Por César Saravia 

El pasado martes dos de septiembre se estrenó: La calle está llena de gente inmortal, en la sala NüN Teatro Bar, del barrio de Villa Crespo. 

Se trata de un unipersonal protagonizado por Sharon Luscher, con dramaturgia de Natalia Anselmi, en la que el presente y pasado dialogan desde el cuerpo y la escritura como forma de interpelar el tiempo. 

La obra retoma los escritos del diario íntimo de Vilma, una jubilada durante el menemismo que encuentra en la escritura una forma de batallar contra el olvido. 

A nivel puesta de escena, la obra cuenta con dispositivos escénicos que facilitan una búsqueda corporal de la actriz por habitar un cuerpo futuro. Se trata de un dispositivo en que destaca, en palabras de la directora, un intento de separar los lenguajes, un vínculo de no correspondencia entre lo sonoro y lo visual, utilizando el collage y el distanciamiento brechtiano como referencias compositivas.

La actuación de Sharon destaca en registros amplios, que permiten empatizar rápidamente con Vilma, apoyándose de soportes digitales y sonoros, que habilitan el diálogo entre pasado y presente, pero también entre otros géneros, como el cinematográfico. 

Traer y ver esta obra en el actual contexto, en que los jubilados nuevamente ocupan un lugar central al frente de la lucha contra el ajuste y la precarización de la vida, es fundamental. Es en ese terreno de memoria de lo público donde emergen figuras como Norma Plá, quien va a tener un impacto clave en la vida de Vilma, que son también la historia de la resistencia del país y de su clase trabajadora. Esta obra, señala Natalia Anselmi, se enmarca en una comprensión del rol de la cultura: amplificar la vida e invocar y ejercitar el músculo de la memoria colectiva.

Ficha técnico artística

Idea Original:
Paula Illane
Dramaturgia:
Natalia Anselmi
Actúan:
Sharon Luscher
Voz en Off:
Irene Desperes
Diseño de vestuario:
Cecilia Zuvialde
Diseño de escenografía:
Cecilia Zuvialde
Diseño sonoro:
Facundo Coria
Visuales:
José López Ruano
Diseño De Iluminación:
Jessica Tortul
Fotografía:
Verónica Zacayan
Diseño gráfico:
Nicolás Mauro
Mastering De Audio:
Lucas Forte
Asistencia de dirección:
Alejandro Agustin, Macarena Orueta
Supervisión dramatúrgica:
Ignacio Bartolone
Diseño de movimientos:
Macarena Orueta

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Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

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Por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink | Fotos: Lizbeth Hernández, Mariano Dalaison y Pepe Mateos

En cada crisis, en cada represión, en cada escenario de injusticia, la pregunta es la misma: ¿quiénes nos cuidan? Y, al mismo tiempo, ¿quiénes son los que ejercen la violencia?

Nos quieren hacer creer que la violencia está del lado de quienes protestan, de quienes cortan una calle, de quienes cubren sus rostros, de quienes llevan una bandera de su club. Pero los hechos muestran otra cosa: la violencia es estatal. El cuidado es popular.

El miércoles, en la Plaza Congreso, lo vimos con brutal claridad. La represión feroz desatada contra jubiladas y jubilados que se movilizan contra el ajuste se convirtió en una cacería indiscriminada. Pero no estaban solos ni solas. Hinchas de distintos clubes de fútbol llegaron para sostener la lucha, para gritar junto a ellas y ellos que una jubilación de 290 mil no alcanza para vivir. Antes de que la marcha pudiera siquiera consolidarse, la policía arremetió con gases, palos y balas de goma.

En medio de ese humo, en medio de la brutalidad, hubo quienes se quedaron, quienes pusieron el cuerpo para resistir y cuidar. Son los conocidos de siempre.

Nos repiten que los encapuchados son los violentos, que los piqueteros generan caos, que las hinchadas son el problema. Pero quienes estaban reprimiendo no eran ellos. Eran las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Eran las mismas que en cada movilización cargan contra el pueblo, las mismas que golpearon a una mujer de 87 años y la dejaron tirada, las mismas que dejaron en coma a un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.

Es urgente disputar la narrativa. Porque la violencia no está de este lado. Porque quienes cuidan son les que ponen el cuerpo.

Genealogía del cuidado: de Fuentealba a Darío y Maxi

Pablo Grillo hoy podría estar muerto, aunque su pronóstico continúa incierto. Le dispararon una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, como a Carlos Fuentealba en 2007. Pero sobrevivió porque alguien corrió a auxiliarlo en los primeros segundos. Un encapuchado lo sacó de la línea de fuego, lo estabilizó, sostuvo su cabeza y acompañó hasta que pudiera recibir atención médica en el hospital Ramos Mejía.

Lo registró Pepe Mateos, el mismo fotógrafo que en 2002 capturó la imagen de Darío Santillán quedándose junto a Maximiliano Kosteki, en plena masacre de Avellaneda. La policía los cazaba; Darío no huyó. Se quedó para intentar salvar a Maxi y lo mataron por eso.

Sus manos intentando parar las balas son íconos de toda una generación militante.

Nos repiten que los encapuchados son violentos, pero en los momentos críticos son quienes ponen el cuerpo. Nos dijeron por más de tres décadas que los movimientos piqueteros eran el problema, cuando fueron y son quienes organizan la resistencia contra el hambre y la miseria. Nos quieren convencer de que las hinchadas son el enemigo, cuando son quienes estuvieron ahí el miércoles, defendiendo a las y los jubilados, enfrentando la represión.

La policía dispara. La calle cuida.

Así en la plaza como en el tablón

Imaginemos que María Elena Walsh nos susurra al oído una canción: “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, mientras volvemos a ver, en un loop obsesivo, las imágenes de la represión de ayer. Ahora dejemos de imaginar, porque ya estamos ahí.

La jornada de protesta prometía ser masiva. La convocatoria de hinchas, que comenzó con Chacarita el miércoles pasado, creció con fuerza. La presencia de distintos clubes anunciaba una foto histórica: hinchas de equipos rivales, juntos, defendiendo a las jubiladas y los jubilados. Pero el gobierno decidió que esa imagen no debía existir. Como tantas veces en la historia, el operativo represivo fue preventivo: romper, pegar y dispersar antes de que la protesta se consolidara.

Con la tragedia de Bahía Blanca aún resonando y la solidaridad de todo el país volcada en las calles, se hubiera pensado que el gobierno evitaría otro escándalo generado motu proprio. Pero adictos a la atención eligieron la represión. Y, con la complicidad de las empresas de comunicación, instalaron un escenario de combate contra un enemigo fabricado: “los barrabravas”.

Argentina es un país donde el fútbol mueve multitudes, donde las hinchadas son comunidades enteras. Es cierto que las barras bravas se vinculan con los poderes políticos y policiales, que controlan negocios turbios y que, incluso, han sido infiltradas por el narcotráfico. Pero la hincha y el hincha son otra cosa.

Y de eso se pobló la plaza y las inmediaciones del Congreso ayer: de amor a la camiseta, de deseo de comunidad y de tolerancia. Pero también de quienes saben, desde siempre, lo que es la represión. Porque la violencia policial en el fútbol no es nueva. Desde la “maldita policía” de los 90, que armaba cordones montados para bastonear al azar, hasta el asesinato de hinchas en las tribunas mientras inventaban junto a sus socios políticos un enfrentamiento entre equipos.

Hoy, con el público visitante prohibido, la represión sigue en los estadios, contra hinchas y familias que solo quieren ver un partido. Por eso, ¿cómo no iban a estar en la plaza defendiendo a las jubiladas y jubilados si conocen en carne propia la violencia policial?

Las genealogías de resistencia y solidaridad se entretejieron ayer. Cantaron y se abrazaron más allá de sus camisetas solo un rato. Hasta que todo fue humo, gas pimienta y cacería despiadada.

¿Y si las capuchas fueran feministas?

Las capuchas tienen una historia. Nos quieren hacer creer que son sinónimo de delito, de caos, de peligro. Pero, en realidad, son símbolo de resistencia y protección.

Encapuchadas fueron las que resistieron al terrorismo de Estado, en la clandestinidad, en las brigadas internacionalistas. Encapuchadas fueron las trabajadoras que tuvieron que ocultarse para no ser despedidas por sus ideas políticas. Encapuchadas fueron las Madres y Abuelas que se cubrían para seguir buscando a sus hijxs sin ser identificadas.

