Por Julieta Caggiano/Fotos Camila Parodi

Desde que empezaron a circular las imágenes de Jeanine Añez en la cárcel, se desató un debate sobre lo que se pone en juego hoy en Bolivia. La derecha pasó de negar la existencia del Lawfare a plantear que en el país andino se está desarrollando un “Lawfare de izquierda”. Sin embargo, este debate también vino desde la academia progresista. Pablo Stefanoni, jefe editorial de la revista Nueva Sociedad, publicó un artículo que se titula: “Añez presa: cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia”.

La expresidenta de facto Jeanine Añez y dos de sus exministros –Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía- están con prisión preventiva. Adicionalmente, se procesó a altos mandos de la cúpula policial y militar. Se los acusa, entre otras cosas, por usurpación del poder, sedición y otros delitos contra la patria. La denuncia la había presentado una ex legisladora del MAS, meses atrás, y la fiscalía ordenó la detención de los acusados.

Los cuestionamientos a ese pedido de justicia, que parte de una cómoda idea de “neutralidad” por los hechos de 2019 parecen desconocer la sistematicidad que subyace en las imágenes del horror que recorrieron las calles bolivianas en los días del golpe. Sin detenernos en los detalles de la cacería selectiva -un documental que acaba de estrenar la cineasta boliviana María Fernanda Rada, con la fotografía de Santiago Berón y la producción de Alina Duarte: Fue Golpe lo muestra con toda claridad-.

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Es importante verbalizar la existencia de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. En este documento se relatan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos en los sucesos donde fallecieron 37 personas: “27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”. Además, plantea que las muertes en Senkata y Sacaba fueron masacres: “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”. La pregunta es: ¿el pueblo boliviano no merece verdad y justicia?

El intento de golpe de 2008

El golpe fallido de 2008 se dio en Bolivia después de un referéndum revocatorio en el cual más del 67% de la población legitimó la continuidad del gobierno del MAS. Por otro lado, los departamentos de la medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) promovieron otro referéndum autonómico que rechazaba el proyecto de refundación del Estado Plurinacional, lo cual fue considerado inconstitucional por las autoridades nacionales. Estos departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central.

El investigador Waldo Ansaldi plantea que “sobre esa base de poder económico (la región de la medialuna concentra casi la mitad del PBI) más el control de los medios de comunicación, burgueses, terratenientes y derechistas comenzaron una campaña antigubernamental cargada de odio racista y de amenaza de secesión” en Bolivia. La Masacre del Porvenir (2008) fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, en la que murieron 15 personas, en su mayoría campesinos.

Alzamientos civiles, grupos armados –herederos de la experimentada paraestatalidad regional-, bloqueo mediático, muerte, persecución y violencia, imágenes que se repetirían once años después.

Las reformas institucionales tras el intento de golpe

A causa de los crímenes de 2008, la justicia boliviana condenó al ex prefecto Leopoldo Fernández por homicidio. Más allá de la gravedad de la situación, un homicidio se trata de un delito individual que no da cuenta de ningún tipo de organización o sistematicidad. No permite sentar precedentes y llamar a las cosas por su nombre, cuando se trató de un verdadero intento de golpe de estado.

Al no ser considerada una situación de guerra tradicional, para lo cual están pensadas la mayoría de las constituciones, el Estado boliviano no tenía las herramientas jurídicas para avanzar en esta investigación. Después de estos hechos, Bolivia incorpora tipificaciones ampliando lo que serían delitos contra el orden público en la nueva Constitución sancionada en 2009. Medidas similares se adoptaron en Ecuador y Venezuela, luego de sus propias crisis destituyentes.

Las reformas fueron en tres sentidos. Los delitos contra el orden público se amplían hacia la sedición, ocupaciones de cargo o traición a la patria. Los delitos económicos: sabotaje, agiotaje, boicot, desabastecimiento o ataques a los bienes estratégicos del Estado. Y, por último, los delitos ligados a la información falsa o secreta y al pánico financiero. Además, se establecieron penas para las acciones en las que se pruebe un intento de conspiración o alianzas con poderes foráneos.

Los nuevos golpismos en América Latina

Los cambios en la tipificación de estos delitos responden a lo que muchos investigadores e investigadoras caracterizan como nuevos mecanismos que tienen los Golpes de Estado en el siglo XXI. La mayoría de los estudios se han centrado principalmente en el Lawfare, pero no es la única manera. Se puede buscar en las obras de Tokatlián, Soler, Borón, Lesgard, Figueroa Ibarra, entre otrxs, que lo analizan desde diferentes geografías.

