Fotos y texto por Carlos Ernesto Cano

El pasado sábado 7 de septiembre, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el estado de sitio que el gobierno de Guatemala había decretado algunos días atrás en la región nor-oriente del país, bajo la excusa del “asesinato” de 3 miembros del ejercito por parte de pobladores de la comunidad Semuy II en el Estor, Izabal.

Este estado de sitio afectará a 22 municipios en 6 departamentos, siendo éstos, Izabal, Alta y Baja Verapaz, El Progreso, El Petén y Zacapa, casualmente una de las áreas del país en donde más recursos naturales existen y la problemática de la tierra es el factor común. Con este estado de sitio se violentarán de forma directa algunos derechos constitucionales tales como la libertad de locomoción y la de libertad de asociación, así como se podrán ejecutar detenciones sin orden de juez competente.

Pero la ciudadanía, entre organizaciones campesinas y colectivos urbanos se hicieron presentes el día sábado desde tempranas horas para repudiar e impedir que el Congreso ratificara el estado de sitio, entre las y los ciudadanos que protestaban pacíficamente se encontraban personas que venían de la costa sur del país, un área que es afectada por el monocultivo de la caña de azúcar.

Se convocó a una caminata pacífica desde la Casa Presidencial con dirección al Congreso de la República, lugar en donde se sesionaría a las 11 de la mañana para ratificar en tercera lectura el estado de sitio decretado. Pero al llegar a la 8a. calle y 8a. avenida la caminata pacífica se encontró con un fuerte dispositivo de la Policía Nacional Civil que les impidió acercarse al Parlamento, siendo violentado el derecho constitucional de la libre locomoción.

Entre la petición pacífica de las comunidades y organizaciones campesinas la Policía se negó a dejarlos pasar para que la caminata se encontrara con los colectivos urbanos quienes estaban en la 8a. avenida entre 9a. y 10. calle con un plantón pacífico exigiendo a los parlamentarios que se retractaran de ratificar el estado de sitio impuesto por el gobierno del presidente Jimmy Morales.

Eran las 12 del medio día cuando 88 diputados ratificaron el estado de sitio en los 22 municipios anteriormente enumerados. La fuerte y desproporcionada fuerza policial que se mostró el día sábado es sólo un aviso de la cantidad de policías y de elementos militares que se desplegarán en los municipios en donde regirá el estado de sitio por 30 días, abriendo la posibilidad de la violación de derechos humanos así como la criminalización a poblaciones que están organizadas en defensa de los recursos naturales y de la tierra.

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Tras el intento del Presidente -derechista y antiderechos- Jimmy Morales, de retirar a la CICIG, las y los guatemaltecos salieron a las calles. En el país centroamericano es el campesinado, los pueblos indígenas y las mujeres quienes enfrentan el modelo extractivo y el conservadurismo extremo.

La crisis política que atraviesa Guatemala desde épocas difíciles de recordar, nos permite constatar que los sueños de democracia que tuvimos en los años noventa se convirtieron en una larga pesadilla; que el autoritarismo está de vuelta (o nunca se fue) y que está respaldado y financiado por los de siempre: la oligarquía.

Esta es parte del bloque dominante que en este momento busca un rompimiento constitucional y el cierre de los espacios democráticos, utilizando el terror como herramienta de control y represión. Esta es la primera forma que conocen para garantizar que todo se mantenga como siempre, para su propio beneficio. Los avances en la lucha contra la corrupción, la justicia y la impunidad, ya sea por los crímenes cometidos durante la guerra, la restitución de tierras ancestrales y la defensa de los bienes naturales, tierra y territorio, o el saqueo de las arcas públicas, no les conviene en absoluto.

Desde esta lógica, los medios de comunicación corporativos han promovido desde hace años, la falsa idea de que la población está enfrentada, reconstruyendo la figura de un enemigo interno, que es manipulado y financiado por otro externo —encarnado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG—, en este caso, el comisionado Iván Velásquez y la cooperación internacional. Acuden, estos medios, a la doble moral al exacerbar el conservadurismo, la religión, la misoginia, la homofobia, el racismo y el nacionalismo para esconder sus intenciones y lograr que el común de la gente les apoye.

¿Qué pretende el pacto de corruptos?