Encapuchadas son las que sostienen los cordones de autocuidado en las marchas feministas, las que organizan la seguridad en las manifestaciones, las que enfrentan la represión protegiendo a otras. Las que trascienden fronteras.

Nos dicen que la capucha es violencia, pero el miércoles, como tantas veces, la capucha fue cuidado.

Lo que pasó en la Plaza Congreso no fue un hecho aislado. Es parte de una historia más grande, de una disputa por el sentido de la violencia y el sentido del cuidado. Quedó claro: quienes luchan son quienes sostienen la vida.

Que en este país, la policía nos mata y la calle nos salva.

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Por Pablo Flores Fotos Mariano Dalaison @dalaison.foto

Quizás la expresión más elevada de la crueldad del ajuste es la situación que viven los jubilados y jubiladas. Estos son el sector que, a partir de la licuación de sus ingresos, sostienen el superávit fiscal tan celebrado por el gobierno nacional.  El sobrante fiscal es “a costa de congelar los ingresos de personas que no tienen muchas alternativas para genera otros nuevos y para quienes el ajuste pasa por sus cuerpos y esperanza de vida”, sobre todo por sus cuerpos a fuerza de garrote y gases como cada miércoles por la tarde cuando se movilizan al Congreso. 

 Durante varios miércoles vimos por los medios de comunicación y las redes sociales cómo los jubilados son paliados y gaseados por ejercer el derecho a la protesta. Pero cuando hace pocas semanas, se lo vio a Carlos, hincha de Chacarita, con la camiseta de su club siendo golpeado por la policía, creció la bronca en un sector particular: los hinchas del fútbol argentino. Primero se sumaron un grupo de hinchas de Chacarita para defender a los jubilados de la represión. Ver a estos hinchas siendo reprimidos por defender a la población más vulnerable y sobre los cuales cae el ajuste de Milei, generó una respuesta inmediata. Al otro día empezaron a circular flyers de hinchas de otros clubes convocando a la siguiente movilización. Con el paso de los días parecía que se estaba gestando una gran movilización de hinchas del fútbol argentino para cuidar a los jubilados. 

¿Cuánto puede movilizar la camiseta de un equipo de fútbol?

 En nuestro país el fútbol es uno de los espacios más populares. Inclusive puede ser entendido como un termómetro social. En las identidades futboleras quizás aún podemos encontrar emociones y sentimientos contrarios a la crueldad. La naturalización de que caguen a palos a los jubilados se corta desde un ámbito tan complejo como es el fútbol. Sin embargo, lo que en un principio nos llamó la atención encuentra fundamentos en una realidad objetiva. Dentro de la espontaneidad existe algo que se llama organización. Y los clubes son espacios donde la organización popular encuentra sustento: peñas de hinchas, agrupaciones antifascistas, comisiones y departamentos de derechos humanos y colectivos populares que se referencian en los clubes de fútbol, es decir, la dinámica de la vida social de estos, son el soporte previo para este tipo de movilización pueda ser posible. En este proceso también se inscriben los tres espacios que tratan de funcionar como articulación: la coordinadora de hinchas, la del futbol feminista y la de derechos humanos del futbol argentino. 

 Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Es un sector de la clase trabajadora que, quizás con poca experiencia, quiere manifestar su descontento. Una respuesta inédita pero esperable para una país que se caracteriza, justamente, por la enorme cantidad de episodios de resistencia que pasaron a la historia y de expresiones organizativas distintivas. Una vez más, la anomalía argentina. 

 Hinchas y no barras

 El principal argumento que utilizaron desde el gobierno y los medios de comunicación cómplices de su política de ajuste y represión, como Clarín y La Nación, para descalificar y desmovilizar, fue la de sostener que detrás de la convocatoria estaban las barras bravas de los clubes de fútbol con sus vinculaciones políticas, municipios y dirigentes del peronismo. La deplorable nota de opinión de Gonzalo Abascal en el diario Clarín es la síntesis periodística de este argumento. Allí, el principal editor del diario, amparado en información falsa, tergiversada y con errores, sostiene que “la movida en redes sociales utiliza la pasión por los clubes para llamar a marchar en el Congreso. La identidad futbolística para esconder la pertenencia política”. 

Quien alguna vez haya transitado un estadio de fútbol y una tribuna, conoce cómo se manejan las barras bravas. La mayoría de ellas tiene vínculos con diferentes sectores internos del peronismo. El ojo del hincha puede reconocer cuando las acciones son comandadas por las barras o son expresiones espontáneas de las mayorías de hinchas que no forman parte de esos colectivos. 

 El argumento de la utilización de la camiseta para hacer política es un intento en vano de querer quitarle peso a lo sustantivo del hecho: sectores plebeyos, desorganizados y despolitizados se sumaron a una resistencia concreta contra la crueldad del ajuste. En las calles del Congreso se veían rostros de cientos de pibes y pibas, con las camisetas de sus diferentes equipos, mostrando su bronca contra la represión de las fuerzas del Estado al grito de “Hay que ser muy cagón para pegarle a jubilado”. 

Todas las camisetas contra la represión

Los días previos a la concentración estuvieron cargados de mensajes de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que hacía imaginar un escenario represivo. Con el intento de evitar algún grado de masividad, estos mensajes generaron el efecto contrario. Desde temprano los hinchas se iban acercando con sus camisetas y banderas para defender a los jubilados.  Por la calle Entre Rios, lado sur, estaban cientos de hinchas, todos juntos mezclados con sus colores resistiendo ante el impedimento, por parte de las fuerzas represivas, de ingresar a la plaza del Congreso. 

 Las calles del Congreso se convirtieron en una tribuna. Y como a veces, los hinchas pueden mostrar su reacción, como cada fin de semana cuando la policía reprime en los estadios, la tribuna de Congreso respondió con resistencia. A las balas de goma y los gases de la policía, los hinchas aguantaron con piedras. Porque toda violencia ejercida desde arriba encuentra su legítimo acto de defensa desde abajo. 

Pequeñas notas del panorama que se abre

 El primer dato distintivo de la jornada fue la brutalidad de las fuerzas represivas del estado que participaron del operativo definido y decidido por Bullrich. La política de orden va a ser compleja de derrotar si las movilizaciones no se dan en forma masiva y organizada. 

 La represión a un supuesto enemigo interno es una política de estado y va de la mano de la aplicación de su programa económico que todavía no encuentra rumbo. En este sentido es preciso poner el foco en el momento de debilidad política del gobierno. La reacción a los dichos en Davos que se materializó en la marcha antifascista del 1F, la criptoestafa, el rechazo y repudio en Bahía Blanca en el marco de las inundaciones, y ahora, la represión en Congreso, puede potenciar un aumento del descontento popular. 

 Es en este marco donde se debe ubicar “la marcha de los hinchas”. Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Muchos de ellos provienen de los sectores populares. Es muy probable que formen parte de la enorme cantidad de trabajadores precarizados. La movilización de “las personas sueltas” son las acciones a reivindicar. Cuando salen a la calle estos sectores, los gobiernos empiezan a profundizar su pérdida de credibilidad. 

 La movilización, la represión, la resistencia y el saldo de heridos y detenidos podría abrir un nuevo panorama. A su vez funcionó como un doble mensaje para la superestructura. Uno es directamente para el gobierno. Se incorporan nuevos sujetos desorganizados con sus prácticas naturales de resistencia. El otro es para las centrales sindicales. Se está haciendo una experiencia contra este gobierno en relación a la crueldad del ajuste y la represión. A medida que este proceso se acelere, las organizaciones que representan a los trabajadores tendrán que motorizar las próximas acciones para ganar masividad. 

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Por Nadia Fink y Martín Azcurra

“Si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también”

Es vísperas de Navidad. Jésica Pla enciende la tele y ve a su abuela en el noticiero.

–Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente, mi vida no es nada, me voy a ahorcar en Plaza de Mayo.

–¿Por qué tan extrema? –se asusta el periodista.

–Porque no le quiero dejar a mis hijos y a los compañeros de los jubilados, a los hijos de los jubilados y a los nietos de los jubilados, lo que fomentamos nosotros. Porque eso lo fomentamos nosotros, los dejamos avanzar y avanzar, y acá están las circunstancias.

–¿Está cansada de luchar?

–No, no estoy cansada. Pero para que vea que tenemos galla, los jubilados vamos a hacer lo que voy a hacer.

Jésica se asustó y corrió a verla. Sabía que Norma, su abuela, era capaz de todo.

