¿Es el default el peor escenario posible? Una radiografía sobre la deuda externa, sus prestamistas y las posibles salidas a una deuda odiosa que ahoga al pueblo.

Por Julio C. Gambina | Foto de Juan Noy

Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, como en el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad de que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente la constitución de activos en el exterior.

El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o garantizar derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto es que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19 de febrero pasado, se afirme que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”.

Existe temor al incremento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, sea ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.

Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó ls asistencia financiera del FMI. ¿Con qué beneficio para la sociedad?. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el Fondo que todo estaba bien. Ahora dicen lo contrario.

¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso pretende descargar cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo de 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizás una quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, hacia los especuladores.

Resulta de interés desenmascarar esta situación y, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.

¿A quién se le debe?

Según la información oficial, al tercer trimestre de 2019 la deuda bruta del país ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:

116. a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total).
117. b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total).
118. c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total).
119. d) Se completa el 100% con 2.406 millones de dólares de deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).

El FMI viene sustentando la posición de que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.

Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda a acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda que, como sostuvimos, no sirvió para satisfacer necesidades sociales. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, algo que el FMI no aceptaría y, con él, los sectores que dominan el Directorio: en primer lugar, EEUU, sumado a los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.

Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quiénes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares que remiten a “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con el ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.

Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda,. Ni hablar del ANSES u otros organismos estatales.

En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado acumula un 39,2% y los organismos internacionales, entre los que está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.

La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según el cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, el gobierno pretende no verse obligado a un default ante la imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.

En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.

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¿Qué podría ocurrir ante un default?

El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002, hasta los canjes de deuda, unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.

Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y en default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.

La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default. Sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial y en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local y desafío a una estrategia de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambios políticos en la región.

Pagar la deuda en nuestros días demanda, en promedio, unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, se explica más por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas, sea por inversiones, préstamos o la venta de capital público.

El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, que ralentiza aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.

Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.

¿A qué atenerse?

Una línea política de confrontación con el FMI y los acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros, hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EE.UU. y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.

Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.

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Por Francisco Cantamutto | Foto de Juan Noy

El aumento de la burbuja de la deuda funciona como mecanismo para condicionar la política económica no sólo del presente, sino también del futuro. En este sentido se tienen que interpretar los últimos datos que disponemos, brindados por el gobierno. Según lo registrado hasta fines de 2018, la deuda emitida bajo el gobierno de Cambiemos aumentó en 187 mil setecientos millones de dólares. El 86% fue emitida por el Tesoro, es decir, el propio Estado nacional. El resto fue emitido por las provincias y otros organismos descentralizados.

La novedad es que el Estado se presenta como el principal emisor de deuda. La mayor parte fue emitida en moneda extranjera, más del 82%. A las dificultades de ahorrar para pagar hay que sumarle la dificultad de conseguir los dólares. El stock total, a finales del año pasado, oscilaba entre 330 mil millones de dólares y 345 mil millones de dólares, lo que equivale a entre el 86 y el 89% del PBI. Este cálculo es muy difícil de hacer, debido a las sistemáticas devaluaciones de la moneda. El valor del PBI y de la deuda varían constantemente, lo cual genera movimientos contables que dificultan los cálculos provisorios.

Lo que queda claro es que todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda han empeorado, contrariando lo que dice el FMI. Tanto el peso de la deuda en relación al PBI, como en relación a las exportaciones (virtualmente estancadas en el último lustro) y en relación a los intereses en las cuentas públicas, los indicadores se han deteriorado. El principal destino de la deuda que se tomó es la fuga de capitales, que a esta altura supera los 94 mil millones de dólares.

Este panorama terrible y dificultoso de la deuda emitida en plazos entre cortos, medianos y largos, se tiene que complementar con las dificultades de otra deuda distinta y de un perfil mucho más inestable en el corto plazo. Como sabemos, el gobierno de Cambiemos ha incentivado la toma de deuda no sólo a través de bonos de mediano y largo plazo, sino también a través de instrumentos de muy corto plazo que genera la entrada de fondos altamente especulativos.

