Por Andhes (*) | Foto: Maira López

Sobre el DNU: ni necesidad ni urgencia 

Cuando hablamos de comunidades indígenas, las razones de necesidad y urgencia y el uso indiscriminado de DNUs nunca estuvo a favor de la ampliación de derechos. No es urgente ni necesario derogar una ley que, si bien lleva muchos años, tiene la finalidad de brindar cierta seguridad jurídica a las comunidades indígenas, quienes desde la instauración del Estado Nación son las que en realidad se encuentran en una constante inseguridad jurídica y lo vienen manifestando como tal. Partimos de una noción de sentido común donde derogar no resuelve los derechos de nadie, sino que evidencia la falta de mecanismos de gestión de esa conflictividad cuando ciertos derechos entran en tensión, complejidades que son propias de un estado federal e intercultural. 

Esta utilización del lenguaje de derechos no se corresponde con la construcción normativa armónica dentro de un sistema demócratico. Con esta derogación, se corre el riesgo de que esta conflictividad, típica de un Estado con diversas naciones y culturas, se aborde sin tener en cuenta la vulnerabilidad por la que atraviesan las comunidades indígenas,y desconoce la responsabilidad Estatal en relación a la posición de desigualdad en la que se encuentran frente a la propiedad privada y a los intereses que esta protege.

Sobre el derecho a la propiedad y los derechos absolutos 

Por otro lado, los derechos no son absolutos, por lo cual no es argumento razonable ni legítimo, en nombre de la propiedad privada, vulnerar otros derechos como el de la propiedad comunitaria y el derecho a la vida digna de los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien las condiciones para restringir derechos están en los considerando de la derogación, no queda claro cuáles son los criterios que se utilizan para respaldar unos derechos y abandonar otros. El decreto que deroga la única protección que tenían las comunidades indígenas hasta hoy, cuando establece su restricción en base a los criterios de legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad, contradice lo que en niveles normativos y jurisprudenciales se viene sosteniendo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Este decreto, de esta forma, tira por tierra toda la construcción normativa respaldada por acuerdos y compromisos internacionales que asumió el Estado y, a la vez, refuerza la discriminación y la vulneración histórica de derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 17 de la Constitución Nacional (referido a la protección de la propiedad privada), que menciona en los considerando el decreto, tiene que ser leído e interpretado de manera integral con los articulados de nuestra carta magna. Ese artículo se interpreta en relación al 75 inc. 22 por el cual nuestro Estado incorpora los tratados de derechos humanos y le otorga jerarquía constitucional y, en ese sentido la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), mediante la interpretación evolutiva de su art. 21, también referido a la propiedad privada, otorga la misma protección jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Por lo tanto, ambas tienen la misma protección constitucional.  

De hecho, la Corte IDH viene sosteniendo que la propiedad comunitaria indígena, es la que debe prevalecer en un conflicto de tensión de derechos, ya que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están basados en su relación especial con la tierra, territorios, bienes naturales y culturales, necesitan de ellos para su supervivencia como tal. Estas tierras son esenciales para su identidad cultural, su forma de vida y su subsistencia, por lo que tienen un valor que trasciende lo material. Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras. Reconocer y proteger sus derechos busca corregir estas injusticias históricas y garantizar un trato igualitario. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y establecen que estos derechos tienen un carácter colectivo que debe ser respetado. En el actual contexto de crisis climática, los territorios comunitarios suelen tener un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Al priorizar los derechos indígenas, no solo se protege su cultura, sino también los ecosistemas que benefician a toda la humanidad.

Atraer inversiones a costa de cualquier consenso “democrático” y “legítimo”

Entre los argumentos para la derogación, el gobierno pone foco en “atraer las inversiones necesarias”, y pondera el derecho de propiedad privada para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Como adelantamos más arriba, este derecho no puede ser considerado absoluto, más bien, debe coexistir y equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los principios de justicia social. En otro orden de ideas las metas económicas no deben ser argumento para desandar consensos legales necesarios para vivir en sociedad. 

Esto trasciende a la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, estamos frente a un debate democrático ya que en una sociedad plural, los derechos individuales, como la propiedad privada, deben ser armonizados con los derechos colectivos y sociales. En este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas tienen una base constitucional e internacional, lo que les otorga un nivel de prioridad en contextos específicos. Por otro lado, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una medida que beneficia al interés general. Las tierras indígenas suelen ser esenciales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible, lo que tiene repercusiones positivas para toda la sociedad.

Sobre bienes naturales 

Las comunidades indígenas vienen exigiendo la participación en la gestión y decisión en relación a los bienes naturales. En este sentido, existen mecanismos como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que tienen como fin establecer un diálogo democrático e intercultural entre las partes involucradas en acciones, medidas legislativas o administrativas, proyectos o programas que de alguna forma afecten a sus derechos. Los gobiernos locales deberían estar ocupados en establecer y poner en práctica medidas que tengan como objetivo cumplir con el mecanismo de la consulta libre, previa e informada de manera respetuosa a la hora de promover acciones destinadas a gestionar los recursos naturales. 

Sobre el carácter declarativo de las personerías jurídicas 

En relación a la “sucesivas  inscripciones” de comunidades indígenas que hace mención el decreto, no es más que el ejercicio del principio de autodeterminación y el derecho de autopercepción. El otorgamiento de la personería jurídica y su inscripción no es constitutiva sino declarativa de derechos. El Estado, mediante los registros creados para la inscripción, no es quien define y decide quiénes son o no indígenas o quiénes pueden o no ser conformadas como comunidades indígenas, la potestad del Estado, en ese sentido, es declarativa y no constitutiva de derechos. 

El hecho de que hayan aumentado la cantidad de comunidades indígenas inscriptas no significa un uso abusivo de derechos sino una realidad intercultural dinámica, un Estado que en la práctica institucional reconoce y garantiza derechos. El cómo lleva adelante esta tarea es un debate en el que podemos participar todas y todos, e incluso en el que deben participar las comunidades indígenas y no mirar desde lejos cómo se regresiona en sus derechos sin haberse saldado la cuestión territorial fundamental de fondo y sin haberles consultado.  

Además, antes del surgimiento de nuestro Estado como tal, las comunidades indígenas existían, antes incluso que nuestro derecho constitucional. El recorte temporal que hace el DNU entre sus considerando indicando 17 años de vigencia de la emergencia y las sucesivas inscripciones que se llevaron a cabo, es un recorte sesgado en relación a la dimensión de la reparación histórica pendiente hacia los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la identidad cultural es un proceso dinámico e histórico. Muchas  comunidades indígenas empezaron sus procesos de reconstrucción y reorganización en virtud de que hace poco tiempo se reconoció su pre-existencia en los marcos normativos y, en ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tal fin. Argentina reconoció la pre-existencia indígena recién en 1994.

Los pueblos y comunidades indígenas han existido mucho antes de la formación del Estado argentino. Desde su constitución, este Estado ha intentado forjar una ciudadanía y una patria que invisibiliza la realidad indígena. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame a la Argentina “a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”(1), el Boletín Oficial ha publicado la derogación de una ley que, aunque de manera vaga, intentaba reconocer la existencia, la posesión y el derecho a una vida digna para las comunidades indígenas, que también han contribuido a la construcción de esta patria. Una vez más, el Estado argentino pretende que los pueblos indígenas sacrifiquen sus cuerpos, su tierra y su identidad para edificar un “país sin indios”.

1) CIDH, 4 de diciembre del 2024, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

(*) Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

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Por Lourdes Albornoz desde San Salvador de Jujuy * | Fotos: Nadia Sur

En un contexto de crisis climática global y disputa por los bienes comunes para la vida. Con un gobierno que pretende borrar los derechos humanos en Argentina. Con nuestra salud corporal, espiritual y mental profundamente atacada de manera constante, en tiempos donde no se puede tomar un mate sin enterarse de nuevos avances contra nuestra vida.

En este tiempo, año colonial 2024, en un territorio de riquezas y fronteras que se disputan las potencias del Norte Global, San Salvador de Jujuy, sucedió el 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. En éstas líneas, con la emoción en la piel, pretendo comentar lo vivido desde un cuerpo que es parte de la colectiva indígena, al atravesar un encuentro que tiene más años de existencia que quien les escribe.

La disputa geopolítica

La elección de la sede de éste año no fue casual. Durante el EPMLTTBINB acudieron a Bariloche mujeres pertenecientes al movimiento del 3° Malón de la Paz, quienes denunciaron la persecución política, la crisis institucional y la represión social que viven los pueblos de Jujuy en la disputa por los bienes comunes.

Las decisiones las toma el Norte Global. Sus empresarios, sus parlamentos y sus dirigentes son quienes han provocado la mayor crisis climática en la historia del mundo, violentando los límites planetarios con su codicia. Y no conformes con ello, hoy planifican un futuro “verde y sustentable” para las poblaciones del Norte, a costa del sacrificio de los pueblos del Sur. Allí donde hay litio, uranio, cobre, tierras raras, o simplemente agua, entran con sus donaciones y sus armas de manera simultánea, dos caras de la misma política que saquea nuestra democracia y no pide permiso.

Su presencia en Jujuy se hizo visible desde antes del golpe de Estado de Bolivia. Fue desde allí que se enviaron armamentos y logística a los golpistas. Desde allí se organizan las injerencias en las fronteras nacionales del Abya Yala del Sur. Dicho sea de paso, las fronteras son un invento colonial que solamente ha servido al despojo planificado de los pueblos.

Pisamos este tiempo espacio para acuerpar y comprender las luchas del presente.

La Caminata por el Agua y la Vida

La resistencia y la insurgencia existen en éste territorio de manera sostenida desde la llegada de los españoles hasta hoy. En particular, desde su libre determinación, los pueblos indígenas y comunidades llevan adelante la caminata como acción revolucionaria colectiva posible y coherente con su cosmovisión. Así como se camina en Salta, en Andalgalá, en Mendoza, en Jáchal. Así como caminan los pañuelos blancos en la plaza de Mayo y en las plazas del país, transmitiendo la sabiduría de que el territorio se defiende en marcha, en movimiento con las raíces y los pies.

Las caminatas por el Agua y la Vida Qhapac Ñan comenzaron en 2017, cuando las comunidades cercanas a la Laguna de los Pozuelos se rebelaron ante los graves problemas en el acceso al agua provocados por las empresas mineras que se ubicaron en la zona, extrayendo millones de litros de agua por día.
Se camina duranre 09 días, asambleando, recorriendo las comunidades, el territorio.