Con todo esto buscan reacomodarse, recomponerse para seguir controlando el Estado y seguir con sus negocios, que transitan entre lo legal y lo ilegal. Para ello necesitan revertir los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, debilitando la incipiente democracia luego de 36 años de guerra, pactada en los Acuerdos de Paz. El ataque frontal a las cortes, a jueces, magistrados y fiscales en este momento, es un claro ejemplo de esa estrategia. El desacato a las resoluciones emitidas por la máxima Corte en materia constitucional y el rompimiento unilateral del acuerdo que da vida a la CICIG con las Naciones Unidas son otra muestra de su nulo respeto a los convenios internacionales, incluso de las normas y leyes internas del país.

(N. de la R.: La semana pasada el Presidente de la República, Jimmy Morales, notificó a la ONU el cierre prematuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG-, creada en 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala; decisión que fue frenada por la Corte de Constitucionalidad. La CICIG había pedido investigar al Presidente por sospechas de finanzas ilegales en su campaña).

Las acciones del Ejecutivo, acompañadas por el Legislativo (ente gobernado por el mayoritario “Pacto de Corruptos”) son una muestra de cómo son instrumento de grupos situados por encima del Estado. El respaldo que el sector empresarial organizado ha demostrado al regocijo de impunidad del Estado, confirma quiénes son los títeres y quiénes los titiriteros.

Dentro de esta disputa de poder, ¿qué papel juega la población?

Desde la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (quien renunció en septiembre de 2015 a la Presidencia de la República tras ser desaforado por el Congreso, acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera), quedó muy clara la disputa dentro del bloque dominante que está conformado por los ricos y “dueños” de este país, poderes paralelos, militares, industria extractiva, iglesias, así como parte de los intereses de los Estados Unidos y otros países. Se establece una división ficticia entre el enriquecimiento legal e ilegal. Ficticia porque si los ricos “lícitos” no se vieran beneficiados indirectamente —o directamente, en ciertos casos…— por las formas ilegales, ya se hubiera emprendido una guerra en contra de estas. Algunos de estos sectores apuestan por fortalecer la democracia y el Estado (principalmente Estados Unidos, por cuestión de control geoestratégico, en la llamada contención migratoria), pero nunca en beneficio de la mayoría de la gente, o siempre de forma adrede insuficiente.

La disputa que presenciamos pone en riesgo la vida, por no ser parte únicamente de una lucha contra la CICIG, sino por ser parte de una ofensiva extractivista frente a la resistencia de las comunidades a lo largo del país —en su mayoría ajenas a esta disputa—. La gran mayoría de la población quedamos en medio de esta disputa y, de alguna manera, siendo víctimas de manipulación.

El caos que buscan provocar con el desacato a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, con el intento por abolir a la Corte, con los antejuicios a los magistrados, los ataques en contra del Procurador de los Derechos Humanos y la posible pérdida de las garantías constitucionales, pone en riesgo los derechos humanos de toda la población, y dentro de ellos, la libertad de expresión, en particular la de muchas y muchos de los periodistas comunitarios e indígenas en todo el país.

El papel de la comunidad internacional

La actuación del presidente es sólo la mínima expresión de la podredumbre detrás de quienes jalan los hilos de la corrupción. Durante 2015 presenciamos una Embajada estadounidense activa para la caída del gobierno de Otto Pérez Molina. Pero el escenario actual parece importarles poco a la administración Trump; no así a los congresistas de los Estados Unidos, demócratas y republicanos que repudiaron las acciones del gobierno de Guatemala como la congresista Norma Torres. Pero para los intereses de Donald Trump y los capitales israelíes bien parece beneficiarles esta crisis, como en Honduras, en donde sostienen una dictadura criminal con fuertes vínculos con los grupos dominantes en Guatemala y el resto de Centroamérica. Quizás esa sea la nueva etapa del Plan Alianza para la Prosperidad.

La ONU debería no sólo poner atención en el futuro de la CICIG en Guatemala, sino prestar atención a la inminente ofensiva de empresas nacionales y transnacionales en los territorios en donde están comprometidos los intereses de gobernantes, empresarios y oligarcas, así como de transnacionales y organismos multilaterales, fondos internacionales y banca, que esperan el funcionamiento de los megaproyectos.