En el inicio del gobierno de Cambiemos, la herramienta elegida para lograr esto fueron las Lebacs, un mecanismo heredado del año 2002 y utilizado en el último tiempo por el kirchnerismo pero que se llevó a niveles inusitados durante el macrismo, alcanzando el billón 200 mil millones de pesos. De acuerdo a lo pactado con el Fondo en junio del año pasado, debían eliminarse gradualmente. ¿Por qué? Porque permitían la especulación a los grandes jugadores e incluso a personas físicas de menor escala con alguna capacidad de ahorro.

Las Lebacs fueron bloqueadas y se las reemplazó por una herramienta nueva que son las Leliq. Además de las Letes (Letras del Tesoro) que se emitieron a un año, el principal instrumento para lograr captar el excedente de recursos y que se queden en el país fueron las Leliq. Tanto las Lebac como las Leliq son emitidas por el Banco Central (BCRA). Lo que pasa es que las Lebac tenían un plazo de maduración de entre 45 y 50 días y las Leliq se renuevan cada 7 días.

Las tasas de interés de las Lebac oscilaron entre el 23 y el 44%. Pero lo que fue un techo para las Lebac, es el piso para las Leliq, que partiendo de un 42% han alcanzado en el último informe monetario del BCRA el 67%. Es decir, a menor plazo y con mayores tasas. La otra diferencia está en que solamente los grandes bancos pueden especular con esta herramienta.

El stock de Leliq ya llegó al billón (millón de millones) de pesos, con lo cual está prácticamente alcanzado la base monetaria y a las Lebacs que reemplazó. Esto, al tipo de cambio corriente, equivale a cerca de 23 mil millones de dólares que están todas las semanas renovándose, generando intereses que tienen que ser pagados. Si la tasa de interés no promete pagar rápidamente esos rendimientos, se incentiva la fuga de capitales.

Lamentablemente, estamos a un nivel tan alto de tasa de interés que solamente atrae a los capitales más especulativos que piensan que pueden cosechar la ganancia. Los intereses pagados en los últimos 6 meses por las Leliq equivalen a un millón de sueldos de $34.700 (lo que se estima que cuesta la canasta básica familiar) por 6 meses, tomando en cuenta los cálculos de la Universidad de Avellaneda y al Mirador Argentino del Trabajo y la Economía (MATE). Pero también equivalen a 3.2 millones de jubilaciones mínimas o 16.5 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH). Esto es lo que está haciendo el Estado: una gigantesca redistribución de recursos de los sectores populares y la clase trabajadora hacia un par de especuladores bancarios.

Volviendo a lo que tiene que ver con la deuda a mediano plazo hay que resaltar que la deuda tomada por el Gobierno tiene como uno de los acreedores centrales al propio FMI para el cual no existen antecedentes que se le haya generado una cesación de pagos de la escala que podría generarle la Argentina que en este momento es el principal deudor, con casi un tercio de los recursos prestados del fondo.

La próxima gestión, gobierne quien gobierne, va a tener que enfrentar durante su mandato vencimientos de deuda por 150 mil millones de dólares. Esta es una verdadera pesada herencia. El camino que va a intentar va a ser el de intensificar aún más el ajuste y aumentar las transferencias de las cuales recién hablábamos. Si se trata de un gobierno de algún tinte progresista lo que va a intentar es renegociar con el FMI un aplazo o una extensión de los plazos o alguna eventual reducción de las tasas. Lo mismo deberá hacer con los acreedores privados. Esto va a ser extremadamente difícil y va a jugar en el delgado límite de lo deseable y lo posible.

Por supuesto, la salida de izquierda implicaría negar el pago de esta deuda ilegal e ilegítima que lo único que ha hecho es abastecer de recursos a unos pocos especuladores a costa del ajuste que pagamos entre todos y todas. Esta posibilidad, para el conjunto de los partidos del establishment, no es una opción.

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El presupuesto del “déficit cero” consiguió media sanción en Diputados, con el aval del PJ. Puertas afuera, las fuerzas policiales reprimían a diestra y siniestra en las inmediaciones de un Congreso que vive vallado, ante las exigencias de un pueblo que soporta cada vez menos el saqueo planificado comandado por el FMI. Hablamos con economistas, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales y militantes sobre la “ley de leyes” que recorta en todo menos en pagos de la deuda y militarización.

