Texto e ilustración por Iván Martín Barrera

Desde que Messi dejó de ser el nuevo Maradona para ser Messi, el mundo futbolero se desvive por encontrar al nuevo Messi. Si bien muchos pasaron sin pena ni gloria –o con más pena que gloria– por ese galardón, Anssumane Fati Vieira es el nuevo poseedor del título a la espera de romper con la maldición y de que en un futuro próximo, los zurdos habilidosos sean catalogados como el nuevo Ansu Fati

El muchacho en cuestión nació hace 17 años en Guinea-Bisáu, un pequeño país apenas más grande que la provincia de Misiones, donde dos de cada tres personas viven en extrema pobreza. Un país que antes de ser república fue una colonia portuguesa, y como toda colonia sufrió la esclavitud y la masacre de su población originaria por parte del Reino de Portugal. Anssumane tiene sangre futbolera. Su padre, Bori Fati, fue un destacado lateral izquierdo del Sporting de Bafatá de su ciudad, del Benfica de Bissau y un defensor de la camiseta de su selección.

Si bien Bori es ídolo en Bafatá, a tal punto que afirman que Ansu siempre será “el hijo de Bori” para el pueblo futbolero, migró a Portugal en 1998 tras el nacimiento de su primer hijo para buscar un sustento económico para su familia. Allí emprendió diversos oficios aparte de seguir pateando las canchas de ligas amateurs. Entre idas y venidas escuchó hablar de Marinaleda, un pequeño municipio andaluz. Escuchó de un alcalde singular con un programa de tintes comunistas que ofrecía vivienda y trabajo a cualquiera que quisiera pisar su suelo. Y hacia Marinaleda encaró Bori, con la ilusión como bandera, con el sueño de ubicar a su familia en un lugar que les permitiera tener una vida plena. Allí también empiezan a cruzarse nuestras historias.

Guernica- Buenos Aires – Argentina – año 2020

 Guernica es la ciudad cabecera del partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, distante a una hora en colectivo desde la Capital. Sus tierras fueron originalmente ocupadas por pueblos querandíes hasta que la colonización española y la propia argentina hicieron estragos con su población.

En la Argentina de 2020, 4 de cada 10 personas viven en la pobreza, número que se vuelve aún más abrumador si se observan las infancias. Entre estudios públicos y privados, se estima que se necesitan entre 3,5 y 4 millones de viviendas más para terminar con la crisis habitacional en el país. En total, una de cada tres personas tiene problemas de vivienda. Solo en la Capital del país duermen cada noche 7 mil personas en la calle, mientras que aproximadamente 150 mil viviendas permanecen desocupadas esperando que la renta inmobiliaria llene las arcas de unos pocos una vez más.

En julio de 2020, miles de familias ocuparon terrenos baldíos en Guernica y comenzaron la urbanización de un barrio improvisado. La inmobiliaria El Bellaco S.A es quien comenzó el proceso judicial como supuesta “dueña” de las tierras ocupadas, pero sin presentar títulos de propiedad, escritura de dominio o papel registral, según detalla el abogado de parte de las familias. En esos terrenos estaba planificada la construcción de un barrio cerrado (o country) y un club privado. El proceso judicial terminó con una orden de desalojo con uso de la fuerza represiva, cuya fecha hoy está fijada el 15 de octubre, a pesar de que en el terreno se encuentran viviendo más de 3000 infancias.

Marinaleda – Sevilla – España – año 2009

Dicen que aquí el alcalde es muy singular

Descalzo, con el pelo calvo y sin afeitar

Integridad, humildad, lealtad, honestidad

Un grano en el culo al capital

Agua, tierra y semilla van a alcanzar

Una preciosa armonía en colectividad

(“Marinaleda” – Ska-p)

Marinaleda es un municipio de la provincia de Sevilla, al sur de España. Desde 1979 su alcaldía la ocupa Juan Manuel Sánchez Gordillo, perteneciente a la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT). Sánchez Gordillo lleva adelante un programa de trabajo y vivienda que sostiene el pleno empleo en todo el municipio producto de la rotación centralizada del trabajo, así como también un proyecto mediante el cual cada familia cuenta con una casa con todas sus comodidades, construida por los mismos obreros de la comunidad. En una entrevista con CQC, Sánchez Gordillo explicaba que, para conseguir el pleno empleo, “hemos conseguido que la tierra sea de quien la trabaja. Con el medio de producción tierra y con el medio de producción industria, la riqueza que genera el obrero con su trabajo vuelve al obrero en forma de nuevos puestos de trabajo. No se reparten beneficios y todo el mundo cobra lo mismo”.

El alcalde contaba con orgullo que en el municipio no hay policías ni curas: “No hay Policía porque no es necesaria. Si todos los vecinos ayudamos a plantar árboles, no va a venir luego ninguno a arrancarlo”. Marinaleda es netamente agrícola, con solamente algunas industrias alimenticias. Cuando fue consultado por Gonzalito, de CQC, sobre cómo habían conseguido las tierras para trabajarlas de forma cooperativa la respuesta fue: “Ocupándolas. La riqueza de los terratenientes en Andalucía es un robo, la tierra no es de nadie. Todavía podemos ocupar algunas fincas más, por ejemplo las de la Duqueza de Alba, que tiene 35 mil hectáreas, que también se le puede sacar algunas tierras que tiene para que trabajen de forma cooperativa. Ahora estamos ocupando una tierra en la provincia de Córdoba, donde el 2% de los propietarios tiene el 50% de la tierra cultivada”.

Fue este singular alcalde el que le dio a Bori la bienvenida al pueblo, con la promesa de tener techo y trabajo para él y su familia. “Al joven que quiere una tierra, nosotros le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, le ponemos el arquitecto que es municipal y ellos ponen su trabajo desde que empieza la casa hasta que termina”, prometía Sánchez Gordillo. Bori Fati llegó solo a Marinaleda y pronto se pudo asentar. Desde la alcaldía lo ayudaron con sus papeles migratorios, los cuales eran completamente irregulares, y en pocos años lo ayudaron económicamente para que comprara los pasajes de avión para traer a toda su familia. En ese avión viajaba el pequeño Ansu, con solo seis años y una pelota hecha de medias en la mochila. El sueño de Bori estaba completo: tenía tierra, techo, trabajo y a su familia unida. El de Ansu, que pasó de patear las calles de Bissau a las de Marinaleda, recién empezaba.

Ansu empezó a patear en la vereda hasta que empezó a jugar para el CDF Herrera, de la localidad vecina a Marinaleda. En 2010, con solo 8 años, ya fue tentado por el Sevilla y fue ahí donde empezó a tentar a todo el mundo. Si algo tienen bien afinado los clubes españoles es a los “observadores”, que van de ciudad en ciudad buscando al próximo talento, al próximo Messi sin descubrir. Y el boca en boca de que en Sevilla había dos hermanos bissau guineanos que a la redonda la dejaban chiquita empezó a correr. A la puerta de la familia Fati la tocaron muchos, pero fueron los ojeadores del Barcelona los que terminaron de persuadir a la familia de Ansu para que se mudaran a Catalunya, ofreciéndoles un nuevo techo y un contrato oneroso. Y allí fue Ansu, con solo 10 años, a formar parte de las inferiores del culé.

Barcelona – Catalunya – España – año 2020

Ansu es récord. Ansu llegó a las inferiores del Barcelona para demostrar que estaba para la primera, para La Liga, la Champions y para decirle a Messi que se quedara tranqui, que alguien iba a cuidar a su Barsa querido si él decide irse. Con solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con el Barcelona. Fue en el empate 2 a 2 frente al Osasuna a solo 5 minutos de entrar. También se convirtió en el jugador del Barsa más joven en debutar en UEFA.

La nacionalidad española le permitió disputar partidos para esa Selección, país en el que vivió la mayor parte de su vida. Jugó algunos partidos para la sub 21, pero le quedó chica pronto, así que en agosto de este año fue convocado para jugar con la Selección mayor. El 6 de septiembre marcó su primer gol con la roja, y logró así un nuevo récord, el de ser el más joven goleador de la selección española. Todo esto llevó a que el Barcelona hiciera un mega blindaje: al contrato inicial, con cláusula de rescisión de 100 millones de euros por tres años firmado en julio de 2019, se lo cuadriplicó el mes pasado.

Hoy Ansu es récord. Es tapa en todos los medios, se reproducen en loop los goles, el abrazo con Messi, su humildad, su cariño, su agradecimiento. Hoy Ansu es el nuevo Messi a la espera de que mañana algún otro gurí que juega con pelota de trapo en las tierras de Guinea-Bisáu, o en cualquier otra parte del mundo, sea catalogado como el nuevo Ansu.

“Había una necesidad básica que era la de tener techo. Acá veníamos de 3 o 4 generaciones viviendo en la misma casa. Nosotros no queremos la propiedad, queremos el uso de por vida de las tierras. La tierra no se compra ni se vende, y la vivienda no puede ser una mercancía; es un derecho”. Estas son palabras de Sánchez Gordillo, el primero que ofreció techo y trabajo a la familia Fati. Tierra y techo en terrenos ocupados, ocupados para producir y para vivir.

En Guernica la orden de desalojo sigue vigente mientras el gobierno ofrece respuestas muy poco satisfactorias. El sol seca el barro que afloró a montones tras las lluvias y permite que los pibes y las pibas vuelvan a pelotear bajo el sol, con canchas improvisadas. 3000 infancias con 3000 sueños aguardan una solución que no sea que la policía desaloje el predio a la fuerza, mientras se calientan las ollas y las bochas vuelan con sueños de campeón.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Collage por Iván Martín Barrera

El viernes por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció vía Twitter la suspensión de aumentos tarifarios hasta fin de año de los servicios de telefonía celular, internet y televisión paga y su declaración como servicios públicos. La medida, ratificada el sábado mediante la publicación del Decreto N°690, constituye un avance hacia la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La norma, firmada por buena parte del gabinete nacional, establece una serie de cambios a la Ley N° 27.078, conocida como Argentina Digital. Se establece a los Servicios de las Tecnologías y las Comunicaciones (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, se añade también a la telefonía móvil y se determina que los aumentos de precios deberán ser “justos y razonables” y que pasarán a ser regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); es decir, que los aumentos deberán ser aprobados por el Estado.

El decreto también suspende los aumentos tarifarios en telefonía celular, servicios de Internet y televisión paga hasta el 31 de diciembre de 2020, dos semanas después de que las compañías de telefonía móvil e Internet anunciaran aumentos de entre el 6 y el 15% a partir del primero de septiembre. El Presidente justificó la decisión en su cuenta de Twitter explicando que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios” y que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar”, además de anunciar una prestación “básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, una especie de tarifa social de la que aún resta conocer mayores precisiones.

