Luego de trece audiencias y nueve años de búsqueda de justicia, el Tribunal de Tucumán dictó sentencia por el homicidio de Javier Chocobar, líder de la Comunidad indígena Los Chuschagasta, asesinado por el terrateniente Darío Amín y los policías retirados Luis “el Niño” Gómez y José Valdivieso.

El tribunal de la Cámara Penal Sala IV de la Provincia de Tucumán, integrado por los jueces Wendy Kassar (presidente), Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, condenó a 22 años de prisión al empresario Darío Amín y a los policías retirados Luis “el Niño” Gómez y José Valdivieso a 18 y 10 años, respectivamente. Los tres cumplirán prisión común mientras el fallo quede firme. También ordenó la inhibición de bienes de los tres imputados y no hicieron lugar a los pedidos de los defensores por falso testimonio. Además, por las heridas ocasionadas a los comuneros Emilio y Andrés Mamaní, los imputados deberán realizar un pago. Los fundamentos de la sentencia serán leídos dentro de 10 días hábiles.

Antes de conocerse la sentencia, Darío Amín pidió hacer uso de la palabra. Fue el único de los tres imputados que decidió hacerlo: “Soy inocente. Tengo la conciencia bastante tranquila”, dijo. Inocencia que fue refutada con numerosas pruebas durante el juicio. Durante los alegatos previos a la sentencia, la querella remarcó el contexto histórico, el daño a la familia y comunidad de Chuschagasta y dejó probado la autoría del asesinato y las heridas. Además se hizo un extenso desarrollo sobre la premeditación del asesinato de Javier Chocobar.

Darío Amín fue acompañado por un “comando” integrado por Luis Gómez, conocido como “El Niño”, un efectivo retirado acusado de haber pertenecido a un grupo clandestino de policías (el Comando Atila) y su amigo José Valdivieso, que figura en las listas desclasificadas de agentes de inteligencia del Batallón 601, unidad del Ejército Argentino que participó en la última dictadura cívico-militar.

Aquel 12 de octubre de 2009, este comando liderado por Amín ingresó armado al territorio comunitario de Los Chuschagasta para reclamar la posesión sobre una cantera de piedras lajas. Ante la resistencia de los comuneros diaguitas, comenzaron a disparar. Javier Chocobar fue alcanzado por una bala en la pierna y minutos más tarde murió. El cacique Andrés Mamaní y su primo Eduardo Mamaní resultaron gravemente heridos. Todo quedó registrado en una cámara que había llevado el empresario Amín y que quedó tirada en el lugar. Esas imágenes fueron aportadas como prueba durante el juicio que hoy logró un fallo histórico.

El asesinato de Javier Chocobar pone de relieve el conflicto territorial que la comunidad de Chuschagasta, al igual que muchos pueblos originarios, viven todos los días. La porción de tierra donde se encuentra la cantera de piedras lajas, y que Darío Amín reclama como propia, está relevada como territorio de la comunidad de ocupación tradicional, actual, pública y pacífica, de acuerdo al relevamiento jurídico técnico catastral llevado a cabo en el marco de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160. A lo largo del juicio la querella aportó numerosa documentación que prueba la presencia de esta comunidad en la zona desde tiempos inmemoriales.

La familia de Amín lleva más de 60 años tratando de apropiarse de la zona donde se ubica la cantera de piedra laja. En 1959 aparece en el territorio de la comunidad, específicamente en la zona de El Chorro y La Higuera, con un título de dudosa procedencia para reclamar como suyo un sector de tierras en el que se asienta la mayor parte de las familias que integran la comunidad indígena. Desde ese momento el hostigamiento a la comunidad de Chuschagasta no cesó.

Pero el conflicto por el territorio que vive el pueblo diaguita no es el único ni es un caso aislado. Así lo demuestra un mapa realizado por la organización ANDHES (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), que señala que en Tucumán existen 40 conflictos territoriales en relación a 10 pueblos indígenas, lo que representa un promedio de 4 conflictos por comunidad. Solo el 60% de los conflictos territoriales que involucran a indígenas se judicializa y las resoluciones de esos juicios muestran que, cuando el denunciante es una comunidad, solo el 3% obtiene una resolución favorable, mientras que el resto no son respondidos o el resultado es a favor de los terratenientes.

Luego de nueve años de lucha incansable, finalmente la justicia escuchó el reclamo de la comunidad diaguita y de organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron este pedido. Los tres imputados salieron esposados del tribunal. Ya no caminarán libremente por las calles. En la sala del Fuero Penal la comunidad “Los Chuschagasta” gritó emocionada: Javier Chocobar, ¡presente! Desde las ventanas se escucharon los cánticos y aplausos de festejo de las organizaciones sociales que acompañaron desde la calle. Es un fallo histórico para los pueblos originarios de Nuestramérica, en su lucha por los territorios ancestrales.

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Resiliente y empoderada, surge, como el Ave Fénix, Alika Kinan, quien fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella decidió demandar no solo a sus tratantes sino al municipio de Ushuaia, Tierra del Fuego, por la cadena de connivencias que dio lugar al delito que la sometió en ese lugar. Desde ayer y hasta el jueves se desarrollan las audiencias en el juicio oral y público que vuelve a la luz el pensamiento prostibulario que naturaliza y favorece la explotación sexual.

