Por Nelton Rivera (*)

La droga fue uno de los temas visibles en la agenda y discursos del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) y del guatemalteco Alejandro Giammattei. Con Nayib Bukele, de El Salvador, coinciden en el distanciamiento de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión en los asuntos internos del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. 

Cada discurso llegó acompañado por las crisis internas de cada país. Bukele, a quien le colocaron un video pregrabado de 7 minutos, enfrenta el inicio del rompimiento de la luna de miel con el poder. Un importante sector urbano de El Salvador cansado de las medidas que toma el gobernante cyan, antojadizas y sin mayores controles, salió a las calles en una multitudinaria protesta en contra del proyecto de criptomoneda, la reelección y la negociación oculta con las pandillas. 

Giammattei, quien tiene la protección de las élites guatemaltecas, intenta sostener a su amiga, la actual Fiscal General del Ministerio Público, en medio de la escandalosa denuncia de sobornos de empresarios rusos. Esta denuncia fue realizada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, previo a salir expulsado del país. Giammattei, el presidente peor calificado de América Latina, enfrenta la crisis con constantes movilizaciones que exigen su renuncia. 

JOH,  presupuestado a dejar el poder después de las presidenciales del próximo noviembre, se despedirá con elecciones en medio de las acusaciones de los Estados Unidos por traficar drogas y oxigenar la dictadura antichavista que desde 2009 la potencia del norte respaldó. Con toda una Honduras convulsionada en protestas y el éxodo masivo de sus ciudadanos buscando llegar a los Estados Unidos a través de las caravanas. 

La región a la que Washington ha llamado el Triángulo de Centroamérica, donde estos hombres ejercen su poder, se ha convertido en una mega pista de aterrizaje para el narcotráficos de acuerdo con diversas investigaciones , especialmente para los cargamentos de cocaína que proceden principalmente de Sudamérica, con origen en Colombia. 

El tema de la droga estuvo en las agendas y discursos de Juan Orlando Hernández (JOH) y Giammattei, coincidentemente con Nayib Bukele distanciados de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. El Triángulo Norte continúa siendo la principal ruta de la droga rumbo a México y  los Estados Unidos. 

JOH pide a NETFLIX una serie de narcos, capítulo Honduras 

Juan Orlando Hernández, a quien se le conoce comúnmente como JOH,  logró el respaldo de los Estados Unidos para continuar con el régimen que tras el golpe de estado de 2009 mantiene en el poder al Partido Nacional. En marzo de 2021, fue señalado de narcotraficante por una corte federal de Nueva York,  en los Estados Unidos, afirma France 24. Los fiscales consideraron a JOH un “co-conspirador” en Honduras, un “narcoestado”. 

El hermano menor del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado este año a cadena perpetua por narcotráfico, luego de introducir 185 toneladas de cocaína de Honduras a los EEUU, equivalentes a más de 5 mil 500 millones de dólares en 2019, con un precio de 30 millones por tonelada. 

Durante su intervención ante las Naciones Unidas, JOH se refirió a la lucha de su gestión en contra de la corrupción, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sepultada por él mismo durante las primeras semanas de enero de 2020. 

Con el país completamente debilitado para investigar y desmantelar al crimen organizado, JOH afirma que Honduras pasó de ser el país con más tráfico de drogas a los EEUU. Al afirmar que con la extradición se podrá saber quién es quién. Tomó una  hoja en la que se ven dos mapas, el primero con la ruta actual de la droga con destino en Guatemala de 2019 y el segundo, la de 2010, donde Honduras era el destino de la droga previo a trasladarse a México y EEUU.   

JOH, en una invitación para los productores de las series de narcos en Netflix, pide que se produzca una serie sobre su persona en Honduras, citando documentos del 2013 desclasificados,  en donde supuestamente los narcos locales se quejan de no poder trabajar con él. 

Su intervención duró casi media hora, la mayor parte de la cual la dedicó a defenderse, buscando exculparse ante las investigaciones de los tribunales de los EEUU que lo vinculan al narcotráfico. 