El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2019 con 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. De los votos positivos, 21 fueron aportados por el “peronismo razonable”, encabezado por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la Cámara de Senadores. Las 8 abstenciones provinieron todas del PJ. Evolución Radical, de Martin Lousteau, aportó con 3 votos más.

Para lograrlo, tuvo que realizar ciertas concesiones que no tocaron lo sustancial del proyecto, un ajuste en todas las áreas sensibles para las mayorías populares.

Este presupuesto, orquestado por el Fondo Monetario Internacional, impulsado por Cambiemos y respaldado por buena parte de los gobernadores y de legisladores de la oposición, tiene una orientación clara: menos dinero para salud, educación y trabajo, más para fuerzas de seguridad, inteligencia y pago de deuda. En ese marco, hablamos con actores de diferentes sectores, en algunos casos desde la misma movilización e incluso que acampaban desde la noche anterior.

Francisco Cantamutto, economista, investigador e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

-¿Cuáles fueron las concesiones del oficialismo para lograr los votos necesarios?

– Uno de los temas más polémicos era que el macrismo pretendía que el Poder Ejecutivo pudiera reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. Con esto vulneraría incluso a la propia Constitución. Con este punto se dio marcha atrás. También querían prohibir que quienes reciben la pensión universal de adulto mayor puedan trabajar, y se logró que se quitara esa prohibición. Al mismo tiempo, se propone un refuerzo presupuestario de unos 500 millones de pesos para Conicet y el Inta, tratando de apaciguar el recorte en el sector de educación e investigación. Además, para meterse en el bolsillo a sectores de las provincias, echó para atrás la idea de aplicar un impuesto sobre espumantes para lo cual logró concitar cierto favor de las provincias cuyanas.

También volvió para atrás con el plus que se paga en la Patagonia a asignaciones, jubilaciones y pensiones, para conseguir el apoyo de los sectores de la región. Se volvió para atrás, poniendo un tope a las retenciones de las exportaciones de biodiesel y bioetanol, que promueve el favor a las provincias de la liga bioenergética. Todos estos elementos se suman además a un último que tiene que ver con el envío de un fondo de compensaciones a provincias y municipios de 6.500 millones, que se propone que esto debería compensar sólo en parte la quita de los subsidios al transporte. Sólo en parte porque la quita de los subsidios eran 43 mil millones y este fondo son solo 6.500 millones. Sin embargo, con este fondo logró el apoyo de distintos sectores de las provincias, específicamente del peronismo federal, el sector de Lousteau de Evolución y algunos monobloques particulares.

-¿Por qué?

– Como se señaló al principio, lo central del presupuesto de ajuste en favor del pago de la deuda y los intereses se sostienen. Los lineamientos centrales no fueron alterados. Ahora bien, empiezan a aparecer dudas de cómo va a lograr recaudar el gobierno para poder sostener este presupuesto. Los préstamos negociados con el FMI cubren sólo las necesidades financieras, no el déficit primario, del cual Dujovne se jactó la semana pasada de haber logrado ajustar más de lo prometido.

El Gobierno pretendió de alguna manera cazar a algunos poderosos ganadores del modelo y tuvo que dar marcha atrás debido a las presiones que recibió. Por ejemplo, si bien preveía poder aumentar las retenciones a las exportaciones, tuvo que poner un tope máximo del 30% para la soja y del 12% a los demás productos. Al mismo tiempo pretendió hacer un aumento al mínimo no imponible para bienes personales y luego aplicar una tasa progresiva que no alcanza al 1%.

Al mismo tiempo está el debate que se dio en el coloquio de IDEA, la semana anterior, sobre permitir o no el ajuste por inflación de los balances para la aplicación del impuesto a las ganancias. El gobierno se niega a aplicar este ajuste de manera tal de aumentar la recaudación, las empresas están presionando para lograr conseguir este ajuste y pagar menos de impuesto a las ganancias. Lo que sí quedó fuera de la aplicación de este impuesto fue todo lo que tiene que ver con viáticos, y se sostuvo la exención a cooperativas y mutuales que es un sector muy importante de la economía en término de cantidad de empresas y empleo, no necesariamente por el valor de su representación corporativa.

