Cachemira es una región de inigualable belleza, enclavada en las fronteras de tres de los Estados asiáticos más poderosos: India, Pakistán y China. La intromisión de los gobernadores británicos en asuntos del Estado de Jammu y Cachemira a mediados de la década del 30 desató una historia de violencia e inestabilidad que hoy vuelve a cobrar la vida de decenas de personas.

Cachemira se ubica al norte del subcontinente indio. Es un valle ubicado al sur de la cordillera del Himalaya y zonas aledañas que son parte del mismo proceso de formación histórica. Actualmente, cuenta con más de 13 millones de habitantes y está repartido entre tres poderosos estados asiáticos: India, China y Pakistán. Este último controla la región noroccidental, los Territorios del Norte y Azad Cachemira. India controla la región central y meridional, Jammu y Cachemira, mientras que China controla la región nororiental, Aksai Chin y el Valle Shaksgam.

A partir de 1947 los problemas en la región se acentuaron por las divisiones entre la mayoría musulmana y el gobierno del maharajá que se saldó con violentas revueltas que se extendieron por los distritos de Mirpur y Muzaffarabad, lideradas por la Conferencia Musulmana, un partido político pro-pakistaní. La violencia se propagó rápidamente, y en octubre de 1947, la región de Jammu vivió revueltas que terminaron en un baño de sangre, en las que se estima que perdieron la vida unos 200 mil musulmanes, mientras que gran parte de la población huyó hacia Pakistán.

Con la partición de la India Británica en dos estados, los gobiernos de Jammu y Cachemira prefirieron mantenerse al margen. Sin embargo, las fuerzas separatistas musulmanas declararon el Estado libre de Azad Cachemira en Rawalpindi, Pakistán. Sumado a la invasión de tribus pashtunes de la provincia de la Frontera Noroeste, quienes apoyaban a las tropas pakistaníes en la toma de Cachemira, obligaron a las tropas indias a ingresar en refuerzo del maharajá a cambio de que aceptara la unión a la India. Se desató entonces la primera guerra indo-pakistaní, entre 1947 y 1948.

Por otra parte, las relaciones entre India y China se mantenían estables gracias a los acuerdos alcanzados durante la era colonial británica. Sin embargo, la entrada de China al Tíbet y el asilo que le brinda India al Dalai Lama, tensionaron las relaciones entre ambos países, desatándose escaramuzas armadas a partir de 1961, con toma de puestos de avanzada por parte de uno y otro país, donde el aprovisionamiento y el clima fueron factores determinantes para consolidar las victorias chinas sobre el ejército indio.

En 1963, Pakistán le cede a China el Valle Shaksgam para influir en la postura china sobre el conflicto en el resto de la región. En 1965, el ejército pakistaní lanza una operación militar en Cachemira denominada “Operación Gibraltar” y que desata la segunda guerra indo-pakistaní, en 1965.

La crisis desatada tras la partición de la India Británica en 1947, que dejó a Pakistán dividido en la parte oriental (hoy Bangladesh) y la parte occidental, desató un nuevo conflicto entre ambos países. La “guerra civil” en Pakistán Oriental llevó al desplazamiento de más de 10 millones de personas hacia la India, detonante de otra guerra entre los países vecinos en 1971.

Estados Unidos apoyó a su aliado indiscutible, Pakistán, con el envío de armamento para enfrentar la crisis en la parte oriental, mientras que el gobierno de la primera ministra india, Indira Gandhi, logró el apoyo de Francia y Gran Bretaña para contener cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de Pakistán. Se firmó además un convenio por 20 años con la URSS que dislocó a la diplomacia norteamericana y disminuyó las posibilidades de que los chinos entraran al conflicto. La guerra concluyó con la victoria de las tropas indias sobre las tropas pakistaníes y la declaración de la independencia del Pakistán Oriental como Republica de Bangladesh.

En 1972 se firmó un alto al fuego entre la Republica de India y la República Islámica de Pakistán. Sin embargo, en 1984, el ejército indio tomó la región del Glaciar de Siachen en Cachemira. Desde entonces se sucede una historia continua de inestabilidad y muerte a la que se le suma la militancia armada en Cachemira, que exige la independencia de la región de ambos estados desde 1989. Masacres como las de Gawakadal y Sopore, donde fuerzas paramilitares indias asesinaron a más de cien personas y quemaron el mercado de esta última ciudad, marcaron gran parte de la década del 90. A estos sangrientos sucesos se suma la masacre de Wandhama, que costó la vida de 23 civiles y el asesinato de 35 sikhs por parte del grupo islamista Lashkar-e-Toiba, conocida como la masacre de Chittisinghpura en el año 2000, resultado del apoyo explícito de Pakistán desde 1999.

El siglo XXI parecía traer augurios de paz tras los intentos de Pervez Musharraf y Atal Behari Vajpayee de lograr un acuerdo que se vio amenazado en 2001 tras el ataque a la Asamblea de Jammu y Cachemira en Srinagar. En mayo de 2003, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre India y Pakistán y en noviembre se declaró el cese al fuego. Desde entonces, varios han sido los atentados que, como el que ocurrió en 2007 en un servicio de trenes que conecta a Delhi con Lahore, han tensionado las relaciones entre ambos países.

El atentado suicida que se registró en la denominada Cachemira India este 15 de febrero, considerado el más letal en 30 años desde que la insurgencia islamista empezó a operar en el 89 y que hasta ahora deja un saldo de 45 muertos, vuelve a tensionar las relaciones entre estas dos potencias nucleares de Asia. El atentado fue dirigido contra un convoy policial indio en la capital de la región de Srinagar. El gobierno indio amenazó con castigar a los responsables, así como al gobierno pakistaní, quien, por su parte, lamentó y rechazó su participación en el ataque.