Según explicó Martín Becerra, investigador del CONICET y especialista en TIC y medios, “el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio”. Es decir, no solamente se imponen condiciones, sino que también obligaciones al Estado. La medida del gobierno nacional retrotrae la situación a diciembre de 2014, cuando se sancionó la Ley Argentina Digital que establecía a las TIC como “servicio público en competencia”, calificación que fue modificada por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri.

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, las empresas deberán cumplir con una reglamentación que, se supone, estará ajustada a todo lo que implica el carácter público de los servicios, con la posibilidad de brindar acceso de calidad a todas y todos los habitantes del país. Todavía restan saber varias precisiones sobre su aplicación, que se resolverán con la reglamentación del decreto por parte del ENACOM en los próximos días.

Mi voto es sí positivo

Asumiendo las características y relevancia que las TIC tienen en el mundo, máxime en la coyuntura de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, resulta imprescindible regular los precios para un verdadero acceso universal. Contrario a las críticas que expresaron desde la oposición, en boca de la presidenta del Pro Patricia Bullrich, entre otrxs, Becerra explicó que “la narrativa de que el DNU inhibirá inversiones, o que supone estatización es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio público y es privada desde 1990; y las TIC como ‘servicio público en competencia’ registraron un gran impulso inversor mientras estuvo vigente”. Para los interesados en la supervivencia de la República, las empresas privadas seguirán ganando. Así que, no se preocupen, no necesitan arriesgar su salud en una marcha improductiva.

Una de las sorpresas fue el respaldo del senador radical Julio Cobos, famoso por su voto “no positivo” en el conflicto del kirchnerismo con parte del “campo” por la Resolución 125, que salió a apoyar la medida sacando a relucir un argumento de hace 7 años que se mantiene vigente: el servicio de telefonía móvil encabeza, en todo el país, los reclamos por mala calidad presentados ante la Defensoría del Consumidor.

Desde el oficialismo, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, consideró en declaraciones radiales que “una cosa es el congelamiento y otra cosa es la declaración de servicio público”, y agregó que “el congelamiento responde solamente al contexto de la pandemia y de crisis”.

En la actualidad, tener acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es determinante para las un mayor desarrollo humano, en cualquier aspecto. No solo en las posibilidades de interacción y vinculación a través de las redes sociales, sino también en acceder a las producciones culturales que, cada vez más, se publican directamente en formato digital; en poder acceder a un modelo educativo moderno; en adquirir capacidades que el mercado laboral demanda; incluso en sectores fabriles que tienden cada vez más a la mecanización y robotización de sus procesos.

En ese sentido, el DNU considera que “La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas” y que “constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social”.

Un poco de historia reciente

La sanción de aquella ley de Argentina Digital se dio en el marco de un período de creciente convergencia y la creación de nuevos y más amplios grupos de poder, con fuerza capaz de monopolizar la construcción de opinión pública y limitar cada vez más el surgimiento de nuevas voces.

Como mencionamos, el macrismo retrotrajo buena parte de los avances. El DNU firmado el sábado destaca que “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Y continúa afirmando que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”, lo que avala la necesidad de “recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”.

En efecto, en un país donde pocas empresas monopolizan el mercado, donde la regulación tarifaria es prácticamente nula y el control sobre inversiones es profundamente inocuo, el resultado está a la vista: pésimo servicios a valores sumamente altos que dejan afuera a millones de personas de los estándares mínimos de calidad.

Nuestro país tiene una historia reciente muy rica en materia de comunicación. Hay un hito destacado que es la sanción de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como la Ley de Medios. La misma se sancionó el 10 de octubre de 2009 y fue bisagra en muchos sentidos, aunque aquí nos detendremos sólo en materia de comunicación. 

Aquella ley que, aunque limitada, daba innumerables pasos adelante, fue el resultado de 40 años de debate y construcción. Desde el impulso de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) a nivel continental de mediados de los 70 hasta la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 (una de las bases de la Ley de Medios), se sucedieron hechos políticos y de comunicación de trascendencia. Gobiernos democráticos y dictaduras, normativas que avanzaban y retrasaban, surgimiento de medios alternativos y populares con sus destacadísimos roles, conglomerados patronales en contra de la libertad de expresión que se hacían presentes como nunca antes y aún permanecen (la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- y la Asociación Interamericana de Radiodifusión -AIR-), las privatizaciones menemistas como ENTEL. Cientos de sucesos que dieron vida a una ley que apuntaba al desarmado de monopolios y a la promoción de nuevas voces.

La Ley de Medios nunca se aplicó plenamente y los debates que se sucedieron con posterioridad a la sanción culminaron en procesos de judicialización que demoraron su desarrollo, sumado a la inacción estatal en su implementación y, finalmente, con el macrismo y su catarata de decretos que pusieron un candado de mil llaves a la tan necesaria democratización de un derecho humano inalienable: la libertad de expresión.

¿Clarín ya está nervioso?

No. Como todo DNU, debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente, que “tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia”. Pero además, no está todo dicho porque aunque el Decreto adquiera plena validez, necesitará de una reglamentación acorde a los objetivos desarrollados y luego que el ENACOM vele por su aplicación que, como la experiencia nos indica, generalmente es mucho más difícil que la sanción de la norma.

Becerra afirma que “La pandemia mostró -en todo el mundo- la función esencial de los servicios de comunicaciones en una coyuntura crítica. Que los sectores más vulnerables cuenten con precios acordes para acceder a esos servicios esenciales es un objetivo de estos anuncios”. De esto, nadie puede dudar. Ningún lector o lectora de este artículo puede afirmar que sin los medios de comunicación y de internet podría haber sobrellevado de buena manera la situación actual. Esto es tan real como, por lo menos en Argentina, las deficiencias de servicios que se mostraron muy incapaces de afrontar la situación, a pesar de tener tarifas a valores de bienes de lujo.

Lo que atravesamos no es un proceso de “estatización” ni control sobre la libertad de expresión. Muy por el contrario, es un marco normativo que, de aplicarse, garantizaría mayores posibilidades para la libertad de expresión y también para el uso y consumo, dotaría de reglas que promoverían mayores inversiones que, a su vez, generarían más ganancias, incluso al sector privado (vale mencionar el ejemplo de servicio público  telecomunicaciones que promovió el desarrollo de 4G con su correspondiente servicio a las y los usuarios y ganancias al sector empresario) y, especialmente, puede marcar el rumbo hacia el desarrollo y el acceso a las TIC acorde a los tiempos y necesidades que corren.

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Por Iván Barrera

Alphonso es un jugador de potrero. De medias bajas, pelota pegada al pie y encarar. Y encarar es encarar, no es encarar en un entrenamiento o encarar cuando vas ganando por goleada. Es encarar en las buenas y en las malas, mirar para el frente y jugar con la pelota para que la pelota juegue con los pies. Alphonso es un zurdo habilidoso encarador, admirador de otro zurdo habilidoso encarador. Cuenta que en la escuelita de fútbol antes de cada entrenamiento veían los partidos de la Champions League y mientras que cada compañero hinchaba por un equipo distinto, él solo podía ver al que llevaba la 10 del Barcelona.

El pasado viernes los encontró por primera vez dentro de una cancha. Alphonso sería el encargado de marcar a Lio, de asegurar que la gambeta que tanto había visto en la escuelita no lograra avanzar por la banda izquierda, que no pueda hacer su juego. Y ni más ni menos que en la Champions con un ticket a la semifinal como premio. “Poder jugar la Champions League, contra uno de mis jugadores favoritos del mundo es increíble. Sinceramente no tengo palabras, es un sueño hecho realidad”, contaba Alphonso, “de chiquito solía mirarlo todo el tiempo y ahora me enfrento a él. En una cancha va a ser totalmente diferente, pero para mí, es sólo jugar mi fútbol, no cambia nada”

“Mi mamá me llamó el día anterior y luego mi papá se puso al teléfono y me dijo: ‘Así que estás jugando contra tu jugador favorito’. Y yo dije: ‘Sí’. Y los dos nos echamos a reír por teléfono. Sinceramente, no podíamos creerlo, porque él sabe que admiraba a Messi cuando era más joven, y ahora jugar contra él es increíble”. Ya sabemos lo que pasó, pero antes de volver a ese día, vayamos un poco a la historia de Alphonso.

“Sólo estaba tratando de jugar por diversión

Liberia es un pequeño país ubicado en la costa oeste de África, vecino de Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona. Al igual que todo el continente, su historia está manchada de plomo y sangre. La repartición europea del continente africano designó que el territorio y la población de la hoy Liberia fueran colonizados por Portugal, Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos. Fue este último país el responsable de la fundación de la República de Liberia. 

Resulta que tras la independencia de Estados Unidos y la gradual abolición de la esclavitud, los estadounidesneses de bien, blancos y puros, tenían un gran problema: había muchos hombres negros que de repente no eran más esclavos, sino que ahora eran personas y eran personas libres con quienes convivir. A su vez, en los estados donde aún prevalecía la esclavitud comenzaba a haber revueltas de esclavos que buscaban su libertad y su identidad como personas. Para tal problema, políticos, senadores y líderes religiosos de diversas orientaciones e ideologías se unieron en pos del bien común y tuvieron una idea brillante, crear la American Colonization Society. Esta pequeña sociedad se encargaría de resolver el problema: mandar a esclavos y ex esclavos de nuevo a África. Así fue que se fundó la República de Liberia, un territorio arrasado y refundado con colonos afroamericanos y esclavos liberados.

Este joven paisito tiene una vida turbulenta. A la colonización, la recolonización y los golpes de Estado hay que sumarle los estallidos de dos guerras civiles en los últimos 30 años. Fue en pleno estallido de la segunda guerra civil que Victoria y Debeah Davies decidieron huir del país y establecerse temporalmente en un campo de refugiados Ghanes, en la ciudad de Buduburam. “Sobrevivir a la guerra civil de Liberia significaba tener que portar armas y no tenía ningún interés en hacer eso”, declaró Debeah años después. Allí, en el centro de refugiados de Buduburam nació su hijo: Alphonso, donde pasó sus primeros años.

Cuando Alphonso cumplió 5 años su familia fue aceptada en un programa de relocalización y Canadá le abrió las puertas. Se asentaron en la ciudad de Edmonton y comenzaron a reorganizar su vida. Alphonso pudo acceder a la ciudadanía Canadiense, comenzó sus estudios y con ellos, su amor por la redonda y la gambeta. 

En 6to grado, su maestra y entrenadora deportiva vio que Alphonso y pelota era una combinación extraordinaria, una simbiosis inigualable que no se podía dejar pasar así como así. Fue ella quien recomendó a la familia sumarse al Free Footie, un programa social para aquellas familias de barrios marginados que no pueden afrontar el costo de una escuelita de fútbol. Y ahí fueron Alphonso y su pelota. Pegadita al pie, como le enseñaron, recorriendo los potreros de su ciudad hasta que recibió su primera oferta: sumarse al Vancouver Whitecapes. 

