El caso de Relmu Ñamku y la criminalización de la protesta del pueblo Mapuche no es nuevo. En Chile, el Estado –junto al Poder Judicial- utilizan repetidamente la misma táctica de amedrentamiento contra las comunidades.

Existe una fuerte tendencia en los Estados de América Latina a la marginalización de los pueblos indígenas, los cuales sufren en condiciones de pobreza y se encuentran bajo un permanente contexto de violencia política, cuya raíz principal dice relación con la apropiación de sus territorios y de la extracción de los recursos naturales de ellos.

En este contexto se enmarca el caso de los integrantes de la Comunidad Winkul Newen, en el cual la lamgien Relmu Ñamku fue acusada de tentativa de homicidio por, presuntamente, haber lanzado piedras en contra de una auxiliar de justicia en el contexto de un desalojo en favor de una empresa petrolera. Sus compañeros, los peñi Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron acusados por daños agravados por los mismos hechos.

En los miles de otros casos judiciales, el lanzamiento de una piedra contra otra persona (en caso de haberla golpeado efectivamente) habría sido sancionado bajo el delito de lesiones simples. Sin embargo, como la piedra provenía de una mano mapuche, se le consideró como acto subversivo, con la alevosía de querer matar a quien la recibe.

Así, el derecho penal y la criminalización del pueblo mapuche se vuelven armas de amedrentamiento.  Quieren generar miedo en las comunidades y sus integrantes, para que abandonen sus luchas y cedan sus territorios a las empresas transnacionales (y muchas veces grandes capitales nacionales también), que en el caso Argentino son las petroleras.

Aún cuando el caso de los comuneros de Winkul Newen terminó con un fallo justo (por ahora), pues Relmu Ñamku fue absuelta del cargo de tentativa de homicidio y el peñi Martín Maliqueo fue absuelto de todo cargo, siendo encontrados culpables Ñamku y Rain solo de lesiones simples, es necesario estar alertas.

Si bien para Argentina este es el primer caso en que una lamgien arriesgaba una pena tan alta en contexto de criminalización de sus luchas por defensa de sus territorios, esta artimaña no es desconocida para el pueblo mapuche. En Chile, al otro lado de los Andes, la criminalización del pueblo mapuche es pan de cada día.

Con el aumento de las reivindicaciones territoriales y defensa de sus territorios, el Estado no quiso abordar el conflicto político, tratándolo como si se tratara de enemigos internos a los cuales se debía eliminar. Así conviven dos tácticas dentro de los procesos judiciales que han llevado a cabo: Primero, considerar a los mapuches como terroristas, aplicando la Ley Antiterrorista que permite vulnerar todas las normas de un debido proceso, admitiendo la existencia de “testigos sin rostro” los cuales pueden ser suficientes para dar por acreditado la existencia de un delito; asimismo, se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, considerando al pueblo mapuche como enemigo interno. La segunda táctica es con  algunos casos que son enfrentados como delitos comunes, principalmente acusando a peñis como ladrones de madera, sobre todo en aquellos casos que hay conflictos con empresas forestales.

Estos juicios políticos han sido realizados en complicidad del Poder Ejecutivo (principalmente, Ministerio del Interior, el cual es el querellante en estos casos), el Ministerio Público (cuyo rol ha sido levantar montajes y ser serviles a las grandes empresas forestales e hidroeléctricas) y el Poder Judicial, el cual mediante fallos de deficitaria argumentación y comprobación de la veracidad de los hechos ha condenado a excesivas penas a lonkos del pueblos mapuche.

Esta situación ha permitido despojar al pueblo mapuche de su histórica ocupación de territorios ancestrales y recursos naturales, siendo afectados por constantes golpes y atracos que ponen en disputa a los Indígenas con terceros, quienes abusando de la ignorancia, del matonaje o del plomo, disputan la posesión de la propiedad ancestral con la venia de los Estados, los que priorizan y aseguran la explotación de las riquezas naturales a manos de un puñado de privados en desmedro de los derechos fundamentales de los criminalizados movimientos indígenas. Y estos privados en su mayoría ya no son simples colonos, sino empresas nacionales e internacionales extractivas, que desarrollan el negocio de expoliación de recursos naturales, ya sea mediante forestales, petroleras o hidroeléctricas.

Ante la ausencia de mecanismos que puedan dar una respuesta satisfactoria a la demanda que hace el pueblo mapuche frente a la usurpación, ocupación de su territorio, y expoliación de sus recursos naturales,  estos se han visto obligados a defender su territorio por sus propias manos.

Por eso, frente a este primer precedente judicial en Argentina, es necesario alzar la voz y no permitir que suceda lo mismo que está sufriendo el pueblo Mapuche al otro lado de la cordillera. Los Estados de Chile y Argentina defienden a los dueños del capital, por tanto, la denuncia internacional de estos casos y la solidaridad con el pueblo mapuche deben ser nuestra acción constante. Marichiweu!

*Miembros Corporación 4 de agosto

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Relmu Ñamku, Mariano Rain y Martín Maliqueo fueron declarada/os no culpables y absueltos respectivamente en el juicio en el que se la y los acusó de “tentativa de homicidio” pretendiendo imponerles una pena de hasta 15 años de cárcel. Entre la algarabía, saben que la lucha sigue.

El jurado popular intercultural decidió declarar a Relmu Ñamku no culpable de las lesiones graves contra Verónica Pelayes, a Mauricio Rain no culpable por daños y a Martín Maliqueo, absuelto. En conversación con los abogados, estiman que la acusación por daños simples puede llegar a prescribir, porque ya pasaron tres años del hecho.

Tensa calma

En la jornada de hoy, 4 de noviembre, integrantes de la Comunidad Winkul Newen acompañadas/os por distintos movimientos y referentes de Derechos Humanos volvieron a encontrarse en el predio lindero a la “globa” donde se desarrolla el circo judicial, y mientras con solemnidad realizaron su saludo al nuevo día, el poder de las leyes se encargó de “entretener” a las y los presentes no mapuches con canciones de bandas tales como Los Pericos o Vilma Palma e Vampiros.

Lejos de la ingenuidad, estas maniobras se sostuvieron con la intención de menospreciar la instancia de criminalización y acrecentar la falta de respeto hacia la identidad mapuche; una cultura que se encuentra acusada por la justicia winka que, si bien se preocupó por poner su jurado intercultural tal como los tratados y leyes lo establecen, logró demostrar (a través de sus representantes y desde sus inicios) el racismo y la desigualdad con la que llevaron adelante la acusación y pretensión de condena en el nombre de Relmu, de la comunidad, y de todo pueblo que se reconoce distinto.

La presión política y el cambio de carátula

Tal como se lo había anunciado ayer, martes, otra instancia del juicio se llevaría a cabo el miércoles luego de que, por falta de tiempo, el jurado popular elegido para tomar la decisión sobre la causa no hubiera logrado ponerse de acuerdo tras deliberación para dictar sentencia como tribunal independiente, soberano y libre. Las acusaciones eran por “tentativa de homicidio” a Relmu Ñamku y de “daños agravados” a Martín Maliqueo y Mauricio Rain, de la Comunidad Winkul Newen de Neuquén

El martes durante la lectura de los alegatos, fiscalía, querella y defensa expusieron los argumentos de parte. Allí, luego de confirmar en sus discursos que ya no tenían cartas sobre el asunto las dos primeras partes decidieron recurrir a una nueva estrategia: la fiscalía cambió la carátula de la causa y acusó entonces a Relmu Ñamku por “lesiones graves” y a Mauricio Rain por “daños agravados”, absolviendo a Martín Maliqueo de cargos, mientras que la querella comunicó sus intenciones de mantener la acusación a Ñamku por haber “intentado no matar, sino de lesionar”.

Entonces, un nuevo panorama se tejió. Como las pruebas aportadas a lo largo de la semana de juicio por testigos y peritos no fueron lo suficientemente contundentes como para acusar a la procesada de tentativa de homicidio, la estrategia de cambio de carátula colocó una nueva dimensión en el debate, que no era el inicial. No obstante la defensa, conociendo la decisión política por la que se generaron estos cambios, no dio marcha atrás y en sus argumentos a cargo de Emanuel Roa volvió a contextualizar el porqué de la realización de este juicio, como así también las irregularidades con las que se instaló y el castigo previo por el que sus acusados tuvieron que atravesar, reenfocándolos como víctimas que recurrieron a la legítima defensa de sus derechos y territorios ante el avance de las empresas petroleras.

Un juicio que fue observado internacionalmente

No hubo casualidad ni arrepentimiento ante el cambio de carátula. Este juicio, que desde su principio fue difundido en soledad por las y los integrantes de la comunidad y por la misma Relmu Ñamku, quien le puso el cuerpo y participó de distintos encuentros y debates de movimientos sociales para instalar la problemática.

De repente se convirtió en un caso ejemplar observado internacionalmente por la injusticia que implicaba. Y fue en ese marco, que el juicio -que comenzó el lunes 26 de octubre con escaso acompañamiento político- fue generando la suficiente compañía y solidaridad de distintas organizaciones, sindicatos y personalidades de Derechos Humanos como Nora Cortinas, Adolfo Pérez Esquivel, Vanesa Orieta y Félix Díaz, impulsadas por aquellas que ya se encontraban acompañando el caso.

