Por Redacción Marcha

En un país que celebra la legalización del aborto como una conquista histórica de los feminismos, la lucha por garantizar este derecho sigue viva y enfrentando desafíos. Les socorristas, una red feminista que acompaña a quienes deciden interrumpir un embarazo, continúan su activismo incansable en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué significa ser socorrista en una provincia conservadora como Catamarca?

Esta pregunta cobra aún más relevancia en el contexto actual de Argentina, con el avance de discursos autoritarios y antiderechos liderados por el gobierno de Javier Milei, quien pretende poner en jaque el reconocimiento de derechos fundamentales, como la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2020. Un clima de retroceso en los derechos de las mujeres y las disidencias. En este escenario, les socorristas están en la primera línea de defensa, sosteniendo con su trabajo cotidiano la legalidad y el acceso al aborto seguro.

En Catamarca hay tres socorristas. Sí, tres socorristas para toda la provincia y sus más de 400 mil habitantes. Sin embargo, este número no parece alarmarles, se ríen de su capacidad: en la actualidad acompañan al menos a 50 personas gestantes por mes y realizan consejerías donde garantizan métodos anticonceptivos y entregan test de embarazos. Conversamos con Victoria, Inti y Cris, activistas transfeministas que sostienen la legalidad del aborto en contextos de crueldad y precariedad.

El acompañamiento como práctica política

Les socorristas, ante todo, cuidan. Muchas veces lo hacen sin medir toda la carga que implica este tipo de práctica en sus vidas. Es como si hubieran desarrollado un superpoder que coloca la empatía por delante ante cualquier situación. Nos reunimos en el espacio donde realizan sus acompañamientos. “Recién hicimos una reunión con diez personas”, explican con naturalidad mientras nos sentamos. En la mesa, además de sus metódicos cuadernos donde anotan cada paso, tienen dos platos con caramelos que comparten con hospitalidad. Mientras preparan el mate y nos acomodamos hacen chistes, saben muy bien cómo hacer sentir cómoda a una persona cuando llega a su encuentro.

“Este espacio de militancia es diferente a cualquier otro. La política que se gesta acá es completamente diferente, es feminista”, remarcan al comenzar la charla. Y es que, para elles, ser socorrista es un modo de vida: “nos atraviesa profundamente”, expresa Victoria, una de las pioneras en Catamarca con más de ocho años de experiencia. “Yo no puedo imaginar una vida sin el socorrismo -agrega- es una militancia que atraviesa tu vida, no tiene horarios, feriados ni descansos”. Para quienes forman parte de este colectivo, el socorrismo es un compromiso social y una forma de vida que, aunque intensa, está motivada por el deseo de garantizar el acceso a derechos que el Estado muchas veces no cumple.

El socorrismo es una práctica feminista que surge en Argentina en el marco de la lucha por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Inspirado en movimientos internacionales como el de “Jane Collective” en los Estados Unidos de los años ’70, el socorrismo en nuestro país toma forma alrededor de 2012 con la creación de la red Socorristas en Red, que articula el acompañamiento a personas que deciden interrumpir un embarazo a través de la provisión de insumos (métodos anticonceptivos, preservativos, test de embarazos, etc.), con médicas amigables para garantizar el acceso a la IVE en el sistema público y que garantizan el acceso a información segura a través de un acompañamiento amoroso y del apoyo emocional.

Esta práctica cobró especial relevancia en un contexto en el que, hasta la sanción de la Ley, el aborto era ilegal en la mayoría de los casos, lo que empujaba a muchas personas gestantes a realizar procedimientos inseguros. Sin embargo, el trabajo de les socorristas no terminó con la legalización del aborto en 2020. Al contrario, su rol se volvió aún más importante para asegurar que la ley se implemente en todo el territorio nacional, enfrentando la resistencia de sectores conservadores y profesionales de la salud que, en muchos casos, se amparan en la objeción de conciencia para no garantizar este derecho.

Ser socorrista no es una tarea fácil, ni en lo práctico ni en lo emocional. En Catamarca, este trabajo ha atravesado varias etapas. Como relatan sus integrantes, el colectivo comenzó con un número de teléfono y la construcción de confianza a través de la práctica. “Llamar a Rosa” era la consigna inicial: una llamada para obtener información confiable y segura. Hoy, aunque algunas de las primeras socorristas han seguido otros caminos, el trabajo de acompañamiento no ha cesado. Desde entonces, el número de Rosa comenzó a circular por toda la provincia hasta convertirse, incluso, en el número al que derivan algunes profesionales de la salud hasta incluso las clínicas privadas.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en diciembre de 2020, marcando un hito histórico en los derechos de las mujeres y personas gestantes en Argentina. Después de décadas de lucha del movimiento feminista, que tuvo su punto más álgido con el masivo Ni Una Menos y los pañuelazos verdes, la ley IVE permitió el acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación de manera segura, gratuita y legal en todo el país.