La década de 1980 terminaba con una inflación inédita, que no paraba de crecer, un récord de paros generales de la CGT y docentes que marchaban y paraban por todo el país. En los barrios, también se estaba viviendo otra realidad. Y en medio de ese panorama, surgió una figura inesperada que iba a cambiar el tono de las luchas, salida de un sujeto político negado por la sociedad y la historia: una jubilada.

Norma Pla aparece en escena en 1991, una viejita enojada que condensa el paso de la resistencia moderada a la acción directa, o al menos una combinación de ambas, un signo que se irá repitiendo a lo largo de la década de 1990, con acciones cada vez más colectivas, y que va a concluir 10 años después en un gran estallido del pueblo indignado.

“No hay plata para nosotros, pero sí para canchas de tenis en Olivos”

En esa época, el flamante presidente, Carlos Menem, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo –a quien más tarde recordaremos, también, como el que estableció el “corralito” que llevó a las clases medias a las calles en 2001–, congelaron la jubilación en 150 pesos. ¡Casi un insulto! Una tímida peregrinación de jubiladas y jubilados empieza a llegar al Congreso. Se juntan los miércoles y piden aumento del mínimo a 450.

Oriunda del barrio obrero San José de Temperley, a Norma Beatriz Guimil de Pla nadie tiene que venir a decirle que la plata no alcanza. Nunca se pudo jubilar a pesar de haber trabajado durante 50 años. Cobra una mísera pensión, de 150 pesos, porque su marido falleció luego de quedar desocupado en los años ochenta. Sus cuatro hijas e hijos tienen un tallercito que apenas les alcanza para ayudarla.

Pero también sabía lo que era el trabajo por monedas. De chiquita, había tenido que dejar la escuela para entrar a la fábrica. Hacía tareas de limpieza y maestranza, y nunca fue registrada. Su padre era Guarda del Tranvía 20, y su madre, empleada doméstica de los Martínez de Hoz. Y aun así no alcanzaba.

Norma empezó a encarnar el sentido común, la perspectiva simple y la palabra directa ante un Gobierno que hacía estragos en la economía de su gente sin que se le alterara el buen semblante. En 1992, Cavallo dijo por televisión que necesitaba 10.000 pesos por mes para vivir y que no todos los argentinos podían pretender ganar lo mismo que un alto funcionario del Estado. Así, en horario central. La jubilada interpeló con sencillez: “Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el ministro Cavallo dice que 10 mil no le alcanzan ¿Que no hay plata?… No habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero”.

Y es ahí, en la calle, donde empezó a sentirse viva: megáfono en mano, pancartas al agite, cantitos liberadores, gritos de enojo, charlas con nuevas y nuevos amigues. Tramaban acciones al poder concentrado: movilizaciones al Congreso, al Banco Hipotecario, a la DGI, al Ministerio de Economía… Porque en esa época todavía no quedaba claro dónde estaba el poder real. Se movía de un lado para otro. Una vez llegaron a hacer una choripaneada frente a la embajada de Gran Bretaña, en repudio a la visita del príncipe Andrés.

En Norma, la indignación se volvía rebeldía. Ella rompía todos los moldes. ¡Una viejita que incomodaba al sistema! Su boca casi sin dientes no se callaba nada. Su pensamiento era impecable. En cada comentario o pregunta, interpelaba la incoherencia del neoliberalismo (mucha riqueza en pocas manos), desde la humildad y la ternura. Una especie de Greta Thumberg jubilada. Su discurso tenía la fuerza de la sencillez y de la pobreza digna.

“El legado de mi madre es la lealtad y la empatía con las personas. Ella siempre participaba en cosas políticas pero sociales, como de tesorera de la ENET N° 2, tesorera en una agrupación Scout, y fue una de las fundadoras del club 9 de Julio de San José. Y por eso nosotros, mis tres hermanos y yo, seguimos sus pasos. Y la importancia de luchar por el otro, de ponerse en el lugar de otra persona que está pasando una situación mala, y salir a luchar por eso”, resalta la menor de sus hijas, María Cristina Pla.

Pero había algo más potente todavía. Norma rompía el molde del viejismo, como lo habían hecho las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; mujeres al frente para recuperar derechos. Con su salud tambaleante a cuestas, saltaba vallas, trepaba puertas, hacía huelgas de hambre, tiraba huevos. Las voces más conservadoras estallaban en cada pregunta: ¿Cómo podía ser que una abuelita indefensa estuviera haciendo semejante lío? ¿No tendría que estar en su casa, tejiendo bufandas, rodeada de sus nietos? ¿Cómo podían permitirle caminar bajo la lluvia agitando las pancartas? ¡No era tan indefensa entonces! Algo se rompió y las jubiladas y los jubilados empezaron a ser, entre tanta desigualdad televisada, sujetas y sujetos políticos que incomodaban con sus cuerpos arrugados y sus acciones directas. “Estamos en una sociedad en la que al viejo se lo descarta de todos los ámbitos, pero son lo más valioso: ellos ya pasaron por donde ahora nosotros tenemos que pasar”, reflexiona María Cristina.

El discurso neoliberal mostraba su verdadera naturaleza: no le importa el ser humano. Toda una vida de aportes… había sido una estafa gigante. Porque la privatización de la caja de las jubiladas y jubilados no fue una simple estafa, fue el robo a la vida entera de las personas, en el período de desarrollo económico más importante del país. Cada vez que Norma entregaba su frágil cuerpo a la lucha, el discurso dominante se caía, la serpiente se retorcía.

En esa época, el ministro del interior, Carlos Corach, no tenía ningún inconveniente en mandar a reprimir todos los miércoles en el Congreso. Así que, cada tanto, Norma iba presa por protestar. “Siempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso”. Tuvo más de 23 procesos judiciales por tirar huevos y harina al Congreso. Sin embargo, la gestión menemista nunca le habilitó un interlocutor. Ante el silencio, tan violento como una represión, la voz de Norma irrumpe por donde puede. Y en ese hacerse oír, inaugura el método de los escraches, que cinco años después retomará el grupo de H.I.J.O.S de desaparecidas y desaparecidos, contra Bussi, Videla y Galtieri, entre muchos otros. El grupo de acción de Norma realizó innumerables escraches, a diputados, al príncipe Andrés, a Domingo Cavallo y, por supuesto, a Carlos Menem. Una de sus acciones más notorias fue cuando se subió al escenario del Mercado de Abasto y le pidió a Mijail Gorbachov que le dijera al mundo que estaban “cagados de hambre”.

Como otras resistencias de esa época, la memoria de los años noventa se empezó a escribir con ella. Su momento más activo fue cuando permaneció 80 días en el acampe de Plaza Lavalle, por el aumento de las jubilaciones, allá por 1992; una forma de lucha que se iba a repetir en toda la década de resistencia neoliberal, pero que sigue hasta hoy. Cinco años después, las y los docentes iban a realizar una de sus luchas más contundentes e históricas: La Carpa Blanca, que duró 1003 días y contó con la presencia de figuras emblemáticas como León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Diego Maradona, Ernesto Sabato, Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Imanol Arias, y jugadores de la Selección que organizaron un picadito.

Pero a ese acampe de Plaza Lavalle, se acercaban todos los días jubiladas y jubilados de todo el país; al fin tenían un foco donde concentrar toda la atención. Norma le puso todo el corazón a esa acción. “Más de una vez ha traído a dormir a casa a algún jubilado de la Plaza Lavalle… y se ha quedado a vivir durante meses. Me acuerdo del abuelo José, que agujereaba el colchón para guardar panes, por si después no había para comer. Imaginate el hambre que tendría”, recuerda María Cristina.

“No llore, señor ministro”

Corría 1994. Fue uno de esos días en los que Norma ingresó al Congreso con sus compañeras y compañeros, para exigirle una explicación al ministro Cavallo. Allí tuvo lugar una conversación histórica, que se transmitió por televisión.

–Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo, cuando era un niño. Él aportaba como aportó su esposo… –le dice Cavallo, y se queda en silencio mirando hacia abajo, con esa postura que evidencia la vergüenza.

–No llore, señor ministro, no llore. Tenga fuerza para defender a su padre y todo –le responde Norma con respeto y empatía, con la humanidad que el mismo sistema no tenía con ella ni sus compañeras y compañeros.