“Para ser honesto, solo estaba tratando de jugar por diversión, para mantenerme activo y no meterme en problemas”, recuerda Alphonso hoy .”No pensé que fuera realmente bueno, solo jugaba porque disfrutaba jugando con mis amigos. Luego, una vez que comencé a jugar fútbol organizado, los padres, entrenadores y otros compañeros de equipo me decían que siguiera adelante y que podía convertirme en algo, así que comencé a creerlo. Eso fue lo que me impulsó a querer convertirme en profesional. Fue entonces cuando comencé a entrenar duro para convertirme en un profesional “.

La directiva del Vancouver no dudó un segundo y convirtió a Alphonso en el fichaje más joven de su historia. A sus adolescentes 14 años firmaba su primer contrato y a los 15 años y 8 meses se convirtió en el jugador más joven en debutar en la MLS. Y ahí fueron Alphonso y su pelota, recorriendo esos mega estadios que tiene la MLS producto de la desesperada inversión en un deporte que nunca le fue redituable a los Estados Unidos. Ahí estaba Alphonso, llenando de goles la tierra que supo esclavizar y luego exiliar a sus antepasados. 

Entre sus 15 y sus 18 años disputó 81 partidos con la camiseta del Vancouver y convirtió 12 goles. También se calzó la camiseta de la selección canadiense y le quedó pintada. En 2016 y 2017 lo nombraron mejor jugador de la sub 17, en ese mismo año debutó en la selección absoluta y se consagró como goleador de la Copa de Oro. “Fue un gran momento para mi familia”, comentaba Alphonso a la prensa. Y agregaba: “Me alegro de haberlo conseguido. Significa mucho representar al país en el que he vivido la mayor parte de mi vida.Tener el escudo canadiense en mi pecho significa mucho para mí.”

En 2018, la MLS volvió a inscribir a Alphonso en su libro de récords. A sus 17 años se convirtió en el pase más caro de la historia de la MLS. El Bayern desembolsó un total de 22 millones de dólares para llevarse a la joven promesa. En noviembre de ese año tuvo su primer entrenamiento y en enero ya estaba debutando en la Bundesliga. Pero antes de partir, Alphonso fue vocero ante la FIFA para pedir que el mundial 2026 se jugara en territorio canadiense. En esa exposición dejó con la boca abierta a más de uno recordando el pasado tumultuoso de su familia y de su infancia y contando cómo el país del norte le había abierto las puertas a su familia.

Lo que se dice un lateral con proyección

Y ahora sí volvemos al partido que sorprendió al mundillo futbolístico. La historia ya es conocida. No hubo medio que quedara exento, no hubo noticia local e internacional que pudiera con una tapa que dijera que al Barcelona multicampeón de todo lo conocido le habían clavado 8 goles. Un Bayern imparable, solo comparable a la selección alemana que castigó con un 7 a 1 a Brasil en su casa. Pero entre tanto culpable de la histórica goleada, sobresale el responsable de la banda izquierda. Cinco de los ocho goles llegaron por esa banda y ninguno de los dos del Barcelona, donde un Lío descolorido solo pudo atinar a tirar centros. La proyección del lateral izquierdo fue notable. Y a la velocidad y posibilidad de ir y volver como si se tratara de una cancha corta, hay que sumarle la destreza con la redonda. 

Como en aquel inolvidable minuto 62, cuando Alphonso recibe la bocha en la mitad de cancha. Los firuletes que desplegó con la pelota pegada al pie quedarán en nuestros recuerdos. De espaldas a Messi, logra pasarlo y en dos movimientos deja a Lío y a Vidal desparramados por el suelo para seguir encarando por su banda. Allí se encuentra con Semedo, el portugués lo espera y Alphonso hace lo propio. Él sabe que la pelotita es suya y que él está jugando su partido, así que saca todo su potrero de adentro, lo deja pagando y avanza hasta el área chica donde se aburre de amagar y le dice a Kimmich tomá, hacelo así podemos sacar el medio y volver a jugar. 

La sonrisa de Alphonso en el gol lo dice todo. Esa sonrisa pícara, del que se divierte, del que se acaba de mandar una. Del que juega con sus amigos con quien juegue, que juega a jugar sin importar quién esté adelante.

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Por César Saravia e Iván Barrera

• ¿Cómo nace el proyecto? ¿Por qué un podcast?

El proyecto nace como una apuesta por darle continuidad a nuestro trabajo de investigación colaborativa en el contexto de aislamiento social. Somos antropólogues y nuestra principal forma de producción de conocimiento se nutre del diálogo con otres, de un intercambio que no es solamente verbal, sino que se construye a partir de la presencia cotidiana a través del acompañamiento en el día a día.

En marzo, cuando se implementaron las medidas de aislamiento, comprendimos que durante un tiempo ese acompañamiento no iba a ser posible de manera presencial. Seguíamos en contacto con integrantes de las organizaciones con las que trabajamos hace muchos años, a través de WhatsApp y teléfono y nos íbamos enterando de que, además de dar respuesta a la necesidades más inmediatas – como la alimentación, la falta de ingresos, la provisión de insumos sanitarios y las demandas en torno a las condiciones laborales- se estaban generando muchas respuestas creativas arreglos colectivos volcados a pensar más allá de la emergencia. Estas iniciativas no apuntaban únicamente a resolver problemas de corto plazo sino que permitían sostener y renovar horizontes de organización a futuro. De esta manera, surgió la idea del podcast, como una herramienta no solo para darle continuidad al diálogo, sino también para tender puentes y contribuir a difundir estas experiencias a un público más amplio.

Encontramos en el podcast una modalidad de comunicar con mucha potencia para estos objetivos. En particular, para retomar las reflexiones en diálogo con quienes integran las organizaciones, e incorporar de primera mano testimonios y conceptualizaciones de su hacer. Pero también, para articular intercambios entre organizaciones y realidades distintas, y procurar hacer públicos los aportes de la mirada antropológica. Queríamos que sea un podcast de antropología, con una impronta de producción de conocimiento colaborativo, lo cual supone recuperar la mirada relacional y compleja que brinda la disciplina y también asumir que la producción de conocimiento no es exclusiva de ámbitos académicos: que la experiencia acumulada por los distintos colectivos y los aprendizajes producidos desde esa práctica tienen status de conocimiento y creación de conceptos.

Así fueron surgiendo los ejes de cada episodio: temas que con la pandemia se habían vuelto particularmente relevantes, y que a la vez se vinculaban con preguntas inspiradas en las miradas conceptuales que ponemos en práctica en nuestras investigaciones. En total esta primera temporada tiene proyectados seis episodios, de los cuales cuatro ya están disponibles en las plataformas. En ellos quisimos discutir categorías que fueron centrales en los debates públicos de los últimos meses, como la de “trabajadores esenciales” y de “cuidado de la vida” (en los episodios 1 y 2); así como visibilizar iniciativas de las organizaciones, situando la mirada en las formas en que reinventaron las maneras de estar conectadxs a través de la tecnología y sus imaginaciones de futuro (en los episodios 3 y 4). En los próximos episodios la idea es proponer debates sobre otros temas, como los límites entre lo público y lo privado y las diversas experiencias e iniciativas de les jóvenes (en los episodios 5 y 6).

– ¿Qué es Antropología en Colabor?

El Programa “Antropología en Colabor para el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores/as” es un colectivo de investigadores e investigadoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El equipo se formó hace más de diez años y está conformado por María Inés Fernández Álvarez, que es la directora, Sandra Wolanski, Florencia Pacífico, Dolores Señorans, Santiago Sorroche, Silvana Sciortino, Victoria Taruselli, María Paz Laurens, Cecilia Espinosa, Carmina Pederiva, Cecilia Cavigliasso y Belén Santin Ruffo.

Muchxs de nosotrxs nos desempeñamos como investigadorxs y becarixs en el CONICET, y además trabajamos como docentes en distintas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de Buenos Aires.

Las tareas que venimos desarrollando comprenden la investigación, extensión y docencia universitaria, que en la práctica llevamos adelante de manera integral. Entendemos al proceso de producción de conocimiento desde el co-labor, promoviendo instancias más o menos sistemáticas de discusión, intercambio y reflexión conjunta con las organizaciones con las que trabajamos, que articulan en un ida y vuelta los ejes de investigación con problemas derivados de la práctica cotidiana. Así, a través de lo que desde las líneas de financiamiento universitario se conoce como “extensión” fuimos proponiendo espacios de autoformación con estas organizaciones, produciendo materiales en distintos formatos que puedan servir de insumo para los espacios formativos que impulsan de manera cotidiana. Desde la perspectiva colaborativa, creemos que la puesta en marcha de estas herramientas son también formas de hacer investigación y producir conocimiento junto a les otres.

Por eso, nuestro punto de partida no es neutral: asumimos un compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones, no sólo como posicionamiento político sino como producto de un largo trayecto de colaboración.

Las organizaciones que acompañamos desde el equipo son diversas, pero tienen en común el hecho de ser colectivos conformados por trabajadores y trabajadoras. Entendemos al trabajo en un sentido amplio, incluyendo, tal como se ha venido proponiendo desde el feminismo, no sólo a los trabajos remunerados, sino también a aquellos no remunerados o reproductivos y de cuidado. En este sentido, trabajamos junto a organizaciones que podrían considerarse como parte del mundo “formal”, asalariades que trabajan tanto en relación de dependencia como bajo contratos o de forma precarizada, y también con quienes forman parte del heterogéneo universo de la economía popular, conformado por quienes fuera de ese mercado de empleo vienen creando diariamente su propio trabajo.

– ¿Cómo piensan que desde las ciencias sociales se deberían acompañar los procesos que realizan las organizaciones sociales?

Sin dudas, las ciencias sociales son muy diversas y cada disciplina tiene herramientas y tradiciones específicas para pensar los vínculos con las organizaciones. Asumir que la producción de conocimiento es un proceso de ida y vuelta -y por ende que no es exclusivo de las universidades e institutos de investigación- es un posicionamiento que podría aplicarse y hacerse presente en una variedad de tradiciones disciplinares. Incluso en la antropología, que tiene una rica tradición en metodologías de conocimiento colaborativo, ésta fue hasta hace poco tiempo una práctica relegada.

Lo que quizás caracteriza a estas maneras de investigar es la distancia con un procedimiento que ha sido llamado “extractivo”, donde el investigador o investigadora llega a un universo social, hace sus entrevistas, observaciones o encuestas, y luego vuelve a su lugar en la universidad o instituto, y desarrolla su análisis y escribe artículos que en el mejor de los casos devuelve bajo la forma de transferencia o devolución. Desde esta práctica, el conocimiento constituye el resultado unilateral de la investigación académica, y las personas y las organizaciones quedan reducidas a “datos” o “experiencias”. Es la reproducción de una división y una relación de poder entre quienes “piensan” y quienes sólo tendrían el lugar del hacer.

