Por Pedro Cataldi* | Fotos de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

Sin derechos laborales elementales y con salarios arañando la línea de pobreza, se profundiza el ajuste en el sector científico, donde también trabajadorxs administrativxs e investigadorxs han comenzado a organizarse e impulsar medidas frente a la crisis sanitaria y económica.

La nueva etapa de la pandemia y la función social de la ciencia

El próximo 2 de agosto la Argentina entrará en una fase de apertura que dará por terminada la cuarentena y el ASPO, decretado en marzo pasado. Tras 135 días de distanciamiento social, y con una tasa promedio que no baja de 6000 contagios por día, el gobierno nacional y las administraciones provinciales realizan un giro de 180 grados respecto a la postura anterior de “quedate en casa”. Es esperable que la vuelta al trabajo de manera masiva, el uso del transporte público y el aumento de la circulación conllevarán nuevos contingentes de enfermos y enfermas y un aumento de las muertes en suelo argentino, en vistas de un virus del cual conocemos poco pero cuyas consecuencias se replican en el mundo entero. Durante estos meses, algo quedó claro: la apertura indiscriminada sin un tratamiento eficiente o vacuna implica un aumento de los casos de contagio y las muertes. 

En este contexto, la ciencia pasó a tener un rol primordial, al permitir predecir las consecuencias de nuestras acciones y evaluar los efectos del virus en los ámbitos laborales y los hogares. Asimismo, gran parte del esfuerzo actual de cientificxs y personal de salud está centrado en descubrir una futura vacuna y lograr un mejor tratamiento. Resulta entendible, entonces, que, en el medio de una crisis humanitaria y sanitaria excepcional, el discurso científico haya calado hondo en los medios, la opinión pública y los gobiernos de todo el mundo.

¿Gobierno de científicxs?

Así se autodenominó desde el primer día el gobierno encabezado por Alberto Fernández. En efecto, al menos una veintena de investigadores e investigadoras del CONICET integran el gabinete, con cargos de primera línea: Sabrina Frederic (Seguridad), Martín Guzmán (Economía), Ana Castellani (Gestión y Empleo público), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y un largo etcétera. Era lógico suponer que la alta integración de personal científico al gobierno conllevaría un aumento presupuestario y ciertos derechos laborales, luego de la desastrosa gestión del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Baraño, designado por Cristina Fernández y ratificado luego por Mauricio Macri.

Ahora bien, ¿cuántas de todas las promesas de campaña finalmente se concretaron? ¿Existió algún correlato entre la infinidad de veces que se mencionó a la ciencia y la tecnología en las cadenas nacionales y el presupuesto que se les asigna? Ahora que pareciera ponderarse su lugar en la sociedad, ¿han mejorado las condiciones laborales para lxs cientificxs?

Empecemos por lo presupuestario. El presupuesto en CyT se ha congelado desde el 2019 (dicho sea de paso, todo el presupuesto nacional). Es decir, los montos asignados para institutos y proyectos científicos, así como para reactivos e instrumental para desarrollar las líneas de investigación están congelados, como parte del magro presupuesto votado por el gobierno macrista para ciencia, a fines de 2018. Con la aparición del coronavirus, este escenario no se ha modificado. Si bien se han aprobado algunas partidas muy módicas para instrumental relativo al Covid-19, el presupuesto de ajuste general de CyT sigue intacto, con menos del 0.5% del PBI ejecutado, uno de los más bajos de la región. La actual presidenta del CONICET, Ana Franchi, aseguró en una reunión reciente que “nos olvidemos” de un presupuesto 2020.

Sin embargo, el presupuesto es solo uno de los tantos problemas que tiene el organismo y que la cuarentena ha agravado. En este sentido, lxs jóvenes (y no tan jóvenes) que empezamos nuestra actividad en el CONICET (o algunos de los organismos de CyT del país) no contamos con derechos laborales básicos durante nuestros primeros ocho años: no tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios ni tampoco licencias o dispensas por cuidado de familiares o menores, por solo mencionar las problemáticas más acuciantes. De hecho, numerosos informes dan muestra de cómo la pandemia ha profundizado la brecha de desigualdades de género en ciencia.

En una visión panorámica, se podría afirmar que el conjunto de la planta de trabajadores de CyT cuenta actualmente con salarios de miseria, por debajo de la canasta familiar de pobreza; sin recomposición en los últimos dos años, en el caso de investigadorxs; y sin un convenio colectivo de trabajo para lxs becarixs doctorales. Por otro lado, la pandemia agravó el hecho de que no podamos extender nuestra obra social al grupo familiar, así como también volvió a exponer la falta de cobertura en varias regiones del país.

Como corolario de esta política, el pasado 14 de julio, la presidenta del CONICET (el mayor organismo de CyT del país), Ana Franchi, ratificó en la última reunión con representantes gremiales la decisión de expulsar a 1463 científicos y científicas, situación que se replicará en otros organismos y universidades (Agencia, CIC, UBA, UNLP, por nombrar algunas), lo que implica que más de 1500 trabajadorxs científicxs imprescindibles se verán privadxs de manera permanente de sus ingresos en el marco de la pandemia del Covid-19. Vale aclarar que, en este contexto, la reinserción laboral en el ámbito científico y educativo, con la clausura de concursos docentes, es imposible.

En síntesis, trabajadores y trabajadoras empleadas bajo la forma de becas de maestría, doctorales y postdoctorales, luego de entre tres y ocho años de trabajo y formación dentro del sistema científico nacional, serán expulsadxs del sistema en virtud de la precariedad que moldea el régimen de nuestro trabajo, habiendo culminado con exigentes y rigurosos estudios de posgrado y contribuido al conocimiento científico en diversas áreas y disciplinas.

