Por Vivian Palmbaum / Fotos por Juli Dorin y Julianite / Diseño: Ivan Barrera

La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.

Caravana en apoyo al acampe Qopiwini

La pandemia al acecho

El Chaco fue una de las provincias más afectadas inicialmente por el coronavirus, con unos 4606 casos y 188 muertes, una cifra que se va modificando a medida que pasan los días. En el Gran Resistencia la situación es muy compleja. Desde Marcha consultamos a Charo Alcide, integrante de la organización social Mujeres Clasistas Combativas en el Chaco (MCC) para conocer en profundidad el estado de los pueblos originarios respecto de la pandemia.

”La situación de pobreza, discriminación, opresión y represión de estos pueblos se ha incrementado. Durante la pandemia, sufrimos situaciones muy graves. La policía salía a la cacería de los integrantes de los pueblos originarios. Los corrían en las camionetas con balazos de goma. Todo lo que tenía que ver con el reclamo por la libertad de esos compañeros se hizo muy engorroso, porque nadie atendía por ningún lado´”, explica Alcide.

Y agrega que esas personas “siguen detenidas en distintos lugares por el solo hecho de salir a buscar el sustento diario, el pan; lo que hace falta en esta pandemia donde todo se ha complicado impresionantemente”.

Pero más allá de la pandemia actual, Alcide afirma que “todo intento del pueblo de poder juntarse siempre ha sido reprimido por el gobierno del Chaco. El manoseo constante es histórico y se sufre por ser originario, por ser mujeres originarias y por ser pobres. Es una situación que no nos cabe ya en definiciones porque todo se ha dicho en los últimos tiempos”.

Respecto de las acciones concretas que llevó adelante el gobierno ante la situación que despertó la pandemia y el respectivo aislamiento, explica que “si bien es cierto que ha asistido con mercaderías a algunos pueblos y barrios de Resistencia, donde hubo un brote muy grande del Covid 19, eso duró un tiempito. Después, todas las promesas que hizo el gobierno están haciendo agua y ya las comunidades y los pueblos originarios están saliendo nuevamente a manifestarse en las inmediaciones de los lugares y sus territorios”. Incluso, Alcide apunta a los fondos que se destinan, que no fueron actualizados: “El gobierno no se puede seguir manejando con los presupuestos de 20 años atrás, porque nacieron cientos y cientos de pueblos originarios que hoy ya tienen familias con hijos y que, al ser parte de las grandes villas y asentamientos de Gran Resistencia, viven de una manera deficitaria y en pleno hacinamiento que no se puede sostener”.

Ser originaria, ser mujer

Otras de las problemáticas que surgen es cómo sufren las mujeres las violencias continuadas desde las instituciones, mientras son quienes organizan las respuestas cuando el Estado decide ausentarse. Así lo contó Charo Alcide: “Hay una cosa que es terrible que es el trato que les dan a las compañeras originarias desde las instituciones. Por ejemplo, compañeras originarias que están llevando adelante comedores con mucho esfuerzo, ollas populares y el gobierno no atiende los teléfonos, no les da respuesta, pero siguen haciendo tremendo sacrificio para llenar las panzas. Y lo hacen llevando adelante actividades de donaciones, venta de empanadas, de lo que sea”.

Por otra parte, también explica Alcide: “las compañeras originarias siguen viviendo todo tipo de violencia. En el Gran Resistencia sufren a la par de las compañeras criollas eso de ir a las comisarías y que nadie las atienda o que les cajoneen y nunca más sean solucionadas sus denuncias”.

Para las comunidades originarias la relación con el territorio es inherente a su modo de vida. Desde el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela DD.HH.”, organización no gubernamental de Derechos Humanos de Chaco, que cerró tras el fallecimiento de Rolando Núñez, explicaban que el conflicto de los pueblos originarios y de la tierra aparecen asociados porque el problema de la tierra y el agua es la esencia del problema indígena: “el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra”, afirmaba José Carlos Mariátegui en 2009. La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes naciones indígenas entendida como entidad colectiva y propiedad cultural no ligada a la lógica individual y económica.

