En las últimas semanas se multiplicaron los casos de violencia policial sobre estudiantes o dentro de establecimientos educativos. Esta escalada represiva es acompañada de todo un arsenal de argumentos y verborragia reaccionaria contra la educación pública y los que “tenemos que caer en ella“.

El 20 de abril en el Colegio Mariano Acosta durante el mediodía los estudiantes realizaban una clase pública al interior del colegio en apoyo a la lucha docente mientras policías uniformados y armados estaban en la esquina del mismo controlando que no salgan a cortar la calle con la justificación de que, si así llegar a ser, pudieran prevenir cualquier tipo de accidente. Por la tarde, finalizada la clase pública, un policía armado ingresó al Colegio Mariano Acosta con una supuesta orden para impedir que los alumnos del establecimiento salieran a cortar la calle. “Le digo que no podía estar armado en un colegio donde hay menores, bajo ningún motivo, y le pedí que se retire” contó un docente del Colegio, a lo que el policía le contestó que era un profesional y que sabía qué hacer si había un incendio, “¿sí hay un incendio lo vas a apagar a balazos?” fue la respuesta del docente. El repudio fue inmediato y las autoridades del establecimiento junto al Centro de Estudiantes realizaron la denuncia correspondiente ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Dos semanas después, el 16 de mayo, la policía de la Ciudad ingresó armada al Colegio Mariano Moreno con el objetivo de disolver una sentada de los alumnos convocada por el Centro de Estudiantes en repudio a las sanciones a los alumnos impulsadas desde la dirección del colegio por haber votado en asamblea suspender las clases del turno tarde del miércoles 10 para poder asistir a la marcha contra el 2×1. La dirección fue cómplice al haber sido la encargada de llamar a la policía con la clara intención de atemorizar a los chicos ya que según ellos habían cometido “actos delictivos” incitándolos a que les “prohibieran la militancia”.

Ese mismo día pero en el conurbano sur al menos cinco policías, sin identificación, dispararon balas de goma a los estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield. Ingresaron a la escuela mientras perseguían a tres alumnos que se habían rateado. A uno de ellos lo detuvieron antes de ingresar, lo amenazaron, y le dijeron que por su apariencia física “iba a ser pollo en la cárcel”, lo obligaron a dar el nombre de sus compañeros y a indicar dónde los podían encontrar para llevárselos detenidos a ellos también. Fueron los estudiantes del ENAM los que ante este hecho reaccionaron inmediatamente e impidieron que se lleven a los chicos.

Dos días después en Berisso alumnos secundarios de la Escuela Media Nº1 se manifestaban frente a la intendencia para reclamar por los problemas edilicios de su escuela y encontrar mediante el diálogo una solución a la demanda concreta. Tras la nula respuesta por parte de la intendencia decidieron quedarse en la vereda a esperar a que alguna autoridad los atienda, realizaron un cordón de seguridad y los policías comenzaron a golpear y atacar de manera violenta sin consideración alguna sobre los menores.

El hecho más reciente fue el pasado 22 de mayo cuando en la intersección de Callo y Córdoba (CABA) dos jóvenes de la Escuela Carlos Pellegrini fueron interceptados por dos policías sin identificación. Uno de los efectivos les pidió su documentación pero el chico, menor, no llevaba su DNI, a lo que el policía al intentar revisarle su mochila expresó: “si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso” al ver que tenía en su mochila un pin del Partido Comunista.

En el Artículo 31 de la Ley N° 24521 de Educación Superior se expresa que: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Pero no existe una norma que impida a la policía ingresar a un establecimiento escolar, sólo podrían solicitar el ingreso si es para efectuar un allanamiento, para lo que requerirían una orden escrita de un juez, con sello del juzgado y su firma, donde se aclare el domicilio a inspeccionar, la fecha y hora en la que se hace esa inspección, la identificación de la causa judicial y la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. Cambiemos parece desconocer este artículo: en lo que va del año, al menos ocho veces las fuerzas de seguridad actuaron ingresando a escuela y universidades o requisando y reprimiendo estudiantes.