Una lluvia de comentarios acompañaron la transmisión en vivo del canal de la ONU: “mentiroso”, “mitómano”, “narcotraficante”, entre otras fueron las expresiones que recibió el hoy presidente, continuador del golpe de estado de 2009  y quien consolidó la dictadura. 

Giammattei y la dictadura depredadora 

El presidente de Guatemala, quien en menos de un año se ganó un alto porcentaje de desaprobación popular, se presentó ante las Naciones Unidas con graves señalamientos de corrupción, que lo involucran con sobornos y toda una trama con empresas transnacionales rusas vinculadas a la extracción minera. 

En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, aseguró que la demanda por el consumo de drogas, de la que EE UU es el mayor comprador y consumidor, provoca una grave crisis en Guatemala. Giammattei afirmó que el 95 por ciento de las aeronaves que aterrizan en el país provienen de Venezuela, coincidiendo con su agenda particular anti Maduro. 

Un dato interesante en su discurso es que Guatemala dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en productor de amapola, mariguana y cocaína. El momento de su queja contra los EEUU llegó en la parte final de su discurso: “estos éxitos no parecen ser reconocidos, ni valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”. 

Una segunda queja, casi al finalizar su intervención:  “no queremos condicionantes, ni presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación… Jamás poniendo en riesgo la autodeterminación de los pueblos y el respeto de la democracia. Así como la no intervención a los asuntos internos de otros países”.

Estos asuntos tienen que ver con María Consuelo Porras, su amiga personal, incluida recientemente  dentro del listado Engel  para personas corruptas en el Triángulo Norte, y quien además engrosó el listado de personas a las que ya les quitaron la visa estadounidense. 

Lo irónico del discurso antidrogas son los aliados del presidente en el Congreso de la República; diputados condenados por narcotráfico en los EEUU, diputadas y diputados vinculados a los grupos del narco, especialmente al partido UCN, con Mario Estrada como uno de los principales dirigentes, pagando una condena en los EEUU. 

Giammattei, al igual que lo hizo  JOH con la MACCIH, puso la lápida sobre los esfuerzos anticorrupción que nacieron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presionando por la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Una forma de proteger y pagar la deuda electoral a las élites depredadoras que se benefician de la corrupción e impunidad.  

Bukele, el dictador no tan cool 

Bukele, desde el pulgarcito de Centroamérica, es quien con más decisión busca romper las relaciones con los Estados Unidos. Con el lema “El dictador más cool del mundo”, y  al igual que sus contrapartes  Giammattei y JOH, el presidente salvadoreño enfrenta fuertes movilizaciones en contra de su gestión, especialmente por los golpes a la democracia. 

Sobre la lista Engel, los Estados Unidos incluyeron en la actualización más reciente de esta a los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados a dedo por él y quienes avalaron su reelección presidencial a pesar de que la propia Constitución Política lo prohíbe. De los listados anteriores se sabe de funcionarios de su gobierno, algunos más cercanos a él y su círculo de poder que otros. 

Siguiendo los pasos de Giammattei y JOH, Bukele también puso punto final a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), apenas tres meses atrás. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala se convulsionan por el descontento social, mismas que se reflejan en fuertes movilizaciones sociales en los tres países, frente a la apuesta de los gobiernos por la corrupción y la impunidad. 

Sobre Bukele pesan también la persecución a la prensa independiente y la negociación oculta con las principales pandillas de El Salvador, escándalos que fueron revelados recientemente. 

En sus breves 7 minutos de discurso pregrabado, reclamó por los ataques que su gobierno está recibiendo, por querer hacer las cosas diferentes. Tan diferentes que lo unen negocios vinculados al petróleo venezolano con JOH y con Daniel Ortega en Nicaragua, documentado por el periodista Héctor Silva Ávalos y publicado recientemente en Infobae.  