Por lo contrario, nuestra experiencia es que la investigación en co-labor es un modo de conocimiento sumamente enriquecedor. Para nosotres, implica un aprendizaje constante. Un proceso que no siempre fue fácil, que a lo largo de los años nos obligó a revisar nuestras certezas una y otra vez. Redefinir nuestros propósitos de investigación para incorporar la agenda de las organizaciones que acompañamos, por ejemplo, la urgencia de problematizar y discutir miradas estereotipadas y estigmatizantes que circulan en el debate público en torno a las prácticas de los sectores populares y sus formas de organización. Entonces, desde nuestros procesos de investigación y como apuesta del equipo en su conjunto, pudimos intervenir en el debate que se da por fuera de los ámbitos académicos, en el cual las organizaciones de trabajadores y sectores populares suelen ser representadas desde calificativos reduccionistas; muchas veces reforzando estigmatizaciones y acusaciones negativas y otras veces desde la romantización de esfuerzos individuales propuestos como ejemplares. Una forma bien actual de esta contraposición son los discursos de celebración de la ”correcta” utilización del IFE para generar “emprendimientos” que coexisten con el discurso de estigmatización de quienes “viven de planes”.

Con el podcast quisimos darle continuidad a la apuesta de intervenir en debates públicos sobre los temas que abordamos en nuestras investigaciones. Un objetivo que venimos desarrollando a través de textos escritos en notas de divulgación y también en un libro colectivo que lanzamos el año pasado, que llamamos: “Bajo sospecha. Debates urgentes sobre las clases trabajadoras en la Argentina”.

– ¿Cuál piensan que es el rol que debe tomar la antropología en este contexto tan particular?

Creemos que es imprescindible que la antropología continúe aportando a la desnaturalización de ciertas ideas arraigadas en la sociedad que sustentan discursos que justifican la desigualdad social. La pandemia provocada por el virus del covid 19 y las medidas de aislamiento social visibilizaron aún más situaciones que las ciencias sociales, y la antropología en particular, venían señalando hace años. La alta tasa de informalidad laboral y la precariedad de la vida que atraviesa a gran parte de nuestra población. Y, que lejos de tener una actitud pasiva, las organizaciones de trabajadores y espacios comunitarios barriales responden a esta precarización de la vida produciendo formas de vida en común a través de prácticas colectivas. Precisamente, las prácticas sobre las que recaen las miradas de sospecha, que son cuestionadas, amenazadas y calificadas como irracionales o hasta ilegales, son las que permitieron mantener no solo las medidas de prevención sanitarias, sino también, las vidas de miles de personas que quedaron sin posibilidad de ganarse el sustento diario para sus familias.

La pandemia y los cambios que ella trajo llevó a que todes tengamos que repensar nuestras prácticas. La antropología, que como dijimos tiene una fuerte impronta en el trabajo de campo, también tiene que poder repensar la forma en que puede continuar construyendo conocimiento. Y sobre todo para nosotres es un desafío en este contexto buscar formas de seguir contribuyendo a visibilizar y fortalecer esas prácticas y experiencias de les trabajadores que, de manera siempre creativa, buscan la forma de seguir construyendo una vida que merezca ser vivida.

– Desde su perspectiva, ¿cómo piensan una comunidad post pandémica?

El establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio modificó radicalmente los espacios y las modalidades de llevar adelante las tareas cotidianas y que dábamos por sentado, como las formas de trabajar, de relacionarnos, de reunirnos, de celebrar. Pero también modificó nuestra percepción del tiempo fundiendo en incertidumbre y angustia aquellas proyecciones de futuro, que parecían sustentarse en un “progreso” unidireccional que estaba asegurado. Sin embargo, cabe preguntarnos cuán asegurado estaba ese porvenir hasta marzo del 2020.

Con la irrupción de la pandemia muchos sectores a través de la organización tuvieron que atender con mayor urgencia cuestiones que ya eran una preocupación, como garantizar el cuidado de la salud y la alimentación de los suyos.  Esto sumó nuevos problemas a las ya conocidas desigualdades sociales, profundizando la precarización de la vida y del trabajo, una realidad que ya era crítica en los últimos años producto de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.  En este sentido, preguntarnos por el futuro pospandemia implica sostener como punto de partida algo que el postulado de la “nueva normalidad” invisibiliza: para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras cuestionar la “normalidad” del presente y proponer otros horizontes a futuro no es una novedad. Durante este tiempo, que por momentos se vivió como improductivo o que quedó en suspenso, las organizaciones continuaron sosteniendo prácticas organizativas. Incluso, se abrieron nuevos espacios de agremiación, que  a la luz de las nuevas problemáticas retornaron debates de larga data en torno al trabajo, la salud, el cuidado, el género, nuestra relación con las naturalezas, las formas de producción y consumo,  entre otros.

Esto nos lleva a la posibilidad de hacernos otras preguntas como ¿qué proyecciones a futuro construyen les trabajadores y qué procesos organizativos se reactualizan y se generan en este contexto? Porque no se trata de predecir, sino de retomar, reescribir y profundizar los sueños, los proyectos y los anhelos que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras vienen llevando adelante hace muchos años aún en contextos de precariedad. En esta línea, el cuarto episodio de la Trama Colectiva -que acaba de salir esta semana- se titula precisamente  “El Futuro que supimos construir” y se centra en experiencias que continuaron tramándose a pesar de las distancias y la imposibilidad del contacto físico o de reuniones presenciales, retomando proyectos a futuro que ya se venían construyendo. Como por ejemplo, la conformación de nuevos espacios de agremiación, la creación de redes colectivas, los debates en torno a la vuelta al trabajo, las relaciones de género, las formas de vivir en las ciudades o nuestro vínculo con las naturalezas. Todas experiencias en las que los proyectos a futuro ya estaban en debate desde antes de la pandemia, dejando ver un proceso que no es lineal, que se reescribe de forma errática, recuperando experiencias acumuladas e imaginarios de futuro de larga data.

Si bien es muy difícil poder predecir qué sucederá con exactitud, nuestra respuesta a la pregunta por los cambios y cómo se sucederán guarda una premisa y a la vez un anhelo colectivo: tal vez aquello que llaman “nueva normalidad” esté más cerca de lo que creamos y las herramientas para que no se parezca tanto a “la vieja” estén ya disponibles. Aunque la respuesta no esté dada, hay caminos recorridos y nuevos por transitar sobre la base de experiencias que hace tiempo vienen proponiendo formas de construir una vida que valga la pena ser vivida para todos, todas y todes.

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Por Iván Barrera | Foto: Emmanuel Fernández

El viernes 14 de agosto finalizaba un rastrillaje sin resultados a cargo de la policía federal en las zonas que conectan Villarino con Bahía Blanca. Durante el sábado, la fiscalía federal de Bahía Blanca recibió un llamado de una persona identificada como un pescador afirmando haber encontrado un cuerpo en la zona de Cabeza de Buey, en Villarino Viejo. Esta es una de las desembocaduras del mar, una zona pantanosa de muy difícil acceso. El hallazgo entró en el marco de la investigación federal por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y allí se hizo presente durante la madrugada Cristina Castro junto a sus abogados.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Facundo tiene 22 años y desapareció el 30 de abril, tras salir de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca. Facundo había terminado la relación con su compañera unos meses atrás y su idea era viajar a dedo los 122 km que separan Pedro Luro de Bahía Blanca, como había hecho en varias oportunidades, para reencontrarse con ella. El último rastro certero de Facundo se encuentra en Mayor Buratovich, a 20 km de Pedro Luro, cuando es detenido por un retén de la policía bonaerense. Según tres testigos, Facundo es subido a una camioneta Hylux de la policía, mientras que los testimonios de los oficiales a cargo indican que él solo fue demorado y continuó su viaje.

Luego de peritajes a los patrulleros, un can del perito Marcos Herrero dio señales activas de que Facundo podría haber estado en uno de los móviles policiales, principalmente en la parte delantera y en el baúl, contradiciendo la versión policial de que nunca habían subido y validando el testimonio de los testigos que afirman que Facundo efectivamente fue subido a un móvil. También, a partir del peritaje celular se descubrió una foto del DNI de Facundo encima de un móvil. Mayor Buratovich es el último lugar donde existen testigos no pertenecientes o vinculados a la policía bonaerense que dicen haber visto a Facundo.

El relato policial continúa a partir del testimonio de Xiomara Flores. Ella declaró haber subido a su auto particular a Facundo y haberlo trasladado hasta Teniente Origone, distante unos 30 km, dejándolo en la ruta. Allí aparece un nuevo testimonio policial por parte del oficial Alberto González quien dice detenerlo por violar el aislamiento. El mismo afirma que Facundo no tenía su DNI y, siempre según su testimonio, se pone en contacto con la comisaría de Buratovich para confirmar que ya había sido detenido. El oficial afirma que deja a Facundo continuar camino y se contradice en su relato en un primer momento señalando que Facundo subió a un auto y en un segundo momento afirmando que prosiguió a pie.

Siguiendo el relato policial, el único que afirma que Facundo siguió camino por su cuenta desde Mayor Buratovich, que Facundo nunca ingresó a la comisaría ni estuvo cerca, solo se habría movido a la vera de la ruta buscando continuar su camino. Sin embargo, en uno de los rastrillajes realizados en la misma, el can del perito Marcos Herrero señala un objeto que la familia de Facundo reconoce como pertenencia de Facundo.

Aquí termina el relato. Hubo testigos fugaces que dicen haber visto a Facundo en Bahía Blanca y en Origone y ninguno de ellos fue tomado en cuenta por la inconsistencia en sus relatos. La reconstrucción de los hechos continúa con el peritaje a los celulares de los policías involucrados. De allí surge evidencia de múltiples mensajes, audios e imágenes borradas en todos los celulares. Es decir, simultáneamente mensajes, audios e imágenes fueron borrados en los dispositivos de entrada y salida de forma sospechosamente coordinada. A esto hay que sumarle que en el celular de Xiomara Flores, quien afirmó haberlo trasladado de Mayor Buratovich a Teniente Origone, la aplicación de mensajería WhatsApp fue borrada una semana después de la desaparición de Facundo.

Un cuerpo cargado de inconsistencias

“Me dice el instinto de mamá que es Facundo”, dijo Cristina Castro, madre de Facundo, “vinieron a tirar el cuerpo de mi hijo acá.”

El día sábado 15 de agosto la fiscalía de Bahía Blanca recibió el llamado de una persona identificada como pescador de la zona que afirmó que había un cuerpo humano en la vera de un río.  Durante los 110 días que Facundo permanece desaparecido, en tres ocasiones se señalaron restos óseos que resultaron pertenecer a animales.

