Por Julieta Caggiano/Fotos Camila Parodi

Desde que empezaron a circular las imágenes de Jeanine Añez en la cárcel, se desató un debate sobre lo que se pone en juego hoy en Bolivia. La derecha pasó de negar la existencia del Lawfare a plantear que en el país andino se está desarrollando un “Lawfare de izquierda”. Sin embargo, este debate también vino desde la academia progresista. Pablo Stefanoni, jefe editorial de la revista Nueva Sociedad, publicó un artículo que se titula: “Añez presa: cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia”.

La expresidenta de facto Jeanine Añez y dos de sus exministros –Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía- están con prisión preventiva. Adicionalmente, se procesó a altos mandos de la cúpula policial y militar. Se los acusa, entre otras cosas, por usurpación del poder, sedición y otros delitos contra la patria. La denuncia la había presentado una ex legisladora del MAS, meses atrás, y la fiscalía ordenó la detención de los acusados.

Los cuestionamientos a ese pedido de justicia, que parte de una cómoda idea de “neutralidad” por los hechos de 2019 parecen desconocer la sistematicidad que subyace en las imágenes del horror que recorrieron las calles bolivianas en los días del golpe. Sin detenernos en los detalles de la cacería selectiva -un documental que acaba de estrenar la cineasta boliviana María Fernanda Rada, con la fotografía de Santiago Berón y la producción de Alina Duarte: Fue Golpe lo muestra con toda claridad-.

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Es importante verbalizar la existencia de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. En este documento se relatan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos en los sucesos donde fallecieron 37 personas: “27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”. Además, plantea que las muertes en Senkata y Sacaba fueron masacres: “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”. La pregunta es: ¿el pueblo boliviano no merece verdad y justicia?

El intento de golpe de 2008

El golpe fallido de 2008 se dio en Bolivia después de un referéndum revocatorio en el cual más del 67% de la población legitimó la continuidad del gobierno del MAS. Por otro lado, los departamentos de la medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) promovieron otro referéndum autonómico que rechazaba el proyecto de refundación del Estado Plurinacional, lo cual fue considerado inconstitucional por las autoridades nacionales. Estos departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central.

El investigador Waldo Ansaldi plantea que “sobre esa base de poder económico (la región de la medialuna concentra casi la mitad del PBI) más el control de los medios de comunicación, burgueses, terratenientes y derechistas comenzaron una campaña antigubernamental cargada de odio racista y de amenaza de secesión” en Bolivia. La Masacre del Porvenir (2008) fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, en la que murieron 15 personas, en su mayoría campesinos.

Alzamientos civiles, grupos armados –herederos de la experimentada paraestatalidad regional-, bloqueo mediático, muerte, persecución y violencia, imágenes que se repetirían once años después.

Las reformas institucionales tras el intento de golpe

A causa de los crímenes de 2008, la justicia boliviana condenó al ex prefecto Leopoldo Fernández por homicidio. Más allá de la gravedad de la situación, un homicidio se trata de un delito individual que no da cuenta de ningún tipo de organización o sistematicidad. No permite sentar precedentes y llamar a las cosas por su nombre, cuando se trató de un verdadero intento de golpe de estado.

Al no ser considerada una situación de guerra tradicional, para lo cual están pensadas la mayoría de las constituciones, el Estado boliviano no tenía las herramientas jurídicas para avanzar en esta investigación. Después de estos hechos, Bolivia incorpora tipificaciones ampliando lo que serían delitos contra el orden público en la nueva Constitución sancionada en 2009. Medidas similares se adoptaron en Ecuador y Venezuela, luego de sus propias crisis destituyentes.

Las reformas fueron en tres sentidos. Los delitos contra el orden público se amplían hacia la sedición, ocupaciones de cargo o traición a la patria. Los delitos económicos: sabotaje, agiotaje, boicot, desabastecimiento o ataques a los bienes estratégicos del Estado. Y, por último, los delitos ligados a la información falsa o secreta y al pánico financiero. Además, se establecieron penas para las acciones en las que se pruebe un intento de conspiración o alianzas con poderes foráneos.

Los nuevos golpismos en América Latina

Los cambios en la tipificación de estos delitos responden a lo que muchos investigadores e investigadoras caracterizan como nuevos mecanismos que tienen los Golpes de Estado en el siglo XXI. La mayoría de los estudios se han centrado principalmente en el Lawfare, pero no es la única manera. Se puede buscar en las obras de Tokatlián, Soler, Borón, Lesgard, Figueroa Ibarra, entre otrxs, que lo analizan desde diferentes geografías.