–Estoy emocionado. Primero porque lo que ustedes dicen es la verdad. Estoy convencido como ustedes. Pero también sé cuál es la realidad sobre la que tenemos que actuar. A pesar de que mi familia no es de muchos recursos –silencio y lágrimas–, yo pude estudiar. Y creo conocer cómo funciona la economía. La economía de un país es como la economía de una familia. Uno puede gastar lo que tiene para gastar –sigue mirando hacia abajo –. Nuestro país es como esas familias ricas que en su momento dilapidaron los recursos que los padres o abuelos habían acumulado. Y llega un momento en que se está muy mal, porque se tienen deudas externas, internas, de todo tipo. A punto tal que no se llega a conocer cuánto se debe. Y no se tiene con qué afrontarlas. Para colmo, todos los mecanismos que se utilizaron para tirar los problemas hacia adelante y que los tenga que resolver algún otro, ya no se pueden seguir utilizando. Es más, sería estafar a todo el mundo, a ustedes, a sus hijos y nietos (…). Se necesitan recursos. Mucha gente dice que no los tenemos porque estamos pagando al exterior. Les aseguro que lo que estamos pagando al exterior es mínimo (y siguen las excusas).

–Usted tiene madre… pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero págueles a los jubilados. Piense en su Patria. Si lo presionan de afuera salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar…–No, la respuesta de Norma no es la respuesta vacía de un político acostumbrado a deshacerse en excusas. No. Lo de ella es una propuesta concreta, la de una vecina que multiplica panes para que coman todas y todos en el barrio, la de una ancestra sabia, y concreta.

Así como el reclamo de una jubilación digna, otro de los pedidos urgentes era la recuperación del PAMI, la obra social más grande de Argentina y Latinoamérica, orientada principalmente a personas jubiladas y pensionadas, la población más vulnerable de la sociedad. En varias oportunidades Norma tomó el edificio de la calle Chacabuco, en conjunto con sus compañeras y compañeros.

Desde 1992, la gestión de Matilde Menéndez inauguró la etapa del PAMI corrupto. Se retiró en 1994 dejando una deuda de 148 millones de dólares. Luego de su salida, fue intervenido por el gobierno, en manos de Carlos Alderete, y posteriormente en una sucesión de autoridades cada una más corrupta que la otra. Cada gestión fue funcional al plan de ajuste menemista que apuntaba a resolver el déficit mediante la inclusión de empresas privadas en la administración y la reducción de personal, a pesar que los gastos de personal fuesen marginales: el 84% del de­sequilibrio se explicaba por pagos de prestaciones médicas y solo 6% por gastos de personal.

Se emitía Polémica en el bar, conducido por Gerardo Sofovich, y Norma Pla fue como invitada. La única mujer en esa mesa donde el machismo estaba a la orden del día.

–Yo quiero que me escuche el ministro de Economía y el señor presidente también, porque nunca pudimos llegar a un diálogo con él –arranca Norma luego de las presentaciones y saludos, y dice en algún pasaje de la charla al conductor–: Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también.

–Está bien, pero… ¿usted está segura de que lleva el diálogo para poder acceder al presidente? Hoy, por ejemplo, en la entrevista que usted tuvo en la radio con el señor (Carlos) Alderete, porque después me quedé conversando con él, dijo que alguno de los diez puntos que usted le entregó son razonables.

–Los diez puntos son razonables.

–Está bien. Usted dice que los diez puntos son razonables, yo le digo que Alderete dice que alguno de esos puntos tendría ­factibilidad. Pero, al mismo tiempo, usted cuestiona la capacidad del presidente de designar a quien a él le parece como interventor en el PAMI…

–Escúcheme… el presidente de la Nación está acostumbrado a mandar decretos o a gobernar por dedo. Vos acá y vos acá, y nosotros no lo vamos a permitir eso, porque PAMI es de los ju-bi-la-dos y de los tra-ba-ja-do-res.

–¿Quién es nosotros, Norma? –la interrumpe Luis Beldi.

–Nosotros… usted también, yo también, y la gente que nos está mirando también.

–¿El PAMI funciona mal?

–Escúcheme, ¿por qué renunció la señora Matilde (Menéndez) si no andaba mal el PAMI? ¿Usted me puede dar pruebas de que el PAMI anda bien?

Norma tenía razón: el PAMI funcionaba mal. Para 1996, la deuda se estimaba en 1.000 millones. En 1997, la intervención de Víctor Alderete se hizo cargo de la “normalización”, reduciendo el personal, de 13.700 empleados a 2.800, y de la transferencia al Estado de las deudas del organismo.

Ella sabía cómo funcionaba el PAMI: era una paciente asidua porque padecía cáncer de mama. Una peluca cubría su cabeza calva, debido a la quimioterapia. Incluso, varias veces interrumpió sus tratamientos para asistir a una marcha. En uno de los escraches al presidente, en el predio de la Rural, la policía la golpeó y le quitó la peluca. Ella apareció frente a las cámaras de TN, gritando “jubiladooooos”, mientras sus compañeros le daban besos en el cachete y le acariciaban la cabeza desnuda.

Por sus métodos de acción directa, escrache y boicot, que ­inauguraron la época que se avecinaba, se convirtió en una referente social, sobre todo para los grupos que empezaban a realizar piquetes en las provincias.

En 1995, la democracia tiene su primer muerto político durante una pueblada. En Tierra del Fuego, la gendarmería asesina al trabajador Víctor Choque con un disparo en su rostro. Norma se entera, pero se encuentra en pleno tratamiento oncológico. Su corazón se indigna. Pudo haber sido ella, o cualquiera de sus compañeras y compañeros. Su cuerpo le pide estar presente. Porque a esa altura, su presencia es un fósforo que enciende cualquier hoguera. Le pide a su hijo que firme un documento donde se hace responsable de su salud, se arregla un poco frente al espejo y parte rumbo a la protesta en la Casa de la Provincia. Pero ese día su cuerpo no aguantó más y se desmayó. Volvió en ambulancia. Su compromiso era enorme, y aun así los medios la seguían tratando como una vieja loca.

Unos meses más tarde, su cuerpo dijo basta. Había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en Plaza Lavalle, el lugar donde permaneció el acampe que quedó en la historia. Hoy una parte de sus restos duermen allí, bajo una placa y una magnolia. Hoy, que se sigue pidiendo vivir con dignidad la época de “jubileo”, hoy que el trabajo del cuidado está siendo cada vez más reconocido, hoy que las mujeres se rescatan de cada lugar que ocuparon en la historia de nuestras luchas; hoy Norma Pla es un nombre y un apellido que se siguen asociando con la dignidad y con el futuro.

Del libro 2001. No me arrepiento de este amor.

Historias y devenires de la rebelión popular.

Ed. Chirimbote, 2021

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Se concretó el robo a las y los jubilados: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó que la jubilación mínima se incrementará $ 413,78 en marzo (5,71%), al pasar de $ 7.246,64 actuales a $ 7.660,42. Esto significa un ingreso por debajo del 50 % de la canasta de jubilados estimada por la Defensoría de la Tercera Edad.

De esta manera debutará el primer aumento con la movilidad previsional votada en diciembre último gracias al aval de los gobernadores. La ley consensuada por Cambiemos con el peronismo “dialoguista” que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70%) y del aumento salarial promedio (un 30%).

Sectores de la oposición denunciaron que, con la anterior fórmula, el aumento de marzo rondaría el 14,5 %. En tanto, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) -uno de los componentes del haber jubilatorio- y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir de marzo será de $3.619,07 y $6.128,34, respectivamente.

Por otro lado, también se incrementan las asignaciones familiares para los trabajadores formales y aquéllos que perciben la AUH. En ese caso, el complemento pasa de $ 1.412 a $ 1.493. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4.606 a $4.869.

Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo

En un informe especial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), se realiza un análisis comparado de las jubilaciones mínimas en Argentina para el período 2015-2017 y se concluye, entre otros aspectos, que considerando el IPC‐CABA, el haber mínimo perdió 6,8% de poder adquisitivo en ese lapso.

También se analizan, entre otros aspectos, el impacto de la reforma previsional, el poder de compra de los haberes y la relación entre poder adquisitivo y medicamentos.

En el período 2003-2015, podemos destacar una política de expansión previsional que ubicó a la Argentina entre los mejores posicionados en este rubro. El aumento de la tasa de cobertura fue casi 30 puntos porcentuales hasta llegar a un 97% y la institucionalización de la movilidad como reajuste semestral de los haberes previsionales le dieron dinamismo y previsión al sistema.