Defender a la comunidad y el ambiente:

Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi

“Whasek” es el vocablo wichi que designa al escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Así lo explica Fabián Ariel, vocero de la Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi del Chaco. Las actividades de la Guardia comenzaron a finales de 2018. La iniciativa colectiva tiene su base principal en El Sauzalito, y otras dos bases en las localidades de Techat y Fortín Belgrano. Se ubica en la zona del Impenetrable, donde habita el pueblo wichi y se interna el espeso monte chaqueño que lucha por sobrevivir a la tala de árboles y donde especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, entre otras, se encuentran en peligro de extinción.

El Impenetrable esta bordeado por cinco pueblos principales: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes.

La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas comunitarias ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes y cercanas al Parque son:

• Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
• Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
• Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas a 10 km del parque, hacia el Sur.
• Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el Gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.

Al menos unos 400 hombres y mujeres wichis, desde los 17 años, integran la Guardia comunitaria para defender un territorio que abarca aproximadamente unas 150 mil hectáreas.

La pelea que llevan adelante desde la organización tiene que ver con un reconocimiento oficial que les permita accionar sin ningún tipo de trabas ni hostigamientos. Por eso, detalla: “En un principio nos dieron una resolución del municipio y ahora tenemos la resolución provincial de julio pasado, donde reconocen la guardia comunitaria ambiental. Así, logramos que se nos mire, se nos escuche, y se constituya un nuevo orden de cuidado territorial como será nuestra guardia comunitaria ambientalista. Ahora lo que pretendemos es un decreto, que nos parece que nos da mayor reconocimiento. Más adelante vamos a pelear por una ley de seguridad indígena”.

En ese sentido, el vocero reflexiona sobre “la enorme responsabilidad de seguir caminando un sendero único en el país, la existencia de un pueblo wichi organizado en el cuidado y conservación de su territorio mediante nuestra guardia comunitaria ambiental”. Y se pregunta, y nos pregunta: Si Parques Nacionales puede cuidar los parques, nosotros, que somos los dueños de las tierras, ¿por qué no podemos cuidar nuestras tierras?”.

Es que en el Impenetrable, el conocimiento del territorio es fundamental. Y con eso se relacionan los trabajos Entre las funciones de la guardia comunitaria están las de tratar de detectar situaciones que pasan dentro del territorio como incendios, tráfico ilegal de maderas, de animales o drogas, entre los más importantes. Ariel cuenta: “por ejemplo hace poco se perdió una persona y se logró encontrar”. Y agrega que el trabajo que realizan “es ad honorem, no tenemos sueldo, los muchachos sienten la necesidad del territorio, por eso ellos se comprometen en velar por el territorio”. Sin embargo, a pesar de la actividad amorosa y de cuidado que desarrolla la Guardia para proteger el territorio y a la comunidad que la habita, sufren hostigamientos: “ante alguna situación que pasa en nuestro territorio se alerta, y eso por ahí molesta”. Uno de los mayores obstáculos que se repite son las relaciones con el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta los medios de comunicación que vienen criminalizando la defensa territorial.

“Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”

La tan mentada inseguridad por parte de las empresas de comunicación se refleja de manera muy diferente en este territorio: “En las 150 mil hectáreas tenemos distintas reservas indígenas, con título de propiedad. En 2018, salieron 100 mil hectáreas que también las luchamos porque le corresponden al pueblo wichi, de la Gran Reserva que también estaba en conflicto. Lo que nos preocupa es la inseguridad que puede afectar a nuestras próximas generaciones”.

Una de las explicaciones que agrega el vocero es que las comunidades están en una zona limítrofe con Formosa y Salta: “por ahí está la entradera del narcotráfico, la madera, hojas de coca; es un pasadero. Estamos sobre las orillas del río”.