Este ataque directo no es ni más ni menos que un paso más en la carrera del gobierno para romper la resistencia que ofrece la comunidad educativa frente a la precarización y la mercantilización de la educación. Tiene por fin último diezmar y amedrentar  a los y las jóvenes estudiantes para profundizar el ajuste sin inconvenientes.

Esta estrategia, sumada a la persecución de los y las docentes que luchan, la estigmatización de las organizaciones estudiantiles y el desprecio por la escuela pública, requiere una respuesta unitaria y contundente, para quebrar el sesgo de retroceso que se plantea teniendo en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri incumple la Ley de Financiamiento Educativo, no convoca a paritarias y tiene los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. Lo que está en juego no es sólo el salario, sino también el sentido de la educación y las condiciones en las que estudiamos.

¿De dónde viene este desmedro de la educación pública, gratuita y de calidad? 

La educación fue siempre uno de los factores de ajuste primarios, fuera cual fuera el gobierno de turno. Es en 1993, con la Ley Federal de Educación de Carlos Menem, que este desprecio por la escuela se tradujo en Política de Estado: la Ley Federal pasa la educación al ámbito provincial y, bajo la excusa de la descentralización, genera un retiro del Estado federal con la misma matriz ideológica que auspician los abandonos del actual gobierno.

Esta idea que se mantuvo de achicamiento del Estado quiere ser profundizada por este gobierno de ricos: el proyecto de Ley educativa que enviará al Congreso el oficialismo el próximo 30 de mayo, contiene un anexo que elimina la Ley de Financiamiento Educativo. El mismo sostiene: “De esta forma, cada jurisdicción, según sus posibilidades y realidad económica, será responsable de negociar los salarios docentes en los respectivos acuerdos marco jurisdiccionales”, sincerando de este modo el desentendimiento del Estado Nacional en los asuntos educativos.

Es tarea de toda la Comunidad Educativa multiplicar los esfuerzos y el compromiso para frenar esta avanzada de derecha, no sólo como una expresión meramente contestataria o testimonial, sino en términos políticamente concretos: en la calle, en unidad y retomando las mejores tradiciones de lucha de los movimientos estudiantiles que se sucedieron a lo largo de la historia.

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¿Cuál es el rol del sector educativo frente a ésta coyuntura? A un año de la masiva movilización del 12 de mayo donde el movimiento estudiantil salió a luchar por ampliación del presupuesto para la universidad pública y para toda la comunidad educativa, compartimos la situación Instituto Superior de Formación Docente Nº18 de Banfield, una muestra de la situación de la Educación Pública hoy.

Un Estado ausente

Desde el viernes 5 hasta el jueves 11 las clases del Instituto Superior de Formación Docente Nº18 fueron suspendidas por la imposibilidad de cursar debido a un corte de luz. El martes 9 los directivos del instituto llamaron a una asamblea extraordinaria por “las quejas de alumnos en las redes sociales por la falta de clases”. Allí, el director, Andrés Maidana, dijo a los estudiantes que “si quieren protestar se van a chocar contra una pared”, dejando en claro que el apoyo desde las autoridades a los reclamos estudiantiles es nulo.

Como consecuencia de los masivos reclamos a la empresa Edesur y la repercusión en diversos medios locales ayer, jueves 11, por la mañana la empresa se acercó al edificio y realizó el arreglo correspondiente. Desde el Colectivo Estudiantil Claudia Kasjan del ISFD Nº18 afirman: “nuestro reclamo por condiciones dignas para estudiar no se va a terminar porque vengan a conectar un cable. Más temprano que tarde la electricidad se va a volver a cortar y nos va a seguir complicando la cursada y nuestra formación”.