Finalmente está la posibilidad de volver a permitirle a cañeros y tabacaleros tener monotributo social, posibilidad que se le había quitado al conjunto de la pequeña producción agraria.

De conjunto, más allá de la aprobación total o no, hay dudas respecto sobre la viabilidad en la ejecución. Esta depende de la posibilidad de recaudar para cubrir estas responsabilidades fiscales, porque los préstamos del FMI solo cubren las necesidades financieras, no de funcionamiento. Esto necesariamente ajusta en los rubros anteriormente mencionados, y también es muy importante en lo que tiene que ver con gasto de inversión pública. Esto es particularmente relevante en el 2019, que es un año de elecciones, y el gobierno necesita promover algún tipo de reactivación que le permita demostrar buenos resultados. Llamativamente el presupuesto prevé una caída del 0,5% del PBI en año electoral. Si comparamos con anteriores ejemplos, elecciones presidenciales como las de 89 y la del 99, se dieron en contexto de caída del nivel de actividad y el resultado no fue favorable para la fuerza oficialista.

El gobierno pretende que el ajuste más fuerte se dé en la primera parte del año y luego haya cierta reactivación, para la cual, entre otras cosas, debería caer la tasa de interés a mitad del año que viene. Esto es algo que viene demandando el conjunto del radicalismo apurando los tiempos, sobre todo porque muchas elecciones provinciales son antes que la nacional. Ahí hay tire y afloje en la propia coalición del gobierno.

De conjunto, el gobierno busca mostrar señales positivas con la aprobación del presupuesto, hacia el FMI. Buscando viabilizar la llegada de estos préstamos y para poder mostrar ante los operadores empresariales cierta previsibilidad que le garantice la posibilidad de cierta reactivación. Para las mayorías populares no hay nada positivo que se pueda esperar de esta discusión, como se puede ver. Hay cierta vuelta atrás de algunas medidas que eran definitivamente retardatarias, pero no hay buenas expectativas en torno al conjunto del proyecto. Con este presupuesto no hay posibilidad de una mejoría para las mayorías.

Economía Feminista

Este presupuesto de ajuste es incompatible con achicar brechas de género. En una estructura desigual en el cual el 36% de las trabajadoras están precarizadas, 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años está desempleada, las mujeres son 7 de cada 10 personas con los menores ingresos y la brecha salarial es del 28%, está claro que ante los recortes y la recesión las mujeres son quienes más se ven afectadas.

El presupuesto que se vota hoy es un proyecto del FMI y de los mercados, en donde el interés central está puesto en los acreedores externos, en donde no se encuentra delineado un plan productivo y en donde lxs trabajadorxs perdemos.

Francisco Gelman, delegado de jóvenes científicxs precadizadxs (JCP Bs. As.)

En ciencia y técnica, el presupuesto de 2019 representa una profundización del ajuste que venía perjudicando al sector. El efecto acumulado de los últimos cuatro años suma un 30% de recorte, que afecta directamente las actividades de investigación desarrolladas, porque se descarga sobre la planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre los insumos necesarios para sus tareas.

Desde 2016, el ajuste viene implicando sistemáticamente despidos encubiertos (en puestos de trabajo que siempre sufrieron precarización, como los de becarias y becarios y algunos administrativos y administrativas), atrasos salariales gravísimos y la interrupción de líneas de investigación por el desfinanciamiento de institutos y proyectos. Si, dentro de la función CyT, el Conicet es comparativamente el organismo menos perjudicado (y lo está, por cierto: postergaciones indefinidas en los ingresos a planta, salarios a la altura de la línea de pobreza, reducción del número de becas, centros de investigación sin fondos), ello se debe a la acérrima resistencia que sus trabajadores y trabajadoras supieron ejercer, en movilización continua y con varias ocupaciones del organismo y del ex Ministerio en los últimos años.

Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa)

El Presupuesto de salud 2019 tiene un doble impacto sobre la salud pública. El primero es la disminución general de salarios y jubilaciones que plantea en términos reales y que implica, por un lado, peores condiciones de vida de la población como determinante social básico de la salud colectiva y, por otro lado, la disminución en sí del presupuesto destinado a la atención sanitaria. El Presupuesto 2019, a diferencia de otros presupuestos, tiene la marca de un ajuste puro del Fondo Monetario, lo cual hace que el impacto directo sobre el conjunto de los programas de atención no pueda disimularlo.

La disminución salarial va a tener un efecto sobre la cobertura de guardias, lugares críticos, lugares de frontera, medicina rural, todos aquellos lugares que necesitan indispensablemente del apoyo y el estímulo del Estado para ampliar y mantener una cobertura. Por otro lado, la transferencia a las provincias que mantienen o sostienen el 80% de la atención sanitaria o un poco más, también se va a ver disminuido. Entonces, no se puede analizar solamente la disminución salarial neta y de las condiciones de vida de la población sino también la disminución de la transferencia a las provincias.

El impacto sobre el Ministerio de Salud y el conjunto de los programas que son responsabilidad de Nación, como el de HIV, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales y otros, se van a ver netamente disminuidos entre un 15 y 20 por ciento que depende del nivel inflacionario porque por ahora algunos mantienen nominalmente un aumento del 20, 25, 18 o 30 por ciento según el programa, pero todos están por debajo de la pauta inflacionaria que no va a bajar del 42 o 45 por ciento, por lo que la disminución neta la vamos a poder saber apenas tengamos claridad sobre la inflación anual.

Por otro lado, los costos netos de atención sanitaria van a aumentar en función de que buena parte de sus insumos están dolarizados y la producción de medicamentos cartelizada, con una baja incidencia de la producción pública. Esto hará que hospitales y centros de salud gasten relativamente más en insumos y tengan trabajadores con peores salarios, lo que se traduce en peores ofertas de atención gratuita para el conjunto de la población.

En definitiva, el presupuesto de Salud es parte de la estrategia del gran capital, a través de su gobierno que es Cambiemos, de cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y del pueblo en general. Permitir una acumulación de capital y un pago de la deuda externa fraudulenta a los organismos financieros internacionales y deudores internacionales, sacrificando el nivel de vida del pueblo. No es nada nuevo, es lo que sufrimos en los 90, en la ola neoliberal del Consenso de Washington que ahora retorna bajo las formas pseudodemocráticas del parlamentarismo que maneja Cambiemos o la forma ya ultra reaccionarias como Bolsonaro en Brasil pero que en definitiva tienen el mismo contenido: restricción de derechos, ataques al conjunto de los sectores populares y un favorecimiento desbocado al gran capital.

La represión y el presupuesto del ajuste que se justifica en la TV

“Tenemos los documentos internos del gobierno de cómo va a ser la votación”. Con esta frase, Marcelo Bonelli, periodista económico de TN abría el programa “A dos voces” a las 22.03. Y con eso sellaba su complicidad con el macrismo y por lo tanto, con el presupuesto del ajuste incluso antes de conocerse el resultado.

La tesis del gobierno sostiene que “grupos de violentos”, “sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda” provocaron la represión. Argumentos defendidos en el programa de TV de la corporación mediática por una de las figuras más criticadas durante la jornada: Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., a cargo del operativo.

Ocampo estuvo por la tarde en el Congreso de la Nación a pedido de algunos diputados y diputadas que exigieron la suspensión de la sesión ante el conocimiento de la represión estatal. En reunión con los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara Baja dijo que “las disposiciones en el marco del operativo”, fueron para “garantizar el funcionamiento del Congreso”, confirmando el carácter antipopular del proyecto de ley. Así lo afirmó en el programa de la noche, donde además habló de “espectáculo” y de “un sistema organizado” que “se trató de que el Congreso no funcionara, que no debata”, catalogando a quienes se movilizaron de tener “una actitud fascista”.

“La policía se dedicó a detener a quienes estaban generando disturbios”, dijo Ocampo en TN, quien informó que se está investigando un vehículo que es propiedad de la Garganta Poderosa, lo que confirma que las detenciones, acontecidas a más de 15 cuadras del Congreso, no fueron azarosas sino que hubo una vigilancia y persecución premeditada. “Debemos determinar cuál es la relación que tenía esa camioneta con los procedimientos de violencia”, agregó, para justificar la detención de cuatro integrantes de la agrupación villera, pero sin informar cuáles son los cargos ni porqué se les investiga.