Algunos analistas dudan en llamar Golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Pero esto sería quedarnos atados y atadas a definiciones demasiado estrictas, que nos impiden entender una realidad dinámica. La orquesta que se montó en 2019, con una denuncia de fraude sin argumentos es digna de una profunda investigación.

El papel de la OEA

El accionar de la OEA, a cargo de Luis Almagro -organismo que recibe el 60% de su presupuesto por parte de Estados Unidos-, no es novedoso. El informe sesgado y parcial de Almagro fue rebatido por cientos de expertos, técnicos, institutos de investigación en todo el mundo. Un informe en Sputniknews amplía esta información[1]. En Estados Unidos, 28 congresistas pidieron que se investigue a la OEA por su rol en el golpe en Bolivia[2].

La OEA otorgó un paraguas institucional a los discursos y las acciones golpistas. Con su informe en la mano se tomaron las calles y las instituciones. Una cosa es la protesta social, y otra muy distinta es la coordinación entre escuadrones de la muerte -como los motoqueros del grupo Cochala[3]-, los acuerdos entre los principales líderes de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos y la triangulación con una organización como la OEA. Investigar esta relación es lo que demanda el pueblo de Bolivia por medio de sus instituciones.

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La judicialización de la política

Se utiliza el término “lawfare”–extranjerizado- para referirse a una guerra jurídica. Puede ser definido como “el uso indebido de las herramientas jurídicas para la persecución política” Según Silvia Romano. El concepto es complejo, porque se vincula con el género de las falsedades, plantea Raúl Zaffaroni, utilizado históricamente en política para destruir a un adversario. Sin embargo, el ex miembro de la corte también sostiene que la juristocracia en ascenso atenta a una destrucción del propio Estado de derecho.

El gobierno de facto utilizó las figuras jurídicas incorporadas en la Constitución boliviana en 2009, sin prueba alguna, para perseguir a militantes del MAS. El ex senador y auto nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, planteó a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Y así desataron una cacería judicial, incluso contra el propio Evo Morales.

La tendencia creciente a resolver conflictos políticos por la vía judicial es una realidad cada vez más común. Los nuevos delitos contra el orden público fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos del MAS en el gobierno de facto. Pero ¿qué otras herramientas hay para exigir justicia, si no son las propias instituciones?

La justicia de los pueblos no se negocia

“Nos dispararon como animales”, se titula el informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, resultado de siete meses de investigación en los que se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.

Los familiares y víctimas exigen verdad y justicia por sus muertxs. Hasta ahora, no han encontrado vías donde poder denunciar sin ser perseguidos en su propio país. La única manera fue recurrir a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.

La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos, el CELS y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019).

La judicialización de la política es una realidad, pero ¿quiénes instrumentaron en nuestra región la mayoría de las causas contra dirigentes políticos? Si primero saturan la justicia con causas infundadas, y luego la cancelan como herramienta legítima planteando que todo reclamo es un lawfare, ¿cuáles son los mecanismos para investigar?

El pedido de verdad y justicia en Bolivia significa pasar a la ofensiva con estas nuevas reglas del juego. Significa defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de su pueblo. Quiere decir también exigir debido proceso a la justicia boliviana. Como diría el propio Evo “busca sentar precedentes a nivel internacional, para defender la democracia, no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina.” Existe un peligro mayor al supuesto riesgo de un Lawfare de izquierda. El verdadero peligro es negarle a un pueblo los mecanismos y el derecho de exigir justicia.

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Por Julieta Caggiano / Collage Portada Iván Barrera

Vamos con algo para romper el hielo, ¿cómo llega Lu Gaitán a la astrología?  

La astrología me llama la atención desde que soy chica, solo que en mi familia no había mucho lugar para eso. Soy hija de marxistas, así que ya se podrán imaginar el lugar que había para estos mundos en mi casa. De todas maneras, siempre leí de manera autodidacta. Mis amigues en el secundario me decían Aschira por la data que tenía. Viéndolo en perspectiva era bastante superficial la información que tenía, pero esa fue la semilla de lo que vino después. Me metí de lleno en astrología en el año 2009, cuando estaba por recibirme de politóloga en la UBA y estaba en crisis porque no sabía de qué iba a trabajar. Me interesaba la filosofía política y todo lo ambiental. En el primer caso, sentía que iba a quedar encerrada en discusiones teóricas que no iban a tener un impacto concreto en el mundo. Y con relación a lo ambiental, no estaba en agenda política. Al día de hoy, todavía cuesta que tomemos conciencia de la crisis ecológica en la que estamos. En el 2009 también terminé una relación de pareja violenta. Así fue como metí en la astrología. Estaba en una, en varias, bah.  