A contramano de esto, el actual gobierno implementó la ley de “Reparación Histórica” y la Ley 27.426 denominada “Reforma Previsional”.

En dicha reforma, se desglosa en lo conceptual las implicancias negativas que representa: la modificación de la fórmula de reajuste, que al cambiar la ponderación de las variables que toma, perjudica directamente el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados.

Asimismo, el sistema se aleja de los criterios de igualdad y equidad, como consecuencia de la discriminación planteada entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en detrimento de estos últimos que quedan afuera de la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Esta diferenciación también fue aplicada por el PEN a la hora de fijar por Decreto un bono extraordinario pagadero en marzo por única vez que para los jubilados por moratoria ascenderá a $375 y para los jubilados con 30 años de aportes será del doble, es decir, de $750.

En este informe se analiza la pérdida de dinero que el actual sistema produce respecto al anterior, destacando que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor en este contexto inflacionario que incluso perjudica más a la canasta de bienes y servicios de nuestros adultos mayores. A modo de ejemplo, si tomamos la jubilación mínima en ambos casos y a jubilados que hayan realizado aportes, la pérdida acumulada en el 2018 con la nueva ley asciende a $4.138, mientras que aquéllos que se hayan jubilado por moratoria, perderán a diciembre de este año un importe de $4.588.

Ampliando el análisis de la pérdida del poder de compra de los jubilados a diciembre de 2018, se ratifica su tendencia decreciente conforme los relevamientos de productos realizados. Mientras que el haber aumentó un 69% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, algunos precios de productos de consumo masivo sufrieron incrementos muy por encima: llegando a haber aumentos como en el caso del aceite que subió más del 200%.

Esta disminución del poder de compra se manifiesta también en los medicamentos, rubro que representa especial importancia para los jubilados con incrementos entre 75% al 173% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad.

Recordemos que con la nueva fórmula esta brecha entre haberes y canasta de bienes y servicios se seguirá aumentando y tornando cada vez más inalcanzable.

Las mujeres son las más perjudicadas por la reforma previsional

La reforma previsional impulsada por el oficialismo significa un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales que pudieron acceder a la jubilación en la última moratoria sin tener los aportes suficientes.

La falta de aportes de las mujeres se debe, en la mayoría de los casos, a las tareas domésticas no remuneradas -como ser ama de casa y criar a los hijos- y a las actividades informales, donde los empleadores no pagan las cargas sociales. Según el Ministerio de Trabajo, la principal actividad económica de las mujeres es el empleo doméstico, el de mayor nivel de informalidad y precariedad.

“Desde el 2004 hasta el 2016 la moratoria funcionó en los hechos como una jubilación para las amas de casa, algo para lo que no hay ley. El 86 % de quienes se jubilaron por la moratoria fueron mujeres: amas de casa full time o part time, que dejan de trabajar por algunos años mientras los hijos son chicos y después vuelven o madres que trabajan pocas horas para combinarlo con la crianza”, explicó Mercedes D’Alessandro, de Economía Feminista.

¿Qué va pasar con estas mujeres? Descartada la moratoria, desde Cambiemos lanzaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 % de una jubilación mínima, unos 5.700 pesos al día de hoy, y eleva a 65 años la edad para jubilarse. “Como la nueva ley deja afuera a todas las trabajadoras domésticas y amas de casa sólo van a poder recurrir a la pensión para la vejez que lanzó Cambiemos, lo que es un pasaporte directo a la pobreza. Están fabricando nuevos pobres”, sostuvo la economista y remarcó la importancia de incluir la perspectiva de género en el tratamiento de estas leyes también.

Las primeras en advertir que las mujeres eran las más perjudicadas con la reforma previsional fueron las propias mujeres y desde el movimiento Ni Una Menos convocaron a movilizarse, como lo hicieron miles de personas a la puertas del Congreso. “Con recortes a jubiladxs, AUH y pensiones no contributivas no hay Ni Una Menos”, dijeron. “El 62 % del total de jubilados son mujeres. Las mujeres cobran 24,5 % menos de jubilación por ser mujeres. El 86 % de quienes ingresaron a la moratoria son mujeres. El 99 % de quienes administran la AUH son mujeres. ¿A quién perjudica más la reforma previsional?”, twitteo la periodista de Página 12 e integrante del movimiento, Luciana Peker.

La socióloga Alejandra Beccaria, investigadora del Equipo de Seguridad Social del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) advierte: “La discriminación entre quienes accedieron al beneficio previsional por el cumplimiento de los años de servicios y quienes lo hicieron a través de las moratorias tiene efecto inmediato en la implementación del bono compensador y tiene efecto aún más grave en adelante porque da a quienes accedieron sólo por el cumplimiento de los requisitos de aportes la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, mientras que a quienes accedieron por moratoria no les establece esa garantía”.

Los varones que accedieron a la jubilación por moratoria son uno de cada diez. En cambio las mujeres que aseguraron su ingreso por esa vía son casi la mitad de las que se encuentran jubiladas. Por eso, Claudia Danani, especialista en política social, también del equipo de Seguridad Social de la UNGS, remarca el machismo de las políticas públicas actuales contra las mayoría de las mujeres mayores: “Es posible suponer que si la distancia entre uno y otro grupo creciera al grupo de “jubiladas/os por moratoria” se les establecería el mismo piso de la Pensión Universal para Adultos Mayores: 80 % del haber previsional mínimo. Esa política de diferenciación, que en la Ley se justifica con la expresión “proporcionalidad que premia el esfuerzo de cotización”, castiga (otra vez) a las mujeres que trabajaron en condiciones de mayor irregularidad, desprotección y precariedad. Contra la idea de que la moratoria fue aprovechada por “señoras bien que usan el dinero para salir con sus amigas” (escandalosa imagen sexista que transmite lo superficial y ocioso de la vida de las mujeres), los datos indican que sólo un 25% de las mujeres que accedieron a la jubilación con la moratoria  nunca aportaron ni trabajaron y que, en cambio, en la otra punta,  el 31% de ellas lo hizo durante más de 25 años. Un país más justo debe compensar por esa desigualdad, no consagrarla”.

En ese sentido, la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro, integrante de Economía Feminista, critica: “El gobierno de Cambiemos con esta reforma previsional está fabricando nuevos pobres: las amas de casa, las y los trabajadores precarizados, aquéllos que no han podido completar los treinta años de aportes que demanda la ley solo podrán acceder a una pensión universal que hoy apenas llega a los 5.700 pesos”.

Se suma el recorte de la Asignación Universal por Hijo, que en el 99 % de los casos lo reciben las madres.

La Asignación Universal por Hijo y la prestación por embarazo, actualmente representan $1.412 mensuales. La AUH debería subir en marzo, si no se hubiera aprobado la reforma previsional, a $1.616 pesos, según la estimación del periodista y economista Alejandro Bercovich, con un aumento que tendría que haber sido del 14,5 %. Sin embargo, se va a quedar en $1.492,49 (más un bono por única vez) con una actualización desinflada del 5,7%. La quita por cada hijo/a de la Ley aprobada representa 124 pesos por mes por cada chico y chica y una pérdida neta por hijo de 470 pesos (contando el bonus track sacado de la galera por el gobierno nacional después de las protestas). Por lo tanto, con un precio de mercado de 20 pesos por litro de leche (Sancor) la baja en la AUH implica 6,2 sachets de leche menos para cada piba o pibe, por mes, como efecto de la Ley aprobada entre protestas y cacerolas.

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Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas.

–Ya empezamos a ver los primeros “brotes verdes” de la reparación histórica a los jubilados. Se ha anunciado que con el pago de los haberes de diciembre, 600.000 jubilados van a estar cobrando el reajuste que corresponde al programa de reparación histórica instrumentada por el gobierno nacional. ¿Qué opinión te merece este tema?

-En principio hay una opinión generalizada de los beneficiarios que están absolutamente desencantados. Apenas una minoría obtuvo aumentos de entre 2 .000 y 3.000 pesos y el resto son aumentos ridículos que promedian el 10.5% por lo que en realidad la famosa reparación histórica se ha convertido en la estafa histórica, cosa que anticipamos.

Estos 600.000 jubilados que recibieron el ajuste son aquéllos que no iniciaron juicios y en orden decreciente desde los mayores de 80 años a los más jóvenes. Ese ajuste es absolutamente miserable y además el beneficiario lo tiene que homologar con un acuerdo con el Anses y si no lo hace dentro de los 6 meses pierde el ajuste que le otorga la ley.