En la rueda no hay distinciones ni jerarquías, nadie queda afuera ni al centro. Por eso, aunque se haya cuestionado la presencia de algunas personas en la caminata, los pueblos en su autodeterminación la sostienen, con la idea de que cuando hay común unidad y bien común, los dirigentes son un detalle prescindible.

Tinku, Trawun: memoria ancestral

Encontrarse está en la memoria genética de las especies, y la humana no es una excepción.
En Jujuy estuvieron presentes compañeras de la Comisión Organizadora, madres de la iniciativa del que nació como Encuentro Nacional de Mujeres, quienes recordaron su origen.

El patriarcado y la opresión de las mujeres estuvo presente en todas las organizaciones políticas de Argentina desde su conformación, porque es transversal a todas las instancias de nuestra sociedad actual. Fue así que decidieron comenzar a encontrarse, poner en común las situaciones de violencia hacia dentro de los movimientos, e instalar una agenda propia que dejara de relegar para un eterno después las demandas de género.

Luego de diálogos, luchas cuerpo a cuerpo, contradicciones y movimientos, el nombre del encuentro recoge hoy la diversidad de expresiones identitarias de quienes deciden encontrarse en ese espacio. La palabra “Pluri” ha logrado resumir iniciales que contienen formas de ser diversas y coloridas, como la misma naturaleza.

En las culturas milenarias el encuentro trasciende a la especie humana, y se hacen ceremonias para encontrarse con los espíritus antiguos, con las manifestaciones de todos los seres, con el tiempo pasado y el futuro. Es por eso que los pueblos preexistentes tenemos también nuestros propios encuentros.
Llegado éste momento histórico del actual EPMLTTBINB me pregunto ¿Cómo se eligió la fecha? ¿Sabrán las hermanas y compañeras que es la única fecha en que las comunidades indígenas del Abya Yala nos unimos en autodeterminación para recordar y sanar la herida colonial? ¿O se habrá elegido simplemente por ser un feriado largo?

Muchas mujeres de comunidades tenemos que elegir entre asistir al encuentro o sostener las propias ceremonias y actividades en los territorios por esta fecha. Y siendo las mujeres quienes sostenemos históricamente las organizaciones comunitarias, claramente se superponen agendas, acciones y tiempos, debilitando las organizaciones indígenas y fortaleciendo las de mujeres y disidencias.
Sabiendo que siempre hay intención de abrir las reflexiones por parte del movimiento pluri, traigo este sentir que es una pregunta abierta, y busca aportar a la construcción de espacios que podamos habitar coexistiendo en nuestras identidades comunitarias y en nuestra opción antipatriarcal.

La disputa por la identidad y la dignidad

Estuvieron presentes hermanas de todos los territorios, de todos los colectivos, de todas las luchas. Entre ellas mencionamos: familiares de mujeres víctimas de femicidio, madres protectoras de las infancias, movimientos partidarios, sindicales, movimientos sociales de trabajadoras y desocupadas, jubiladas, estudiantes universitarias, movimientos culturales de músicas, actrices, artistas en general, asambleas socioambientales, socorristas, colectivos de discapacidad, colectivas de personas travestis, trans, intersexuales, no binaries, jubiladas, pueblo nación guaraní, kolla, quechua, mapuche, quichua, maya, hermanas de Paraguay, Kurdistán, de la diáspora Palestina. Un colectivo que viajaba desde Chile no pudo pasar la frontera en el paso de San Francisco ya que no se lo permitieron las autoridades de la Aduana. Estuvieron presentes medios de comunicación independientes y alternativos, en los cuales las hermanas y compañeras cumplieron el doble rol de cubrir el encuentro y participar en él.

Puede resultar complejo explicar quienes participan del encuentro. Ya no es “Nacional”, ni es sólo de “Mujeres”. Y es la complejidad lo que encarna su potencia. En todos los discursos, en todas las palabras, se repitieron las mismas consignas: defensa de la vida propia y la ajena, en todas sus manifestaciones. Repudio al sistema y al gobierno que pone las ganancias por sobre la vida. La necesidad de comprender que nadie se solidariza con la lucha ajena, ni venimos a traer acompañamiento. Somos todes parte de la misma manifestación desigual del patriarcado colonial extractivista que pretende sacrificar la vida, y por ello necesita eliminar a sus guardianas.

El gen de la rebeldía está presente en la defensa del propio cuerpo, en el tejido colectivo, y en la defensa de los cuatro elementos.

El tiempo cósmico

Durante el encuentro se multiplicaron los abrazos, las miradas cómplices y los cantos compartidos. En ellos la certeza de que estamos resonando en la misma vibración, que la sabiduría viene de la tierra, no de las personas, y somos muches quienes hemos recibido su mensaje.

Estamos viviendo el Warmi Pachakuti, el tiempo cósmico donde se corren los velos para que comprendamos de una vez que lo que no tiene raíz caerá, por sí mismo, por su propio peso. Y lo que nos queda es seguir sanando las heridas coloniales para volver a ser rueda, sin egos, sin patrones, sin dominación.

Hay músculo político para pulsar una realidad diferente. El EPMLTTBINB fue un mensaje: donde quiera que llevemos la ternura revolucionaria, la pedagogía del encuentro y del regreso, habrá tejido social.
Donde el tejido no exista, habrá devastación.

Y por el nuevo tiempo que viene, por el planeta que habitamos, por el futuro de nuestra especie, hicimos un pacto de rebeldía. Vamos a ser la buena noticia de cada día. En palabras de Lolita Chávez, sanadora y autoridad del pueblo Maya Quiché: “Pactado está, hecho está, sanado está, liberado está“.

* Integrante de la Red Transandina Ancestrías del Futuro.

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Por el Equipo de Derechos de los Pueblos Indígenas de Andhes | Foto: Susi Maresca

Desde el primer encuentro realizado en Buenos Aires en 1986, se promovió la participación pluralista con el fin de incluir a los distintos sectores sociales organizados en instituciones, grupos o comisiones de mujeres desde gremialistas, diferentes partidos políticos y hasta organizaciones de derechos humanos. Aunque a todas se les reconoce desde aquel entonces y hasta ahora una participación individual, y no en representación a su organización o partido. 

Fue en 2022 cuando se cambió su denominación a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, tras una lucha incansable de mujeres indígenas y afrodescendientes que buscaban una representación legítima, y, al mismo tiempo, se  expresaban en contra de las fronteras nacionalistas e imaginarias impuestas por los Estados modernos.

¿Porque Jujuy como sede?

Fue en Bariloche, en el último Encuentro de 2023, cuando se decidió de manera casi unánime que en el 2024, el norte de la Argentina recibiría a las miles de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries, que año a año se reúnen en distintos puntos del país. Esto ocurrió debido a que el foco de los últimos meses había estado apuntando directamente a la provincia, y no solamente por conmemorarse tres años de los cuatro femicidios de aquel trágico septiembre del 2020 —ubicando en ese año a la provincia con la tasa más alta de femicidios en el país (2.8) —, sino también por los acontecimientos de violencia institucional que se desplegaba a lo largo y ancho de Jujuy, por órdenes del entonces gobernador Gerardo Morales. Es que el mandatario provincial, no dió lugar a una participación real y por ello hubo un legítimo rechazo de la sociedad jujeña a la reforma (in)constitucional que tan apresuradamente decidió aprobar, con la complicidad de la mayoría parlamentaria. 

Sin embargo, además de la violencia que ejerció el gobierno por casi cuatro meses en las calles y permanencias de las rutas, lo que más resonó en la sociedad argentina, y lo que quedará grabado en la memoria y en la historia de Jujuy, fueron las respuestas que los jujeños y jujeñas dimos ante este avasallamiento antidemocrático, el cual se denominó como El Jujeñazo, una respuesta social masiva y plurisectorial pocas veces vista, donde confluyó también el Tercer Malón de la Paz como parte de un largo proceso histórico de lucha y resistencia que caracteriza a nuestro pueblo.

Ésta tercera marcha histórica de las comunidades, fue una decisión política llevada adelante porque se veían particularmente afectadas con la reforma, peligrando derechos conquistados con sangre de nuestros ancestros y ancestras. En la misma, el rol que asumieron las mujeres indígenas como defensoras del territorio, de la vida, la naturaleza, la cultura y la identidad fue fundamental para poder permanecer más de cuatro meses, peregrinar desde Jujuy a Buenos Aires y resistir ante la criminalización de sus protestas en situaciones de constante hostigamiento y persecución por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y demás aliados del poder. De esta manera, se instaló en todo el país una consigna clara que hasta hoy se mantiene viva: “Abajo la reforma, arriba los derechos, arriba las wiphalas”.

Hoy, nuevamente estamos ante la oportunidad de levantar nuestras voces y llamar a visibilizar el rol fundamental que llevan adelante las mujeres indígenas y campesinas de Jujuy, en la tarea de defender nuestros derechos, nuestros territorios y la identidad de nuestros pueblos. Como guardianas de la Pachamama y de la sabiduría que heredamos de nuestras abuelas, nos proclamamos en contra de la explotación y expropiación de nuestros cuerpos/territorios como también de nuestros conocimientos y de nuestra cultura; en contra de la megaminería, del avance neoliberal y capitalista que nos envenena, destruyendo toda forma de vida alrededor, condenándonos a la miseria, al destierro y a la muerte.

Somos nosotras las que ponemos el cuerpo y nuestro espíritu en cada tarea doméstica y productiva, en las calles y en los campos. Nos entregamos a las tareas y responsabilidades del “Cuidado” de nuestras familias, de nuestras comunidades y de una sociedad que muchas veces nos invisibiliza, subestima y discrimina por nuestra apariencia o por nuestra cultura. Por eso hoy más que nunca tenemos la necesidad de hacer oír nuestros reclamos históricos, ejerciendo nuestros derechos de poder hablar por nosotras mismas, de estar informadas y ocupar los espacios de decisión tomando la palabra de forma genuina y acompañadas de nuestras hermanas para unir nuestras voces y exigir al Estado el justo reconocimiento que se nos debe como parte constitutiva y sostenedora del mismo. 

