El presupuesto del “déficit cero” consiguió media sanción en Diputados, con el aval del PJ. Puertas afuera, las fuerzas policiales reprimían a diestra y siniestra en las inmediaciones de un Congreso que vive vallado, ante las exigencias de un pueblo que soporta cada vez menos el saqueo planificado comandado por el FMI. Hablamos con economistas, referentes de movimientos sociales, dirigentes sindicales y militantes sobre la “ley de leyes” que recorta en todo menos en pagos de la deuda y militarización.

El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2019 con 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. De los votos positivos, 21 fueron aportados por el “peronismo razonable”, encabezado por el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal en la Cámara de Senadores. Las 8 abstenciones provinieron todas del PJ. Evolución Radical, de Martin Lousteau, aportó con 3 votos más.

Para lograrlo, tuvo que realizar ciertas concesiones que no tocaron lo sustancial del proyecto, un ajuste en todas las áreas sensibles para las mayorías populares.

Este presupuesto, orquestado por el Fondo Monetario Internacional, impulsado por Cambiemos y respaldado por buena parte de los gobernadores y de legisladores de la oposición, tiene una orientación clara: menos dinero para salud, educación y trabajo, más para fuerzas de seguridad, inteligencia y pago de deuda. En ese marco, hablamos con actores de diferentes sectores, en algunos casos desde la misma movilización e incluso que acampaban desde la noche anterior.

Francisco Cantamutto, economista, investigador e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay.

-¿Cuáles fueron las concesiones del oficialismo para lograr los votos necesarios?

– Uno de los temas más polémicos era que el macrismo pretendía que el Poder Ejecutivo pudiera reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. Con esto vulneraría incluso a la propia Constitución. Con este punto se dio marcha atrás. También querían prohibir que quienes reciben la pensión universal de adulto mayor puedan trabajar, y se logró que se quitara esa prohibición. Al mismo tiempo, se propone un refuerzo presupuestario de unos 500 millones de pesos para Conicet y el Inta, tratando de apaciguar el recorte en el sector de educación e investigación. Además, para meterse en el bolsillo a sectores de las provincias, echó para atrás la idea de aplicar un impuesto sobre espumantes para lo cual logró concitar cierto favor de las provincias cuyanas.

También volvió para atrás con el plus que se paga en la Patagonia a asignaciones, jubilaciones y pensiones, para conseguir el apoyo de los sectores de la región. Se volvió para atrás, poniendo un tope a las retenciones de las exportaciones de biodiesel y bioetanol, que promueve el favor a las provincias de la liga bioenergética. Todos estos elementos se suman además a un último que tiene que ver con el envío de un fondo de compensaciones a provincias y municipios de 6.500 millones, que se propone que esto debería compensar sólo en parte la quita de los subsidios al transporte. Sólo en parte porque la quita de los subsidios eran 43 mil millones y este fondo son solo 6.500 millones. Sin embargo, con este fondo logró el apoyo de distintos sectores de las provincias, específicamente del peronismo federal, el sector de Lousteau de Evolución y algunos monobloques particulares.

-¿Por qué?

– Como se señaló al principio, lo central del presupuesto de ajuste en favor del pago de la deuda y los intereses se sostienen. Los lineamientos centrales no fueron alterados. Ahora bien, empiezan a aparecer dudas de cómo va a lograr recaudar el gobierno para poder sostener este presupuesto. Los préstamos negociados con el FMI cubren sólo las necesidades financieras, no el déficit primario, del cual Dujovne se jactó la semana pasada de haber logrado ajustar más de lo prometido.

El Gobierno pretendió de alguna manera cazar a algunos poderosos ganadores del modelo y tuvo que dar marcha atrás debido a las presiones que recibió. Por ejemplo, si bien preveía poder aumentar las retenciones a las exportaciones, tuvo que poner un tope máximo del 30% para la soja y del 12% a los demás productos. Al mismo tiempo pretendió hacer un aumento al mínimo no imponible para bienes personales y luego aplicar una tasa progresiva que no alcanza al 1%.