En fin, con la agenda común de las dictaduras centroamericanas, la cool, la depredadora y la narcotraficante, unos 35 millones de personas diseminadas a lo largo y ancho de 243 mil kilómetros cuadrados entre dos océanos,  reviven los viejos recuerdos de una Centroamérica bajo el control de Ronald Reagan y regímenes como los de Ríos Montt, Salvador Magaña y Roberto Suazo Córdova. 

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Se cumplen siete años del primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina. Con el crimen de Berta Cáceres aún fresco en el inconsciente colectivo, se consolida en Honduras el modelo excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya.

José Manuel Zelaya llegó a la presidencia en enero de 2006 desde el Partido Liberal –uno de los dos partidos tradicionales- pero con el tiempo se fue corriendo unos pasitos a la izquierda. Decretó el otorgamiento de tierras a campesinos, aprobó un aumento del 64% al salario mínimo e impulsó, en 2008, el ingreso de Honduras a Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

A mediados de 2009, propuso una consulta popular para decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa cuarta urna permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente. El plebiscito, previsto para el 28 de junio, fue el detonante que puso en marcha la conspiración. En la madrugada de aquel domingo, Zelaya era secuestrado por los militares, trasladado en pijama al aeropuerto Toncontín y despachado a Costa Rica.

El golpe, apoyado por los poderes Legislativo y Judicial, se había cocinado en la base militar estadounidense de Palmerola (70 km al norte de Tegucigalpa), base instalada en los ´80 como plataforma de ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua y los movimientos revolucionarios centroamericanos.

Asumía el gobierno de facto Roberto Micheletti, hasta ese momento presidente del Congreso. Como contraparte, florecía un inédito proceso de movilización popular que daba nacimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la mayor fuerza social y política de la historia hondureña reciente. Brotaba también una despiadada política de persecución y represión contra “La Resistencia”, que no se detuvo bajo la presidencia de Porfirio Lobo -surgida de las cuestionadas elecciones de noviembre de ese año que contaron con una abstención cercana al 70%- ni en el actual período gobernado por Juan Orlando Hernández.

Baño de sangre

Se estima que en estos siete años fueron asesinados más de 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto y los continuistas de Lobo y Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas. Es que el principal foco de resistencia se da en regiones de vasta producción de palma africana, donde las organizaciones rurales e indígenas libran una dura batalla por defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los megaproyectos de las transnacionales.

El asesinato de Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de sicarios el pasado 3 de marzo, no es un caso aislado. Pero sirve para evidenciar el grado de impunidad que reina en el país y la complicidad de todas las esferas del Estado, factores que abonaron el terreno para que se pudiera arremeter contra la vida de uno de los principales símbolos de la Resistencia hondureña, una lidereza ambientalista, indígena y feminista con destacada referencia internacional.

Otro blanco elegido por los golpistas han sido las y los trabajadores de la comunicación: desde 2009 se reportaron más de 50 casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de América Latina (después de México) más peligroso para ejercer el periodismo. El informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma que antes de la alteración de la frágil democracia hondureña no existían asesinatos masivos de periodistas ni las altas tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en el país.

La realidad política pos golpe abrió el camino, además, para que se disparara la violencia criminal. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo: 90,4 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 8,8.

Estas cifras se explican además por el alto grado de impunidad. El propio gobierno ha confesado que sólo se investiga el 20% de los crímenes. Otro elemento que grafica el panorama es que Honduras se convirtió en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos. En tanto, con un avance de la precarización y el desempleo, la situación laboral en el país no es menos preocupante.

Siete años después, el pueblo hondureño sigue pagando caro las consecuencias del golpe: el país se convirtió en el más violento de la región y uno de los más pobres (cerca del 70%), dos millones de personas han sido expulsados por la violencia y la miseria, 35 mil niñas y niños fueron arrojados a la red de trata y la prostitución infantil. Siete años después, Honduras sigue sumergida con niveles altísimos de corrupción, una economía quebrada y un sistemático proceso de persecución y criminalización de la protesta social.

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