Un nuevo derrame se produjo en la mina Veladero. El gobernador Sergio Uñac se vio obligado a suspender la actividad en la mina. La Asamblea Jáchal No se toca exige el cierre total de la mina, remediación y prohibición de la minería.

Mientras el gobierno de Mauricio Macri hacía gala de su neoliberalismo explícito en el Foro de Inversiones organizado en el CCK, donde reunió a más de 2000 empresarios, la noticia de un nuevo derrame en el valle de Lixiviación de la mina Veladero, en la provincia, de San Juan los traía nuevamente a la cruda realidad. Un día antes, los jachalleros estuvieron en la plaza principal recordando un año sin justicia efectiva del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada de la mina explotada por la Barrick Gold.

El martes 13 la plaza San Martín había asistido a una nueva jornada de lucha contra la megaminera a cielo abierto. “Hoy seguimos de pie, después de un año, marchando por las calles de argentina bajo el grito de JÁCHAL NO SE TOCA” era el grito de resistencia del pueblo sanjuanino que se juntaba nuevamente bajo la consigna “echemos a Barrick”.

Un día después, un nuevo comunicado de La asamblea Jáchal No Se Toca resonaba por las redes sociales alertando sobre un nuevo derrame. “La asamblea Jáchal No Se Toca y el pueblo jachallero en general exige al Ministro de Minería de la Provincia: Alberto Hensel, al Ministro de Medioambiente de la Nación Sergio Bergman y a las autoridades de Policía Minera de San Juan que en el plazo de 24 horas den las explicaciones pertinentes sobre un nuevo derrame que habría ocurrido en la mina Veladero entre el miércoles y jueves de la semana pasada”.

El pueblo de Jáchal se juntaba nuevamente en la plaza del pueblo para exigir una respuesta inmediata al rumor que ya se tornaba una triste realidad. El gobernador peronista, Sergio Uñac, sabía que no tenía tiempo para dilatar una respuesta. La experiencia del derrame del año pasado, donde oficiaba como vicegobernador del ahora presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, no podía repetirse. Rápidamente el ejecutivo sanjuanino anunciaba una conferencia de prensa del Gobernador para las 12 de la noche.

La postura oficial y la reacción popular

El gobernador Uñac confirmó el derrame de solución cianurada y anunció el cese de las tareas hasta tanto se determine que no existen riegos. Ante la comunicación de la empresa Barrick Gold de lo que el Gobernador llamó un “incidente”, advirtió que si bien debe ser determinado por la autoridad minera decidió “detener totalmente la actividad en la Mina Veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno”. A su vez, exigió a la empresa canadiense “la intangibilidad laboral y salarial de sus trabajadores aun en el periodo determinado por la detención”.

Por parte de la Barrick Gold, en un comunicado expresó: “El día 8 de septiembre una tubería por donde circula la solución del proceso en el área de las pilas de lixiviación resultó dañada por la caída de un gran bloque de hielo. Como resultado, una limitada cantidad de solución circulante salió del valle de lixiviación”. La empresa canadiense expresa que la solución cianurada no alcanzó ningún río. La historia de hace una año atrás obliga al pueblo jachallero a no confiar.

Luego de la noticia, la asamblea Jáchal no se toca y vecinos autoconvocados realizaron un corte de ruta. En la noche del jueves, se realizó una masiva concentración en la plaza 25 de mayo de la ciudad de San juan, “exigiendo el cierre total de Veladero, remediación y prohibición de la megaminería contaminante”.

La caravana “de los Andes al mar”

En el mes de julio pasado se cumplieron diez meses de uno de los desastres ambientales más importantes de la historia reciente argentina. La Asamblea aprovechó la fecha para organizar una caravana que los llevó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza y al mismo obelisco en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

A los pies del obelisco, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal no se toca, expresó a Marcha que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

Bergman en Jáchal

Más atrás en el tiempo, corría el mes de marzo y el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, decidía presentarse en la plaza San Martín de San José de Jáchal. El pueblo sanjuanino reunido en asamblea interpelaba al funcionario macrista acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea, relataba a Marcha su pensar acerca de la visita del ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. 

La Asamblea de Jáchal destacaba que el Ministro se hubiera pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. De aquella visita solo quedarían algunas fotos y las palabras de ocasión para calmar la bronca de los jachalleros.