Tanto las acusaciones como las decisiones emitidas en la circense instalación propiciada por el tribunal de Zapala tuvieron de repente una fuerte repercusión política. Y fue por esto que la fiscalía y la querella revieron su accionar ante las desprolijidades con las que se venía desarrollando.

En nombre del pueblo

Luego de tres horas de deliberación por parte del jurado intercultural, la noticia se hizo llegar. Había culminado la instancia de debate de los doce integrantes del jurado y sin siquiera pedir intervención técnica se dispuso a informar lo decidido. Una vez allí, esperando la llegada del jurado con lo que sería su sentencia para los imputados, Martín Maliqueo acercó la bandera mapuche al recinto de la “globa” para reafirmar la presencia de su pueblo ante un escenario de (in)justicia racista rodeada por columnas de policías.

A partir de las 14.30 el jurado “arribó” a lo que sería para ellos la sentencia definitiva. La presidenta elegida por los integrantes del jurado asumió la palabra: “Nosotros, el jurado en nombre del pueblo, encontramos” ante la acusación a Relmu Ñamku por “lesiones graves y daños” hacia Verónica Pelayes “no culpable”… Los aplausos y gritos no se pudieron contener ni de un lado ni del otro de las finas lonas que separaban a quienes presenciaban el juicio de quienes lo escuchaban desde la esquina a través de la emisión especial de la Red de Medios Alternativos. Y continuó: “Se la encuentra culpable como autora de delito de daño simple conforme a la apreciación aportada por la fiscalía y la querella” en cuanto al daño realizado al vehículo de la demandante, ante las piedras arrojadas. Finalmente, la presidenta del jurado comunicó que a su vez encontraban a Mauricio Rain como “no culpable” de la acusación de “daños graves”.

Luego el Juez de instrucción, Jorge Criado, agradeció al jurado por la tarea desarrollada y preguntó a las partes si apelarían en los días siguientes. Mediante gestos, la querella asintió y la fiscal dio a entender que no. Allí Maliqueo, a quien también se le había confirmado su absolución, pidió la palabra y agradeció al jurado: “Es un momento histórico para mi pueblo, ya que se demuestra la inocencia ante una injusticia a la que fuimos sometidos”. Con esas palabras, los acompañantes de la denunciante Pelayes decidieron retirarse; sin embargo, Maliqueo continuó: “Exigimos a la fiscalía que pida disculpas”. Dio pie así a que la fiscal Taboada pidiera permiso para retirarse.

Lo más importante es que el pueblo habló

Una vez de pie, luego de que se retirase el jurado, los aplausos y abrazos volvieron a aparecer. Tratando de recobrar la voz, Relmu Ñamku expresó para los primeros medios allí presentes: “Hoy más que nunca vamos a seguir fortalecidos, defendiendo cada metro de nuestro territorio. No vamos a dar nunca ni un paso atrás”. En ese marco, se le preguntó por el mensaje que les daría a los pueblos originarios, a lo que contestó sonriendo: “A seguir la lucha, que es la única dignidad que tenemos como pueblo para seguir avanzando y recuperando nuestros territorios. Demostramos que el pueblo puede decidir y reconocer que nosotros éramos inocentes, y no aquellas causas que nos crearon acusándonos como los peores delincuentes”. En esa línea, anticipó: “Todo el tiempo sostuvimos que los verdaderos delincuentes, las empresas petroleras y el gobierno, no estaban aquí sentados. Pero nos vamos con la frente bien alta y a seguir luchando para la unión de los pueblos”. Al dejar atrás la carpa de los acusados Relmu, Martín y Mauricio fueron recibidos por sus hermanos y hermanas, quienes conmovidas gritaban su saludos de fuerza “Marichiweu”, más abrazos fueron a su encuentro mientras la multitud aún vigilada por los policías cantaban “el pueblo mapuche vive, la lucha sigue”.

Posteriormente, en diálogo con Marcha, Darío Kosovsky, abogado de la defensa, expresó: “El pueblo es sabio, mucho más sabio que los abogados, fiscales y los funcionarios judiciales. El pueblo escuchó, analizó, se sentó, debatió y tomó una decisión de sentido común”. Sin embargo, advirtió que continúan considerando que “Pelayes tiene su derecho a la reparación y nunca lo negamos, pero no a costa de más violencia al pueblo mapuche, es decir ni humillándolos ni poniéndolos de rodillas”. Allí, recordando su intervención en el alegato donde interpeló al jurado, agregó: “Tenían que permitir que tuvieran la posibilidad de justicia pero no de humillación”. Pero esto no termina aquí, y el abogado por así lo afirmó: “Vamos a impugnar la acusación de ‘daño simple’ que le dieron a Relmu y estamos seguros de que ese veredicto va a ser dado vuelta. Lo más importante es que el pueblo habló”.

Para finalizar la jornada, distintos representantes de comunidades saludaron y dieron sus bendiciones ante el veredicto positivo. Luego, la primera en tomar la palabra fue Relmu Ñamku, quien nuevamente reconoció al jurado que les dio la libertad por “entender la realidad de nuestros pueblos”, y en ese marco agradeció a su vez a quienes la acompañaron durante las jornadas de juicio: “Estos días, con sus presencias, demostramos la madurez que tenemos como pueblo” también servirá de mensaje para “la justicia winka que se dieron el lujo de hasta decirnos salvajes en el mismo juicio”.

Por su parte, Mauricio Rain, emocionado, agradeció a las y los presentes: “es gracias a ustedes que estamos libres” y advirtió que en cuanto al accionar de la fiscal Taboada deberá cumplir con “un costo político, y no sólo a nosotros sino también a todas las familias que han perdido sus hijos, y sus causas han sido cajoneadas por la fiscal, ya que según ella para los luchadores y los pobres no hay justicia”. Y para finalizar Martín Maliqueo agregó: “Con este circo la fiscal tenía el objetivo de callar la lucha e intimar al resto de las comunidades para que tengan miedo a las empresas, era claro el mensaje de hostigamiento que querían sembrar pero nuestro esfuerzo desarmó ese engaño”.

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La séptima jornada del juicio contra la Comunidad Winkul Newen en Zapala, fue una instancia que se limitó a la espera e incertidumbre de una sentencia que nunca llegó. Durante la jornada, tras la lectura de alegatos, Martín Maliqueo uno de los imputados fue absuelto y la carátula “intento de homicidio” contra Relmu Ñamku continuó desdibujándose.

Mientras el martes comenzaba preparándose como lo que sería, el último día del juicio, para sorpresa de muchos y muchas, se trató de una instancia más en este injusto proceso en el que se acusa a una comunidad y en específico, a una mujer mapuche por defenderse tras innumerables conflictos y atropellos sobre su soberanía con piedras tras el avance de una empresa petrolera en su territorio. Una vez más, la comunidad convocada desde las ocho de la mañana se reunió alrededor de su bandera y kultrum esta vez acompañada por la presencia de integrantes de otras comunidades mapuches de la zona. “Nosotros ya ganamos” insiste Relmu Ñamku, “esto nos ha servido para encontrarnos entre muchos” y así es luego de la llegada de una caravana proveniente de Neuquén lo confirmaron.

A partir de las 9 de la mañana la interminable fila de hermanos y hermanas se volvió a convocar en la entrada a la “globa” que funciona como tribunal, sabiendo que sólo serían destinados nuevamente cuarenta lugares para ellos una vez allí se organizaron para que sea representada la audiencia. Desde las 10 ingresó el jurado popular y seguido se dio inicio a la lectura de los alegatos; Sandra Gonzáles Taboada por la Fiscalía, Julián Álvarez desde la querella y Emanuel Roa para la defensa pusieron en común con el jurado sus argumentos.

Se trató como a lo largo de todo el juicio, de otra instancia en la que se colocó al pueblo mapuche como los “incivilizados y bárbaros” que respondieron y responden con violencia ante una sociedad civil “que responde pacíficamente desde el juicio con jurado” como si las acusaciones realizadas durante estos años y los maltratos verbales realizados durante el juicio no hubieran sido lo suficiente violentos ante un pueblo que atraviesa históricamente y en su cotidiano las violencias sistemáticas por parte del Estado como de la sociedad racista.

Si bien se esperaba que luego del cuarto intermedio que comenzó al mediodía el juicio volviera a su carácter público para poner en común la sentencia, ésta se hizo esperar y la tarde se limitó a audiencias cerradas e instrucciones sin lograr que el jurado delibere en tiempo y forma para lograr un veredicto.

Entre confusiones e interpretaciones, la tarde fue una nueva excusa de encuentro. Más de trescientas personas se convocaron a espacios comunes de intercambio primero, con la llegada de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, luego con la presencia de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y concluyendo con las voces de distintos referentes de las comunidades quienes dieron por finalizada la jornada. Un anciano en mapundungum manifestó que, con este juicio “están jugando con nosotros”, entonces “¿quién es el salvaje?” preguntó a quienes estaban presentes para luego dar pié a una ceremonia llamada “Choique Purrun” (Danza del Ñandú) en la que trasmitieron sus energías a Relmu y Martín para la lectura de la sentencia.

“No se discuten los derechos de los pueblos ni sus luchas”

Luego de que el juez diera la palabra, comenzó la fiscal Sandra Gonzales Taboada a realizar su exposición desde la fiscalía. Sin ninguna novedad, contó una historia de cajoneo y menosprecio de la causa mapuche, volvió a argumentar con los mismos elementos con que partió al iniciar el juicio. Es así que más allá de las pruebas y testimonios contundentes aportados por sus propios testigos, Taboada continuó acusando a Relmu (a quien decidió llamar como Carol por su nombre de adoptada desde el inicio del juicio) por “cambiarle la vida”.