Al mismo tiempo está el debate que se dio en el coloquio de IDEA, la semana anterior, sobre permitir o no el ajuste por inflación de los balances para la aplicación del impuesto a las ganancias. El gobierno se niega a aplicar este ajuste de manera tal de aumentar la recaudación, las empresas están presionando para lograr conseguir este ajuste y pagar menos de impuesto a las ganancias. Lo que sí quedó fuera de la aplicación de este impuesto fue todo lo que tiene que ver con viáticos, y se sostuvo la exención a cooperativas y mutuales que es un sector muy importante de la economía en término de cantidad de empresas y empleo, no necesariamente por el valor de su representación corporativa.

Finalmente está la posibilidad de volver a permitirle a cañeros y tabacaleros tener monotributo social, posibilidad que se le había quitado al conjunto de la pequeña producción agraria.

De conjunto, más allá de la aprobación total o no, hay dudas respecto sobre la viabilidad en la ejecución. Esta depende de la posibilidad de recaudar para cubrir estas responsabilidades fiscales, porque los préstamos del FMI solo cubren las necesidades financieras, no de funcionamiento. Esto necesariamente ajusta en los rubros anteriormente mencionados, y también es muy importante en lo que tiene que ver con gasto de inversión pública. Esto es particularmente relevante en el 2019, que es un año de elecciones, y el gobierno necesita promover algún tipo de reactivación que le permita demostrar buenos resultados. Llamativamente el presupuesto prevé una caída del 0,5% del PBI en año electoral. Si comparamos con anteriores ejemplos, elecciones presidenciales como las de 89 y la del 99, se dieron en contexto de caída del nivel de actividad y el resultado no fue favorable para la fuerza oficialista.

El gobierno pretende que el ajuste más fuerte se dé en la primera parte del año y luego haya cierta reactivación, para la cual, entre otras cosas, debería caer la tasa de interés a mitad del año que viene. Esto es algo que viene demandando el conjunto del radicalismo apurando los tiempos, sobre todo porque muchas elecciones provinciales son antes que la nacional. Ahí hay tire y afloje en la propia coalición del gobierno.

De conjunto, el gobierno busca mostrar señales positivas con la aprobación del presupuesto, hacia el FMI. Buscando viabilizar la llegada de estos préstamos y para poder mostrar ante los operadores empresariales cierta previsibilidad que le garantice la posibilidad de cierta reactivación. Para las mayorías populares no hay nada positivo que se pueda esperar de esta discusión, como se puede ver. Hay cierta vuelta atrás de algunas medidas que eran definitivamente retardatarias, pero no hay buenas expectativas en torno al conjunto del proyecto. Con este presupuesto no hay posibilidad de una mejoría para las mayorías.

Economía Feminista

Este presupuesto de ajuste es incompatible con achicar brechas de género. En una estructura desigual en el cual el 36% de las trabajadoras están precarizadas, 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años está desempleada, las mujeres son 7 de cada 10 personas con los menores ingresos y la brecha salarial es del 28%, está claro que ante los recortes y la recesión las mujeres son quienes más se ven afectadas.

El presupuesto que se vota hoy es un proyecto del FMI y de los mercados, en donde el interés central está puesto en los acreedores externos, en donde no se encuentra delineado un plan productivo y en donde lxs trabajadorxs perdemos.

Francisco Gelman, delegado de jóvenes científicxs precadizadxs (JCP Bs. As.)

En ciencia y técnica, el presupuesto de 2019 representa una profundización del ajuste que venía perjudicando al sector. El efecto acumulado de los últimos cuatro años suma un 30% de recorte, que afecta directamente las actividades de investigación desarrolladas, porque se descarga sobre la planta de trabajadores y trabajadoras, y sobre los insumos necesarios para sus tareas.