La resistencia al saqueo de los recursos naturales se une a otras resistencias como son la extranjerización de la tierra, o el Acuerdo de Asociación Trans-pacifico (TPP). Se ve un reverdecer de la década del 90, y la fotografía del mini davos en el CCK es una muestra de ello. En todas estas luchas, tal vez este naciendo un nuevo “NO al ALCA”.

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El miércoles pasado se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

La caravana “de los Andes al mar” inició su marcha con 18 integrantes de la Asamblea de Jáchal en un recorrido que tuvo su primera posta el lunes pasado en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza. El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que los glaciares deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

El miércoles pasado, en lo que fue su segunda posta, la “Asamblea Jáchal no se toca” realizó una conferencia de prensa en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en la que denunció la plena aplicación de la Ley de Glaciares sin modificaciones inconstitucionales. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, expresó que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

El referente de la asamblea de Jáchal aclaró que el ejemplo concreto que se les dio a las autoridades del IANIGLIA es la del glaciar Toro 1, que tiene menos de una hectárea y que según el “manual o protocolo” no tendría que ser inventariado. “Nosotros exigimos a través de una nota que presentamos en el IANIGLIA, y que luego se presentó ayer en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se cumpla con la ley debidamente y no que se nos engañe y se nos trampee en función de una reglamentación que es de menor categoría que la ley”, explicó Saúl Zeballos en conferencia de prensa.

Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la “Asamblea Jáchal no se toca”, habló con Marcha y contó su parecer acerca de la lucha que vienen llevando a cabo. En ese sentido, xpresó que ni el gobierno provincial ni el nacional ha dado ningún tipo de respuestas, por lo que “nuevamente venimos a peticionar para que por lo menos saquen la ley de glaciares, que es lo que prácticamente nos daría la razón de que la Barrick Gold estaría trabajando sobre los glaciares”.

Por otra parte, el costado judicial del conflicto tuvo un freno difícil de digerir para los asambleístas de Jáchal. Robert Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, y Perito de parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, había logrado demostrar que el glaciar Almirante Brown está seccionado y cortado a la mitad por el camino minero. Además, corroboró que el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente peri glacial. El curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y a su vez, el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares.

La justicia decidió frenar la causa que venía avanzando prolijamente a lugares que no le convenían al gobierno ni mucho menos a sus socios canadienses. No podían mostrar otro triunfo de la lucha popular después del amparo contra la mina Agua Rica en Andalgalá. “La Corte Suprema, una vez más jugando a favor de las corporaciones, le saca la causa de forma arbitraria al Juez Casanello y la manda a la complaciente justicia de San Juan, donde apenas llegó la causa, se fue a dormir a un cajón del Juzgado de Jáchal”, explicó a Marcha el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Voces de apoyo

Distintas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas barriales y partidos políticos se acercaron al obelisco a solidarizarse con la lucha del pueblo jachallero. Las acciones realizadas en la gran capital se completaron con una jornada de concientización en la sede de la CTA autónoma, donde los referentes de la “Asamblea Jáchal no se toca” charlaron con organizaciones sociales de la multisectorial antiextractivista. La caravana “de los andes al mar” finalizó el día jueves acompañando la ronda de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Silvina Reguera llevó el apoyo de las y los miembros de la Asamblea de Andalgalá, quienes en el mes de marzo pasado consiguieron que la Corte Suprema emitiera un fallo a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Desde la asamblea El Algarrobo y de todas las asambleas cordilleranas expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Jáchal. La presencia de la asamblea de Andalgalá tiene diferentes motivos. Por un lado, el derrame de millones de litros de cianuro. Pero por otra parte, Reguera expresó a Marcha su preocupación respecto de que los habitantes de Jáchal no pueden tomar agua de la canilla y se ven obligados a comprar agua envasada. Así también, la resolución de este conflicto se hace más urgente tomando en cuenta que hay varios emprendimientos que están empezando. Según la referente catamarqueña, en la cordillera de San Juan hay más de 800 proyectos de megaminería.