Como jujeñas, como andhinas parte de la organizacion de derechos humanos ANDHES, acompañamos y nos comprometemos en la lucha y reclamamos la reparación histórica de los derechos vulnerados a nuestras mujeres indígenas y campesinas, por los Estados que se han erigido a partir del genocidio indígena. Queremos que nuestros pueblos y naciones sean respetados y se garantice el acceso a derechos elementales reconocidos por numerosos estándares internacionales: desde la autodeterminación, la consulta libre, previa e informada, el derecho al agua, a preservar nuestras formas de vida tradicionales, a la salud, la educación y nuestras lenguas, entre otras. No queremos vernos ni ver a nuestras hermanas relegadas únicamente a ser parte ornamental de las políticas públicas y de los proyectos en nuestros territorios, folklorizando nuestras formas de vida y vaciándolas de su contenido esencial de lucha y resistencia a lo largo de nuestra historia. 

Por eso hoy más que nunca repetimos: ¡Abajo la reforma, arriba los derechos, arriba las wiphalas! ¡Por un encuentro plurinacional que nos incluya a todas y a todes! Jallalla!

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Por Victoria Fernández Almeida* | Fotos: Susi Maresca **

Tanto el proceso de reforma, como la Ley institucionalizan el saqueo y el extractivismo, refuerzan y doblan la apuesta sobre el andamiaje jurídico que se consolidó en los 90 con la modificación del código minero y las leyes mineras. 

El 2023 marcó la vida institucional de la provincia de Jujuy, se desarrolló un proceso de Reforma Constitucional que fue ampliamente denunciado y objetado, por sectores gremiales, indígenas, por mujeres, disidencias y población en general. Las instancias de participación fueron restringidas a sectores afines al oficialismo y fueron meramente declarativas. De manera reiterada se votó en las sesiones de comisiones de que no se diera voz a quienes se acercaban “por una cuestión de tiempos”, alegando que dar espacio para que se manifiesten sólo retrasaría los tiempos de sesión de la convencional. 

Cumplieron con un marco mínimo de legalidad que suele ser una práctica de los gobiernos de tinte autoritario, justificar decisiones políticas con marcos legales que no han sido consensuados democráticamente. Tenían una Ley de necesidad de reforma, tuvieron elecciones de convencionales constituyentes y una convencional sesionando, pero sin un pueblo que avale esta reconfiguración del texto constitucional, siendo claros signos de prácticas antidemocráticas. Durante los dos mandatos el oficialismo jujeño construyó marcos institucionales que fueron el sostén de estas decisiones. 

En el marco del texto constitucional reformado debemos poner especial atención a las reformas introducidas que impactan en lo ambiental. Es diversa y de alguna forma explican ciertos movimientos y acuerdos que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy actualmente. Señalamos dos puntos para analizar con atención: 

Primero se modificó el artículo 22, titulado de Derecho al ambiente , en el mismo se elimina el inc. 2 que antes disponía como una obligación del estado provincial “eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad”, al cual reemplazó por el actual artículo 22 que si bien consagra el derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de cuidarlo y protegerlo, ya no menciona la obligación de evitar el daño ambiental sino sólo que él mismo “genera la obligación de recomponer, reparar e indemnizar, según lo establezca la ley” (nuevo art. 22 inc. 2).

Esto en la práctica implicaría la omisión por parte del estado provincial de medidas tendientes a prevenir daños ambientales derivados de diversas actividades y un ir en contra de lo dispuesto en la normativa nacional, tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional como de lo consagrado en la Ley General del Ambiente. 

Esta modificación da por sentado un daño y solo dispone las obligaciones luego de producido el daño, cuando sabemos que ciertos daños ambientales no pueden ser reparados, recompuestos y que no hay indemnización que cubra los costos de estos. Pensemos en las zonas de la quebrada en Jujuy, que sufre estrés hídrico, y cuando un acuífero que provee agua a las poblaciones se seca, la recomposición de ese acuífero puede demorar la vida de una persona: no hay indemnización que pague semejante daño. 

En el mismo artículo señala que “El Estado impulsa vínculos cooperativos con la sociedad y con los sectores público, privado y académico para fortalecer abordajes que promuevan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, favoreciendo la gobernanza ambiental multinivel, intersectorial y multidisciplinaria” (nuevo artículo 22, inc 5 y 6), estas disposiciones, en este contexto donde la consulta libre, previa e informada y el consentimiento no son garantizados de manera plena, resulta un peligro para las comunidades indígenas locales. Estamos frente a un entramado que busca no sólo garantizar los minerales para las empresas sino que también el manejo del agua. 

Estas modificaciones no son casuales ya que entró en escena en las últimas semanas Mekorot empresa pública israelí de agua, la cual se presenta como empresa líder mundial y que ha posicionado a Israel como potencia hídrica en la OCDE. “El agua es nuestro negocio” dice en la presentación de su página web. 

En cuanto a la incorporación del CAPÍTULO QUINTO denominado NUEVAS DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, aquí se incorpora el artículo 68 que ratifica el dominio de los recursos naturales contenido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, y no solo menciona sobre el aprovechamiento sostenible sino sobre el aprovechamiento económico de esos recursos. Esto sumado a lo contenido en el artículo 69 sobre energías renovables, algo que a todas luces puede resultar necesario en el actual contexto de crisis climática, también puede ser un andamiaje para garantizar el saqueo y la apertura indiscriminada de empresas que depredan los bienes comunes, siendo el estado provincial un granate de estas políticas pro mercado. 

Podemos decir entonces que la reforma constitucionalizó a nivel local el extractivismo, porque estando en Jujuy sabemos que cuando hablamos de recursos naturales y estratégicos nos estamos refiriendo exclusivamente al litio. Aquel mineral que se presenta como un eslabón necesario para transicionar hacia energías renovable y abandonar los combustibles fósiles, en los territorios en su mayoría comunitarios donde se encuentra, su extracción deja innumerables daños, no solo ambientales, sino humanos, ya que volviendo al ejemplo anterior, en una zona de stress hídrico cuando las fuentes que proveen agua se sequen, las poblaciones tendrán que migrar a otras zonas de la provincia.

Muchos análisis se han hecho de la ley bases y del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y de las implicancias ambientales de esta apertura indiscriminada a grandes empresas. Este régimen promueve la institucionalización del extractivismo, redoblando la apuesta de la normativa nacional sancionada en los 90, transformaciones legislativas que por un lado, limitan la capacidad del Estado para explotar minerales a partir de la modificación del artículo 9 del Código de Minería, y por otro a partir de la actualización de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 se equiparan los inversionistas nacionales y extranjeros. Por otro lado con la Reforma Constitucional Nacional en 1994, y la incorporación del artículo 124 mediante el cual se determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Ante esto nos preguntamos, ¿Es La Rioja la próxima provincia en reforzar andamiajes jurídicos extractivos a través del actual procesos de reforma constitucional que está llevando adelante? ¿Es el reconocimiento del derecho humano al agua una garantía para para todas, o solo para las grandes inversiones?

* Coordinadora del área DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales) de ANDHES. Abogada, investigadora becaria del CONICET

**Proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: voces del agua”

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En la fría noche del domingo 9 de junio, cinco familias originarias de La Quiaca Vieja, en Jujuy, recibieron un aviso informal que les estremeció: en 48 horas serían desalojadas de las tierras que habitan desde hace generaciones. En medio de la celebración del Inti Raymi, el Año Nuevo de los pueblos andinos, Trinidad Trejo y su familia se preparan para enfrentar una batalla que lleva años gestándose.

Por Susi Maresca y Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca

La situación de las familias de La Quiaca Vieja no es aislada. En los últimos años, las comunidades originarias de la región han enfrentado una creciente presión por parte de intereses económicos que buscan explotar sus tierras ancestrales para proyectos extractivistas y comerciales. Estos intentos de despojo han sido llevados a cabo muchas veces sin el debido proceso legal y sin respetar los derechos de las comunidades. El caso de la familia Trejo es un ejemplo claro de esta problemática, donde el derecho a la tierra y la identidad cultural se ven amenazados.

Estamos en el corte de ruta, junto a las comunidades que resisten el desalojo. A pesar del frío y la incertidumbre, el espíritu del Inti Raymi, la celebración ancestral que marca el recibimiento del nuevo sol, impregna el ambiente. Para estas comunidades, el Inti Raymi no solo simboliza el renacimiento de un nuevo ciclo, sino también la renovación de su lucha y esperanza. En medio de la hostilidad, las familias se encuentran y en el abrazo reafirman su conexión con la tierra y su determinación de defenderla.

Trinidad Trejo, es una de las habitantes del territorio en disputa, con mucho dolor relata cómo fue notificada su familia: “Nos informaron que el desalojo estaba ordenado por la familia Burgos. Nosotros vivimos aquí desde hace cuatro generaciones, no es fácil para nosotros. Mi madre, de 83 años, ya ganó juicios posesorios, pero no tuvimos los recursos para seguir adelante con el proceso legal”. 

La familia Trejo no solo perdió su hogar, sino que también enfrenta la dura realidad de un sistema que parece ignorar sus derechos ancestrales y humanos. El aviso de desalojo llegó a la familia a través de un enfermero, y no por los canales oficiales: “Vivimos hace 50 años del campo, teníamos animales, gallinas, patos, corderos, que ahora están en casa de mi suegra. Vivimos de eso y ahora no sabemos qué hacer. Nadie nos ayuda”, denunció Alfonsina, hermana de Trinidad.

Despojo y resistencia en la ruta

El 11 de junio, como habían sido advertidos, las fuerzas policiales y de infantería llegaron al territorio. Trinidad, junto a su madre Francisca Farfán, su hermana Alfonsina, su hermano Marcial y otros familiares, intentaron resistir. Sin embargo, la brutalidad del operativo fue implacable. “Nos hicieron como perros, nos sacaron del alambre que cerramos para que no pasen. Pese a que había niños y ancianos, no les importó”, narró Trinidad mientras describía el momento en que las máquinas arrasaron sus hogares.

Desde entonces, las familias desalojadas han ocupado la ruta en protesta a tan solo 5 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca. “Llevamos días en la ruta, hemos pasado frío, hambre, y estamos enfermos. Mi madre llora al ver nuestras cosas tiradas. Nadie nos ha venido a ver”, señala Trinidad, mientras alimenta el fuego.

La sombra de la Zona Franca y el extractivismo

El trasfondo de este desalojo se relaciona con la implementación de la “Zona Franca”, un proyecto que implica la instalación de una zona de negocios en La Quiaca, promovido por el gobierno provincial desde 2019. Este proyecto, es denunciado como un negocio inmobiliario y extractivista por las comunidades originarias ya que pretende, a su vez, instalar un emprendimiento de paneles solares.

