Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

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Por Carla Perelló, desde Rio de Janeiro.

“La bipolaridad nos está matando”, sostuvo en entrevista con Marcha Noticias la académica coordinadora del think tank BRICS Policy Centre, María Elena Rodríguez. En medio de la fuerte crisis geopolítica sistémica que atraviesa el mundo, Fernández analizó el rechazo del gobierno de Argentina a cargo del ultraderechista Javier Milei y su impacto en América Latina. En esa línea, la académica destacó que las propuestas que traen los países que conforman el bloque de los BRICS -que por primera vez se reunió en su versión ampliada durante una semana en Rio de Janeiro para finalizar con la XVII Cumbre de mandatarios- buscan modificar la gobernanza global construida después de la Segunda Guerra Mundial, así generar condiciones de mayor equidad para el crecimiento de los países desde una perspectiva sustentable.

Fernández es profesora de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, doctora en Sociología por el IESP-UERJ, es abogada por la Universidad de Antioquia y tiene una larga trayectoria en trabajos en Colombia y Brasil en temas como derechos sociales, humanos, constitucionales, acceso a la justicia y activismo judicial, entre otros.

En esta entrevista con Marcha Noticias, hizo un recorrido sobre los términos en los que se da la disputa global en donde el bloque de los BRICS se coloca como contrapeso del G20 y del G7, en donde se reúnen los países más poderosos del planeta, y como una alternativa a la iniciativa de los Estados Unidos de Donald Trump, que intenta instalar un sistema unilateral hegemónico echando por tierra la arquitectura global construida después de la Segunda Guerra Mundial. 

Los BRICS nacieron en 2009 formalmente y, desde el año pasado, aumentaron en cantidad de miembros permanentes y de socios consolidando un bloque que reúne el 39% del PBI del mundo y la mitad de la población mundial. Los socios permanentes son: Brasil, Rusia, India, China, África do Sul, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emirados Árabes Unidos e Indonesia. Mientras que sus socios son: Bielarusia, Bolivia, Kazajstán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbequistán.

– ¿Cómo definiría al bloque BRICS y cuál es la importancia de la participación de América Latina en este bloque? 

Creo que en las últimas discusiones de BRICS el concepto de Sur Global quedó bien fuerte y más en este contexto internacional que estamos viviendo hoy. O sea, queriéndolo o no, la posición de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump trae de alguna manera el fortalecimiento de los BRICS al amenazarlos con la imposición de tarifas a quienes tengan “políticas antiestadounidenses”. Mismo que no quiera, provocó que los países del Sur Global se sientan más fuertes, con un posicionamiento más cohesionado y más consolidado. En ese sentido, pienso que la participación de América Latina es fundamental, porque nosotros estamos en una posición bien estratégica teniendo a Estados Unidos aquí de ladito al tiempo que vuelven a traer esa idea de recuperar su “patio trasero”, como se ha dicho desde que Trump asumió. Entonces, una posición consolidada, integrada de la región es fundamental para pensar no simplemente en cuestiones geopolíticas, sino también en cuestiones económicas para enfrentar las desigualdades que estamos viviendo o para pensar los modelos de desarrollo. 

Argentina es uno de los países justamente que iba a entrar al bloque, incluso fue una apuesta del mismo Lula, pero el gobierno de Javier Milei decidió desistir del ingreso. ¿Por qué es importante para los BRICS la participación de Argentina y para Argentina estar en los BRICS? 

Bueno, Brasil no quería estar solo. Si vemos todos los continentes, ninguno está solo. (Participar del bloque) daría mucha más fuerza para la posición de América Latina. Brasil ya es un gigante por sí mismo y creo que tiene que tener mucho cuidado de no ser el representante de América Latina, no es la voz de América Latina, porque hay muchas diversidades en la región. Entonces, esa idea de conformar los BRICS con otros socios era un poco eso, mostrar que hay diferentes voces de América Latina más o menos articuladas en un propósito más global. Lamentablemente no pasó. Me parece que es un déficit para Argentina, es una falla para el país porque tiene muchas posibilidades de cooperación y muchas posibilidades de intercambio y BRICS sólo tiende a crecer. Ahí, me atrevo a decir que Milei tiene una lectura equivocada, porque no es un bloque antioccidental. Nadie está contra Estados Unidos. No se quiere ser contrario a Estados Unidos. Los BRICS mostraron una maduración, que está mostrando su posicionamiento, que no es una contraposición a algo, sino que traen un modelo propio para construir. No es un bloque occidental, no es confrontacional. Esas lecturas geopolíticas como la de Milei, con la crisis de las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial, nos colocan a veces en la misma discusión de la Guerra Fría y creo que esa bipolaridad nos está matando. La misma actitud de Trump de amenazar con la imposición del 10% de las tarifas, es decir eso mismo: están allá o están aquí y yo creo que el mundo es más que eso. Esa bipolaridad supuestamente acabó en 1989, pero todavía nos empujan un poco hacia ese lado. El mundo es multipolar y el mundo es multilateral. Esa lectura hace daño y creo que fue la que tuvo Milei, que hizo perder una oportunidad de mayor integración.

Dijo que Brasil no quiere estar solo, da la sensación de que ese escollo fue sorteado con la institucionalización del Consejo Civil y Popular, en donde participaron representantes de países que no están en el bloque, como Colombia (recientemente integrada al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) y Venezuela (vetada por Brasil el año pasado luego de las elecciones, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países). En el Consejo, incluso, hubo un pedido y un reclamo por parte de las organizaciones por Venezuela. 

Eso tiene un contexto político que es importante. También participé del Foro Civil y Popular, que nació en Rusia, no fue una iniciativa de Brasil. Fueron tres organizaciones que obviamente tienen una determinada tendencia ideológica y por eso traen esa reivindicación. Pero me parece importante contar con un espacio así, de hecho, ya era una reivindicación desde 2012 y, en 2014, cuando se hizo aquí el primer BRICS. Fue una discusión enorme y las organizaciones habían hecho propuestas para el Gobierno brasileño. Ese empujón de Rusia fue interesante. De todas maneras, es una participación muy mediada y muy indirecta. Tal vez lo más interesante, es efectivamente que algunos países realmente entren. Aquí están de invitados, está Chile, Colombia, Uruguay, México y sé que Brasil hizo tratativas para que Chile presentara una solicitud para ingresar, Colombia también. En ese momento tal vez las cuestiones políticas internas no estaban mucho para eso, pero creo que es una es una bandera de Brasil que se amplíe y que los países latinoamericanos efectivamente hagan parte. No solamente como socios, como Bolivia y Cuba, sino como miembros permanentes.

Además, en paralelo, se realizaron el Foro Económico y el de las Mujeres, en donde también participaron instituciones y líderes que no necesariamente hacen parte del bloque. Pareciera que hay una intención ahí de que exista participación más allá de los gobiernos.

Y es que una cosa son los gobiernos y, otra, las sociedades, las personas, que también hacen a las instituciones de alguna forma, que presionan y que hacen recomendaciones y que participan. Una de las cosas que discutimos siempre es que los BRICS no son los gobiernos. Lo que necesitamos en los BRICS es articulación, participación y cooperación de todos, de los ciudadanos, de las poblaciones. Detrás de ello, hay mucho trabajo porque nuestra articulación. Por ejemplo, yo coordinó el BRICS Policy Center y ahí el intercambio que tenemos con todos los países es inmenso. Antes no existía algo así con Etiopía, con Egipto, obviamente es más desde el punto de vista académico y de una forma bastante periférica, pero desde el punto de vista de las organizaciones, de los movimientos, de las personas encontrándose, eso es importante. Eso es lo que dá una verdadera integración, no simplemente las decisiones de los presidentes y de los ejecutivos. Eso que nos va a dar de verdad carne en ese proceso de integración.

Se refirió a una posición estratégica de la región respecto a Estados Unidos, pero China también aparece en la disputa y es parte de los BRICS, ¿cómo debemos entender esa participación? 