Sin embargo, sin más argumentos, la fiscal se dirigió al jurado una y otra vez con la intención de simplificar el caso al golpe recibido por Verónica Pelayes aquel 28 de diciembre de 2012. En ese marco, recordó su premisa, “aquí no se discuten los derechos de los pueblos ni sus luchas” mientras mostraba una falsa preocupación por los testimonios aportados por la defensa en los últimos días, y para finalizar expresó, “ustedes deben juzgar la elección de una mujer por agredir a otra”, y apuntó, “ese es el veredicto, lesiones graves y daños agravados para Relmu Ñamku, daño agravado para Mauricio Rain y en cuanto a Martín Maniqueo se abstiene la fiscalía”.

De esta forma ante un panorama sin pruebas contundentes que demostraran su premisa, Toboada quién comenzó el juicio acusando por “tentativa de homicidio” a Relmu Ñanku decidió cambiar su caratula, para “no irse con las manos vacías”, como consideró Martín Maliqueo luego en conferencia de prensa.

A continuación fue el turno del abogado querellante Julián Álvarez, histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien tiene un currículum en relación a las y los mapuches que data de 2006, como parte de la creación de ADELEY (Argentinos en Defensa de la Ley). Álvarez, en representación de Verónica Pelayes, adhirió “puntillosamente al alegato realizado por la fiscal”, pero sin embargo advirtió, “no coincidimos absolutamente, para nosotros si hubo intención de matar no de lesionar”.

En esa línea recordó que la forma que “ellos tienen para resolver los conflictos es sin violencia”, contraponiéndose de la comunidad sin reconocer las declaraciones previas que dieron fe de que no hubo otra forma de reacción luego de años de presentaciones legales y denuncias.

“Cuando ustedes entran, entra el pueblo soberano”

Para finalizar fue el turno de Manuel Roa, abogado por parte de la defensa de la Comunidad Winkul Newen junto a Darío Kosovsky, quienes sostuvieron (en relación a las argumentaciones de la fiscalía y la querella), que el hecho por el que allí se encontraban cuenta con una historia y que, para entender el conflicto del 28 de diciembre de 2012, se debía “contar toda la película”. Luego, el abogado aprovechó del relato para contestarle a Toboada quién previamente había comunicado que para “este conflicto no se deber recurrir a la justicia”, ya que la misma entendía que no le correspondía como al ejecutivo. En ese marco, Roa desarrolló algo obvio, la impunidad con la que la empresa se manejó y se sigue manejando, “la empresa juega el casillero del ejecutivo (provincial), porque es con quien negocia y a quien le paga las regalías”, explicó y agregó, “también las juega con el poder judicial”.

A continuación contextualizó, “el 28 de diciembre a las 9 de la mañana la empresa (Apache) hace un pedido del ingreso y a las 12:50 lo consigue”, y aclaró, “apremiaban los tiempos porque se acercaba la feria judicial”. Y sin importar “que sea el cumpleaños del hijo de la fiscal, y que ya termine el año”, por ende, entiende que también la trabajadora judicial fue violentada y debe ser recompensada, “se expuso a un montón de riesgos porque estaba presionada por su jefa”, dijo.

Si bien el abogado defensor sostuvo que el conflicto de tierras y derechos de los pueblos enmarca el caso, decidió centrarse en la desprolijidad concreta del proceso desde la cual tirar abajo todos los argumentos realizados tanto por la querella como la fiscalía. Con la falta de pruebas en relación a quién tiró la piedra enfatizó, “de los ocho testigos ninguno pudo afirmar quién es el autor del piedrazo”. Además, “todas las piedras fueron a los vehículos, no a las personas que estaban abajo” y volvió a recordar, “ese día la comunidad estaba de luto, el día anterior había muerto una bebé producto de la contaminación en su cuerpo, lo digo para que comprendan el contexto”.

Para finalizar el abogado miró al jurado y expresó “es un orgullo que el jurado tome la decisión”, haciendo alusión a la aplicación de un jurado intercultural, hecho que se da por primera vez en Latinoamérica. Y agregó, “cuando ustedes entran, entra el pueblo soberano, por eso su función es girar la llave de la puerta para que se resuelva el caso”, y en ese marco recordó, “el Estado los abandonó una y otra vez a mis acusados, sabemos que ustedes no lo harán. Por eso les pedimos el veredicto de no culpabilidad”.

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La carátula de “tentativa de homicidio” con que se acusó a Relmu Ñamku es un paso más en los despojos petroleros sobre comunidades mapuche. A lo largo del juicio la descontextualización fue una de las estrategias de la acusación. Una perspectiva más amplia sobre las avanzadas hidrocarburíferas en territorios indígenas permite evaluar en profundidad el acto de arrojar una piedra.

A poco de concretada la sanguinaria avanzada militar del ejército de Roca, se descubre el petróleo en Neuquén. La ciudad de Plaza Huincul y su vecina Cutral Co son el resultado de la expansión de aquel primer pozo. La historiadora Orietta Favaro, sin embargo, establece que es recién con el descubrimiento del megayacimiento gasífero Loma la Lata a fines de la década de 1970 cuando la provincia define su perfil netamente hidrocarburífero. Hoy el avance sobre yacimientos no convencionales, cuyo mayor desarrollo se concreta en el área Loma Campana, a pocos kilómetros de la localidad de Añelo y de Loma la Lata, delínea una nueva avanzada.

Será justamente en esas tres territorialidades donde se constataron las mayores disputas de Lof (comunidades) contra petroleras. Es que los campos estériles donde las y los mapuche fueron arrinconados durante un siglo, son desde hace por lo menos 30 años, altamente codiciados debido a que en ellos existen valiosos “recursos”: fundamentalmente petróleo y gas.

Tras el inicio del proceso de privatización de YPF, la extracción amplió paulatinamente su ocupación a zonas anteriormente periféricas, impactando directamente los territorios de las comunidades mapuche. En ellas nunca se realizó un proceso de consulta previa y los atropellos fueron permanentes. Durante estas más de dos décadas, los gobiernos, poder judicial y empresas han mostrado una férrea alianza para consumar el renovado despojo.

Caso por caso

A mediados de la década de 1990, la primer confrontación en lograr difusión mediática fue la de las comunidades Kaxipayiñ y Painemil, sobre cuyo territorio histórico se emplaza el megayacimiento de Loma la Lata operado entonces por YPF S.A. Las condiciones de vida que debieron soportar por más de dos décadas las comunidades quedó al descubierto cuando integrantes del Lof Kaxipayiñ obtuvieron un líquido inflamable al perforar un pozo cuyo objetivo era obtener agua para consumo. La imagen se difundió profusamente. Se llevaron adelante una serie de estudios que dieron cuenta de la fuerte afectación sobre la salud, el  ambiente y la cultura que había causado el yacimiento. Una investigación interdisciplinaria coordinada por el abogado Carlos Falaschi concluyó: “Los datos analizados constituyen un serio indicador de que los niveles de exposición a elementos tales como hidrocarburos en general, plomo y mercurio, más allá de las cantidades encontradas en sus organismos, representan una seria afectación de la salud física, agravada por la incertidumbre generada por la inacción del sistema de salud provincial, que negó sistemáticamente la información”.

Sin embargo, a pesar de la degradación ocasionada por el accionar de la compañía en la extracción, en diciembre de 2000 los gobiernos provincial y nacional acordaron la prórroga de la concesión a Repsol-YPF en Loma la Lata, por el término de 10 años a partir de su vencimiento en 2017. Esta prórroga, motivó el rechazo frontal de las organizaciones mapuche que realizaron una protesta que fue brutalmente reprimida. Finalmente las comunidades Paynemil y Kaxipayñ obtuvieron un triunfo judicial parcial, relativo al cobro de servidumbres. Mientras tanto las napas siguen contaminándose, el daño cultural no mengua y aún hoy son permanente los atropellos que sufren.

Posteriormente, ya en los inicios del siglo XXI, la zona de conflicto se ubicó en la “Zona Centro” de la Confederación Mapuche de Neuquén, que abarca los departamentos de Zapala, Catan Lil y Picun Leufu. Allí, según un relevamiento del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) realizado en 2008, había 18 comunidades afectadas por alguna de las etapas de la explotación hidrocarburífera. Dato que no extraña si se tiene en cuenta que prácticamente la totalidad del territorio provincial ha sido concesionado a compañías que, en el mejor de los casos, esperan la llegada de inversiones para comenzar a intervenir, pero que en esta zona ya están  realizando exploración o explotación.

El informe del ODPHI destaca que “uno de los problemas centrales en este aspecto es la provisión de agua potable, ya que las pequeñas aguadas que hay en la zona están amenazadas por la explotación petrolera. Esto agudiza los conflictos al interior de las Comunidades y genera divisiones que en general son aprovechadas tanto por el gobierno como por las empresas”.

En esta región, y sin pretender exhaustividad, se pueden recordar los casos de la avanzada de la compañía estadounidense Apache sobre la comunidad Logko Puran, o el de petrolera Piedra del Águila sobre territorio de Wentru Trawun Leufu. Las acciones legales lejos de condenar la expansión extractiva, criminalizaron a los integrantes de las comunidades.

