a los animales pero se disocia esa perspectiva de la lucha anticapitalista. Hay que pensar desde una categoría que era clave para ella que era la totalidad. ¿Cómo pensamos desde la totalidad para romper con el androcentrismo, para romper con la lógica del despojo? ¿Cómo pensamos la relación centro-periferia? Rosa trata de desmontar el eurocentrismo. Es una de las primeras que tiene la osadía de criticar al propio Marx y decir “este esquema, inconcluso en El Capital, es un esquema que sólo concibe capitalistas y obreros”. Pero, ¿qué pasa con los pueblos indígenas, con el campesinado, con las economías naturales? ¿Qué pasa con el grueso del planeta que está siendo subyugado, no simplemente en la clave de la acumulación originaria, sino a partir de la acumulación por despojo que es un proceso permanente que padecen los pueblos del sur global?

Rosa nos invita a pensar un marxismo distante de todo dogmatismo. Una de las tantas referencias que nos permite entender que sólo se es un buen marxista o una buena marxista si no se es sólo marxista. Si podemos nutrirnos de otras tradiciones, otras cosmovisiones. No es algo residual, es algo que hace pensar la Revolución desde la vida cotidiana, como proponía ella.

Un eje transversal al libro es el del socialismo como alternativa civilizatoria. Una opción que atreviese todo el globo es más urgente que nunca. Hoy que resurgen los nacionalismos, las lógicas xenófobas, la violencia patriarcal. Según Ouviña, “revitalizar a Rosa implica pensarnos desde la plurinacionalidad, algo también olvidado pero que en ella es muy importante. Si queremos pensar en una sociedad pos extractivista, que luche contra el Patriarcado, en contra de la guerra contra las mujeres y los jóvenes, es necesario un socialismo donde quepan muchos socialismos. Un socialismo ecoambiental, un socialismo despatriarcalizado, antiburocrático, libertario. Un socialismo del buen vivir”.

En una de sus cartas a una de sus compañeras y amigas, ella plantea el problema de la muerte que para ella se avecinaba. El autor retomó algunas de esas líneas para concluir su exposición: “En esa carta le dice a Matilde, ‘en mi tumba, como en mi vida, no habrá nunca frases rimbombantes. Sobre mi lápida, habrá solamente dos sílabas: zvi, zvi. Este es el canto del herrerillo que yo sé imitar con tanta perfección que logro que acudan inmediatamente. En ese zvi, zvi se oye, desde hace unos días, un pequeño trino, una minúscula voz de pecho. ¿Saben lo que eso significa? Es la primera manifestación de la primavera. A pesar de la nieve, de las heladas y la soledad, los herrerillos y yo creemos en la próxima primavera’. Quizás tarde un poco más pero la primavera y la apuesta por esa necesidad de que florezcan nuevas Rosas es más urgente que nunca”.

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El 2018 culmina con un balance negativo para la Argentina. El año está cerrando con unos índices de inflación que rondan el 48% interanual, un nivel que no veíamos desde 1991. ¿Fatalidad o impericia política?

Contrario a las inclemencias meteorológicas que invocó repetidas veces Mauricio Macri, los malos resultados económicos de este año (y de toda la gestión cambiemita) son producto de las políticas económicas de Cambiemos. La inflación, aquel problema que enunciaban tan sencillo de resolver, ha empeorado. No sólo eso, sino que todos los indicadores conocidos coinciden en la existencia de una cruda recesión. El último dato revelado por el INDEC afirma una caída del 3,5% para el tercer trimestre del año y no hay buenas expectativas con los resultados del último trimestre.

Pero no sólo el 2018 arroja números negativos. En estos 3 años de gestión macrista hubo nulo crecimiento de la economía y una inflación elevada que, según los datos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), totaliza un 158% para los y las trabajadoras, distribuida de manera desigual. De cada 10 personas que viven de un salario, la persona de mejores ingresos enfrentó en total, de 2015 para acá, una inflación del 140%, mientras que para la persona con peores ingresos fue del 180%. Es decir, recesión e inflación que se distribuyen de manera desigual, afectando más a quienes menos tienen.