En ese sentido es que tenemos un desafío enorme con los BRICS porque la centralidad de China es bastante grande. Una de las cosas que siempre estoy diciendo es que no podemos salir de una dependencia para otra. Vos ves los países de BRICS y casi todos dependemos económicamente de China, es el primer socio comercial de casi todos los países. Los chinos dicen que es win-win, pero ese win-win a veces no es tan beneficioso para todos, sino que nos lleva a una reproducción de un modelo que ya vivimos hace mucho tiempo: somos productores de materias primas y China es nuestro socio tecnológico. A eso creo que hay que darle una vueltica. Lo que me llamó la atención de la última declaración de Lula (N de R: la que hizo en la apertura de la sesión de Ambiente, COP30 y salud global) fueron dos cosas: fue muy claro diciendo que no somos más países que vamos a sólo exportar recursos naturales, creo que eso es muy importante. Y, segundo, que la transferencia tecnológica va a ser fundamental. Esa es una agenda, al menos interna de Brasil, muy grande. Hay cuestiones estratégicas como minerales críticos y el litio, que tenemos los países del bloque, que van para China y eso es lo que tenemos que ir cambiando, la reproducción del modelo de la fuerza internacional de trabajo, de los que tienen recursos y los que tienen la tecnología y los que tienen la industria. Creo que es un objetivo fundamental. 

En ese discurso, Lula también se refirió a un nuevo paradigma de desarrollo como respuesta a la crisis sistémica global, ¿es posible ya empezar a visualizar algunas características de esa construcción que se está llevando adelante? 

Ese punto me pareció interesante porque hasta ahora no se había dicho tan claro. Sabemos que tenemos una crisis sistémica, una policrisis o el término que queramos usar, pero llegamos a un punto crítico. Y vuelvo a lo de Trump: quedó en evidencia que efectivamente ese modelo moldeado por ese norte global, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, no está funcionando y hay que tener cambios radicales. Las normas de ese modelo liberal, como se planteó, ya no dan cuenta. En esa línea, los BRICS fueron muy asertivos desde el comienzo en esa propuesta para la mayor participación en la gobernanza global, de proponer pensar un nuevo multilateralismo. Es imposible que países como India, Indonesia o Brasil no participen de las decisiones globales. Sobre todo, porque esos mecanismos se paralizaron y están paralizando el mundo. Quedamos en suspenso. La Organización Mundial del Comercio no funciona desde 2001, el Consejo de Seguridad es una tragedia y muchas otras organizaciones de Naciones Unidas no funcionan simplemente porque tienen el poder hegemónico de un “soberano” que decide que no está a favor de ellas y quiere cambiar las reglas de juego solito. Entonces, eso está mostrando realmente la crisis y, lo cierto, es que ya no era más tiempo de esperar y de sólo hacer discursos bonitos y una cosa simbólica. Ahora, un nuevo modelo hay que pensarlo, porque insisto: no podemos pasar de una hegemonía para otra, porque no es ese el tránsito que queremos y espero que ellos no lo estén pensando así. Me imagino que no. 

Lo que proponen parece una combinación con lo ya construido, porque plantean recuperar las instituciones que fueron creadas….

Exacto. Es un “vamos a recuperar, que renazca ese multilateralismo con unas nuevas bases”. Pero efectivamente hay que hacer muchos cambios también, porque la asimetría dentro de BRICS es fundamental. Eso hay que verlo. Hay que trabajarlo y no sé hasta qué punto también las hegemonías dentro de los BRICS están dispuestos a esos cambios, pero creo que es un proceso. Ahí creo que hay un acomodamiento, digamos, de lo que entendemos y de lo que puede ser BRICS, porque de alguna manera hay un fortalecimiento de ese grupo. Una cosa que me llamó la atención es que el consenso se dio a pesar de las heterogeneidades. Claro que no coincidimos en puntos muy críticos, pero al menos los puntos fundamentales llegamos a un consenso. 

Otro punto que se puede destacar del último discurso de Lula antes de la conferencia de prensa de cierre es que trajo los derechos humanos y se refirió a los derechos sexuales y reproductivos, esta última una agenda que no suele abordar…

Fue muy interesante y una sorpresa porque trajo una cosa que no es banal, que es derechos sexuales y reproductivos, que es una agenda muy cara para Brasil. Obviamente, tuvo consenso, porque eso fue discutido meses y meses y meses más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada país después. Pero traer ese tema de la igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, me pareció interesante e innovador.

Brasil sigue al frente de la presidencia hasta fin de año, el año que viene pasará a India, ¿qué podemos esperar a partir de lo visto y consensuado en esta Cumbre?

India tiene algunas agendas importantes, en algunas cosas son parecidas con Brasil, como el tema de la desigualdad y de salud. India es una potencia en salud, en vacunas, en genéricos y patentes y eso ha sido muy importante. Entonces, creo que esas agendas van a continuar. Lo que me parece que es un interrogante es geopolíticamente cómo va a ser. India también es equilibrado como Brasil, sólo que va un poco más para el otro lado porque tiene relaciones muy fuertes con Estados Unidos y Francia… hace parte de un grupo que se llama Quad (o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) en el que están Australia, Japón y Estados Unidos que se articulan para contener China en la región. Habrá que ver cómo se va a equilibrar en ese caso, porque la relación con China no es buena y (el primer ministro hindú, Narendra) Modi no es el más democrático que tengamos, pero no sé si esos consensos que salieron ahora pueden ser un norte para esa discusión. Por lo menos son un antecedente.

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Por Jenny Durán* | Foto: Cobertura Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+

Para analizar el concepto de confianza el sociólogo alemán Niklas Luhmann -referente indiscutido de la teoría de los sistemas-, describe que en las sociedades complejas la confianza es un estado presente con miras hacia el futuro. En sus palabras, la política como sistema, toma una problemática externa (económica, ambiental, etcétera) para traducir ese “ruido” dentro de su propio código y devolverlo como credibilidad o desconfianza al propio sistema, según la acción que de desarrolle, en tanto esa acción disminuya o no la certidumbre en el futuro.

Acontecimientos como el que comenzó a conocerse el viernes pasado y que tiene como protagonista al presidente del país, traen este concepto que para la política es clave en términos de gobernabilidad, orden o caos. Luhmann también afirma que no se puede confiar en el caos. Y claro que estos acontecimientos vienen demostrando que Argentina vive un momento de gran cuestionamiento social hacia. Y si de sistemas hablamos, traemos a estas líneas el binomio gobierno/oposición. Ésta última llegó a serlo por el alto grado de desconfianza que reflejaba. Entonces las mayorías prefirieron al distinto, a quien tras triunfos legislativos, bravuconadas en Davos, se intenta posicionar como referente de la derecha a nivel mundial y la imposición cotidiana de su propia agenda hace aparecer un cisne negro.

Tal como lo describe el trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, a partir de la publicación del presidente Javier Mil3i en la red social X que hace explotar el Criptogate. Un estudio realizado con la urgencia del caso, entre el 18 y 19 de febrero, contempla una muestra de 1.200 casos, a partir de un cuestionario estructurado mediante llamadas telefónicas y respuestas por mail. La consultora adelanta que aún es difícil dimensionar la crisis política desatada, pero los principales resultados del estudio nos dicen que el 87,9% de los encuestados escuchó sobre el tema y el 67% acuerda que se trata de la mayor crisis del gobierno.

El trabajo también muestra que el 83% de los encuestados refieren que Mil3i debería actuar como presidente y no como un influencer, siendo que el 56,4% está en desacuerdo con que actuó como ciudadano desde su cuenta personal, (la cual es una cuenta institucional, en tanto pertenece a un presidente de la Nación).

Los participantes afirman en un 59,9% que hubo estafa a los inversores que compraron $Libra, promocionada por Milei. El clivaje de género dio la nota sobre esta pregunta, un 62,6% de mujeres respondieron afirmativamente, los varones consultados un poco menos, el 56,7%. En todos los rangos etarios la mayoría coincide en que sí hubo estafa, entre el 54 y 60%, fue la variación.

Varios consultores opinaron que el abordaje sobre la crisis política desatada fue defectuosa. Volviendo a Luhmann, ninguna acción del gobierno se traduce en certidumbre. Lo cual, en términos de tiempo, la credibilidad sobre el gobierno puede ir disminuyendo. Además, las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el cobro de coimas resquebraja el binomio que conforma junto a su hermano. Y si de grupalidades hablamos, la santísima trinidad de la que Santiago Caputo es el otro vértice, también se resintió tras la entrevista con Viale.

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran un 54,3% cree que la hermana del presidente recibió coimas. Por otra parte, un 81,8% opina que el periodismo político de nuestro país es poco confiable.

Actualmente, conceptos como creer o confiar parecen resignificar solo en términos negativos cuando hablamos de instituciones. Aun así, un 41,5% cree que el denominado criptogate lo debería investigar el poder judicial y el 33.3% el Congreso de la Nación, mientras que la propuesta del propio Milei, de ser investigado por la oficina anticorrupción, que depende de él mismo, sólo obtuvo un 10,3% de acuerdo y un 10,2% cree que no debe ser investigado por nadie.