Ya pasaron seis meses de la audiencia que tuvieron la “Asamblea Jáchal no se toca” con el ministro de Ambiente Sergio Bergman. Reguera, quien fue partícipe de aquella reunión, concluyó que “el ministro macrista se va en palabras, habla mucho, dice poco y hace nada”. “Ya pasaron seis meses. Les cobraron una multa [a Barrick Gold] que no va al pueblo. El dinero iba a ir un poco para sanear el río y otro poco para dar el agua a la población y no pasó eso. El agua que llegó a Jáchal fue producto de la colecta que se realizó a nivel nacional. Están en un peligro permanente y por eso están acá” agregó Reguera.

Orestes “Beto” Galeano, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA autónoma, se refirió acerca de la falsa dicotomía en la que se entrelazaron los partidos del poder, macrismo y kirchnerismo, cuando reducen la megaminería a una disputa por las retenciones: “Hay un reduccionismo a la cuestión económica. Si se llevan más o se llevan menos. La consigna “el agua vale más que el oro” está absolutamente clara. Y también nos tiene que servir a los que vivimos en las pampas donde ya, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ya no tenemos agua potable. Cavás y hace décadas que el agua está contaminada. Hay que sacar del río o del acuífero puelches. El acuífero guaraní quizás sea el próximo coto de caza de los imperios. No es solo la megaminería. La megaminería es hoy, el fracking es hoy, pero evidentemente el saqueo de todos los recursos naturales está en marcha desde hace tiempo, y los gobiernos desde el arribo de la democracia, no han hecho más que animarlo y ser cómplices de ello”, explicó Orestes Galeano a Marcha.

Diez meses después del derrame de cianuro en los ríos de la cordillera sanjuanina. Seis meses después del arribo de un nuevo gobierno que nada hizo por pensar y ejecutar nuevas políticas distintas al extractivismo imperante en San Juan y en todo el país. Con un ministro de ambiente que no dudó en aprovechar cada oportunidad que tuvo para aclarar su más absoluta ignorancia en la cuestión referente a los peligros que conlleva la explotación megaminera a cielo abierto. No hay dudas de que la “Asamblea Jáchal no se toca” tiene claro cuál es el camino: la lucha popular de los pueblos afectados y la concientización y solidaridad de los que miramos desde lejos.

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El ministro Sergio Bergman viajo a Jáchal para escuchar las exigencias de un pueblo que resiste la mega minería a cielo abierto. La Asamblea reclamó la plena vigencia de la Ley de Glaciares. La UBA realizará un peritaje que dé cuenta de la salud de las y los vecinos luego de seis meses del derrame de cianuro en la Mina Veladero. En materia judicial, nueve empleados de la Mina Veladero procesados y una multa de 145 millones de pesos.

El domingo pasado se presentó el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la plaza San Martín de San José de Jáchal. Reunidos en una asamblea ampliada, el pueblo sanjuanino expuso sus demandas acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal que se produjo el 12 de septiembre pasado.

Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, la visita del ministro fue tomada como un gran gesto ya que cumplió con la promesa de visitar al pueblo sanjuanino, tal como se había comprometido cuando integrantes de la asamblea se entrevistaron con él en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esta buena impresión, el discurso del Funcionario nacional no colmó las expectativas.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en declaraciones a Marcha, relató la impresión que dejó el ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. A su vez, el asambleísta de Jáchal expresó que ya están trabajando en un proyecto de consulta popular para que el pueblo se expida, dé su opinión, y su resolución se respete, como ha ocurrido en otras partes del país.

Diego Seguí, abogado querellante contra la Barrick Gold, difundió en las redes sociales que se le ha demostrado al ministro Bergman que el valle de lixiviación de la Mina Veladero se encuentra sobre ambiente periglacial, y el rajo de Pascua Lama está sobre el glaciar binacional Toro 1, según lo demuestra la información científica aportada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), utilizado para los informes de impacto ambiental.

El abogado Seguí ratificó que contiene el rigor jurídico necesario y correspondiente ya que son instrumentos públicos que según el Código Civil y Comercial “hacen plena fe de existencia material de los hechos que se informan” y, a su vez, en materia ambiental “tienen la fuerza probatoria de los dictámenes”. La información aportada por el IANIGLIA proviene de información propia de la empresa concesionaria por lo que son hechos plenamente admitidos. En este punto, el abogado sanjuanino sintetiza su fundamentación con el viejo adagio popular “A confesión de parte relevo de prueba”. Esta serie de puntos aclaratorios sirvieron para exigir que se cumpla con la obligación de inventariar los glaciares de forma inmediata.