La pandemia dispara la organización

¿Quién sale beneficiado de este régimen de hiperflexibilidad? En primer lugar, el Estado; menos plata para Ciencia (o Salud, Educación, etc.) implica más recursos para pagar la deuda. Quienes se cansaron los últimos cuatro años de hacer comparaciones entre las corridas bancarias y el presupuesto en CyT, ahora que ostentan un cargo en el Estado se han olvidado de las comparaciones cada vez que le mejoran la oferta a los acreedores. Otro gran beneficiario es el sector privado que, convenios con el Estado mediante, accede a mano de obra hiper calificada y a precio de remate. Monsanto, Cargill, Blackberry, Pan American Energy y Total son ejemplos de convenios leoninos que se han firmado en el pasado. Por otra parte, quienes deberían defendernos de estos atropellos, como los sindicatos UPCN y ATE, han sido cómplices del congelamiento de las paritarias, no han llamado a un plenario nacional y mantienen una absoluta dependencia con las políticas del Ministerio de Trabajo.

La respuesta de sus trabajadorxs ha sido impecable en estos meses. Se ha multiplicado la coordinación a nivel nacional, con la conformación de la Asamblea Nacional de Becaries (ANB). Con los reflejos intactos, hemos sido lxs trabajadorxs los que hemos llevado las tareas urgente que ni el CONICET ni ningún otro organismo de CyT hizo: relevamiento de cientificxs varadxs en el exterior, de los déficits de la obra social, de quienes el CONICET les dio las baja de sus sueldos, becarias sin licencias por embarazo, problemáticas y faltas de derecho con el trabajo virtual, entre otras vulneraciones. La nueva ANB ya tiene un importante desafío por delante: frenar más de 1500 despidos y reforzar una organización en tiempos de crisis.

De todo este contexto se desprenden medidas votadas por jóvenes científicxs del todo el país. Este viernes 24 a las 18 horas organizaremos un festival virtual llamado “Ni Un Cientificx En La Calle”, con la presencia de Mikel (Kapanga) y El Cabra (Las Manos de Filippi), entre otra gran cantidad de artistas y bandas de tango, folklore y jazz.  Lxs artistas solidarixs a esta lucha presentaran sus temas junto con videos de lxs afectadxs por el CONICET, además de divulgar y concientizar sobre el rol de la ciencia en nuestro país. Además, el lunes 27 nos movilizaremos al Polo Científico (con todas las medidas de higiene y prevención necesarias), acompañadxs por un paro virtual nacional. Exigimos, además, que se extiendan todas las becas por un año, así como los plazos de las convocatorias para nuevxs becarixs, sin que se recorte el número previsto para 2021.

El viernes 31 es la fecha límite para frenar los despidos. ¿Podrán hacerlo las patronales? No lo sabemos todavía. Una organización nacional de científicxs se ha puesto en pie.

Lxs cienctificxs no hacemos futurología, pero nos valemos de las experiencias pasadas para elaborar nuestro accionar. Vamos bien encaminados y encaminadas.

*Delegado de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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Por Mariana Frega* y Pedro Cataldi** | Fotos de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

Mañana viernes 13 de diciembre a las 10 horas el colectivo de trabajadores y trabajadoras del sistema nacional de ciencia y técnica daremos un nuevo paso en la extensa historia de lucha por el reconocimiento de nuestro sector. Realizaremos una Audiencia Pública en el Congreso Nacional dónde presentaremos un proyecto de Estatuto de Investigadores en Formación. Esto es posible gracias a muchísimxs compañerxs e investigadorxs comprometidxs con esta causa y al apoyo de la Diputada Nacional Romina Del Plá, del Bloque del Frente de Izquierda. Esta Audiencia es parte de un largo proceso de movilización y concientización sobre nuestra problemática, sostenido por lxs becarixs doctorales y posdoctorales durante más de una década y en el transcurso de los diferentes gobiernos que se sucedieron.

Este proyecto de Estatuto es producto del trabajo colectivo que venimos realizando desde Jóvenes Científicxs Precarizadxs junto a compañeros y compañeras de distintos Institutos, Universidades y Centros de Investigación. Entre asambleas y mesas de trabajo fuimos elaborando este proyecto que contempla un conjunto de regulaciones y condiciones laborales esenciales para nuestro desempeño como trabajadores y trabajadoras dentro del sistema científico nacional. Estos derechos y protecciones a las que apelamos son inescindibles de una política científica de calidad y que pretenda, efectivamente, servir para la transformación y el desarrollo.

Sin duda, la situación de precariedad en la que nos encontramos lxs investigadorxs en formación es insostenible. Pasamos entre 5 y 7 años realizando tareas de investigación de dedicación exclusiva mientras que se nos niegan nuestros derechos más elementales. No contamos con aguinaldo, antigüedad, seguridad o higiene laboral. Tampoco los años que destinamos al trabajo de investigación son computados a efectos de una futura jubilación o pensión. En materia salarial, no tenemos participación en los mecanismos de discusión paritaria: hoy en día, (sobre) vivimos con un salario menor a los 30 mil pesos, cuando el monto mínimo para no ser pobre, según el INDEC, está fijado para noviembre de 2019 en $35.647,66.

Con estos salarios intentamos (sobre) vivir e incluso costear gastos laborales que no son posibles de cubrir por nuestros institutos o universidades, debido a la política de recorte presupuestario de los últimos años. Si se continúa profundizando esta política de precarización, la actividad científica se convertirá inevitablemente en una labor reservada a quienes no dependen de su salario para poder vivir. Por eso es necesario y urgente rechazar este proceso de elitización del sistema científico y reivindicar un sistema de investigación pública con salarios y condiciones de trabajo dignas.