Los datos tomados al calor de la sucesión de hechos a cada minuto abren nuevas crisis. La reacción del gobierno que en un principio pensó que no iba a pasar nada porque “la gente común no entiende nada de las criptomonedas” o, que esto se solucionaba con una entrevista operada responde a su visión de mundo volátil, virtual, en que hay una hoja de ruta trazada en una app de cálculo. La realidad tangible nos deja jubilados gaseados, presos por protestar y una desconfianza que puede transformarse en amplio rechazo, lo que en el barrio llamamos “picada de boleto”.

Faltan ocho días para que el presidente inaugure las sesiones ordinarias del Congreso; un escenario montado para tomar la temperatura y ver si el gobierno sigue echando culpas ajenas o poniéndose como víctima al enunciar que desconocía los pormenores de la meme moneda, ambas tácticas erróneas que pueden explicar esta situación. Aun así, los elementos catalizadores que empujan al gobierno hacia la ruptura del contrato con los votantes están lejos de las instituciones. No solo porque no se vislumbran estrategias claras en la oposición legislativa, que rechazó la creación de una comisión investigadora en el Senado y los proyectos de juicio político no tienen cauce en una parte de la oposición para que prospere.

Lo que sí aparece claramente es la resistencia en la calle, habiendo conceptualizado a este gobierno como fascista, lo cual también ayuda a construir estrategias que nos permitan llegar a otras certezas que mejoren la situación cotidiana. Es cuestión de tiempo y acción política.

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Por Andhes (*) | Foto: Maira López

Sobre el DNU: ni necesidad ni urgencia 

Cuando hablamos de comunidades indígenas, las razones de necesidad y urgencia y el uso indiscriminado de DNUs nunca estuvo a favor de la ampliación de derechos. No es urgente ni necesario derogar una ley que, si bien lleva muchos años, tiene la finalidad de brindar cierta seguridad jurídica a las comunidades indígenas, quienes desde la instauración del Estado Nación son las que en realidad se encuentran en una constante inseguridad jurídica y lo vienen manifestando como tal. Partimos de una noción de sentido común donde derogar no resuelve los derechos de nadie, sino que evidencia la falta de mecanismos de gestión de esa conflictividad cuando ciertos derechos entran en tensión, complejidades que son propias de un estado federal e intercultural. 

Esta utilización del lenguaje de derechos no se corresponde con la construcción normativa armónica dentro de un sistema demócratico. Con esta derogación, se corre el riesgo de que esta conflictividad, típica de un Estado con diversas naciones y culturas, se aborde sin tener en cuenta la vulnerabilidad por la que atraviesan las comunidades indígenas,y desconoce la responsabilidad Estatal en relación a la posición de desigualdad en la que se encuentran frente a la propiedad privada y a los intereses que esta protege.

Sobre el derecho a la propiedad y los derechos absolutos 

Por otro lado, los derechos no son absolutos, por lo cual no es argumento razonable ni legítimo, en nombre de la propiedad privada, vulnerar otros derechos como el de la propiedad comunitaria y el derecho a la vida digna de los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien las condiciones para restringir derechos están en los considerando de la derogación, no queda claro cuáles son los criterios que se utilizan para respaldar unos derechos y abandonar otros. El decreto que deroga la única protección que tenían las comunidades indígenas hasta hoy, cuando establece su restricción en base a los criterios de legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad, contradice lo que en niveles normativos y jurisprudenciales se viene sosteniendo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Este decreto, de esta forma, tira por tierra toda la construcción normativa respaldada por acuerdos y compromisos internacionales que asumió el Estado y, a la vez, refuerza la discriminación y la vulneración histórica de derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 17 de la Constitución Nacional (referido a la protección de la propiedad privada), que menciona en los considerando el decreto, tiene que ser leído e interpretado de manera integral con los articulados de nuestra carta magna. Ese artículo se interpreta en relación al 75 inc. 22 por el cual nuestro Estado incorpora los tratados de derechos humanos y le otorga jerarquía constitucional y, en ese sentido la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), mediante la interpretación evolutiva de su art. 21, también referido a la propiedad privada, otorga la misma protección jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Por lo tanto, ambas tienen la misma protección constitucional.  

De hecho, la Corte IDH viene sosteniendo que la propiedad comunitaria indígena, es la que debe prevalecer en un conflicto de tensión de derechos, ya que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están basados en su relación especial con la tierra, territorios, bienes naturales y culturales, necesitan de ellos para su supervivencia como tal. Estas tierras son esenciales para su identidad cultural, su forma de vida y su subsistencia, por lo que tienen un valor que trasciende lo material. Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras. Reconocer y proteger sus derechos busca corregir estas injusticias históricas y garantizar un trato igualitario. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y establecen que estos derechos tienen un carácter colectivo que debe ser respetado. En el actual contexto de crisis climática, los territorios comunitarios suelen tener un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Al priorizar los derechos indígenas, no solo se protege su cultura, sino también los ecosistemas que benefician a toda la humanidad.

Atraer inversiones a costa de cualquier consenso “democrático” y “legítimo”

Entre los argumentos para la derogación, el gobierno pone foco en “atraer las inversiones necesarias”, y pondera el derecho de propiedad privada para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Como adelantamos más arriba, este derecho no puede ser considerado absoluto, más bien, debe coexistir y equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los principios de justicia social. En otro orden de ideas las metas económicas no deben ser argumento para desandar consensos legales necesarios para vivir en sociedad. 

Esto trasciende a la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, estamos frente a un debate democrático ya que en una sociedad plural, los derechos individuales, como la propiedad privada, deben ser armonizados con los derechos colectivos y sociales. En este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas tienen una base constitucional e internacional, lo que les otorga un nivel de prioridad en contextos específicos. Por otro lado, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una medida que beneficia al interés general. Las tierras indígenas suelen ser esenciales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible, lo que tiene repercusiones positivas para toda la sociedad.

Sobre bienes naturales 

Las comunidades indígenas vienen exigiendo la participación en la gestión y decisión en relación a los bienes naturales. En este sentido, existen mecanismos como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que tienen como fin establecer un diálogo democrático e intercultural entre las partes involucradas en acciones, medidas legislativas o administrativas, proyectos o programas que de alguna forma afecten a sus derechos. Los gobiernos locales deberían estar ocupados en establecer y poner en práctica medidas que tengan como objetivo cumplir con el mecanismo de la consulta libre, previa e informada de manera respetuosa a la hora de promover acciones destinadas a gestionar los recursos naturales. 

Sobre el carácter declarativo de las personerías jurídicas 

En relación a la “sucesivas  inscripciones” de comunidades indígenas que hace mención el decreto, no es más que el ejercicio del principio de autodeterminación y el derecho de autopercepción. El otorgamiento de la personería jurídica y su inscripción no es constitutiva sino declarativa de derechos. El Estado, mediante los registros creados para la inscripción, no es quien define y decide quiénes son o no indígenas o quiénes pueden o no ser conformadas como comunidades indígenas, la potestad del Estado, en ese sentido, es declarativa y no constitutiva de derechos. 

El hecho de que hayan aumentado la cantidad de comunidades indígenas inscriptas no significa un uso abusivo de derechos sino una realidad intercultural dinámica, un Estado que en la práctica institucional reconoce y garantiza derechos. El cómo lleva adelante esta tarea es un debate en el que podemos participar todas y todos, e incluso en el que deben participar las comunidades indígenas y no mirar desde lejos cómo se regresiona en sus derechos sin haberse saldado la cuestión territorial fundamental de fondo y sin haberles consultado.  

Además, antes del surgimiento de nuestro Estado como tal, las comunidades indígenas existían, antes incluso que nuestro derecho constitucional. El recorte temporal que hace el DNU entre sus considerando indicando 17 años de vigencia de la emergencia y las sucesivas inscripciones que se llevaron a cabo, es un recorte sesgado en relación a la dimensión de la reparación histórica pendiente hacia los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la identidad cultural es un proceso dinámico e histórico. Muchas  comunidades indígenas empezaron sus procesos de reconstrucción y reorganización en virtud de que hace poco tiempo se reconoció su pre-existencia en los marcos normativos y, en ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tal fin. Argentina reconoció la pre-existencia indígena recién en 1994.