Es muy probable que muchos opten por iniciarle un juicio al Anses, por el hecho de que no hay retroactivos, solo hay ajuste. Porque en los casos en los que no se inició juicio al beneficiario solo le corresponde el ajuste y no el retroactivo. En general, por los datos que tenemos, excepto los que están en una situación sumamente complicada, mantienen el juicio.

-¿Hablamos de 450.000 juicios?

Hay quienes dicen que son 700.000. Es un dato sobre el que no tenemos mayores precisiones.

-Tomando la cifra oficial de 450.0000 y siendo 2 millones los beneficiarios de los reajustes de haberes, habría un 25% de jubilados que no serían beneficiarios del reajuste porque ya tienen sus juicios iniciados.

-Sí, pero no se sabe cuántos son realmente los que realmente van a ser beneficiarios de esta ley. Hay quienes hablan de un millón. Todo está muy inflado y el objetivo de inflar las cifras tiene que ver con el hecho de que el gobierno plantea que para el año que viene va a haber un gasto de 75.000 millones de pesos destinado a la reparación histórica, lo que está muy lejos de la realidad. Es para justificar meter mano en el fondo de garantía y sustentabilidad (FGS) y liquidar las acciones de empresas privadas en poder del Anses que es un paquete de dinero muy grande.

–Son acciones de empresas de primera línea que quieren recuperar esos títulos que en su momento pasaron a ser propiedad del Estado nacional cuando se estatizaron las Aseguradoras de fondos de pensión (AFJP).

-Exactamente, eran acciones que tenían las AFJP que habían adquirido como inversiones por los fondos de los jubilados y cuando se produce la nacionalización pasan al poder del Anses y esto lo habilita para tener directores en las empresas.

-Esto de las AFJP no solamente fue una estafa sino que lo sigue siendo porque tengo entendido que todavía hay jubilados que cobran un haber ridículo a través de ese sistema.

-Es un tema que estamos siguiendo muchísimo. Son un grupo de compañeros de rentas vitalicias, muchos de ellos integrantes de Jubilados Clasistas. El tema es que cuando se nacionalizaron las AFJP había un sector de esos jubilados que se calculan son 300.000.

-Cómo difieren tus datos de los oficiales, porque el gobierno afirma que son 130.000.

-El tema de las rentas vitalicias es que los jubilados, o quienes estaban por jubilarse a través de las AFJP, eran tentados con las rentas vitalicias y pasaban sus aportes acumulaos como capital a una aseguradora que le garantizaba a la persona una renta durante el resto de su vida. Lo que sucedió es que cuando se realiza la nacionalización, en el artículo 5º de la ley, quedan fuera de la nacionalización. Hay toda una argumentación legal para esto, la Ley 24.241 establecía un sistema público con dos componentes, uno privado, de las AFJP, y otro estatal que era el sistema de reparto. Cuando se nacionalizan las AFJP lo que era sistema público pasa sin problemas, pero lo que eran rentas vitalicias estaban en las aseguradoras que eran privadas.

En realidad a toda esta gente la estafaron, por muchas razones pero, sobre todo, porque muchos habían optado por una renta en dólares que luego fue pesificada, la actualización que recibieron fue tan ridícula que efectivamente hoy los haberes que perciben estas personas en promedio son de 700 pesos.

Lo que se está hablando en diputados, con Néstor Pitrola y otros, es el hecho de que todos los jubilados que están en rentas vitalicias pasen al Sipa (Sistema Integrado Provisional Argentino) y esto está en principio aprobado en la Comisión previsional del Congreso, pero de ahí va a tener que pasar a la Comisión de Presupuesto y recién entonces al Plenario de Diputados, así que esto puede llevar un largo proceso y, mientras tanto, los compañeros siguen penando y te puedo asegurar que quieren incendiar todo.

-El sistema de las AFJP desde sus inicios era una estafa. Recuerdo que yo era el único afiliado que había en el Banco Río al sistema estatal, el resto de mis compañeros estaban en las AFJP y en una oportunidad me llamaron de la Oficina de personal, yo había sido delegado general del banco durante muchos años y el Gerente de personal me preguntó por qué yo era el único que no estaba en una AFJP. Le dije que ese sistema había sido un fracaso tanto en EE. UU., como lo iba a ser en Chile y otros países. No me pudo replicar nada porque conocía bien el tema. Así quedé como la mosca blanca.

-Recordarás que la burocracia sindical de esa época, que todavía hoy muchos dirigen los sindicatos, tenían sus propias AFJP y los delegados eran comisionistas. Esa fue una gran lucha política. Donde yo trabajaba también era delegado y logramos que una gran cantidad de compañeros quedaran en el reparto y la burocracia estaba enfurecida.

-Los sindicatos tenían sus aseguradoras, sus negocios y sus ART vinculadas, parte de ese sindicalismo patronal, empresario que hoy sigue vigente fueron cómplices y partícipes de la estafa a los trabajadores.

-También era una estafa porque te comían en comisiones el 35% de la capitalización, que era una brutalidad desde cualquier punto de vista.

-Ya había fracasado el sistema en EE. UU. y en Chile ahora se está viendo lo que de alguna manera se conocía desde hace 20 años atrás.

-En Chile lo que está sucediendo es que hasta hace muy poco tiempo no había jubilados por el sistema privado y ahora se están empezando a jubilar quienes están en las AFJP. Estas funcionan como fondos de inversión, hacen sus inversiones en este sistema financiero que hoy está en boga en el mundo y en la actualidad las tasas son negativas. Entonces, el negocio financiero se hundió y con ellos las inversiones de los pobres jubilados que tenían su capital en las AFJP. Este es el caso de Chile. Por eso es tan encarnizada la lucha de los jubilados chilenos, es como el caso de las rentas vitalicias acá.

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Un repaso por las privatizaciones en el sistema previsional, lo falaz del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs), la política kirchnerista y la búsqueda de hacer negocios a costa de los jubilados en el gobierno macrista.

Menem lo hizo

El 1° de mayo de 1993 el presidente Menem afirmaba en su discurso de apertura de las sesiones legislativas que “1993 tiene para este presidente una prioridad principalísima: los jubilados”. Algunos meses después el congreso aprobaba un proyecto de reforma previsional que redundaría en la mayor estafa perpetrada contra los jubilados en toda la historia argentina: las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs).

En 1994 entró en vigencia el nuevo régimen, que supuestamente corregiría los vicios del anterior y lo convertiría en un mecanismo para canalizar ahorros hacia inversiones productivas que generarían trabajo, crecimiento y bienestar. El esquema vigente hasta 1993 era de reparto: los aportes recaudados financiaban los haberes corrientes; como estos no alcanzaban, las rentas generales tenían que socorrer a un sistema previsional quebrado. Este régimen fue reemplazado por uno mixto: el trabajador podía elegir si quería seguir en el reparto o pasarse a uno de capitalización en el que una AFJP administre sus aportes cual portafolio de inversiones. Tanto las condiciones institucionales como el discurso oficial estaban orientados a que los trabajadores elijan la segunda opción, y eso hizo el 80 por ciento.

El maravilloso mundo prometido por las AFJPs se demostró falaz muy rápidamente. La posibilidad de que los aportes se canalicen hacia la producción y el trabajo se esfumó cuando el principal componente de la cartera consistió en títulos públicos. Al proceso de megaendeudamiento para sostener la Convertibilidad hay que agregarle la reforma previsional: sólo el 20 por ciento de los trabajadores siguieron aportando al reparto, pero todos los jubilados permanecieron allí. El Estado necesitaba endeudarse más para cubrir este déficit y las AFJPs tenían muy buena voluntad para participar del negocio. Los aportes de los trabajadores iban al Estado, igual que antes, pero ahora acumulando deuda.

Pero las AFJPs no sólo invirtieron en títulos públicos. También compraron acciones de las empresas privadas más grandes del país, en muchos casos por vía de acuerdos no del todo transparentes. Convirtiéndose en su principal fuente de fondos, el sistema previsional de capitalización fue el principal engranaje del sistema financiero de la Convertibilidad, el que decidía a quién oxigenar y a quién ahogar.

Mientras tanto, el haber mínimo estuvo durante toda la década congelado en 150 pesos/dólares y la cobertura cayó a menos del 50 por ciento hacia 2001. La crisis de la Convertibilidad encontró a la mitad de los adultos mayores del país viviendo bajo la línea de pobreza. Muy lejos de esa línea se encontraban, claro está, los gerentes de las AFJPs.