En este contexto, la pérdida de capacidad adquisitiva es la regla y, según cada sector, estamos hablando de un deterioro que oscila entre el 13 y el 20% del salario o de las asignaciones, según el caso.

A estos datos duros hay que agregarle un creciente desgaste de la imagen política del gobierno que, después de haber salido victorioso en las elecciones de octubre del año pasado, se sintió con capacidad de llevar adelante su programa de reformas: acelerar y entrar en esa fase de “reformismo permanente” (según palabras del propio Presidente en el discurso pos elecciones) y avanzar con sus programas.

La reforma previsional y la tributaria que se discutieron en diciembre del año pasado, si bien pasaron por el Congreso, le generaron un terrible desgaste al gobierno en la imagen pública y en las calles. Este desgaste signó el 2018. Además, en muchos sentidos la tercera reforma que no pasó, la laboral, se empezó a implementar a través de los convenios colectivos de trabajo, como hace poco denunció el recientemente creado Foro de Abogados Laboralistas, ligado a los sindicatos.

En este sentido, hay que interpretar el 2018 como un año en el cual se intensificó el programa de Macri, confluyendo las tendencias regresivas y contradictorias. Hay que recordar que a inicios de año se suponía que había cierta calma en relación a la bicicleta financiera por el tipo de cambio relativamente estable junto con las altas tasas de interés. Este esquema, que es social y económicamente inviable, entró en problemas entre abril y junio, cuando se dieron sucesivas corridas cambiarias que, además de generar la salida de Sturzenegger del Banco Central, facilitaron al gobierno el acuerdo con el FMI como una necesidad.

Este acuerdo, revisado en octubre, blindó, con el acuerdo geopolítico extranjero y sobretodo de Estados Unidos, al gobierno de Cambiemos en este programa de ajuste social y reformas estructurales. En ambos puntos el gobierno está avanzando. La crisis autoinducida no puede confundirse con un fracaso en sus objetivos de política económica.

El FMI le prestó más de 50 mil millones de dólares que se suman a los 100 mil millones ya tomados por otras vías, haciendo a la Argentina el país que tomó deuda de manera más acelerada en el mundo y mostrando indicadores de deuda-PBI insostenibles para cualquier economía. El riesgo de cesación de pagos es inminente y va a condicionar a cualquier gobierno que gane las elecciones el año que viene, sea Cambiemos o de cualquier gobierno de tinte popular.

El acuerdo con el FMI, además de incorporar esta liquidez de emergencia que ya se ha fugado del país, lo que hace es imponer una serie de reglas o condicionalidades. Al Banco Central se le quitaron varias herramientas de intervención en el mercado cambiario, limitando gravemente la soberanía para llevar adelante política monetaria o cambiaria. Además se incentivó a disminuir el déficit fiscal de manera taxativa, llamado “déficit cero”, lo que le impone trabas al gobierno para gastar y emitir para reactivar la economía. Un problema para el año que viene, en el cual habrá elecciones.

Cómo sorteará esto el gobierno es una incógnita. El FMI además, con la anuencia del gobierno argentino, va a avanzar en una serie de reformas estructurales que incluyen una segunda reforma previsional, algunas privatizaciones y la reforma de la carta orgánica del Banco Central para poder retrotraer la situación al 2012, cuando el BCRA podía intervenir con objetivos de desarrollo y no sólo de estabilidad monetaria.

De conjunto, durante este año el gobierno se mostró incapaz de contener la inflación e incapaz de generar crecimiento pero muy eficaz para recortar salarios y medios de vida, favoreciendo un esquema de alta competencia entre trabajadores y trabajadoras que permite a las empresas forzar reorganizaciones favorables a sus intereses. Según los datos de Gustavo García Zanotti, un puñado de empresas han sido beneficiarias de miles de millones de pesos por las medidas tomadas por este gobierno durante este período.

