Por Julieta Caggiano/Fotos Camila Parodi

Desde que empezaron a circular las imágenes de Jeanine Añez en la cárcel, se desató un debate sobre lo que se pone en juego hoy en Bolivia. La derecha pasó de negar la existencia del Lawfare a plantear que en el país andino se está desarrollando un “Lawfare de izquierda”. Sin embargo, este debate también vino desde la academia progresista. Pablo Stefanoni, jefe editorial de la revista Nueva Sociedad, publicó un artículo que se titula: “Añez presa: cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia”.

La expresidenta de facto Jeanine Añez y dos de sus exministros –Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía- están con prisión preventiva. Adicionalmente, se procesó a altos mandos de la cúpula policial y militar. Se los acusa, entre otras cosas, por usurpación del poder, sedición y otros delitos contra la patria. La denuncia la había presentado una ex legisladora del MAS, meses atrás, y la fiscalía ordenó la detención de los acusados.

Los cuestionamientos a ese pedido de justicia, que parte de una cómoda idea de “neutralidad” por los hechos de 2019 parecen desconocer la sistematicidad que subyace en las imágenes del horror que recorrieron las calles bolivianas en los días del golpe. Sin detenernos en los detalles de la cacería selectiva -un documental que acaba de estrenar la cineasta boliviana María Fernanda Rada, con la fotografía de Santiago Berón y la producción de Alina Duarte: Fue Golpe lo muestra con toda claridad-.

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Es importante verbalizar la existencia de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. En este documento se relatan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos en los sucesos donde fallecieron 37 personas: “27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”. Además, plantea que las muertes en Senkata y Sacaba fueron masacres: “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”. La pregunta es: ¿el pueblo boliviano no merece verdad y justicia?

El intento de golpe de 2008

El golpe fallido de 2008 se dio en Bolivia después de un referéndum revocatorio en el cual más del 67% de la población legitimó la continuidad del gobierno del MAS. Por otro lado, los departamentos de la medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) promovieron otro referéndum autonómico que rechazaba el proyecto de refundación del Estado Plurinacional, lo cual fue considerado inconstitucional por las autoridades nacionales. Estos departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central.

El investigador Waldo Ansaldi plantea que “sobre esa base de poder económico (la región de la medialuna concentra casi la mitad del PBI) más el control de los medios de comunicación, burgueses, terratenientes y derechistas comenzaron una campaña antigubernamental cargada de odio racista y de amenaza de secesión” en Bolivia. La Masacre del Porvenir (2008) fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, en la que murieron 15 personas, en su mayoría campesinos.

Alzamientos civiles, grupos armados –herederos de la experimentada paraestatalidad regional-, bloqueo mediático, muerte, persecución y violencia, imágenes que se repetirían once años después.

Las reformas institucionales tras el intento de golpe

A causa de los crímenes de 2008, la justicia boliviana condenó al ex prefecto Leopoldo Fernández por homicidio. Más allá de la gravedad de la situación, un homicidio se trata de un delito individual que no da cuenta de ningún tipo de organización o sistematicidad. No permite sentar precedentes y llamar a las cosas por su nombre, cuando se trató de un verdadero intento de golpe de estado.

Al no ser considerada una situación de guerra tradicional, para lo cual están pensadas la mayoría de las constituciones, el Estado boliviano no tenía las herramientas jurídicas para avanzar en esta investigación. Después de estos hechos, Bolivia incorpora tipificaciones ampliando lo que serían delitos contra el orden público en la nueva Constitución sancionada en 2009. Medidas similares se adoptaron en Ecuador y Venezuela, luego de sus propias crisis destituyentes.

Las reformas fueron en tres sentidos. Los delitos contra el orden público se amplían hacia la sedición, ocupaciones de cargo o traición a la patria. Los delitos económicos: sabotaje, agiotaje, boicot, desabastecimiento o ataques a los bienes estratégicos del Estado. Y, por último, los delitos ligados a la información falsa o secreta y al pánico financiero. Además, se establecieron penas para las acciones en las que se pruebe un intento de conspiración o alianzas con poderes foráneos.