En la misma región, Apache perforó en territorio de Gelay Ko el primer pozo de hidrofractura de Latinoamérica. Por ese motivo un sector de la comunidad inició un fuerte proceso de lucha. En febrero de 2014, YPF compró Apache y la bautizó YSur, convirtiéndose en la principal operadora de la región. Pese a los nuevos nombres las prácticas continúan.

Otro de los ejemplos emblemáticos es el de la comunidad Campo Maripe, que reclama un territorio de 11 mil hectáreas que se corresponden en parte importante con el área Loma Campana en donde YPF y Chevron avanzan en el desarrollo masivo de fracking. Tras reiterados y permanentes cortes en el acceso al yacimiento, el gobierno provincial aceptó, a fines de 2014, la entrega de la personería jurídica a la comunidad y la urgente realización del relevamiento territorial. Sin embargo, poco meses después cuando los resultados del informe histórico antropológico coincidieron con las demandas indígenas, el gobierno lo desconoció y cortó unilateralmente las negociaciones. Sólo mediante la ocupación de las oficinas de YPF, el ejecutivo aceptó retomar el diálogo.

Repasar los distintos conflictos que la industria petrolera ha dejado en comunidades mapuche permite entender en qué marco los integrantes del Lof Winkul Newen defendían su territorio en diciembre de 2012 cuando ocurrieron los hechos que hoy son parte del juicio en Zapala. El despojo de fines del siglo XIX continúa, ahora con ropas democráticas. Las y los mapuches resisten y lo hacen con lo que tienen a mano. La violencia, queda claro, es la que sufren las comunidades.

* Investigador del Observatorio Petrolero Sur/ integrante de Tierra para Vivir

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Finalizó la sexta jornada del juicio contra la Comunidad Mapuche Winkul Newen por defender su territorio ante el avance de las empresas petroleras en su predio. Allí se puso en evidencia una vez más lo desproporcionada de la acusación ante un contexto hostil de violencia, contaminación, represión y muertes.

Contundente instancia se llevó a cabo durante el día de ayer en el juicio que acusa a Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la comunidad Winkul Newen del paraje Portezuelo Chico de Neuquén, por haberse defendido con piedras luego de que una oficial judicial acompañada por policías y empleados de la petrolera –en ese entonces– Apache ingresaran a su territorio con el objetivo de iniciar un desalojo.

Se preveía que la jornada duraría hasta la tarde, sin embargo, luego de las declaraciones de los distintos representantes de la comunidad el viernes pasado y con la esclarecedora declaración de la antropóloga Diana Lenton seguida de las palabras sentidas de Relmu Ñamku, la defensa desistió de las de los doce testigos de la comunidad que aún restaban presentarse. De esta forma, el juicio que se desarrollaría hasta el día jueves 5 de noviembre finalizará entre el martes o miércoles con la lectura de la sentencia que el jurado intercultural dé a conocer.

“Tiene que ser valorada su elección de seguir siendo mapuches”

Mientras desde temprano las fuerzas armadas se organizaban para ocupar sus puestos, algunos hermanos y hermanas de distintas comunidades se fueron encontrando alrededor de las primeras banderas de la mañana. Y se iban corriendo al único espacio verde interno del tribunal encabezadas por las “piñankuse”, mujeres sabias de la comunidad quienes lograron convocar a las presentes con su Kultrun. Ahora sí estaba preparado el escenario para realizar la celebración “wixa xipan” donde casi cien personas de distintos movimientos sociales, comunidades y pueblos indígenas se acercaron a compartir la celebración del día nuevo.

Ayer, alrededor de las 10 de la mañana declaró en la “globa” –carpa en la que entran aproximadamente cien personas de las cuales cuarenta se destinan como acompañantes de la defensa lo mismo para la denunciante– la antropóloga Diana Lenton, quien ofició de testigo de parte de la defensa de Relmu Ñamku y de la comunidad Winkul Newen. Lenton fue solicitada por la comunidad desde que fue reprimida en 2004 por la empresa Norteamericana Pioneer Natural Resources, que posteriomente fue comprada por Apache en 2006, para participar como interlocutora profesional en la mesa de diálogo con la empresa. Luego de años de acompañar a la comunidad en mesas de diálogos con las empresas y en recolección de documentos históricos, la antropóloga transmitió qué significa para la comunidad no sólo el impacto ambiental sino el daño cultural que genera la invasión de las empresas en los territorios mapuches. En ese marco, la doctora definió el impacto cultural como aquellos daños que suelen ser desconocidos o ignorados, pero que afectan directamente a la posibilidad de seguir reconociéndose como parte de una identidad cultural.

Allí Lenton reivindicó la “actitud coherente” de la comunidad Winkul Newen en cuanto a la defensa de su cultura. “Si bien tuvo un costo y sus pérdidas, tiene que ser valorada su elección de seguir siendo mapuches ya que eligieron este modo de vida” y a continuación expresó que esta temática “no puede sólo salir a la luz ante estos conflictos sino que tiene que ver directamente con el racismo, propio de cuando una asume una identidad ante una sociedad que prefiere definirse chata”. Y desde su experiencia y cercanía comunicó que, “al acompañarlos como antropóloga se me ha proyectado la vergüenza que sienten (que se tiñe de orgullo) ante la exclusión que les realiza nuestra sociedad, habría que reconocer ese esfuerzo”.

“No tenemos la culpa de vivir en un lugar que tiene riqueza”

Relmu Ñamku toma asiento en el banquillo de los acusados, y se dirige a su pueblo en mapudungun. Después expresa: “Me duele estar acá porque la comunidad creyó en la justicia. Somos muy conscientes de cómo es la historia del pueblo mapuche, pero aceptamos las reglas del juego de vivir en un Estado”. Pero aun así, esta justicia no es ciega y elige a quién ver, es así que Ñamku interpela al jurado: “¿Por qué la justicia no investiga? Y no quiero la respuesta de porque somos indios, porque somos pobres, porque somos mapuches”. Dejando un instante de silencio para demostrar lo simple de la repuesta, vuelve a tomar la palabra: “Imagínense nosotras como mujeres y como madres, nosotras somos leonas, defendemos a nuestros hijos; no podíamos permitir que nuestros hijos tomen esa agua contaminada”. Y recordando a la beba recién nacida con malformaciones que tuvieron que velar el día previo al intento de desalojo expresa: “La pérdida de un hijo es irreparable y no me gustaría estar en los zapatos de la mamá de esa beba que falleció por la contaminación que tenemos en el campo, y se podría investigar por qué falleció pero no se hace”, mientras el abogado muestra el certificado de defunción acompañado por un informe médico que comprueba el origen de sus malformaciones.

Sigue mirando al jurado, les cuenta la historia que una y otra vez ha escuchado de la mano de los ancianos de la comunidad: “No tenemos la culpa de vivir en un lugar que tiene riqueza. En su momento nos llevaron a otro lugar, a uno mucho más seco, porque el lugar en el que estábamos iba a ser para los animales. Pensaban que íbamos a morir en el nuevo lugar pero resistimos, y ahora lo quieren por ese petróleo, que para nosotros es la sangre de la tierra, de nuestro walmapu, como decimos”.

Entonces se centra en lo sucedido aquel 28 de diciembre. “Nos dimos cuenta de que era para que ingresen a la comunidad”, manifiesta rápidamente Ñamku, y aclara: “Lo interpretamos así porque vimos las topadoras. Ya sabíamos que era un desalojo y no quisimos escucharla, y le dijimos que se fuera, y le seguimos diciendo que por qué no se iba; y para nosotros eso fue una falta de respeto, ya que cuando les dijimos que era nuestra casa, nuestra comunidad, nos dijo: ‘si esta es su comunidad tráiganme los papeles’, y nos dijo que no éramos mapuches. Entonces ella negó nuestra identidad”. Una vez más, con sus palabras, los pueblos indígenas demuestran cómo en los hechos la Ley 26.160 de emergencia y regulación de la propiedad comunitaria indígena no se aplica, ya que expresa la detención de los desalojos hasta tanto se hagan los estudios correspondientes. Sin embargo, más allá de la impotencia de aquel día, la dirigente recuerda: “Cuando nos enteramos de la persona lastimada nos reunimos con la comunidad y pedimos disculpas a Mónica Pelayes. Jamás estuvo en nuestra intención lastimar a nadie. Las piedras las tiramos a los vehículos para que se fueran. Dijimos que ella era tan víctima como nosotros, porque el Estado estuvo siempre ausente”.

“Quiero pedir que sean justos”

Para finalizar, Relmu se toma unos minutos y vuelve a dirigirse al jurado: “Quiero pedir que sean justos. En estos tres años me tocó vivir una condena de los fiscales. No lo pido por mí: yo ya estoy condenada, yo soy mapuche, soy gente de la tierra, la pasión corre por mi sangre. La condena ya la estoy sufriendo, tuve que salir a explicar todo el caso en todos lados; es por mis hijos”. Y vuelve a recordar: “Acá no está un fiscal por no haber investigado, no está el gobernador, no está el gerente de la empresa, no está ningún policía, pero nosotros sí, porque somos pobres, porque somos indios, y porque soy mujer”.