La zona donde fue hallado el cuerpo es una zona pantanosa, de muy difícil acceso. Tal es así que, cuando Cristina Castro se movilizaba al lugar junto a Luciano Peretto tuvo que ser auxiliada por un móvil de la policía federal luego de que el auto se encallara en el barro. “Es una zona donde el mar se forma por riachos, crece y decrece por la marea, por lo cual es un lugar muy húmedo, pantanoso”, explicó Luciano.

La noticia corrió rápido y así como surgió, se cargó de malas intenciones. En un primer momento, el periodista German Sasso y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmaron que en el lugar se encontraba un cuerpo completo y una mochila. El ministro llegó a afirmar que se trataría de Facundo, aún cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), equipo designado para realizar el peritaje y los análisis correspondientes, se encontraba en camino desde Buenos Aires. Al momento de llegar al lugar, tanto Cristina como sus abogados afirmaron que el cuerpo encontrado no estaba completo, que no constataban la existencia de ninguna mochila y no había ninguna pista para afirmar que ese cuerpo pertenece a Facundo. 

La madre de Facundo solo pudo reconocer una zapatilla encontrada a 30 metros del cuerpo, que sí identificó como perteneciente a Facundo pero cuyo estado de conservación distaba mucho del estado del cuerpo encontrado “parece una zapatilla que está hace dos días ahí”, señaló Cristina. A su vez, también afirmó que el cuerpo se encontraba semienterrado y no flotando como afirmó el periodista Sasso en su primer momento, y que en el lugar se encontraban huellas de automóvil que no pertenecían a los móviles policiales que se acercaron 

Leandro Aparicio, abogado de la familia Castro, afirmó este sábado la denuncia por asociación ilícita en la que estarían involucrados el intendente de Villarino, la policía y un medio de Bahía Blanca. “Nosotros denunciamos una asociación ilícita que sigue operando y que se juntaron el día viernes pasado (día anterior al hallazgo del cuerpo). Se juntaron el intendente de Villarino (Carlos Bevilacqua), con alguien de la policía de la provincia de Buenos Aires, con alguien del medio La Nueva y con el periodista German Sasso a comer un asado, cuando no están permitidas las reuniones. Se juntaron a 15km del fitosanitario. ¿Qué estaban haciendo? Porque Sasso es el que vende el pescado podrido que muchos medios después reproducen, es el vocero de la policía. Cristina quiere meter preso a quienes desaparecieron a su hijo y a quienes ayudaron a que siga desaparecido por mucho tiempo plantan pistas falsas, tratando de destruir las pistas verdaderas, acusando a Facundo de narco y que por eso lo habían matado” Por último, cerró: “es complicado llegar a la verdad pero no es complicado advertir los pasos de la asociación ilícita. Las pruebas de lo que ellos hacen se ven. Tenemos que encontrar el cuerpo y denunciar lo que están haciendo”.

Ahora el trabajo está en manos del EAAF que trabajará en el peritaje del cuerpo y el reconocimiento de la identidad en la ciudad de Buenos Aires, así como también trabajarán en toda la evidencia recogida en el lugar. Las pericias se harán “a fin de determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimaren pertinente señalar los profesionales designados, pudiendo tomar intervención en la medida aludida aquellos peritos especialistas en la materia que a tal efecto designaren las querellas particular e institucional”

Tras esta novedad, que domina los noticieros de los medios tradicionales, la cronología de las luchas populares para conseguir verdad y justicia se activó. Y es factible que señale a su paso las complicidades de los poderes para encubrir que nuestrxs pibxs siguen en peligro y que el Estado es responsable.

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Por Iván Barrera y Ana Marangoni | Fotos de Darío Cavacini

En notas anteriores, a partir de diversos testimonios estuvimos reconstruyendo el panorama que se atraviesa en el hospital de salud mental José Tiburcio Borda. Pero, ¿qué pasa con la Ley Nacional de Salud Mental y el Proyecto inconcluso de Desmanicomialización? ¿Cuál es el estado de los manicomios en las distintas provincias y qué urgencias de siempre permanecen invisibilizadas?

Para responder, entrevistamos a Celeste Romero, terapista ocupacional, trabajadora del Estado, y que ha sido integrante del Consejo Consultivo honorario de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental; y a Javier Frías, secretario de la Defensoría Civil de Moreno, dentro del Ministerio Público de la Defensa, y ex trabajador de la DNSM, habiendo formando parte del equipo de fiscalización.

– ¿Cuál es la situación de los manicomios a nivel nacional?

Celeste Romero: a nivel nacional hay 42 hospitales psiquiátricos públicos en nuestro país y tantos otros privados. Me atrevería a decir, como una simple trabajadora del sistema de salud, que la situación de todos los manicomios es la misma. Con matices, pero la misma. En hospitales psiquiátricos del interior de las distintas provincias la cantidad de personas es mucho menor que en aquellos de las grandes urbes, llegando incluso a menos de 100. Sin embargo, el manicomio con mucha o poca gente sigue siendo manicomio. Algunos con paredes más pintadas o jardines más bonitos, algunos con actividades culturales y artísticas, otros con pocas iniciativas. Creo que en todos hay trabajadores/as muy valiosos, pero hay un sistema que opera un modo de opresión social, cultural y económica, que todavía atraviesa fuertemente las maneras de atención. Por eso, el manicomio aún sigue vigente en sus prácticas, en el presupuesto que tiene destinado, en la cantidad de trabajadores versus los trabajadores que están en el territorio. En fin, sigue vigente y continúa matando.

Al leer las notas del Borda recordaba otros casos trágicos en manicomios de todo el país, que en su momento han tenido mucha prensa. Hace 4 años se cayó una señora y murió ahogada en un pozo en la Colonia de Salud Mental de Federal, Entre Ríos. Me tocó visitar ese hospital tiempo después: los pozos estaban tapados con restos de muebles viejos, un trabajo hecho por los mismos trabajadores ante la falta de respuesta a una problemática que ponía de manifiesto, una vez más, las condiciones de vida dentro del manicomio. En agosto de 2018, nos enterábamos de un señor que había sido olvidado 47 años dentro de la Colonia Vidal Abal, olvidado por quienes tenían que ocuparse de su tratamiento y su externación. En abril del mismo año, una mujer mató a otra dentro de una institución psiquiátrica privada en donde los primeros en socorrer fueron otros usuarios allí internados. En mayo de 2018 muere un paciente electrocutado cuando intentaba fugarse en el Hospital Alejandro Korn. En 2008, un señor de 51 años perdió la vida por una jauría de perros en el Hospital de Open Doors. En 2005, una red de prostitución en un neuropisquiátrico de CABA. Una y otra vez lo que mata es el manicomio. En la actualidad, tenemos numerosos colectivos donde valiosísimos compañeros y compañeras trabajan y reflexionan en pos de su superación.

Hay una situación de vulneración extrema de derechos que genera la vida en las situaciones totales, sabemos que ninguna institución está pensada para cubrir la totalidad de la vida de la persona, entonces es necesario, a diez años de la sanción de Ley Nacional de Salud Mental, animarnos a innovar, a pensar nuevos modos de acompañar y sostener la vida de las personas.

– El año pasado se realizó un censo a nivel nacional en instituciones de salud mental, ¿qué información se pudo obtener?

C. R.: la realización del Censo fue muy importante, una medida prevista por la Ley Nacional en su Artículo 35 que determina que debe hacerse con regularidad, como máximo cada dos años. Se recabó que 12.600 personas están internadas en instituciones totales. Un aporte valioso para el trabajo cotidiano de las y los trabajadores de los servicios de salud mental, fueron algunas preguntas que hicieron a los derechos de ciudadanía y los principios de libertad. Tomando el último mes como referencia, la primera pregunta tenía que ver con el manejo del dinero y sólo un 69% manifestó percibir algún ingreso y de ese total, sólo un 27,5 % podría administrarlo.

Otro dato, que ahora en tiempos de cuarentena cobra más impacto, es la posibilidad de sostener los vínculos sociales y afectivos durante la internación; sólo un 66% refirió contar con la posibilidad de visitas. Pienso, por ejemplo, en cuántas familias viven lejos del lugar donde su ser querido es internado, pienso también en el principio de territorialidad, en contar con tratamiento cercano a la casa allí donde están los afectos. También de la totalidad de las personas internadas, solo el 41% refirió poder realizar llamadas telefónicas. El 59,9% refirió poder realizar salidas, de los cuales solo el 11% lo hace solo. O sea, tenemos 5040 personas que no salen del psiquiátrico y con un promedio de 12 años de encierro. No salían antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio y no tenemos garantías ciertas si será distinto luego de la pandemia. Esto se da en todo el país, no solo en CABA o en el Borda.

Estos datos nos sirven para reflexionar sobre el trabajo que falta. Pasaron 10 años de la Ley de Salud Mental Nº 26.657 y todos los manicomios siguen en pie, con avances y retrocesos, pero en pie. También, paralelamente han surgido muchas hermosas experiencias en todo el país que dan mucha esperanza. La Ley también ha podido garantizar ciertos espacios de institucionalidad que son una potencia para la implementación de las políticas en Salud Mental. El trabajo del Órgano de revisión Nacional, el Consejo Consultivo Honorario, la CoNISMA, los espacios cada vez más necesarios de usuarixs y familiares. En fin, hay mucho transcurrido y se requiere mucho más para que Argentina sea un país sin manicomios.

Javier Frías: el censo pone en números lo que quienes trabajamos y militamos la salud mental conocemos. Y para quien no conocía esa información, pues ahora la tiene a mano. Actualiza la información de ese gran trabajo que fue “Vidas arrasadas”. Lo que ocurre en salud mental es que aún falta una dirección unívoca sobre cómo superar el manicomio. Unívoca y ágil, porque es lenta. Pensar que la ley se sancionó en el 2010. Recién a los 3 años se reglamentó. Y recién 9 años después se hizo el censo. Así, la meta del 2020 es relativizada. El 2020 no fue un capricho, fue un año que la Organización Panamericana de la Salud fijó como para evidenciar la necesidad que se requiere de un cambio rápido porque la vulneración de derechos en un manicomio es diaria.

Pero por falta de una voluntad unívoca, aún siguen en pie los manicomios, generándose a lo largo de estos años discusiones estériles, como si el cambio debe venir desde adentro de los manicomios o desde afuera, o si primero hay que crear los dispositivos sustitutivos para luego sustituir o viceversa o si primero hay que concientizar a todas las y los trabajadores, vecinxs y comunidad, y luego avanzar, o si un monovalente es igual a manicomio o a neuropsiquiátrico. Los Ministros de Salud y directores afirman y reafirman su compromiso con la Ley, pero luego su aplicación se queda trabada en la coyuntura económica provincial o municipal y las discusiones que mencioné que lo que logran es que la salud mental no traccione y no se genere un espacio verdadero en la agenda política.