Sin embargo, la implementación de la ley ha sido desigual y enfrenta obstáculos, particularmente en provincias más conservadoras como Catamarca. “Vivimos en una provincia conservadora, tradicionalista y religiosa, donde el prejuicio y el miedo son constantes”, explican. Paradójicamente se trata, también, de una de las provincias con más acompañamientos del país: “Durante 2023 fuimos la cuarta provincia con más acompañamientos después de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, este dato no es menor porque nuestra población es mucho más pequeña”, explica Victoria. 

Ser feminista y socorrista en tiempos de autoritarismos

El estigma que enfrentan las feministas en el país se siente con más fuerza en provincias conservadoras. La idea de que “las feministas piden demasiado” y que incluso son responsables del avance de la derecha extremista ha permeado en algunos sectores de la sociedad. “Es contradictorio”, señala Victoria, “porque luchamos por los derechos de toda la población, por la igualdad, y el castigo nos cae a nosotras”.

Este tipo de discursos se ha visto amplificado en el actual gobierno de Javier Milei, cuya administración promueve una visión de los derechos basada en un ultraliberalismo individualista, que deja fuera a los sectores más vulnerables. Las políticas de recorte y las declaraciones del presidente, que ha cuestionado a los feminismos y los derechos sexuales y reproductivos, han generado un clima de retroceso en el que muchas mujeres y personas gestantes sienten que sus derechos están en riesgo.

Para les socorristas, el actual contexto político condiciona necesariamente su práctica. En ese mismo sentido los discursos de odio sostenidos tanto por el gobierno nacional como por empresas de comunicación y trolls pagos construyen sentidos y legitiman acciones. “Estamos viendo que aquellos comentarios que las personas antes se guardaban porque era, al menos políticamente incorrecto, volvieron”, denuncia Victoria. Por ese motivo, desde la colectiva están atentas a las malas prácticas pero también a toda esa violencia institucional que se está recrudeciendo nuevamente: “Hay personas que no está pudiendo acceder, que están siendo violentadas, apartadas de este derecho”, agrega Cris. 

En provincias como Catamarca, ser feminista en este contexto conlleva enfrentarse a discursos de prejuicio que incluso emergen desde dentro del propio movimiento. “El 8M sentimos que la marcha estuvo fragmentada y que en gran medida se debe a un posicionamiento político e ideológico. De igual manera seguimos apostando a la articulación entre otros espacios de lucha feminista en el territorio”, explica Victoria.

A pesar de las dificultades, les socorristas no retroceden: “Ante estas situaciones vemos que nuestro activismo ahí es fundamental, aunque muchas veces lo sentimos en soledad, porque sí es difícil: maternar, trabajar, estudiar y ser activista transfeminista en una provincia como Catamarca”, expresa Victoria. Pero enfatiza: “Esto también nos moviliza, nuestra vida no tiene significado sin esta actitud”.

El desafío del interior: distancias, precariedad y estrategias de acompañamiento

Acompañar a personas que deciden interrumpir un embarazo en provincias como Catamarca no es una tarea sencilla y las complejidades aumentan cuando se trata de llegar a las zonas más alejadas. “Es el interior del interior”, dicen mientras ríen de la lógica centralista que atraviesa a toda la Argentina. Les socorristas se encuentran con un sinnúmero de dificultades al intentar brindar apoyo en los dieciséis departamentos que comprenden a la provincia, donde la precariedad en los servicios de salud, la falta de información y el conservadurismo social son una barrera más a superar.

En el interior, explican, las personas gestantes enfrentan una realidad aún más adversa que en la capital. “Nos hemos encontrado con mujeres que no tienen teléfonos personales o que sus parejas no las dejan hablar”, explica Inti. Además, la falta de acceso a consultas ginecológicas es alarmante, y en muchos casos, quienes atraviesan un aborto espontáneo ni siquiera logran acceder a una consulta médica. 

Frente a estas barreras, les socorristas desarrollan estrategias para llegar a las personas del interior, incluso cuando las distancias y las limitaciones en infraestructura dificultan el acceso. “Nosotras militamos en la Capital y hacemos un esfuerzo muy grande para llegar al interior, pero es complicado. A veces las distancias son enormes, y ni siquiera podemos confiar en que atenderán una llamada de ayuda”, se lamenta Cris.

Una de las principales estrategias de comunicación que utilizan es la recomendación. “El interior es muy particular. Muchas veces la comunicación es diferente, y nos cuesta que la gente nos atienda o confíe en nosotres” reconoce Inti. Por ese motivo, su práctica se sostiene en el famoso “boca a boca”: “Una persona que acompañamos recomienda a otra, y así se va generando la red”, explica.

El acompañamiento también depende, en gran medida, de contactos locales que actúan como puentes entre les socorristas y quienes necesitan apoyo. Estas personas, muchas veces médicas, trabajadoras sociales, activistas feministas o referentes comunitarias, ayudan a distribuir información sobre los derechos reproductivos y a coordinar la logística de los acompañamientos. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar aliades en el interior. “Nos hemos encontrado con médicos que, simplemente, no nos responden los mensajes o las llamadas. Es muy frustrante, pero seguimos insistiendo”, relata Cris.