Desde 2016, el ajuste viene implicando sistemáticamente despidos encubiertos (en puestos de trabajo que siempre sufrieron precarización, como los de becarias y becarios y algunos administrativos y administrativas), atrasos salariales gravísimos y la interrupción de líneas de investigación por el desfinanciamiento de institutos y proyectos. Si, dentro de la función CyT, el Conicet es comparativamente el organismo menos perjudicado (y lo está, por cierto: postergaciones indefinidas en los ingresos a planta, salarios a la altura de la línea de pobreza, reducción del número de becas, centros de investigación sin fondos), ello se debe a la acérrima resistencia que sus trabajadores y trabajadoras supieron ejercer, en movilización continua y con varias ocupaciones del organismo y del ex Ministerio en los últimos años.

Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa)

El Presupuesto de salud 2019 tiene un doble impacto sobre la salud pública. El primero es la disminución general de salarios y jubilaciones que plantea en términos reales y que implica, por un lado, peores condiciones de vida de la población como determinante social básico de la salud colectiva y, por otro lado, la disminución en sí del presupuesto destinado a la atención sanitaria. El Presupuesto 2019, a diferencia de otros presupuestos, tiene la marca de un ajuste puro del Fondo Monetario, lo cual hace que el impacto directo sobre el conjunto de los programas de atención no pueda disimularlo.

La disminución salarial va a tener un efecto sobre la cobertura de guardias, lugares críticos, lugares de frontera, medicina rural, todos aquellos lugares que necesitan indispensablemente del apoyo y el estímulo del Estado para ampliar y mantener una cobertura. Por otro lado, la transferencia a las provincias que mantienen o sostienen el 80% de la atención sanitaria o un poco más, también se va a ver disminuido. Entonces, no se puede analizar solamente la disminución salarial neta y de las condiciones de vida de la población sino también la disminución de la transferencia a las provincias.

El impacto sobre el Ministerio de Salud y el conjunto de los programas que son responsabilidad de Nación, como el de HIV, enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales y otros, se van a ver netamente disminuidos entre un 15 y 20 por ciento que depende del nivel inflacionario porque por ahora algunos mantienen nominalmente un aumento del 20, 25, 18 o 30 por ciento según el programa, pero todos están por debajo de la pauta inflacionaria que no va a bajar del 42 o 45 por ciento, por lo que la disminución neta la vamos a poder saber apenas tengamos claridad sobre la inflación anual.

Por otro lado, los costos netos de atención sanitaria van a aumentar en función de que buena parte de sus insumos están dolarizados y la producción de medicamentos cartelizada, con una baja incidencia de la producción pública. Esto hará que hospitales y centros de salud gasten relativamente más en insumos y tengan trabajadores con peores salarios, lo que se traduce en peores ofertas de atención gratuita para el conjunto de la población.

En definitiva, el presupuesto de Salud es parte de la estrategia del gran capital, a través de su gobierno que es Cambiemos, de cargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y del pueblo en general. Permitir una acumulación de capital y un pago de la deuda externa fraudulenta a los organismos financieros internacionales y deudores internacionales, sacrificando el nivel de vida del pueblo. No es nada nuevo, es lo que sufrimos en los 90, en la ola neoliberal del Consenso de Washington que ahora retorna bajo las formas pseudodemocráticas del parlamentarismo que maneja Cambiemos o la forma ya ultra reaccionarias como Bolsonaro en Brasil pero que en definitiva tienen el mismo contenido: restricción de derechos, ataques al conjunto de los sectores populares y un favorecimiento desbocado al gran capital.

La represión y el presupuesto del ajuste que se justifica en la TV

“Tenemos los documentos internos del gobierno de cómo va a ser la votación”. Con esta frase, Marcelo Bonelli, periodista económico de TN abría el programa “A dos voces” a las 22.03. Y con eso sellaba su complicidad con el macrismo y por lo tanto, con el presupuesto del ajuste incluso antes de conocerse el resultado.

La tesis del gobierno sostiene que “grupos de violentos”, “sectores radicalizados del kirchnerismo y la izquierda” provocaron la represión. Argumentos defendidos en el programa de TV de la corporación mediática por una de las figuras más criticadas durante la jornada: Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., a cargo del operativo.