Los pueblos y comunidades indígenas han existido mucho antes de la formación del Estado argentino. Desde su constitución, este Estado ha intentado forjar una ciudadanía y una patria que invisibiliza la realidad indígena. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame a la Argentina “a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”(1), el Boletín Oficial ha publicado la derogación de una ley que, aunque de manera vaga, intentaba reconocer la existencia, la posesión y el derecho a una vida digna para las comunidades indígenas, que también han contribuido a la construcción de esta patria. Una vez más, el Estado argentino pretende que los pueblos indígenas sacrifiquen sus cuerpos, su tierra y su identidad para edificar un “país sin indios”.

1) CIDH, 4 de diciembre del 2024, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

(*) Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi 

La noticia de que se libere al asesino de un hijo, de un hermano, de un compañero viene sobrevolando los días de las familias Santillán y Kosteki y de sus seres queridos. Si bien nunca andan solos ni solas, porque la lucha por justicia desde hace más de 22 años es de ellas y ellos, pero también de quienes les rodean. De quienes siguen creyendo que el gesto de Darío es un horizonte de ternura y compañerismo en medio de tanta crueldad por decreto. 

Así recibieron el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde le otorgaron la libertad condicional al ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta.  Y consideran, además, que esta liberación es la antesala de la libertad al otro asesino: el ex comisario Alfredo Fanchiotti, que se encuentra en igual situación, condenado a cadena perpetua por los mismos crímenes.

Por eso el repudio se volvió grande. Más de 300 adhesiones seguían llegando minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, realizada en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) en CABA.

Allí, Alberto Santillán, papá de Darío, denunció que “hay dos clases de justicia. Una que actúa cuando tiene que cubrir a los poderosos y otra cuando tiene que dar la libertad a los que el Estado manda a que asesinen”. “¿Y la justicia para mi hijo dónde está?”, afirmó. “¿Y la justicia por los que creen en la vida, por los que quieren un mundo mejor?”, retrucó. Y encauzó la liberación del asesino de su hijo como “una más” tras la renovada y publicitada relación entre políticos de extrema derecha y genocidas durante este gobierno. “La libertad a Acosta es la libertad a los que matan en nombre del Estado”, afirmó categórico.

Desde el espacio de familiares y compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki exigen que se revea la medida, se retrotraiga y vuelva a cumplir la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato de Kosteki y Santillán, hasta el último día de su vida. 

La vía judicial nunca fue descartada por las familias de Darío y Maxi; es más, esta arista de lucha se renovó ante cada gestión para señalar la responsabilidad institucional. Por eso presentarán hoy un escrito en el que se oponen y argumentan los motivos. “A todos los gobiernos democráticos desde el 26 de junio de 2002, le decimos que siempre nos quisieron sacar del medio, criminalizándonos, pretendiendo corrernos en las calles, algo que no lo lograron ni van a lograr”, afirmó Alberto. 

Por su parte, Mara Kosteki, agradeció la lucha incansable de los Santillán: “Agradezco no solo a Darío por haberse quedado ahí al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano, que lo vio respirar. Sigo agradecida a Alberto por seguir luchando por su hijo y por mi hermano”. Y agregó, emocionada que, ante la falta de condena a responsabilidades políticas, “no vamos a bajar los brazos”. 

“Mientras veníamos luchando para que paguen los responsables políticos, liberan a Acosta”, agregó Leo Santillán, quien se refirió al contexto actual: “Es entendible, ¿no? Porque, como decía mi viejo, hay dos clases de justicia y en estos tiempos que están corriendo los beneficios que se le están dando a represores y genocidas van de la mano con las persecuciones hacia las organizaciones populares”. 

Leo recordó la narrativa del gobierno de Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la Masacre. “Cuando nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, intentaron decir que queríamos desestabilizar, que estábamos armados, que atacamos a la policía con piedras y palos”, exclamó, “mientras en las placas de los noticieros confirmaban que había dos muertos, que eran Darío y Maxi, nosotros no lo sabíamos”. Y se refirió al momento represivo actual como una “continuidad” de ese intento de criminalizar a quienes se organizan.

“Había una intencionalidad de otorgar esta libertad” 

Paula Alvarado Mamani es la abogada que lleva la causa en los tribunales provinciales y que presentó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo el pedido para que la responsabilidad por los asesinatos no prescriba y sea reconocida como “crimen de Estado”. Durante la conferencia de prensa advirtió que los pasos judiciales ya mostraban el camino hacia la libertad de Acosta y muy probablemente, también la de Fanchiotti.

“El argumento para que la Cámara de Garantías acepte la libertad de Acosta es que cumple con determinadas condiciones”, informó Alvarado Mamani: “informes psicológicos, actividades extras, todo le da 10 según las evaluaciones del Servicio Penitenciario”. Leyó textual uno de los informes, que el condenado “asume su postura crítica, logrando contextualizar las circunstancias que atravesaba en aquel momento, y pudiendo valorar los motivos que condujeron a su participación en los hechos”. 

La abogada adelantó que presentará un recurso en las próximas 24 horas para apelar esta condicional, pero aseguró que “claramente había una intencionalidad de otorgar esta libertad”. Denunció, además, la continuación de la complicidad entre quienes ejercían en 2002 el poder y las responsabilidades políticas territoriales y quienes hoy están –a pesar de los años– en el Poder Judicial del distrito de Lomas de Zamora. 

Alvarado Mamani contó, además, que el ex comisario Fanchiotti le escribió en junio pasado una carta y se comunicó con ella a través de WhatsApp para pedirle que lo visitara en la Unidad 11 de Baradero para hablar sobre su situación: “Manifestó el tema de las responsabilidades, trató de correr su culpabilidad porque ‘las pericias fueron realizadas de una manera que lo perjudicaron’. Tiró varios nombres y que iba a profundizar cuando yo vaya, pero no sucedió”.

¡No queremos asesinos sueltos!

Al igual que octubre, junio arde históricamente. Los asesinatos de Estado cometidos contra Darío y Maxi nos recordarán siempre el país que habitamos, pero también son el faro que nos guía. Hoy la amenaza sigue latente; como en aquel 26 de junio hay un plan del gobierno -en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial- que pretende enviar señales “ejemplificadoras” en una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, aquel 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado, mientras se votaba de espaldas al pueblo la Ley de Bases, se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Por eso revisar la historia, seguir luchando por una herida que sigue abierta, es traer al presente recuerdos pero también alertas cuando se repite el accionar de los poderes ejecutivos, policiales y judiciales en conjunto. En ese sentido, familiares y compañeres aclaran: “No podemos dejar de señalar el contexto de impunidad abierto por el actual gobierno de Javier Milei, que intenta por todos los medios a su alcance liberar a los genocidas de la última dictadura militar, proteger a los represores de las manifestaciones populares y estigmatizar y encarcelar a quienes protestan y luchan contra el brutal ajuste económico que padece el pueblo”.

Tras 22 años de lucha y pedagogías, el hermano de Darío hizo memoria: “Acá hay dos familias que nos ha tocado vivir momentos muy duros, pero no nos corrimos de las calles porque nuestra lucha es también por la calidad de vida”. Y se refirió a la unión de causas: “Estamos por Darío y Maxi, pero también por otras luchas, porque entendimos que tenemos que generar lazos donde apoyarnos para saber que no estamos solos”.

Hacia el final, un grito colectivo que estremeció a quienes ya se abrazaban. Darío y Maxi siguen “presentes”. Así lo dijo una vez más Leo: “Hasta el final de nuestros días vamos a hacer esta lucha porque si no, no seríamos coherentes con lo que hizo Darío cuando nos cuidó, cuando nos dijo que no vayamos, que él se quedaba. Él nos enseñó que, aun en un momento tan jodido como el que le tocó vivir, siempre se puede resistir”.

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Las advertencias de las comunidades costeras frente al avance del extractivismo fósil

El Golfo San Matías constituye un espacio privilegiado de naturaleza y playas de disfrute turístico. Cuenta con cinco áreas marinas protegidas, donde anidan especies de aves migratorias que lo vuelven un lugar ideal para la investigación científica y para aficionados a la observación de estos animales. El agua de sus golfos se encuentra libre de hidrocarburos y es lugar de veraneo predilecto de la población que aprovecha sus playas.

El ecosistema del golfo, lindante a la Península Valdés, es lugar de alimentación, reproducción y cría de la ballena franca austral, mamífero carismático de gran porte, declarado patrimonio natural de la Argentina. Además de la ballena franca austral, también pueden encontrarse allí lobos marinos, delfines, orcas y pingüinos. La región zona posee recursos pesqueros de relevancia para la economía local y provincial y es también un área de relevancia habitada y transitada por las comunidades mapuche-tehuelche, que reclaman la realización de procesos de consulta para diversos proyectos extractivos que se han querido instalar en la zona, como los vinculados a los proyectos de hidrógeno verde.