En el mes de mayo, esas mismas empresas de comunicación realizaron una campaña en su contra “acusándonos de violentos, paramilitares y tantas otras mentiras. Buscando generar en la sociedad un rechazo hacia el proceso que venimos andando como Guardia en defensa de nuestros montes y de nuestra cultura. Presionando para que la justicia y el poder ejecutivo provincial actuara con urgencia para resolver ‘el problema de la guardia Whasek’. Las consecuencias fueron que varios hermanos wichi fueran imputados por resistencia, atentado y usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, detalla Fabián Ariel. Pero, no todo se mide con la misma vara: “Vemos que se llevan madera día y noche. Nadie ve eso y no le dicen que son criminales, en cambio nosotros que queremos proteger cuidar a nuestros pueblos nos tratan de criminales cuando realmente no es así”.

Greenpeace es una de las organizaciones que más visibilidad le está dando a la tala ilegal de bosques, que en varias provincias, como Chaco, no ha cesado ni en tiempos de aislamiento social. El desmonte que destruye los bosques, la fauna y empobrece la tierra está ligado al negocio maderero, pero también se realiza con fines de extender la frontera agrícola; es decir, instalar y expandir el monocultivo sojero.

Respecto de esas alertas, Ariel cuenta que la policía y el intendente pidieron la colaboración de la Guardia para ayudar a controlar quién entrara y saliera en los ingresos del pueblo y también a controlar que a quienes les diera positivo del Covid se quedaran en sus casas.

Sin embargo, a pesar de que la resolución reconoce que el trabajo de la Guardia se articula con la policía, sufren situaciones de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. “Ellos no aceptan”, explica Ariel. Y continúa: “Anteanoche tumbaron la barrera de la guardia, insultaron, dijeron cosas feas, hubo amenazas, pero no respondimos. Creemos que esa no es la manera de los funcionarios policiales. Padecemos la persecución y el hostigamiento, estamos discriminados, pisoteados, no quieren reconocernos cuando en realidad nosotros fuimos a pedir al gobierno para que nos dé la facilidad de velar nuestro territorio. Siempre lo hemos aguantado, siempre hemos callado”.

Pero ese silencio no es pasividad, y detalla: “Se prestan mucho fiscales como otros funcionarios para criminalizar a un pueblo milenario que busca el bien y los criminales son los que andan dentro de nuestro territorio con la droga, con el alcohol, cosas perjudiciales para un pueblo y futuras generaciones. Estamos en la mira de los jueces y de los fiscales. La justicia debería estar con las cosas que son delitos”.

Para cerrar Fabián Ariel teje lazos con otras comunidades defensoras y reafirma la acción de la Guardia: “Vemos en otras comunidades también por ser los defensores, por ser quienes llevan la protección de un pueblo de una comunidad o del medio ambiente se los empieza a perseguir como sucede con los mapuches. Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”.

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Por Julianite

Nicole Alejandra Saavedra tenía 24 años y vivía en Quillota, una zona rural de la quinta región en Chile. Era visiblemente lesbiana, usaba pelo corto y le gustaba ponerse ropa de varón, era de muy bajo perfil, siempre iba riendo y ese era su rasgo más característico; de hecho nunca se la veía enojarse. Ser lesbiana en un pueblo como ese significó un sinfín de agresiones que terminaron con su asesinato el 17 de junio de 2016. Ese día, Nicole salió de su casa para encontrarse con amigues y a la mañana siguiente, bien temprano, tomó la micro (bus) de vuelta, le avisó a su mamá que estaba por llegar pero jamás regresó a casa.

De forma instantánea se arrancó la búsqueda por redes y por el sector de Quillota, así se enteró gran parte de la comunidad lgbtttiqa+ de Valparaíso, a una hora de distancia de donde era Nicole y luego todo el país. Siete días después de su desaparición, el 25 de junio, un trabajador la encontró en el Embalse Los Aromos, en Limache. Estaba maniatada, torturada, con todas sus pertenencias menos el celular y con una data de muerte de 30 horas. Tras años de lucha, apareció el primer imputado por su crimen de odio, Victor Pulgar Vidal, el chofer de ese micro que había tomado Nicole para regresar a su casa y actualmente está preso.