Lo peor de todo es que, a falta de la nueva institucionalidad, es decir, falta de la transformación y superación de los manicomios en un nuevo sistema comunitario, ese vacío es llenado por más discursos, esta vez de los gobernantes, que nos dicen que están transformando y convirtiendo los monovalentes en hospitales generales, cuando no es así en absoluto o quienes nos dicen que están vaciando camas o externando masivamente, cuando derivan a los geriátricos o egresan con planes de externación hechos de la medianoche a la mañana. Es tan falso como cierto que ninguno de los 42 hospitales psiquiátricos presentó a la autoridad nacional de aplicación, o sea, a la Dirección Nacional de Salud Mental, el proyecto de externación definitivo que prevé el Decreto reglamentario. Ese artículo tan poco conocido y tan poco utilizado en nuestras discusiones estériles.

Ahora el discurso está refinado, observo a la Directora de Salud Mental Lic. Calmels con un discurso impecable, sin fisuras, pero hay que ver en qué dirección avanzará. Al parecer, va a armar un Plan Provincial de Salud Mental. Esperemos que sea bienaventurado, pero hemos tenido la experiencia a nivel nacional de un Plan Nacional que no tuvo ninguna aplicación concreta.

– En el Borda hay una vulneración permanente de la libertad y lxs internxs no tienen los cuidados necesarios, lo que se agrava en contexto de COVID-19, ¿qué ocurre en los demás hospicios?

C. R.: Esta es una situación que se repite en todo el país. En la mayoría de los manicomios, las personas comparten la ropa, utilizan los mismos elementos de higiene, se comparten toallas. La misma ropa interior que hoy utiliza Juan, mañana la tiene puesta Pedro. Colchones en el piso, camas sin sabanas. Situaciones de contención física y de privación del libre movimiento son moneda corriente, mucho más en personas ancianas. La primera acción en todo hospital psiquiátrico suele ser atar a la persona, antes de cualquier acción terapéutica, lo que constituye un acto gravísimo de violencia y todavía está avalado incluso por la OMS. La presencia de personal policial es cada vez más frecuente dentro de las instituciones: personas esposadas por temor a fugas, pacientes que no salen de las habitaciones o de su sala. Todo esto en el contexto del COVID-19, genera mayores situaciones de vulnerabilidad y también mayor predisposición a contagios.

A pesar de los protocolos y los esfuerzos de la gestión actual para generar resguardos a las personas creo que falta mucho trabajo. Luego de tres meses de cuarentena, estamos viendo los efectos de la falta de acompañamiento de las personas que ya están en su casa. Hay muchos que requieren apoyo para la toma de medicación, y esto se venía dado quizás por dispositivos diurnos. Los que requerían mayores apoyos para la vida autónoma, hoy tienen dificultades serias. Lo mismo quienes se proveían de alimento diario a través de algún dispositivo de salud. Los paradores para personas en situación de calle contienen a muchísimas personas con problemáticas de salud mental que han tenido muchas reinternaciones en hospitales psiquiátricos. Esto se repite en CABA principalmente, pero también en las grandes ciudades de nuestro país. Una vez, un compañero del Consejo Consultivo Honorario decía que el manicomio es como el capitalismo, y como decía el Che: al capitalismo, al igual que al manicomio, “no hay que creerle ni un tantito así”.

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Por Iván Martín Barrera / Foto destacada por Luis Adrián Cobos

Japoo Door Warr: agarrarnos para trabajar

Ocupar, producir, resistir, esa bandera de lucha levantada por trabajadores y trabajadoras de fábricas recuperadas se reinventa en tiempos de pandemia. Hoy la ecuación cambia de orden: primero resistir, luego producir.

La migrantada seneglesa sabe de resistir: la gran mayoría comienza desempeñándose en la venta callejera, y a las inclemencias climáticas y a las crisis económicas que mantienen los bolsillos flacos deben sumarles los embates de la policía, represiva per se y racista en adición. Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio esta resistencia encontró nuevos desafíos: sobrevivir sin la única fuente de ingresos. Sobrevivir ellos y ellas y sobrevivir su familia que desde el otro lado del Atlántico esperan la moneda.

A partir de esta resistencia nace Japoo Door Warr, la tiendita migrante. “Japoo Door Warr significa en lengua wolof agarrarnos para trabajar. Somos un grupo, significa agarrarnos las manos y trabajar juntos” nos cuenta Penda, migrante senegalesa y trabajadora de la tiendita, quien también nos daba su testimonio en el especial La pandemia desde el pie. “Es un proyecto de migrantes para poder darnos las manos y trabajar juntos para desarrollar una tienda de venta y así poder hacer algo en este momento complicado”.

Japoo Door Warr es un proyecto en conjunto que nace a partir de la necesidad de resistir en momentos donde el COVID 19 es pandemia y donde también lo es el racismo. El primer producto de la tiendita migrante es un kit antirracista y su lema es  “protégete del invierno, el coronavirus y la discriminación racial”. Te protege del invierno porque ofrece una ruana, te protege del coronavirus porque incluye alcohol en gel y barbijos y de la discriminación racial porque propone un consumo descolonizado: “existen empresas grandes que dominan el mercado y concentran el dinero en pocas manos, favoreciendo la exclusión. Al destinar tu dinero a colectivos chicos organizados, contribuyes a crear un reparto más equitativo de los recursos” explican desde La tiendita. “Pensamos muchas veces el producto, lo cambiamos muchas veces, pero pensamos que es importante tener productos esenciales como el alcohol y los barbijos, porque la gente los necesita. También estamos en período de frio y pensamos que la gente necesita abrigo, por eso las ruanas” agregó Penda.

“En este momento, con la situación del COVID 19, nada es fácil. Nosotros no podemos trabajar en este momento y no podemos a ayudar a nuestra familia, que nos está esperando. Tampoco podemos traer nada. La situación es muy complicada, nosotros allá tenemos hijos, hijas, madres y padres esperando. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, entonces necesitamos agarrarnos y hacer algo juntos” nos cuenta Penda. Germain, otro de los trabajadores de la tiendita, agrega “la situación con el COVID está muy complicada, para mí y para todos los chicos. Por tres meses no pudimos salir, no pudimos trabajar, no podemos hacer nada. Es muy complicado, muy difícil. Tenemos que comer, tenemos que pagar alquiler, tenemos que ayudar a nuestra familia en África y se pone muy complicado.”

La tiendita migrante nace como una respuesta necesaria de organización y producción a este momento. “En este momento somos 11 senegaleses trabajando y la gente del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM) que nos está ayudando mucho. Todos tenemos nuestra tarea. Yo me encargo de tomar los pedidos y comunicarme con los clientes. Hay otros dos compañerxs que se encargan de comprar los productos, dos que manejan los pedidos, todos tenemos una tarea dentro”.

Migración y racismo

Japoo Door Warr es una tienda migrante. Es un proyecto integrado por migrantes y apoyado por migrantes, quienes entienden en carne propia los desafíos de llegar a este país, enfrentarse a la burocracia legal, poder trabajar, alquilar para tener un techo y enfrentarse a leyes que prometen expulsarlos casi a voluntad del poder a cargo. “Yo personalmente pienso que los y las migrantes somos buena gente, que se van de su país a otro país para buscar una mejor vida. Migrar no es un delito, es un derecho. Los y las migrantes somos gente que no pedimos nada más que trabajar para vivir bien y mejorar nuestra vida” nos cuenta Penda, “hoy tenemos que vivir todxs como humanxs, nadie debe ser discrimnada”.

Sobre quiénes integran el proyecto, Penda nos agrega “nosotras y nosotros somos de Senegal, hombres y mujeres de Senegal. Los y las senegaleses venimos a Argentina a trabajar, para buscar una mejor vida, para poder vivir bien y poder apoyar a nuestras familias que están al otro lado del mundo esperando nuestra ayuda. Nuestro objetivo es trabajar, somos trabajadores”. Sobre su llegada al país, Germain nos explica “Nosotros somos muchos y muchas y cada uno viene acá por distintos motivos. Cada uno tiene distintas razones para salir de su país y para venir a este país en particular. Yo siempre escuché hablar de Argentina, de Messi y Maradona, siempre quise venir a este país para conocer más”.

En estos momentos, donde el antirracismo parece haber tomado bandera en todo el mundo a partir del movimiento Black Lives Matter nacido en Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minnesota, les preguntamos a Penda y a Germain sobre cómo lo viven desde acá. “El racismo es algo muy malo. En la vida nadie elige lo que es. El blanco no le pide a Dios nacer blanco, los negros no pedimos a Dios nacer negros. Nacimos iguales, nadie tiene derecho a odiar a nadie por su color, nadie tiene derecho a matar a nadie por su color, nadie tiene derecho a maltratar a nadie por su color. Somos gente civilizada, estamos en el Siglo XXI, esto tiene que parar, no puede continuar. Todos tienen derecho a vivir su vida plenamente”, nos cuenta Penda. Germain agrega “el racismo me duele en el corazón. La encargada de cuidar a la gente debería ser la policía y el mayor racismo viene de la policía. Es lo más complicado. Hay gente racista pero siempre la policía es siempre peor. Es muy terrible lo que está pasando en el mundo. Si todos somos iguales ¿por qué hay tanto racismo?”.

Organizarse, producir y resistir

“Nosotros empezamos a organizarnos gracias a la ayuda de lxs profesorxs de español del BTM. Nosotros tenemos nuestro grupo donde nos organizamos y nos informamos”, nos cuenta Penda como el inicio de este proyecto. El BTM, entre muchas actividades que realiza, coordina cursos de español para senegaleses. Estos se desarrollan desde 2018 en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Automotores Orletti, ubicado en Floresta, a metros del centro Bacacay, recientemente revelado. Automotores Orletti fue uno de los pilares del Plan Cóndor, por allí pasaron más de 300 personas, la gran mayoría migrantes, y funcionaba también como centro de paso donde se intercambiaban personas secuestradas y desaparecidas en las distintas dictaduras de América Latina.

Los talleres de español proponen algo tan necesario como que migrantes que no hablan el idioma puedan acceder a él de forma gratuita, popular y desarrollado por otres migrantes. El idioma es una barrera para la migrantada senegalesa, no solo para desarrollarse plenamente, sino también para defenderse de los abusos policiales y judiciales. A su vez, realizarlos en un lugar como el Orletti, resignifica un lugar donde tantos militantes internacionales fueron torturados y desaparecidos, devolviéndoles los derechos que por tanto tiempo fueron vulnerados.