La iniciativa para instalar una planta de licuefacción de gas natural no es el primer proyecto vinculado al sector hidrocarburífero que busca abrirse paso en las costas del golfo. Ciertamente, el camino recorrido por las comunidades costeras de la provincia que se oponen a la instalación de este tipo de infraestructura tiene casi tres décadas de vida.

Los inicios de la resistencia

La resistencia de las comunidades a la actividad hidrocarburífera en la costa del Golfo San Matías se inició en el año 1995, en el marco de crecientes rumores sobre las intenciones de YPF S.A. de construir allí un oleoducto. La empresa, en ese entonces privatizada, buscaba comunicar los pozos de hidrocarburos de Puesto Hernández, en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, con la costa del Golfo San Matías, para poder exportar hidrocarburos. La posibilidad de avanzar con este proyecto se encontró en ese entonces con un proceso de organización de la ciudadanía local, donde tuvieron protagonismo sectores científicos del campo de la biología, considerando sus conocimientos en el estudio de los recursos pesqueros y de los ecosistemas marinos del golfo. El objetivo colectivo era el de alertar sobre los impactos que este tipo de infraestructuras podría tener no sólo en la vida marina, sino también en la pesca y en el turismo, que en ese entonces había comenzado a crecer y a cobrar relevancia para las
localidades costeras de la región.

La movilización de la comunidad implicó también a sectores políticos y legislativos que observaban con cautela la posibilidad de que una empresa privada irrumpiera con proyectos que podrían ocasionar cambios irreversibles en las localidades y los territorios de la provincia de Río Negro. Luego de una juntada de firmas entregadas al presidente de la nación Carlos Menem, y con la sanción de la ley provincial n° 2.892, quedó vetada cualquier tipo de iniciativas de construcción de infraestructura hidrocarburífera en la costa rionegrina. La movilización dejó una marca en la memoria de las comunidades así como también estableció una red de actores y un acumulado de conocimientos para hacer frente a este tipo de procesos.

La lucha continua

La disputa por la construcción de estas infraestructuras tuvo un breve periodo de paz, que se interrumpió en el año 1999, al renovarse las intenciones de YPF S.A de concretar las infraestructuras necesarias para la exportación de hidrocarburos. Una vez más, la población, en conjunto con científicos y el apoyo de un grupo de legisladores, se movilizó contra la construcción del oleoducto y de las estructuras portuarias necesarias para la venta de petróleo al exterior.

Como resultado de estas movilizaciones, en julio de 1999 se sancionó una nueva ley provincial, la n° 3.308. Con ello, quedaban protegidas las costas del Golfo San Matías de la actividad hidrocarburífera, prohibiendo no sólo la construcción de infraestructuras hidrocarburíferas, sino que extendía la prohibición de toda actividad vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en el golfo.

Un nuevo ciclo de disputas

Transcurridas dos décadas de sancionada la ley 3.308 el conflicto volvió a emerger. En el año 2022, YPF, aún sociedad anónima pero de mayoría accionaria estatal, anunció la construcción de un gran proyecto de inversión para comunicar Vaca Muerta con las costas del Golfo San Matías, con el objetivo de exportar el petróleo no convencional extraído mediante la controvertida técnica del fracking.

Para allanarle el camino al proyecto, la empresa y el gobierno provincial se propusieron modificar con métodos poco democráticos y extorsivos la ley 3.308 que había sido fruto de la movilización popular. Las comunidades, nuevamente movilizadas, reiteraron la importancia de preservar las aguas y las costas del golfo, su biodiversidad y la preservación de actividades regionales históricas de la costa provincial. Además, los ejes destacados en las críticas de los actores resistentes fueron la falta de transparencia y de información para la ciudadanía, la velocidad con que se tomaron las decisiones, la violación del acuerdo de Escazú, así como del principio de progresividad y el de no regresión en materia ambiental.

La actualidad de los reclamos

A diferencia del momento histórico anterior, en esta ocasión distintos sectores políticos alineados con los poderes provinciales se encargaron de construir, a gran velocidad, un marco legal que habilitara la posibilidad de construcción de la infraestructura petrolera, generando discursos promisorios vinculados a los beneficios -muchas veces no comprobados- que traen consigo estos despliegues de infraestructura, como generación de puestos de trabajo, dinamización comercial y mejoras sustantivas de las condiciones de vida en las localidades.

En contraposición a esos supuestos beneficios, los costos y riesgos de estos proyectos hidrocarburíferos son destacados una y otra vez por los sectores en alerta. Quienes se oponen a su instalación piden que los territorios costeros y oceánicos no sean sacrificados en aquella aspiración de continuar apostando a la consolidación de un sistema energético fósil. Los peligros advertidos décadas atrás no han cambiado. Sectores científicos alertan que la zona donde la actividad hidrocarburífera se llevaría a cabo es más que una zona de paso transitoria de la ballena austral, y se trata de un lugar de alimentación relevante para las poblaciones de cetáceos que habitan y transitan nuestros mares. La información sobre las zonas de alimentación y crianza son trasmitidas de generación en generación, de las ballenas madres a sus crías, lo que ha gestado un sustento científico en torno a la “fidelidad de sitio” que mantienen estas especies. Además, la colisión de ballenas con los barcos debido al aumento del tráfico naval es un tema de preocupación a escala global.

Las probabilidades de ocurrencia de derrames de crudo preocupan enormemente a las comunidades, por sus efectos sobre la fauna, la flora y las costas. Además, en el golfo en particular, la baja circulación e intercambio del agua con el mar abierto generaría que, frente a un derrame o a la posibilidad de vertido de aceites, combustibles e hidrocarburos – todas actividades comunes en cualquier puerto hidrocarburífero- la salida o limpieza del golfo por las corrientes marinas se torne dificultoso. El riesgo al que se sometería a las actividades económicas tradicionales es también un argumento de peso que invocan las comunidades resistentes.

Estos posicionamientos tienen lugar, sin embargo, en un contexto diferente al de los años 90. En la actualidad, actores científicos y organizaciones sociales han avanzado en la sistematización de pruebas que confirman que estamos atravesando una crisis socioecológica y climática planetaria acuciante que requiere de medidas urgentes y mancomunadas a nivel global. Por ello, mientras sectores de las comunidades costeras critican e intentan frenar la instalación del oleoducto Vaca Muerta Sur, las noticias de la construcción de la planta de GNL en Río Negro refuerza la importancia de situar en el centro del debate el modelo de desarrollo energético nacional y regional.

El avance de una industria sumamente contaminante, como la de los hidrocarburos, traería consigo consecuencias drásticas en el Golfo San Matías, que no resultarían menores de instalarse el proyecto en la ciudad de Bahía Blanca. Los riesgos ambientales, ecosistémicos y climáticos que se ciernen sobre los proyectos hidrocarburíferos claman por ser escuchados, debatidos y puestos en un lugar de relevancia sustantiva. Es nada menos que en defensa de la vida, del ambiente y del territorio que resisten, actúan y elevan la voz las comunidades costeras organizadas.

*Becario posdoctoral y docente universitario (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)
** Investigadora y docente universitaria (Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET)

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Por Pablo Nolasco Flores | Revista Acción

Hemos transitado los primeros siete meses del experimento libertario-liberal de Javier Milei. En este lapso de tiempo el gobierno logró la continuidad de los superávit fiscal y comercial con una baja de la inflación, a pesar de que en el último mes pegó un pequeño salto. Por supuesto que esto se dio en el marco de un ajuste donde las y los trabajadores así como las y los jubilados fueron el principal sostén material de esos números: pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación de diciembre, licuación de gastos, jubilaciones y salarios, descenso del consumo, depresión económica y despidos.

También, el gobierno se anotó una victoria política con la aprobación de la Ley de Bases. El desenlace del debate y las votaciones demostraron que un amplio sector de la clase política acordaba con una modificación en el régimen de regulación de la acumulación capitalista en Argentina. En criollo, un nuevo marco legal para que los capitalistas encuentren negocios rentables en nuestro país.

En este panorama, el gobierno convocó a “la casta política” para celebrar el pacto de mayo, el 9 de julio en la vieja Casa de Tucumán, con la idea de refundar el país en base a diez puntos donde priman elementos que apuntan al beneficio de los capitalistas y escasean asuntos que propongan el bienestar social o la mejora de la calidad de vida de las personas .

Sin embargo, una semana después del trámite, el dólar paralelo comenzó a subir producto de una corrida contra el peso. En estos siete meses, a pesar de que los números parecen cerrar y los acuerdos políticos comenzaron a asomarse, el sector financiero se desprende de los pesos en busca de dólares que escasean ¿Por qué el poder económico todavía no confía en Milei?