Desde el juzgado de primera instancia N°6 del Poder Judicial, se ha justificado el desalojo en un supuesto conflicto entre familias terratenientes. Sin embargo, las verdaderas intenciones parecen ser otras: “Quieren hacer negocios con nuestras tierras para proyectos solares y turismo, sin consultarnos ni respetar nuestras tierras”, denunció Gustavo Ontiveros, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, quien participó de la celebración del Inti Raymi junto a las familias del corte.

Hace justamente un año, las más de 400 comunidades de Jujuy reunidas en el Tercer Malón de la Paz cortaron las rutas y accesos de la provincia en protesta contra la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales que prioriza el avance de las empresas transnacionales sobre territorios comunales. Lo que aconteció en Jujuy, tanto en términos legislativos como represivos, fue un escenario anticipatorio de la actual situación que atraviesa el país tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Las medidas de represión denunciadas durante la reforma de la constitución provincial -como el uso abusivo de gases lacrimógenos, disparos en los ojos, persecuciones, allanamientos y detenciones ilegales- se replican en los operativos desplegados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich para la reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.

Su relación es indisociable: entre los artículos más preocupantes de la ley, se incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que prioriza el avance de intereses privados sobre los bienes comunes y la soberanía nacional. La situación en La Quiaca Vieja refleja este panorama nacional, donde los derechos de las comunidades originarias así como de la naturaleza se ven sistemáticamente vulnerados en favor de proyectos extractivistas.

“Yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”

Luego del violento desalojo, la familia Trejo se asentó al costado de la ruta 9 con las pertenencias que les quedaron de su hogar, ahora destruido. Alfonsina Mariela Trejo comparte su testimonio: “Nos desalojaron hace cuatro días y mis hijos no están asistiendo a la escuela”. Ante la falta de respuestas institucionales para acompañar la situación, la única acción estatal que llega al corte reproduce la violencia: durante la tarde del jueves, la Secretaría de Niñez de la provincia se hizo presente para presionar por el levante del corte ante una posible intervención sobre las niñeces.

Las familias afectadas están recibiendo apoyo de otras comunidades que les han llevado alimentos y otras provisiones, pero la incertidumbre persiste. “No somos una familia rica, somos humildes, pero esta señora que dice ser la dueña nos sacó a la calle como si fuéramos perros. Llevamos viviendo aquí más de cincuenta años. No tienen piedad de los niños ni de los ancianos”, añadió Alfonsina.

La comunidad de La Quiaca Vieja sigue resistiendo, esperando que se haga justicia y que se respete su derecho a la tierra que han habitado por generaciones. Su lucha no es solo por su hogar, sino por el reconocimiento y respeto de sus derechos como pueblos originarios. En este contexto, la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar las adversidades. “Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos y luchar para que vuelvan a sus casas, siempre con la ley en la mano”, concluyó Gustavo Ontivero, llamando a la unidad de las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Francisca Trejo, madre de Trinidad, aseguró su resistencia: “No voy a ser la primera ni la última, esto va a pasar siempre, pero yo voy a seguir luchando por nuestra tierra”. Hoy, las palabras de Francisca resuenan en el corazón de quienes, a pesar de la adversidad, se niegan a rendirse. Como nos enseñan nuestros pueblos originarios en cada solsticio de invierno, la luz y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.

Para colaborar con las familias del corte se pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

CBU: 28502054440094961236268

Alias: GiisPortal

Titular: Gisela Raquel Portal

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Desde el inicio de las protestas sociales en Jujuy en contra de la reforma constitucional de la provincia impulsada por el gobernador Gerardo Morales, hasta la fecha, ha habido al menos 4 personas que perdieron la vista a consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos de las fuerzas policiales. Un análisis biopolítico para comprender la depredación extractivista sobre los cuerpos-territorios.

Por Aldo Sebastián Vergara Duveaux * | Foto: gentileza, Susi Maresca.

Misael Lian Lamas en Purmamarca el sábado 17 de Junio, Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez en San Salvador el martes 20 de junio y Joel Paredes en Humahuaca el sábado 01 de julio. Los pobladores que han participado de las movilizaciones y reclamos han denunciado que el personal policial dispara de manera deliberada al rostro de los manifestantes.

La académica queer Jasbir K. Puar en su texto “El derecho a mutilar. Debilidad, capacidad, discapacidad” (editorial Bellaterra, 2022), haciendo pie en las modalidades de ataque de las fuerzas israelíes sobre los cuerpos palestinos, afirma que, en este último tiempo, además del derecho a matar “legalmente” en determinadas circunstancias, los Estados Modernos se han ido arrogando el derecho a mutilar determinados cuerpos que considera “dañables”. Ello a fin de producir un debilitamiento masivo de los cuerpos como una forma de biopolítica, es decir, una técnica de control y disciplinamiento sobre cuerpos otros, rebeldes, insumisos.

La mutilación ocular sucede cuando el globo ocular estalla o debe ser extirpado a raíz de los graves daños que ha sufrido. El cegamiento implica la pérdida de la visión, total o parcial, sin perder necesariamente el globo ocular. Como lo muestra la investigadora, artista y curadora Gabriela Golder, en su obra “Los ojos desiertos”, la práctica por parte de las fuerzas policiales de disparar a los ojos de los manifestantes en diversas protestas sociales, empieza a evidenciarse como una política deliberada de los gobiernos en diversas partes del mundo.

La obra de esta artista propone recorrer diversas imágenes con los rostros de manifestantes víctimas de mutilación ocular en países como Colombia, Líbano, Chile, Francia y Hong Kong. A dicha lista, la artista podría sumar hoy a Jujuy, Argentina, además de España, Perú, EE.UU, Ecuador, Brasil y seguramente algunos otros que las investigaciones desde abajo irán logrando visibilizar.

En argentina, los antecedentes de víctimas de mutilación ocular por disparos de las fuerzas policiales en contexto de protesta social se remontan al año 2017, en las movilizaciones contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Ya en ese momento se denunciaba que la policía disparaba en forma deliberada al rostro de los manifestantes.

Chile, por su gran cantidad de víctimas de trauma ocular, es una especie de laboratorio estremecedor, mucho más que la propia palestina en todos estos años de ocupación y política de apartheid por parte de Israel. El caso de Gustavo Gatica es extremo, ya que recibió de lleno el impacto del disparo en su rostro y perdió ambos ojos, lo que deja en evidencia el accionar deliberado del poder policial en esta biopolítica de la mutilación ocular.

Las cifras oficiales de Chile hablan de casi 400 víctimas de cegamiento y mutilación ocular en las protestas iniciadas en 2019. A principios de marzo del 2020, alrededor de 3.838 personas habían resultado heridas y según la Sociedad Chilena de Oftalmólogos y organizaciones de derechos humanos, 460 de ellas terminaron con complicaciones oculares graves, pérdida del glóbulo ocular y también de la vista. Esta cifra ha convertido a Chile en récord mundial en mutilación ocular. Sobre este punto, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Dr. Dennis Cortés, llegó a afirmar que nunca, en toda la historia de la especialidad, en ningún lugar del mundo, había habido tantos traumas oculares como en su país.

Las armas “no letales”, biopolítica del trauma y disciplinamiento de las subjetividades subversivas.
El 16 de noviembre de 2019, cuando se habían registrado más de doscientos casos de traumas oculares, la Universidad de Chile publicó un estudio que concluía que los balines antidisturbios no eran de caucho, como insistía la versión oficial, sino que contenían metales de alta dureza, incluidos plomo, silicio y sulfato de bario, y apenas 20% de goma, otro dato que evidencia la intención deliberada de causar lesiones en los cuerpos de la población movilizada y no sólo procurar “dispersar” o “disuadir”.

Por este motivo, muchas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional proponen dejar de hablar de armas no letales. Se trata de armas y como cualquier arma, sea un lanzagases, sea un arma cargada con balas antitumulto, sea una pistola eléctrica tipo taser, en todos los casos se trata de armas potencialmente letales o que pueden causar graves daños a la salud física y psíquica de los ciudadanos. Una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de América Latina logró determinar que al menos 33 personas han muerto por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017.

Ha sido sólo a raíz de las graves consecuencias que estas armas han tenido en el pueblo chileno que la ONU, el primero de junio de 2020 ha abordado el tema y ha publicado un documento oficial al respecto: “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”.

La impunidad en este tipo de casos, previsiblemente, es abrumadora. Prácticamente ninguna investigación logra determinar quién fue el autor del disparo y, eventualmente, ser condenado. La policía jamás lleva una identificación visible en su accionar en las protestas, e incluso, en muchos casos, se denuncia que actúan vestidos de civil y en móviles sin identificación oficial. Esto lleva a pensar, una vez más, en lo inadecuado del abordaje del caso por caso, y en la necesidad de investigar y juzgar a los responsables jerárquicos dentro del propio cuerpo policial y a los jefes políticos de este accionar deliberado por parte de las fuerzas de seguridad.

En su libro “Gasear, mutilar, someter. La política de las armas no letales”, Paul Rocher (editorial Katakrak, 2022), intenta analizar los impactos y usos de las armas mal llamadas armas no letales en contextos de protesta social principalmente en Francia en donde el autor llevo adelante su investigación, aunque intentando encontrar una lógica subyacente que permitiera comprender como el uso de este tipo de armas y sus efectos en los cuerpos se vuelve cada vez más extendido y sus impactos cada vez más graves. El argumento principal del libro es que, aquellas narrativas que sostienen la justificación del uso de las llamadas armas no letales para evitar daños mayores es falso ya que su investigación le ha permitido observar, entre otras cosas, que, al proveer de este armamento a la policía, ésta apela a su uso de manera más frecuente, y lo hace de manera mucho más rápida y anticipada que antes de haber aprobado su portación. Es decir, antes que apelar a cualquier otra forma de abordaje del conflicto, el recurso al uso de la fuerza en general, y al disparo de estas armas en particular, es más frecuente. Esto conlleva a que haya cada vez más heridos en las movilizaciones y protestas a nivel global y que incluso algunas llegan a ser letales.

La práctica de mutilación ocular por disparos con munición antitumulto, suele ser enmarcada en una narrativa que caracteriza estos hechos como “accidentes” en un contexto de “contención” de la protesta con “armas no letales”, es decir, en un marco de “uso racional de la fuerza”, con el fin de mantener “el orden y la paz sociales”. Este discurso busca legitimar y consolidar no sólo una biopolítica de la mutilación y el trauma por parte de los gobiernos, sino una campaña de marketing y difusión de una industria en franca expansión.

