En la segunda audiencia, se tomará indagatoria a dos imputados que no estuvieron presentes en la primer jornada y declararán cinco trabajadores del Polo Petroquímico de La Plata que fueron víctimas de torturas y secuestros durante la última dictadura militar.

Hoy se reanuda el juicio en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Grupo de Tareas N° 5 de la Armada y Prefectura, donde son juzgados ocho represores por cuarenta casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios, en la zona industrial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Durante esta segunda jornada, se tomará indagatoria al ex comandante de Operaciones, condenado a cuarenta años de prisión por su participación en el Plan Sistemático de apropiación de bebés, Antonio Vañek y también al Comandante del Batallón de Infantería de la Marina (BIM 3), José Casimiro Fernandez Carró. Ambos genocidas justificaron su ausencia durante la primera jornada del juicio oral, del 13 de julio pasado, aludiendo un mal estado de salud. El tribunal conformado por los jueces Carlos Rozanski, César Álvarez y Germán Castelli, rechazó el pedido de la defensa para evitar que los represores presencien el juicio por sus condiciones físicas.

Antecedentes: del Plan Conintes al Plan de Capacidades de 1975

La construcción de un circuito represivo fue delineado y organizado durante décadas por las Fuerzas Armadas. En 1975 la Armada se reorganizó en “11 Fuerzas de Tareas”. A lo largo y ancho del país, se estableció una división territorial de la represión, para garantizar un efectivo control hacia las disidencias políticas. Las Fuerzas Armadas asumieron la conducción de las fuerzas de seguridad al interior del territorio y fueron parte de la represión de la sociedad civil. El adoctrinamiento de las fuerzas de seguridad implicó el afianzamiento de una red de comunicaciones a nivel militar y policial, siendo la inteligencia y la información política de carácter prioritario, sustentado en un andamiaje jurídico-represivo que habilitó históricamente a la extra-legalidad de las mismas.

Uno de los actuales imputados, Antonio Vañek, declaró en el año 1996 en el marco de la querella presentada por Abuelas de Plaza de Mayo que dio inicio a la causa N°10.326/96 “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores”, instruida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

En esa oportunidad el Fiscal preguntó: “¿Podría decir si las Fuerzas, grupos o unidades de tarea utilizadas en la guerra contra la subversión fueron creadas especialmente para esos fines o representan a una organización permanente de la Armada?”. A lo que Vañek respondió: “No, es una organización permanente de la Armada. Anteriormente se llamaba Plan Conintes y responde a las necesidades de la intervención de la Armada en distintos aspectos (…) pero, es una organización permanente. El fiscal agregó, “el origen sería entonces el Plan Conintes”. Vañek respondió aclarandi que “anteriormente se llamaba Conintes, Plan de Conmoción Interna” agregó.

El 4 de noviembre de 1958, bajo el Decreto de carácter secreto Nº 9.880, se aplicó el llamado Plan de Conmoción Interna del Estado, (Plan Conintes), que prohibía las huelgas y permitía la intervención de las Fuerzas Armadas. Los detenidos por manifestarse bajo la competencia de tribunales militares eran acusados por el delito de “terrorismo”.

Como normativa de excepción, el Plan Conintes facultó la militarización de la sociedad declarando zonas de injerencia militar, principalmente a las ciudades industriales y limitaba los derechos y garantías constitucionales de las personas. Este decreto, tomaba como base la Ley Nacional Nº13.234, titulada “Organización de la Nación para tiempos de guerra”, sancionada durante el primer gobierno peronista en 1948, que permitía la intervención de las Fuerzas Armadas, en temas que eran de competencia civil.

Según un informe del Senado de la Nación de mayo de 1961, hubo en todo el país bajo este Plan 258 detenidos/as, con penas desde ocho meses hasta veinticinco años. El Conintes fue uno de los antecedentes más importante, como método de represión, a las luchas políticas y sindicales de las y los trabajadores en todo el país, previo a la última dictadura.

En 1975, la Armada emitió la directiva antisubversiva 1/75S COAR, en la que fijó su jurisdicción para la lucha antisubversiva, comprendiendo el mar, los ríos navegables, sus riberas, zonas portuarias y la zona territorial circundante a las bases y unidades de tierra, manteniendo el control operacional de la Policía territorial de Tierra del Fuego.