Algunos analistas dudan en llamar Golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Pero esto sería quedarnos atados y atadas a definiciones demasiado estrictas, que nos impiden entender una realidad dinámica. La orquesta que se montó en 2019, con una denuncia de fraude sin argumentos es digna de una profunda investigación.

El papel de la OEA

El accionar de la OEA, a cargo de Luis Almagro -organismo que recibe el 60% de su presupuesto por parte de Estados Unidos-, no es novedoso. El informe sesgado y parcial de Almagro fue rebatido por cientos de expertos, técnicos, institutos de investigación en todo el mundo. Un informe en Sputniknews amplía esta información[1]. En Estados Unidos, 28 congresistas pidieron que se investigue a la OEA por su rol en el golpe en Bolivia[2].

La OEA otorgó un paraguas institucional a los discursos y las acciones golpistas. Con su informe en la mano se tomaron las calles y las instituciones. Una cosa es la protesta social, y otra muy distinta es la coordinación entre escuadrones de la muerte -como los motoqueros del grupo Cochala[3]-, los acuerdos entre los principales líderes de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos y la triangulación con una organización como la OEA. Investigar esta relación es lo que demanda el pueblo de Bolivia por medio de sus instituciones.

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La judicialización de la política

Se utiliza el término “lawfare”–extranjerizado- para referirse a una guerra jurídica. Puede ser definido como “el uso indebido de las herramientas jurídicas para la persecución política” Según Silvia Romano. El concepto es complejo, porque se vincula con el género de las falsedades, plantea Raúl Zaffaroni, utilizado históricamente en política para destruir a un adversario. Sin embargo, el ex miembro de la corte también sostiene que la juristocracia en ascenso atenta a una destrucción del propio Estado de derecho.

El gobierno de facto utilizó las figuras jurídicas incorporadas en la Constitución boliviana en 2009, sin prueba alguna, para perseguir a militantes del MAS. El ex senador y auto nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, planteó a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Y así desataron una cacería judicial, incluso contra el propio Evo Morales.

La tendencia creciente a resolver conflictos políticos por la vía judicial es una realidad cada vez más común. Los nuevos delitos contra el orden público fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos del MAS en el gobierno de facto. Pero ¿qué otras herramientas hay para exigir justicia, si no son las propias instituciones?

La justicia de los pueblos no se negocia

“Nos dispararon como animales”, se titula el informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, resultado de siete meses de investigación en los que se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.

Los familiares y víctimas exigen verdad y justicia por sus muertxs. Hasta ahora, no han encontrado vías donde poder denunciar sin ser perseguidos en su propio país. La única manera fue recurrir a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.

La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos, el CELS y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019).

La judicialización de la política es una realidad, pero ¿quiénes instrumentaron en nuestra región la mayoría de las causas contra dirigentes políticos? Si primero saturan la justicia con causas infundadas, y luego la cancelan como herramienta legítima planteando que todo reclamo es un lawfare, ¿cuáles son los mecanismos para investigar?

El pedido de verdad y justicia en Bolivia significa pasar a la ofensiva con estas nuevas reglas del juego. Significa defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de su pueblo. Quiere decir también exigir debido proceso a la justicia boliviana. Como diría el propio Evo “busca sentar precedentes a nivel internacional, para defender la democracia, no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina.” Existe un peligro mayor al supuesto riesgo de un Lawfare de izquierda. El verdadero peligro es negarle a un pueblo los mecanismos y el derecho de exigir justicia.

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Por Luis Hessel

Faltando tan sólo un mes para las elecciones Jeanine Áñez la candidata a la presidencia por la “Alianza Juntos” anunció su renuncia a través de un spot en el que declaró que; “hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, no es un sacrificio es un honor, porque lo hago ante el riesgo que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganado la elección”. También advirtió al electorado y al resto de las fuerzas políticas del país que si no se unían volvía “la dictadura” en alusión al gobierno de Evo Morales.

Tras reiteradas suspensiones las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en Bolivia el día 18 de octubre en un contexto marcado por una grave crisis social, política, económica y sanitaria provocada por el gobierno de facto que asaltó el poder tras el golpe del pasado mes de noviembre.

Los números en la carrera electoral no son buenos para la derecha boliviana. Las ultimas encuestas le otorgan a Luis Arce el candidato del MAS una intención de votos que supera el 40% del padrón electoral seguido por Carlos Mesa con 26% en tercer lugar Luis Camacho con un 14,4% y en cuarto lugar Jeanine Áñez con apenas un 10,6%.