A partir de este discurso, las mal llamadas “armas no letales” se convierten en una especie de coartada para invisibilizar los fines biopolíticos de dicha práctica (la de disparar al rostro) en particular, y de la represión de la protesta en general, camuflando así los deliberados impactos que se buscan en los cuerpos, esto es, la producción del trauma, como forma de control y disciplinamiento social, y el consiguiente impacto en las subjetividades del cuerpo social movilizado en su conjunto.
Para los investigadores Duran Rojas y Veto Honorato:

“(…) las mutilaciones oculares ocurridas en el estallido social en Chile, no solo actúan como una estrategia de control policial (es decir, para herir, cegar o impedir ver lo que se ha comenzado a ver). La mutilación de los ojos de muchos/as ciudadanos/as fue dirigida, como intentaremos mostrar, hacia el presupuesto de un sujeto dado en un rostro, como si el ataque deliberado a esos ojos –un ataque al sujeto cuyo rostro se organizaría en torno a ellos– fuera un ataque hecho, según el dicho popular, contra “el espejo del alma” (p. 208)

Si, por un lado, esta acción estaría destinada a marcar los cuerpos, a infringirles dolor y daño de manera deliberada, los autores sostienen que con estas prácticas se busca generar además un impacto subjetivo, en tanto ataque a esa forma otra de subjetivación rebelde, movilizada, insumisa, que emerge en el contexto de protesta buscando subvertir el orden establecido. Una subjetividad que muchas veces logra trascender las consignas y las motivaciones iniciales del reclamo original, y que termina desbordando de alguna manera las identidades políticas conocidas y enunciadas hasta ese momento.

Pacificación y nuevo ciclo de acumulación por desposesión en la era del capitalismo del colapso.
A nivel global, no solo resulta escandaloso e insostenible, al mismo tiempo que innegable, el enorme nivel de desigualdad social profundizado luego de la pandemia de Covid-19, sino que, además, empiezan a aparecer signos de agotamiento y colapso de los ecosistemas a nivel mundial debido al cambio climático y los enormes impactos en la naturaleza generados por el extractivismo propio de la dinámica de producción capitalista. Como esto se muestra de manera irrefutable, las soluciones “verdes” del capital, aparecen a través de nuevas formas de acumulación por desposesión (Harvey, 2006). El litio, mineral protagonista de la denominada transición energética, empieza a generar mayor conflictividad por la apropiación de esta renta extraordinaria que promete su explotación. Y también cada vez mayor resistencia por parte de quienes habitan de manera ancestral estos territorios que en otros tiempos fueron considerados como “desiertos” por parte de las elites políticas y económicas.

Mark Neocleous, en su texto “la lógica de la pacificación: guerra- policía – acumulación” (2016) aborda el análisis de la categoría “pacificación” en la teoría política a partir de textos y discursos de militares y figuras políticas a nivel global, para dar cuenta del carácter colonial de determinadas violencias estatales-policiales. Así llega a firmar: “(…) la “pacificación” es un concepto tan nuclear y útil para entender la violencia porque nos permite analizar detalladamente la naturaleza productiva de la violencia. En particular, su naturaleza productiva en la fabricación del orden capitalista.” (p. 10)

La seguridad es pacificación, sostiene, y ésta es la vía por la cual se busca legitimar el uso de la violencia policial en la imposición de un nuevo orden social burgués. Es decir, un nuevo proceso de acumulación capitalista que, en el contexto del mundo actual, solo es posible a través de nuevas formas de colonización, es decir de nuevas formas de despojo. El autor sostiene: “Es esto lo que entendemos por pacificación: la articulación de un espacio para la construcción de un orden social organizado a través de la acumulación y el dinero. Desde este punto de vista, la pacificación es una guerra de clases: el ejercicio de la violencia en la colonización sistemática del mundo por el capital con el fin de construir un orden burgués.” (Neocleous, 2016, p.19)

Es principalmente a través del poder policial que esta violencia “pacificadora” y garante de “la seguridad” y “el orden” es ejercida hoy en contra de la población civil, en las democracias neoliberales. Pero no por ello, hay que perder de vista la lógica de la guerra, de la cual proviene. Neocleous se muestra crítico de aquellos pensadores que se alarman por la creciente militarización de las policías o el desdibujamiento de los límites del poder militar y el poder policial en la actualidad. Sostiene que: “el concepto de pacificación nos permite entender los poderes convergentes de la guerra y la policía y comprender que estos poderes siempre han sido convergentes. Las implicaciones de este argumento son que las consideraciones de la “politización de lo militar” y “la militarización de la policía” están basadas en una dicotomía liberal entre “la policía” y “lo militar”.

Pero desde la perspectiva de la teoría crítica esta dicotomía no tiene sentido. Desde la perspectiva de la teoría crítica, los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye.” (p. 20). Frente a algunas simplificaciones en la teoría política liberal acerca de la complejidad del poder estatal en la actualidad, Neocleous propone “(…) pensar la guerra y la policía como procesos que funcionan de forma conjunta como parte del poder estatal y para la fabricación del orden social burgués.” (p. 21)

A fines de 2020 se conoció una noticia estremecedora: el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de Wall Street y, aquellas definiciones que aseguran que “la minería de litio es una minería de agua” empezaron a tomar una dimensión cada vez más honda de las implicancias de estas nuevas formas que puede adquirir la guerra contra los pueblos que se opongan al “desarrollo” o que sencillamente comiencen a sufrir cada vez más la apropiación y expoliación de sus fuentes de agua.

Reprimir para desarrollar y desarrollarse reprimiendo.

Si estas nuevas expresiones de la violencia estatal aparecen como funcionales al nuevo ciclo de acumulación por despojo es, además, como parte de un círculo “virtuoso”, un gran negocio en sí mismo. La producción de “armas no letales” es un mercado cada vez más prometedor para “los jugadores” del mercado global. Según un informe de la consultora internacional “Mordor Intelligence”, el mercado de armas no letales tiene una proyección de crecimiento de 4.540 millones de dólares en 2021 a 5890 millones en 2027. La misma consultora, en su informe sobre el “prometedor” mercado de armas no letales en América Latina afirma, entre otras cosas: “La creciente demanda de armas no letales está brindando enormes oportunidades de crecimiento para los jugadores en América Latina.”

“El segmento de aplicación de la ley tuvo la mayor participación de mercado en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Los últimos tres años vieron numerosos disturbios en países, como Brasil, Venezuela, México, Chile, Perú y Argentina, siendo la crisis económica local y la inestabilidad política en los países las principales razones de los disturbios. En tales situaciones, las armas no letales juegan un papel importante en el control de disturbios, ya que pueden usarse como una alternativa menos peligrosa a las armas de fuego, para reducir el riesgo de daño al público, o en situaciones donde se requiere cierto grado de fuerza. necesario, pero donde el uso de armas de fuego sería desproporcionado.”

El informe señala que Brasil lidera la producción de armas no letales en América Latina, a través de la empresa CONDOR, líder en el mercado. Sobre Brasil, el informe refiere: “Las armas no letales, como gas lacrimógeno, balas y porras de goma, gas pimienta y pistolas Taser, tienen prioridad en las operaciones policiales en todo Brasil. Las empresas de tecnología no letal han sido testigos de un aumento de ingresos de casi el 30 % en Brasil, y se anticipa que la política general del gobierno hacia el uso de dispositivos menos dañinos impulsará más ventas en el país. Además, ciertas unidades del ejército brasileño también están aumentando gradualmente el stock de armas no letales, como las pistolas Taser de electrochoque. Se espera que todos estos factores ayuden al crecimiento del mercado en Brasil en los próximos años.” (sic)

Son al menos 5 las principales empresas identificadas por este informe en competencia por ampliar su mercado de ventas en los diversos países de la región, e incluso en otras partes del mundo:
Condor Non-Lethal Technologies; Lampord Less Lethal Inc.; Rheinmetall AG; Axon (Taser International Inc.) y Genasys Inc. La investigación colaborativa y transfronteriza “El Negocio de la Represión”, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

Este informe señala que: “…a lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152 mil cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. Mientras los chilenos contaban los muertos, heridas y pérdidas, otros sacaban cuentas alegres. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó US$360 mil en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo. Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%. En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de US$8.290.922; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.”

Reflexiones finales

“Pueden quitarte los ojos
Pueden quitarle los sueños
Debes cuidar que no apaguen
El fuego que llevas dentro.
Hoy el fuego está creciendo
Las voces son llamaradas
Coplas nacidas del alma
Van quemando las gargantas.”

Jacinto Piedra (1984)

El derecho a la protesta social y la obligación de su respeto y protección por parte de las autoridades estatales ha sido reconocido en varias ocasiones por los órganos interamericanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y por Naciones Unidas. Se dice que, de alguna manera, el derecho a la protesta es “el derecho a tener derechos”, es decir, la garantía que, en última instancia, ante la falta de reconocimiento de otros derechos, siempre la ciudadanía y, sobre todo, las minorías, tienen la protesta como medio para hacer oír sus reclamos y reivindicaciones. Cualquier cercenamiento, recorte o regulación por parte de los estados, debe entonces, ser analizado con mucha meticulosidad y con gran rigurosidad ya que, de alguna manera, es la última instancia a la que puede apelar quien, por motivos de raza, género, clase social u otra condición, puede encontrar restringida la garantía de acceso a la justicia para obtener el reconocimiento y protección de sus derechos.

El reconocido constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, en una nota publicada en Clarin ha señalado con mucha precisión los motivos de la inconstitucionalidad de las legislaciones que limitan el derecho a la protesta. La nota es del 05 de junio, es decir, más de diez días antes del recrudecimiento de la represión en Jujuy pero con la ley que restringe el derecho de protesta ya sancionada en Salta. No parece casual que este tipo de legislación se esté ensayando y consolidando en 2 de las 3 provincias que conforman el triángulo del litio en argentina. La otra es Catamarca. Como tampoco es casual que estas formas de expresión de la represión y la violencia hayan iniciado en Chile, hayan continuado casi inmediatamente después por Bolivia y ahora se esté produciendo en el altiplano argentino.