Más que un pacto, un panfleto pro burgués

El Pacto de mayo fue presentado como un nuevo contrato social que establece diez principios del nuevo orden económico argentino. En términos generales, tales principios van desde la defensa irrestricta de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, reforma tributaria, laboral, previsional, la explotación de los recursos naturales de la provincias y la apertura comercial. El único elemento que se corre de lo estrictamente económico es el vinculado a la educación. “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar” sostiene el cuarto punto. Una idea sin sentido, ambigua y basada en el sentido común.

Un pacto es un acuerdo entre partes. El contenido del mismo debería ser elemento de discusiones, debates y acuerdos. Sin embargo, no hay ni pacto ni debate sobre el contenido. No obstante, al hacer un recorrido sobre los puntos, podemos encontrar una defensa a los negocios capitalistas y una apología al ajuste de nuestras vidas. En Argentina si hay algo que está protegida es la propiedad privada. Lo garantiza la constitución. Del mismo modo, tanto el equilibrio fiscal como la reducción del gasto público implicaría menos dinero para educación y salud. En relación a la reforma tributaria, laboral y previsional apunta a que los capitalistas paguen menos impuestos, los trabajadores se empleen en peores condiciones laborales y alarguen su actividad laboral para que el estado pague menos jubilaciones.

Por último, la explotación de los recursos naturales combinada con la apertura comercial profundizará la matriz productiva extractivista de nuestro país, garantizando ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y pobreza con altos niveles de impacto ambiental. En definitiva, más que un pacto, se trata de una serie de principios panfletarios que le soban el lomo a los explotadores. Prendiendo fuego los libros: cuando los héroes pasan a ser desestabilizadores.

En el discurso que Milei dio en el Foro “Llao Llao” en el mes de abril reivindicó a los empresarios que fugan dólares para escapar de las garras del Estado. Fiel a su doctrina anarcocapitalista, los calificó como héroes. En otro pasaje de ese mismo discurso, poniéndose el traje de economista, dijo que recomendaba comprar divisas estadounidenses: “Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles” (1).

Sin embargo, esos héroes comenzaron a ser cuestionados durante estas semanas, justamente, producto de su accionar capitalista que no es otra cosa más que proteger sus ganancias. La escalada del dólar blue se explica por la falta de solidez del programa económico de Milei que genere confianza en el mercado financiero. Los dueños del dinero son quienes deciden si lo ponen o lo sacan del circuito de la economía. Uno de los principales instrumentos que tiene el estado para incorporar capital es mediante la emisión de deuda, ya sea por el Banco Central o por medio del Tesoro. Emitir deuda implica pagar intereses. El Banco Central los paga con emisión monetaria y el Tesoro con superávit fiscal. En el marco del pasaje de deuda del Banco Central al Tesoro, el Banco Macro se desprendió de ella y se dolarizó en el mercado paralelo, llevando el precio del blue hasta 1500 pesos. Milei los acusó de saboteadores. Rothbard se hubiera sentido defraudado.

Es evidente que la sostenibilidad de este gobierno pasa por resolver la crisis económica. Si bien en los discursos, todo el arco de la burguesía, tanto nacional como extranjera, lo apoyan, todavía no ponen la plata, no invierten. La corrida contra el peso es una muestra de desconfianza hacia un gobierno que prometió dolarización y ahora defiende con uña y dientes el cepo que impide a los capitalistas la libertad de acceso a los dólares. Lo que está en juego es una nueva devaluación y la salida del cepo. De esa manera, es muy probable que aparezcan los dólares. Pero eso traería como resultado una nueva escalada inflacionaria que afectaría, una vez más, a quienes vienen sosteniendo el ajuste sobre sus cuerpos.

El humor social: ¿hasta cuándo?

En una situación como ésta se nos hace cada vez más difícil poder comprender los hechos venideros. Por más que veamos las encuestas, las redes y hasta los centros de consumo, se nos dificulta encontrar las razones por las cuáles la gente puede llegar a tolerar un ajuste permanente. Hay algo que no podemos saber, que no podemos percibir. Sin embargo, cuando hay algo que cuesta comprender, es porque pueden surgir espontaneidades. Una crisis económica no es suficiente para que las sociedades impugnen un gobierno o un régimen.

Pero, si de algo estamos seguros, es que si un gobierno no le mejora la calidad de vida a las personas y eso se combina con una crisis política, las cosas pueden terminar mal. El principal discurso de campaña de Milei fue frenar la inflación. Y hay que decirlo: lo está cumpliendo. Milei no prometió trabajo, no prometió ni asado ni globos. Milei prometió sacrificios. Entonces el efecto subjetivo es otro. La gente todavía tiene fe y esperanza (2). Viene arrastrando años de experiencias de gobiernos que prometen algo y no solo que no lo cumplieron, sino que hicieron lo contrario. El debate está en el tiempo que ese sector social, que aparentemente es mayoritario, tarda de que su fe y esperanza se vuelva realidad o una nueva frustración.

(1) 1 Javier Milei definió como “héroes” a las personas que fugaron dólares: “Escaparon de las garras del
Estado”. Nota del Diario La Nación del sábado 20 de abril del 2024.

(2) “Pulso”. Nota de Demian Verduga en el Diario Tiempo Argentino del domingo 20 de julio de 2024.

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Por Luz Ailín Báez | Foto: Nadia Sur

El pasado 27 de marzo el ministro de Defensa Luis Petri junto con el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes, desmantelaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del área de dicha cartera que investiga crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura.

Se trata de un equipo conformado en 2010 de la mano del Decreto 4/2010 que permitió la desclasificación de archivos de Inteligencia del período 1976 y 1983, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que viene trabajando ininterrumpidamente desde entonces.

“Inicialmente el grupo llegó a ser de 30 personas. El macrismo hizo su primer achique pero la tarea, con sus dificultades, continuó”, cuenta Stella Segado, integrante del Área de Acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación.

Además de echar a 10 trabajadorxs, Petri y Erbes derogaron dos Resoluciones, la 308/2010 y la 1573/2023. Una otorgaba un carácter permanente a los equipos y la otra creaba y reglamentaba el reciente Sistema de Archivos de la Defensa.

Así, mientras enaltece con discursos rimbombantes a las “Fuerzas del Cielo”, el gobierno de Javier Milei desarticula una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos, pausando el camino de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas.

Estos despidos en el Ministerio de Defensa se dan en un contexto de avanzada particularmente violenta con quienes trabajan en temáticas de derechos humanos: ese mismo día, en el predio de la Ex ESMA donde funciona el Ministerio de Justicia y DDHH, varios trabajadores despedidos (al momento, 450) fueron amenazados con un arma de fuego por la custodia del actual secretario de DDHH, Alberto Baños, cuando se acercaron a consultar si habría empleados cesanteados.

Toda una marca de época.

Documento mata impunidad

Los equipos de Relevamiento y Análisis están conformados por una diversidad de profesionales: historiadorxs, comunicadorxs, licenciadxs en políticas públicas, abogades, entre otrxs.

-¿Hay copia de todo el material? ¿Es realmente posible destruir toda la evidencia recolectada en los informes?

-No es necesario destruir. Con ocultar o negar es suficiente… Un “no se encuentra” es suficiente.El trabajo del equipo es evitar eso.

Segado explica que la importancia del trabajo en los archivos de las FFAA se da en dos líneas importantes, la histórica y la de violaciones a los derechos humanos: “En la histórica se rescataron y pusieron en contexto documentos sobre partes de nuestra historia. Las listas negras, las actas de la junta militar 71-73 y 76-83 y el Informe Rattembach sobre Malvinas (por citar algunos) fueron desclasificados para que la sociedad pudiera tener acceso a parte de la historia que estaba vedada”, detalla.

Así, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario, se digitalizaron todos los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el conflicto, se puso a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos. 

Es gracias a estos equipos que hoy cualquier ciudadanx puede acceder a los mismos con un solo clic.

Un trabajo con estándares internacionales

Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, expresó en su Informe 2023 para el Consejo de Derechos Humanos que los estándares jurídicos que son “pilares” de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no repetición.

En cuanto a la conservación de registros y sitios históricos, señala que “deben derogarse las disposiciones que impiden desclasificar la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.

En ese sentido, el Equipo que el ministro Petri decidió desguazar ha sido reconocido regional e internacionalmente por ser un caso modelo de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron aportes claves a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad.