(El Plan Alianza para la Prosperidad es un proyecto firmado en 2014 por los Presidentes de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en los Estados Unidos para dar una respuesta a la emigración de esos países pero que en realidad es una puerta abierta a los negocios de los inversores privados de capitales extranjeros).

La raíz de todos nuestros males

El momento que estamos viviendo en Guatemala es una expresión de la continuidad del uso y abuso del poder que ha acumulado la clase dominante. Los privilegios que gozan desde su propia conformación, han estado construidos a base de violencia extrema, despojo, saqueo, pillaje: es decir impunidad y corrupción. El Estado- Nación desde su nacimiento ha estado a su servicio y ha sido confeccionado para sus intereses.

La clase dominante en su esencia es corrupta, o no sería. Está conformada por un pequeño grupo de familias que controlan el país, encabezada por hombres criollos, que tienen una forma de hacer política y llevar la cosa pública que se ha vuelto tradición. El capital que han acumulado lo han hecho reconfigurando el territorio, usando, abusando y desplazando a poblaciones enteras a quienes han considerado inferiores, especialmente a los pueblos indígenas y las mujeres. Han utilizado al Estado para controlar y fortalecer su poder económico y político, se han servido del Ejército y otras fuerzas de seguridad, utilizando incluso, la violencia genocida con el fin de perpetuar su acumulación de recursos.

La corrupción, como categoría, ha sido utilizada en la narrativa dominante en los últimos años, para referirse a los funcionarios que en vez de servir al pueblo se han dedicado a robar, defraudar y enriquecerse ilícitamente desde las arcas del Estado. De hecho, en Guatemala, las investigaciones más contundentes se han centrado en el contrabando y defraudación tributaria, la corrupción en el sector público, la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado de activos.

Por supuesto que la lucha contra la corrupción ha sido importante, pero se ha enfocado solamente al señalamiento y encarcelamiento de algunos de sus ejecutores. Esto tristemente sólo reforma y limpia una parte del problema, en la medida que no vemos las estructuras del sistema en su parte política, jurídica, económica e histórica. El problema sigue igual, los corruptos se multiplican y es la de nunca acabar. La corrupción es apenas uno de los síntomas del capitalismo que la origina y apaña.

Otras formas de corrupción son menos vistas, menos investigadas y menos perseguidas; ocurren donde hay menos fiscalización: a nivel comunitario, municipal y departamental. La corrupción económica también se ha expresado en la apropiación de bienes ajenos por engaño o violencia, como lo que ocurre en donde los intereses de la industria extractiva meten las manos. Los pueblos constantemente han denunciado cómo los poderes económicos se articulan a nivel local, regional, nacional y transnacional para despojarles de sus bienes naturales, la tierra y la vida, a base de estructuras eficientes que tienen sus raíces en la guerra. Son los empresarios, terratenientes y oligarcas quienes le dieron continuidad en complicidad con capitales transnacionales y el Estado para imponer sus proyectos. Esas estructuras criminales siguen pendientes de que el sistema de justicia las investigue. Hay cientos de denuncias sobre estos casos en las fiscalías.

Lo que estamos viviendo en Guatemala ha sido utilizado como justificante de una disputa entre el bloque dominante tradicional y el bloque emergente, por el acaparamiento y control de los negocios. Precisamente han sido los actores comunitarios y campesinos, los indígenas y las mujeres quienes han interpelado al país desde otros problemas centrales, enfrentando al modelo extractivo capitalista y al conservadurismo extremo. En los últimos años el descontento social ha aumentado de la mano de las respuestas gubernamentales a las demandas de diversos colectivos, en muchos casos de forma violenta. La captura y la prisión, las amenazas y las desapariciones, las muertes y las masacres, forman parte de una forma de hacer política que no es nueva, pero parecía estar en vías de superación. Uno de los grupos más golpeados, por ser de los más activos, son los pueblos indígenas, mestizos pobres y comunidades que se han opuesto al despojo de las actividades extractivas y las políticas neoliberales que las apoyan.