Además, les socorristas utilizan las redes sociales y plataformas digitales como una herramienta clave para superar las barreras geográficas. “Muchas veces, la primera aproximación es a través de las redes sociales. Ahí compartimos información sobre la Ley y los derechos de las personas gestantes, y también explicamos qué hacer en caso de que no les garanticen un aborto seguro”, comenta Inti.

El socorrismo como red de cuidado

Frente a la violencia institucional y la desinformación que sufren quienes buscan acceder a un aborto seguro, el socorrismo se erige como una red de cuidado. Les socorristas han desarrollado mecanismos de protección y apoyo que permiten que el trabajo se mantenga en marcha, incluso en los contextos más hostiles.

“Hoy en día, la palabra ‘cuidado’ para nosotres es central. Si no nos cuidamos entre nosotres, no podemos cuidar a otras personas”, explica Inti. Este cuidado se manifiesta no solo en la protección de las integrantes del colectivo, sino también en la forma en que acompañan a quienes necesitan interrumpir un embarazo. La información, aseguran, es clave para que todas las personas que acuden a su espacio sepan cuáles son sus derechos pero no sólo eso, también construyen un vínculo en el que se acompañan con complicidad: “Aca entran sospechando y se van como amigas”, asegura Inti.

En ocasiones, las personas que se acercan a les socorristas fueron desinformadas sobre la vigencia de la Ley de IVE. “Nos llegan discursos de personas que fueron a hospitales del interior y les dijeron que la ley ya no es válida. Eso es completamente “ilegal”, denuncia Cris. Ante esto, la estrategia es clara: información y redes. “El boca a boca, las redes sociales, la información compartida son nuestras herramientas más poderosas para luchar contra la desinformación y la violencia institucional”, afirma Inti.

¿Dónde están las feministas? Sosteniendo la legalidad del aborto 

A pesar de la aprobación de la ley de aborto, los obstáculos persisten. En Catamarca, como en muchas otras provincias, la mayoría de les profesionales de salud son -mal llamados- objetores de conciencia, lo que dificulta el acceso al aborto seguro. En la Maternidad, principal centro de salud de la provincia, el 96% del personal se declara objetor, lo que obliga a quienes buscan un aborto a transitar un camino lleno de trabas.

En respuesta a estas dificultades, les socorristas han intensificado su trabajo. “Nuestro activismo es fundamental, aunque muchas veces lo sentimos en soledad”, afirma Cris. Y es que, más allá de las limitaciones estructurales del sistema de salud, la violencia institucional y los prejuicios, el socorrismo sigue siendo una herramienta vital para garantizar que el aborto legal no se convierta en letra muerta.

“Sin el feminismo y el transfeminismo la ley no se sostiene”, concluye Victoria. “Nosotres seguimos acompañando, organizades, desobedientes, poniendo el cuerpo como un acto político de resistencia. Y aunque no siempre se vea, estamos más presentes que nunca”, asegura frente al actual escenario. Para Victoria es simple: “La forma que tiene el feminismo de luchar es cuidando la red”. “Nos comunicamos a nivel país y ahora nos cuidamos al máximo”, agrega.

Durante el último tiempo -mientras las feministas sostienen leyes y acompañan vidas- diferentes sectores políticos sugieren en sus discursos e intervenciones que el triunfo electoral y el gobierno de la extrema derecha en la Argentina se debe, en parte, a la responsabilidad de los feminismos por “pedir mucho”. En un contradictorio reclamo donde la sociedad exige que los feminismos asuman todas las responsabilidades de la crisis actual, les socorristas refuerzan su pacto en defensa de los derechos de todes: “Hoy, más que nunca, vamos a seguir tejiendo redes apostando al reencuentro, por que cuando este sistema quiere dividirnos, acompañar es ese poder juntarnos: un acto político de amor y rebeldía”.

La experiencia de les socorristas en Catamarca es un ejemplo de cómo el feminismo sostiene y defiende derechos en los contextos más difíciles. A pesar del estigma, el aislamiento y la violencia institucional, continúan acompañando y garantizando el acceso al aborto legal. Y aunque muchas veces lo hacen desde la soledad, su lucha es indispensable para que los derechos conquistados no se pierdan. 

Porque, como ellas mismas lo afirman, el feminismo está construyendo un mundo más justo y habitable para todas las personas, incluso para aquellas que aún no lo reconocen. Les socorristas, en su práctica cotidiana de acompañamiento, amor y resistencia, están materializando ese ideal: una sociedad que ponga a los cuidados en el centro. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad que las feministas no están pidiendo demasiado sino que están luchando para que el mundo sea mejor para todes?

Al cierre de esta edición Amnistía Internacional advirtió que el Gobierno nacional paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto. De esta forma, pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes en Argentina.

Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Fundación El Churo, Festival Zarelia, Wambra Medio Comunitario, con el apoyo del proyecto Poder Elegir de Oxfam en Latinoamérica y Asuntos Mundiales Canadá.