Da la sensación de que la astrología gana fuerza y está cada vez más presente en las conversaciones sociales, ¿a qué asocias este mayor interés en la astrología?

Creo que se trata de varios factores a la vez. Por un lado, la astrología tiene un impacto muy potente entre millenials y centenials, que fuimos criadxs bajo el paradigma de la globalización, en el medio de una gran crisis de sentido, donde la tecnología y las redes sociales tienen un lugar fundamental. Eso hizo que empezara a circular información de culturas ancestrales que fueron olvidadas y relegadas durante muchísimo tiempo. Es interesante porque estas dos generaciones llevan el estandarte en contra de la espiritualidad institucionalizada, o sea, las religiones, pero sí tienen una apertura a lo espiritual más allá de los dogmas religiosos.

Además, nacimos y crecimos en el medio de la caída de las estructuras viejas del mundo, por eso digo que la astrología emerge en el medio de una gran crisis de sentido como posibilidad de encontrar respuestas. Millennials y Centennials nacimos con la crisis ecológica soplándonos la nuca. La astrología y lo esotérico nos muestran que estamos conectados a todo, al cielo, a las personas con las que me vinculo, a los árboles, los animales, los ríos y las montañas. Por otro lado, es cierto que estas dos generaciones tienen el gen narciso muy desarrollado, entonces la astrología aparece como un lenguaje que le habla al individuo y le dice quién es, quién puede llegar a ser o dónde está su potencial creativo. La astrología es un lenguaje muy antiguo y claramente excede a estas dos generaciones, pero sí me parece que la astrología tiene un impacto mayor que en otros grupos etarios. Lo veo en mis estadísticas de redes sociales: la mayoría de mis seguidores tienen menos de 40 años y lo he visto en la época en la que estudiaba astrología en Casa Once (escuela de astrología). En el 2010 la mayoría de mis compañeras eran mujeres de más de 60 años, mientras que hoy los cursos y talleres de astrología están llenos de gente de menos de 40 años. 

Vos has hablado en otras entrevistas de la posibilidad de hacer una astrología feminista, sobre todo a partir de la conexión con figuras como la bruja. ¿Cómo se relaciona la astrología con el feminismo?  

Creo que hay varios puntos de contacto: somos la disidencia, lxs que estamos por fuera del sistema. Y es interesante porque tanto el feminismo como el esoterismo pueden ser convertidos en productos que son vendidos en las góndolas del supermercado, pero eso no le quita mérito al esoterismo y al feminismo, sino que habla de la increíble capacidad de este sistema para tomar lo que es disidente y convertirlo en algo redituable. Otro punto de contacto entre esoterismo y feminismo es que transforman los mundos íntimos de las personas. Si queremos ser sincerxs en nuestra investigación, necesitamos hacer una indagación profunda que necesariamente va a cambiar nuestra forma de andar por el mundo, incluso nuestra forma de pensar y sentir. No digo que sea fácil ni cómodo, pero sí creo que es necesario. Por otro lado, me gusta pensar a la astrología como un lenguaje que nos permite nombrar vivencias que de otro modo no podríamos mencionar. El lenguaje tiene una cualidad performativa, esto es algo que desde el feminismo sabemos cuándo hacemos hincapié en la necesidad de un lenguaje que sea inclusivo/no binario, que le haga espacio a las disidencias sexuales o cuando cuestionamos el contenido de las canciones, de las series o las publicidades. En este sentido, el lenguaje es mágico porque crea realidades. Ahí hay otro punto de contacto. Por otro lado, la astrología en tanto lenguaje simbólico está vinculado a la mitología de Grecia y Roma, cuyos mitos son patriarcales. No sé si se habían percatado pero los nombres de planetas llevan nombres de dioses y diosas. Cuando investigamos los mitos, vemos que estamos llenos de historias de dioses abusadores, que hay una escasa representación de mujeres en el Olimpo y que las diosas que están ahí son “hijas de”, “hermanas de”, “esposas de”. La astrología tiene su componente patriarcal porque es, insisto, un lenguaje simbólico. En este sentido, es interesante mencionar que, con las distintas oleadas feministas, empezamos a trabajar con otros indicadores, como la llamada luna negra o los asteroides que llevan nombres de diosas independientes. Lilith, Pallas, Eris. Además, hay un detalle no menor, la astrología fue de varones blancos educados, mientras que las mujeres no tuvieron acceso a la educación durante mucho tiempo, de ahí que el tarot tenga una mayor presencia de mujeres, donde las imágenes tienen una mayor potencia que para la astrología, donde necesitas hacer cálculos. ¿Dónde se ve reflejado esto? Durante mucho tiempo, los varones dominaron el circuito astrológico, aun en el siglo XX. Es bastante nuevo que las astrólogas mujeres tengamos mayor protagonismo. 