Mariana forma parte del grupo que organiza los talleres y nos cuenta: “Desde el BTM iniciamos el proyecto de cursos de español para migrantes cuya lengua materna no es el español, en agosto de 2018. La finalidad de este proyecto era poder encontrarnos entre migrantes que hablamos distintos idiomas, así como también proporcionar el elemento de la lengua como una herramienta de lucha y de resistencia, de organización y de defensa de nuestros derechos”.

Respecto a los desafíos que presenta la etapa de aislamiento y el inicio de este proyecto agrega: “En marzo de este año estábamos por arrancar los cursos nuevamente, pero se vieron interrumpidos por el aislamiento. Ahora muchos y muchas de las profesoras del proyecto estamos apoyando esta iniciativa impulsada por los y las compañeras de Senegal que formaban parte de estos cursos, desde un papel de apoyo, como facilitadores. En términos de educación popular ha implicado nuevos retos. Ya veníamos con muchos desafíos en torno a cómo enseñar, sobre todo cuando el wolof y el español son tan distintos. Ahora a ese reto de la comunicación se le suma el de la alfabetización digital y, en el caso de las entregas de los productos, la necesidad de conocer la ciudad. Se ha hecho necesario sentarnos con un mapa y ver los barrios, siendo que los profesores migrantes a veces tampoco conocemos en detalle la ciudad. Son muchos los desafíos pero estamos muy contentos y contentas de ver que el proyecto está avanzando y que mucha gente lo está apoyando”.

Japoo Door Warr, la tiendita migrante se puede visitar online desde sus redes sociales en facebook e instagram . “Pienso que cuando todo esto termine tenemos que estar más unidos, para seguir mejorando. Tenemos una comunidad muy fuerte.” cierra Germain.

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Por Vivian Palmbaum e Ivan Barrera

El pasado lunes primero de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Grupo Vicentin, gigante del agronegocio, y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario y que su gerencia quede a cargo de YPF Agro.  En el anuncio, Alberto Fernández puso énfasis en que estas acciones contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaria. Este punto, que fue nombrado de forma pomposa al pasar, quedó resonando en el medio del anuncio.

Curiosamente al mismo tiempo que se enuncia como una conquista hacia la soberanía alimentaria el interventor designado es Gabriel Delgado, señalado como un defensor del  modelo productivo industrial basado en el uso de transgénicos y las fumigaciones con agrotóxicos. Funcionario del gobierno encabezado por Cristina, en 2015 fue acusado por Monsanto de no reconocer las patentes a las semillas transgénicas.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se definió para enfrentar a las políticas neoliberales.  Según la definición acuñada por la organización, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 

En esa definición, también se detalla que se debe “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.La necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.”

Esta semana desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) se organizó un conversatorio sobre soberanía alimentaria en la región. Allí Marco Filardi, abogado ambientalista e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, explicó a qué se refiere la soberanía alimentaria.

“La soberanía alimentaria, paradigma introducido por la Vía Campesina en 1996,  plantea que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos. Es la agroecología en todas sus formas: una agricultura por agricultoras y por agricultores. La soberanía alimentaria aboga por priorizar la producción local para el abastecimiento de las necesidades alimentarias. La finalidad esencial de la agricultura es producir alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a los pueblos”.

El modelo extractivista es el engranaje principal del mundo globalizado neoliberal  y la base de la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo se encargan de proveer de materias primas como semillas, granos, alimentos, maderas, minerales o petróleo a los grandes países industrializados. Este modelo extractivista demanda que cada día se produzca más al menor costo, sin importar la calidad del producto ni las circunstancias en las que se produce, ya sea de quienes producen, de la tierra y los recursos naturales, como de las poblaciones aledañas. El resultado de este modelo está a la vista: tierras arrasadas producto del monocultivo y los pesticidas, poblaciones arrasadas producto de la necesidad de aumentar la cantidad de tierra cultivada, pueblos fumigados por agrotóxicos, napas contaminadas, agua con cianuro y otros metales pesados y una huella ecológica y humana que perdurará finalizado cualquier negocio.

El modelo extractivista evoluciona, se tecnifica y la soberanía alimentaria es un ideal cada vez más lejano. El agronegocio se alimenta de semillas genéticamente modificadas, se lubrica con agrotóxicos y se almacena en silo bolsa esperando las mejores condiciones locales e internacionales para lucrar. La concentración de tierras aumenta año a año, expulsando a campesinos, campesinas, cooperativas y pueblos originarios.

Marco Filardi se refirió a este modelo como un modelo que “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la integridad personal. No está concebido para alimentar a nadie sino para producir dinero concentrado cada vez en menos manos. Al mismo tiempo es un modelo que no alimenta, no solo no alimenta al mundo como ya vimos, sino que es incapaz de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de nuestra propia población. En el contexto de cosechas récord como se anuncia tenemos desnutrición aguda en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de la población y que comen esos cuerpos también carencias nutricionales.” 

El otro campo

También consultamos a quienes producen alimentos para el pueblo. Ellos y ellas que conforman el otro campo: el que lejos de buscar el lucro de la expansión sojera, trabaja la tierra de forma agroecológica, responsable con el ambiente, con sus trabajadores  y trabajadoras. El campo que no conoce de Hilux último modelo pero sí de autogestión, conformado por pequeños productores y productoras que cultivan la tierra que no es suya y que alimentan a las ciudades. 

Desde Marcha le preguntamos sobre la medida a Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que aportó la mirada de la organización, respecto a la intervención y su relación con la construcción de soberanía alimentaria. 

“Nosotras y nosotros desde la UTT, al igual que el Foro por un Programa Agrario y Popular pensamos que es una medida que hay que apoyar. Si bien creemos que no hay soberanía alimentaria sin la distribución y el acceso a la tierra por parte de las familias que producimos alimento, no hay soberanía alimentaria sin un esquema de comercialización justo para el que produce y para el que consume, no hay soberanía alimentaria si tampoco hay igualdad de género. La mitad de las que producimos alimentos no tenemos acceso a la tierra y vivimos en condiciones de vulnerabilidad por la violencia machista. Seguimos pensando esto las organizaciones del otro campo. “

“Es real que es un avance en términos de soberanía del modelo agropecuario. No es lo mismo que las organizaciones campesinas peleemos contra Dreyfus y Cargill por un modelo agroalimentario más sano y con el derecho a la alimentación de todos y todas, que pelearsela al Estado. Además entendemos que un montón de productores también medianos, también cooperativas de granos, que dependerán de Vicentin, si es posible en manos del Estado, tendrán la posibilidad de plantear un esquema de producción más sustentable”. Además agregó la necesidad que la estatización se lleve adelante para poder plantear las reglas de juego al interior del modelo de agricultura extensiva. “Saludamos la medida y apoyamos y presionaremos para la posible estatización“. 

Para terminar Rosalia resaltó que “este tipo de intervenciones tiene que ir acompañado por todo este tejido social que venimos reclamando y luchando por soberanía alimentaria”. 

La expropiación de Vicentin significaría que uno de los grandes actores del agronegocio pase del mundo privado y lucrativo al ámbito público. Desde la gerencia estatal se podrá evitar la especulación financiera de los silo bolsa y decidir cuándo exportar y cuándo vender al mercado interno. Pero, ¿cuánto de Soberanía Alimentaria tiene la expropiación de Vicentin? ¿cuántos de los reclamos abiertos por Vía Campesina en su búsqueda por la Soberanía Alimentaria abarca esta expropiación? ¿Se agota un modelo extractivista con la expropiación de una empresa?

Un modelo productivo que nos expropia

En Argentina y en toda Nuestra América hay organizaciones y cooperativas que construyen día a día la Soberanía Alimentaria. Francia Garcia Hermosillo, de la organización Sin Maíz No hay Pais de Mexico nos cuenta como comenzaron a luchar contra un modelo que busca expropiarlos de los cultivos ancestrales como el maíz y así arrebatarles la soberanía y seguridad alimentaria. Allí organizaron la Campaña Sin Maíz No hay País, desde junio de 2007 en vísperas en que se levantaran los aranceles del maíz, al frijol, al azúcar y a la leche en polvo, pero “la principal preocupación era el maíz y el frijol a partir de enero de 2008. Era una preocupación que se vivía en el campo y que no llegaba a los consumidores en las grandes ciudades. Sin Maíz No hay País, Pon a México en tu boca era lo que se pretendía, porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y venía esta embestida contra nuestra alimentación. El maíz es nuestra base, nuestra alimentación, nuestra cuna, nuestra identidad. Consumimos 115 kg. por cada uno de nuestros habitantes al año de este grano básico. En aquel año además de querer sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, buscamos que se prohibieran los granos transgénicos, que se protegieran las semillas nativas y que se generarán esas políticas en defensa del campo, de los campesinos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria”.

La Soberanía Alimentaria requiere necesariamente salir de un modelo extractivista concentrado, extranjerizado y especulador a un modelo soberano, con leyes y políticas públicas de acceso y protección de la tierra, de sus trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. 

Un país que anualmente produce alimento para 10 veces su población, pero donde hay niños y niñas con hambre, desnutrición infantil, pueblos fumigados, bebés que nacen con malformaciones y metales pesados en sangre, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos originarios desplazados, escuelas fumigadas, napas contaminadas, tierras arrasadas, es un país que tiene sus recursos muy mal distribuidos y aprovechados, que tiene un modelo que atenta contra la tierra, los seres vivos que la habitan y las personas a las que alimenta. 

El camino hacia la soberanía alimentaria es largo y atenta contra negocios millonarios, contra multinacionales y contra el modelo globalizado. ¿Estaremos en ese camino?

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Por Iván Barrera y Vivian Palmbaum

Puelmapu, el territorio ancestral mapuche ubicado en el lado este de la cordillera vuelve a sufrir reiterados embates. En una nueva acción coordinada, el Estado, los medios hegemónicos de comunicación y las fuerzas represivas suman fuerzas para perpetrar un ataque sobre los territorios recuperados, operando sobre el sentido común para justificar el accionar. Una fórmula que ya conocemos. 

El accionar represivo

La cuarentena no detiene a quienes buscan apropiarse de las tierras ancestrales del pueblo mapuche a través de la violencia y con las complicidades de los poderes del Estado. El 29 de abril pasado, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio se produjo un brutal ataque a la Lof Buenuleo. Una patota ingresó en territorio ancestral mapuche, golpeó a mujeres y niños e hirió a una persona de la comunidad con arma blanca. Fueron reconocidos encabezando la agresión Emilio Friedrich y Víctor Sánchez acompañados de la abogada Laura Zanoni (ex presidenta del Instituto de Tierras municipal de Bariloche) y el empleado Alejandro Vera, junto a un diverso grupo de personas. Los agresores contaron con tal impunidad que hasta filmaron el acto delictivo. Friendrich detenta la propiedad de esas tierras que están habitadas por la comunidad desde hace muchos años. La recuperación territorial de las comunidades mapuches afecta intereses de usurpadores y especuladores. 