Tampoco existe un verdadero régimen de licencias por enfermedad, accidentes, violencia laboral o de género, a la vez que las licencias por maternidad y paternidad resultan insuficientes y su otorgamiento queda sujeto a numerosas irregularidades y arbitrariedades. No existe cobertura de salud para nuestras familias ni un sistema de guarderías y jardines que posibiliten que nuestros hijos e hijas reciban cuidados de calidad mientras realizamos nuestro trabajo. Lxs becarios y becarias queremos un sistema científico con perspectiva de género y eso es totalmente incompatible con un régimen laboral que nos precariza a diario.

Creemos que la actual política de Ciencia y Tecnología de nuestro país responde a un sistema mundial de producción de saberes y tecnologías basado en la lógica capitalista: lo importante, en ese sentido, es la producción e innovación al servicio de los mercados, que genere mayores ganancias a bajo costo. Nuestra precariedad laboral y la falta de derechos básicos son también consecuencia de esta lógica que apelamos a transformar. En este contexto, lxs becarixs, lejos de ser valoradxs por conformar la base del sistema de CyT, somos convertidos y convertidas en la mano de obra barata y explotada que ayuda a mantener a quienes controlan el poder y la ideología de la producción científica‐tecnológica en Argentina. Esta es una tendencia que ha traspasado signos políticos y gobiernos. En este sentido, luchar por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras es parte fundamental de la construcción de un sistema científico-tecnológico que sea una verdadera herramienta de transformación al servicio del pueblo.

A pesar del feroz ajuste aplicado por el macrismo en CyT, nos mantuvimos durante estos años organizadxs y decididxs, como lo atestiguan las tomas del Ministerio en 2016 y 2017 contra los despidos y en defensa de nuestras conquistas. Frente a la coyuntura que se nos presenta, creemos que la lucha contra la hiper explotación laboral es vital y prioritaria para el conjunto de las y los trabajadores. Indefectiblemente, todo avance es un antecedente que empuja a ganar otras luchas. Por eso, en esta Audiencia, y cómo lo venimos sosteniendo cada día en nuestros lugares de trabajo y en todas las luchas que sostenemos por nuestros derechos laborales, reafirmamos que ¡Investigar es Trabajar!

*Becaria doctoral CONICET-UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) – Militante de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

**Becario doctoral CONICET-IAFE (Instituto de Astronomía y Física del Espacio) Militante de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

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Por Cecilia Sánchez* | Foto de Leandro Teysseire

En una entrevista reciente publicada en el diario Clarín, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao sostuvo, con la despreocupación y el cinismo que lo caracterizan, que por más que hoy en día se defienda el derecho a contar con financiamiento para investigar en ciencia y técnica, esto no siempre fue así. El exministro también se aventuró a sugerir que los investigadores e investigadoras argentinas deberíamos salir a formarnos en el exterior y dejar de aspirar a incorporarnos al CONICET como si se tratara de la única vía para continuar con nuestras carreras científicas. Un doctor, afirmó Barañao, puede ingresar “a la universidad, al INTA, donde sea”.

Estas polémicas declaraciones suscitaron de inmediato el unánime repudio de la comunidad de ciencia y técnica porque quienes nos desempeñamos como trabajadores y trabajadoras del CONICET sabemos que la dura crisis que atraviesa el sector se expresa en una realidad bien distinta de la que plasman los dichos del secretario.

Política de desmantelamiento

A comienzos de abril, unos pocos días antes de que fuera publicada la nota a Barañao, se dieron a conocer los resultados de la última convocatoria a la Carrera del Investigador (CIC) de CONICET. Los números fueron verdaderamente escandalosos: sobre un total de 2595 postulantes, el directorio del organismo resolvió aprobar el ingreso de sólo 450: apenas un 17,3%. Esto implica que 2145 investigadores e investigadoras que fueron formadas por el Estado argentino, a través de becas de doctorado y posdoctorado a lo largo de entre cinco y ocho años, hoy se quedan sin posibilidades de seguir trabajando para el CONICET y de continuar sus líneas de investigación.

Se trata, de esta manera, del despido encubierto de cientos de profesionales altamente calificados que vienen trabajando en el CONICET de manera precaria y que ahora quedan en la calle, expulsados y expulsadas del sistema científico por causa de las feroces políticas de ajuste del gobierno macrista y, particularmente, por el brutal recorte sobre la investigación y la educación pública.

Si bien una de las promesas de campaña de Cambiemos había sido llevar la inversión del país en ciencia a un 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), el financiamiento que recibió el sector en 2018 se correspondió con apenas un 0,26%. Uno de los aspectos más graves de una política de ajuste que se orienta hacia el desmantelamiento del CONICET y del sistema científico-tecnológico en su conjunto es que ésta impacta con mayor fuerza sobre las y los trabajadores más precarizados del sector: las y los becarios.

La precarización como modelo

El drástico recorte en los ingresos a CIC, que implican la incorporación a la planta permanente del CONICET, solo es posible porque desde hace ya largos años, previos a la asunción de Macri, el sistema científico se cimenta sobre la base de la precarización de cientos de investigadores e investigadoras que nos desempeñamos como becarios y becarias, ya sea de doctorado o de posdoctorado. Como tales, no somos reconocidas como trabajadoras por el CONICET y no contamos, por lo tanto, con derechos laborales básicos como aguinaldo, aportes jubilatorios, obra social extensible al grupo familiar y licencias por enfermedad.