Movimiento Justicia por Nicole: luchar hasta la verdad

María Bahamondes es prima de Nicole (fueron criadas como hermanas), y fue uno de los rostros fuertes en la búsqueda por justicia de su familia. Ella toma contacto con diferentes colectivas y participa desde el comienzo a organizarse para visibilizar el asesinato como un crimen de odio. En diálogo con Marcha nos contó que el cariño que recibió desde las colectivas fue enorme y que han logrado desde el Movimiento Justicia por Nicole que se conforma con varias colectivas y coordinadoras llevar el caso a la lucha en las calles para que los medios hablen al respecto y a las redes sociales con muchísimas acciones sabiendo que sin todo ese esfuerzo nunca hubieran llegado al asesino, desde ese cariño que le dio la lucha, María siente que Nicole jamás murió y que será eterna.

María nos contó que la causa judicial en estos momentos está en reserva, que no tuvieron muchos avances por el tema de la pandemia y que para el 7 de julio, se pidió una audiencia donde fiscalía está pidiendo plazos de investigación, “piden 90 días y nosotros queremos que nos den 120 días para poder seguir investigando ya que es necesario y que no hay nada que perder ya que el acusado está preso, entonces es necesario hacer todas las investigaciones para llegar a los otros culpables, ya que se deja entrever que Víctor Pulgar Vidal no sería el único autor del crimen”, contó. Parece ser que hay mucha gente detrás y necesitan más tiempo para poder demostrarlo.

La familia de Nicole tomó esta decisión tras recibir varios llamados de diferentes chicas, pero hubo un llamado de una chica trans que dijo ser abusada por la locomoción colectiva en un microbús que viajaba desde La Calera a Valparaíso, ella pudo identificar a su abusador, la rabia y la pena es enorme ya que allí, en la zona roja, como se le llaman ahora, siguen pasando muchas cosas y se evidencia la falta de control en cuanto a papeles de antecedentes de los choferes para ver si están aptos para realizar ese trabajo y tener contacto con menores de edad. Actualmente, continúan bien enfocadas en seguir investigando y seguir ayudando en estos nuevos casos y testimonios.

En 2018 se realizó una toma de la fiscalía, las cinco personas que estuvieron allí fueron y siguen imputadas y las están tratando de culpar por cosas que no han hecho ya que nunca rompieron nada dentro y fue una toma pacífica donde además fueron golpeadas. Esta reacción de la justicia generó mucha rabia e impotencia, ya que en Chile las familias de las víctimas tienen que exigir penas dando pelea contra la incompetencia, arriesgando todo y siendo incriminadas. La justicia no opera como debería, y por eso desde la familia van a continuar luchando hasta saber la verdad.

A pesar de esto, luego de la toma, y el cambio de fiscal a César Astudillo, apareció el actual imputado, Victor Pulgar Vidal, quien hoy está tras las rejas con los cargos de “homicidio con agravante de violación y del robo del celular”. Actualmente apelarán desde la defensa con la Ley “Daniel Zamudio”, que lleva el nombre de quien fuera asesinado en 2012 por un grupo de neonazis que lo golpearon hasta morir por ser homosexual. Esta Ley busca instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo. Pero encuentran muchos vacíos en la Ley promulgada por Sebastián Piñera y que rige desde 2012. La abogada Silvana del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la familia de Nicole piden cadena perpetua calificada.

María nos contó que como familia tomaron la decisión de crear la Ley “Nicole Saavedra”, y para impulsarla, la opinión más importante será la de las lesbianas de norte a sur de Chile, de distintos territorios y que no tienen las mismas problemáticas; para ello van a tomarse todo el tiempo que deban para que quede perfecta y sin ningún vacío legal. También, enfocarla en que se fiscalice a los choferes de las micro; por eso, saben que va a ser un proceso largo y será un trabajo grande. María está convencida de que lo van a lograr. Ya han logrado mucho.