El ministro Berman reconoció que La Ley de Glaciares no estaba siendo cumplida por parte de la Barrick Gold y se comprometió a hacerla cumplir. También confirmó que el gobierno nacional solicitó que el Juez Casanello ejecutara el seguro ambiental, e informó al pueblo, reunido en asamblea, acerca del envío de dinero para remediación de las comunidades de Jáchal e Iglesia.

Desde la Asamblea de Jáchal destacaron que el Ministro se haya pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. También recordaron que el funcionario nacional expresó que si la Ley de Glaciares no se respeta, no puede haber minería. Sobre el tema, Domingo Jofré argumentó: “Nosotros sabemos que la Ley de Glaciares no se está respetando porque claramente esta empresa está trabajando en un ambiente periglacial”.

En declaraciones a medios locales de la capital sanjuanina, el ministro Bergman ratificó la ejecución del seguro ambiental: “Nosotros somos la autoridad de aplicación de los seguros ambientales y va a ser la primera vez que se va a aplicar, vamos a hacer valer esa póliza y en este caso va haber una cuenta de garantía que será depositada en el juzgado, en este caso el de Sebastián Casanello que es el juez federal que interviene en esta acción”.

 La UBA realizará un peritaje por el derrame de Cianuro

El Juez actuante en la causa por el derrame de cianuro de la Mina Veladero, Sebastián Casanello, determinó que un equipo de especialistas de la UBA realice un peritaje para determinar si se produjeron afecciones de salud en la población de los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Esta sentencia surge luego de que integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca viajaran a la ciudad de Buenos Aires donde lograron entrevistarse con el Juez Federal. La pericia ordenada a la Facultad de Medicina de la UBA se focalizará en relevar las potenciales enfermedades producto del derrame de agua cianurada en la cuenca del río Jáchal. La metodología a utilizar en los peritajes encargados tiene que ver con la extracción de muestras de sangre y orina.

El 11 de marzo pasado el juez de San Juan Pablo Oritja, afirmaba que el derrame de cianuro de un ducto de la mina Veladero, había contaminado los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, pero no habría alcanzado a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo del yacimiento minero. Esta definición del juez sanjuanino contradice la reciente determinación del Juez Federal, Sebastián Casanello.

El juez Oritja también se manifestó en disidencia con los peritajes realizados por la Policía Federal donde encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: Jáchal, Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas. “No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha” ratificó el Juez de San Juan.

Multa a la Barrick Gold y nueve empleados procesados

El 11 de marzo se conocía que el gobierno de San Juan había aplicado una multa de 145 milllones de pesos a la minera Barrick Gold como consecuencia del proceso administrativo que se inició después del derrame de agua cianurada en la Mina Veladero. Por su parte, desde la corporación canadiense intentaron restarle importancia a lo sucedido. “Todas las mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente” expresaron ejecutivos de la empresa canadiense.

A su vez, se conoció que el juez provincial, Pablo Oritja, procesó por negligencia a nueve ejecutivos de la Barrick por el derrame de cianuro. Se trata del jefe de Procesos, Leandro Poblete; el subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; el supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; el supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortés; el gerente de Procesos, Walter Pizarro, y el gerente general, Antonio Adames, que fue removido de su cargo por el incidente.

El Juez Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame de cianuro producida por la rotura de una válvula de la tubería, y determinó un embargo de 100.000 pesos a cada uno de los procesados.

Al respecto, Jofré expresó a este portal su disidencia y la de la Asamblea de Jáchal No Se Toca a la determinación del Juez sanjuanino: “Ningún Ceo ni la empresa fueron procesados. En particular, los trabajadores fueron los procesados, la empresa, no. ¡Ni siquiera los funcionarios encargados del control!”.

Jachál sabe que sólo el pueblo tiene el poder de parar la Megaminería a cielo abierto en esta región. Los jachalleros saben que tienen el poder –tan incómodo para los poderes de turno– de recuperar la Ley de Glaciares como instrumento de lucha. La consulta popular en San José de Jáchal es una causa que trasciende la provincia de San Juan, incluso la cordillera argentina. Citando a Miguel Bonasso, “la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores y explotados”.

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El presidente Mauricio Macri junto a los gobernadores mineros viajó a la localidad sanjuanina de Barreal para anunciar la quita total de las retenciones a la minería.