Y mirando a Félix Díaz, dirigente Qom de Formosa que acompañó, manifestó: “Es doloroso escuchar que acá y en otras provincias los niños se mueren de desnutrición. Y si los recursos están en nuestro territorio, ¿por qué se mueren los niños de hambre? Saben lo que pasa en Formosa. Parece que estamos en la campaña del desierto todavía”. Y, convencida, concluyó: “Yo siempre voy a estar levantando la bandera de mi pueblo, que es esta. Algún día vamos a encontrar la tranquilidad. Nosotros vivimos en un infierno, en una bomba de tiempo que no sabemos cuándo va a estallar”.

Al finalizar el juicio el abogado por parte de la defensa de la comunidad, Darío Kosovsky, expresó a Marcha: “Para nosotros se dio por acreditada durante todas las jornadas, primero que es una persecución política, que queda a la vista de todo el jurado que la calificación de ‘tentativa de homicidio’ era absolutamente desproporcional y que el motivo es parte de la voluntad de someter y hacer arrodillar al pueblo mapuche”.

El defensor afirmó, convencido: “Lamentablemente, en el medio hay una trabajadora que resultó lastimada y eso merece una reparación. Como dijo Relmu, los responsables de su reparación tienen que pagarla y no están sentados acá porque el Poder Judicial no tiene la valentía de hacerlo. Sin embargo, sí tuvieron la valentía de sentar a una mujer mapuche, a un pueblo, a una familia, pero para enfrentarse con el poder no; por eso esto es a las claras el resultado de la cobardía de la corporación judicial”.

Y concluyó: “Esperamos que el jurado sepa entender eso; sepa que va a haber una reparación porque se la merece y la tiene que cobrar. Porque se trató de un enfrentamiento entre vulnerables, ya que fue entre trabajadores y una comunidad entre quienes se produjo este desagradable episodio y el jurado, como pueblo, debería tener la grandeza de una lectura que vaya más allá de una simple piedra”.

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Se levantó la voz y el apoyo desde el ámbito de los Derechos Humanos a Relmu Ñamku, la líder mapuche acusada de “intento de homicidio”, y que desde el lunes pasado está siendo enjuiciada en Zapala, Neuquén, por defender la vida de sus hermanas y hermanos y el territorio de su comunidad, Winkul Newen. En el medio del desarrollo de un juicio inédito y que incluye un jurado intercultural y un entramado de poderes que enjuicia en ella a todas las mujeres que defienden sus cuerposterritorios, Marcha dialogó con Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Félix Díaz.

Nora Cortiñas: esto es “una represalia teñida de discriminación”

“Estoy siguiendo el caso paso a paso desde que ocurrió el incidente”, sostuvo Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) en relación al enjuiciamiento a la mujer mapuche que está siendo criminalizada. “Estoy segura que esta condena es una represalia teñida de discriminación hacia la hermana Relmu”.

Cortiñas, en exclusiva para Marcha, sostuvo que “hay que rever la historia porque en esta situación que se presentó primero hay que volver para atrás y entender la lucha por el territorio ancestral, para en ese marco comprender que se trata de una causa provocada y eso hay que debatirlo”.

“Esa respuesta dura fue buscada. Se trata de un pueblo perseguido y contaminado por las empresas que abusan a través del extractivismo y el fracking en complicidad con los gobiernos que le abrieron las puertas, es en estos emprendimientos donde hay un abuso de poder sobre las comunidades”, sostuvo la referente de Madres.

“Es una injusticia que a esta hermana mapuche se la judicialice sin antes realizar un diálogo por parte del gobierno con las comunidades donde se deje en claro el respeto que debe haber, lo mismo pasa con el conflicto QO.PI.WI.NI”, denunció, sosteniendo que desde la acción e inacción de los gobiernos provinciales “provocan a la respuesta violenta para usarla de argumento cuando saben que los pueblos están saturados de resistir a estas situaciones”.

Félix Díaz: “compartimos y adherimos a esta resistencia”

Relmu Ñamku está “teniendo un proceso que nos demuestra el sistema que nos gobierna a través de la justicia, de las autoridades provinciales que tendrían que ocuparse a garantizar el respeto que tienen los pueblos indígenas de Argentina”, sostuvo Félix Díaz. “Como pueblo indígena estamos cada día más decididos a sostener esta lucha porque es la única herramienta que nos brinda la seguridad de poder llegar a tener ese respeto a través de la unidad de los pueblos indígenas”.

Díaz, adhiere a la importancia de, en la historia judicializada de Relmu, avanzar en la contextualización de la situación en que se dio en hecho que se juzga y en la responsabilidad del Estado argentino con las comunidades/ pueblos/ naciones indígenas para lograr una sentencia justa y un pleno desarrollo de la política de Derechos Humanos en detrimento de un “sistema opresor que sigue instalado en el país, a esta soberbia que hacen las autoridades judiciales, los gobernantes y empresas multinacionales que quieren adueñarse de lo poco que nos quedó”.

“Nuestros territorios han sido despojados de diferente manera a través de la sangre de nuestros ancestros”, declaró Félix Díaz, “sabemos que esta historia se repite nuevamente y este gobierno debería ser garante de la aplicación de los derechos constitucionales, la legislación internacional que debería ser la herramienta de poner en marcha la palabra interculturalidad, porque esa es la manera de demostrar la integración de los pueblos indígenas ante este Estado, que ha sido impuesto a través de las armas a integrar a los pueblos indígenas como argentinos”.

Y concluyó, “estamos muy preocupados por la situación que está pasando esta mujer, una gran luchadora, defendiendo su territorio, su identidad cultural y también su familia. Creo que es una dignidad muy pocas veces encontrada en este país, por eso compartimos y adherimos a esta resistencia que venimos sosteniendo desde Formosa”, dice Díaz. “Queremos solidarizarnos con este pueblo que está sufriendo esta persecución política y jurídica para querer justificar los despojos que afectan a cada familia indígena”.

Adolfo Pérez Esquivel: “preocupa la criminalización de las protestas sociales”

Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, y desde el Servicio Paz y Justicia Argentina (SERPAJ), también se solidarizaron con las y los mapuches de la comunidad Winkul Newen y con Relmu Ñamku, “nos preocupa la criminalización de las protestas sociales, ya que si bien arrojaron piedras su intención fue en defensa de sus derechos de pueblos indígenas que se encuentran permanentemente vulnerados, no sólo en Neuquén sino en el resto del país”. Y agregó, “nos preocupa la falta de respeto a la Constitución Nacional, al convenio 169 de la OIT que no se han consultado para responder los conflictos territoriales”.

Pérez Esquivel presentó desde el SERPAJ un amicus curiae, que no fue aceptado por el tribunal, “en defensa del derecho de los pueblos originarios a quienes no se les está permitiendo tener sus valores, sus costumbres y sus derechos contemplados en los convenios internacionales como así también en la ley de emergencia 26.160 que tiene que ver con el relevamiento territorial”, ítems de los que espera sean “considerados por el jurado con equidad” al momento de dictar su sentencia.

Hoy declaran la antropóloga Diana Lenton y Relmu Ñamku, la única imputada por “tentativa de homicidio” contra una funcionaria del poder judicial, Verónica Pelayes. En las jornadas anteriores, la excesiva figura aplicada por la fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada, pareció difícil de demostrar mediante las declaraciones testimoniales y las pruebas presentadas ante el tribunal y el jurado. Es por eso que se espera sea una jornada decisiva.

Mañana se dictaría la sentencia de un juicio que, a pesar de tener escasa repercusión en los medios hegemónicos no deja de seguirse con atención de parte de quienes integran pueblos indígenas, organismos de Derechos Humanos y la sociedad toda que pretende la plena vigencia del respeto y el avance hacia un pueblo verdaderamente multicultural.

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El cuidado de los cuerposterritorios de mujeres mapuce pone en evidencia los efectos cotidianos del modelo neoextractivista. La paradoja de asistir a un juicio por tentativa de homicidio cuando la acción de protesta está puesta en la defensa, la recuperación y la reconstrucción de las soberanías. ¿Qué se busca con el enjuiciamiento a Relmu Ñamku?

En la Patagonia estamos desafiadas a situar el andar feminista en la actual fase de acumulación capitalista. El proceso que recorre las economías de América Latina, conocido como “ofensiva extractivista”, a partir de la cual se profundiza la “acumulación por desposesión”, cristaliza en la provincia de Neuquén en un Estado que considera que los territorios mapuce son tierras fiscales que pueden concederse sin más a las petroleras nacionales y multinacionales.

En este contexto el pueblo mapuce viene desplegando sus propias prácticas culturales de producción y transmisión de conocimiento a través/en/con/desde los cuerpo-territorios de mujeres mapuce que ponen en evidencia los efectos cotidianos del modelo neoextractivista.

El cuidado y la resistencia no son violencia

Relmu Ñamku y otras lamgen mapuce, están desafiando los estatutos del estado moderno, escenificando prácticas de resistencia en clave de reciprocidad y cuidado. Cuidados en sentidos amplios, abarcativos, extensivos. Es una paradoja estar transitando un juicio por tentativa de homicidio cuando la acción de protesta está puesta en el cuidado. El cuidado de los cuerposterritorios que impone límites a la soportabilidad ante el avasallamiento del capitalismo de rapiña sobre los bienes comunes.