A 4 años, una semana de agitación por Nicole

En otra charla que tuvimos con Leila, quien conforma la Mesa de Justicia para Nicole (en redes las encuentran por Instagram: Justicia para Nicole y en Facebook: Justicia Por Nicole). “Los primeros años fueron muy duros, porque al comienzo eran muy pocas las que estaban colaborando, era ponerle el cuerpo a manifestaciones donde eramos las mismas cinco y con el tiempo se sumaron agrupaciones feministas y lesbofeministas”, contó. Desde las redes difunden las acciones y los datos sobre el caso y allí todxs pueden sumarse a compartir el material para seguir visibilizando el reclamo. Desde que se conoció la historia, hicieron velatones, murales, escraches, propaganda feminista, festivales en Valparaíso y en Quillota.

Del 17 al 25 de junio de este año, y como todos los años, se hizo la semana de agitación por Nicole, con actividades como radios abiertas y conversatorios, todo por plataformas online con el propósito de continuar visibilizando la historia. En este nuevo aniversario, se presentó el documental Justicia Por Nicole Saavedra que muestra algunas acciones que se realizaron desde el 2018 al 2020. Y también se presentó el documental Camionas, que cuenta la historia de Nicole, de María Pía Castro y Susana Sanhueza de María, todas lesbianas visibles que habitaban el sector más rural llamada la quinta región y que fueron asesinadas por odio. Hace años que vienen las lesbianas considerando ese sector como una zona roja de Chile por todos los casos que hay allí.

Leila nos compartió la indignación cuando se llegó al nombre del acusado actual, Victor Pulgar Vidal, ya que era la primera persona que tendrían que haber ido a buscar porque el último registro de Nicole es un mensaje donde dice que está en la parada por tomarse el bus para ir a la casa. “Cualquier persona iría a investigar en primera instancia a la empresa de colectivos y al chofer, quien resultó ser el responsable de haber torturado, secuestrado y asesinado a Nicole”, dijo. En lugares rurales de Chile, el hostigamiento hacia las personas lesbianas, trans, gays y toda su comunidad sigue siendo la misma que cuando asesinaron a Nicole. De hecho, en diferentes actividades en Quillota, como pegatinas, las personas iban a despegar los afiches y las acosaban constantemente insultándolas. Los sectores rurales son muy conservadores y religiosos, lugar de gauchos con su argumento tradicionalista, por todas estas situaciones es considerado un lugar peligroso para toda la comunidad lgbtttiqa+ tanto para caminar o habitar estos espacios.

Además de acompañar la causa de Nicole Saavedra, la compañera Leila integra la Campaña para la Absolución de Higui en Argentina y acompañó desde el inicio de la visibilización de la historia hasta estos días. En Valparaíso, conformaron la Campaña Sin Fronteras por la Absolución de Higui para difundir el caso y ejercer presión no solamente desde Chile sino también haciendo un nexo entre varios territorios y poder mostrar como operan estos crímenes de odio, la violencia hacia las lesbianas y la comunidad lgbtttiqa+ e instalar la problemática. Una manera de decir basta de que nos maten y que ni siquiera podamos defendernos. La forma de activar allá en Chile es muy distinta que en otros territorios, a pesar de ser un país que ha tenido muchos años de dictadura que han forjado una sociedad muy conservadora en donde está mucho más fuerte el discurso del “no te metas”, todo está transformándose y cree que la resistencia es mucho mayor en Chile justamente por tantos años de represión el sector más radical es mucho más radicalizado que en Argentina, por ejemplo el movimiento anarquista en Chile va al frente y lo da todo sin importar las consecuencias siendo más contestatario que en Argentina.