Marianela “Pini” Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Los movimientos sociales, junto con los distintos gremios, nos movilizamos al Congreso Nacional para rechazar el Presupuesto del Ajuste que está ideado a la medida de los intereses de los organismos internacionales de crédito. Lo rechazamos porque representa un brutal ajuste sobre temas centrales para la clase trabajadora como la salud, la educación y el trabajo. También hemos presentado el proyecto de ley de emergencia alimentaria que no está contemplado en el proyecto presentado por el oficialismo.

Consideramos que los diputados que convalidaron este proyecto son cómplices del ajuste para el conjunto del pueblo trabajador y por lo tanto vamos a anunciar un plan de lucha de los movimiento sociales a partir del mes de noviembre que incluye la navidad de los pobres en las puertas de los supermercados.

Repudiamos la represión que se desarrolló en las puertas del Congreso Nacional. Un plan previsto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sólo mantiene el objetivo de desmovilizar a los sectores populares que rechazan el plan económico del gobierno nacional y los gobernadores.

Esteban Marcioni, militante del Frente Popular Darío Santillán

Desataron un escenario represivo donde hubo una cacería de manifestantes, de compañeros y compañeras, persiguiendo a quienes estaban movilizados hasta prácticamente 40 cuadras, 4 km del lugar donde se desarrolló la represión y que dejó un saldo de casi 30 detenidos y cientos de heridos por parte de la represión de la policía.

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Las últimas semanas han puesto de manifiesto la lógica que predomina en la partidocracia argentina: hacerse multimillonarios desde la función pública y crear empresas fantasmas para evadir impuestos son caras de una misma moneda.

La diferencia entre unos y otros es la lógica de origen. Por un lado, los políticos que provienen de los partidos tradicionales ven al Estado como botín personal de poder y la caja para poder hacer política. Mientras que la “nueva política” usa al Estado para legislar a favor de las empresas (aumento de tarifas, quita de impuestos) y reprimir las protestas.

¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio que habría facturado Lázaro Baez y la empresa que inventó Fernando Niembro para cobrar 22 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué para los periodistas de los medios comerciales es más grave que Lázaro y Cristina hubiesen robado millones y no que Niembro esté disfrutando de los millones que habría obtenido en forma ilegal? Una posible respuesta es algo llamado hegemonía.

Pero, ¿qué es la hegemonía?

La hegemonía, explicada desde Gramsci, dice que los valores, las creencias y las explicaciones de las clases dominantes son percibidos como la norma por las clases subalternas. En lo concreto, sería que la sociedad repudia que un político se quede con millones de pesos, pero no le molesta que un Empresario devenido en presidente haya hecho su fortuna con la plata del Estado en perjuicio de todos las y los argentinos.

Pero, vayamos a ejemplos concretos: la fortuna del emporio Macri se fundó durante la última dictadura militar, gracias a dos mecanismos económicos: seguro de cambio y estatización de la deuda privada. El seguro de cambió consistía en que las empresas podían tomar deuda en el exterior (supongamos a 2 pesos por dólar y, si a la hora de pagar el dólar había aumentado, la diferencia la pagaba el Estado). A principios de los años ochenta, las deudas eran impagables, y para evitar la quiebra de los grupos económicos, descargaron la responsabilidad de pago sobre la sociedad estatizando la deuda.

Así, los empresarios quedaron ricos, muy ricos y el pueblo con desocupación, pobreza, menos presupuesto de salud y educación. Luego llegó el default durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue negociado en el Plan Brady durante el primer mandato de Carlos Menem, que derivó en el Megacanje y el Blindaje en el gobierno de Fernando de la Rúa, que provocó más ajuste, más pobreza, más desocupación y el estallido del 2001.