Día dos

Hoy se llevó a cabo la segunda jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Ana María D’Alessio y los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli, bajo la mirada atenta del titular de la Protex –Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- Marcelo Colombo; de la abogada de la querella, integrante de la Defensoría General de la Nación, Marcela Rodríguez; y del fiscal Adrián García Lois.

Ayer, al leerse un resumen de la causa, el abogado de Pedro Montoya e Ivana García –dueños del bar nocturno El Sheik, donde se explotaba a Alika y a otras mujeres de entre 21 y 28 años, algunas de ellas argentinas y otras oriundas de República Dominicana y Colombia– hizo referencias tales como “trabajadoras sexuales”, además de enfatizar en la “rotación” de Alika por otros prostíbulos. “Con este tipo de manifestaciones recurrentemente se oculta la vulnerabilidad a la que están sometidas las víctimas que son captadas una y otra vez por el sistema que las vulnera”, expresó la licenciada Viviana Caminos, presidenta de Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), organización que trabaja por la prevención y concientización social frente al delito.

Durante la mañana del día dos se debatió si una mujer que fue llevada como testigo de Lucy Campos, acusada de partícipe necesaria por ser quien administraba el bar El Sheik, debía declarar como testigo o si en realidad tenía que ser considerada una víctima y hacerlo a puertas cerradas, ya que existe la posibilidad de que ella también haya sido explotada. En referencia a la poca sensibilidad y conocimiento de la situación de vulnerabilidad, Viviana Caminos, que se trasladó a Tierra del Fuego por el seguimiento de este caso, comentó que el defensor de Campos, Dr. José Bongiovane, había expresado: “Escúchenla a ella para ver si se siente víctima o no”. Ante estos dichos, la presidenta de Ratt, Argentina, en diálogo con Marcha, esgrimió: “Como si las personas que fueron víctimas de trata pudiesen considerarse víctimas con facilidad”. Finalmente, la mujer, de apellido Bustamante, declaró a puertas cerradas, sin la presencia de público.

También declaró María Ramona Báez, encargada de la inspección municipal a momentos del allanamiento de El Sheik –2012–, quien informó que las víctimas se encontraban en estado de confusión y que en el lugar había roedores. Confirmó además el uso de libretas sanitarias y que se usaban mayoritariamente para las mujeres.

El psicólogo del municipio que intervino en el allanamiento afirmó que no existían allí profesionales especializados en el tema de trata, presentó un informe que no dejaba en claro la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habló de las condiciones del lugar con especificaciones como: mugre, hacinamiento, mal olor. Detalló también que algunas de las personas de nacionalidad dominicana regresaron a su país.

La encargada de la Secretaría de la Mujer del municipio de Ushuaia, Laura Ávila, se manifestó en una entrevista dada al diario zonal, y alabó la actitud “inquebrantable” de Alika por accionar contra los proxenetas, y las decisiones políticas que generaron un abanico de protección y de garantía de derechos. Frente a estas declaraciones, Viviana Caminos expresó que “esta es una opinión relevante ya que muestra la complicidad del gobierno municipal, el que también está siendo querellado”.

Sociedad indiferente

En los días previos al juicio, y también durante la primera jornada, Alika fue perseguida con acusaciones a favor de las personas imputadas, que pretendían amedrentar su lucha. Según Caminos, “la sociedad de Tierra del Fuego está dividida, por un lado se encuentran las integrantes del movimiento de mujeres que acompañan a Alika, y por otro, una parte de la comunidad que resulta indiferente, con una mirada patriarcal que naturaliza la prostitución”. Y agregó: “Ushuaia es una comunidad que sigue siendo patriarcal y totalmente discriminatoria. Como organización social que trabaja contra la trata, observamos que en el sur recién se está empezando a trabajar el tema, con mucho esfuerzo de las compañeras, que están solas, por lo que debemos apoyarlas”.

.Ayer por la tarde las psicólogas del Programa de Rescate que acompañan la causa y que contienen a Alika para que esta situación no agregue más dolor a lo que ella misma viene manifestando, explicitaron que estaba en condiciones de declarar, pero que debía hacerlo a puertas cerradas, sin público, pudiendo los abogados defensores de los imputados, consultarlos y volver a preguntar o repreguntar. Los imputados aún no han dado su testimonio. El viernes se presentará la sentencia.

En 1996 Alika había recibido un pasaje que la llevó de Córdoba a Tierra del Fuego. El día que arribó tuvo que ir a la policía y hacer una apertura de legajo y demostrar que sus antecedentes eran de “buena conducta”; ella había ingresado al sistema prostibulario a los 17 años. En varias oportunidades se refirió a los exudados vaginales a los que la sometían todos los meses como práctica de rutina.

Ayer Alika escribió en su muro de facebook: “Compañeras, no quiero irme a dormir sin que cada una sepa que hoy somos todas y que voy a ir respondiendo en la medida de lo posible. Son cientos los mensajes de apoyo y se notó!!! Sólo el amor y la coherencia nos hacen triunfar. Gracias por el empujón y encender la hoguera. Las quiero”.

Mientras tanto, el país sigue el juicio en forma presencial –en Buenos Aires, ayer, hubo manifestaciones frente a la Casa de Tierra del Fuego– y por las redes sociales, en contra de la explotación sexual y a favor de Alika y de todas las víctimas del delito de trata, bajo la resistente consigna #AlikaNoEstáSola.

*Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

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