El 21 de noviembre de 1975, dicha Fuerza dictó como contribuyente de la directiva, el Plan de Capacidades -PLACINTARA 75- que mantuvo el esquema de 11 fuerzas de tareas, preexistente en la Armada. A partir de aquí se establecía que la Armada debía operar contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella “con el apoyo de otras Fuerzas Armadas detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”.

Estas normativas fueron contempladas en el requerimiento de elevación de esta causa a juicio. Los argumentos esgrimidos por los fiscales federales de La Plata, Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, se enmarcaron en dicho Plan sosteniendo que la intervención de la Armada que estuvo prevista desde 1975,  también da cuenta de como los objetivos de la Marina en esta región se enfocaron hacia los obreros y obreras de las fábricas ubicadas en el polo industrial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Históricamente las zonas fabriles correspondieron a los focos de luchas y resistencias de la clase obrera. Esto tuvo una relación directa con el esquema de la división territorial en zonas, sub zonas y áreas bajo autoridad militar, como la militarización de las fuerzas policiales; esquema que se fue configurando durante más de medio siglo.

Los imputados

La causa “Fuerza de Tareas 5”, tiene como imputados al Comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, ya condenado a cuarenta años de prisión por la causa “Plan Sistemático”, por la apropiación de bebes. El Comandante de la Fuerza de Tareas N°5, Alberto Errecaborde. El director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, sentenciado por otras causas. El comandante del BIM 3, José Fernández Carró.  Los jefes de la Prefectura Naval del Puerto La Plata, Carlos Schaller y Luis Roca. El oficial de Prefectura, Eduardo Antonio Meza. El ex jefe de Operaciones de Inteligencia del BIM 3, Eduardo Fernando Guitán. Finalmente, Tomás Osvaldo Méndez, oficial de Prefectura Naval y Antonio Mocellini, 2do. Comandante del BIM 3, fallecieron antes de ser llevados a juicio.  La mayoría llegó a esta instancia con el beneficio de la detención domiciliara.

Las audiencias serán todos los lunes y miércoles a partir de las 9 horas en el Tribunal Federal N°1 de La Plata, en la calle 4 entre 51 y 53 (Ex AMIA). Para presenciarlas se debe concurrir con el Documento Nacional de Identidad.

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Son responsables de 40 casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios.

Hoy comienza el juicio que llevará al banquillo a ocho represores pertenecientes a la Armada y Prefectura Naval, culpados por 40 casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y dos homicidios, en Berisso, La Plata y Ensenada.

A partir de las nueve de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, presidido por Carlos Rozanski dará inicio a la causa: “Fuerza de Tareas N°5 -Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina- sobre Delitos de Lesa Humanidad”.

Durante la última dictadura militar, la Armada se reorganizó en “11 Fuerzas de Tareas”. A lo largo y ancho del país, se estableció una división territorial de la represión, cuya estructura se fue montando desde hacía décadas atrás. La región de La Plata, Berisso y Ensenada estaba controlada por lo que se denominó “Fuerza de Tareas N°5”, integrada por el Batallón de Infantería de la Marina (BIM 3); el Servicio de Inteligencia Naval, el Hospital Naval, el Liceo Naval, el destacamento de Prefectura de Río Santiago, los Centros de Detención Clandestina “La Cacha” e Infantería de Policía. Toda la zona ribereña estuvo controlada por la Marina.

Este circuito garantizaba un control permanente en un importante cordón fabril de la región que contaba con trabajadores de la Petroquímica Mosconi (YPF), Propulsora Siderúrgica La Plata, el frigorífico Swift de Berisso, Astilleros Río Santiago de Ensenada, entre otras fábricas. En un contexto de significativas luchas obreras en todo el país, en 1975 fueron parte de las históricas jornadas contra las políticas económicas de Celestino Rodrigo, ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón. En ese marco, las sistemáticas persecuciones preanunciaban uno de los objetivos primordiales de cada golpe de Estado en nuestro país: reprimir a la clase obrera para desarticularla.

Con el fusil en la nuca

Tania Nuez tiene 39 años. Nació en Ensenada, tres meses antes de que se llevaran a su papá, Ricardo Nuez, trabajador de Astillero Río Santiago, militante del ERP. Hoy Tania recuerda a su papá desde distintas formas. En la hermandad de las luchas, con su militancia en HIJOS La Plata; en su trabajo en el Astillero; en el encuentro con los compañeros de su viejo; en el complejo y doloroso ejercicio de dar testimonio. Serán cuatro meses de juicio, y ella es una de las 110 testigos que se sentará con la convicción de que su relato sea parte de la búsqueda de verdad para todos los desaparecidos, asesinados y sobrevivientes del Astillero Río Santiago.