El expresidente elegido por las mayorías, Evo Morales, comunicó en su cuenta de Twitter aque la renuncia de la autoproclamada Áñez a su candidatura no es ingenua. Garantizar que su impunidad luego casi un año dónde posibilitó cientos de hechos corrupción durante la pandemia, violencias y persecusiones y las masacres en Senkata y Sacaba. “Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad”, aseguró en su publicación.

Ante la noticia el histórico dirigente aymara Felipe Quispe declaró que “la renuncia de Áñez es un pacto con (Carlos) Mesa que prometió no juzgar a nadie a cambio de ministerios” y denunció que el único lugar en que deberían estar Áñez y sus ministros es en la prisión de Chonchocoro por los actos de corrupción y el pésimo manejo de la situación sanitaria del país durante la pandemia.

Por su parte en comunicación con Radio Kawsachun Coca de Cochabamba, Evo Morales afirmó que la renuncia de Áñez a su candidatura fue por “instrucciones de los Estados Unidos” quienes promueven la candidatura del ex-presidente Carlos Mesa y llamó a la unidad de todos los bolivianos y las bolivianas para vencer a la dictadura en las próximas elecciones.

Luis Alberto Arce Catacora es economista y profesor universitario, fue el flamante ministro de economía de Evo Morales y arquitecto del “modelo social y económico” que provocó el inédito crecimiento del país durante la gestión del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Será acompañado en la formula por el dirigente sindical aymara David Choquehuanca quien fue parte del Área de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales y secretario general del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). A pesar del importante apoyo popular a la lista del MAS no se descarta que el resultado final deba definirse en segunda vuelta frente a Carlos Mesa.

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Por Laura Salomé Canteros | Iliustración: Voces Feministas Mx

Era jueves al mediodía y desde una página de Facebook llamada “Ojitos Preciosos 2.0”, atribuida a operadores de la derecha antidemocrática de Bolivia, se publicaba: “A más de 3 mil personas pasé el video de Eva Copa”, y se difundía el link a un grupo de Telegram que superaba lxs 5 mil integrantes, definido por sus administradores como la “página donde está la zorra de los masistas, Eva Copa”. Un antro digital donde se alojó un video sexual que violentó a al menos dos mujeres: una, anónima, avasallando su derecho a la intimidad; y otra, pública, ejerciendo violencia política.

“Con un video falso pretendieron manchar mi honor y dignidad personal”… “Exigo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con él o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales”… “Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”. De esta forma, Eva Copa (MAS), presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado, trabajadora social, oriunda de El Alto y de 33 años, denunciaba la operación política.

En las redes de Eva Copa se entrelazan los relatos de una época de terror para el país hermano que comenzó con el Golpe de Estado en noviembre del año pasado: efemérides, despedidas a asambleístas y compañerxs que fallecieron por COVID-19, solidaridad con las y los apresados ilegalmente, acción en la Asamblea y violencia política hacia mujeres que representan al pueblo.

Según la Ley Modelo Interamericana, la violencia política es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Específicamente, para la normativa boliviana, el repudio a la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, está incluido dentro de la Ley 348, de protección integral de sus derechos.

Por eso, la publicación y difusión, sin consentimiento, de un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva y su utilización para la extorsión de una política que es atacada a diario por la derecha fundamentalista que gobierna -y los medios a su servicio-, nos recuerdan que en Bolivia está vigente el machismo y se practica el colonialismo y la suspensión de derechos fundamentales.

Era viernes a la noche, cuando desde la página de Facebook del programa de TV “Detrás de la verdad”, se difundía otro video. Esta vez, una entrevista con la otra protagonista involuntaria de esta historia. Una mujer humilde que afirmaba “ser la del video”, vulnerada por su ex pareja y revictimizada simbólica y mediáticamente por el presentador con preguntas que nada aportaban. La subjetividad de una joven expuesta para la “polémica” y la burla patriarcal en lxs más de 2 mil usuarixs que comentaron la entrevista y lxs más de 3 mil que la compartieron en sus perfiles.

“Están arruinando mi vida entera, tengo mucho miedo”, afirmó la joven, “el video es de hace cuatro años, una relación se respeta aunque se termine. No tienen derecho, porqué discriminar a una mujer”… “Saquen los videos, que no se compartan más”, pidió bajo lágrimas que denotaban la verguenza ante la impunidad de los machos organizados para el espectáculo de la TV, las redes sociales, el desgobierno y la extorsión política. Con imágenes que revictimizaron a una mujer del pueblo y que pretendieron disciplinar políticamente a la presidenta de la Asamblea Legislativa.