Para cerrar el blindaje que el gobierno busca a nivel internacional, durante todo el año resonó el G20, donde el gobierno se mostró ante el mundo como un eslabón clave en esta “lucha contra el populismo”, recurso metonímico que utilizan para nombrar a todo aquel gobierno que haga alguna receta por fuera del estándar neoliberal.

Esta crisis autoinducida se apoya en un esquema insostenible, que hoy por hoy revive el programa de principios de año, con un dólar a casi $40 y tasas de interés que apenas bajan del 60%. De cara al año que viene se trata de un gobierno atado de pies y manos que no puede hacer política monetaria ni cambiaria, con muy poco espacio para la política fiscal.

En términos de política exterior, se encuentra subordinado a los intereses de las potencias como se vio en la firma de los acuerdos con China que luego tuvo que desdecir por presión de Estados Unidos. Además, en las sesiones extraordinarias del Congreso aprobaron un tratado de libre comercio con Chile, es decir, el Gobierno continúa pasando reformas estructurales a medida que avanza durante la crisis.

Con este panorama va a enfrentar un año de elecciones muy complicado, donde la posibilidad de default es real o, en el mejor de los casos, de renegociación forzosa de deuda. Cambiemos va a hacer lo imposible por dejar este legado al gobierno que le siga pero no está claro que lo pueda lograr. Se viene un 2019 de mucha intensidad en las luchas para tratar de retrotraer el ajuste y evitar que pasen más reformas estructurales.

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Mientras ya se palpita el próximo Encuentro en La Plata, algunas reflexiones sobre lo que fue el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans en Trelew.

La sede del Encuentro nro 34 ya está definida: La Plata será el lugar donde se encontrarán miles de mujeres el año que viene. Será Plurinacional porque ya no se podrá correr ese eje, sobre todo después de que el taller “Autodeterminación de los pueblos” haya sido de los más convocantes. Será también una semana antes de las elecciones presidenciales y de gobiernos provinciales para dejar en claro que el rechazo es a los gobiernos de Macri, Vidal y compañía, y a sus políticas de empobrecimiento, discriminación y represión.

Pero mientras, sucedió Trelew, que nos alojó con su estepa característica. La ciudad del noreste patagónico, de 100 mil habitantes, recibió a 60 mil mujeres en el 33 ENM. Convivimos con viento y tierra, vecinas y vecinos, locales que abrieron sus puertas y que nos dieron indicaciones y aventones hacia distintos puntos.

No olvidemos, se trata de la ciudad con mayor desocupación de la provincia, con ciertes de varias industrias textiles que resultaban una importante fuente laboral. Estamos en la provincia que sufrió una represión contra docentes a mediados de marzo con paros prolongados durante meses. También, en la ciudad donde aún sobrevuelan las ideas revolucionarias de Ana María Villarreal, Clarisa Lea Place, María Angélica Sabelli y Susana Lesgart, fusiladas en la llamada Masacre de Trelew en agosto de 1972.

La marcha fue una fiesta mulricolor y ondulante. Recorrimos las calles subiendo y bajando al ritmo de cantos y bombos. Mientras distintos referentes y dirigentes sociales sostienen desde Buenos Aires que en los “barrios no están preparados para el debate del aborto”. En la marcha realizada por las calles -y sobretodo por los barrios más postegados- de Trelew en el día de ayer todos esos discursos fueron resiginificados. Vecinas y vecinos salieron a sus veredas, terrazas y esquinas para recibir a la marcha de más de veinte cuadras. Con carteles y pañuelos verdes cientas de vecinas trelewenses aplaudieron a las 60 mil que esta vez realizaron un recorrido con mayor presencia en el barrio que en el centro urbano.

Con este gesto se demostró cómo los barrios y sus mujeres son las más preparadas para visibilizar ese debate que los sectores poderosos quieren entorpecer. Varias vecinas salieron al encuentro de las participantes para establecer algún ritual de intercambio de abrazos con pañuelos, recargas de agua, mates, fotos y saludos que modificaron el cotidiano de su domingo.