Además de astróloga, vos sos politóloga, ¿cómo crees que la astrología puede dialogar con las luchas para construir otros mundos?  En especial, con la forma con la que nos relacionamos con la naturaleza y el planeta. 

Por completo. Como decía más arriba, la astrología y lo esotérico nos muestran que estamos conectados a todo, al cielo, a las personas con las que me vinculo, a los árboles, los animales, los ríos y las montañas. Cuando percibís esa relación, si sos coherente con esa percepción, tienen que cambiar tus hábitos de consumo y además, exigirle al Estado que haga su parte y movilizarte por eso, como con la ley de humedales o las granjas industriales de chanchos. 

En estos tiempos nos bombardean con ideas, imágenes, propuestas que exaltan la dimensión individual de cada persona, y hay ciertas miradas desde la astrología que se plantean más en estos términos, al estilo coaching o superación personal, ¿cuál es la relación entre lo individual y lo colectivo desde tu manera de ver la astrología y la política? 

A veces me encuentro repitiendo casi obsesivamente “lo personal es político”, porque creo que tenemos una idea bastante reducida de lo que significa político o política. La raíz de esta palabra viene de “polis” que en Grecia era la comunidad. O sea que político es todo lo que refiere a la vida en comunidad, a lo colectivo. Todo lo que hacemos es político porque no nace de un repollo, igual que cuando decimos que “no te trajo la cigüeña”, queriendo señalar que no hay mucha forma de escapar del legado familiar y el impacto de los primeros años de vida en la conformación de nuestra psiquis. El plato de comida es político, lo que consideramos “lindo” es político, la ropa que usamos es política, el deseo de (no) maternar es político. Todo esto forma parte de un entramado de relaciones más grande que el individuo que está comiendo una sopa de verduras de producción agroecológica, que le gusta una mujer gorda, que quiere usar ropa de varón pese a considerarse mujer o que decide interrumpir un embarazo porque no quiere ser madre.

Rechazar lo político es rechazar nuestra pertenencia a un colectivo y este es un legado del neoliberalismo, del “sálvese quien pueda” y donde terminamos creyendo que se trata de problemas individuales, cuando se trata de dilemas colectivos. Por ejemplo, creemos que los problemas de autoestima tienen que ver con aspectos duros entre Venus y Saturno y si bien es el nombre técnico astrológico que le damos, nos estamos olvidando de los modelos de belleza impuestos socialmente y reproducidos en los medios de comunicación. O que el problema para disfrutar de la sexualidad es porque no tengo planetas en casa 8 y en realidad, ¿cómo podrías disfrutar del encuentro sexual si trabajas 10 horas por día y todas las tareas del hogar recaen sobre vos? ¿Quién tiene ganas de coger y de encontrarse con otre si estás exhausta? Lamentablemente, algunas formas de abordar la astrología y lo esotérico colaboran con esto, creyendo que están más allá de todo, en posiciones aparentemente neutrales, pero profundamente individualistas y desconectivas. Esto es interesante porque la astrología centrada en el individuo y sus problemáticas es muy nueva en lo que refiere a la historia de la astrología. Esto es post Revolución francesa y post psicoanálisis. Antes de esto, la astrología sólo se ocupaba de cuestiones colectivas: cómo iba a ir la cosecha, si iba a haber invasiones de un pueblo vecino o si era conveniente ir a la guerra. Esta es la llamada astrología mundana. La astrología parte de la base que estamos conectados al cielo, en un vinculo que aun no podemos explicar por qué sucede pero sucede; con la astrologia también sabemos que las personas con las que nos cruzamos no son resultado del azar sino expresión más o menos consciente de nuestro campo energético, entonces la sociedad de la que formo parte también dice algo de lo que soy. Y esto es interesante porque si la astrología y la carta natal me dan pistas sobre cómo alcanzar una nueva versión de mí misma, también voy a estar aportando al cambio colectivo, del mismo modo que el colectivo va a impulsar cambios en mí, en un ida y vuelta constante. Como dicen lxs misticxs, “todo está conectado con todo”, que es una forma esotérica de decir que somos vinculares.  