La difusión de este video sexual sin consentimiento de su protagonista y su utilización contra la presidenta del Senado, fue condenada por la Defensoría del Pueblo por ser acciones que “afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”; exhortando al Ministerio Público, “a iniciar acciones de investigación correspondientes, promoviendo la garantía de los derechos”. Una advertencia no menor, ya que la vigilancia en redes sociales por parte del Estado -un atentado contra la libertad de expresión-, opera como una herramienta para la autocensura, el disciplinamiento y la persecución política en la Bolivia post Golpe de Estado.

Prevenir, atender y erradicar la violencia en política es fundamental, ya que es un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres e identidades feminizadas -porque dificulta el acceso, la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de puestos de representación y toma de decisión-; y es un mecanismo que refuerza roles tradicionales de género, atentando además contra la pluralidad de voces, la diversidad de propuestas y la calidad de las democracias.

Quien fuera revictimizada y expuesta por un programa de TV en esta historia, recibió además el hostigamiento de comentarios de violencia machista en las redes sociales, emitidos por usuarixs, como manifestaciones de los dispositivos de poder vinculados al género, que regulan y producen la subordinación a mujeres y disidencias, a favor de la normatividad heterosexista y cisgénero.

La violencia política se envidencia en comportamientos dirigidos con el propósito de desalentar la participación de las mujeres en la política, presionando para que renuncien a sus candidaturas o a un cargo político en particular. Dentro de una campaña, esto incluye acciones contra candidatas, activistas y votantes de un determinado partido o frente electoral. Eva Copa es, actualmente, una de las principales opositoras al gobierno de facto en Bolivia y representa al pueblo como autoridad, formando parte de un espacio político de mayorías indígena y campesina, obrera y comerciante. No casualmente los sectores que se enfrentarán desde hoy, mediante huelgas y bloqueos en las calles, a quienes pretenden gobernar por la fuerza, sin legitimidad ni elecciones.

Recuerda chequear y difundir el Kit de cuidados digitales de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe:

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Por Gerardo Szalkowicz (*)

El Día D es el 6 de septiembre. Por ahora. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha apuesta otra vez a patear el tablero con un nuevo aplazamiento y/o la proscripción. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.

Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras.

De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro.

Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama en Bolivia no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.

Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a pedir auxilio a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.

Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.

Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?

Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.

De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.

(*) Editor de NODAL.

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La defensora del pueblo, Nadia Cruz, se dirigió a las autoridades judiciales para pedir la liberación de la abogada ante la evidencia de una detención preventiva excesiva, una aprehensión ilegal y persecución política. Mientras, en redes sociales se sostiene la campaña #LibertadParaPatricia.

Ayer por la tarde, Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, emitió declaraciones en las que pidió a las autoridades judiciales “proceder a la liberación de Patricia Hermosa” y a la revisión de su causa y al gobierno de facto a que “se asuman acciones” contra aquellas autoridades que emitieron declaraciones que promovieron su estigmatización, en claro ejercicio de violencia simbólica.

Abogada y ex funcionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, Patricia Hermosa Gutiérrez, padece el encierro sin condena y las violencias que causa desde el 31 de enero en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz. Se encuentra privada de su libertad y del acceso a la defensa y la salud, acusada de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Apoderada de Evo Morales, padece la persecución político- judicial por parte del Estado y la discriminación étnica e ideológica.

“Los cuestionamientos a la independencia judicial en nuestro país todavía siguen latentes”, afirmó Nadia Cruz, invocando no obstante, al órgano judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura a proceder a la revisión de la causa de Patricia Hermosa y que, en el respeto de sus garantías del debido proceso, “se genere la liberación” y “se proceda a una auditoría jurídica para evaluar si se ha aplicado un juzgamiento con perspectiva de género y respetado la presunción de inocencia”.

En relación al gobierno de facto, la defensora afirmó que las declaraciones emitidas por integrantes del gabinete de Añez “encubre el machismo y la misoginia en nuestro país”. Se refirió a la manifestación del viceministro, Israel Alanoca, quien dijo que se instruyó realizar una investigación rigurosa sobre los viajes presidenciales que Evo Morales realizó y en los que partició Patricia Hermosa mientras cumplía sus deberes de funcionaria pública. “Es evidente que se ejerce violencia psicológica contra esta mujer desde el momento de su detención, generando procesos de difamación, humillación que han dañado su honra, su nombre y su dignidad”, agregó.