Ya para cuando la multitudinaria marcha culminaba, las fuerzas represivas decidieron realizar su estelar aparición. Se trata de un accionar caracterizado e identificado por el movimento de mujeres desde el Encuentro número 30 en Mar del Plata, donde el entonces Gobierno de Daniel Scioli desplegó un operativo organizado para correr el eje de los Encuentros que ya comenzaban a ser masivos.
Este dispositivo se replicó en Rosario, Chaco y ahora también Chubut donde, con pequeños focos de conflicto y represión, intentan generalizar una sensación de malestar que convierte a las participantes de los encuentros en desconocidas modificando los lazos construidos durante los días previos.
Las detenciones arbitrarias de al menos 12 mujeres, algunas incluso heridas, muestran un accionar direccionado y misógino: las fotos que circulan muestran la cacería que realizaron hombres y jóvenes sin identificación y vestidos de civil. La apedreada a algunos micros con pibas que regresaban a sus destinos en la madrugada fue un reflejo de eso: el machismo y la misoginia al acecho, que aprovecha cualquier disparador para salir con fuerza.

Sin embargo, nada podrá quitar de las retinas de las y los habitantes de Trelew el encuentro multitudinario, los debates activos, los abrazos apasionados, la marcha multicolor, el pañuelo verde regalado y los cantos convocantes de: “mujer, escucha, únete a la lucha”.

Tampoco lo borrarán de sus corazones ninguna de las que participó. Y, sobre todo las pibitas, las que saben que el futuro llegó hace rato y que nuestra revolución es imparable.

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La Defensoría del Público, el organismo estatal encargado de garantizar que se respeten una visión federal, democrática e inclusiva de la comunicación y los derechos de las audiencias en todo el país, tiene como nuevo titular por 60 días a Emilio Jesús Alonso, un joven abogado sin ningún antecedente público en materia de comunicación. ¿Qué sentido tiene esta designación transitoria?

La Defensoría del Público es un organismo encargado de “promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional”. Fue creado mediante la sanción de la Ley 26.522, más conocida como la Ley de Medios, en el año 2009. Ley que fue desguazada por el macrismo mediante el Decreto N° 267/2015, a menos de un mes de haber asumido el gobierno nacional.

Por eso llama particularmente la atención que se haya designado a un abogado de 32 años, Emilio Jesús Alonso, que no tiene ningún antecedente público en materia del Derecho a la Comunicación y cuyo único currículo conocido es haber trabajado en la Secretaría General de la Presidencia desde la asunción de Mauricio Macri. Además fue empleado del senador Eduardo Costa (UCR), presidente de la Comisión Bicameral que lo designó al frente de la Defensoría y miembro de Cambiemos en la provincia de Santa Cruz. Un dato interesante es que Alonso borró su cuenta de Twitter una vez que fue designado, quizás para ocultar sus posiciones políticas.

Este ente se encontraba acéfalo desde noviembre de 2016, cuando terminó el mandato de la última (y única) persona que ocupó el cargo formalmente, Cynthia Ottaviano. Hace una semana, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización designó a Emilio Jesús Alonso como Defensor del Público, negándose en esa misma reunión a presentar los antecedentes que lo posicionaran como alguien apto para el cargo. Ante los reiterados pedidos de Gabriela Cerruti, diputada por Unidad Ciudadana, de contar con el currículo de Alonso, la respuesta fue “vamos a acercar después los antecedentes. Ahora no los tenemos”.

Llama la atención esta designación por 60 días, teniendo en cuenta que se le otorgaron las mismas funciones que ya venía desempeñando María José Guembe, proveniente de la gestión anterior y con probada capacidad de estar al frente del organismo, aunque sea transitoriamente, hasta que se designe un Defensor o Defensora definitivo/a. Por eso Marcha dialogó con Francisco Godinez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas (CPR), perteneciente al Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), para entender el sentido de posicionar a Alonso al frente de la Defensoría del Público.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta designación transitoria?