La política kirchnerista

En 2005 Kirchner lanzó su primera moratoria previsional. Se trató de un plan de regularización de deudas para adultos mayores que no llegaban a los 30 años de aportes. En realidad, la misma no apuntaba a los evasores, sino a todos los ancianos no cubiertos: desocupados, informales, cuentapropistas y sobre todo amas de casa. Hacia 2010 la cobertura había alcanzado el 90 por ciento; hacia 2015 el 97 por ciento.

En 2008 el gobierno de Cristina Fernández lanzó un proyecto de contra-reforma para volver al sistema de reparto. Los activos financieros que estaban en manos de las AFJPs pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, constituyendo la cartera más grande del país. Originalmente se estableció que más allá del tamaño de la participación accionaria la representación de ANSES en los directorios de las empresas no podía superar el 5 por ciento. Esta restricción fue levantada en 2014. La ANSES pasó a tener un flujo de ingresos muchísimo mayor, lo que le permitió hacer otras erogaciones, como el plan Conectar Igualdad, el PROGRESAR o la Asignación Universal por Hijo.

En síntesis, si el modelo del menemismo fue el de una protección social supeditada al mercado, el del kirchnerismo recuperó las nociones de derechos sociales entendidos como derechos ciudadanos. Por un lado, el modelo económico entendió que aumentar las jubilaciones –en cantidades y en montos– empujaba la demanda y ayudaba al crecimiento del empleo. Por el otro, la inclusión social se convirtió en una de sus principales banderas –si fue una bandera genuina o tuvo que levantarla para legitimarse socialmente es algo que no discutiremos aquí–. Las moratorias configuraron un modelo de inclusión previsional que no solo aumentó la cobertura, lo hizo contemplando bajo el mismo paraguas institucional a todos los jubilados, los que accedieron por moratoria y los que no. Es cierto, el paraguas es el de la protección contributiva y algunos preferiríamos el de la protección no contributiva. Pero el que no se configure una segmentación de la política previsional es sumamente positivo.

La historia se repite: “donde hay una necesidad hay un negocio”

Llegamos al año 2016, gobierna Mauricio Macri y envía al congreso un proyecto de “reparación histórica a los jubilados”. Junta a un montón de ancianos en un club de barrio, los abraza y afirma la voluntad de solucionar definitivamente sus padecimientos. Propone crear una pensión universal a la vejez, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, la cual puede ser percibida por cualquier adulto mayor que no perciba otro ingreso previsional o asistencial. En comparación con las moratorias, esta pensión no genera derecho a pensión para cónyuges, no puede ser percibida si la persona ya está percibiendo una pensión y las mujeres pueden acceder a partir de los 65 años, no desde los 60. La diferencia principal, sin embargo, es más profunda: la pensión universal se configura como un sistema separado al de las jubilaciones, con derechos distintos. Se propone una jubilación de primera y una de segunda. Al mismo tiempo, propone un mecanismo para saldar las deudas pendientes por juicios previsionales ofreciendo incentivos para que los jubilados abandonen los litigios.

¿Cómo proponen financiarlo? De dos maneras. Por un lado, con un blanqueo de capitales. Por el otro, vendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ambos casos se trata de necesidades empresariales. La primera es bastante obvia, y también el kirchnerismo la ha puesto en práctica. La segunda es más compleja: al “mercado” le interesa que el Estado venda esas acciones, no tanto por la efectiva injerencia en las decisiones sino por la capacidad de presión que puede ejercer. Controlar el 20 por ciento de las acciones de una empresa implica un gran poder de presión si uno decidiera ponerlas a la venta; controlar el 20 por ciento de veinte o treinta grandes empresas implica un gran poder de presión sobre todo el sistema financiero. No es casual que el actual ministro de producción, Francisco Cabrera, haya sido en el pasado gerente de Máxima AFJP.

Al igual que Menem, el gobierno de Macri construye su retórica desde los problemas de los jubilados, pero lo que ve son soluciones. No a los problemas de los jubilados, sino a los de los empresarios. La promesa de bienestar de los abuelos no es otra cosa que una zanahoria: es la forma de legitimar reformas que nada tienen que ver con ellos. Como decía José Luis Di Lorenzo en referencia a la reforma previsional de los noventa: “donde hay una necesidad hay un negocio”, y si hay algo de lo que los miembros del gabinete de Macri saben es de negocios.

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Becario posdoctoral CEIL-CONICET, Docente de la UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica

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Jubilados sin remedios, sin moratoria y sin 82% móvil

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Entrevista a Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas, sobre el blanqueo de capitales y los efectos económicos y sociales que conlleva.

En estos días se anunció un nuevo blanqueo de capitales, que despertó el debate sobre el pago de la jubilaciones y el desarrollo de las inversiones en Argentina entre otros debates. Un mecanismo más que deja de lado a los trabajadores. Pero, ¿qué significa y cuáles son sus implicancias?

Al respecto, Julio Gambina, presidente de la Fundación de investigaciones sociales y políticas dialogó con Che Barracas.

-¿De qué se trata el blanqueo de capitales?

Por un lado es un blanqueo de capitales que beneficia a muy pocos sectores del poder económico, que son los que han fugado capitales en el último tiempo. Se estima que la fuga de capitales es de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares en Argentina. Esto tiene que ver con sectores de alta capacidad económica que, con el fin de evadir o eludir impuestos, sacan estos dólares del país y los tienen en cajas de seguridad o invertidos en acciones en el exterior, en depósitos en bancos o en cuentas offshore, como es el caso de Macri, o en propiedades en el exterior. Es una cifra gigantesca que involucra a pocas personas en el país.

-¿Cómo se vincula esto con los jubilados?

-Para blanquear el blanqueo el gobierno dice “Bueno, con esa recaudación de recursos en el exterior, le vamos a pagar a los jubilados, también le vamos a pagar con esos recursos y a los que no hayan ingresado demandas o litigios ante la justicia pero que les corresponda una actualización salarial”. Esto tiene una trampa, porque van a pagar un parte en cuotas y otra al contado y cada jubilado va a tener que firmar un acuerdo con la justicia para asegurar que no volverá a demandar al Estado. Acá hay una maniobra política. El gobierno quiere lavar la cara del blanqueo ante la sociedad, diciéndole que estamos en el peor momento de la recaudación pública.

En abril tuvimos una gran movilización de las centrales obreras, protestas generalizadas en todo el país por el tarifazo, y esto había deteriorado la confianza y credibilidad en el gobierno. Con esta medida intentan hacer, con algo que a priori suena bien pero con muchos detalles que iremos conociendo porque recién ingresa el proyecto a diputados.

Todos los gobiernos para hacerse de dinero generan estos procesos de blanqueo. Lo hizo Cristina Fernández en su último gobierno que esperaban conseguir unos 4.000 millones de dólares de patrimonio que hay en el exterior de Argentina y solo consiguieron 2.500 millones. Ahora bien, con la intención de pagarle a los jubilados, hace falta en el cálculo del gobierno unos 5.000 millones de dólares y para obtenerlos tendrían que declarase entre 20.000 y 30.000 millones de dólares y eso es muy difícil.

El gobierno dice si no consigue el dinero del blanqueo pagará a los jubilados con los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad que administra la Anses. Ante esto, el movimiento de trabajadores de jubilados pegan el grito en el cielo porque siente que les meten la mano en el bolsillo y los jubilados dicen que si quieren pagarles deben usar fondos de rentas regulares, o buscar formas alternativas de pagar

-Otro debate político es el hecho de que se utiliza plata para pagar deuda y los jubilados quedan en otro estado de prioridad…

-Para pagarle a los buitres el Estado tomó 16.500 millones de dólares en préstamo y ahora está hablando de conseguir 5.000. O sea que se está tratando de conseguir menos de un tercio del préstamo que se usó para pagar internacionalmente a muy pocos estafadores mundiales. Ahora se estima buscar ese tercio para pagarle a entre 2,5 a 3 millones de personas que son los jubilados beneficiarios. Hay que pensar que estas personas son personas que tienen más de 80, 90 años y por eso cualquier mejora inmediata favorece su situación. La expectativa es cobrar algo antes de morirse y desde el gobierno se trabaja con esa presión. Hay jubilados que necesitan, en esta etapa de la vida, una serie de recursos para resolver alimentación y medicación.

-Hay una especie de premio para quienes logre cumplir con lo que propone el blanqueo o quien esté al día con sus obligaciones fiscales ¿es esto así?