Nótese que ante la avanzada extractivista que promovía la sanción de legislación que favorezca o habilite las explotaciones o la derogación de la normativa que prohibía las mismas, lo único que en la historia reciente de nuestro país logró hacer dar marcha atrás a los gobernantes fueron las protestas y movilizaciones masivas del pueblo en las calles. Los casos paradigmáticos en nuestro país son los pueblos de Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos sancionaron leyes que promovían la megaminería y debieron derogarlas días después a raíz de las masivas y contundentes manifestaciones públicas. En ambos casos, lo central de la resistencia se dio en torno a la defensa del agua.

Las últimas noticias señalan que el gobernador de la Rioja avanza con un intento de reforma constitucional, luego de haber aprobado una ley que declara al litio como recurso estratégico de la provincia. Mientras, en Catamarca, se abre una sede del ejército en la provincia, bajo el argumento que es la única provincia de frontera que no tenía sede del ejército argentino. Catamarca, es una de las cinco provincias, junto a La Rioja, que forma parte del acuerdo firmado por el estado nacional con Mekorot, la empresa israelí para la elaboración de un plan maestro hídrico para estas provincias.

La nueva constitución provincial de Jujuy está aprobada, por lo que las protestas continúan en Jujuy, y previsiblemente continuarán hasta tanto el titular del poder ejecutivo no dé marcha atrás en esa reforma. Ante este escenario, las estrategias de resistencia y de autocuidado de la ciudadanía en las protestas deberán tomar nota de las nuevas modalidades que va adquiriendo la violencia policial en este nuevo ciclo de acumulación por desposesión del capitalismo “verde”.

*Abogado de ddhh e investigador

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Por Silvana Melo * | Foto: Susi Maresca

Una constitución refaccionada para disfrute del sistema político, que votó –sin oficialismos ni oposiciones- el avance sobre los territorios para regalar el commodity litio al mundo desarrollado. Que busca enverdecer su energía con autos a batería, a costa de la colonización –una vez más- de tres países de la América Latina oculta en los pies del mundo. Una criminalización de la protesta de hecho y de derecho y una pauperización salarial disciplinadora son el contexto de época en que crecen, viven y temen los niños y adolescentes en Jujuy. Una provincia atravesada por el extractivismo feroz, como gran parte de la geografía del país. Del que dependen las divisas que se esperan desesperadamente. A pesar de jugarse el futuro, en las entrañas de la tierra y en los niños y las niñas de este tiempo.

Mara Martínez tiene una biblioteca popular y un espacio de alimentación integral –del cuerpo y el alma- para los chicos y las chicas de un asentamiento a diez minutos del centro de San Salvador de Jujuy. Ella, un reservorio de lucha, ha visto pasar a infancias y adulteces envueltas en la resignación y el acostumbramiento a la pobreza. Curtidos en el sufrimiento.

El piberío jujeño, cansado del fracaso de ser sujeto de derecho –cuando los derechos casi nunca se convierten en realidad tangible- va levantando la cabeza de la serenidad de la puna. En la punta de un cerro protestan  desde una escuela. No son más que diez, dice Mara. Pero que despiertan. Han salido a los caminos.

“Recién nos vamos a enterar en un tiempo cómo decanta todo esto en ellos”, piensa Mara. “Jujuy es tierra de saqueos; nosotros venimos desde hace años denunciando una situación que recae sobre los pibes y las pibas”. La militante social habla de “la falta de acceso a la educación, a la salud, al entretenimiento”. Para ella,  “un objetivo claro de toda esta represión son los pibes, los jóvenes, los adolescentes; hay un ensañamiento. Son sus enemigos los chicos y los jóvenes”. Se trata de evitar el nacimiento de sujetos políticos, constructores colectivos de un camino nuevo.

“Quieren que las generaciones que vengan sean sumisas, calladas, completamente dormidas”. Mara trabaja desde hace veinte años en los barrios con niños y adolescentes. “A partir de la situación particular de Jujuy, dentro de la biblioteca tenemos comedor y merienda, aunque hace unos ocho años no recibimos recursos de la provincia ni del municipio. En la provincia no se aporta al futuro de los niños”.  

En esta lucha, dice Mara, “los chicos están mirando y hay adolescentes que por primera vez se han animado a participar desde la discusión. Han salido a expresarse, han hecho permanencia en las escuelas; tenemos también chicos cuyos padres han sido perseguidos y encarcelados. Y se está despertando otra conciencia”

Pobreza, situación alimentaria grave, un 44 por ciento de los chicos jujeños malnutridos, carencia de calidad en la salud, en la educación, falta de libros, cine, deportes. Y Mara sigue enumerando. “Se van acostumbrando a no exigir. Si podés comer un plato de fideos apenas con aceite, ya está, ya comiste. Y es suficiente. Pero no es así, perdemos calidad de vida, dignidad de vida” y un crecimiento infantil con déficit de nutrientes y menos herramientas para enfrentar un futuro  que se promete hostil. “Todo es apenas para sobrevivir. Lo de los sueldos docentes no es chiste. En el municipio hay gente que cobra con un Potenciar Trabajo, es una locura. Pero todo se naturaliza. La gente agradece tener esos cuarenta mil pesos, con una changa suma otros cuarenta mil más y todos agradecen tener sueldos de alrededor de 100 mil pesos”.

Mara asegura que “no es que hemos sido mansos y de pronto nos volvemos locos y salimos a la calle”, sino que “Jujuy es una tierra maravillosa, con gente muy pacífica que siempre ha optado por la paz. Por eso me molesta que ahora seamos los violentos. Es un pueblo aguerrido, que tiene una historia de lucha muy fuerte”. Entonces saca las cartas de esa historia: “Jujuy ha sido partícipe de las guerras de la independencia y esto lo llevamos todos en nuestro chip. Un pueblo al que no le gusta la violencia también tiene un límite”.

Hoy están en la calle, siguen estando en la calle a pesar de que otra vez pasaron a ser noticia dentro de su territorio y nada más. “Hace rato que hemos visto cosas tremendas, que las hemos denunciado pero a nadie le importó”. Y recuerda el episodio en su asentamiento, Campo Verde donde “nos sitió la policía, nos mandaron 600 efectivos con caballos, nos pegaron a todos. Simplemente porque queríamos un espacio central del barrio para una cancha: las casitas son muy chiquitas y la mayoría no tienen patio”. La memoria es tremenda: “me suspendieron del trabajo por denunciarlos, nos encerraron en la cancha. Fue terrible”. Es decir que “hace tiempo que hay represión en comunidades, organizaciones. Todo se venía cocinando en Jujuy”.

Pero acaso el litio, el oro blanco en las sales de los territorios que expulsa a las comunidades, que irrumpe en la constitución para legitimar el saqueo, haya sido la chispa para esta hoguera que no se apaga. “Acá vemos cómo bajan el litio y se lo llevan. Y la gente de los barrios cae en los hospitales públicos y que dios los ayude. De los grandes logros con el litio, no vemos un peso y las comunidades ven el avance sobre sus territorios, sobre el agua, que es lo único que tienen”. Pero ahora la gente sola de la puna, “la que vive con un animalito”, se ha empezado a reunir. “Nosotros somos mucho de asambleas. En el norte se convoca a asamblea y vienen de distintos parajes y discuten. Algunos vienen caminando kilómetros hasta llegar”. Y van con sus crías, que van creciendo en la discusión y en la lucha.

“No es que de la noche a la mañana enloquecimos y salimos a los golpes”, dice Mara. “No. Nosotros venimos con una lucha desde hace muchos años para denunciar el saqueo. Y no es una disputa local, es un saqueo feroz hacia todo el país”

El ojo que perdió Misael por una bala policial se volvió una bandera de lucha. Tiene 17 años y estudia en un bachillerato de Purmamarca. Su ojo –y los que otros también perdieron- son el símbolo de lo que hay que visibilizar a pesar de todo. Mara recuerda también la muerte de Matías Puca, un chico carrocero atropellado en un episodio en el que se habla de la implicancia de hijos del  poder. Ahora la imagen de Matías “es también un emblema de esta lucha”.

San Salvador de Jujuy es una “Tacita de Plata”. Rodeada por cerros siempre verdes y contorneada por dos ríos: el Xibi-Xibi y el Grande. Detrás de la brillante belleza natural los niños y las niñas soportan la intimidación y el embate de un estado que sólo los ve cuando se vuelven amenaza. Cuando son capaces de comprender y decidir.

Este mismo mes la Defensoría del Niño denunció malos tratos a dos adolescentes y una niña de 6 años cuando allanaron una casa en medio de las protestas. Dieciséis policías y ocho más vestidos de civil rompieron la puerta y ordenaron a todos que se tiraran al piso. Mientras, la nena lloraba y rogaba que no le dispararan.

Esa policía de ese gobernador que intenta ser vicepresidente no es una ave rara en un territorio singular. Es una foto nítida del brazo más eficaz del capitalismo: el extractivismo arrasa a su paso con los árboles y las mariposas, con las abejas y los niños, con los territorios y la cultura.

La esperanza se ilumina en esa infancia y esa adolescencia, crecidas en este fuego, que seguirán intentando remontar esta tierra baldía.

* Publicada originalmente en Pelota de Trapo

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Allí están ellas, atentas a la reunión pero, también, manteniendo vivo su mundo de juegos. La niña pasea con su juguete lleno de pelotitas de colores, va de brazo en brazo, de pierna en pierna entre las distintas personas. El lugar es reducido y casi no queda espacio en el piso para su transitar. Cuando las personas adultas aplauden y alientan a sus voceros y voceras, ella levanta la mirada. No se incomoda, sigue jugando. Está tranquila, está en comunidad, pero sabe que algo está naciendo…

Por Camila Parodi | Fotos: Susi Maresca desde Jujuy *

El Tercer Malón de la Paz ya lleva más de un mes de dignidad en las calles de Jujuy. Resiste a la reforma constitucional pero, también, a los discursos y políticas que atentan contra su forma de vida. Es un corte que trasciende las temporalidades, exige justicia por los más de 500 años de opresión y se proyecta en un futuro de resistencias. Así lo expresan en sus denuncias y carteles “vienen por el litio, vienen por todo”, “Sin agua no hay vida” o “litio para hoy, hambre para mañana”.

La relación con la tierra y la vida en comunidad sostenida por los pueblos indígenas pone en evidencia la existencia de ese otro mundo posible. Ese que los Estados y empresas quisieron y quieren desaparecer para continuar con su plan macabro de destrucción. Lo que está en disputa es el futuro. Lo que está en disputa es la continuidad de la vida. Las distintas comunidades que rechazan la reciente reforma constitucional no lo hacen únicamente porque atenta contra sus derechos, lo hacen por las generaciones por venir, por la continuidad de esa vida.