“Hay varias lecturas posibles pero todas van aproximadamente en el mismo sentido. Una es poner a alguien cercano al oficialismo para tantear el funcionamiento del organismo, para que la transición hacia un Defensor definitivo propio sea más suave si se quiere, un cambio de timón menos brusco. Yo creo que consideran que es un organismo demasiado autónomo, demasiado crítico al gobierno en su trabajo diario.

Otra lectura un poco más amplia es entender que este gobierno entiende a la comunicación no como un derecho sino como un factor dinamizador del mercado. Cargan todas las tintas en las telecomunicaciones, la banda ancha, los servicios de telefonía celular, etc., dándoles mayor margen de maniobra a los grandes jugadores para que sean más grandes aún y hacer un mercado fuerte, sin tener en cuenta que la comunicación se trata de un derecho.

Todas las cosas que vienen pasando desde la asunción de Cambiemos hasta ahora no deben verse de manera aislada. Son distintas gotas que rebasan el mismo vaso. Esto se suma a haber creado un Ministerio de Comunicaciones y después haberlo disuelto; haber disuelto la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); haber congelado los fondos de fomentos a medios comunitarios durante un año –conocidos como FOMECA- y que cuando volvieran fueran con restricciones importantes para los medios comunitarios; que no se termine de sancionar la ley de publicidad oficial; que en el Ciudad de Buenos Aires se haya recortado la pauta oficial para los Medios Vecinales y que se haya apercibido a cerca de 40 medios alternativos por incumplimientos a los requisitos de esa ley. Ni hablar de autorizar la fusión de Cablevisión con Telecom.

Una lectura aún más amplia es vincular esta decisión con la llegada del FMI al país, porque este ajuste que ya está en proceso se va a sostener con represión, con violencia institucional y con la clausura del debate público. Justamente, un organismo que trabaja sobre derechos de audiencias, que hace investigaciones sobre el tratamiento que tienen los medios comerciales respecto de algunas poblaciones vulnerables, que hace capacitaciones a sectores sociales y comunitarios de la comunicación, resulta un lugar estratégico de formulación de opinión crítica que es contraproducente contra el plan de ajuste del gobierno”.

¿La designación de Alonso vendría en este sentido?

“Lo leo como un síntoma. Todavía no sé qué pueda llegar a pasar, si realmente va a ser transitorio, porque la palabra del oficialismo no es muy creíble en estos últimos tiempos. También dijeron, cuando asumieron, que en 180 días iban a hacer una ley de comunicaciones convergentes y ya la prorrogaron 3 veces. Incluso si es realmente transitoria, hay que ver una transición hacia qué.

Por eso estos 60 días van a ser claves para ver si hay propuestas para un Defensor definitivo, con qué perfil. Porque por lo que se pudo averiguar, Emilio Jesús Alonso es un abogado joven que no tiene trayectoria, en principio, en defensa del derecho a la comunicación. El presidente de la Comisión Bicameral explicó que sólo iba a tener potestades administrativas, que no necesitaba demostrar idoneidad. Lo cual te hace preguntar para qué lo ponen, si para esa misma función ya estaba María José Guembe que además conoce al organismo y su funcionamiento. A ella la pusieron a cargo porque la Comisión anterior no había decidido un nuevo Defensor y el organismo había quedado con poco margen de acción. El mismo escaso margen que va a tener ahora con Alonso”.

¿Lo ves como un síntoma de qué?

“Es un síntoma del escenario que ellos quieren o de la forma en que actúan. Quieren ver hasta dónde llegan. Con esta medida, tienen a alguien dentro para que vea cómo funciona el organismo y corren a gente que capaz les resulta muy afín al gobierno anterior”.

Cabe recordar la situación que se dio con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), otro ente autárquico que intervinieron, informalmente, para poder controlarlo. Con la destitución de Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto, se designó como Gerente de Administración a Nicolás Yocca, ex Gerente de Finanzas de Artear (1990-1994) y ex Gerente General de Radio Mitre (2000-2008), ambas empresas pertenecientes al grupo Clarín.