Los nuevos golpismos en América Latina

Los cambios en la tipificación de estos delitos responden a lo que muchos investigadores e investigadoras caracterizan como nuevos mecanismos que tienen los Golpes de Estado en el siglo XXI. La mayoría de los estudios se han centrado principalmente en el Lawfare, pero no es la única manera. Se puede buscar en las obras de Tokatlián, Soler, Borón, Lesgard, Figueroa Ibarra, entre otrxs, que lo analizan desde diferentes geografías.

Algunos analistas dudan en llamar Golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Pero esto sería quedarnos atados y atadas a definiciones demasiado estrictas, que nos impiden entender una realidad dinámica. La orquesta que se montó en 2019, con una denuncia de fraude sin argumentos es digna de una profunda investigación.

El papel de la OEA

El accionar de la OEA, a cargo de Luis Almagro -organismo que recibe el 60% de su presupuesto por parte de Estados Unidos-, no es novedoso. El informe sesgado y parcial de Almagro fue rebatido por cientos de expertos, técnicos, institutos de investigación en todo el mundo. Un informe en Sputniknews amplía esta información[1]. En Estados Unidos, 28 congresistas pidieron que se investigue a la OEA por su rol en el golpe en Bolivia[2].

La OEA otorgó un paraguas institucional a los discursos y las acciones golpistas. Con su informe en la mano se tomaron las calles y las instituciones. Una cosa es la protesta social, y otra muy distinta es la coordinación entre escuadrones de la muerte -como los motoqueros del grupo Cochala[3]-, los acuerdos entre los principales líderes de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos y la triangulación con una organización como la OEA. Investigar esta relación es lo que demanda el pueblo de Bolivia por medio de sus instituciones.

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La judicialización de la política

Se utiliza el término “lawfare”–extranjerizado- para referirse a una guerra jurídica. Puede ser definido como “el uso indebido de las herramientas jurídicas para la persecución política” Según Silvia Romano. El concepto es complejo, porque se vincula con el género de las falsedades, plantea Raúl Zaffaroni, utilizado históricamente en política para destruir a un adversario. Sin embargo, el ex miembro de la corte también sostiene que la juristocracia en ascenso atenta a una destrucción del propio Estado de derecho.

El gobierno de facto utilizó las figuras jurídicas incorporadas en la Constitución boliviana en 2009, sin prueba alguna, para perseguir a militantes del MAS. El ex senador y auto nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, planteó a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Y así desataron una cacería judicial, incluso contra el propio Evo Morales.

La tendencia creciente a resolver conflictos políticos por la vía judicial es una realidad cada vez más común. Los nuevos delitos contra el orden público fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos del MAS en el gobierno de facto. Pero ¿qué otras herramientas hay para exigir justicia, si no son las propias instituciones?

La justicia de los pueblos no se negocia

“Nos dispararon como animales”, se titula el informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, resultado de siete meses de investigación en los que se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.

Los familiares y víctimas exigen verdad y justicia por sus muertxs. Hasta ahora, no han encontrado vías donde poder denunciar sin ser perseguidos en su propio país. La única manera fue recurrir a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.

La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos, el CELS y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019).

La judicialización de la política es una realidad, pero ¿quiénes instrumentaron en nuestra región la mayoría de las causas contra dirigentes políticos? Si primero saturan la justicia con causas infundadas, y luego la cancelan como herramienta legítima planteando que todo reclamo es un lawfare, ¿cuáles son los mecanismos para investigar?

El pedido de verdad y justicia en Bolivia significa pasar a la ofensiva con estas nuevas reglas del juego. Significa defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de su pueblo. Quiere decir también exigir debido proceso a la justicia boliviana. Como diría el propio Evo “busca sentar precedentes a nivel internacional, para defender la democracia, no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina.” Existe un peligro mayor al supuesto riesgo de un Lawfare de izquierda. El verdadero peligro es negarle a un pueblo los mecanismos y el derecho de exigir justicia.

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Por Luz Ailín Báez | Foto Tadeo Bourbon

El Tribunal Oral Federal de San Martín (TOF N°2) resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Omar Edgardo Di Napoli, médico represor acusado de delitos de lesa humanidad. Di Napoli está imputado por privación ilegal de libertad personal, tortura, homicidio agravado con ensañamiento-alevosía, privación ilegal de libertad y privación ilegal de libertad agravada a personas detenidas desaparecidas en el sitio que funcionara como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, uno de los 10 centros clandestinos pertenecientes a la llamada Área 400 (Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz), bajo el control operacional de Campo de Mayo.