Publicaste un libro sobre las venus que tuvo muchas repercusiones… ¿qué te sorprendió sobre esa resonancia? 

Lo que más me sorprendió y me hizo feliz fue que muchas personas me agradecieron que hubiera escrito ese libro porque se abrieron en ellxs preguntas y búsquedas nuevas. En general, estamos más acostumbradxs a esperar que la astrología nos dé respuestas cerradas o fórmulas para vivir bien y mi libro, Asuntos de Venus, no iba en esa línea. Es un libro que habla sobre las relaciones, los modelos de belleza hegemónicos, la autoestima y el placer, entendiendo que se trata de dos dimensiones, la personal y la colectiva, que están íntimamente vinculadas y podemos abordarlas desde la Venus de la carta natal de cada unx pero entendiendo que nada es puramente individual, aunque se trate de “mi carta natal”.  

Para terminar, estás por publicar un libro sobre las lunas en astrología, ¿qué expectativas te genera que llegue a nuestras manos en este contexto?  

Creo que la pandemia ha sido una sacudida en muchos niveles y muchas personas están haciendo cambios en su vida, en el marco que esta situación habilita, por supuesto. Desde cambios en la alimentación, en los vínculos, hasta la manera que tenemos de conectar con nuestro mundo interno, el autocuidado, también la repartija de tareas al interior del hogar en las casas donde hay varones y mujeres y el cuidado de les niñes. De todo esto habla la Luna en astrología, donde por supuesto, también está operando lo colectivo. Así que me ilusiona pensar que el libro va a seguir colaborando con los procesos de deconstrucción y armado de un nuevo mundo. Tranqui con las expectativas jaja.

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Por Julieta Caggiano/ Foto Félix Meléndez

Algo de lo quimérico se dispara cuando pensamos en el zapatismo. Como si lo imposible, por fin hecho, abriera paso a lo performático.  A eso que se realiza mientras se nombra como horizonte. Les indígenas del sureste mexicano, al conquistar su dignidad y permitirse un autogobierno, tomaron por asalto la imaginación colectiva. Atravesar las montañas del sureste mexicano es adentrarse en la neblina. La espesura, los paliacates, los murales y las pancartas reafirman estar en territorio rebelde. Nadie sale igual de este lugar.

Hilary Klein narra en su libro Compañeras, editado por El Colectivo y Tinta Limón en 2019, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo hace desde el ojo de las mujeres en rebeldía. Desde sus miradas, nos acerca a la genealogía de este movimiento y nos invita a recorrer sus luchas y sus contradicciones, sus conquistas y perspectivas. Klein fue parte de las brigadistas internacionales que llegaron a las comunidades como observadoras de derechos humanos.

El libro es una edición colectiva y las propias insurgentas autorizaron su difusión. El texto recupera testimonios de las compañeras que aterrizan palabras que nos permiten comprender su organización, al tiempo que echa luz sobre procesos de más larga data de la historia mexicana. En nueve capítulos, la autora sistematiza los principales debates públicos de la organización, mientras la voz de las mujeres va guiando el eslabonamiento de sus luchas.

Las mujeres zapatistas dieron vuelta su propia historia. Transformaron su cansancio en empoderamiento para enfrentar tanto al gobierno mexicano como a los patrones y a sus propios maridos. Pero no se puede llegar a comprender la magnitud de la transformación en sus vidas sin tomar en cuenta el punto de partida: ¿Cómo pasaron de las relaciones de servilismo a las de libertad e igualdad dentro de sus construcciones autónomas? ¿Cómo combinaron las visiones indigenistas y la de los nuevos movimientos sociales? ¿Cómo fue la lucha de las mujeres para garantizar su participación? Son algunas de las preguntas que Compañeras se propone abordar.