Debemos dedicar un mínimo de cuarenta horas semanales al desarrollo de nuestras tareas de investigación y somos impedidos de tener otros trabajos porque las becas solo son compatibles con cargos docentes, bajo el argumento de que “somos estudiantes” o de que “nos estamos formando”. El CONICET se empeña en negar nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Aunque realizamos tareas análogas a las que le corresponden a cualquier investigador de planta (publicamos papers, participamos de congresos especializados, formamos parte de grupos de investigación), somos tratadas muchas veces como “privilegiadas y privilegiados” por poder acceder a una beca de investigación, cuando en realidad se trata de todo lo contrario: nuestro trabajo se desarrolla bajo condiciones sumamente precarias y esto implica que cotidianamente quedamos expuestos a numerosas situaciones de desigualdad, injusticia, maltrato o violencia.

El ajuste no solo se expresa en los cientos de despidos motivados por el recorte presupuestario, sino también en un preocupante retroceso sobre derechos adquiridos por el colectivo de becarios y becarias tras años de lucha. En los últimos meses, las autoridades del CONICET se excusan en la falta de presupuesto para negarse a responder solicitudes que hasta hace poco solían resolverse favorablemente. El directorio del CONICET viene rechazando numerosos pedidos de licencias por maternidad de becarias, escudándose en mecanismos discrecionales y recurriendo a argumentos totalmente arbitrarios, en una decisión política repudiable que no hace más que perpetuar las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad. El organismo también se ha negado a otorgar solicitudes de licencias por enfermedad y no ha intervenido frente a casos de abusos de poder sufridos por becarios y becarias. Estos casos no remiten a situaciones puntuales o excepcionales, sino que ilustran las condiciones de extrema precarización bajo las que nos desempeñamos como becarias y el modo en que las consecuencias del ajuste repercuten todavía con mayor fuerza sobre quienes no somos reconocidos plenamente como trabajadores.

Salarios de miseria y condiciones de trabajo deterioradas

Otra señal de la acuciante crisis presupuestaria que atraviesa el sector de ciencia y técnica, y el CONICET en particular, es el creciente deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios: los becarios y becarias cobramos cuatro mil pesos por debajo de la canasta básica, que hoy está en $28.750. También los trabajadores administrativos del CONICET perciben salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza. La devaluación, la inflación sin freno y los aumentos en las tarifas de los servicios no solo licúan el poder adquisitivo de los magros salarios de los y las trabajadoras de ciencia y técnica, sino que también impactan negativamente en el funcionamiento de los laboratorios e institutos de investigación. Al no recibir financiamiento suficiente, muchísimos lugares de trabajo se encuentran prácticamente al borde del cierre porque no cuentan con fondos para comprar insumos y materiales ni para pagar las cuentas de electricidad o de gas o bien los servicios de limpieza y seguridad. La situación es tan grave que en algunos institutos se solicita incluso a los y las becarias e investigadores que aporten dinero de sus salarios para afrontar los gastos de funcionamiento.

La organización frente al ajuste

¿Qué opciones quedan ante este preocupante panorama? Para algunos y algunas la alternativa es buscar trabajo en el extranjero. Para muchos otros, sin embargo, la denominada “fuga de cerebros” no es una opción viable: los y las investigadoras que tienen familias e hijos a cargo no pueden relocalizarse fácilmente en otro país, y en esos casos se ven forzados a buscar trabajos en otros sectores, principalmente la docencia, donde también probablemente vayan a ser contratados y contratadas bajo condiciones precarias.

Pero si algo queda claro frente a este brutal recorte en ciencia y técnica es que los y las trabajadoras siguen en pie demostrando su capacidad de organización y movilización. Fue ese camino el que condujo a alcanzar algunas importantes conquistas en materia de derechos laborales para becarios y becarias (por ejemplo, la obtención de obra social y el derecho a licencias por maternidad, todavía mejorables), y fue también gracias al masivo proceso de lucha desencadenado a partir de diciembre de 2016 que fue posible revertir los quinientos despidos de entonces a través de la incorporación de doctoras y doctores a las universidades y a otros organismos de ciencia y técnica.

En el último tiempo se han llevado adelante incontables medidas de lucha que demuestran la potencia colectiva para organizarnos por nuestras reivindicaciones y seguir peleando contra el ajuste y por la conquista de mejores condiciones de trabajo para hacer ciencia en y para nuestro país: asambleas abiertas y movilizaciones al Polo Científico, al Congreso y a Plaza de Mayo; ferias de ciencia y performances que lograron atraer la atención de los grandes medios de comunicación; petitorios, plenarios y encuestas nacionales para poner en común los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente en nuestro trabajo. Como ha quedado demostrado en experiencias anteriores, es solo a través de la profundización de la participación activa y la organización horizontal de los y las trabajadoras de ciencia y técnica que será posible poner un freno al ajuste y construir colectiva y democráticamente los lineamientos de una política científica que esté al servicio de las necesidades del conjunto de la sociedad.

 *Becaria doctoral del CONICET. Delegada de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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Este jueves 6 de abril marca un hito en la gestión macrista. El paro nacional es la medida más contundente que recibirá el Gobierno como parte de un largo mes que fue récord en la masividad de las movilizaciones contra su ajuste.

Mal que le pese, la movilización del 1 de abril a su favor no logró eclipsar a la presencia callejera de medidas sectoriales de los 30 días anteriores (por ejemplo a la docente del 6 de marzo). Tampoco funcionaron las múltiples instancias, amenazas y hasta migajas (para los dirigentes) para quebrar la medida de fuerza.

Por eso, desde la medianoche (en que se escriben estas líneas), ya se siente el efecto del que, se prevee, sea un paro de alto acatamiento en fábricas, establecimientos que prestan servicios, organismos públicos, escuelas, facultades y transportes.