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Por Marcos Doudtchitzky / Fotos: Nadia Petrizzo

El reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se puede rastrear a, por lo menos, las décadas de 1970 y 1980, levantado por mujeres de extracciones políticas diversas; incluso llegó a ser parte de la plataforma electoral del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en 1973, cuando las mujeres se encontraban en una situación aún mucho más desfavorable que en el presente. Es esperable, por lo tanto, encontrar una diversidad de estrategias y tácticas que jalonaron el camino, cambios inevitablemente vinculados a otras transformaciones de una sociedad que atravesó una dictadura sangrienta entre 1976 y 1983 y gobiernos que se movieron entre el neoliberalismo y el progresismo del nuevo siglo tras la restauración democrática.

No pretendo ahondar en detalle en la historia de lucha que permitió el triunfo en la madrugada del 30 de diciembre del 2020, tarea que puede ser encarada con mucha más profundidad por sus protagonistas directas del movimiento de mujeres; en cambio, apunto a un aspecto específico que no se podrá pasar por alto en ninguna lucha que busque la aprobación de una ley en el Congreso. Se trata de la falsa contraposición entre lo que se conoce como cabildeo parlamentario -el trabajo de lobby con los legisladores para que tomen determinada postura en el debate y al momento de votar- y la movilización callejera, el esfuerzo cotidiano de visibilidad y convencimiento para sumar fuerza en las calles.

Pretendo mostrar someramente que ambas caras son complementarias, cuestión que puede ser evidente para algunos sectores -en particular, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha logrado desarrollar ambas actividades de forma eficiente debido a la diversidad de organizaciones que actúan en su seno- pero es un debate pendiente, sobre todo dentro de la izquierda. A veces la propia fragmentación que la caracteriza conduce a un discurso luchista, para el cual la intervención dentro de las instituciones del régimen burgués (en este caso, el Congreso) está permanentemente cubierta por una sospecha de claudicación y por la contraposición entre movilización callejera y trabajo institucional. Desde luego, esto no quiere decir que sólo haya que enfocarse en las instituciones en las que siempre los sectores populares arrancan con desventaja, lo cual genera una desmovilización que atenta contra la posibilidad de conquistar reclamos. Por el contrario, la lección es que sólo una inteligente combinación de ambas tácticas (movilización y cabildeo) puede maximizar la posibilidad de triunfar. De esto se desprende la necesidad de formar espacios de lucha conjunta, frentes únicos que permitan desarrollar al máximo la movilización y el lobby, teniendo en cuenta que las organizaciones (partidos, agrupaciones) tienden a especializarse y a cubrir más eficientemente alguno de los aspectos, pero no todos a la vez.

Tomar estas enseñanzas es fundamental. La propia lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos estuvo permanentemente cruzada por las lecciones obtenidas de la experiencia: así fue como un puñado de mujeres de avanzada, que eran vistas con desconfianza por una sociedad moldeada por la moral católica, pusieron en pie un movimiento de masas que se ha convertido en una referencia para las mujeres y el movimiento LGBTQI+ en todo el mundo. Son muchos los derechos que tenemos que conquistar en la mayoría de los países y, sobre todo, en Latinoamérica; derechos que atañen también a lo que decidimos hacer con nuestras vidas y cuerpos, como la eutanasia o el consumo recreativo de drogas. Este artículo pretende ser un aporte en ese sentido.

2018: triunfo en Diputados, derrota en el Senado

Como ya se dijo, la lucha por el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo lleva varias décadas en Argentina. Se trata de un país cuyas clases populares desarrollaron una tradición de lucha muy profunda y prácticamente continua, aunque su centro de gravedad haya cambiado varias veces y pasado desde los sindicatos y organizaciones gremiales hasta los movimientos sociales. Obviamente, las mujeres han sido claras protagonistas, con referentas pioneras del feminismo reconocidas en todo el mundo.

Luego, no es difícil comprender la relativa facilidad con la cual el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto fue aprobado en la Cámara Baja en 2018. Hasta ese momento, el mismo había sido bloqueado sistemáticamente por los gobiernos progresistas del kirchnerismo y por el conservador y neoliberal de Mauricio Macri, pero la Cámara de Diputados ya había ido cambiando su composición, acomodándose a un panorama cada vez más favorable a la legalización del aborto. Obviamente esto no quiere decir que se contara con un triunfo de antemano; por el contrario, fue clave la combinación entre movilización y acciones de visibilidad pública (como los pañuelazos) y el cabildeo cara a cara con los legisladores. Los meses que transcurrieron entre la habilitación del debate en el Congreso y la madrugada del 14 de junio, cuando llegó la media sanción, fueron los que vieron nacer una marea verde masiva que no sólo se mostraba en las acciones puntuales, sino en la inundación de pañuelos verdes que impregnaron la vida cotidiana en el espacio público y los lugares de trabajo, estudio y recreación.