Segado ejemplifica: “El equipo realiza la exploración de cruces documentales que permitieron producir información que no está contenida en los documentos tomados individualmente. Así se fueron delineando estrategias para recuperar organigramas de las estructuras operativas de las Fuerzas, formas de constitución de los grupos de tareas y grupos especiales y sus modos de operación en el terreno” (sobre documentos de la Inteligencia durante la última Dictadura, en 2020 salió una nota especial en Marcha).

¿Acaso no dimensiona Lucas Erbes, el director nacional de Derechos Humanos de La Libertad Avanza como abogado y especialista en Defensa y Garantías egresado de la Universidad del Litoral, la importancia de este equipo?

Pocos días antes de tomar esta medida, Luis Petri había dicho que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”. El titular de las Unidades de Asistencia para Causas por violación a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Ángel Palazzani (quien como fiscal pidió el procesamiento de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad), se pronunció públicamente en una carta al ministro.

En ésta le solicitó “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento. Ello, en atención a que resulta de fundamental importancia como medio de prueba para las causas en trámite en la jurisdicción; asimismo los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda”.

Lo realmente insólito fue lo que ocurrió luego: el procurador general interino Eduardo Casal sancionó al fiscal federal de Bahía Blanca. En otras palabras, lo mandó a silenciar.

El trabajo del equipo en cifras

En estos casi 14 años ininterrumpidos de trabajo los equipos de Relevamiento y Análisis aportaron a causas judiciales por delitos de Lesa Humanidad en todo el país:

• Presentaron más de 170 informes de investigación a la justicia.
• Relevaron más de 17 mil legajos (de las tres Fuerzas).
• Digitalizaron más de 9 mil documentos (al menos 50% legajos).
• Trabajaron para la consulta más de 1.500 documentos en Archivos Abiertos, en el marco de proyectos especiales de relevamiento, análisis y acceso.

Los Estados tienen la responsabilidad de preservar y transmitir la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y deben para eso, garantizar el derecho de todas las personas a conocer la verdad. Preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones es preservar del olvido la memoria colectiva.

*A la fecha en que se escribió esta nota 4/4/2024 ATE Capital denunciaba que los despidos en la cartera de Justicia y DDHH son 450.

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Por Ricardo A. Paparás y Matías Calvo Crende * | Foto: RevAcción.

La disputa cultural y de sentidos acerca de la participación del Estado en la sociedad, del valor de lo público y de su contribución al desarrollo nacional, sufrió un nuevo giro pendular en el último tiempo. Cristalizada con el triunfo electoral de la La Libertad Avanza, la visión imperante desde el flamante oficialismo nos ofrece una novedad para un gobierno democrático: la idea del Estado como “organización criminal” que limita las libertades y el desarrollo individual, y que, por lo tanto, debe ser reducido a su mínima expresión o llanamente eliminado.

A partir del 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción presidencial, se ha venido sucediendo un conjunto de decisiones, declaraciones, afirmaciones y desmentidas, en la figura del Presidente, sus Ministros y voceros, que han hecho explotar de sobreinformación diaria los medios de comunicación y las redes sociales.

LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO

Recientemente el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo en una entrevista por LN+ que no tiene claro cuándo surgió y no le parece lógico que el empleado público tenga una estabilidad de la que carece aquel que se desempeña en el sector privado. Esta declaración, que puede tener eco en más de un desprevenido, supone una evidente intencionalidad más que una pretendida ignorancia.

Ciertamente, quienes trabajan en el ámbito privado formal quedan sujetos a contratos de trabajo que pueden ser rescindidos de forma unilateral por el empleador, dando derecho a una indemnización, lo que se denomina “estabilidad impropia”. En la administración pública, en cambio, rige el principio de “estabilidad propia”, ya que no es posible desprenderse de una persona que reside en planta permanente -es decir, que ingresó por concurso-, sin que exista causa fundada. Lo que parece desconocer el Ministro es que la estabilidad del empleado público ha sido objeto de largos debates desde principios del Siglo XX en el mundo, y que en nuestro país está consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional del año 1957. A raíz de ello, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en sus fallos “Madorrán” y “Ruiz” que, ante aquel despido que carezca de una causa justificada y razonable, corresponde la reinserción del trabajador despedido a su puesto de trabajo, sumando a ello los salarios caídos desde el momento de cesantía y un resarcimiento. 

Ahora bien, ¿resulta caprichosa dicha garantía de estabilidad? La respuesta refiere, en primer lugar, a la singularidad de la función pública, que debe asegurar derechos, garantías y hacer cumplir obligaciones, que en ocasiones tensionan la relación política-administración. En el mundo de las empresas, nadie imagina un directivo cuya tarea no esté en consonancia con su política corporativa. En lo público el escenario es más complejo. Un ejemplo de ello es el derecho a ejercer un reclamo, o la obligación de observar la transparencia y publicidad de las compras públicas. Todo ello requiere un arreglo contractual particular para su funcionariado.

En segundo término, las democracias modernas se basan en la alternancia. Es un tópico muy común señalar conductas clientelistas de tal o cual gobierno que hace ingresar al Estado “militantes”, los que, al llegar el Ejecutivo siguiente, son “limpiados” para ser reemplazados por nuevo personal. Esto es exactamente lo que sucedía a fines del Siglo XIX en EE UU, por lo que se instrumentaron prácticas de este estilo de instituciones, en pos de que los políticos no vean al “Estado” como un “botín” a repartir entre sus adherentes una vez ganadas las elecciones.

De esta manera, la estabilidad del empleado público cumple un doble rol: resguardar al trabajador ante el riesgo de ser sancionado o cesanteado frente a decisiones despóticas de la clase política; y proteger a la sociedad contra el deterioro de la función pública.

RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO PÚBLICO

En función de lo antedicho, podemos observar que la cuestión de la estabilidad configura un límite necesario y protectorio ante los fines del gobierno y su afán por reducir el aparato estatal. Sin embargo existen caminos alternativos para lograr ese objetivo. En este sentido se produjo el anuncio de Javier Milei durante el Foro Económico Internacional de las Américas, respecto de la no renovación de 70 mil contratos a término existentes en el Estado nacional.

Para tomar noción de la profundidad del ajuste es necesario dar a conocer la composición de la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Distintas estimaciones de centros de investigación en políticas públicas y organismos públicos, coinciden en señalar que en nuestro país: 1) No existe más empleo público que privado; 2) 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en instituciones estatales; 3) La mayoría de los trabajadores públicos se concentra en el ámbito subnacional (provincias y municipios).

Gráfico 1. Trabajadoras/es del sector público en % según nivel jurisdiccional

Fuente: CETyD a partir de OEDE-MTEySS (2023)

En este sentido, el ajuste que lleva adelante Milei encuentra su competencia en materia de despidos sólo en la parte del sector público que corresponde al ámbito nacional. Allí, de manera directa y a través de sus Ministros, en la administración centralizada, pero también, a partir de las autoridades designadas por el Presidente, en la administración descentralizada (ANSES, AFIP, CONICET, entre otros), desconcentrada (INDEC, etc.) y en otros entes (INCAA, etc.). También puede afectar a las empresas públicas, a partir de la incidencia en sus Directorios y, en menor medida, a las Universidades Nacionales, ya que estas últimas gozan de autogobierno.

Gráfico 1. Composición de la dotación estimada por estructura organizativa (Febrero de 2024)

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Según los datos del INDEC y la Jefatura de Gabinete, desde que comenzó el Gobierno de Milei en el plano nacional el mayor ajuste acumulado lo sufrió la administración centralizada, que se redujo estimadamente un 7,4% frente a un promedio total del 2,6% de Diciembre 2023 a Febrero 2024. En todos los casos, los principales apuntados han sido los trabajadores con contratos sin estabilidad, pero también personal concursado entre 2022 y 2023, con el argumento de que dichos concursos fueron realizados de forma irregular.

Tabla 2. Evolución de la estructura organizativa del sector público nacional

(*) No incluye al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y el personal no civil de las fuerzas armadas y de seguridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Sin embargo, la reducción general del Estado no se cumple en todos los ministerios por igual, visto que inclusive para el período de Enero-Febrero 24 hay jurisdicciones que han crecido: la Jefatura de Gabinete de Ministros (1,5%), el Ministerio de Defensa (0,7%) y el Ministerio de Seguridad (0,8%).

Tabla 3. Dotación estimada de la administración pública nacional (total) y centralizada. Febrero de 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Respecto al Ministerio de Defensa, que concentra su dotación mayoritaria informada en la administración desconcentrada, vale la pena realizar una ejercicio comparativo. 

