Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

Source

A puerta cerrada y con Legislatura vallada, lxs legisladorxs de Tucumán aprobaron este viernes por la mañana el nombramiento de Washington Navarro Dávila, actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, como primer ministro público de la Defensa. Con 38 legisladores a favor y siete en contra, Navarro Dávila, cuestionado por mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, será quien lidere la defensa de las y los ciudadanos que no pueden pagar letrado particular.

La comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos ya había dado dictamen favorable para que se respaldara el nombramiento del funcionario judicial, como lo solicitara el gobernador, Juan Manzur, desoyendo a organizaciones sociales y políticas defensoras de derechos humanos y especialmente de las mujeres que se manifestaron en alerta ante la posible designación e informaron al gobernador provincial su preocupación.

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, repudiaron la designación de Navarro Dávila por su actuación como fiscal en la causa Belén. En tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh, Tucumán) presentó impugnación agregando como fundamento la actuación del fiscal en una causa contra el personal de la Comisaría V de San Miguel de Tucumán, que fue denunciado por torturas, trato cruel y degradante, hurto y abuso sexual por una mujer en el año 2012. En el escrito, APDH señaló que pese a la gravedad de la denuncia “el fiscal no ordenó medidas de pruebas dirimentes solicitadas por la querella hasta el año siguiente”, y como broche de oro, “le dio intervención para realizar medidas de prueba a la policía local a pesar de que pertenecían a la misma fuerza acusada de torturas”. Echan la ley y encubren la trampa.

El repudio al nombramiento de Navarro Dávila se fundamentó también en la detención de un joven imputado por robo agravado, que fue arrestado en el lugar del hecho en marzo de este año, que entonces portaba un arma de juguete, que posee discapacidad mental y certificado que lo acredita, es huérfano y vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Cuando Navarro Dávila asuma como ministro de la Defensa, la representación de personas como Belén y ese joven estarán en manos de su gestión. “Creemos que no cuenta ni con perspectiva de género ni respeto de las garantías básicas ni formación en derechos humanos para representar a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Si actuó como fiscal como lo hizo, cómo será si tiene a su cargo la supervisión del resto de los defensores, cuando lo que hizo fue demostrar un claro desprecio de las personas que están en esas condiciones”, señaló Mariana Álvarez, abogada y referente de Apdh Tucumán.

En la legislatura provincial y los medios locales, cargaron las tintas en que el nuevo ministro de la Defensa tardó 11 años en obtener el diploma de abogado, logró un promedio de 4 y tuvo 31 aplazos mientras cursaba la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Poco se se dijo sobre su formación en derechos humanos, su desempeño como fiscal, su vinculación con el poder político, su formación en violencias. Se sabe, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge o parientes.

Leé también: Tucumán sigue pegando abajo

Source

Source