Sin embargo, el resultado en la Cámara Alta fue negativo. Ya se avizoraba más complicado desde un primer momento. Ocurre que, con el pretexto de un mal entendido federalismo, la Constitución establece la existencia de un senado poderoso, con grandes prerrogativas, en pie de igualdad con la Cámara Baja en lo que respecta a la sanción de leyes, pero de una naturaleza absolutamente antidemocrática: mientras que los diputados se reparten de forma casi proporcional, los senadores se asignan en igual número a cada distrito (es decir, tres para cada provincia), otorgándole la misma cantidad de representantes al 1% del padrón electoral ubicado en algunas provincias y al 50% que vive en otras. Además, sus bancas se renuevan cada seis años de forma alternada en bloques de ocho provincias por elección, produciendo una distorsión de las relaciones de fuerza sociales dentro del recinto. Un botón de muestra: en 2018, en pleno momento dorado del macrismo, aún votaban senadores electos durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ni siquiera existía la coalición Cambiemos. En este marco, con 38 votos en contra del proyecto y 31 votos a favor del mismo, la helada y lluviosa mañana del 9 de agosto de 2018 amaneció con una derrota que dejaba sin efecto la media sanción obtenida dos meses antes. Pero las cientos de miles de personas que rodeaban el Congreso y se replicaban en todo el país, con sus pañuelos verdes en el cuello, la muñeca o la mochila, se juraron no bajar los brazos. Y cumplieron.

2020: año de cosecha verde

Sería imposible comprender el triunfo arrancado en la madrugada del 30 de diciembre pasado, cuando el Senado aprobó definitivamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes, si no tuviéramos en mente lo ocurrido en 2018. Tampoco podemos olvidar que en 2019 hubo elección presidencial y, como ya fue dicho, la renovación de un tercio de la Cámara Alta. Demostrando hasta qué punto el Estado y los gobiernos no forman parte de una lejana y oscura superestructura, sino que están entrelazados (para bien y para mal) con la sociedad, ocurrieron dos hechos fundamentales como producto del clímax de 2018:

• Por primera vez, el presidente entrante incluyó en su campaña (y en un lugar central) su intención de promover la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual fue determinante a la hora de reforzar el cabildeo con figuras de peso del Poder Ejecutivo, y;
• Las listas de candidatos para la renovación legislativa, y en particular las de candidatos a senadores en aquellas provincias que renovaron su representación en la Cámara Alta, expresaron un corrimiento hacia posiciones más progresistas, al menos sobre este tema. Por ejemplo, se llegó a comentar que Martín Lousteau (figura muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires) aceptó encabezar la boleta de senadores de la alianza opositora Juntos por el Cambio a condición de ser secundado por Guadalupe Tagliaferri, quien ya se había pronunciado favorablemente sobre la ley tratada en 2018. Sin entrar en detalles, podemos suponer que este tipo de negociaciones estuvieron presentes en la conformación de listas en varios distritos.

Como se observa en los siguientes gráficos, lo que explica en mayor medida el cambio de posición de la Cámara Alta es el ingreso de senadoras y senadores luego del tembladeral feminista de 2018, en las regiones metropolitanas pero también en provincias de fuerte peso de aparatos religiosos y retrógrados.

Elaboración propia en base a datos oficiales del Senado

En ningún caso se fortalecieron los detractores al proyecto de ley pero, por el contrario, se ve un claro avance de la posición favorable en la mayoría de los distritos mencionados. Por otro lado, las 16 provincias restantes (cuyos senadores tienen mandato hasta 2021 o 2023) se mantuvieron mucho más estables, con pequeñas variaciones -Menem se ausentó por enfermedad, Alperovich está de licencia luego de denuncias de violación en su contra, Perotti (quien se abstuvo en 2018) asumió como gobernador de Santa Fe y dejó su banca a Mirabella (votó a favor en 2020), Rodríguez Sáa y Vega (ambos en contra) se ausentaron sin aviso. Sólo hubo dos cambios de postura: Snopek (Jujuy) votó en contra en 2018 y se abstuvo en esta ocasión, y García Larraburu (Río Negro) pasó de votar en contra a hacerlo a favor del proyecto. En ambos casos, y más allá de los argumentos que pudieron esgrimir para justificar su giro ante la opinión pública, cabe pensar que su pertenencia al oficialismo, impulsor de la ley, los hizo actuar por disciplina partidaria. De todos modos, esto también puede leerse como un tributo a la relación de fuerzas conquistada a lo largo de años de lucha y cristalizada en 2018, ya que la propia posición del Ejecutivo no puede explicarse de otra forma.

Las mujeres hicieron historia y futuro

Hasta aquí, algunas breves pinceladas sobre hechos que permitieron que Argentina se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Vimos que el Estado -el Ejecutivo y el Legislativo por el momento, pero también el reaccionario Poder Judicial, al cual habrá que presionar para que no obstaculice el cumplimiento de la ley recientemente aprobada- no es una fortaleza opuesta en esencia a las luchas desde abajo; más bien, es un campo de disputas, en el cual la izquierda y los sectores populares arrancamos con una desventaja de siglos, pero en el cual podemos (y debemos) dar pasos firmes. Los frutos están a la vista.