En un mes donde algunas instituciones disminuyeron sensiblemente su personal,  como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-10,1%), la planta civil del aparato militar del Estado creció en todos sus componentes a contramano del país: 35,3% el Estado Mayor Conjunto; 0,7% la Armada; 5,2% la Fuerza Aérea y 1,4% el Ejército Argentino. Es decir, en el marco general de reducir la administración pública hay una redefinición particular de sus funciones. No sólo se trata de achicar al estado a su versión menos que mínima, sino volverlo cada vez más un estado gendarme, ejemplo de ello es el haber desvinculado 282 personas por un lado (179 de ANDIS y 103 de INCAA) y haber incorporado 498 personas por el otro (Ministerio de Defensa).

Tabla 3. Evolución de la dotación de personal de distintos organismos públicos nacionales. Enero-Febrero 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

EL ESTADO COMO MAL NO NECESARIO

El gobierno desde su asunción ha avanzado en una profunda reducción del gasto público, que incluye una caída real en los salarios estatales del 40% y la no renovación de contratos a término existentes en el Estado Nacional y la insistencia en privatizar empresas públicas. En este contexto, no importa ni la función que cumplen los trabajadores ni la singularidad de la función pública. 

Lo que fundamenta el recorte propuesto es la visión ideológica del déficit cero y la visión anarcocapitalista del presidente, una deformación de la realidad donde el Estado es un mal no necesario. A diferencia de las teorías de la democracia liberal que ven al Estado en su forma mínima como un mal necesario para garantizar el orden en consideración de ideas centrales  tales como que “el hombre es el lobo del hombre” y “es mejor el Estado que la anarquía”, la concepción detrás del ajuste propuesto es la de pensar que la vida en sociedad es posible sin gobierno alguno, merced a que la libertad de mercado es el motor armónico y sin contradicciones de todo desarrollo social.

Pero, a pesar de esta visión, la reducción del Estado no ha alcanzado a todos los sectores por igual. En materia de defensa y seguridad, se ha sostenido y ampliado su presencia, lo que resulta lógico, en atención a la necesidad de regular, mediante coerción, la crisis social inducida.

En conclusión, se achica el Estado, se redefinen sus funciones y se cuestionan instituciones que le son históricamente propias tales como la estabilidad del empleo público.

Será cuestión de tiempo para que en nuestro país, y con un 41,7% de la sociedad bajo la línea de la pobreza (desde hace tiempo en crecimiento y ahora con menor contención social), más tarde o más temprano la realidad redoble la apuesta y las “estadísticas” pongan en discusión los principios de una teoría vetusta y anacrónica.

•  Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Se cumplieron 47 años del asesinado del periodista Rodolfo Walsh secuestrado y detenido un 25 de marzo de 1977 en plena dictadura militar. El día anterior a su secuestro, Walsh había enviado una Carta Abierta a la Junta Militar a través de diferentes medios de comunicación, allí se denunciaba la censura de prensa y las desapariciones de personas pero también el plan económico. La miseria planificada denunciada por Rodolfo Walsh hoy encuentra sus reminiscencias en la política económica planteada por el gobierno de Javier Milei.

Por Pablo Nolasco Flores

“Así quería empezar este año, escribiendo contra estos hijos de puta”. Con esa frase
comenzó en el año 77 Rodolfo Walsh. La puteada iba dirigida a la junta militar que hace nueve
meses había asaltado el poder en Argentina. Puteando hace referencia a la escritura de la carta
a las juntas. Este era un proyecto que se metió en la cabeza de Rodolfo en un contexto de
tristeza por la muerte de su amigo Pago Urondo y Vicky, su hija. Pero también en paralelo a
la escritura de un cuento que no llegó a concluir y los famosos papeles, donde le plantea una
serie de debates a la conducción de Montoneros. Su idea fija era evitar el aniquilamiento de
los militantes.

Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Ese fue el nombre que eligió ponerle al escrito
donde pensaba denunciar el terror de la tortura, la muerte y la desaparición. Pero también
para hacer explícito la inauguración de un plan económico que explica el derrotero capitalista
argentino y sus futuras consecuencias en los trabajadores.

Cómo si esas fueran metas deseadas y buscadas

La carta es un documento que debería ser material obligatorio en cualquier curso de
Economía Política o de Historia Económica Argentina porque en ella Walsh plantea lo que va
a ser el devenir histórico de la economía de nuestro país: la miseria planificada. Ese devenir
se lanzó con la puesta en marcha del programa de shock de Martínez de Hoz que apuntó
romper con la etapa de inestabilidad política previa. Algunos autores denominaron a tal
situación como la sociedad del empate, ya que ninguna fracción del capital podía imponer su
proyecto político, económico y social producto de un enorme obstáculo: el movimiento
obrero argentino. Adolfo Gilly (1985) lo denominó la anomalía argentina.

La inestabilidad social y la conflictividad durante la etapa previa al golpe obedece a una
realidad material concreta: los trabajadores tenían un alto grado de participación en el
producto bruto interno del país. Con algunos altibajos, entre 1946 y 1975, se llevaron no
menos del 40% del producto total y en algunos momentos llegaron a un pico histórico del
48%. De ahí derivan la inestabilidad y la conflictividad, porque durante ese período la
burguesía intentó impulsar programas económicos que implican ajustes, menores salarios y/o
aumentos en la productividad. Sin embargo, los trabajadores no estaban dispuestos a tolerar
bajas en sus salarios y, los capitalistas, aún no tenían el instrumento para disciplinarlos. Ese
instrumento fueron los crímenes cometidos por las FF.AA.

Males que continuaron y se agravaron

La dictadura impuso un nuevo orden económico en 1976 y hasta el día de hoy las estructuras
que lo sostienen siguen vigentes. La experiencia de los gobiernos kirchneristas, hasta el 2010
o 2011 pueden haber sido considerados como la excepción, por algunos cambios
superficiales, pero la estructura productiva que garantiza que el poder de las clases
dominantes siga gobernando los destinos del país siguen intactas. De esa estructura es que se
derivan los problemas de un capitalismo argentino en constante crisis: endeudamiento
externo, inflación, hiperinflación, devaluación, ajuste y desocupación. Porque Argentina no
está enferma de inflación, ese es el síntoma, es decir, la expresión de un trauma. Y ese trauma
se ubica en una estructura productiva del país, cuyos responsables son la burguesía que
persigue los negocios rentables y busca abaratar el precio de la fuerza de trabajo.

Estos males comenzaron a ser una normalidad particular en el caso argentino. Se consolidó
la crisis como un proyecto de país, porque la recesión iniciada en marzo del 76 no fue
“consecuencia misteriosa de las grandes fuerzas del mercado, sino que ha sido parte de los
objetivos de la política económica aplicada”. Con el regreso de la democracia los trabajadores argentinos sufrieron dos hiperinflaciones, altos niveles de desocupación que arrojaron por el piso los salarios, confiscación de ahorros, ya sea por vía de licuación producto de devaluaciones, inflación y ajustes, o por corralitos. Sin embargo, aún se conservan ciertas leyes laborales que les impide a los capitalistas aplicar un programa de gobierno a su gusto con relaciones laborales de principio de siglo XX. Porque para ello se
necesita una nueva derrota histórica. La primera fue con la dictadura, a sangre y fuego. La
segunda, con el peronismo de Menem, con la desocupación como elemento disciplinador. En
el 2024, el experimento de Milei apunta a la tercera.

Sacrificios que realizar

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes sino su atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria
planificada”. Nunca mejor conceptualizado el programa económico que se comienza a
aplicar en 1976. La lucidez y originalidad de un escritor como Walsh para retratar el devenir
económico del país. Pues como sostuvo Osvaldo Bayer, supo ver y desnudar a toda la
sociedad argentina. En esta ocasión a la clase capitalista argentina. El resultado de la miseria
planificada fue la pobreza, la ruptura de lazos sociales y la descomposición. Por supuesto que
en todo este tiempo no faltaron quienes sostenían que los pobres son pobres porque quieren.
Algunos por ignorancia. Pero otros, sabiendo los mecanismos de la expulsión de las mayorías
y cómo se produce, lo sostienen como fundamento explicativo de las penurias de millones de
pobres. El modelo de las crisis recurrentes y las salidas a estas por medio del consenso del
ajuste no es otra cosa más que el acuerdo detrás de un programa económico que intenta
avanzar sobre las condiciones de vida de millones para relanzar la rentabilidad empresarial.
Son los sacrificios que hoy nos piden.

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