Marcha dialogó con Paola Garello, militante de H.I.J.O.S. Zarate Campana y una de las encargadas de repudiar de manera formal la decisión del TOF N°2 de otorgarle la domiciliaria al médico represor Edgardo Di Napoli.

“Estamos en un proceso de acumulación de firmas, con todos los teléfonos colapsados por las adhesiones. Entendemos que esto es el resultado de 44 años de lucha: primero, de nuestras madres y abuelas y, en los años 90, con H.I.J.O.S. Ya adultos y grandes, hemos garantizado que el “Nunca Más” sea una de nuestras bandera de Memoria, Verdad y Justicia donde históricamente pedimos la cárcel común efectiva y perpetua para aquellos que llevaron adelante actos civiles como militares desde la dictadura en adelante, aunque sabemos que las desapariciones forzadas empezaron mucho antes del 24 de marzo”, afirma Garello.

Frente a la pandemia que acucia a todo el mundo, los abogados defensores de Di Napoli y dos de los doctores del TOF N° 2 aducen que el represor corre riesgo de contraer el COVID-19. “Sabemos que no hay informe alguno, más en la Unidad Penitenciaria n° 32 donde estaba alojado él, de que haya riesgo. Están arbitradas todas las medidas para que eso no suceda”, aclara Garello.

La práctica de connivencia entre algunos sectores de la Justicia (con mayúsculas) y los genocidas se viene dando desde mucho antes con la avanzada que les brindaba apoyo con el 2×1. A fuerza del pronunciamiento social masivo en contra que hubo tuvieron que dar marcha atrás y conformar una práctica constante. “Desde la llegada del macrismo los genocidas se recuestan en determinados tribunales para obtener impunidad en los fallos que los benefician con domiciliarias. Tenemos otro caso en la zona del genocida [ex subcomisario de Policía, Luis Abelardo] Patti, múltiple condenado a perpetua que vive en el country Septiembre de Escobar. Pero entendemos que es una práctica judicial de apañar a los genocidas de lesa humanidad”.

Di Napoli no tiene condena pero está afrontando un juicio de delitos sexuales junto con otros represores que sí están condenados. Al igual que una parte significativa de la sociedad civil, el imputado forma parte del pacto de silencio que tienen todos los genocidas y represores y por eso Garello alerta sobre el peligro de fuga o de violación a las domiciliarias. “Sabemos que a lo largo y ancho de todo el país los genocidas violan las domiciliarias y no hay nadie que los controle. Es la sociedad la que es consciente de que no deben salir. Si los vemos en la calle, los denunciamos, cuando debería ser el Poder Judicial el que los controla”.

Paola Garello es una de las protagonistas de H.I.J.O.S. que ha encontrado los restos de su padre desaparecido, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).“Mi viejo [Luis Lorenzo Garello] era licenciado en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Vivió ahí hasta que se casó con mi vieja en la ciudad de Godoy Cruz. Después se fue a vivir a Capital Federal y consiguió un laburo en las oficinas de la empresa Petrosur. La fábrica, una petroquímica, estaba instalada en la ciudad de Campana. Estando en Capital empieza a trabajar con curas tercermundistas en barrios y villas. Cuando viene a Campana termina militando en la columna 17 de Montoneros. Él acá hace un trabajo sindical muy grande, crea junto con Silvio Francisco Tognoli, también desaparecido el mismo día que mi papá y encontrados sus restos por el EAAF, el Sindicato de Supervisores y Jerárquicos Químicos de la Ciudad de Zárate Campana y empieza a tener un trabajo sindical muy grande articulando con otros gremios metalúrgicos de fabricas de cuero, teniendo en cuenta que acá es una zona altamente industrial.El día de su secuestro tenía 32 años, una esposa embarazada y tres hijos ya nacidos. Por suerte, a mi vieja no se la llevaron y mi hermano menor nació el 4 de febrero de 1977. Yo tenía cuatro años”.