Debatiendo con sus compañeras, plantearon que ellas llevaron a Chile la historia de Higui como una invitación a que el lesbofeminismo se haga cargo de este tipo de problemáticas, costó mucho que organizaciones afines y feministas se pronunciaran por el caso de Nicole porque no estaba esa forma de organización allá y luego se fueron sumando más personas autoconvocadas y también la colectiva AnfiniDales (en Facebook Afini Dales) y tomó mayor repercusión por la difusión que se generó después de casi dos o tres años. Hoy son un grupo gigante donde hay un montón de colectivas y de compañeres autoconvocades que les posibilita hacer un gran ruido para pedir Justicia por Nicole y por todas las personas de la comunidad lgbtttiqa+ que fueron víctimas de crímenes de odio. Esta metodología de organizarse con compañeras migrantas fueron llevadas del aprendizaje de Argentina con la experiencia de Madres de Plaza de Mayo, quienes han ganado en derechos humanos en el país gestando muchas organizaciones y colectivos tras una larga historia de lucha popular y esa es la experiencia que llevan y que la implementan juntándose a hablar y plantear estas problemáticas con les compañeres afines, con las lesbianas, con la comunidad lgbtttiqa+ para visibilizar sobre esta situación y hacernos cargo que nos compete a nosotres como comunidad, que nos están matando y que es hora de hacer algo.

Leila, como activista, siente que al haber nacido en el conurbano bonaerense, en un barrio muy parecido al de Higui, se ve representada en su historia y en la de Nicole. Siente que le podría haber pasado a ella y que le podría pasar a cualquiera de nosotres; por eso, se une a la lucha colectiva por aquelles que hoy no pueden estar ya que es nuestra comunidad a la que están matando y es hora de plantarnos porque no hay futuro. Está todo muy raro y hostil el mundo para que nosotres no nos juntamos entre nosotres y busquemos esa afinidad que hace acompañarnos para conseguir esa especie de justicia que la ve más representada como venganza; ya que no cree en la justicia, sino en vengar a aquellas personas que estuvieron solas y que fueron agredidas por ser lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, no binaries, intersex o queers.

La revuelta popular, presente para las lesbianas

En Chile, hay más resistencia porque hay más represión al pueblo Mapuche. Para las activistas del otro lado de la cordillera, la lucha va por ese lado y lo que pasó con la revuelta social el año pasado -mucha gente no se lo esperaba y otra gente si-. “Este pueblo fue como una olla a presión que llegó a su punto máximo en octubre del año pasado y explotó, y les compete a todas las personas en esta crisis social ya no importa si eres de un sector alto o del pueblo, porque todxs están sufriendo desigualdad y esas problemáticas sociales y económicas generó que la lucha sea colectiva”, dijeron.

Las que agitaron por la memoria de Nicole estuvieron en las revueltas y lo describen como algo “impresionante y emocionante poder vivirlo”. Una mezcla de emociones, al principio no lo podían creer, ese estallido de lucha popular era impresionante; ver como la gente comenzó a manifestarse y a tomar las calles para que todo cambie, luego se dieron cuenta que esto también fue operado por los mismos opresores siendo una puesta en escena para que pudieran justificar esa forma brutal de represión. Pero la lucha popular superó las expectativas de los gobernantes, ya que en la calle las manifestaciones eran diarias y la emoción también porque eran viejos, jóvenes, adultos mayores, niñes, todes estaban allí dando cara en la calle y poniendo el cuerpo. A medida que se fue recrudeciendo la represión empezó el temor por les compañeres cercanes y por ella misma.

Actualmente en Chile, llevan tres semanas de cuarentena y mucho control. No se puede trabajar en la calle y muches son trabajadores ambulantes a quienes cuesta mucho poder generar dinero. La policía está más presente en las calles y les pueden llevar detenides en cualquier momento, entonces la situación les pone de vuelta en un desafío como sociedad. El COVID19 le vino al gobierno de Piñera, como anillo al dedo para acallar esa furia popular, pero Gueila y muches, confían que esa llama está intacta en el pueblo y que es la esperanza diaria para continuar y esperando retomar con más fuerzas cuando puedan volver a las calles.

La lucha por Nicole Saavedra es entrecruzar experiencias de diferentes territorios y fundirlas en herramientas para continuar exigiendo justicia. La Ley que llevará su nombre será una herramienta para que se comience a implementar protocolos para investigar crímenes de odio, se reconozca el uso de la legítima defensa, se implemente formación en autodefensa en nuestras comunidades, y que las personas que ocupen cargos donde sean responsables por la vida de otres sean controlados para descartar antecedentes de violencia de género o conductas abusivas.