Para ello, es necesario transitar un angosto sendero: por un lado, no debemos caer en el luchismo que desprecia toda forma de compromiso con las fuerzas burguesas, ya que estas pueden ser presionadas para responder a las demandas populares, que frecuentemente ya se encuentran de forma latente dentro de aquellas (como ocurrió en varios momentos de la historia del peronismo); pero tampoco podemos confiar exclusivamente en el poder del cabildeo, justamente porque nos enfrentamos siempre a poderes que cuentan con gran cantidad de recursos y de oficio a la hora de hacer y deshacer las leyes que rigen a la sociedad. Naturalmente, el sinnúmero de organizaciones que conviven en las luchas históricas y cotidianas desarrolla sus especializaciones: algunas son más eficaces en el trabajo dentro de las instituciones, mientras otras se desarrollan preferentemente en la movilización callejera. Esto está bien y, por otra parte, es inevitable. La dinámica en cualquiera de los dos terrenos es demasiado absorbente como para ser abarcada por una misma organización.

En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha demostrado tener una potencialidad sin precedentes. Permitió coordinar acciones callejeras y cabildeo, movilización y “rosca”, la calle y el Palacio, superando la vieja contraposición estéril entre ambas. Todavía tenemos por delante la conquista de derechos pendientes que, más allá de sus especificidades, tienen mucho en común con el derecho al aborto. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la muerte digna o la despenalización del consumo recreativo de drogas (necesariamente vinculada a la atención del Estado a aquellas personas que sufren de adicciones). Se trata de reclamos de soberanía sobre nuestros cuerpos contra todos aquellos sectores que buscan regimentarlos amparándose en fundamentalismos del pasado.

Es hora de poner manos a la obra y tomar el ejemplo de las mujeres y la Campaña que, fortaleciendo por igual sus dos pies (calle y cabildeo), dieron un enorme salto hacia el futuro.

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A 42 años de la Noche de los Lápices, miles de jóvenes coparon las calles en memoria de lo ocurrido la noche del 16 de septiembre, en memoria de la militancia que llevaron aquellos jóvenes y jóvenas y en reclamo del ajuste que viene llevando el gobierno cambiemita en educación. Una jornada de memoria y reclamo. Pasado y presente confluyen en la voz y en los cuerpos de miles de estudiantes.

Los lápices escriben

Cuarenta y dos años después, las calles se volvieron a llenar de estudiantes. Pibes y pibas, adolescentes, adultos y adultas, de todos los niveles, de todas las edades coparon las calles, para recordar la lucha de aquellos jóvenes y jóvenas,  para hacerla carne en las luchas que tocan hoy. ‘Con hambre no se puede estudiar’ fue la consigna madre de la jornada. Una consigna que abraza todos los reclamos educativos vigentes. El hambre, la mayor síntesis para el momento que atraviesa la educación pública.

Si algo tiene de constante el gobierno de Cambiemos, en estos casi tres años, es que le sobraron los reclamos a nivel educativo que no han encontrado ninguna respuesta y se han profundizado.  Una jornada de memoria y lucha donde se multiplicaron los reclamos.

Con muchas y mezcladas demandas que van desde el No a la UNICABA hasta el Sí al Presupuesto Educativo, y eso incluye la apertura de paritarias para docentes de todos los niveles, a lo que se suma la exigencia de justicia por Sandra, por Rubén y por Corina,  No al FMI y sus políticas de hambre y Olla Si, mientras las ollas populares se multiplican.

La educación está en peligro y la marea estudiantil tampoco parece quedarse de brazos cruzados y exige el cese de recortes y de subejecucaciones presupuestarias, que afectan a la obras de infraestructura, que desde hace años se vienen posponiendo, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la CABA. Por este motivo las escuelas de Moreno están paralizadas, o como es el caso de algunas escuelas de la ciudad y muchas otras que no llegan a tener la suficiente difusión.

Con pancartas y canciones se recordaron al maestro Fuentealba, emblema de lucha, a la maestra Sandra y al “oso” Ruben y se multiplicaron los pedidos de justicia, también por Corina. Para acabar con las patotas y las amenazas, para que las ollas alimenten a los pibes y las pibas que reciben la magra y fría vianda del gobierno.

Además en esa jornada las y los jóvenes sumaron a sus demandas la necesidad de la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, y la exigencia de que se cumpla con la ley de Educación Sexual Integral, ESI, en todas las escuelas. Las pibas. que tomaron los colegios durante los días previos a las sesiones por la ley por la IVE y que coparon las plazas durante las sesiones, siguen a la vanguardia de estos reclamos y de todas las reivindicaciones del feminismo.

En otra escala, también se replicaron los reclamos por las políticas económicas y sociales del gobierno cambiemita, y se gritó No al acuerdo con el FMI, No al G20 y No a las políticas de hambre.

Los lápices escribieron

El pasado domingo se cumplieron cuarenta y dos años de la noche donde patrullas de la policía y de las fuerzas armadas arrebataron a pibes y pibas, de 16, 17 y 18 años, para someterlos a las peores torturas, violaciones y vejaciones. Pibes y pibas que tuvieron la audacia de militar en la Unión de Estudiantes Secundarios,  pasar sus tardes en las villas y en los barrios más carenciados, de La Plata y alrededores,  luchar para sostener el boleto estudiantil, conquistado un año antes,  defender la educación pública y de soñar con un mundo mejor.