Para Paola, “la Justicia es extremadamente lenta y no está a la altura de la historia”. Y no es para menos: el circuito represivo Escobar-Zarate-Campana tiene, a la fecha, un solo juicio concluido en 2013 con condenas, por decir lo menos, mediocres: Juan Fernando Meneghini, ex comisario de Escobar durante la dictadura, recibió 6 años de condena, que ya había sido cumplida en prisión preventiva, con lo cual se fue a su casa. Santiago Omar Riveros, uno de los cerebros del genocidio, condenado por múltiples delitos, fue condenado a perpetua, el ex prefecto Servando Ortega recibió 9 años en prisión domiciliaria y el excapitán Sergio Buitrago -también imputado- falleció en medio del juicio.

El médico militar Di Napoli está imputado en uno de los dos juicios que se están llevando a cabo en el TOF 2 de San Martín por el mismo circuito represivo: un juicio iniciado por delitos sexuales cometidos a sobrevivientes hombres y mujeres de Zárate, Campana y Escobar. “Muchos sobrevivientes han declarado haberlo visto y escuchado en el Arsenal de Artillería de Marina, donde también sabemos que pasaron mujeres jóvenes y adultas, muchas de ellas embarazadas. Hay una compañera embarazada que está desaparecida de apellido Coutada. Estamos en la búsqueda de ese bebé que pudo haber nacido en cautiverio y creemos que ella pudo haber estado detenida en el Arsenal, aunque no tenemos un testimonio efectivo”, relata Garello.

Frente a la inacción judicial, Paola cuenta que se han conformado grupos con investigadores del CONICET, FLACSO, H.I.J.O.S y SUTEBA, “gente con pura voluntad que va tirando de un hilo para desandar y exigir Memoria, Verdad y Justicia”. Y agrega: “Desde hace años les llevamos prácticamente las pruebas en la mano al tribunal. Llevamos datos o información certera para que la justicia de San Martín la corrobore y después empiece a agilizar o tomar decisiones que tienen que ver con la imputación a genocidas. Por eso entendemos que la Justicia está en una grave falta con las víctimas. A 44 años del golpe cívico-militar deberían estar enjuiciando a los genocidas, pero los están liberando de a cuentagotas”.

 “Hay domiciliarias por todos lados. Donde vos vayas con la regional que hables, hay domiciliarias. Tiene que ver con el respaldo de impunidad que les da el Poder Judicial a estos genocidas. Este pedido de domiciliarias, en esta coyuntura sanitaria grave que vive el país, se está dando mucho. Hay tribunales que se animan a decirles que no, que leen y oyen los informes del servicio penitenciario y otros que tienen contemplaciones para con los genocidas. Todas las domiciliarias que se están dando en este momento son por Coronavirus”.

Al pedido de domiciliaria aceptado para Di Napoli se le suman los otorgamientos de domiciliaria al represor formoseño Horacio Rafael Domato, prófugo de la Justicia durante 7 años y responsable de los grupos de tareas que funcionaron en dicha provincia, y la prisión domiciliaria otorgada por el Juez Federal Juan Manuel Iglesias al genocida Mario Osvaldo Sosa, quien fuera condenado en el año 2013 por el Tribunal Oral Federal de Formosa a la pena de dieciocho años de prisión por ser considerado coautor de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y tormentos agravados seguidos de muerte. Sosa fue enviado a un domicilio de la ciudad de Resistencia sin que se cumpla la normativa para el caso en relación a la pandemia y sin cumplimentar el requisito de la tobillera electrónica.

“Viven en un pacto de silencio para tener impunidad y esta pandemia, que a todos nos tiene ocupados y preocupados, a ellos los tiene frotándose las manos, mirando la posibilidad que tienen para obtener impunidad”, sostiene Garello. “Ellos están más que satisfechos con esta pandemia. Están celebrando que exista para poder irse a sus casas. Y nosotros les dijimos que el único lugar para un genocida es la cárcel común y la condena perpetua. Sus casas, para nosotros, son sus celdas”.

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Por Luz Ailín Báez

Desde 1979 los sobrevivientes venían denunciando a Ferrari. Su apellido figura en una lista de 1978 con 81 condecoraciones, otorgadas por el almirante Emilio Massera por los “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”. Horacio Luis Ferrari siguió desde ese entonces haciendo carrera en la Marina hasta ser ascendido a contraalmirante en 2008. En mayo de 2019, tras las bambalinas del “No al 2×1” y en pleno juicio por la Megacausa ESMA, el genocida fue liberado por el Tribunal Oral y Federal Nº 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez  e increíblemente sigue en su condición de excarcelado al día de hoy.