Las asambleas que ya se encontraban en alerta cuando días atrás funcionarios del ministerio de minería anunciaban la necesidad de un nuevo código federal minero que impulse nuevamente la actividad. Andalgalá sigue acampando frente a la Corte Suprema de Justicia y Jáchal sigue esperando respuestas ante el derrame de cianuro en la mina Veladero.

El decreto 349/2016 fue publicado en el boletín oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector. En la misma semana donde se conoció que en el alto valle de Río Negro tuvieron que tirar miles de kilos de peras, un buen justificativo es relacionar la quita de las retenciones con los pequeños productores. Ni siquiera las declamaciones de ciertos sectores aliados del radicalismo y el massismo lograron frenar las nuevas definiciones políticas en materia de minería.

La medida es una extraordinaria transferencia de ingresos a las empresas trasnacionales ya que reducirán un 8% los costos y a su vez el Estado Nacional dejará de recaudar U$S 223 millones por la eliminación de las retenciones. Independientemente de la recaudación que deja de percibir el estado argentino, más importante aún es la pérdida de soberanía a la que nos somete el gobierno de Mauricio Macri.

Frente a este diagnóstico las asambleas ciudadanas se aprestan a resistir un nuevo avance extractivista. Saben que la lucha se va a intensificar. Lo sabían desde antes de que asuma el nuevo gobierno y reafirmaron sus convicciones cuando el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, planteó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”.

Agua Rica no pasará

Los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de la localidad de Andalgalá, están acampando frente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Sergio Martinez y otro grupo de representantes de la asamblea catamarqueña reclaman en Plaza Lavalle que los jueces de la Corte resuelvan el amparo que prohíba la explotación del emprendimiento Agua Rica. Este acampe coincide con el aniversario de la represión que sufrieron en Andalgalá en el año 2010 cuando se manifestaban en contra del mismo proyecto. Desde la Asamblea El Algarrobo expresaron a Marcha su preocupación por que las políticas macristas en materia de minería profundizan lo que hizo Menem y el kirchnerismo, de manera absolutamente inconsulta.

Sergio Martínez, expresó que “esta situación nos hace ver que vamos a tener que seguir en las calles. Mas unidos para defender a nuestro territorio y a nuestros bienes comunes. Es gravísimo lo que está haciendo este gobierno, en regalar nuestros bienes más preciados como son el agua, el aire y nuestro territorio”. Las asambleas ciudadanas lo tienen bien en claro. Las retenciones es solo un disparador en la discusión, la gota que rebalsó el vaso en esta larga lucha. Lo que están poniendo en cuestión los pueblos afectados por la megaminería es sencillamente que no hay licencia social para que un puñado de políticos entregue las tierras y las montañas, el agua y el aire. La identidad de un pueblo no vale ni siquiera unos cuantos millones. Las montañas se resisten a desaparecer y los pueblos también. Porque en cada cráter gigantesco que nace en nuestra cordillera, un poco de ese pueblo que suele estar montaña abajo, empieza a irse un poco también. Muestra de ello es que hace 15 días que integrantes de la Asamblea El Algarrobo resisten la megaminería en la ciudad de Buenos Aires, donde dicen que a veces atiende Dios. Lo único que podemos afirmar es que sí atiende El Gran Capital.

Jáchal no olvida

Otro de los pueblos paradigmáticos en la lucha contra la megaminería es el pueblo de Jáchal. Este pueblo tiene enfrente a la empresa canadiense Barrick Gold, insignia de la megaminería. Los jachalleros no solo son famosos por resistir a las corporaciones en el patio de su casa. El año pasado la Barrick les dejo el regalo más temido, un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal. El derrame de agua cianurada se produjo en plena campaña presidencial donde los principales candidatos presidenciales ni siquiera esbozaron un intento de repudio a la actividad minera, y menos el envío de ayuda para la población sanjuanina. Hacerlo implicaba reconocer la lucha de los pueblos por prohibir la megaminería a cielo abierto.