“No lo hacemos por nosotros es por los que vienen”, asegura Erica Cañarí, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado de Salinas Grandes. Su reflexión se repite en cada una de las personas que salieron a las calles contra la reforma: “¿Qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos?”, se preguntan en sus intervenciones. 

Pero las niñeces, también, están en disputa. En la televisión un periodista se muestra preocupado porque no hay clases y lanza el grito moralizador de “¿alguien quiere pensar en los niños?” al aire. Pero lo que no dice es que, en Jujuy, la violencia que acontece de manera cotidiana es violatoria de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tampoco dice que sus docentes, que también son madres, padres, tías y hermanas, no llegan a fin de mes. Menos aún que el territorio donde viven esos niños y niñas está amenazado. 

Las niñeces integran las comunidades, comparten cosmovisiones y habitan los territorios al igual que las personas adultas, aunque los medios de comunicación y los gobiernos prefieran ignorarlo. Además de la violación de derechos básicos como a la alimentación, la educación, a la participación cívica y al ambiente sano, las niñeces y juventudes también viven la aspereza de la represión en sus cuerpos y en los de su comunidad. Entre las primeras víctimas de la represión, se encuentra Mijael Lian Lamas, de 17 años, a quien la policía provincial le disparó en el ojo y, durante el último mes, son más de cien las personas heridas y detenidas ¿Cómo no podrían estar afectadas las niñeces y juventudes en este contexto de violencia brutal? 

Como contraste está la ternura del encuentro y los afectos. En cada corte las tareas son repartidas, como en la comunidad. Hay personas que cocinan y avivan el fuego, otras que explican pacientemente la razón del corte a cada transeúnte que llega al lugar, también hay quienes se encargan de mantener el espíritu del corte vivo con mística y canciones. Las niñeces no son ajenas y trasladan los juegos cotidianos al nuevo escenario. Se vuelven a encontrar en cada corte, en cada marcha, recuerdan sus anécdotas y construyen nuevos códigos.

Las niñeces del corte son el presente de la resistencia. Su participación no sólo fortalece los afectos y los vínculos entre las comunidades sino que también sostiene genealogías de luchas. Con la epopeya de aquel primer Malón de la Paz allá por 1946 las personas adultas recuerdan sus infancias y, todavía, añoran ese mundo que soñaron con quienes ahora son más ancianos. La defensa del agua, la vida en comunidad y el amor por el territorio es un pacto intergeneracional que se mantiene en el tiempo. 

* Elegimos publicar las fotos donde las niñeces se muestran como sujetos políticos. Su participación en la defensa de sus derechos es tan protagónica como la de las personas adultas y no queremos invisibilizarla.

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Hay una historia que sucede aquí y ahora. Hay otra que viene de tiempos antiguos. Los pueblos de la sal saben de batallas, de luchas y resistencias, pero también de pérdidas, de despojos y de derechos vulnerados. No es una noticia nueva. Es una historia que tiene más de 500 años.

El Tercer Malón de la Paz lleva casi un mes en las calles contra la reforma constitucional de Jujuy. Bajaron de la quebrada y los salares, llegaron a San Salvador y no fueron escuchados. Tomaron las rutas, sintieron en sus cuerpos la represión y allí están. Los días pasan, en esos cuerpos y en los vínculos que surgen alrededor de las rondas y los campamentos.

En el corte de Purmamarca están divididos por comunas, pero confluyen en el centro del cruce, en el transitar de las horas, en las músicas y vientos, en las comidas compartidas que llegan de todos lados. Esa es la solidaridad que enseñan y practican los pueblos que saben resistir: “Acá dejaremos la vida si es necesario, ¡Jalllala!”, gritan entre muchas voces. Esto va en serio.

Una constitución a espaldas del pueblo

Con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, se expuso el interés extractivista y empresarial que existe sobre los territorios y el agua en el norte argentino. Pero se evidenció, también, la fuerza y la organización de los pueblos indígenas que defienden la vida y el agua de la puna, las yungas y los salares. Durante el último mes, las más de 400 comunidades que habitan la provincia están realizando cortes y manifestaciones contra la nueva carta magna que fue firmada a sus espaldas.

Los pueblos indígenas son de los grupos más afectados por esta nueva constitución y no es casual, todo lo contrario: “Vienen por el litio, vienen por todo”, reza un cartel en el corte de Purmamarca. Las comunidades nucleadas en el Tercer Malón por la Paz aseguran que se quedarán en los cortes hasta que el gobernador dé marcha atrás con la reforma. Denuncian el intento de provincialización de los recursos naturales, así como el desconocimiento de sus tierras ancestrales. Una ecuación sencilla para tomar posesión sobre los bienes comunes y desplazar a quienes los defienden.

Esta decisión tampoco es azarosa: se da en un proceso de valorización global del litio, el hidrógeno verde y otros metales críticos. La no tan nueva crisis climática, así como la imperiosa necesidad de un proceso de descarbonización, colocó al discurso de la “transición energética” como central. Sin embargo, esa transición únicamente fue de un modelo de explotación a otro: uno que sólo ve territorios como zonas de sacrificios para el desarrollo de los países del norte que siempre se beneficiaron de la explotación de recursos en el sur global.

Los territorios que habían sido históricamente postergados, como son los salares altoandinos donde se encuentra el litio en grandes proporciones, comenzaron a tener un interés financiero. Allí, la historia de los pueblos de la sal tanto en Jujuy, como en Salta y Catamarca, comenzó a cambiar y aquellas otras formas que sostenían la vida se vieron alteradas.

Equilibrio ancestral: sal y agua

“Estamos parados ante escombros milenarios”, señala Agustín, guía turístico indígena de la Comunidad Tres Pozos. Las salinas se conformaron hace al menos 6.000 años y sus ojos naturales, donde se conserva el agua dulce de manera subterránea, “deben tener 5 millones de años”, agrega mientras disuelve las partículas de sal entre sus dedos. 

Tres Pozos es una de las 33 comunidades que habitan los salares grandes y lagunas aledañas, y todas tienen una relación vital con la sal y el agua. Mientras la primera abunda y rebrota todas las mañanas, la segunda escasea y se esconde en los intersticios del salar. La sal sin el agua no emerge, por eso la conserva y administra en un equilibrio que es mutuo.

“El agua para el salar es como el aire para nosotros, sin ella no se puede respirar”, explica Agustín quien, además de ser guía turístico, está pronto a recibirse de instrumentador quirúrgico. Desde su visión, el salar puede ser entendido en términos fisiológicos: “El salar sería como el pulmón y las líneas grandes podrían ser sus branquias; durante la noche se dilatan y en el día se comprimen para conservar su agua y que no se evapore en su totalidad”.

El agua y la sal se complementan para sostener la vida. Por eso son elementos sagrados que deben respetarse: “Nosotros la cuidamos como parte de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque es como un regalo de la Pachamama hacia nosotros”, explica Agustín. Y es que, agrega: “La continuidad del agua dulce es muy frágil acá, estamos en un desierto de sal, no se la puede alterar”.

La sal tiene múltiples usos en la vida de las comunidades y garantiza su autonomía. Además de haber funcionado como bien preciado para intercambio de alimentos con pueblos agricultores durante siglos, hoy distintas familias conformaron cooperativas locales para fraccionarla y comercializarla respetando sus tiempos de rebrote. La sal aporta hierro a los animales silvestres y de pastoreo, conserva la carne sin necesidad de energía, así como también la belleza majestuosa de sus salares convoca al turismo y lo convierte en una economía local. 

Durante las últimas décadas, la sal también comenzó a ser codiciada y disputada por gobiernos y empresas en la corrida mineral del litio. Las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc prohibieron el ingreso de las empresas que se acercaron a explorar el territorio sin instancias consultivas previas.

Desde entonces, aseguran, la violencia contra los pueblos de la sal se acentuó y denuncian que con la nueva constitución pretenden poder desplazarlos del salar: “Quieren hacer lo mismo que hicieron en el Salar de Olaroz, pero no van a pasar”, relata Agustín.

Salar de Olaroz: donde hubo sal, sequía queda

Llegar al Salar de Olaroz luego de pasar por las Salinas Grandes no es recomendable: su paisaje dista demasiado de la inmensidad blanca recorrida hace unas horas atrás. Tan sólo en trece años de explotación minera, el impacto es radical: la sal se encuentra concentrada en pequeños espacios mientras que grandes piletones se esconden detrás de la tierra removida a escasos metros de la ruta. 

Tras años de exploraciones y diálogos unilaterales con la comunidad, en 2010 se instaló el proyecto “Sales de Jujuy”, que reúne a los accionistas Allkem, Toyota y Jemse. El segundo proyecto, “Cauchari-Olaroz”, prevé comenzar a producir unas 40.000 toneladas por año de carbonato de litio hacia finales de 2023.

“No cumplieron con su palabra”, se lamenta un trabajador de Sales de Jujuy, a metros de la planta. El operario, a quien no nombraremos para resguardar su identidad, vive en Susques, como algunos de los trabajadores. Explica que, cuando llegó la propuesta de “Sales de Jujuy”, no les transmitieron toda la información: “Nos dijeron que el impacto iba a ser mínimo, que era limpio y que nosotros siempre podríamos opinar”.

Sin embargo, para aprobarla, no se cumplieron las instancias consultivas e informativas necesarias como requiere el Convenio 107 de la OIT, que reconoce los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En un estudio realizado por FARN, se explica que “los miembros de las comunidades describieron el proceso de participación y las relaciones establecidas con las empresas que desean extraer litio como una comunicación mayormente unilateral ya que no podían expresar libremente sus opiniones a fin de alcanzar un entendimiento mutuo”. El 85% de las personas entrevistadas manifestó que no se les consultó y que no fueron debidamente informadas sobre las actividades de las empresas. 

A partir de las voces entrevistadas, el informe sostiene que “las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles y sus potenciales impactos en el ambiente”. A su vez, los miembros de las comunidades destacaron el impacto significativo que los proyectos de minería de litio tienen sobre el agua.

“Ya no hay más sal, la sacaron toda”, señala el operario mientras recorremos los largos kilómetros de lo que fue el salar. “En su momento se aceptó por la propuesta laboral y porque dijeron que no habría impactos, pero después no fue así; el impacto está a la vista: en esta zona ya no hay salar ni agua”, agrega.