En la audiencia anterior Ferrari había afirmado que las planillas presentadas por la querella a modo de prueba deberían haber sido incineradas, según el modus operandi de los militares en ese entonces, y criticó las declaraciones de los sobrevivientes que lo mencionaban, deslizando que parecían todas “guionadas”. De igual manera se refirió respecto de algunas anotaciones presentes en su legajo personal, objetando que estaba siendo confundido con otra persona de igual apellido que había prestado servicios en los mismos años en la Armada.

La pantera no estaba en el buque, estaba en la ESMA

Este lunes 2 de marzo se realizó una nueva audiencia en Avenida Comodoro Py 2002, donde  la fiscal del Ministerio Público Fiscal, fiscal Ángeles Ramos, otorgó más datos sobre la nueva documentación que pone en jaque al genocida.

Se trata de un libro de partes mensuales -remitido en noviembre de 2019 por el Ministerio de Defensa de la Nación- que abarca los años 1976 a 1982. En el mismo, consta que Ferrari dejó de trabajar en el buque Ara Rozales el 28 de Enero de 1977 y figura su pase a la Escuela Mecánica de la Armada hasta el 6 de febrero de 1978, fecha en la que figura, nuevamente, su retorno al Ara Rozales.

En el transcurso del juicio, las declaraciones de Ferrari fueron cambiando. Inicialmente, había sostenido que “la única oportunidad en que estuve en la ESMA en mi vida” había sido en 1974 para hacer el ingreso a dicha escuela. Tras la prueba presentada, sostuvo que había salido del Ara Rozales para asistir a una charla que dio por vez única a los ingresantes de dicha escuela y que la falta de información acerca de su desempeño en el buque de la armada era “un error”. En relación a esto, la fiscal Ramos sostuvo en la última audiencia que, en dicho caso, “no está consignado por la Dirección de Personal Naval el regreso de Ferrari al buque” y que, además, consta en los últimos folios que la totalidad del libro en cuestión había sido perfectamente auditado por el personal a cargo de los movimientos de personal militar de la Armada, con las correspondientes correcciones  necesarias debidamente consignadas. La “ausencia” de Ferrari durante el año 1977 no figuraba entre dichas salvedades.

Para la Fiscalía, resulta una obviedad que todo lo dicho por Ferrari apunta a mejorar su situación procesual para evitar vincularse a los crímenes de los que se lo acusa: secuestros, torturas y desapariciones de personas, asesinatos, robo de menores y abuso de un menor, entre otros.

Desde que inició el cuarto tramo de la Megacausa ESMA, la querella fue reconstruyendo la verdad respecto de lo que hizo Ferrari en el período comprendido mayormente en 1977. Libros de partes mensuales, boletines navales y hasta los recibos de sueldo del imputado (donde figuran sus trabajos en el buque Ara Rozales y en la Dirección de Armamento del Personal Naval (DIAP), institución subordinada a la ESM) se sumaron a los ya existentes testimonios de ex detenidos desaparecidos que habían reconocido a Horacio “Pantera” Ferrari en fotografías del sobreviviente y testigo Víctor Basterra y al listado que allá por 1987 reveló Ricardo Coquet -otro sobreviviente que estuvo recluido en la ESMA entre marzo de 1977 y diciembre de 1978- describiendo a Ferrari y a otros tantos militares de la ESMA con nombre completo y su cargos.

La contundencia probatoria de los archivos oficiales de la Armada donde constan las designaciones y pases de Ferrari del Ara Rozales a la ESMA conforma un  cuadro irrefutable respecto de la responsabilidad de la “Pantera” en su accionar en el Grupo de Tareas 3.3.2. La próxima audiencia será el lunes 16 de marzo a las 9.30 horas en los Tribunales de Comodoro Py.  Desde H.I.J.O.S Capital esperan que este nuevo tramo de la Megacausa llegue a su fin pronto, con Ferrari y los otros ocho genocidas en cárcel común, con la solicitada condena a perpetua, para que se haga, finalmente, justicia.

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