La lucha por la tierra y contra el patronazgo

La autora dedica el capítulo tres del libro a sistematizar la lucha por la tierra en las comunidades indígenas. Desde la época de la colonia se impuso la encomienda, institución que otorgaba a las familias blancas la potestad sobre las tierras y el trabajo indígena; estableciendo desde entonces una relación de servilismo. Tratos abusivos y castigos severos para hacerles sentir su –no-lugar. No sólo explotaban su mano de obra, sino que tutelaban moralmente, evangelizando a las comunidades. Más tarde continuado en el sistema de fincas (o hacienda), el patronazgo fue una figura central de disciplinamiento de las corporalidades indígenas, especialmente para las mujeres.

Además de la cruda realidad que vivían los pueblos originarios de Chiapas por su procedencia étnica y de clase, las mujeres acarreaban con una tercera opresión por su condición de género.

Uno de los testimonios que retoma el libro es el de María, indígena de la región de Morelia. Ella relata el intercambio que existía entre los propietarios de las “muchachas”, donde la mujer no tenía ninguna decisión, copiando el modo del patrón en el plano intrafamiliar. Si el padre aceptaba el alcohol ofrecido por quien la pretendía, aunque ella se negara, estaba obligada a acompañarlo. Los hombres trabajaban un año en la casa del suegro para “pagar” a las niñas que contraían matrimonio a los doce o trece años.

Cuando la decisión no la tomaba el padre lo hacía el terrateniente de la finca. Se obligaba a las niñas a estar un año con ellos antes de entregarla al muchacho que la demandaba, muchas veces pariendo hijos producto de los abusos sexuales. En este entramado, el mestizaje muestra su verdadero rostro como parte de la huella de violación de nuestro continente.

Algunas vivían en fincas y otras en ejidos o rancheríos, herencia de la Revolución mexicana, que en 1920 otorgó este tipo de propiedad colectiva a algunas familias sin tierras para que las gestionen de forma comunitaria. Sin embargo, los títulos pertenecían únicamente a los varones. Esto fue así hasta 1971 de manera formal, aunque se extendió en la práctica, incluso dentro de las comunidades zapatistas, hasta hace muy poco tiempo, cuando las mujeres arrebataron este derecho dentro de la organización. Hasta entonces, aquellas que osaban enfrentar esta realidad quedaban condenadas a la miseria económica.

Génesis del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Les zapatistas asumen que su lucha se remonta a los 500 años de coloniaje que cargan en sus espaldas. El libro rescata, en los capítulos iniciales, algunos antecedentes de mediano plazo para comprender la formación clandestina del EZLN en los ochenta y pública a partir de 1994. Las organizaciones de bases urbanas y estudiantiles, referenciadas en el maoísmo, confluyeron en un trabajo territorial junto a la iglesia. Estos movimientos se dieron de manera paralela, aunque complementaria. La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y en particular el Obispo Samuel Ruiz, adeptos a la teología de la liberación, fueron fundamentales en el proceso de organización autónoma.

Pese al rol histórico que tuvo la Iglesia Católica, manchando con sangre gran parte de nuestra historia latinoamericana, la Diócesis de San Cristóbal fue un enclave de protección de los pueblos indígenas en Chiapas. En el 2001, en un encuentro de mujeres zapatistas en Morelia, se remarcó tajantemente que su participación tenía un capítulo anterior al EZLN y era cuando empezaron a caminar con la diócesis. Con la Comisión Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), las mujeres empezaron a encontrarse, a reconocerse, a organizarse, alfabetizarse y formar cooperativas.

En un principio, relatan, fue muy difícil la inclusión de las mujeres. Amina, indígena tzetzal, expresa que “la organización quería que participemos, pero los maridos no nos dejaban salir de casa. Mientras ellos salían a trabajar, nos levantábamos a las tres de la madrugada a moler maíz para el desayuno, y después a seguir con la crianza y las demás tareas del hogar. Nos decían que queríamos salir para buscar otro hombre y no nos permitían ir a las reuniones”.

Pese a que, inicialmente, los referentes solían ser hombres, hubo muchas mujeres insurgentas. Lo primero era ser base de apoyo, decían, “y mejor ir a agarrar un arma e ir a la montaña antes de que te casen. Algunas teníamos poco más de once o doce años”. Para empezar a ejercer la libertad había que pasar por el desarraigo. En la montaña las tareas eran iguales y se generaban otro tipo de vínculos. Tomar las armas era una muestra de que no existía rol ni posición que no pudiera asumir la mujer. Al subvertir estos roles, las insurgentas modificaron no sólo la relación con sus compañeros hombres, sino la autopercepción que tenían sobre sus propias fuerzas. Saberse iguales hizo que comenzaran a ocupar roles de liderazgo en otros espacios de la organización.