En su mensaje, difundido a través de un video publicado en los perfiles de la Defensoría, Nadia Cruz le habló a la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, y (le) dijo: “usted ha dictado el 2020 como de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, que usted encabeza el gabinete de lucha y no resulta coherente que sea permisible con ese tipo de tratamiento hacia la mujer, con ese tipo de violencia contra las mujeres desde su gabinete”.

Por la tarde, cuatro diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Sonia Brito, Andrea Bonilla, Muruel Cruz y Nely Lenz, intentaron visitar a Patricia Hermosa en la cárcel, acción que fue denegada. “¿Qué esconde el gobierno que no dejó que verifiquemos el estado en le que se encuentra Patricia?”, afirmó Brito en sus redes sociales.

“Queremos denunciar que no nos han permitido ver a Patricia Hermosa”, declaró Brito, “hemos venido a ver su estado de salud pero vemos una intención del gobierno de no permitirlo”. La asambleísta aseguró que realizarán una petición de informe y una queja “porque somos autoridades elegidas”. Para Brito, la negación de la fiscalización de las condiciones de detención de Patricia Hermosa “es una barbaridad” ya que el órgano legislativo es el de mayor autoridad del Estado. Desde el centro penal, la primera excusa fue no dejarlas pasar para evitar el contagio de COVID-19. La Comisión anunció, mediante una nota de prensa, que volverá al recinto penitenciario y si le vuelven a negar el ingreso, pedirá la destitución de la gobernadora de la cárcel de Obrajes.

Durante el día, diferentes espacios cercanos al Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron una campaña en redes sociales con la etiqueta #LibertadParaPatricia exigiendo su liberación: “Patricia está privada de libertad hace cuatro meses. Está acusada sin pruebas de uno de los delitos más graves contra el Estado. Le niegan su derecho a la salud y a la justa defensa. Es presa política de un régimen que castiga a las mujeres del pueblo”, afirmaron desde Warmis del MAS. “La persecución judicial y política contra Patricia Hermosa no cesa. La sexta acción legal por su libertad ha sido denegada pese a las recomendaciones de @ONU y Relatoría Especial para Independencia de Magistrados y Abogados”, agregaron.

La campaña fue sostenida diputadas, alcaldesas, candidatas y ex funcionarias de Estado, integrantes del MAS, y algunas ciudadanas que se expresaron por la libertad de la abogada en redes sociales. Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue clara y afirmó desde su Twitter: “invito al país a unirnos en una sola voz, #LibertadParaPatricia”. La demanda seguramente llegará a los organismos internacionales encargados.

Leé su historia en la entrevista exclusiva que realizamos con Patricia Hermosa en marzo:

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Por Redacción Marcha |

Un nuevo estudio realizado por investigadores independientes de los EEUU, que utilizó datos obtenidos por The New York Times del Órgano Electoral Plurinacional, descubrió que el análisis estadístico sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) era defectuoso. El estudio resalta que no hay evidencia estadística de fraude, que se utilizó un conjunto de datos incorrectos y un método estadístico inapropiado.

“Una mirada cercana a los datos electorales bolivianos sugiere que un análisis inicial de la OEA que planteó cuestiones de manipulación de votos, y ayudó a expulsar a un presidente, fue defectuoso”, inicia el informe que realizaron desde el periódico estadounidense. Según el NY Times, la conclusión de que el voto en favor de Evo Morales saltó inexplicablemente al final de la elección, se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

El 23 de octubre de 2019, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”. Este acto fue tomado por la derecha política, la élite empresarial boliviana y los grupos fundamentalistas para apresurar el Golpe de Estado, que ya estaba encaminado. El objetivo era claro: en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre, se refirió al respecto. Sin embargo, el incremento de la brecha de votos en favor de Evo Morales en el tramo final del conteo, se debió a las características sociopolíticas, geográficas y a las dinámicas de comportamiento del electorado boliviano.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y encontramos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”. Los autores de esta nueva investigación -que se suma a varias-, señalaron que no pudieron replicar los hallazgos utilizando las mismas técnicas. Esto sugiere que la organización de Estados americanos utilizó un conjunto de datos incorrectos para llegar a su conclusión, dijeron los investigadores. Por su parte quienes participaron del análisis de la OEA, defendieron su trabajo, pero no lo apoyaron con datos.