El referente de la Asamblea Jáchal no se toca, Mingo Jofré, dialogó con Marcha acerca de la eliminación de los derechos de exportación a la actividad minera. La posición de la Asamblea que aún se está produciendo no se va a referir solamente al anuncio de Macri en San Juan, sino a la serie de beneficios que desde la implementación del código minero se han venido haciendo hasta esta última medida. “Las concesiones no fueron a la minería sino a la megaminería con lixiviación con uso de cianuro o de algún otro elementos ejecutadas en latinoamérica por las corporaciones mineras que tienen un pasado de contaminación y de saqueo que es reconocido a nivel mundial” expresó Jofré a este portal.

Mingo Jofré identifica con claridad a los principales responsables del saqueo y la contaminación al que nuestros pueblos están siendo sometidos. “En los últimos veinticinco años los funcionarios de gobierno, tanto de San Juan como a nivel nacional, son meros gerentes de las corporaciones” ratificó. La afrenta al pueblo de Jáchal se intensifica y adquiere un tono burlón cuando el presidente Mauricio Macri llegó hasta la provincia para anunciar el fin a las retenciones mineras y decirles que son un ejemplo a seguir en materia de minería. En ningún momento el presidente hizo referencia a que la provincia de San Juan y sus controles fueron los responsables de que “la empresa derramara más de un millón de litros de agua cianurada por lo menos en las nacientes del Río Jáchal”.

En el discurso de Macri ni en ninguna parte del decreto figura como está el pueblo jachallero, que les pasó o que necesitan. Al igual que el gobierno de los Kirchner, el macrismo cae en la misma tentación: el olvido. Todavía los jachalleros esperan esa visita, esa reunión o esa ayuda.

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Conversamos con dos integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, donde un mes atrás se produjo un derrame de cianuro en el río cercano a la mina sanjuanina que explota la Barrick Gold.

En el marco de las actividades convocadas para el taller “Territorio y maldesarrollo” organizado los días 7 y 8 de octubre por la Fundación Rosa Luxemburgo en la recientemente creada oficina de Enlace Buenos Aires, pudimos dialogar con integrantes de las diferentes asambleas ciudadanas en lucha contra la mega minería de múltiples ciudades y localidades argentinas: como Mendoza, Jáchal (San Juan), Esquel (Chubut), comunidad Winkul Newen (Neuquén), las 33 Comunidades de Salinas Grandes y Salinas de Guayatayoc (Salta y Jujuy) y la Mesa Provincial “no a las represas” (Misiones).

Entre los diferentes testimonios de los presentes resaltaremos aquí la palabra de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, Domingo Jofré y Saúl Ceballos, habitantes de la localidad sanjuanina donde un mes atrás se produjo el derrame de solución cianurada sobre el río Potrerillos.

Jofré y Ceballos relataron que fue el domingo 13 de septiembre cuando los habitantes del poblado comenzaron a recibir mensajes por Watsap, donde se les informaba que había ocurrido un accidente en la empresa Barrick Gold, por el cual se había producido la rotura de una válvula que es parte de un caño que traslada agua cianurada al llamado valle de lixiviación, parte del proceso de explotación de oro de la mina Veladero. Los pobladores sintieron que el horror los invadía.

Un poco después, la plaza del pueblo era sede de una reunión auto convocada de 100 personas que querían hablar con el Intendente. Al no recibir respuesta satisfactoria, a la mañana siguiente los movilizados ascendían a 500 personas. En asamblea decidirían los cursos de acción, pedidos de informes, monitoreos, controles y programación de actividades con el objetivo de conscientizar a los ciudadanos. Mientras tanto, representantes de la Barrick Gold salieron de manera inmediata, a comunicar que se había tratado solamente de un “problema técnico”, específicamente en una válvula, pero que de ninguna manera se había producido contaminación del agua. El mismo gobernador, José Luis Gioja, ratificó por esos días el mensaje de la contingencia técnica que fue rápidamente controlada.

Sin lograr conciliar tranquilidad, los Jáchalinos continuaron exigiendo la realización de estudios y peritajes sobre los niveles del agua. El martes 15, el Gobierno provincial informó que se iniciaría una denuncia penal por el derrame de cianuro generado por la Barrick Gold, pidiendo además a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto estricta precaución con el consumo de agua.

Pero tuvieron que pasar varios días hasta que la empresa canadiense elevara un informe preliminar para el Ministerio de Minería de San Juan. En concreto, se habrían vertido 224 metros cúbicos (224 mil litros) de solución cianurada por el lapso de 1 hora y 45 minutos, tiempo en el cual se identificó el derrame y se cerró la compuerta del canal norte, que es el que conduce el agua a un sistema de piletas más abajo y termina en el río Potrerillos, uno de los afluentes de la cuenca del río Jáchal.