Unidos por el espanto

El malestar social no arrecia. Los despidos, las suspensiones, las paritarias que el Gobierno aspira a cerrar por debajo del 20%, la caída notoria en la actividad económica y especialmente la industria, los tarifazos, son medidas que explican que haya un millón y medio de nuevos pobres en el país -según cifras de la UCA-. Se adicionan ciertos posicionamientos regresivos en ciertos temas sensibles (edad de punibilidad, el número de desaparecidos, etc), los episodios de beneficios a empresas familiares y socios, etc. Estas condiciones actuaron como una masilla política. Los dirigentes sindicales con perspectivas políticas que no aciertan construir una oposición unificada dentro del Congreso (massismo, peronismo, kirchnerismo), se vieron empujados a encarar el plano sindical de esa manera.

Esa frágil unidad no logró ser quebrada por las maniobras del macrismo tales como amenazas de reformas en las elecciones gremiales, diatribas contra las “mafias”, señalamiento del carácter político del paro, entre otros. Pero no se trató de la falta de vocación conciliadora de la dirigencia de la central. Recordemos que Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que la conduce, planteó la necesidad del paro “para descomprimir” la situación.

Se trata de una situación que palpó esa dirigencia cuando otro de los integrantes del triunvirato cometió un furcio el martes 7 de marzo. Ante una multitud que escuchaba (desconfiada y expectante) las peripecias de los oradores para no ponerle fecha al paro, prometió que el mismo sería “antes de fin de año”, para luego corregirse e indicar que sería a “fin de mes”. La bronca que había convocado a esa masa enorme de laburantes (entre 300 y 500 mil) llegó a un límite insostenible, que algunos sectores del sindicalismo de base y combativo canalizaron al copar el palco y hacer volar el añoso atril por el aire.

Gritos o susurros

Esa presión de las bases atraviesa prácticamente todos los sindicatos y sectores. Si bien la apertura importadora y la apreciación cambiaria afecta a algunos sectores más que a otros, tal como en su momento hicieron la “tablita” de Martinez de Hoz o la convertibilidad, la crisis económica impacta en prácticamente todos. Si alguna excepción podría haber en el sector agropecuario, basta recordar que se trata de una actividad con altos índices de informalidad y salarios muy relegados. Y como buena presión, incide sobre las estructuras que las contiene. Así sean estructuras sindicales tradicionales y con escasas prácticas de democracia interna. Aparecen voces que expresan esas presiones, sin necesariamente sostener nuevos modelos (ni ser nuevos referentes), como Francisco “Barba” Gutierrez de la UOM, o Hugo Yasky de la CTA “de los trabajadores”. Incluso su oratoria refleja una notoria falta de actualización que los coloque discutiendo con trabajadores/as que viven en el siglo XXI.

Precisamente estos referentes son algunos de los que representan un sindicalismo identificado con el kirchnerismo y con discursos de resistencia a un modelo económico que a todas luces perjudica a los trabajadores y trabajadoras. Son quienes más tienen para ganar en su posicionamiento contra el ajuste. Sin embargo, quiénes los conocen hace más tiempo saben que lo principal en su posicionamiento no es ser, sino parecer. Lo que diferencia la simple prédica antiajuste de un verdadero plan de lucha es la continuidad, organizada para tener cada vez mayores efectos, y apropiada, discutida y definida por las bases.

Nada de esto domina la escena. Si no cabe esperarse ese cuadro entre los sindicatos conciliadores, tampoco sucede entre los más confrontativos. El esquema de paro “dominguero” se encarga de no repetir exabruptos de base como los del 7M, ni posibilitar tomar cabal conciencia de la fuerza que se despliega cuando la clase trabajadora toma medidas de lucha de conjunto. Parece ser la condición que aceptan esas conducciones supuestamente confrontativas, que rehuyen de apostar, a nivel general, a movilizaciones, concentraciones y piquetes durante el paro. Esa convocatoria “por televisión” abre grietas a la presión patronal, dispuesta a pagar remises, organizar recorridos de autos o incluso de hacer campaña por las “eco bicis”, con tal de que el paro no haga mella la asistencia.

Pero las calles no estarán tan vacías

Ante este panorama poco prometedor, que solo alcanza para presionar parcialmente a la burocracia conciliadora, se le contrapondrán dignas pinceladas de resistencia real. Algunos sindicatos como Aceiteros impulsan concentraciones en las puertas de las plantas para garantizar el paro. La combativa comisión interna de la línea 60 hará una asamblea en la cabecera de la línea, con el mismo fin. El sindicato de prensa SIPREBA adhirió junto con su federación a nivel nacional FATPREN, con medidas en los principales medios. En la mayor urbe del país, habrá concentraciones por la madrugada en el norte y oeste del conurbano bonaerense en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, en los emblemáticos puentes Pueyrredón, Saavedra, la Noria y Constituyentes (donde habrá un piquete con eje que visibilizará reclamos contra el ajuste en Ciencia y Técnica) en la CABA, y también la ciudad de La Plata.

A instancias del SUTNA, también habrá una concentración en el Obelisco cerca del mediodía, buscando mostrar la vocación por movilizar. A la misma concurrirán docentes universitarios (AGD UBA), de escuelas (Ademys), investigadores/as (JCP) y otros.

Distintas organizaciones de desocupados/as y precarizados/as también expresarán en la calle su repudio al ajuste en los planes de trabajo, entregas de mercadería a comedores, y otras demandas, como la CCC, el Polo Obrero, FPDS o un frente de lucha constituido por las organizaciones FOL, CCRS, MTDAV, MTRDD, M8A, AB-VC. Este frente incluso protagonizará una movilización al capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que reunirá a representantes de empresas multinacionales y organismos multinacionales.