Fue durante la misma madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando marinos y prefectos irrumpieron las calles y las fábricas de las ciudades ribereñas. “En Astillero a los primeros que levantaron fue a los delegados activistas de la lista opositora”, cuenta Tania. Los testimonios de los sobrevivientes, explican que la mayoría fueron llevados a la sede de Prefectura, en el Puerto de La Plata, luego derivados a dos circuitos: Liceo Naval y la Unidad N° 9, o a Infantería de la Policía, en la calle 1 y 60.

“Siempre cuentan que estaban trabajando con el fusil en la nuca”, dice Tania trasmitiendo el relato de ‘los viejos’, como le dicen a la generación de trabajadores de su papá. El nivel de control era total. Frente al Astillero, está la Escuela Naval Militar, mientras que desde adentro funcionaba un destacamento del BIM III. Este Batallón de Inteligencia de Infantería, actuó durante los primeros tres años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de Marina Eduardo Fracassi, condenado en Bahía Blanca, Roberto Wulff de la Fuente y Oscar Abriata, entre otra decena de represores que no serán juzgados en este juicio.

La historia de Ricardo Nuez en el Astillero comienza en 1958, en la escuela de aprendices con tan solo 14 años. De ahí en adelante, para Ricardo fueron intensos años de paros, movilizaciones, toma de fábrica, seguidos de suspensiones, represión y permanentes desalojos por parte de la marina.

“Mis viejos son de Ensenada, en 1969 se casaron y al otro día se fueron a Villa Regina, en Río Negro.  Mi papá hizo la colimba allá. Trabajó en una fábrica metalúrgica que hacía maquinaria agrícola. Como no había seccional del gremio -la UOM- crearon una con otros compañeros. Ahí salió elegido delegado, y después de un tiempo, los jefes lo despiden, haciendo una campaña de difamación. Les hicieron creer a los compañeros que lo habían arreglado con plata para que se vaya”.

Como candidato a diputado por el PST, y militante del ERP, ya había motivos para su persecución en Río Negro. “En 1973 se vuelven para Ensenada, -después del asesinato de Rucci, me dice siempre mi mamá. Maneja dos años un remis, y en el ‘75 vuelve a Astilleros”, recopila Tania.

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Un pequeño productor podría ir preso. Lo denunciaron por “usurpar” las tierras donde siempre vivió.

Campesinos detenidos por ser campesinos. Esa es la posible resolución de un conflicto judicial en los tribunales de Deán Funes, norte cordobés. Miguel Rojas podría ir preso por ocupar las tierras donde siempre vivió. El territorio en cuestión abarca 9.000 hectáreas y se ubica en el paraje Los Pozos, al norte de la Laguna de Mar Chiquita, Tulumba. “Basta de criminalización”, exigen desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Para hoy a las 9 am se espera que inicie la audiencia convocada por el juez Abraham Elías. En la jornada puede dictarse sentencia sobre un juicio civil en el que Rojas fue demando por la familia Figueroa, que dejó la zona hace más de tres décadas. Detrás del reclamo de Figueroa se encuentra una aceitada estructura inmobiliaria que aprovecha, como en otras ocasiones, los espacios grises que deja el Estado.

La causa

El caso de Miguel Rojas cumple con el modelo típico de despojo territorial que sufren los campesinos. El hombre vivió toda su vida en ese campo, donde además habitan sus hijos y nietos. Estas familias crían cabras, ovejas, vacas. Con su trabajo en este campo comunero, los Rojas y otras familias como Vicente, se autoabastecen de alimentos y ponen su producción a disposición de la mesa de muchos cordobeses.

La familia Figueroa había cedido territorio a campesinos de la zona, y dejó el lugar a fines de los setenta luego de una inundación. Descendientes de los Figueroa que habitaban allí reaparecieron hace una década a reclamar tierras. Miguel Rojas intentó defender el campo comunitario y de ahí derivó su imputación. Sebastián Ramírez, yerno de Miguel, también fue imputado a raíz de la construcción de una vivienda en el campo donde la familia permanece desde hace décadas. Desde el MCC apuntan que detrás de este proceso judicial está la empresa de bienes raíces Alegría Cáceres. Este cronista intentó contactarse con el privado pero no tuvo respuesta.