¿Qué concepción tiene la gestión actual de la comunicación y de la Defensoría del Público?

“Hay que pensarlo en el contexto del ajuste, están recortando por todos lados. No creo que los derechos de las audiencias sea hoy algo fundamental para este gobierno, entendiendo que no ven a la comunicación como un derecho. Son todas especulaciones pero sí me parece que hay un intento de ir llegando a esos espacios que son estatales pero que tienen cierta autonomía y no perder el control sobre ellos, muy a pesar de lo que opine el sector.

Hasta los medios más críticos al kirchnerismo, como los medios alternativos, defienden la existencia de un organismo como la Defensoría del Público y reconocen su trabajo. Quienes saben de comunicación y están en ese ámbito entienden que es un organismo de vanguardia que tiene que existir de la mejor manera y que esta virtual intervención te hace pensar que algo raro hay”.

Designación irregular

En diálogo con Radio Futura, la ex Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, criticó duramente el método de designación de Emilio Alonso: “el reglamento establece que primero (el candidato/a) debe ser presentado en el ámbito de la comisión bicameral, sus antecedentes tienen que ser publicados en medios de difusión durante varios días para que la población en general pueda acceder a conocerlos. Luego hay un periodo para que se puedan presentar en esa comisión observaciones por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos, de ámbitos académicos, sindicales y profesionales y luego, una vez que la bicameral aprueba esa candidatura, tiene que ser aprobada en ambas cámaras”.

En relación a la serie de irregularidades en la designación, Godinez Galay agregó que “en la reunión (del miércoles 26 de septiembre) había mayoría oficialista. El diputado Pablo Carro, Secretario de la comisión que es del Frente para la Victoria (FPV), estaba viniendo desde Aeroparque y no lo esperaron para empezar. Es casi una obra de teatro de Ionesco”.

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Ni los políticos ni la democracia representativa. En Honduras, en este momento, el protagonista es el pueblo. El mismo que asistió a las urnas y que resiste desde el domingo a la noche la brutalidad policial defendiendo el derecho a su autodeterminación.    

Tras días de resistencia en las principales ciudades de Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en la noche de ayer, el gobierno actual de ese país declaró el Estado de sitio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado, ocasión en la que actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presentó a una reelección inconstitucional.

La situación es grave. En lo que va de estos días se registran al menos 11 asesinatos de parte de las Fuerzas represivas en el marco de protestas sociales en las calles del país centroamericano. El pueblo salió a las calles a defender lo que sería el triunfo del partido de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, organizada por el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, y que presentaba al candidato a presidente a Salvador Nasralla.

En la cronología, el lunes, cuando se llevaban más del 50% de las actas electorales contabilizadas, la ventaja de Nasralla era del 5% y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, habló de que era un “virtual ganador”. Sin embargo, Hernández y el Partido Nacional desconocieron la voluntad popular y se declararon triunfadores basándose en una encuesta en boca de urna.

El martes a la noche, con el 78% de las actas contabilizadas, la tendencia seguía siendo la misma: Nasralla con una ventaja de 5 puntos. En esa oportunidad, declaró: “Recordemos que incluso ese voto, de 45 contra 40, superó el fraude, superó incluso a los muertos que votaron, a la gente que votó aunque viva en los Estados Unidos. Así que ya no podemos recurrir ni esperar a lo que esperamos en 2009, cuando fuimos burlados por el Tribunal de delitos electorales, por la Corte Suprema y por el Ministerio Público”. Y sentenció: “El único que puede defender estos votos es el pueblo hondureño”.

Fue entonces cuando las personas comenzaron a tomar las calles de Honduras para protestar por los resultados. Y cuando el Estado comenzó a responder enviando a sus fuerzas represivas: la Policía Nacional Antimotines Cobra y la Policía Militar. El Estado de sitio “prohíbe la libre circulación”; establece la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes”. Un decreto que ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, a “poner a disposición de la Policía Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones”.