Verdades que salen a la luz

En adelante, una serie de informes de diferentes entidades y organismos públicos determinarían valores y conclusiones contradictorias sobre los riesgos para el consumo humano. Pero los habitantes de Jáchal se rehúsan a consumirla.

Uno de los informes mencionados es el de la UNOPS, organismo dependiente de la ONU, para el cual el gobierno de San Juan desembolsó una cifra estipulada en 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.

El director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, comentó que los primeros informes estarán para el mes de octubre (aunque pasados 16 días del mes todavía no estén). A su vez, afirmó que aunque no fue presentado el informe, el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” están concluidos, pero no los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante solicitó una prórroga para la vigencia del proyecto hasta junio de 2016. La realidad es que, pese a las enormes cifras invertidas en este organismo, los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como la responsabilidad que le compete en la prevención del derrame de solución cianurada.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Cuyo presentó en su portal web un informe en el que asegura que el Río Jáchal tiene una contaminación con metales “en dosis de hasta 1400 % por encima de los valores tolerables”; lo cual revela que sí hubo contaminación del suministro local de agua en la localidad de Jáchal. El trabajo se realizó por encargo de la Municipalidad de Jáchal y las muestras fueron tomadas al día siguiente del derrame. El informe de la Universidad describe que “se encontraron aluminio y manganeso (en gran proporción), además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos”. Las razones avalan, así, la preocupación y la denuncia de los vecinos.

El juez civil en la causa que investiga la negligencia de la empresa imputó al jefe de Procesos de la mina Veladero. Leandro Poblete habría sido uno de los responsables que firmó el acta de apertura de la compuerta del canal del Norte, sitio por donde se filtró la solución cianurada hacia los cauces del río.

El fin de los discursos bonitos

Efectivamente, lo que está pasando en Jáchal es un claro ejemplo de uno de los por qué de las luchas y resistencias sociales contra los proyectos de minería que abundan en todo el territorio argentino. Así lo cuentan Jofré y Ceballos: “Nosotros tenemos dos objetivos: por un lado, en lo urgente, clamar un plan de remediación y que se escuche a nuestro pueblo cuando se hable de un nuevo proyecto[1]. Es en este sentido que exigimos ¡remediación ya! El segundo objetivo que tenemos es el de contar nuestra experiencia a otras comunidades que están amenazadas por este tipo de emprendimientos, para que de ninguna manera den la ‘Licencia social’ a las empresas, para que nunca les ocurra lo que nos acaba de ocurrir a nosotros”.

Como si faltaran más argumentos, los asambleístas continúan explicando que los proyectos mineros les ganan la licencia social a los pueblos bajo la promesa de la generación de empleo y del desarrollo sustentable. “Nosotros podemos decir que el desarrollo sustentable es tan solo un discurso bonito para algunos, porque no lo tenemos, no se ha dado la generación de empleo genuino en forma permanente en la población de Jáchal y ahora tenemos un problema ambiental que quién sabe cuánto tiempo lleve reparar y hasta dónde se extienda”, explican.

Y también amplían diciendo que la empresa “llegó con la promesa de generación de pleno empleo mientras se iniciaba la explotación de Veladero. Hoy la mina ya ha cumplido 10 años, le deben quedar pocos años de vida útil y lo primero con lo que se quiere argumentar la llegada de ‘nuevos’ emprendimientos es, otra vez, que se generaran puestos de empleo de forma permanente. Se produce, así, una suerte de encadenamiento de mentiras que mantiene a los pueblos sacrificados prácticamente de rehenes. La gente acepta por la pobreza y porque no tiene otras alternativas, lamentablemente nosotros somos el ejemplo de lo que verdaderamente ocurre”. Y cierran de forma contundente: “Jáchal, como muchos pueblos empobrecidos, sistemáticamente se tragó la minería, pero se la tragó de la misma manera que el pez se traga la carnada, por hambre y por inocencia”.

[1] Si bien se dice que ya se está trabajando sobre el proyecto del Carmen y el proyecto Chita, que son muy cercanos a este proyecto minero, existen además muchísimos proyectos “en carpeta” en el territorio de la provincia de San Juan.

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