El pasado 13 de mayo, el juez Elías realizó una inspección ocular en el campo. Participaron el abogado querellante Cruz Mieres, el fiscal Hernán Funes, y la abogada de Rojas y Ramírez, Victoria Gauna. Esa jornada sirvió para que la autoridad judicial pudiera dimensionar el territorio, observar el tipo de vida asociada a la producción comunitaria y constatar la presencia de estas familias por generaciones en el lugar.

Gastón Farías, es miembro del MCC, pero también acompaña a las familias como parte de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF). A partir de ese apoyo institucional, conoce de cerca la realidad de estas familias en términos productivos, sociales e históricos. Farías plantea que los agentes judiciales tuvieron la oportunidad de conocer “lo que efectivamente ocurre en ese territorio”.  “Después de esa inspección ocular, la justicia no puede mirar para otro lado”. Farías asegura que a partir de ese día, “el juez ya no puede negar la realidad que tiene ese campo, porque lo recorrió, vio cómo es la producción comunitaria y la forma de vida de esas familias”.

Un caso no aislado   

En la provincia hay al menos 69 casos de conflictos de tierra que afectan a más de mil familias. Son unas cien mil hectáreas la que están disputa, con la expansión sojera y el desplazamiento de zonas ganaderas como factores clave. Estos datos surgen de un relevamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación (2013).

Córdoba ha tenido casos emblemáticos. En el paraje Las Marvillas, cercanías de Sebastián Elcano, Ramona Bustamante fue expulsada violentamente de su campo en dos oportunidades en 2003, por los empresarios Scaramuzza. A pesar de haber regresado, más de diez años después el Poder Judicial no resolvió la cuestión de fondo: la posesión. En la misma zona, año 2004, la familia Olivera del paraje La Penca también sufrió la avanzada empresaria. Luego del proceso judicial, y graves situaciones de violencia, conservaron 50 hectáreas, perdieron unas 300. El campo comunero La Libertad (Ischilín), 12.500 hectáreas, simboliza la (in)acción del Estado. Más de dos décadas de conflicto, constantes reclamos y como resolución un remate de 9.000 hectáreas. En buena parte de ese territorio producen desde siempre unas cincuenta familias, ajenas a ese conflicto entre terceros.

En 2013, un logro histórico con el caso de ‘El Chacho’: la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje reconoció la posesión de más de 2.000 hectáreas de ocho familias campesinas de esa comuna del departamento Minas. Más de una década de desgaste judicial, criminalización y, como en todos los casos, violencia. Lidia Ozán del paraje San Antonio, al norte de Cruz del Eje, obtuvo otro triunfo. Pero debió pasar una década de agresiones. Este año el Poder Judicial reconoció la posesión de sus tierras que habían sido arrebatadas por el empresario Bautista Balduzzi.

Los pies en el suelo

Pese a las resoluciones más o menos favorables del Poder Judicial, todas estas familias permanecieron en sus tierras: una decisión de vida. El caso de Rojas se inscribe en este relato de luchas campesinas tan histórico como vigente. “Los conflictos no paran, se calma en una zona y recrudecen en otra”, analiza Farías frente al silencio de los grandes medios, de buena parte de los políticos, y de una sociedad que en general le escapa a estos temas. Como en los casos anteriores hay una decisión firme y Farías la deja planteada: “Pase lo que pase, del campo no se va nadie”.

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La urdimbre judicial y política retrasa tiempos y congela juicios. Hace ya más de dos años, voces militantes como las del abogado Pablo Llonto lo advertían. Revertir el panorama impone un accionar colectivo sin más demora: de lo contrario, el punto final está al acecho.

Toda ley tiene un texto y un contexto. Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace más de 10 años, se produjo una aceleración de los juicios. Pero desde el año pasado, tienen un andar cansino.

Los datos son didácticos: más de 120 están a la espera de los pasos definitivos para sentar en el banquillo a los que todavía no han sido condenados. Existe una resistencia manipulada, en particular por quienes desde el bloque de poder la aplican a rajatabla, con la morosidad en la conformación de los tribunales, entre otras acciones.