La reacción en defensa de los Derechos Humanos

Desde ayer se suceden los actos en solidaridad con la situación de interrupción del orden constitucional en Honduras. En conferencia de prensa, integrantes de la Mesa Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, denunciaron asesinatos, detenciones y tratos crueles y degradantes de parte de las fuerzas represivas. Afirmaron que “Honduras vive un gran retroceso en materia de Derechos Humanos” y que “el estado de sitio es ilegal con el fin de imponer el terror al pueblo en las calles”. “Ratificamos el rechazo a la reelección de Hernández, que violenta la Constitución de la República”, concluyeron.

“La candidatura de Hernández es ilegal e inconstitucional”, y expresaron “preocupación por la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no garantizar la máxima transparencia en el proceso”. “Instamos al recuento total de las actas”, “exigimos que se respete el derecho a la protesta, exigimos mecanismos de protección a periodistas y defensores/as de Derechos Humanos”. Y afirmaron, “el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

En las calles y redes, “el clamor de un pueblo indignado de tanta injusticia”

“Estamos para defender nuestros derechos, que han sido violentados por más de 8 años y que nos han implantado queriendo instalar una dictadura”, afirmó un hondureño en las improvisadas barricadas de las calles de Tegucigalpa, “nos venimos a manifestar porque tenemos una Constitución que ha sido violada durante años”. “Soy un hondureño que ama su país. No estoy representando a ningún partido, estoy representando a Honduras”.

“La indignación popular existe, estamos contra un golpe de estado del dictador Juan Orlando Hernández, nos convocamos en las calles porque acá se defiende el voto. Salí espontáneamente, es una realidad que nos convoca como jóvenes”, afirmó otra persona.

Bajo las etiquetas #FraudeElectoral, #FueraJOH y #HondurasResiste, en las redes sociales se difundió la brutalidad policial y militar, ordenada y avalada por el actual gobierno represivo y que tiene de rehén al pueblo negando los resultados electorales. A la vez, se denunció la censura a partir del bloqueo de las cuentas de activistas feministas organizadas.

“Hay al menos 11 personas asesinadas por la espalda. Víctimas de la represión”, denuncian las publicaciones de quienes en ejercicio de comunicación popular arriesgan su vida en las calles para transmitir lo que está pasando a pesar del bloqueo hegemónico- mediático. “Militares aprovechan el toque de queda para torturar al pueblo”; “el verdadero pueblo está resistiendo un golpe a la democracia”; “contra la dictadura, el narco- estado y los narco- comandantes del ejército. Llamamiento al pueblo a la insurrección”; decían algunos posts.

“A la comunidad internacional y hondureña le aclaramos que no luchamos por personalidades, lo hacemos por nuestro país, Honduras, que está siendo secuestrado por el crimen organizado”; decían otros. Una foto de un graffitti advertía: “el clamor de un pueblo indignado de tanta injusticia”.

El poder de los imperios, de las botas y de los medios hegemónicos

Miriam Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Estuvo en Argentina para participar del ENM en Resistencia, Chaco, en octubre pasado, ocasión en la que difundió, en clave feminista, las preocupaciones sobre el sistema representativo y la debilidad de la democracia en Honduras.

“Este es un contexto muy difícil, emerge el poder de los imperios pero también la bota militar”, anticipó la feminista, “en Honduras, aquella ley que se había aprobado para que los militares no salgan de los cuarteles, con el golpe pudieron volver a salir a las calles a reprimirnos”, agregó Miranda realizando un análisis de profundidad ante la coyuntura.

“La historia nos ha enseñado que hay que abrir debate sobre los modelos democráticos que vivimos en nuestros países”, dijo, “lo de Honduras fue que un poder del Estado le dió el golpe al otro, y es más, se lo volvió a dar en 2012. Estamos hablando de que los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos”, “y esto lo normalizan los medios”, reflexionó.

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