Y entonces, volvemos a la hegemonía: es decir, la idea por la cual si las leyes benefician exclusivamente a la minoría dueña del capital y de los medios de producción, se trata de sacrificios necesarios que las y los trabajadores deben hacer para que haya un futuro mejor (que siempre es mejor para los empresarios). De esa manera, las y los trabajadores siguen padeciendo tanto las bajas de sueldos, los despidos como la obligación de pagar los impuestos “con alegría”, porque de esa manera “va a ser beneficioso para todos, porque se van a poder terminar caminos, hacer cloacas, y llenar de policías la provincia de Buenos Aires” (para citar ejemplos). Pero, por otro lado y de manera hipócrita, manejan cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos, como es el caso de Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los mandatos de Mauricio Macri. Sin embargo, a la hora de dar explicaciones, Grindetti se encierra en su oficina con los concejales para explicarles (sólo a ellos) qué pasó y se niega a participar de la audiencia pública ante el Concejo Deliberante.

Sea que roben desde la función pública o se beneficien del Estado porque tienen amigos en el poder, el pueblo siempre paga las consecuencias. Si nos escandaliza el Lázaro de Cristina Fernández, nos tiene que escandalizar  el Nicolás Caputo de Macri. Si festejamos que Jaime esté preso, debemos pedir que Niembro devuelva la plata y sea investigado.

Queda claro que la doble moral de “las y los soldados” –que antes obedecían debidamente y de los actuales espectadores que consumen la política que les vende el marketing– es la garantía para el permanente saqueo y destrucción la calidad de vida del pueblo trabajador.

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La cobertura mediática que los medios comerciales hacen del escándalo de los “Panamá Papers” es una muestra más que contundente para redoblar la lucha por una verdadera pluralidad de voces.

El empresario mediático Luis Majul da muestras semanales gratis de cómo se opera mediáticamente a favor de las clases dominantes y de sus propios intereses económicos, en detrimento de “la verdad”.

Ante la explosión de la bomba político-mediática de las cuentas del presidente Mauricio Macri y de su ex ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y actual intendente de Lanus, Néstor Grindetti, Majul sigue poniendo el foco en los hechos de corrupción K.

En el programa del domingo 3 de abril, cuando abordó el “Panamá Papers” hizo foco en Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, un personaje secundario en términos periodísticos, comparado con la figura presidencial.

Santiago del Moro, conductor de Intratables, el panelista Omar Lavieri y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica de Santa Cruz, señalaron a Majul el “error” que estaba cometiendo.

El sociólogo Pierre Bourdieu en su libro “Sobre la televisión”, habla del concepto “ocultar mostrando”. Básicamente este concepto refiere a que se pone la luz sobre un hecho para que otro quede en la sombra. Te dicen “lo importante”, “lo que tenés que saber”, “para que salgas informado” pero te están mostrando lo que ellos quieren y como ellos quieren. Eso es lo que hace el periodismo comercial.

Que se hayan creado varios (no muchos) medios bajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es garantía ni sinónimo de pluralidad de voces. La concentración de la pauta oficial en el Grupo 23 y en el Grupo Indalo, son un ejemplo claro de que la creación o compra de medios no son sinónimo de pluralidad.

Los medios alternativos, barriales y sin fines de lucro que venían luchando contra el monopolio de Clarín desde antes que los kirchneristas se dieran cuenta que eran malos, fueron ninguneados y hasta perseguidos por no tener licencias que el mismo Estado les negaba o ponía condiciones económicas en los pliegos de licitación imposibles de alcanzar. El caso de Antena Negra TV es una muestra de ello. Llegaron hasta a incautarles los equipos con el uso de la fuerza policial.

El cerco mediático del que goza Macri en la actualidad es gracias a la falta de voces populares en los medios y de medios que sean la voz de los sectores populares. Los grupos económicos que manejan los medios nos hacen creer que lo importante es lo que les pasa a las personas ricas y famosas. Las personas de los sectores medios bajos y bajos de la sociedad aparecemos en los medios sólo en casos policiales, ya sea para estigmatizarnos (recordemos el caso Melina) o para pedir que nos repriman por pelear por nuestros derechos (protocolo antipiquete).