La más sangrienta dictadura se mezcla con la historia más nefasta de la iglesia católica. La noche del 16 de septiembre de 1976, un grupo de tareas, dirigido por Miguel Osvaldo Etchecolatz y Ramón Juan Alberto Camps, se disponía a acabar con ese foco de juventud militante. Ese comando asaltó la casa de los y las estudiantes, arrancándolos de sus hogares y luego de pasearlos por distintos centros clandestinos fueron sometidos a torturas y las peores atrocidades.

Le temían a los pibes y a las pibas. Le temían esa capacidad de organizarse y de organizar barrios. Le temían a sus ideas. Le temían a su juventud y a su alegre rebeldía. Seis jóvenes aún hoy permanecen desaparecidos presentes en la memoria colectiva.

Los lápices siguen escribiendo

La juventud está en movimiento y organizada. Este lunes decenas de centros de estudiantes movilizaron desde el Congreso a Plaza de Mayo. Un piberío enorme dijo presente, en distintas ciudades se replicaron las consignas y se multiplicó la memoria de esas luchas. La alegre rebeldía se hizo carne entre risas y cantos mezcladas con la rabia del momento.

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Luego de años en las calles, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llega nuevamente al Congreso de la Nación para quedarse. En diálogo con Marcha, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dan su opinión.

Hoy martes 6 de marzo, se presenta por séptima vez el proyecto de Ley de IVE en el Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto histórico que cuenta con el aval de diputadas y diputados de todo el arco político. “Este año el proyecto tendrá cuatro primeras firmas, representando la diversidad política y llevando la horizontalidad a un lugar que no tiene esa práctica” explican en su comunicado las integrantes de la Campaña.

Si bien se celebra y espera con entusiasmo su tratamiento, el contexto político es complejo y rápidamente se propiciaron las “grietas” y dudas a costa de los derechos -siempre postergados- de las mujeres. En las últimas semanas, tras la irrupción de feministas en medios de comunicación, la temática volvió a instalarse. Con ella “se ha demostrado que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma posición a favor de la despenalización y legalización de esta práctica histórica”, afirman desde la Campaña que hace más de 10 años lucha por el derecho al aborto.

En ese marco, gran parte de los representantes políticos han generado y comunicado su opinión. Hasta el presidente Macri dio “vía libre” al tratamiento de la ley, luego de su discurso de apertura de sesiones ordinarias. De ahí la incertidumbre generada.

En un contexto de retroceso de los derechos laborales se propone el avance de una ley progresiva. En un ambiente de despidos masivos y vaciamiento en el sector de la salud, se instala la necesidad de hablar de la salud de las mujeres. ¿Es sólo una ventaja política? ¿Se enmarca en un proyecto de imitación de las políticas del llamado primer mundo? ¿Esconderá un negociado? ¿Es una respuesta a los discursos de Bergoglio? ¿Intentan calmar la actividad y masividad del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans?

Posiblemente la mayoría de estas preguntas que circulan en los distintos ámbitos políticos sean ciertas. Sin embargo, una certeza tranquiliza a quienes hace años motorizan con el cuerpo presente esta lucha: la legitimación y legalización de la práctica comienza en las calles y eso ya es un hecho. La temática del aborto ha corrido su propio umbral de sentido común y ya no puede esconderse bajo la alfombra con prácticas clandestinas. Al hablarlo, nombrarlo o inclusive “googlearlo”, el aborto es ya una demanda y por lo tanto una responsabilidad política.

Dos miradas desde el activismo político por el derecho al aborto

Viviana Norman es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con Marcha habló sobre la presentación del proyecto.

¿Cómo creen que será la presentación del debate por el aborto en el Congreso?

La apertura a debatir y tratar de una vez por todas el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un avance. El proyecto fue elaborado por la Campaña con diversos aportes que lo hacen inclusivo, además de contar con el aval de más de 500 organizaciones sociales que integran la Campaña. Se viene presentando desde el año 2007 y el seis de marzo será la séptima vez que se presente. También se han dado avances en Uruguay, Chile y Bolivia en estos últimos años que han sido muy importantes. Sin embargo, consideramos que no es tarea de un presidente la de habilitar o no el debate en el Congreso, sino que es responsabilidad de las y los diputados. Con respecto al debate, sabemos que se atrasó la sesión especial pedida para el ocho de marzo, por lo que suponemos que a lo largo del año estaremos por fin en condiciones de asistir a un debate histórico, ya que el aborto es una deuda de la democracia en tanto problema de salud pública y, por ello, de derechos humanos.

¿Llevan un relevamiento de los posicionamientos de los distintos bloques del Congreso?

En la Campaña seguimos siempre con atención la posición no sólo de legisladores y legisladoras, sino también de funcionarios con responsabilidades en el Ejecutivo. Inclusive, últimamente hemos estado atentas a propósito de las declaraciones de público conocimiento del Ministro de Salud con respecto a la interrupción legal del embarazo. Seguimos de cerca todos los puntos de vista de los diferentes actores y las distintas voces dentro del escenario político que se está configurando. Creemos que cualquier posición y eventual decisión de legisladores debe ajustarse a lo que es su responsabilidad y, en ningún caso, a creencias personales. No queremos que esto se constituya en una polarización, ya que se trata de adquirir y lograr derechos; y esta obtención de derechos no merece ninguna discusión. Seguiremos en la calle haciendo circular información y evacuando dudas.