Las prácticas de cuidado han sido muchas veces criticadas desde los feminismos dado que desde ellas, devenidas en mandatos, se pretendía relegarnos a espacios no públicos. Sin embargo, en este contexto, el cuidado puede resignificarse como línea de fuga hacia la construcción de un modo de vida diferente (hacia una Kvme Felen), tomando argumentaciones feministas geopolíticamente situadas y desde los aportes del mapuce kimvn. Considerando también que la defensa de nuestros cuerposterritorios es cuidado y resistencia, y no violencia. Las mujeres sabemos profundamente esto.

Otras enseñanzas que las mujeres mapuce nos hacen para sentipensar nuestro feminismo es el intento de no dicotomizar lo filosófico-espiritual de lo político. La ceremonia antes del inicio del juicio y las palabras que Relmu expresa constantemente desde hace meses, articulan desde la ancestralidad (que es más genealogía que esencia) los saberes hechos cuerpo y el reclamo político. El cuerpo es un punto de partida, pero es un cuerpo comunitario, territorial, que es parte de esa ancestralidad contextualizada e histórica desde donde construir genealogías, memorias.

La noción de cuerpoterritorio (que decidimos escribir de esta manera) articula luchas feministas (centradas históricamente en el cuerpo) y luchas indígenas (situadas fundamentalmente en el territorio).

¿Qué se busca con el enjuiciamiento a Relmu?

En este sentido, nos situamos en los aportes de Silvia Federici porque permiten ver cómo la llamada “transición” del feudalismo al capitalismo se concretó a través de procesos donde los cuerpos y saberes de las mujeres que ponían en cuestión el orden hegemónico (populares e indígenas) necesitaron ser destruidos, negados, ilegalizados. ¿Qué se busca hoy con el enjuiciamiento a Relmu?: reponer la posibilidad de esa continuidad histórica para que la acumulación originaria/expropiatoria del capitalismo pueda recomponerse.

Esta criminalización de la protesta de la comunidad Winkul Newen, y particularmente de Relmu, permite visiblizar cómo opera el entronque patriarcal. La intersección de desigualdades muestra el largo alcance de un estado racista, clasista, patriarcal que, a partir del aparato judicial, intenta condenar a una mujer indígena para salvar las inversiones empresariales. Lo que se le escapa a este entronque patriarcal es que las mujeres mapuce, no son las que construyó su ideología (y que cierto feminismo avaló): no son las conservadoras, tradicionales, sumisas reproductoras de una cultura congelada. Son mujeres que fortalecen desde lo filosófico-político la posibilidad de luchar por la autonomía y soberanía de sus territorios cuerpos.

Claramente en esta muestra de colonización se reactualiza lo que Rita Segato llama el frente empresarial, estatal, mediático y religioso. Resistir y destruir este entronque o frente requiere de la recuperación y reconstrucción de la soberanía sobre nuestros cuerposterritorios. Esto están haciendo mujeres mapuce de comunidades afectadas por el extractivismo. Esto está haciendo Relmu.

No Todxs somos Relmu pero podríamos serlo si pensamos, como propone Rivera Cusicansqui, que “la descolonización parte por recuperar la noción de lo indígena, no fuera de nosotras para aceptarnos con una cierta solidaridad paternalista, sino (como) un reconocimiento de nuestra propia condición de colonizadas”. Es por eso que las feministas no apoyamos la lucha de Relmu, somos parte de esta lucha.

*Integrante de la Colectiva Feminista La Revuelta

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Tras los pasos de la historia de Relmu, descubrimos la cotidianeidad de una mujer mapuche que enfrenta un juicio por defender su territorio. Contra el estigma de la violencia indígena, la voz de quien sigue construyendo desde una cosmovisión ancestral.

Enfrentarse a un posible encierro, saberse en un juicio desigual, sentirse prejuzgada por fuerzas policiales, medios de comunicación y abogados aliados a los poderes; un cúmulo de sensaciones se aloja en el pecho de Relmu. Tal vez por eso se absorba todo el aire que pueda o mire el sol con detenimiento.

Contar su historia una y otra vez es también algo que debe enfrentar para que le crean a ella y a las comunidades de pueblos originarios. No tienen el mismo lugar en horarios centrales, tampoco pueden esconderse tras la protección de amigos o amigas poderosos. Quienes saben crear o acompañar a la vida mejor que nadie, resisten, como desde hace siglos. Hoy es el avance arrasador de la deforestación, del monocultivo, del fracking, de la megaminería, del abuso de sus territorios en pleno choque con la naturaleza.

Relmu Ñamku, tal su nombre, está acusada de intento de homicidio , en un juicio que comenzó el lunes pasado y se extenderá por una semana más. Parte de la comunidad mapuche Wincul Newen, su vida se desarrollaba en el Paraje Portezuelo Chico –zona centro de la Provincia de Neuquén, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral-Co–, donde aún están su hija y sus dos hijos.

Del 8 de diciembre de 2012 data el día en el que la oficial de justicia Verónica Pelayes fue herida en un intento de desalojo por parte de la justicia. Hacía más de una década que la comunidad Wincul Newen intentaba frenar el avance de las petroleras –que cambian de nombre pero no de piel: primero Pioneer Natural, luego Apache, Yacimiento del sur y desde 2014, la estatal YPF–. Pero Relmu eligió, por años, el silencio. Continuar con su vida cotidiana hasta donde pudiera, esperar a que la juzgaran como a cualquiera, segura de su verdad.

Así, durante todo 2014, por ejemplo, “laburé todo el año en relación de dependencia y estudié el profesorado de Geografía”. No importaba el colectivo que la traía de vuelta a su casa, ni los kilómetros que debía caminar de noche: “Entré con todos los prejuicios, pero me encantó, me partió la cabeza, porque desde la geografía se puede abordar cualquier tema”.

Es que algo le da vueltas a Relmu en esto de los territorios invadidos, devastados, explotados… y lo ambiental no lo abarca todo, la geografía es mucho más que eso: “el impacto ambiental se puede cuantificar, pero ¿cómo medís el impacto cultural? Habría que inventar una nueva categoría”. Y para ilustrarlo cuenta sobre el Pehuén (también conocida como araucaria): “Talan los bosques milenarios del pehuén, y van secando la tierra para plantar pinos, que al ser exóticas van secando la tierra, absorben los nutrientes de la tierra. Entonces, el fruto, llamado ngülliu, que es muy nutritivo, con el que se puede hacer harinas, e incluso una de nuestras bebidas sagradas ya no nace… Tiene que ver con la cultura, la transmisión de los valores, de los principios, no sólo de la alimentación sino de las ceremonias, de la identificación que te da esa planta”. De ahí, entonces, lo cultural como categoría: “Cómo hacés para medir eso en la desaparición del Pehuén, la medicina mapuche se corta en la medida en que pierde esa planta”, completa Relmu.

Pero entonces Relmu rompió el silencio… y comprendió, como buena mapuche que pertenece a una comunidad, que su caso no era el sólo el de una mujer acusada de intento de homicidio, sino que esa era la idea de la justicia y de las empresas. “La idea es descontextualizar: alguien agredió a otra persona y lo que vamos a juzgar es el hecho. Y no se puede juzgar así: eso se dio en un marco, se dio en un momento en una comunidad”. Así empezó a contar su caso, en el marco de pertenencia a algo más grande, que la abarca pero que la trasciende.

Y entonces, surgió un problema nuevo: algo por lo cual juzgarla, señalarla… su identidad. Y por eso debe explicarlo cada vez, y debió contarlo ante la justicia: que cuando nació fue adoptada, que en el legajo de su expediente judicial figura como Alejandra Ñamku, el nombre que le dio su mamá biológica. Que como sus padres adoptivos hicieron una adopción plena, cambiaron su apellido por el de Soae y que eligieron el nombre Carol, que es el que figura en su documento. Pero sus padres biológicos nunca le negaron la identidad ni la pertenencia, por eso “cuando tuve la edad con la posibilidad de elegir cómo desarrollar mi cultura y mi identidad, mi pueblo, el pueblo mapuche, me entregó a través de una forma tradicional el nombre, Relmú, y recuperé mi apellido biológico”.

Tarea ardua la de explicar elecciones, identidades, pertenencias… cómo si alguien fuera a preguntarle a la oficial Pelaye por qué se llama Verónica, como si alguien se preocupara por qué el abogado que la defiende, Julián Álvarez, defendió escogió defender jueces de la dictadura o por qué elige ser miembro de la Sociedad Rural, tan lejos del campo y tan cerca de las empresas. Pero Relmu vuelve a alzar la mirada y dice, entre sonrisas: “Cuando éramos chicos, a mi hermano y a mí por ser morochos en la escuela nos decían ‘negros’, ‘indios de mierda’, y nosotros por supuesto no queríamos serlo; y hoy, ya mayores, reconociendo nuestra identidad, queremos defenderla y estamos orgullosos de ser mapuche, pero nos dicen que no lo somos: nos dicen que somos ‘ucranianos’, que somos ‘gitanos’, que somos ‘rusos’”.