De esta forma, la OEA, convalidó, en el siglo XXI, la instalación de una dictadura, siendo reponsable de las masacres contra quienes la resisten, la persecución político- ideológica, el encarcelamiento, el exilio y las proscripciones de hecho de las herramientas políticas que benefician a los pueblos. La OEA es el fraude. Y el delito, quitarle la soberanía y la libre determinación al pueblo boliviano.

Leé todas las notas sobre Bolivia en:

https://www.marcha.org.ar/tag/golpedeestadoenbolivia/

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Por Claudia Espinoza* / Foto: Camila Parodi

Lo vimos en las redes sociales. El video muestra a un policía en plena agresión sexual a una mujer en El Alto: el delito in fragantti. Nos gustaría saber qué sanción recibió el uniformado de la llamada Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Las redes mostraron las imágenes desde varios ángulos. El hecho se produjo en Senkata, tras el desbloqueo de las vías y el arresto de unas 60 personas. La redada policial terminó cuando subieron a las y los detenidos a las camionetas, y ahí fue cuando ocurrió el abuso sexual.

Acto seguido, la mujer sentada y abrumada por periodistas que le cuestionaban “por qué había vulnerado la cuarentena”, se lanzó a llorar y relatar que con tres hijos para alimentar, no recibió ninguna ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica. Entre lágrimas, se la escucha: “No recibí ningún bono y hoy salí porque era mi día de salir, fui a comprar algunas verduras”.

Los mensajes de indignación en las redes sociales no se dejaron esperar; mientras que las autoridades transitorias no reaccionaron sobre el caso. No ameritó una conferencia de prensa, un comunicado, ni un tuit ministerial o presidencial. El silencio estatal expresa una posición frente a la violencia. Envía un mensaje a la sociedad. Significa que la violencia contra esa mujer alteña, madre, indígena y trabajadora, está permitida. Encarna el carácter colonial y patriarcal del poder dominante.

Para esa mujer, y para muchísimas más, no fue suficiente enfrentarlas a la violencia represiva de los últimos seis meses. Vino la crisis sanitaria y la mayoría de ellas tuvo que adaptarse, sobre la marcha, al encierro, al contagio, al desempleo, al hambre y al desamparo de un futuro incierto. Están obligadas a obedecer decretos no consensuados socialmente, arbitrarios, incomprensibles y no comunicados. Se vulneran derechos y se ejerce la disciplinarización de los cuerpos a una “nueva” normalización de la violencia en varias versiones. La pandemia también sirve para eso: abuso e impunidad. El video que circuló en redes comunica la semiótica de ese poder que usa la fuerza bruta, viste uniforme y no recibe castigo.

En ese escenario, la alteña de pollera, víctima de toques sexuales (según la Ley 348) al igual que otras mujeres, en situaciones similares, se encuentran en la indefensión absoluta. En síntesis, se sufre la triple violencia: la falta de atención en la crisis sanitaria y económica, la agresión sexual y la detención. Nadie a quien quejarse, ni dónde exigir justicia. Porque si alguien se pronuncia, ¡zas!, le cae el ciberpatrullaje. Así, Bolivia cierra el primer semestre de un callejón oscuro en su historia.

*originalmente publicado en La Razón

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome

“Nos ha sacado con armas de fuego”. “Han querido romper las puertas”. “Llegaron con 8 movilidades que supuestamente eran de la policía”. “Invadieron mi domicilio privado”. “Nos sacaron y nadie sabe por qué delito nos han traído”. Con estas palabras, Patricia Arce, mujer política, alcaldesa de Vinto, denunció en un medio local su detención arbitraria. “Indican que estaba atentando contra la salud”, agregó desde su celda, “es un abuso contra mi persona y toda mi familia. Si es delito hacer buen trabajo para la población, no tengo miedo”.

Por la noche y de forma ilegal, un grupo armado de la policía boliviana ingresó al domicilio particular de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y se la llevó detenida. Sin acusación judicial ni orden de allanamiento, fue secuestrada a las 23 del martes 21 de abril, mientras miraba la TV en su habitación, junto a sus hijos. En Bolivia, el golpismo avanza -con los recursos del Estado y el monopolio del uso de la violencia- en la criminalización de la soberanía política del pueblo. Va contra las mujeres y en los territorios de mayor resistencia, en este caso, Cochabamba.

Patricia Arce es la alcaldesa electa de Vinto, en Quillacollo. Un municipio de aproximadamente 50 mil habitantes y 200 km de superficie. Arce fue candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS), y en noviembre pasado, tras el levantamiento de policías y militares que concluyó en Golpe de Estado y suspensión de los derechos y las garantías constitucionales, fue tomada de rehén por varones armados, que formaron en varias ciudades grupos machofascistas y paramilitares, que la golpearon y humillaron, echándole pintura, cortándole el pelo y exponiéndola luego.