Hoy las reglas del juego son otras; el gobierno nacionalista de la India, encabezado por Narendra Modi, amenaza con aislar a Pakistán con su fe puesta seguro, en el poder económico creciente de su país y la influencia que ha ganado en la última década como actor regional y global, logrando incluso moderar la postura china al respecto. A pesar de la crisis política, social y económica que vive Pakistán, su gasto militar y de defensa se intensificaron con los años y un fuerte arsenal nuclear sirve como base para disuadir a su eterno enemigo y vecino de tomar cualquier represaría directa en su contra, por lo menos hasta hoy.

La tensa calma que se vivía en Cachemira vuelve a aflorar los miedos de los nacionalistas indios y pakistaníes, las amenazas de un lado y otro parecen fortalecerse y el mundo debería temer que la escalada termine en un nuevo enfrentamiento armado.

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En 2004, en Haití, hubo enfrentamientos armados y levantamientos en la capital y varias ciudades importantes del país. La oposición bloqueaba todos los intentos parlamentarios del oficialismo, liderado por Jean-Bertrand Aristide, que había ganado las elecciones presidenciales en 2001 con más del 90% de los votos.

Bajo el auspicio de Estados Unidos y Europa, el ejército dio un golpe de Estado mientras fuerzas rebeldes tomaban varias ciudades importantes. El golpe generó enfrentamientos entre detractores y simpatizantes del presidente haitiano. Las calles de Puerto Príncipe, la capital y las ciudades más importantes ardieron durante días. El CARICOM (Comunidad del Caribe), máximo organismo regional, rechazó inmediatamente el golpe en Haití mientras que Aristide lo denunció desde su exilio en Sudáfrica, país que también reconoció su mandato. Por su parte, la OEA y la ONU no se pronunciaron al respecto.

Tras la autoproclamación del gobierno de Gerard Latortue, el CARICOM y la Unión Africana rechazaron y desconocieron al nuevo gobierno, desatándose una crisis aun mayor. La respuesta internacional fue la de siempre: una intervención armada, fundándose la Minustah (Misión de Estabilización de Haití) y que ha estado envuelta en numerosos escándalos sobre abusos sexuales y de autoridad.

A partir de 2010 la historia de Haití pareció estar sentenciada tras sufrir un fuerte sismo que acabo con la vida de más de 300 mil personas, dejó más de 300 mil heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar, según cifras oficiales reveladas al cumplirse un año del terremoto en 2011. La tragedia desbordó a las ya acotadas autoridades locales y a las fuerzas de ocupación internacionales; la gestión de la catástrofe fue nefasta, salpicada por la corrupción generalizada por el desvío de fondos y por la concentración de contratos en manos de empresas europeas y norteamericanas para la reconstrucción del país. Al terremoto sobrevino el ébola, que causo más de seis mil muertos y del que los haitianos acusan a cascos azules nepalíes de la ONU de introducir durante labores de rescate posteriores al terremoto.

Haití quedo condenada pero ya lo estaba desde hacia muchos años ante las constantes intervenciones extranjeras y la imposibilidad de lograr una estabilidad política duradera. Las fuerzas de ocupación han fracasado en sus intentos de estabilizar al país: la violencia callejera, los enfrentamientos y levantamientos son pan de cada día. El hambre arrasa en la nación caribeña y la profunda brecha entre ricos y pobres se hace más visible con los años. Miles de haitianos y haitianas se han visto forzadas a migrar fuera de su país, teniendo que soportar todo tipo de vejámenes.

Su situación migratoria en Republica Dominicana es delicada, ha sido delicada por décadas, pero se ve hoy más amenazada que nunca por el aumento de las leyes de regulación y nacionalidad impulsadas desde hace unos años por el gobierno dominicano y denunciadas en varias instancias de las naciones unidas por otros estados como antihumanitarias y xenófobas. La migración de haitianos hacia países del Cono Sur como Brasil, Argentina y Chile se triplicó después del terremoto, siendo el caso más relevante el chileno, donde la comunidad haitiana pasó según cifras de 2010 de 7 mil a más de 100 mil en 7 años. Las remesas provenientes de parientes en el extranjero se han convertido en parte fundamental de la economía nacional y hoy soportan más del 35% del PIB de la nación.

El drama haitiano implica reconocer la existencia de una crisis humanitaria, de un éxodo comparable al drama africano en aguas del Mediterráneo. De una comunidad internacional, un vecindario, incapaces de poder contribuir a resolver la crisis institucional, sin anteponer intereses comerciales y privados. Haití es la evidencia hemisférica del fracaso de la política intervencionista en América y del racismo institucionalizado de los sistemas multilaterales.

¿Cuándo se reunirá un grupo de países a pensar en resolver de fondo la crisis humanitaria, social y económica que asola Haití? ¿Cuándo se armará una comisión internacional que verifique la ejecución y distribución de recursos destinados a la ayuda humanitaria en Haití? ¿Cuándo convocara la OEA sesiones extraordinarias para tratar la problemática de las embarcaciones clandestinas cargadas de haitianos que huyen del país arriesgando su vida? ¿Cuándo se destinará ayuda humanitaria para recibir a los cientos de haitianos que arriban a las costas de Bahamas, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes o Estados Unidos huyendo de la miseria? América vive varias crisis humanitarias a lo largo y ancho del continente y no se trata solo de Venezuela. Lo que sí nos enseñan más de 15 años de crisis en la “Perla del Caribe” es que la intervención militar no es nunca la respuesta.

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