La lucha de las compañeras: saberse iguales.

Las mujeres zapatistas, sometidas al desprecio sistemático de sus maridos, los patrones y el Estado, se organizaron en la clandestinidad en la que estaba el EZLN desde 1983. Cuando decidieron asumir la visibilidad pública, el 1 de enero de 1994, se plantearon luchar no solo por sus reivindicaciones como indígenas, sino también como mujeres. La fuerza que les dio ser milicianas o insurgentas en la toma de varias ciudades de Chiapas la incorporaron a las estructuras del EZLN, donde tuvieron que enfrentarse a las encarnadas prácticas machistas.

La generación de compañeras que ingresó a las filas militares del EZLN en la década de 1980 introdujo un cambio inaudito. En 1985 realizaron una movilización que fue un parteaguas para todas ellas. Demandaban una Ley Seca, planteando que el alcohol profundizaba la violencia machista en sus propias familias. Era un mecanismo de control social tanto para los patrones, que muchas veces les pagaban a sus trabajadores con el trago, como también una forma de endeudar a las familias indígenas y profundizar su dependencia. Fue también excusa para golpear y hambrear a mujeres y niños dentro de cada familia. El ELZN aprobó esta Ley en 1992.

La marcha desató la furia de los maridos, quienes respondieron masivamente con golpizas a sus mujeres. La lucha de las compañeras dentro del movimiento fue muy ardua, y contradecía incluso los decires de los ancianos indígenas y las costumbres arraigadas que nunca las habían considerado como pares. En 1993 el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) aprobó el documento que llegaba en forma de borradores de cada región zapatista. Se trataba de la Ley Revolucionaria de Mujeres, difundida unos meses después del primer levantamiento. Esta fue una conquista muy importante para la organización de las mujeres dentro de la organización, que implicaba transformaciones radicales en las comunidades.

Susana leyó el documento: “Queremos que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad. Queremos derecho a decidir nuestra palabra y que se respete. Queremos derecho a estudiar y hasta de ser choferes”. Entre codeos incómodos, un responsable tzeltal comentó: “Lo bueno es que mi mujer no entiende español, que si no…” Una oficiala insurgente, tzotzil y con grado de mayor de infantería, le responde: “Te chingaste porque lo vamos a traducir a todos los dialectos”.

El principal desafío de las mujeres zapatistas era hacer que esta Ley, nombrada y escrita, sea una realidad efectiva. Era también la perspectiva de todo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando se plantearon ya no pedir más permiso para ser libres y decidieron empezar a ejercer sus derechos. De esta manera, lo performático se transformaba en huella y horizonte. Es que les zapatistas, cuando miran para adelante en realidad miran la huella de sus pisadas. Lo performático nace cuando a las muertes por enfermedades curables le contraponen un sistema de prevención de salud con plantas medicinales, o con clínicas donde realizan intervenciones complejas. Cuando dejan la educación formal que les negaba sus raíces para impulsar las “escuelitas”, experiencias de educación popular multiculturales, bilingües y hasta trilingües.

Dentro de lo que es el mayor movimiento autonomista de América Latina, las mujeres son la punta de lanza. Ellas son educadoras, promotoras de salud, insurgentas, milicianas, referentas. La imagen de la comandanta Ramona y la insurgenta Ana María, ambas al frente de las negociaciones con el Estado de México en los Acuerdos de San Andrés, dieron la vuelta al mundo y otorgaron mayor visibilidad a las mujeres del movimiento y sus demandas.

Las compañeras abren paso a su participación con toda la potencia de su cansancio. Las zapatistas tejieron, a partir de su visibilidad internacional, redes de apoyo que rompen fronteras. Se reivindican como mujeres feministas, hermanas de todas las que sufren, mujeres que luchan. Aportando una visión indígena al movimiento feminista, se suman a las movilizaciones internacionales por los derechos de las mujeres. En esta red revolucionaria, encuentran apoyo, fuerza y sostén para seguir la lucha en sus comunidades. Para seguir caminando mirando para abajo, hacia sus pasos. Para que lo imposible siga siendo realidad en el sureste mexicano.

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Por Julieta Caggiano

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y  Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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