Ocampo estuvo por la tarde en el Congreso de la Nación a pedido de algunos diputados y diputadas que exigieron la suspensión de la sesión ante el conocimiento de la represión estatal. En reunión con los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara Baja dijo que “las disposiciones en el marco del operativo”, fueron para “garantizar el funcionamiento del Congreso”, confirmando el carácter antipopular del proyecto de ley. Así lo afirmó en el programa de la noche, donde además habló de “espectáculo” y de “un sistema organizado” que “se trató de que el Congreso no funcionara, que no debata”, catalogando a quienes se movilizaron de tener “una actitud fascista”.

“La policía se dedicó a detener a quienes estaban generando disturbios”, dijo Ocampo en TN, quien informó que se está investigando un vehículo que es propiedad de la Garganta Poderosa, lo que confirma que las detenciones, acontecidas a más de 15 cuadras del Congreso, no fueron azarosas sino que hubo una vigilancia y persecución premeditada. “Debemos determinar cuál es la relación que tenía esa camioneta con los procedimientos de violencia”, agregó, para justificar la detención de cuatro integrantes de la agrupación villera, pero sin informar cuáles son los cargos ni porqué se les investiga.

Marianela “Pini” Navarro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Los movimientos sociales, junto con los distintos gremios, nos movilizamos al Congreso Nacional para rechazar el Presupuesto del Ajuste que está ideado a la medida de los intereses de los organismos internacionales de crédito. Lo rechazamos porque representa un brutal ajuste sobre temas centrales para la clase trabajadora como la salud, la educación y el trabajo. También hemos presentado el proyecto de ley de emergencia alimentaria que no está contemplado en el proyecto presentado por el oficialismo.

Consideramos que los diputados que convalidaron este proyecto son cómplices del ajuste para el conjunto del pueblo trabajador y por lo tanto vamos a anunciar un plan de lucha de los movimiento sociales a partir del mes de noviembre que incluye la navidad de los pobres en las puertas de los supermercados.

Repudiamos la represión que se desarrolló en las puertas del Congreso Nacional. Un plan previsto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que sólo mantiene el objetivo de desmovilizar a los sectores populares que rechazan el plan económico del gobierno nacional y los gobernadores.

Esteban Marcioni, militante del Frente Popular Darío Santillán

Desataron un escenario represivo donde hubo una cacería de manifestantes, de compañeros y compañeras, persiguiendo a quienes estaban movilizados hasta prácticamente 40 cuadras, 4 km del lugar donde se desarrolló la represión y que dejó un saldo de casi 30 detenidos y cientos de heridos por parte de la represión de la policía.

Source

En agosto del año 2016 el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que promueve la Cobertura Universal de Salud, que parece avanzar contra el sistema público de salud. Asociaciones de salud, gremios, organizaciones sociales dieron la voz de alerta contra este sistema que promueve un paradigma que no se basa en la promoción de derechos y que afecta a los más vulnerables.

La semana pasada la Cobertura ha comenzado a ser implementada en la provincia de Mendoza y amenaza con extenderse frente a la perplejidad y el desconocimiento de los menos entendidos.

Marcha entrevistó a Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) que nos brindó mayores precisiones respecto de la salud entendida como un negocio.

-¿La CUS o Cobertura Universal de Salud es una iniciativa de este gobierno, que implicaciones tiene?

-La CUS no es una estrategia de este gobierno, sino que es una estrategia a nivel mundial llevada adelante por el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y luego cooptada por la Organización Mundial de la Salud a fines de los 90 y comienzos del 2000. Argentina durante el gobierno de Nestor Kirchner votó esta reforma en la asamblea de la OMS del 2005 y luego Cristina Kirchner la apoyó también en el 2012 en la asamblea mundial de las Naciones Unidas, votando la consigna Cobertura Universal para Todos en el 2030 y el gobierno de Macri la instrumenta a través del decreto 908 de 2016.

Estamos frente a una política que dice que el sector más pobre de la población que no tiene cobertura sindical formal,  a través de su seguridad social y ni medicina prepaga, la va a cubrir un seguro público, un seguro de pobres, con una canasta básica de prestaciones, para que los eventos más catastróficos no lo afecten o por lo menos no impacten negativamente en su economía según lo que la declaración de la CUS plantea.