Si bien su trabajo no le demanda suficiente energía, el largo viaje que conlleva cambiaron las dinámicas de su vida cotidiana. “Ahora ya casi no tengo tiempo para mis animales y mi casa”, destaca el operario y explica que todas esas tareas que antes eran divididas de manera equilibrada ahora sobrecargan a su esposa e hijas porque, de todas formas, “el sueldo no alcanza y a la casa hay que mantenerla”.

Su historia se repite en cada una de las familias de sus colegas. Mientras que los varones cuadruplican la participación femenina en las tareas del sector de energía, las mujeres son las que deben asumir las tareas domésticas. Las mujeres de Susques y comunidades aledañas, quienes además históricamente han sido las encargadas de gestionar la energía del hogar, hoy deben reforzar su aporte en las tareas de cuidados y/o relegar la posibilidad de trabajar de manera remunerada para sostener la unidad doméstica.

Una comunidad tan ancestral como la sal que pisamos

En la zona Salinas Grandes, las comunidades no están dispuestas a cambiar su modo de vida ni de producción. Desde 2011 se opusieron a los intentos de licitación y exploraciones mineras. Desde ese año, también, padecen la violencia estatal por haberse negado. “Acá no van a pasar porque estamos organizados”, anticipa Érica Cañari, presidenta de la Comunidad Pozo Colorado.

“Las personas mayores nos han ido inculcando a los jóvenes por qué tenemos que defender lo ancestral de las comunidades y seguimos en esa lucha”, explica la joven presidenta. Para Érica, “organización” es defender al territorio, pero también, y sobre todo: “es organizar los trabajos y mejorar la economía de la propia comunidad para que no migre nadie, para quedarnos y que vivamos bien, para que la minería no aparezca como una opción superadora”.

Érica sabe que su comunidad es tan ancestral como la sal que pisamos, por eso su lucha trasciende las generaciones: “Mis ancestros trabajaban la sal acá, hasta mi papá todavía sigue trabajando, tenemos toda una relación con ella. Nosotros, también, estamos fomentando actividades turísticas para que se conozca lo que hacemos y cómo lo hacemos”. El parador “La curva”, ubicado en Salinas Grandes, es un sitio turístico atendido por la comunidades de la zona. Allí trabajan 50 familias y reciben más de 500 autos por día: “Esta es una manera sustentable de subsistir”, explica la joven.

En los últimos tiempos, las violencias se convirtieron en una constante para desplazarlas. “Es una guerra enorme y está disfrazada”, explica la comunera, para quien decir transición energética “es un verso” ya que, en realidad, “el litio se va para otros lados, es para los países ricos. Se van a llevar nuestros minerales, los van a procesar y van a volver a vendernos a nosotros; a cambio nos dejan destruidos nuestros lugares como estos humedales donde están los salares”.

Durante todos estos años de lucha, diferentes colectivos acompañan a los pueblos de la sal para visibilizar sus denuncias. Entre ellos, Melisa Argento, del Grupo de Estudios en Geopolítica de Bienes Comunes de la UBA, trabaja con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc hace mucho tiempo. Para la investigadora, la respuesta de las comunidades frente a la reforma constitucional no es ninguna novedad: “Hoy resisten como hace más de diez años contra el avance de la frontera extractiva de litio en sus territorios”. Explica, también, que en la zona de las salinas “nunca fue implementada la consulta previa libre e informada que regula el artículo 179 del convenio de la OIT”.

Desde su experiencia, Melisa sostiene que la minería de litio es “minería de agua” y que “destruye no solo ecosistemas, cuencas hídricas, vegas y humedales altoandinos, sino también las formas de reproducción de la vida, las actividades productivas de las poblaciones que trabajan en la ganadería, de la agricultura en pequeña escala y los alimentos que producen desde la tierra”. 

“Las comunidades están organizadas y han resistido a los primeros intentos de 2011, a las licitaciones de 2019 y a las nuevas licitaciones, como la que pasó hace muy poco, de 11 mil hectáreas del territorio que el Estado provincial entregó al capital privado”, recuerda la investigadora. Por ese motivo, la reciente aprobación de la reforma constitucional no es casual: “Lo que vemos es que atenta directamente contra las herramientas de defensa y de protección de la tierra de estas comunidades porque se avanza sobre sus personerías jurídicas, porque se avanza legitimando el desalojo y la no entrega de títulos territoriales y porque, básicamente, el gobierno provincial tendría todos los territorios y la regulación de los pueblos indígenas”, denuncia.

La vida y la muerte, un círculo sagrado que une la tierra con el cielo

Es sábado y la represión en el corte de ruta de Purmamarca, Jujuy, cumple una semana. El sol pega fuerte en los rostros curtidos por el frío y por el fuego de la noche anterior, de las noches anteriores. Contra todo pronóstico, el espíritu colectivo está intacto porque saben, en lo profundo, que la vida siempre vuelve a resurgir.

Una caravana de autos se aproxima. Llegan los restos de Felipe Mamani, uno de los primeros maloneros que, en 1946, viajó a pie con hermanos y hermanas kollas hasta Buenos Aires en el primer Malón por la Paz para reclamar al presidente Juan Domingo Perón la titularidad de las tierras preexistentes al Estado.

Su presencia de 97 años necesita traspasar a otro plano y comienza la ceremonia. “La coca, para nosotros, es una medicina, es una abuela, una sabia. Nos conecta con nuestra cultura, con nuestra memoria histórica, con el corazón de la madre tierra, con el espíritu del aire y de los elementos”, expresa el Chaski Nelson durante la ceremonia. Proveniente de Abra Pampa, al norte de la provincia, cuenta que a la coca “la han sembrado nuestros abuelos de distintos pueblos amazónicos, quienes han logrado la conexión con este espíritu de la mamá coca y luego lo han ido trasladando”. Nelson mira atentamente el fuego: “Esas hojas de coca solo se queman cuando un alma viaja. Es una conexión, un puente, entre esta dimensión y la otra. Al quemarla se da aviso que un alma está de viaje para que sea bien recibida”, asegura.

Los pueblos de la sal saben de despedidas y de encuentros, saben de agradecimientos y ofrendas, de dejar ir y de resistir, saben de conservar sus territorios con la guía de sus ancestros. Conservar, eso que hace la sal desde el principio de los tiempos.

* Esta crónica fue publicada originalmente en LatFem, la misma fue realizada en el marco del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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Por Mayra Latina Luna | Foto: Matías Minahk *

Sobre estos eufemismos se sostiene un proceso de reformas y medidas que el Gobierno de Jujuy viene implementando desde el año 2015. Reformas que se implementan en contra del pueblo jujeño y son regresivas y gravemente lesivas de Derechos Humanos con alto grado de protección en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

La prohibición de los cortes de ruta, cortes de calles y la prohibición de la ocupación de edificios públicos provinciales, siendo estas modalidades legítimas y protegidas por el derecho la protesta, tal como lo recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado publicado el día 20 de junio implica la limitación del ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, derechos con alto grado de protección y de necesaria garantía para el sostenimiento, promoción y defensa de la democracia.

La CIDH también recordó en su comunicado que resulta necesario tolerar que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación en el desarrollo de la vida cotidiana en relación, por ejemplo, al tráfico y el ejercicio del comercio, e instó al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. Cabe destacar que el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 bis y el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Esta no es la primera vez que la CIDH llama la atención a Jujuy, en el año 2017 el Estado Argentino y la Provincia de Jujuy fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia temática sobre “Represión y criminalización de la protesta social en Jujuy” en donde las organizaciones sociales, entre ellas ANDHES, denunciaron hechos de persecución penal, contravencional, represión, uso abusivo de la fuerza e ilegal limitación del derecho a huelga.

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina emitió un comunicado el día 21 de junio donde expresó su preocupación por el uso indebido de la fuerza por parte de efectivos policiales, las detenciones y judicializaciones de manifestantes e instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy” y exhortando al Gobierno provincial a evitar la escalada de violencia y cualquier retroceso en materia de Derechos Humanos, a la vez que llamó a un diálogo constructivo e intercultural que garantice la participación de los pueblos indígenas.

Además de lo regulado en el artículo N° 67, la reforma sancionada incorpora a la Constitución Provincial el código contravencional puesto en vigencia en 2016, a través del artículo N° 90 : “El Estado organizará un sistema contravencional dirigido a garantizar la convivencia pacífica entre los habitantes de la Provincia(…)”.  Durante el proceso de reforma constitucional express, el día 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 8464/2023, que agrava las multas a los manifestantes dispuestas en el artículo 113 del código contravencional. En su redacción actual, el artículo N° 113 prevé sanción de multa de hasta $8.000.000 y la posibilidad de cesantía e inhabilitación para empleados o funcionarios públicos, a quienes “alteren el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal(…)” habilitando a la fuerza policial a intimar a los manifestantes y dar intervención a la justicia penal. 

Este código contravencional es, desde 2016, la herramienta con la que el Gobierno de Jujuy viene atacando derechos democráticos y constitucionales, reprimiendo y persiguiendo manifestantes. Su incorporación a la Constitución Provincial implica la constitucionalización de la criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a huelga.

Estas reformas, que forman parte de un proceso integral y sostenido en el tiempo por el Gobierno de Jujuy desde el año 2015 para la creación en el imaginario colectivo de un “enemigo interno”, implican el empleo de herramientas para el control social de ciertos sectores de la población, mediante la represión y el uso abusivo de la fuerza y se traducen en una grave lesión al principio de progresividad y no regresividad en materia de DDHH, que obliga a los Estados a sancionar leyes que amplíen la protección de los derechos y que en ningún caso afecten o disminuyan la garantía o protección de estos derechos. 

No se trata de una “regulación de la protesta” sino de la persecución penal y policial a manifestantes, con el fin de amedrentar y aleccionar a quienes quieran ejercer su derecho a protestar, criminalizandolos y poniendo en riesgo su integridad física, psíquica y su vida. Esto se evidenció en las violentas represiones y detenciones arbitrarias masivas que sucedieron entre el sábado 17 y el martes 20 de junio, en donde se empleó un uso arbitrario y desproporcionado de las fuerzas policiales, que dejó como saldo más de un centenar de personas detenidas, entre ellas niñas y adolescentes, muchas gravemente heridas.

*Publicada originalmente en Andhes

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