En varias provincias, otras movilizaciones tendrán lugar, impulsadas especialmente por sindicatos docentes, universitarios y estatales, principalmente de la CTA Autónoma. En algunos casos incluso saltando las internas que enfrentan a gremios alineados con Yasky (sean docentes enrolados/as en la CTERA o fracciones de ATE) y otros alineados con el degenarismo (como en Neuquén y Río Negro). En Córdoba, serán las CGTs locales las que le pondrán movilizaciones a la jornada. Una excepción especial será Comodoro Rivadavia, donde el paro será parcial para continuar asistiendo a las personas damnificadas por las inundaciones. De todas formas, otras ciudad como Tucumán también tomarán recaudos para evitar complicar afectados/as por las lluvias.

Una jornada atípica

El discurso que se pretende instalar contra las movilizaciones no impedirá que se exprese en la calle otra forma, incipiente aún, de encarar las luchas contra el ajuste.

No es el primer paro ante las políticas económicas de un gobierno. Pero lo novedoso es que se realiza en el marco de una CGT más unificada que en el gobierno anterior, en la que además se expresa una disputa de fracciones al interior de las cúpulas sindicales. Y que también se mueve al calor de una presión de las bases que también, con sus disputas, busca abrirse un cauce y configurarse en un actor político propio (o actriz, quizás logre también superar la histórica presencia mayoritaria masculina en esos espacios de dirección, si se lo propone).

* Militante de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas.

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Concluyó la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica. Logros, caminos por recorrer y mucha tela para cortar, desde la perspectiva de las y los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP).

El día 23 de diciembre se cerró un primer capítulo de una lucha contra el ajuste en Ciencia y Tecnología que será de largo aliento. Luego de 5 días de toma del Ministerio de Ciencia y Técnica en Buenos Aires y de distintas medidas de lucha en otras ciudades, se firmó un acta compromiso que plantea la continuidad laboral de las y los 508 despedidos.

En el mes de febrero empezará a funcionar una Comisión de Seguimiento para garantizar el cumplimiento del acta. Este análisis se centrará en la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, pero debe destacarse que se dieron procesos de lucha en numerosas ciudades con asambleas, marchas y tomas de oficinas de CONICET regionales.

¿Cómo se llegó a esta medida de lucha histórica?

Desde la llegada del macrismo al poder y con mayor énfasis después de los masivos despidos en el Estado que tuvieron lugar el verano pasado, la comunidad científica se vio convulsionada e interpelada a organizarse y movilizarse. Basados en 11 años de trabajo de base arduo y transparente, las y los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) fueron el principal actor a la hora de motorizar y organizar al sector en Buenos Aires y La Plata. Han habido, además, otras organizaciones en lucha participando en las instancias de movilización a lo largo del año, como ATE-CONICET y Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA).

En los meses de octubre y noviembre hubo un incremento importante de la movilización, ya que en la discusión por el Presupuesto Nacional se planteó un brutal ajuste en el sector científico. Gracias a las distintas movilizaciones se logró revertir parte del recorte, aunque de todos modos se terminó ajustando más del 30% del presupuesto en CyT, con el voto favorable de la mayoría de los bloques.

Hacia mediados de diciembre, se manifestó la primera consecuencia del ajuste al sector: en los resultados de ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC, planta permanente para investigadores/as), cerca de 500 personas con dictamen favorable para ingresar no lo harían por falta de presupuesto. Tratándose de personas que llevaban 7 años de trabajo precario en el organismo, esto no puede ser leído de otra forma que como despidos. A partir de esta novedad, se realizaron distintas medidas de lucha, siendo la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) la de mayor fuerza y repercusión.

La toma del CONICET y del MinCyT

El 14 de diciembre se produjo la primer medida de fuerza del sector. Desde JCP se convocó a la mañana a un corte en Av. Santa Fe y Godoy Cruz, que luego se movilizó al CONICET y terminó con la toma del hall del edificio y de los pisos 8 a 11. A partir de esto se obtuvo una reunión con el Directorio, que se negó a otorgar más ingresos, pero se comprometió a sacar un comunicado pidiendo más presupuesto para que pudiera haber un mayor número de ingresos. Si bien esta actitud del Directorio fue insuficiente para quienes se movilizaron, marcó el método que se daría después en el MinCyT. Ese mismo día, las demás organizaciones del sector llamaron a una radio abierta a las 16hs al CONICET y no se sumaron a la acción convocada por JCP, ya que no querían enfrentarse al directorio (donde hay miembros que forman parte de sus organizaciones). Para buena parte de los asistentes, la medida fue solamente testimonial.

El 19 de diciembre se convocó en forma unitaria al MinCyT. Luego de esperar 2 horas una respuesta del ministro de cara a recibir a las organizaciones del sector, las y los manifestantes ingresaron al edificio y ocuparon el hall. Minutos después una delegación fue recibida por Lino Barañao, quien no dio ninguna respuesta a los reclamos acercados. Posteriormente en asamblea se votó permanecer realizando una toma pacífica que terminó luego de 5 días.

Actores presentes en la toma

Cabe señalar que, si bien la toma arrancó el lunes, muchas organizaciones se acercaron a la misma solo a partir del miércoles a la mañana. La única organización gremial que sostuvo la toma desde un principio fue JCP. Esto también marcó el hecho de que a lo largo del conflicto JCP haya sido la organización de mayor peso y la encargada de garantizar tanto las tareas de la toma, como su lógica asamblearia, sometiendo cada día a votación los pasos a seguir durante el conflicto.

Por otro lado, en la mesa de negociación también participaron ATE-CONICET, CyUA, Ciencia y Técnica Argentina (CYTA), Becarios Empoderados y Conadu. Las autoridades buscaron excluir a JCP de la misma e incluir a UPCN (ausente en toda medida de lucha), pero esta maniobra no fue posible gracias al rechazo unánime de la asamblea. Todas las organizaciones presentes en la asamblea debieron someter al mandato de la misma cualquier postura que se llevase a la mesa de negociación.