-¿Cuál es la postura de FESPROSA y que plantean?

-Nosotros siempre estuvimos en contra del seguro de pobres y  planteamos como estrategia la conformación de un sistema universal de salud basado en el que ya tenemos, que son 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias, que son insuficientes para cubrir la demanda de la población pero tienen un gran liderazgo en la atención del sector más pobre, para cubrir accidentes, pediatría, en formación de recursos humanos. Un sistema que es insuficiente pero que con inversión pública, con reorganización nacional y aumento de su eficacia social, podría bien ser el gran sistema de salud que los argentinos necesitamos.

La CUS era en su origen una estrategia para sacarle recursos al sector público ponerlo en un seguro y establecer la eficiencia basada, no en parámetros, sino en la competencia entre el sector público y privado, al modelo de Colombia y terminar de segmentar el mercado de la salud entre quienes pueden pagarlo y tienen trabajo y  el sector pobre, con su seguro de pobres. Esto necesitaba de una inversión, que no aparecía, no había quien ponga la plata. Hablaron primero de los 8.000 millones del fondo de redistribución de las obras sociales, que no alcanzan ni para empezar a organizar el padrón y ahora después de analizar los presupuestos provinciales y nacionales, no hay dinero para la CUS. La CUS es un seguro que presupone población nominalizada, una cápita dineraria y prestaciones garantizadas, es decir una canasta, pero ninguna de esas tres cosas está. El viceministro (de salud de la Nación) Adolfo Rubinstein,  en una polémica que  sostuvimos en la Facultad de Medicina el viernes pasado, dijo que la CUS no es un seguro, que no hay canasta básica, que no es carnet de pobre y que se accede con el documento, es decir, la CUS no es nada y no tiene presupuesto.

La CUS  es una estrategia,  un programa de reorganización,  basado en la digitalización de la historia clínica, con un archivo nacional, pero la nación no tiene plata fresca para poner y lo tendrán que poner las provincias, que esperaban recibir plata por la CUS y no tener que poner. La empiezan a mirar con recelo. Es decir que, por el momento, la CUS es un discurso político de los funcionarios del ministerio de salud y no es nada más. Puede ser que transforme al hospital público en una gran guardia con prestaciones restringidas, pero al día de hoy, en coincidencia con lo que vienen diciendo distintos sectores, no deja de ser un anuncio de campaña. De hecho los 8.000 millones que aportó el fondo de redistribución (ANSES) para empezar a organizar la CUS aún siguen depositados en el Banco Nación y, no solo eso, ahora son 9.200 millones porque rindieron 1.200 millones este año, porque no se tocó.

La estrategia para nosotros está basada en la rentabilidad financiera, el mix público-privado. Frente a eso ponemos la necesidad de un sistema nacional desde la perspectiva de derechos.

-¿Qué recortes implica respecto a la atención en el hospital público?

-Esto es lo que toda canasta básica implica, que se cubren algunas cosas y otras no. Teóricamente se creó a través de un decreto la Administración General de Tecnológía Médica, que entre sus misiones incluye confeccionar esa canasta donde íbamos a saber que se cubría y que no. Ahora el viceministro de salud dice que no va a haber canasta y que vamos a seguir cubriendo todo como siempre con lo cual toda restricción es hipotética, no hay manera de saberlo. La prioridad absoluta la tiene materno infantil, que está en todos los seguros de pobres en el mundo.

Esto último que dice Yabkowski, se refiere a la exposición del el viceministro que la semana anterior había hecho en la facultad con gran extensión  (50 minutos)  donde no dio precisiones concretas sobre la CUS . Mientras desde FESPROSA expresan que “la plata no está y  tenemos que hacer conciencia entre la gente para que este proyecto no avance”.

-¿Qué implicancias puede tener respecto a las condiciones laborales de los profesionales de la salud?