Los medios comerciales justifican los aumentos de tarifas con la corrupción, pero nunca señalan las consecuencias que conlleva el sostenido pago de la deuda externa, declarada ilegal y fraudulenta por la justicia argentina, fallo que el congreso enterró lo más profundamente posible para no tratarlo, ya que es el único que puede autorizar el endeudamiento del país. No dan cuenta de las penurias diarias que vivimos en las periferias y debemos tomar varios medios de transporte y viajar mal durante horas para llegar al trabajo (que suele ser en negro o mal pago), los que aun tienen trabajo, claro.

Supongamos que las cifras que tiran al aire sin prueba alguna son reales y en la “década ganada” se robaron 1000 millones de dólares ¿se compara con los casi 200 mil millones de dólares que se fueron en concepto de deuda desde el 10 de diciembre de 1983? ¿Por qué no se debate con efusividad la imputación confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, por el fraude del Megacanje durante el Gobierno de la Alianza?

Que Majul siga pidiendo justicia ante tanto latrocinio es válido y justo para que no caiga en el olvido y así gane la impunidad nuevamente. El problema es cuando sólo se queda en eso, evidenciando su postura a favor del gobierno actual, enterrando muy hondo la profesionalidad periodística que reclama a otros colegas.

Hace dos semanas, mientras Majul entrevistaba a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina (y hablan de los medios públicos y sus periodistas) pidió que despidieran a varios colegas de Radio Nacional porque se identificaban con el gobierno anterior. Esa actitud macartista de pedir que echen a periodistas por su forma de pensar, demuestra la matriz revanchista y la poca pluralidad que el macrismo y sus aliados pretenden para los medios públicos. Esa actitud lo deja automáticamente inhabilitado moralmente para reclamar pluralidad y atacar a los que eran panelistas de 678.

La lucha social por una verdadera pluralidad de voces, contra los oligopolios nacionales y el extranjero que Macri quiere construir con el empresario Ted Turner debe ser mucho más profunda que seguir repitiendo “Clarín miente”, por mas verdadero que sea. Que no se otorgaran licencias a los medios alternativos, comunitarios y sin fines de lucro fue una decisión política del gobierno anterior, y es la base para el cerco mediático que protege (por ahora) a Mauricio Macri y deja a los sectores populares sin medios desde donde dar la batalla de ideas.

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Un recital del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado representa el final de un día o varios de espera, de acampe, de convivencia y de intriga. Difícil es describir lo que sucede cada vez que toca el ex Redonditos de Ricota porque más que por palabras, la historia pasa por el cuerpo, sensaciones y emociones.

Fueron días particulares. Lo último que se supo del Indio fue que tenía “una enfermedad malvada”, que iba a dar un “último show”. Sólo eso. Ni qué, ni cuándo. Y así fue que miles de fanáticos acamparon en Tandil tres días antes, otros llegaron de madrugada, otros por la tarde y hasta hay quienes llegaron por la noche. No importa en qué momento llegaron, importa lo que vivieron.

Miles y miles durante toda la tarde caminando por la colectora, casi a paso de tortuga, cantando, agitando banderas, calmando las ansias de terminar de caminar esa ruta y llegar al Hipódromo a vivir la “misa” y “el pogo más grande del mundo”.

No fueron días como todos, ese no fue un día cualquiera: el no saber si ese sería el último, generó en el público charlas con muchos recuerdos y reflexiones, muchas lágrimas y abrazos de fraternidad, de esos que marcan tanta ruta recorrida y tanta garganta gastada de tanto cantar.

Quizá no sepa sólo el Indio, quizá nadie sepa “de qué carajo se trata” todo eso, quizá no sea necesario buscarle una explicación porque todo pasa por las emociones, y eso es lo más lindo que un músico puede dar.

La caravana interminable de hombres y mujeres de todas las edades llegó al predio, esperó al ídolo. Y el ídolo salió antes de tiempo, como uno más, demostrando que es de carne y hueso, preparando a su público para lo que tarde o temprano va a pasar, hablándole como si fuera un padre, explicando que así es la vida y que no hay que hacer un drama de todo esto. Y lo único que sucedió fue que el fuego se avivó más que nunca. Hay esperanza: el Indio aún no dio su último show. Volverán los días de previa, fiesta y banderas flameantes.

Galería fotográfica: http://www.marcha.org.ar/gallery/y-vas-a-andar-esta-ruta-hoy/

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