Avances en la negociación

A la hora de hacer una lectura del conflicto, es importante destacar que recién al tercer día de toma, con el tema instalado en los medios y en la sociedad en general, las autoridades abrieron un canal de diálogo. En la mesa, las mismas se mostraron totalmente intransigentes a la hora de negar que los ingresos inmediatos a CONICET sea una salida posible. Sí abrieron la posibilidad de negociar una continuidad laboral en el sistema de CyT público, aunque con una propuesta en el aire, que no contemplaba a las y los 500 afectados y con plazos poco creíbles (antes del 31 de marzo).

Ante este panorama, JCP planteó la necesidad de que las y los despedidos se empezaran a organizar en una comisión para evaluar qué contra-propuesta se podía llegar a realizar. Asimismo, la asamblea rechazó por unanimidad esta propuesta inicial.

Luego de un jueves con poco diálogo con las autoridades y bastante convulsión dentro del ministerio (con rumores de renuncia de Barañao), se llegó al viernes con una reunión en la que Barañao ofreció una propuesta por escrito. Desde JCP se decidió dialogar por cerca de 2 horas con la comisión de despedidos/as (cerca de 60 personas eran las presentes en la toma). Finalmente se llegó a una contra-propuesta que se terminó aprobando en asamblea con más de 600 trabajadores y trabajadoras de CONICET votando. La misma fue aceptada por las autoridades y sus principales puntos son los siguientes:

– Incluye a las y los 508 afectados, garantizado 1 año más de beca a todos y todas (incluso a quienes no estaban hoy en CONICET); – plantea la inserción laboral con la misma estabilidad y remuneración que tendrían en CIC en organismos de CyT públicos (incluyendo a CONICET), universidades nacionales o empresas públicas o mixtas; – se crea una comisión de seguimiento entre las organizaciones, los/as afectados/as, representantes de otras provincias y autoridades, que comienza a reunirse a partir de febrero.

La cuestión federal

Un problema que se planteó en este complejo proceso que fue a su vez una escuela de militancia, fue cómo articular la toma del MinCyT con las luchas que se dieron en otras ciudades donde hubo asambleas, marchas y tomas de CCTs (oficinas de CONICET regionales). Durante los días que duró la medida de fuerza no se generaron canales orgánicos de comunicación con el resto de las asambleas de diferentes lugares del país.  Así como tampoco se previó cómo se articularía una decisión a la hora de evaluar las propuestas. Es por ello que la propuesta de retrasar la negociación 2 horas para ver qué ocurría en el resto de las asambleas, con todos los riesgos que esto implicaba, nos parecía que no iba a subsanar la falta de los canales de comunicación. Los mismos deben ser fortalecidos o, incluso, creados para generar una articulación genuina y representativa de todos los sectores.

El descontento que pudo haber generado el hecho de aprobar la contrapropuesta y levantar la toma en todo el país sólo con los votos de Capital Federal debe ser el motor para que la responsabilidad asumida por  todas las partes de generar una articulación orgánica se concrete. Con este objetivo el jueves 29/12 hubo un encuentro en Córdoba con representantes de muchas ciudades, y el 4/2/17 está planteado un plenario nacional en el mismo MinCyT.

La lucha seguirá todo el 2017 y debe encontrarnos unidos y unidas para seguir arrancándole triunfos al macrismo en esta larga pelea contra el ajuste en Ciencia y Técnica. Este conflicto demostró que sólo a fuerza de movilización, organización asamblearia y medidas de fuerza las autoridades escucharán nuestros reclamos.

*Militante de Jóvenes Científicos Precarizados y Colectivo Desde el Pie en COB La Brecha.

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Durante los últimos días de la semana pasada, trascendió extraoficialmente el número de ingresantes a Carrera del Investigador Científico de CONICET para el año que viene: serían 385, menos de la mitad de los ingresantes de 2016. Quedarán en la calle alrededor de 400 investigadores con dictamen favorable, por falta de presupuesto. Desde los gremios y organizaciones políticas se realizarán movilizaciones la próxima semana para exigir que se frene el ajuste y se incorpore a todos los recomendados al organismo.

Luego de haberse aprobado el Presupuesto Nacional en la Cámara de Senadores que, con votos de Cambiemos, el PJ, el FR y la mayor parte del FPV, marcó más de un 30% de ajuste en Ciencia y Tecnología (CyT), se dio a conocer la primer consecuencia del recorte hacia el sector científico: en 2017 ingresarían a la Carrera del Investigador Científico de CONICET (CIC) solamente 385 personas, un 60% menos que el año pasado y el valor más bajo registrado en más de 10 años. Esta cifra todavía no fue confirmada de manera oficial, pero aún siendo levemente superior, seguirá representando un brutal recorte frente a los más de 900 ingresantes del 2016. De esta forma, los compañeros del sector empezamos a sentir en carne propia el plan que tiene el macrismo para nosotras/os: lejos de las promesas electorales de llevar el presupuesto en CyT al 1,5% del PBI, se está avanzando en la desinversión de los proyectos de investigación pública y la pérdida de puestos de trabajo, reflejando un total desinterés en cualquier tipo de desarrollo autónomo que no esté ligado a engrosar los bolsillos de las empresas trasnacionales.