-El viceministro de salud, Rubinstein,  dice “Nuestro modelo es el plan de medicina familiar de Brasil, que introdujo a 110 millones de brasileños en un programa”. Nosotros respondimos que  el plan de medicina de Brasil incluía salarios elevados, carrera sanitaria, fomento para la vivienda y educación de las familias en zona desfavorable, así consiguieron profesionales. ¿Cómo vas a armar un sistema basado en la atención continua e integral? Si la base son los médicos comunitarios que ganan 10 mil pesos y están precarizados, los de Córdoba no cobran hace nueve meses, porque el sistema está basado en la precarización laboral. A lo cual el viceministro contestó que efectivamente es así, y que hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

Si un hospital trabaja para el seguro como los médicos colombianos, lo que tiene que hacer es captar asegurados y hacer muchas prestaciones. Si hay un hospital privado que compite con él, estas prestaciones pueden ser absorbidas por el sector privado.

En las últimas convenciones colectivas de trabajo, como por ejemplo la que firmó Andrés Rodriguez por UPCN, en el convenio colectivo de trabajo de la administración central de la Nación, incluye clausulas de productividad y de presentismo. Si nosotros metemos al sistema de salud con clausulas de productividad, la transformación que puede sufrir es tener un salario de 95% por convenio, como es ahora, algunos estímulos por el recupero del dinero de las obras sociales, como es el plan Sama (u otros planes de recupero) en la provincia de Buenos Aires, a tener un 20 o 30% de salario básico y el resto cobrar si atendés a la gente que viene por el seguro. Ahí se produce un cambio donde se subsidia la demanda, que en lugar de financiar al hospital público se financie al seguro y se cree un sistema de competencia público-privada para atender ese seguro, que es lo que ocurrió en Colombia y terminó con el cierre de 20 hospitales que no pudieron resistir la competencia.

En este caso el viceministro dice que todo lo que aparece como peligro para el modelo no lo van a hacer, hay una precarización que no se está resolviendo.

-¿A qué concepción ideológica responde este modelo de salud?

-El trabajo que publicó Mapfre en EE. UU. ve la transformación del sistema de salud como una oportunidad. La filosofía de esta gente es que el problema es el sector público, que es pesado e ineficiente, y que el derecho a la salud no está garantizado porque hay restricciones implícitas. Si bien todo el mundo tiene derecho a todo, las listas de espera, el arancelamiento, el gasto privado de bolsillo para comprar insumos y medicamentos, habla de restricciones implícitas. Ellos de lo que hablan es de transformar estas restricciones implícitas en restricciones explícitas, es decir saber qué se va a dar y qué no se va a dar y el mejor de ese programa va a ser el que se quede con la plata del seguro. Entonces el sector público va a tener que esforzarse más en la competencia con el privado para captar estos fondos que atiendan la canasta, o sea las restricciones explícitas. Esto responde a una concepción del estado abiertamente neoliberal donde tiene por función en  salud regular y financiar, en parte, y nunca ser prestador. Es el modelo norteamericano donde no existe el hospital público, son todos prestadores privados y seguros, donde no hay derechos de la ciudadanía a la salud, el concepto es de renta, costo/beneficio y cuál es el piso mínimo de prestaciones. Por eso los socios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están con la CUS para todos en el 2030, con la participación de tres grandes actores: el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melina Gates, los filántropos que están penetrando en el mercado de la salud por encima del Banco Mundial y del gobierno de EE. UU.

Un medida lejos del pueblo

La CUS hoy parece más cercana a un anuncio de campaña, pero amenaza con transformar al sistema público de salud que tenemos. La gestión de la salud, parece ser una temática reservada a los especialistas, que deja bastante alejados a los sectores populares que solo acceden como usuarios mayoritarios y pasivos del sistema. Queda oculta la relación de la salud con las condiciones de vida, la vivienda, el trabajo, la educación como un conjunto del cual forma parte. Quizás se haga necesaria la participación popular en la evaluación de las necesidades, en la gestión y construcción de respuestas, como otro modo posible, que movilizará las iniciativas que impulsen la defensa de los legítimos derechos para y por el pueblo.

Source