-Sí. La medida intenta varias cuestiones. La primera es que vuelvan capitales que se han fugado al país y para esto se proponen una serie de premios y castigos, se intenta que algunos que aún no han fugado mantengan su dinero en Argentina. Esto es así también porque a Argentina no están llegando ni las inversiones externas prometidas. Los prestamos al país son todos muy caros y es una medida para demostrar que Argentina es amigable con el dinero de afuera por la posibilidad que hayan inversores externos, por eso también entre las medidas está la posibilidad de modificar la legislación para que permita retirar las inversiones de la Anses en empresas privadas. Se busca de alguna manera ofrecerle a inversores externos o a los propios dueños de la empresas, recuperar las acciones que están en manos del Estado administradas por la Anses.

Políticamente recuperar su iniciativa, tratar de tapar otras cuestiones como la represión a la movilización popular que tuvo otra manifestación por ejemplo ayer a la madrugada en Tierra del Fuego con el incendio a la carpa de los manifestantes, y tratar de tapar todo el mecanismo de entrega que realiza el gobierno de Macri. Por eso, es muy importante que se consolide una movilización de las organizaciones sindicales y otras organizaciones populares-sociales para seguir manteniendo esta diputa.

El gobierno trata de blanquear su iniciativa política con la demanda del ingreso que los jubilados están reclamando contra el Estado desde hace años y por otro lado, económicamente, para seguir generando oportunidades de inversión para grandes capitales del exterior y de Argentina intentado que se active la economía del país que viene de retroceso en retroceso.

El INDEC acaba de publicar los datos de caída del sector industrial del último periodo con una aceleración del deterioro productivo de la Argentina mes a mes desde que asumió Macri y veníamos en un proceso de desaceleración en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, con lo cual la situación se agudiza con una perspectiva no muy buena asociada al empleo, el salario y las condiciones de vida de la población.

*Entrevista para Che Barracas. Audio completo aquí.

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Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del Pami excluyó más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales” y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social. Este ajuste es parte de una política de desconocimiento de los derechos de los jubilados y pensionados.

Un reciente artículo de Lidia Meza, Secretaria de Previsión Social de la CTA, señala que: “En realidad es un ajuste en las prestaciones, vendrán otros. No resulta lógico, ni racional, decir que se mantiene el descuento del 50 u 80% en los medicamentos excluidos, si éstos fueran ineficaces. Además, distintos profesionales han señalado, que entre los excluidos hay medicamentos importantes.

Hasta la fecha todas las medidas del nuevo gobierno han apuntado a redistribuir en forma regresiva los recursos de la sociedad, a favor de los más poderosos, y a tomar medidas que perjudican a los que menos tienen.

En el caso de los jubilados y pensionados, primero se anunció que no se prorrogaba la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no tenían suficiente aportes; ahora se reduce la lista de medicamentos. A ello se suma que se habla del aumento de la edad para jubilarse y reformas previsionales genéricas”.

Punto final para la jubilación de amas de casa

El Centro de Economía Política Argentina realizó un estudio sobre el impacto que tendrá el final de la moratoria previsional anunciado para septiembre por el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.

Luego de que el sistema de moratoria previsional -instaurado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner- alcanzara casi un 97% de cobertura jubilatoria para los argentinos y argentinas en los últimos años, el actual titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que este esquema verá su fin el próximo 18 de septiembre.

Según un cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos tomados del censo 2010 sobre quienes este año estén en edad de jubilarse, la pérdida del sistema de moratorias dejará afuera a unas 141.827 personas, que no podrán alcanzar los aportes requeridos para tramitar su jubilación.

“Hay que entender que la moratoria es el reconocimiento de un derecho de los trabajadores, más allá de su condición. Ocupados, asalariados, registrados o no. El fin de la moratoria va a significar que mucha gente va a quedar afuera”, dijo Julia Strada, politóloga y realizadora -junto a Hernán Letcher- del informe publicado por el CEPA, y agregó: “El cálculo es una estimación. Lo bueno sería que la ANSES haga su cálculo y lo publique. Hay datos que sólo maneja ese organismo, como es el caso de quienes sí tenían aportes, que sí trabajaron como asalariados formales, pero que aún así no llegarían a completar los aportes”.

En tanto, Basavilbaso argumentó la finalización del esquema de moratorias bajo la idea de que sería “injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”, y agregó: “Queremos que haya una jubilación universal y que tenga una parte contributiva que premie a la gente que puso dinero en el sistema”, en base al argumento de “poner incentivos para que la gente tenga trabajo en blanco, incentivos tanto para trabajadores como empleadores”.

Según explicó Strada, la nueva dirección de ANSES bajo el macrismo viene a sugerir la posibilidad de jubilarse a través del sistema público con haberes básicos a aquellos trabajadores de menores recursos o que no reúnan la cantidad de aportes necesarios, mientras que al mismo tiempo habilitaría un “sistema de capitalización paralelo para los estratos de mayores ingresos (en sistema público o tal vez privado)”. Esto apunta a que quienes tienen mayor poder adquisitivo puedan acumular intereses, como proponían en su momento las AFJP, donde cada uno tenía su propia caja de ahorro.

En 2005, en el país había 65% de coberturas jubilatorias, y luego de la implementación de la moratoria previsional por parte del kirchnerismo se llegó al año 2014 con un total cercano al 97%, lo que significó casi la universalidad de la cobertura previsional. “En las moratorias, además, tuvieron mucho que ver el ingreso de mujeres que fueron amas de casa durante toda la vida, que en la primera moratoria fueron un 73% y en la segunda un 83%. Estamos hablando de 500.000 personas”, remarcó Strada.

Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como “la jubilación para amas de casa”. La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional. Se estima que el 36 % de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.

Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.

Aún aquéllas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno.

Volver a los noventa: el fantasma de la privatización

El fin de la moratoria previsional y la universalidad jubilatoria se enmarcan en un contexto particular, donde la caja de seguridad social se ve afectada por la falta de aportes patronales y la caída de aportes ante la masiva ola de despidos producida en los últimos meses en el sector público y privado. En este escenario, el recorte y la erosión del sistema de seguridad social estatal representa una pieza clave en el horizonte del macrismo.

“En realidad, y esto es una hipótesis, como ellos están previendo que van a tener menos recaudación en la caja de seguridad social, están pensando en una pensión universal que no se financie con la seguridad social sino, en todo caso, con los impuestos. Que se financie con la caja de recaudación impositiva que no tiene que ver con las recaudaciones laborales”, señaló Strada.

Y agregó: “Haciendo una proyección a futuro de qué pasaría, no me extrañaría que, con un sistema de seguridad social más achicado y menos capacidades para cubrir, aparezcan las propuestas de privatización para tener un mejor gerenciamiento de la caja de seguridad social”.

Por lo pronto, la ANSES no brindó mayores detalles sobre su próximo plan de cobertura, y para el próximo 18 de septiembre más de 140.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse.

Al respecto también opinó Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados: “Hablan de una nueva ley que contemple cuestiones que ya están contempladas y no resuelven lo que tienen que resolver”, haciendo referencia con esto a la cuestión del 82 % móvil que sigue sin ser tratado cuando se habla del sistema previsional.

Wollman diferenció esta propuesta frente al proyecto para una nueva Ley de Previsión Social que promueve desde hace años la Mesa Coordinadora. Este año lo presentarán por tercera vez ya que perdió nuevamente estado parlamentario. En cuanto al texto del mismo Wollman destacó que la Ley “tiene que contemplar que el haber jubilatorio tiene que ser el 82 % del salario del trabajador activo, de acuerdo a lo que recibió en sus mejores sueldos de los últimos 5 años de actividad, y móvil de acuerdo a la categoría establecida en las paritarias”.

Asimismo, señaló que un haber mínimo no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil y que tiene que cubrir la canasta básica del adulto mayor que hoy es de alrededor de 10.000 pesos mensuales mientras que el haber mínimo actual es de 4.810 pesos.

Finalmente, respecto al aumento de la edad jubilatoria, el Secretario general de la Mesa Coordinadora mencionó que se trata de una política que viene dirigida por el FMI y está comenzando a ser aplicada en muchos países. Dijo que parten del argumento que con la prolongación de la vida se está desfinanciando los sistemas jubilatorios de todos los países.

La moratoria ideada por el kirchnerismo surgió como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco pudieron eliminar la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.

Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.

Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el estatus de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto. De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.

Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.

También recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.

Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.

Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico.

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