Además, fuentes judiciales dejaron trascender que se dispondrá la libertad de todos los imputados a la espera de la realización de los juicios, que cada día que pasa se torna utópico. Será la continuidad a las decisiones de selectos miembros de Casación, que el año pasado dejaron libres a los más de 40 condenados de Tucumán y Salta, por no estar confirmadas las condenas.

Hay recursos para acelerarlo. Un aporte podría ser que, de la misma forma en que se tiene que dar a conocer la lista de represores prófugos, deba informarse desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, qué obtura cada uno de los juicios. Así como se desclasifican las cuentas bancarias en causas por los atentados a la AMIA, o por la guerra de Malvinas, corresponde que se acabe con este virtual secreto.

Por ejemplo, sobre el juicio por las desapariciones en el establecimiento yerbatero “Las Marías”, en Corrientes, debería informarse quiénes fueron los imputados iniciales y por qué después quedó implicado un solo militar, por supuesto sin los dueños de la empresa. Cabe recordar que en noviembre un alerta de la Agencia de noticias DDHH impidió el inicio de ese juicio al militar solitario, y desde entonces no hay una sola línea de información.

También podría encargarse de informar el Consejo de la Magistratura, dado que tiene un numeroso plantel de auditores que recorren los juzgados federales en busca del estado de las causas. Pero aparentemente rige la prohibición de difundirlo, y se ignora quién dio la orden y las razones que existen para esconder la información.

Pereza judicial

Una conducta que se visualizó a fines de 2013 y se potenció en 2014, y pese a los reclamos institucionales y de la militancia, es que en más de una provincia todo sigue igual, por ejemplo en Santa Cruz, Chaco, Corrientes, La Pampa, Río Negro, San Juan, Catamarca. También en los expedientes que se tramitan por Campo de Mayo, empresarios, ex funcionarios judiciales, capellanes militares, monjas, etc. Tal como se precisó en la nota Juicios de lesa humanidad: luchar contra el punto final biológico el problema es que el tiempo sigue corriendo.

En ese sentido, hace más de dos años, el abogado y periodista Pablo Llonto advirtió en la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación sobre esta llamativa pereza. “O se cambia, o habrá juicios por cien años”, dijo entre otros conceptos respecto de la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia y de la urgencia de que se conviertan en mega causas para abarcar la mayor cantidad de imputados.

Consultado por la situación actual, Llonto afirma: “Mientras más años pasan, se necesita más velocidad en los juicios. No podemos conformarnos con 16 o 20 juicios por año en todo el país, porque eso era algo imprescindible y natural. Hay que lograr que los Tribunales Orales Federales ingresen a ritmos de 4 o 5 juicios anuales por jurisdicción. En Lesa Humanidad, teniendo en cuenta que en 2016 se cumplen 40 años del golpe, cada uno de demora equivale a 40 de retraso. No hay más tiempo para esperar y tanto la Comisión Interpoderes, que depende de la Corte, como la Cámara de Casación deben dar urgente tratamiento a este asunto con soluciones excepcionales, o debemos buscar una solución especial por medio de una legislación para el caso. Eso no es crear tribunales especiales, sino resolver situaciones excepcionales”.

Qué hacer

En resumen, no se puede afirmar que la morosidad esté condicionada por las urnas electorales y por quién puede arribar al primer piso de Balcarce 50, a partir del 10 de diciembre. Está dada por miembros del Poder Judicial que definen ese andar cansino y que tienen como modelo a Olivera Pastor y Rabbi Baldi Cabanillas, dos ejemplos de impunidad. Ambos fueron bendecidos por el Consejo de la Magistratura, que dejó pasar el tiempo sin que fueran sancionados por trabar el enjuiciamiento a un represor, pese a las denuncias, que duermen en algún escritorio. Una actitud que es un mensaje para el resto de magistrados y defensores oficiales, empeñados en el mismo objetivo: la dilación. Otro ejemplo reciente es el pedido de análisis de las conductas de los jueces federales sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez respecto de la fuga de dos represores.

Existe, entonces, una urdimbre judicial/política que obtura la demanda de Memoria, Verdad y Justicia.  Por eso hoy va a deliberar la Mesa de Diálogo Institucional y Social en la sede de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal (Avenida de Mayo 760) en el inicio de una serie de rondas que continuarán en el resto del país, para que, en conjunto, podamos dilucidar qué hacer.

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