Y es que las condiciones del Instituto vienen en picada desde hace tiempo. Ya se cumplió más de un año del edificio sin gas. Las familias de la escuela junto a los estudiantes realizaron el año pasado un festival que con lo recaudado se encargaron de comprar las estufas que ya fueron instaladas pero que debido a la falta de suministro nunca se habilitaron, así las familias terminan por hacerse cargo de las ineficiencias del Estado. A esto se suma el reclamo urgente por un edificio propio, ya que el mismo es compartido con la Escuela de Educación Primaria Nº7. Ésta necesidad no es un mero capricho de los estudiantes, Santiago, estudiante de la carrera de Educación Física, nos relata: “en el instituto hay 3 turnos, dos compartidos en horario escolar con los chicos del primario y secundario, 6 carreras, y llegamos a tener clases en el Bufete porque no contábamos con aulas libres. Es muy importante tener un edificio propio, por ejemplo, la carrera que yo estudio sólo se dicta de manera pública acá y en un profesorado de Avellaneda, se busca que la educación pública se vacíe, los alumnos se terminan cansando y se van a estudiar a institutos privados. Por ejemplo, nos haría falta un gimnasio o mínimo un patio porque hay actividades que tenemos que hacer por fuera del Instituto y se realizan en un club privado donde tenemos que pagar una cuota, y la realidad, es que hay muchos compañeros que no la pueden cubrir”.

Desde el Colectivo Estudiantil Claudia Kasjan del ISFDT Nº18 invitan hoy a “participar desde las 11:30 de la mañana a reclamar, junto a los padres y madres de la Escuela 7, por condiciones dignas de estudio para todxs lxs que estudiamos en el edificio.”

El sector educativo en la mira del gobierno

La problemática del ISFDT Nº18 no es un hecho aislado en la situación por la que la educación pública está atravesando hoy en Argentina. Empezó el ciclo lectivo del 2017 con las declaraciones despreciativas hacia la misma por parte del presidente Mauricio Macri cuando afirmó que algunos pueden elegir ir a la escuela privada mientras otros “tienen que caer en la escuela pública”, potenciando aún más su defensa por la política privatista; pasando también por la demonización que ejercen hacia la lucha docente: el descuento a los días de paro a quienes adhirieran a la medida de lucha, la supuesta “mejor oferta” salarial a los docentes de un 19,5% de aumento en cuotas y $200 en negro por cargo, la represión en la escuela itinerante de Congreso, el pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal para suspender la personería gremial del Suteba. Todo esto da la pauta de que el macrismo y el PRO en su conjunto quiere que la educación no sea un derecho para todas y todas. Pero nada en la historia es casual, aún sigue vigente la Ley de Educación Superior, sancionada en el año 1995, que mercantiliza la educación y la concibe como un bien de consumo y no como un derecho, así, hace ver de forma negativa lo público y perfila la formación de profesionales al servicio del capital y no al servicio de los intereses del pueblo.

Que el pasado 27 de abril la gobernadora Vidal anuncie la implementación del boleto educativo a 4 universidades del conurbano bonaerense, sumándose a la de La Plata, no es mérito de éste gobierno, hace años la pelea por una verdadera implementación del boleto viene pisando fuerte en toda la provincia, y esto no es más que una demostración de que la lucha estudiantil y la lucha de toda la comunidad educativa crece cada día a pasos agigantados y que a su vez, se hace urgente intensificarla: para seguir defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad contra el ajuste que nos quieren imponer los que nos gobiernan.

Vivimos en un contexto de fuerte resistencia en las calles y los reclamos e incomodidades están cada vez más latentes, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios, somos más los que no nos contentamos con las políticas de Cambiemos. Y sabemos que no es sólo en la educación la avanzada ideológica que busca el gobierno, el escenario más claro y más reciente es la reconciliación, que fallidamente han intentado aplicar, con la época y los personajes del terrorismo de estado.

Frente al momento político actual, la experiencia organizativa de las y los estudiantes del ISFDT Nº18 y sus familias son una muestra de resistencia y organización posible para enfrentar el ahogo del macrismo sobre la educación pública.

*Militante de Agite Rebelión

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