Sostener la alegría aunque intenten opacarla, pensar en sus hijas e hijos, en qué les puede deparar el futuro, en qué pasará con ellos y ellas si la justicia se pone mezquina y no razona junto a ella. Desde Paraje Portezuelo llega una carta, una carta abierta de la hija de Relmu, Ayben Kimvn Velázquez Kimvn Maliqueo. Ella también eligió romper el silencio, y hablar por ella y sus hermanos. En sus palabras intenta que la balanza de la justicia se desequilibre hacia otro lado, ese que cuesta que pese más que el otro, y escribe: “Este juicio es muy injusto ya que los cargos que se aplicaron y que se comenzaran a juzgar no se comparan en nada a la violencia que ha sufrido mi familia en generación tras generación con pérdidas de familiares. 1) el caso de la muerte impune de Juan Maliqueo, mi bisabuelo, en manos de un policía en el paraje Ramón Castro jamás esclarecido; 2) la muerte de mi abuelo Martín Velázquez tras fallecer de una infección pulmonar en el Paraje Portezuelo Chico en el años 2008; 3) el Desalojo del Juez Eduardo Badano a mi papá en el año 2010 argumentando ser el dueño de las tierras donde nació mi Abuelo; 4) la muerte de mi tía Cristina Lincopan tras fallecer de una hipertensión pulmonar a los 30 años, ella era lonko en el año 2013 –autoridad de la comunidad hermana gelay ko en el paraje de Anticlinal Barda Negra–; 5) la BRUTAL Golpiza de una patota a mi abuela Petrona Maliqueo, a mi Tía Violeta Velázquez y el balazo a mi primo Maximiliano Morales de 16 años en el mes de marzo de 2012; 6) la muerte de mi prima Petrona Beatriz Cayhueque, que falleció unas horas después de nacer puesto que nació con mal formaciones el día 27 de diciembre del 2012,todo producto de la contaminación”.

Después del racconto doloroso que se llevó a tanta familia, afirma: “Esto también es VIOLENCIA y me pregunto ¿dónde estuvo la JUSTICIA?… Investigando cada uno de estos hechos para esclarecerlos y llevar a juicio a cada uno de los responsables”. Ellos y ellas debieron aprender, a la fuerza, como en tantos casos en los que los derechos son atropellados, que no basta con lo ancestral ni con los valores transmitidos de generación en generación. Afuera hay empresas poderosas, y el Estado y la justicia suele estar de su lado. “Aun así, todo este interés y codicia no justifica toda nuestra tristeza y desamparo de saber que mis hermanos y yo podemos quedar sin la presencia de nuestra mamá en mi ruka-casa”, cierra Ayben.

El lunes será otro día en el que le tocará estar en el banquillo de los acusados –junto a Martín Maliqueo y Mauricio Rain, ellos por “daños agravados”–. Y mientras unas palabras quedan rondando, porque a pesar de todo siguen hablando de vida y de creación. “No somos técnicos pero nos damos cuenta del daño ambiental que se genera en el lugar: se ven derrames de petróleo, caños pinchados, fugas de gas, vemos una deformación en los animales, que es nuestro sustento económico actual; hay una situación de contaminación en el aire, en la tierra y en el agua”, dice Relmu. Serán las palabras que nos queden como eco, y que ojalá lleguen hasta los fríos muros de los tribunales.

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Capitalismo, colonialismo y patriarcado o sus expresiones de explotación, invasión, racismo y discriminación son jueces contra Relmu Ñamku, autoridad de la comunidad Winkul Newen. Se la acusa de “intento de homicidio” a una operadora del poder judicial que recibió órdenes de una empresa petrolera para invadir tierras comunitarias mapuches. Una vez más, el derecho a la identidad y a la legítima defensa (de la vida y el territorio) no se tiene en cuenta para las mujeres.

Todas las que nos indignamos ante el rostro espantoso de la injusticia, las que gritamos con ella que nuestros cuerpos y territorios son espacios de libertad, todas nosotras somos Relmu, pero… Relmu es Relmu. Se levanta a la mañana cada día de estos días, se viste, da el desayuno a sus hijas e hijo, entra con ellas y él al juzgado. Oye acusaciones que insultan la inteligencia pronunciadas en nombre de la civilización. Oye el racismo desbordado en los medios de comunicación. Oye argumentos absurdos esgrimidos para condenarla. Ve pruebas ridículas, que causarían gracia, si no fuera porque con esas burdas maniobras, se levanta una posible sentencia de años de prisión.

El lunes pasado comenzó el juicio que se le sigue a Relmu Ñamku en Zapala, territorio de Neuquén. Mediante entroncadas complicidades, los opresores de siempre: un Estado, integrantes de gobiernos nacional y provinciales, de empresas extranjeras, del poder judicial, medios hegemónicos y fuerzas represivas asisten a la criminalización de una mujer originaria, de identidad mapuche y estirpe de sobreviviente y luchadora.

La invasión y el desalojo son atropellos en la violación a los derechos humanos de las comunidades originarias. En este enjuiciamiento, no se encuentra la notificación que casi se tradujo en invasión de tierras de propiedad originaria ni la obediencia del poder judicial a empresas extranjeras, sino las acciones en legítima defensa –del territorio cuerpo: la vida, y el territorio comunitario: la identidad- de las y los mapuches bajo las constantes violencias y amenazas de los brazos ejecutores del racismo, el colonialismo y el patriarcado que pretenden imponer de forma cotidiana su sistema de dominación basado en la fuerza.

“Váyanse de nuestra tierra”: qué pasó en las primeras tres jornadas del juicio

“Ya declararon casi una decena de testigos y ninguno señaló a Ñamku como la responsable de herir a la denunciante”. Con estas categóricas palabras, Darío Aranda resumió la tercera jornada del diario del juicio contra Relmu. El miércoles 28 declaró Verónica Pelayes, denunciante, y quien según el portal 8300 expresó “lo difícil de toda la situación”. Pelayes, “ante la pregunta de la defensa de si consideraba responsable por los hechos a la empresa petrolera Apache y a sus responsables jerárquicos dentro del poder judicial, Pelayes respondió que sí”, sosteniendo la demanda que inició contra el gobierno por “haberla presionado para que lleve la notificación cuando se encontraba de vacaciones, y a la empresa petrolera por presionar sabiendo que había un conflicto con la comunidad”.

Además declararon médicos de la querella y la fiscalía quienes exhibieron fotos del rostro lastimado de Pelayes (quien habría recibido el piedrazo por el que se acusa a Relmu Ñamku de “intento de homicidio”) y que dejaron en claro que en ningún momento corrió riesgo su vida. También declararon José de la Rosa Cárdenas, médico de la policía de Zapala, y Jorgelina Carmona, perito forense del poder judicial de Neuquén. La perito sostuvo que el golpe que recibió Pelayes “pudo ser de una piedra, un palo o un puño”, y si bien tanto Cárdenas como Carmona acreditaron las lesiones, también descartaron que haya estado en riesgo su vida tal como sostiene la figura con que se acusa y con la que se amenaza a condenar a Ñamku a una pena privativa de su libertad de hasta 15 años.

También declaro el abogado de la petrolera Apache, en la actualidad YPF, Mariano Brillo, quien señaló que el día del hecho sólo se trataba de una notificación para que le permitan el paso. Sin embargo, según precisa el periodista Darío Aranda, “las preguntas del abogado defensor de Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain, dejaron ver las contradicciones en el relato”, cuando lo indagó sobre la particularidad de un amparo obtenido el último día hábil del año y previo a la feria judicial (28 de diciembre de 2012) y de por qué para una simple notificación había concurrido con policías, guardias privados de la compañía y una retroexcavadora, suceso que se confirmó en la jornada anterior del juicio. Además, el abogado de la petrolera afirmó “no haber visto quién arrojó la piedra” que hirió a Verónica Pelayes.

El martes 27 efectivos policiales pusieron las “pruebas” sobre la mesa y declararon la procedencia de las mismas, se trataba de las piedras con las que se hirió a la denunciante pero que sin embargo habían sido recogidas nueve meses después del episodio. Los testigos no reconocieron a Relmu Ñamku como la agresora pero sí recordaban al abogado de la empresa, Mariano Brillo dirigiendo la operación de desalojo. Si bien las piedras de por si no podrían reconocerse como pruebas suficientes por la lejanía temporal en las que fueron recolectadas, las mismas ni siquiera llegaron a ser exhibidas. “Ante el jurado, no quedó claro si las perdieron o nunca las tuvieron como prueba” señaló Darío Aranda en su relato. Durante esta jornada se confirmó la presencia de la retroexcavadora el día 28 de diciembre con la cual se demostraba el objetivo de arrasar el alambrado y la tranquera de la comunidad. Para Aranda la confirmación de la maquinaria y del personal policial fueron claves: “el discurso mediático instalado por la fiscal Taboada, Pelayes y el abogado Julián Álvarez es que no había retroexcavadora, no había empalados de la petrolera ni policías, y que era una ´simple notificación´ que implicaba dejar un papel en el alambrado”.

Mientras que el día lunes 26, primera jornada, se desarrolló con las declaraciones de los testigos aportados por la fiscalía encabezada por Sandra González Taboada quién desde su inicio anunció que el juicio sólo debía contemplar el accionar de los acusados y acusada, no así el territorio y la lucha del pueblo mapuche. Allí por su parte, el abogado defensor Darío Kosovsky cuestionó la situación en la que se encuentran ante un juicio a gran escala sabiendo que la misma se podría haber evitado recordando a su vez las denuncias a la empresa petrolera realizadas previamente por la comunidad Winkul Newen a la cual pertenecen sus compañeros, que fueron anuladas por la actual fiscal del caso. Los policías Gonzalo Salinas, Santiago Coria y Oscar Castillo confirmaron su participación en la intervención recordando uno de ellos que el abogado de la petrolera Apache presionaba a la auxiliar de justicia para lograr el avance territorial sobre la comunidad. Su coincidencia en el relato fue clara, el reclamo por parte de los pobladores era: “váyanse de nuestra tierra” recordando a su vez que las piedras arrojadas eran hacia los vehículos y no a las personas.