¿Creen que es posible, en un contexto de políticas regresivas de los derechos, la presentación de un proyecto progresivo en relación a los derechos de las mujeres?

La Campaña lleva alrededor de quince años de lucha en el activismo feminista. Nos ha tocado enfrentar épocas y escenarios muy duros, no sólo en Capital Federal, sino también a nivel federal y plural. Sin ir más lejos, compañeras han enfrentado adversidades en Salta, Tucumán, Chubut y Jujuy, por mencionar algunos ejemplos. Este es un nuevo desafío y creemos que hay que seguir en las calles, organizándonos para lograr un reclamo común y unificado con respecto a la legalización del aborto en nuestro país.

¿Qué les pueden responder desde la Campaña a los varones que opinan sobre esta temática?

Esta es una pregunta complicada, ya que tiene varias aristas. En primera instancia, podríamos decir que pueden opinar pero no en nuestro nombre. No lo hemos discutido demasiado en la Campaña pero en principio, y a tono personal, creo que hay que correrse de los protagonismos en los que se sienten legitimados, en el caso de los varones: entender que el espacio de esta lucha es de las mujeres. Esto no implica obturar ninguna voz, ya que ello sería reproducir lógicas autoritarias del patriarcado. Es decir que si un varón quiere opinar, primero que se haga cargo de reconocer desde qué lugar de privilegio y de opresión está emitiendo su opinión. No obstante, creo que es un momento de protagonismo de las mujeres y que esta es una lucha básicamente de las mujeres. Esto es insoslayable. Quienes ponemos el cuerpo, y los cuerpos que abortan, son de las mujeres, y lo que estamos reclamando y exigiendo son derechos para decidir sobre nuestros cuerpos, lo cual no debería ser o no habilitado por ningún varón.

Por su parte Ana Paula Fagioli, médica feminista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también integra a la Campaña, contestó las preguntas de Marcha.

¿Cuál es el accionar de la Red de Profesionales de la Salud?

Esta red está constituida por más de 800 profesionales de todo el país que garantizamos el derecho al aborto no punible, un derecho que en nuestro país ya tenemos consumado y consustanciado en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, tras las reformas a la interpretación que se le ha dado a ese artículo. Nosotras trabajamos en el marco de garantizar derechos. Luego del fallo, la Suprema Corte vuelve a retomar este articulo y hace énfasis en las causales de despenalización que tenemos vigentes en nuestro país. Nosotras trabajamos en el marco de ese artículo, potenciadas también por el protocolo para la atención integral de las personas que optan por la interrupción voluntaria del embarazo, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2010. Si bien no tiene resolución ministerial y no está aprobado en varias provincias, trabajamos en ese marco. A su vez, nosotras en la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución ministerial 3146-12 de aborto no punible, que refuerza cuáles son las situaciones en las que las profesionales tenemos que atender a las mujeres en situación de aborto. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos misoprostol en el municipio de Morón, así como en C.A.B.A., Chubut, Rosario, Rio Negro.

¿Y en qué consiste?

Trabajamos en equipos de ILE intertransdisciplinarios de la Red, con quienes enmarcamos a las situaciones de las personas gestantes para que puedan acceder al uso del pleno derecho.

Ante el actual contexto de debate sobre el aborto, y comprendiendo que en ciertas intervenciones que realizan el aborto legal es un hecho, ¿cuál es su posicionamiento?

Pedimos desde ahí el aborto voluntario y libre para que ninguna mujer quede por fuera del acceso a su derecho. No vamos a discutir más atrás de lo que ya tenemos conquistado como derecho, a partir de fallo y del artículo 86 del Código Penal.

Desde su conocimiento de la temática ¿qué podrían decir sobre el actual accionar del Estado en relación a los abortos que ya son legales?

Esta Red de profesionales lo que pide es poder trabajar dignamente y hacer uso pleno de nuestro derecho de acompañar a personas que deciden abortar y no continuar con una maternidad forzada. Exigimos que el Estado apruebe el uso del misoprostol más allá del uso obstétrico. Sabemos que el oxaprost, el medicamento que se vende en nuestro país, no es de la misma calidad de los que se consiguen en otros países, impulsando así un negociado entre el Estado y el monopolio de esta medicación por parte de los laboratorios Beta. Hace mucho tiempo le pedimos al Estado la Producción Pública de misoprostol, regulando y controlando la calidad del producto, para evitar así muertes evitables y garantizar abortos seguros. También pedimos que se instruya a las y los profesionales de la salud en la utilización del Ameu, que garantiza el tratamiento del aborto de forma ambulatoria, sin dejar ninguna secuela posterior. Por último, pedimos que se reconozca al medicamento mifepristona, ya que asegura la realización de cualquier aborto de máxima seguridad en un 99% respecto del cuidado de la salud de las personas con capacidad de gestar.

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