Sin embargo, tras ser violentada, Arce retomó las tareas en la alcaldía y en las útimas semanas estuvo entregando canastas solidarias a quienes más lo necesitan en el contexto de una cuarentena por el COVID19 que llega acompañada del hambre para el pueblo y la represión de un gobierno autoproclamado. Además, Arce se encontraba defendiendo a la comisión municipal de Villa Tunari, aprehendida hace unos días y entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa.

Encarcelar a las mujeres. Criminalizar la solidaridad

La dictadura patriarcal persigue la autonomía de los cuerpos- territorios de las mujeres. Según el comunicado que redactaron varias organizaciones feministas de Bolivia, “este gobierno transitorio lucha contra el pueblo”; y es “incapaz de hacer una gestión pública medianamente eficiente, persigue y encarcela liderazgos que sí resuelven la escasez, la incertidumbre, la falta de información”. “Este gobierno transitorio, en cambio, reprime a las organizaciones que llevan solidaridad a las ciudades y pueblos más vulnerables al hambre”, agregaron. En Cochabamba, son las organizaciones sociales las que iniciaron el reparto de alimentos ante esta ineficiencia.

Durante 2018, el municipio de Vinto tuvo la mejor ejecución presupuestaria del país y el año pasado estuvo entre los mejores, a pesar de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas sobre Patricia Arce a manos de los golpistas. “La presidente transitoria, Jeanine Añez, nos demuestra una vez más que utiliza la pandemia para allanar su camino y el de su clan hacia el prorroguismo en el poder”, dicen desde las organizaciones entre las que se encuentra el Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Y además de la liberación de Arce, afirman: “exigimos Elecciones Nacionales, para salvar nuestras vidas de la enfermedad y para salvar a Bolivia de la dictadura”.

Por su parte, desde un espacio de mujeres del MAS, exigieron la libertad de Patricia Arce y además demandaron “que se respeten sus derechos como mujer y como autoridad de un cargo público”. Mencionaron las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2019, que obliga al Estado a que adoptar las medidas necesarias “para proteger los derechos a la vida e integridad personal de María Patricia Arce Guzmán, y sus hijos”…, “e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar así su repetición”. A cuatro meses, los responsables intelectuales y materiales de sus agresiones siguen libres y Patricia está presa.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros @_parodicamila @laurasalome / Foto: Camila Parodi (marcha 8M 2020)

En Bolivia, la persecución a las mujeres es sistemática desde noviembre pasado, pero recrudeció en las últimas semanas al ritmo de las restricciones de movimiento por la cuarentena obligatoria que el gobierno autoproclamado impuso en todo el territorio. Sonia Brito, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) está siendo acusada falsamente por el delito de malversación de fondos públicos. Sin causa judicial y a través del tuit de un operador político de la derecha, se le atribuye vinculación con una empresa cuya titular tiene su mismo apellido y que radica en Panamá.

Además, Teresa Zubieta, Defensora del Pueblo de La Paz, una histórica luchadora junto a Domitila Chúngara y otras mujeres mineras, denunció que su hija es víctima de una causa armada y se encuentra detenida sin acceso a la justicia en la cárcel de Obrajes. “Mi hija es inocente”, sostuvo, a través de un video en redes sociales. “Se están cometiendo vulneraciones como la difusión pública de una imputación y una detención preventiva sin fundamentación”, afirmó Zubieta. “Pido como madre, amiga y compañera de Gabriela que se realice la investigación con respeto a sus derechos”.

El director general de migraciones, Marcel Rivas, fue la cara visible del fascismo para llevar adelante una acusación mediática contra Andrea Martínez, una ciudadana activa en redes, acusándola de “atentar contra la salud pública” por denunciar la violación a los derechos de los cuidadanos y las ciudadanas varadas en la frontera con Chile que no pueden ingresar a su país. El odio a las mujeres y el racismo son hoy políticas del Estado en manos de un gobierno criminal: el consul en Antofagasta, Marcelo Arias de la Vega, fue quien emitió un instructivo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que prohibía al personal vestir polleras o ponchos.