La captura del Estado también se ha dado en los servicios de seguridad que éste presta a las empresas, protegiendo con recursos estatales a mineras, cementeras, hidroeléctricas, redes de electrificaciones, torres de telecomunicaciones y fincas, a través de desalojos violentos, Estados de Sitio o militarización de territorios. Vemos cómo funcionarios públicos facilitan el otorgamiento de licencias y la impunidad sobre los mecanismos de su obtención, la opacidad sobre la carga tributaria a estas empresas y la protección de identidad de los verdaderos dueños o capitales involucrados en estos negocios.

Por eso no es casual que Jimmy Morales en la conferencia de prensa donde anunció que terminaban con el convenio con la CICIG, haya dado implícitamente, un respaldo a las mineras y las hidroeléctricas. La pregunta es clave: ¿podrá el pueblo detener la infamia detrás del Golpe?

*Artículo publicado originalmente en Prensa Comunitaria Guatemala

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El ex comediante Jimmy Morales asumió la presidencia de Guatemala luego de un año marcado por la crisis de legitimidad de la clase política tras los escándalos de corrupción. Sin embargo, su perfil conservador y sus vínculos con las fuerzas militares no auguran buenas nuevas para el castigado pueblo del país centroamericano.

Comparte con Miguel del Sel al menos tres características: trabajó toda su vida de actor cómico, tiene poco rodaje en la política y es de derecha. Pero en 2015, el guatemalteco Jimmy Morales tuvo mejor suerte que el ex Midachi y en octubre pasado –tras un vertiginoso ascenso- ganó la batalla por el sillón presidencial. Este jueves asumió como nuevo mandatario de uno de los países latinoamericanos con mayores niveles de pobreza y desigualdad.

Paradójicamente su principal arma fue la falta de experiencia en la política tradicional. Ser un “outsider”, aparecer desmarcado de la clase dirigente, le permitió ganar sorpresivamente las elecciones. El país atravesaba una coyuntura signada por el megaescándalo de corrupción que provocó masivas protestas ciudadanas durante unos seis meses y que derivó en la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una banda de defraudación aduanera, hoy ambos detenidos a la espera del juicio.

Fue entonces esta aguda crisis institucional lo que permitió la victoria de este actor cómico y empresario, cuya única incursión política había sido una candidatura a alcalde en 2011.

Un perfil poco gracioso

Al margen de su trayectoria como humorista de televisión, su impronta política deja poco margen para la ilusión. De pensamiento conservador, evangélico practicante y con formación académica en administración de empresas, Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), creado en 2008 por un grupo de exmilitares de extrema derecha. Sin ir más lejos, la semana pasada el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra el ex coronel Edgar Ovalle, el hombre fuerte de Morales en el Congreso, por su presunta participación en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad en la lucha contrainsurgente de los ´80 que dejó cerca de 200 mil campesinos e indígenas asesinados.

Morales se declara como “nacionalista cristiano”, está a favor de la pena de muerte y en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización de la marihuana. Basó su campaña en mensajes bíblicos, algunos destellos humorísticos y la escueta consigna “ni corrupto ni ladrón”.

Sus últimos gestos previos a la toma de posesión también reflejan lo que será su orientación en política exterior. Al primero de los invitados que recibió fue el rey de España Juan Carlos de Borbón. Posteriormente, se reunió con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, lo que aportó una fuerte connotación especial: fue la primera vez en 30 años de gobiernos civiles que Estados Unidos envió a un representante de ese nivel a un cambio de mando.

Sin carta blanca

El margen de maniobra del flamante presidente estará marcado por la capacidad de resistencia que muestren los sectores que se movilizaron con fuerza en 2015, principalmente la juventud urbana, junto a la madurez política que demuestren las organizaciones populares del país más potentes, que tienen fuerte arraigo en las comunidades campesinas e indígenas como el Comité de Unidad Campesina (CUC).

Sin ir más lejos, ayer también se realizaron varias concentraciones para marcarle la cancha. Una se llevó a cabo bajo la consigna “No más militares al poder”. Morales, además, estará jaqueado por las demás fuerzas conservadoras, principalmente en el Congreso donde su partido tiene una bancada de tan solo 11 diputados. Se abre así una nueva etapa en Guatemala, con pocas expectativas de cambios desde arriba, y con grandes desafíos para las fuerzas populares y de izquierda de transformar la indignación en una alternativa transformadora.

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