A través de este proyecto, la familia de Nicole nos invita a apropiarnos de nuestros territorios y comenzar a visualizar las problemáticas de nuestras comunidades para continuar exigiendo los derechos que nos niegan y poder caminar tranquiles nuestras calles. Para que no perdamos nunca más a nuestras compañeras lesbianas en nombre del odio y la intolerancia y para que la justicia escuche las voces de toda una comunidad que lucha por sobrevivir a las garras de un sistema socio- politico que nos oprime, mata y pretende olvidarnos. no lo permitiremos lucharemos incansablemente hasta saber la verdad para que su familia sienta un poco la paz que les han robado y así perpetuar el nombre de Nicole Saavedra en una ley que será construida de manera colectiva para que no tengamos que sentir mas miedo de existir y vivir libremente siendo todo lo lesbiana que queramos ser.

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Fotos y texto por Julianite 

El 7 de junio, “Higui”, Eva Analía de Jesús, cumplió 46 años y la Campaña por su Absolución inició una colecta para ayudarla ya que se encuentra en una difícil situación económica dado el contexto de aislamiento social obligatorio por COVID-19. Hoy además, se cumplen exactamente tres años desde que salió de la cárcel gracias a la organización popular.

Actualmente, Higui se encuentra sin celular y se le rompieron sus anteojos complicando todo tipo de comunicación con personas allegadas. Por estas razones, les compañeres organizades para su absolución dispusieron de un email (absolucion.higui@gmail.com) para poder enviar dinero a través de la plataforma de Mercado Pago y de esa forma ayudarla en su día a día a atravesar la cuarentena sin sufrir necesidades básicas y esenciales. 

La última vez vimos a Higui, nos organizamos para cubrir una entrevista a ella con Luz Aimé, otra condenada por los prejuicios y las normas sociales. Estuvimos en el Hotel Gondolín y nos dejó frases como “ojalá nos dejen cumplir nuestros sueños Luz, porque todas tenemos derecho a tener sueños y cumplirlos, nosotras también”. Y recordándonos que siempre es momento de ayudar a une compañere, darnos la mano y acompañarnos en la lucha organizándonos como podamos y con lo que tengamos para dar. Porque no hace falta que las historias trasciendan en los medios o en las redes, para Higui todes merecemos ser ayudades. Por eso, había aceptado con mucho gusto la invitación para conocer a Luz Aimé, a quien le dijo que quisiera ser su amiga ya que quiere mucho a las chicas trans porque para ella son sus hermanas. Higui tiene una hermana trans con quien se aconsejan y cuidan mutuamente. 

Ese día pudimos ver a una Higui soñadora, con mucho empuje esperando un juicio que no se dió en ese momento pero que sigue esperando con mucha esperanza de que el poder judicial pueda escuchar su voz y testimonio. Recordemos, “Higui” es Eva Analía de Jesús, una torta del conurbano profundo que estuvo privada de su libertad desde la noche en que se atrevió a defender su integridad del ataque de un grupo de varones violentos que la abordaron en su barrio con fines disciplinadores de su orientación sexual. Una agresión en contexto de amenazas que podría haber sido mortal y por la que fue imputada de forma inmediata por herir de muerte a Cristian Espósito. Esto pasó el 16 de octubre de 2016.

Actualmente, Higui está esperando, ya que en agosto de este año su juicio podría llevarse a cabo. Su abogada, Gabriela “Chiqui” Conder, prevé que lo más probable es que se vuelva a posponer, ya que están dando prioridad a los juicios de personas que se encuentran privadas de su libertad. Pero mientras, acá estamos, unides para poder colaborar con Higui como cuando logramos su liberación. Ahora vamos por su absolución para que ella pueda resignificar todos estos años de lucha y arduo esfuerzo físico y psíquico, para que pueda sostenerse sin sentir pánico a la idea de volver al encierro. Porque Higui es un alma libre y jamás nunca debería volver a prisión por haberse defendido. 

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