Al respecto, dos mujeres siguen detenidas en Riberalta, Beni, departamento del que es originaria la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez. Ellas fueron de las primeras que rompieron la cuarentena para realizar el 31 de marzo una protesta por la vida, exigiendo alimentos y políticas públicas para combatir la verdadera epidemia: el hambre. Fueron acusadas, junto a otras tres personas, por los delitos de “sedición”, “apología del delito” y “atentado a la salud”. Quien acusó fue las Fuerzas Armadas y quien obedeció el Poder Judicial; entre ambos disciplinaron de forma exprés: una de las personas fue sometida a un proceso abreviado y ya cumple condena.

Durante el fin de semana se concretó además la detención de la comisión municipal de Villa Tunari, en el Chapare, Cochabamba. Son tres personas entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa. Se le imputa el delito de “incumplimiento de funciones” tras la excusa de haberles detenido por romper la cuarentena por el COVID19. Mientras, siguen pasando los días en que las presas políticas siguen sin derecho a la libertad, salud y defensa: María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral; Elena Flores, dirigente sindical de cocaleras/os en los Yungas y Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales siguen encerradas sin condena en Obrajes.

Resistencia comunitaria y con memoria

“La cuarentena con hambre no es posible”, dice Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. “Somos las mujeres las que tenemos que dar de comer a las guaguas en un mundo patriarcal”, agregó, en reflexión. “Hay dos cuestiones; una, que el virus no afecte nuestra memoria y olvidar que aquí hay un Golpe de Estado”, dijo “están impunes las masacres contra nuestras hermanos y hermanos y quienes están gobernando son responsables de esas muertes y de la cantidad de presas y presos políticos que han sido torturados y que aún están en las cárceles”. Por eso, agregó: “una forma de resistencia en esta cuarentena obligada es no perder la memoria”.

“La otra es reconocer que estas políticas del miedo intentan paralizarnos”, agregó, “es como si el Golpe de Bolivia se hubiera transformado en un golpe mundial”… “es un cerco mediático mundial, de lo único que se habla es del virus”. Sin embargo, propuso: “las luchas no entran en cuarentena, la resistencia tiene que seguir y hay que organizar la salida. Es imposible quedarse en cuanrenta cuando hay hambre o violencia para las mujeres; entonces, ya sea por salvar la vida o por buscar comida, en Bolivia para salvarnos de la pandemia, hay que sacar al Golpe, no hay otra forma”.

Fabiola Gamarra es médica e integrante del Movimiento Insurgente y reflexionó sobre el rol del gobierno autoproclamado durante la pandemia. Para ella, “el apararato burocrático administrativo del sistema de salud, en este momento, sirve como radiografía para evaluar y decir que la descentralización que se aplica, está apartado de la realidad y no responde a las necesidades de su pueblo”. Para Fabiola, “las medidas que se están tomando por la cuarentena son decisiones políticas”, el problema es que es con un Ministerio de Salud “sin gobernabilidad ni gobernanza”

“Este gobierno golpista no comprende la complejidad del sistema de salud”, afirmó “los equipos estamos en alerta, el gobierno está abstraído de la realidad”. Fabiola afirmó que el personal no tiene la capacidad para darle frente a esto y denunció: “se maneja la premisa de que es mejor invertir en indemnizaciones por la muerte del personal a invertir en equipos de bioseguridad”… “Se plantea una idea romántica de que los médicos y las médicas debemos luchar, trabajar por vocación, sin el equipo necesario”… “Creen que estamos en una guerra, que el virus es el enemigo y que somos soldados. Eso está llevando a naturalizar el número de fallecidos dentro de los equipos de salud”. Y finalizó, “como médica y boliviana me siento frustrada e impotente”.

Claudia Peña es analista política y escritora y relató las muestras de solidaridad comunitarias que surgen ante la represión y el control como medida de Estado. “Van cobrando cada vez más importancia a nivel de la sociedad civil y a nivel local”, relató, “se están viendo iniciativas interesantes entre organizaciones sociales y destaca la actitud que han asumido los cocaleros del Chapare enviando camiones de fruta a municipios y ciudades. Han llegado a Senkata, en El Alto, como a 500 km”, contó.

“Los gobiernos municipales están destacando”, dijo Claudia “están financiando programas para adquirir alimentos a productores locales y luego entregarlos a la población. Eso hace que siga el comercio interno movilizado” y “va en contra de esta tendencia a individualizar el problema a través del ´quedate en casa´, que es necesario y urgente, pero que hace que perdamos la mirada comunitaria de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo”. Y reflexionó “estos movimientos de solidaridad tienen también un sentido político, de la solidaridad del pueblo, de reestablecer los circuitos comutarios, y en ese sentido son muy importantes”.

Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Se transforman en mandatos ancestrales que reclaman derechos. Y memoria.

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