Ensañarse en el cuerpo de una mujer de la tierra

Sobre Relmu, sobre su vida, sobre la de sus hermanos de la comunidad Winkul Newen, Martín y Mauricio (los otros dos imputados), se está montando una farsa tribunalicia, en la que se quiere condenar la rebeldía histórica de un pueblo. Todo el odio racista, burgués, colonial y patriarcal, se ensaña en el cuerpo de una mujer mapuche, una mujer de la tierra, una mujer digna.

Fue Relmu la que en una oportunidad, junto a otras hermanas, se roció con combustible para que no ingresen al territorio “los buitres”. Es ella quien puso su cuerpo frente a las topadoras que intentaban un nuevo desalojo, en el momento mismo en que velaban a un niño recién nacido, muerto por la contaminación petrolera. Es ella quien se vuelve gigante cuando se para frente al tribunal con la dignidad como bandera, y con la memoria del pueblo guerrero que la educó en la rebeldía ardiendo en sus ojos.

Es Relmu la que está sentada en el banquillo de las acusadas. Ella es la que está con sus tres niños, que le preguntan qué harán si le toca ir a prisión. Ella es la que mira con fuerza y dice que ese juicio es contra ella, pero es contra todas. Es contra ella, pero es contra todos. Es un juicio en el que se quiere dar un castigo ejemplar a los pueblos que deciden defender su modo de vida, su tierra, su cielo, sus ríos, y sus vidas.

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Hoy comienza en la ciudad de Zapala, Neuquén, el juicio donde se acusa a Relmu Ñamku, de la comunidad mapuche Wincul Newen, de tentativa de homicidio por defender el territorio de su comunidad frente al avance de empresas petroleras.

Durante dos semanas se resolverá la posible sentencia de 15 años de prisión, a través de un juicio intercultural por jurados. El carácter desmedido de la acusación da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra, y la constante estigmatización racial que sufre el pueblo mapuche frente al estado provincial y nacional.

Territorios en disputa

El territorio de la comunidad mapuche Wincul Newen está ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, zona centro de la Provincia de Neuquén, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral-Co. La llegada de las empresas petroleras al territorio ya lleva alrededor de 15 años, cuando la norteamericana Pioneer Natural Resources –luego denominada Apache, Yacimientos del Sur y desde 2014 es la estatal YPF- ingresó al territorio de las comunidades cuando estas estaban en la “veranada” -momento en que las comunidades practican la trashumancia y dejan el territorio de la zona centro-. Al regresar, encuentran a la empresa en sus territorios, “el conflicto está instalado, no son las mismas condiciones y la fuerza para pelear por el territorio cuando las empresas ya están adentro”, relató Relmu en diálogo con Marcha.

Allí comienzan los primeros cortes y un proceso para fortalecer la comunidad y su institucionalidad. “A partir del conflicto la comunidad empieza a organizarse, pero el proceso es muy lento. Cuando empezamos a estar medianamente preparados para iniciar una lucha ya teníamos 10 pozos hechos”; dijo Relmu, además, las empresas en conjunto con el Estado activaron una estrategia de asedio que incluyó la militarización del territorio, inspecciones ilegales, desaparición de animales en pastoreo vitales para la comunidad y fragmentación de las comunidades a partir de ofrecimientos de trabajo que debilitaron la posibilidad de acción conjunta.

Crónica del asedio a la comunidad

Una década de resistencias limitaron el proyecto inicial que tenía la empresa de cuarenta a diez pozos petroleros y una planta compresora concentra el gas de la zona para ser trasladado a la ciudad de Cutral Co: “nosotros ya aprendimos como se apagan los pozos, como se prenden, como bloquearlos. Convivís con eso”, relató Relmu.

Desde el año 2012 las comunidades habían logrado que el Yacimiento Portezuelo Norte detenga sus operaciones, a partir del reclamo de saneamiento por un derrame de crudo, y del pedido de inspección por parte de Subsecretaria de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia. Además del incumplimiento de estos reclamos, que violan el derecho de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT, el 8 de diciembre de 2012, la Jueza Ivonne San Martin del Juzgado de Zapala, dicta una nueva orden de desalojo para la comunidad. Verónica Pelayes, la oficial de justicia que fue a notificar el desalojo, llegó a la comunidad acompañada de camionetas de la empresa Apache, policías y topadoras, plagando de irregularidades el procedimiento.

Conociendo la situación de tensión existente en la comunidad después de haber denunciado un derrame de petróleo, la oficial decide además posesionarse ante el hecho resaltando que el acceso a la comunidad constituía un camino público y que no tenían reconocimiento como comunidad por parte del Estado, lo que complicó la predisposición al diálogo, tal cual relata Relmu. Además, la oficial dio la orden a la topadora para el ingreso, poniendo en riesgo a la comunidad, cuando sólo podía limitar su accionar a la notificación. En este marco, la comunidad se defendió y Verónica Pelayes resultó herida.

Quien es quien en el juicio: un recorrido por la justicia racista de Neuquén

Verónica Pelayes, quien invoca el “terrorismo mapuche” para hablar de lo sucedido, designó como abogado a Julián Álvarez, conocido defensor de jueces de la dictadura y miembros de la Sociedad Rural. La fiscal, que asume la causa es Sandra Gonzales Taboada, quien archivó la causa por golpizas que había realizado la comunidad hace unos años, cuando varios de sus integrantes habían resultado gravemente heridos frente a un intento de desalojo.

En un primer momento, Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por daños. Luego, la fiscal dio lugar en la audiencia de reformulación de cargos, donde se resolvió acusar a Rain y Maliqueo por “daños agravados” y a Relmu Ñamku de “tentativa de homicidio” –y de no haber sido por la presión ejercida por Adolfo Pérez Esquivel, Félix Díaz y Sofía Gatica, la carátula de Relmu sumaría el delito de “alevosía”-. Los cambios en las carátulas fueron realizados sin sumar a la causa ningún elemento que los pruebe.

Relmu, además, es la única de los tres imputada por tentativa, lo que expresa también el carácter patriarcal de la justicia neuquina y la complicidad del Ministerio Público Fiscal a la hora de garantizar la explotación a las Empresas Petroleras, en un juicio cuyo devenir procedimental no tiene precedentes y expresa una voluntad manifiesta de hacer de este un juicio ejemplar que amedrente la lucha de las comunidades.

El juicio tiene también otras características excepcionales. En el marco de los novedosos juicios que ya se aplica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, cuyos veredictos han sido generalmente condenatorios, este juicio inaugura por primera vez en Argentina la modalidad de Jurado intercultural. O sea, la mitad de las y los jurados serán, mapuches. Sin embargo, son muchos los vicios en el procedimiento de selección del jurado, a pesar de que la comunidad logró imponer algunos criterios como la autoadscripción del jurado seleccionado al pueblo mapuche.

Además, a pocos días de iniciar el proceso público, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli rechazó el amicus curiae presentado por Pérez Esquivel, argumentando que la imparcialidad del proceso queda garantizada por ser este un juicio por jurados. Pérez Esquivel afirmó que “a Relmu Ñamku la acusan por ser mujer e indígena”.

Escenarios frente a la sentencia

El juicio de Relmu expresa un complejo escenario de persecución política y judicial contra el pueblo mapuche, los pueblos originarios y las comunidades en resistencia al avance del extractivismo. El recorrido de la resistencia de la comunidad mapuche está plagado de violaciones y vulneraciones del derecho indígena contemplado en la legislación nacional y los tratados internacionales.

Se enmarca, además, en una década donde se vive una situación paradójica, al tiempo que se fortalece el derecho indígena, se incrementa de manera sistemática la violación de derechos, relacionada con el avance del modelo extractivo sobre territorios de comunidades y pueblos originarios que son vistos como “sacrificables”, que genera un impacto ambiental y cultural sin precedentes.

“El impacto ambiental puede ser cuantificable, pero el impacto cultural no, ¿cómo cuantifico la relación que el pueblo mapuche tiene con su territorio, milenaria que tiene que ver con la cultura, con la transmisión de los valores, de los principios, no solo de la alimentación sino de las ceremonias y la identidad?, ¿cómo se cuantifica ese impacto a la hora de perder el territorio? El impacto cultural tiene que ser una categoría a tener en cuenta”, sostuvo Relmu.

El 4 de noviembre se conocerá la sentencia, luego de que Relmu Ñamku realice el lunes 2, la última declaración que tendrá el juicio. La sentencia marcará un parteaguas en el escenario de criminalización y judicialización que atraviesan los pueblos y comunidades originarias en Argentina y en América Latina. Son claras las intenciones de que sea un juicio ejemplar en Neuquén, provincia petrolera caracterizada por garantizar la “seguridad jurídica” para el avance de las empresas transnacionales y estatales, y cuya justicia racista y patriarcal es ejemplar en el desconocimiento del derecho indígena.

Como plantea Ayben Kimvn Velázquez Malique, hija de Relmu Ñamku: “Quiero Justicia Justa. Marici weu Marici weu!” – ¡diez veces venceremos!-.

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