El sistema de CyT viene acusando un descenso en la inversión en los últimos dos años. Analizando el recorte presupuestario en el sector científico y tecnológico para 2017, la situación que se avecina es alarmante: nos encontramos frente a un achicamiento del sistema y una inevitable fuga de cerebros, en tanto el recorte de ingresos a CIC generará que muchas de las y los investigadores jóvenes expulsados de CONICET deban seguir su trabajo científico en países donde se valore su labor altamente calificado. Es difícil comprender el beneficio de esta medida, dado que no solamente se están perdiendo puestos de trabajo, sino que se trata de recursos formados por el Estado durante muchísimos años con una elevada capacidad para producir y generar conocimiento que aporte al desarrollo del país. Parece ser que la política oficial es la declarada por el Ministro Lino Barañao (perteneciente al MinCyT, creado por el kirchnerismo, y devenido ferviente macrista): los investigadores jóvenes están demasiado cómodos en el país, y debe fomentarse que se vayan a trabajar al exterior o que pongan su trabajo al servicio de las empresas. Estos dichos, arrojados en un contexto de un ajuste presupuestario, no pueden significar algo distinto a fomentar la expulsión de trabajadores y trabajadoras científicas, y generaron el repudio de gran parte de la comunidad científica.

¿Por qué hablamos de despidos?

El número de ingresantes fue dado a conocer en los medios por integrantes del directorio de CONICET. En la última reunión entre autoridades de CONICET y miembros de las organizaciones gremiales, los funcionarios afirmaron que para los ingresos de 2017 ya estaban realizadas las evaluaciones, y que cerca de 800 postulantes tenían dictamen favorable: es decir, juntas evaluadoras compuestas por pares estudiaron las postulaciones y avalaron a ese número de candidatos de manera favorable para el ingreso a CONICET. Al haber presupuesto para solo 385 ingresos, nos encontramos frente a una situación en la que cerca de 400 candidatos que recibieron una evaluación favorable se están quedando en la calle, con el único argumento de que la plata no alcanza. Estos compañeros y compañeras llevan un mínimo de 7 años trabajando para el sistema científico nacional en forma precarizada: trabajan con becas doctorales y posdoctorales, motivo por el cual no son considerados trabajadores y no cuentan con derechos laborales básicos (como aportes jubilatorios o aguinaldo, entre otros).

Es justamente por esta condición precaria de trabajo (que abarca a cerca de 10.000 compañeros/as en CONICET) que el organismo les puede cerrar las puertas de un día para el otro sin siquiera dar un resarcimiento o justificativo. Por estos motivos, entendemos que a cientos de compañeros y compañeras se los está despidiendo de manera injustificada, y que esta situación debe ser denunciada de manera urgente, con protestas en la calle y difusión en los medios de comunicación, exigiendo su ingreso a CONICET. Al igual que ha sucedido en otras dependencias estatales, la precarización laboral promovida durante el gobierno kirchnerista le ha facilitado la tarea al macrismo a la hora de deshacerse de los/as trabajadores/as precarizados/as.

Los derechos y las victorias se lograron con movilización

A lo largo del 2016, el plan de ajuste del macrismo se fue vislumbrando con la situación de los ingresantes a CIC y CPA (Personal de Apoyo) del corriente año. Estando al mes de diciembre, aún no han terminado de ingresar todas las personas aprobadas, cuando normalmente antes de mitad de año la totalidad de los cargos venían siendo tomados. Esto provocó reiteradas movilizaciones a lo largo del año impulsadas por JCP (Jóvenes Científicxs Precarizadxs, el colectivo gremial de los becarios de CyT que desde 2005 viene reclamando el reconocimiento como trabajadores) y ATE, con la activa participación de los directamente afectados, ante las cuales CONICET debió ir cediendo, ir aprobando ingresos y brindando la información de quiénes ingresarían en cada tanda. Las demoras en los ingresos se debieron, por un lado a requisitos inauditos y de dudosa legalidad (en tanto no figuraban en los requisitos de la convocatoria original) impuestos por el Ministerio de Modernización, y por otro lado a demoras en los pagos de las cuotas que debía recibir CONICET según el presupuesto 2016. Ambas circunstancias marcaron el terreno para el ajuste que vendría de la mano del presupuesto 2017.

A su vez, cuando finalmente se discutió el Presupuesto en la Cámara de Diputados, la comunidad científica entera se movilizó masivamente al Congreso para repudiar el ajuste del sector, y fue así que se logró un incremento (insuficiente) de 1250 millones de pesos. Para tener una idea de la visión del macrismo hacia el sistema de CyT, desde CONICET han afirmado que con el proyecto original presentado por el Ejecutivo, sin el aumento que se logró con la movilización, ni siquiera se hubiesen producido ingresos a CIC en 2017.

Esto demuestra que el estado de movilización debe continuar, de la misma manera que se sostuvo durante el gobierno anterior y permitió obtener algunos derechos para las y los investigadores en formación. Es mediante la organización que se puede llevar el reclamo al resto de la sociedad y al gobierno nacional, quien es le principal responsable del ajuste en CyT. Desde JCP y probablemente otras organizaciones, se convoca a una acción para el 14 o 15 de diciembre en CONICET (Godoy Cruz 2390) donde el directorio estará reunido y planea dar oficialmente las cifras de ingresos. Será determinante la masividad durante la jornada, para exigir a CONICET que dé marcha atrás en la decisión de ajustar y exija al gobierno nacional los fondos necesarios para que no haya ningún despido e ingresen todas y todos las recomendadas. Como en toda movilización, también se incluirá el reclamo por el aguinaldo negado, y en este caso también por el bono de fin de año que resulta tan necesario en este 2016 de vacas flacas. Nuestro reclamo, lejos de ser corporativo, debe unificarse en la calle junto al del resto de los sectores populares del país, dado que las y los trabajadores somos a las claras los principales perjudicados de este brutal ajuste.
 

* Militante de Colectivo Desde el Pie en COB La Brecha y Jóvenes Científicxs Precarizadxs

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