El  15 de octubre pasado, la Pu Lof había elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares en demanda de protección frente a las reiteradas situaciones de violencia de las que son objeto y frente al desamparo en que se encuentran. Pasadas algunas semanas luego del ataque, la CIDH se expidió con una resolución del 14 de mayo pasado que recomienda al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”.

Sin embargo, la avanzada sobre el territorio recuperado no se detiene y también resiste la Lof Lafken Winkul Mapu, ubicada en Lago Mascardi. Esta comunidad comenzó su proceso de recuperación territorial hace pocos años con su correlato de violencia represiva estatal. Uno de esos episodios terminó con la vida de Rafael Nahuel por un disparo de los tantos que realizó el grupo Albatros de Prefectura Naval sobre la comunidad. A dos años de aquel episodio, que aún se mantiene en la impunidad, la familia de Rafael y su comunidad vuelve a sufrir las balas de plomo del aparato estatal.

El pasado jueves, fuerzas represivas que responden a la Comisaria 42 irrumpieron en la comunidad propinando insultos y amenazas a sus miembros y a las lamien, a las que les siguieron balas de plomo de pistolas 9mm y de escopeta. La comunidad respondió con su autodefensa y, si bien no hubo heridos, la retirada de las fuerzas represivas coincidió con el incendio de una de las cabañas.  

Un integrante de la comunidad detalla: “Ellos tienen zona libre, vienen, disparan. Nosotros usamos la autodefensa, defendemos el territorio. Lo que pasó hoy es que vino la policía, vino a disparar e incendiaron una cabaña Uno de los peñi vio policías cuando se iban retirando con los bidones en la mano, dos policías. Justo empezó a llegar la gente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y comenzamos a ver el fuego que salía de las cabañas”.

El conflicto comenzó hace dos años y medio a partir de la recuperación Mapuche del territorio ubicado en Lago Mascardi. En ese proceso de recuperación sucedió el ataque en el que asesinaron a Rafael Nahuel. Respecto a este suceso, un integrante de la comunidad relata que “Dispararon al cuerpo. Los newenes nos acompañan y por suerte no salió nadie herido, así que estamos acá y vamos a seguir acá. El gobierno provincial viene insistiendo en que haya violencia policial. Tendría que haberse puesto primero a pensar y a solucionar el tema del asesinato del Peñi Weichafe Rafael Nahuel que ya van 2 años y medio y la justicia no hace nada. Desde la comunidad se quiso hablar con provincia, la provincia no quiso hablar, pero ahora salen en defensa de los burgueses que viven en nuestros lugares”.

Las responsabilidades apuntan al gobierno provincial y al accionar en conjunto con el poder judicial que permite ingresos de fuerzas represivas en las comunidades para perpretar estos ataques. La historia del accionar policial y militar nos enseña que cuando las fuerzas represivas quieren, pueden. Si ante estos ataques no hubo muertos y heridos, es porque no hubo intención.  

Entonces, ¿por qué disparan con postas de plomo? La única respuesta es el terrorismo de Estado que se ejerce en forma ininterrumpida sobre las comunidades Mapuche para alejarlos de sus territorios ancestrales. “Nosotros hace 3 años que estamos acá. Para ellos debe ser una pérdida de capital que nosotros vivamos acá. Nosotros siempre estuvimos acá, nuestros apellidos son mapuche, nuestro linaje es mapuche. Vivimos muchos años en los barrios marginados, vivimos en la pobreza, en espacios infértiles, donde no pueden vivir animales, donde no puede tener una siembra. Nosotros recuperamos este territorio, no nos importa el interés inmobiliario, queremos tener nuestros animales, nuestra cosecha, vivir tranquilos en este territorio tan sano”, respondieron desde la comunidad. 

El accionar mediático

El accionar represivo fue acompañado de una ola mediática que busca desprestigiar al pueblo Mapuche, su lucha por la recuperación de las tierras y su real pertenencia al Territorio Ancestral Mapuche. Algunas semanas antes del ataque a la Lof Lafken Winkul Mapu, los medios hegemónicos de comunicación venían anticipando el ataque a fin de perpetuar el sentido común del Mapuche malo, el Mapuche extranjero y el Mapuche delincuente. Discriminación y xenofobia es parte del sentido común que intentan instalar en la conciencia colectiva, la amenaza del diferente, del extranjero, del negro y del indígena. 

“Avanzan las tomas de tierras Mapuche” avecinaba La Nación en diciembre del año pasado. “Temor por una ola de violentos ataques en Villa Mascardi”. “Vecinos denunciaron nuevos actos vandálicos de mapuches en Villa Mascardi”, anticipaba ese mismo multimedio e Infobae, en una especie de premonición de lo que sucedería semanas después.

El accionar de los medios no es nuevo ni sorpresivo. Se puede ver desde la irrupción de la cuestión Mapuche que durante el gobierno cambiemita sufrió el constante y sincronizado  desprestigio hacia las comunidades, que se agudizó durante la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el posterior asesinato del mencionado Rafael Nahuel. 

Desde la comunidad denunciaron que “Estas últimas dos semanas comenzaron a salir montajes desde los medios de comunicación que trabajan para el capitalismo, para la sociedad burguesa, comenzaron a sacar montajes para nuestra comunidad. Son los mismos medios de comunicación que vienen trabajando desde la campaña del desierto. La intención es crear un miedo para que la sociedad y la gente vengan a reprimir y desalojar del territorio. Quieren que nos vayamos del territorio, pero acá estamos conscientes, estamos firmes en el territorio y vamos a seguir acá. La lucha no es contra la sociedad, que por ahí nos cree chilenos, es una lucha contra el Estado Argentino que tiene escrita la grilla católica, tiene escrita la masacre que hicieron en nuestro territorio desde hace 150 hasta hace 2 años y medio que fue la última muerte. ”  

El accionar estatal

La tercera pata del ataque hacia las comunidades Mapuche es la piedra angular del conflicto. La coordinación estatal responde necesariamente a los intereses inmobiliarios y extractivistas de la zona. Los distintos ataques tienen la similitud de la complicidad estatal y judicial para el violento accionar de fuerzas represivas y de grupos parapoliciales bajo la excusas de la propiedad de esas tierras. 

En La Lof Buenuleo fue el mismo Emilio Friedrich, quien dice ostentar el título de 90 hectáreas, quien irrumpió en la comunidad, amenazó, atacó, filmó el ataque y hoy camina impunemente. ¿Qué estado de leyes puede permitir eso? Solo uno cómplice a los negocios inmobiliarios y exctactivistas de la zona. 

En Lago Mascardi la situación no dista demasiado. Los intereses turísticos pueden más que la soberanía de una nación que ya había sido reconocida desde antes de 1810. Desde la comunidad comentan que “nosotros vivimos tranquilos, no molestamos. La gente de la playa tampoco tuvo problema nunca. El Estado no pudo lucrar más con este territorio y tiene mucha pérdida”.

La deuda del Estado Argentino para con la nación Mapuche va mucho más allá del reconocimiento del territorio. “Nosotros reconocemos a nuestros Pu Lonko, a nuestras autoridades espirituales, y vamos a seguir estando por ellos, por los newenes que viven en nuestro territorio. No nos vamos a ir, este lugar no lo van a utilizar nunca para lucrar, nosotros no queremos lucrar con nuestro territorio, queremos vivir como mapuches, como vivieron nuestros antepasados. Este territorio es mapuche y vamos a seguir acá, pase lo que pase. Protegiendo de que el capitalismo, el winka, no venga a destruirlo”.

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Por Iván Martín Barrera

Los hoteles por dentro

Al día de hoy funcionan 15 hoteles Covid en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de los no-Covid donde se encuentran repatriados y repatriadas, aunque día a día y semana a semana van aumentando a partir de la demanda. En la actualidad, la gran mayoría de las personas que llega a estos hoteles proviene del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y del Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Son personas que vienen derivadas de las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS), las cuales se encuentran en las entradas de los hospitales, de Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) o postas de salud.  

En el hospital realizan un registro de casos aospechosos, contemplando si estuvieron en contacto con un caso positivo, por ser asintomático o en el caso de tener algún síntoma. A esa persona se la hisopa y si tiene algún factor de riesgo por edad o por enfermedad va al hospital, sino se deriva a un hotel. La derivación se hace en el mismo hospital, aunque puede estar esperando un día entero saber a qué hotel le derivan, sea por problemas de logística o por esperar a que se junten varies y enviarlos en transporte al hotel todes juntes.

Cuando el coronavirus no es el peor de los problemas

El problema comienza cuando la persona que va a analizarse pasa todo el día en el hospital, entre hisopado, placa y revisación y la mayoría de veces llegan al hotel sin saber el resultado del test. Lo más grave es que hay muchas madres que llegan al hotel sin nada, sin ropa, sin pertenencias, a veces con sus hijes a veces no. 

Cuando llegan al hotel el protocolo es desinfectarse e ir a la habitación y recién ahí tener vínculo con el personal médico. En el primer contacto se le realizan preguntas básicas: cómo están, de dónde vienen. La situación puede ser más compleja si es que se trata de  familias enteras que llegan sin nada, porque fueron al CESAC, de allí al hospital y luego al hotel sin pasar por su casa. Muchos llegan sin celulares y no tienen como avisarles a sus familias dónde y cómo están. El peor caso es la madre que fue a consultar por su cuenta y llega sola, desbordada en llanto, porque si da positivo debe quedarse en un hotel, mientras que sus hijes quedan en una casa o una pensión, donde el mayor tiene 14 años, donde muches tienen enfermedades y no tienen a nadie. 

La médica con quien hablamos afirmó que “lo menos importante es que esas personas se testeen sino a cargo de quién quedan. Las personas se desbordan y lo único que podes decirle es que ´todo va a estar bien´ cuando sabes muy bien que nada va a estar bien, cuando la única solución que tenes para darle es un Paracetamol para la fiebre y llamar a Epidemiología para que te digan ´esto excede mi trabajo´. Lo único que queda por hacer en esos casos es tratar de contactar a esos pibis que no tenes como contactarlos, y cuando lográs hacerlo muchos no quieren decirte la manzana y la casa donde viven porque tienen miedo de que alguien vaya a sus casas o que testeen a quienes viven allí que tal vez son 11 personas y que no todas se conocen. Es una situación crítica porque llegan desbordades y no hay mucho para hacer”.

Otro resultado de esta saturación es que supuestamente a estos hoteles no llegan personas del grupo de riesgo, sin embargo esta semana llegó una embarazada, que vino en un micro con muchas personas, cruzó la puerta del hotel y empiezó con pérdidas, según nos contó. “Son pequeñas situaciones del colapso del sistema que recién comienza”. 

Generalmente el resultado del test está en 24 hs. Si el mismo es positivo la persona permanece en el hotel 7 días, aunque si reside en una villa debe quedarse 14. Si el test da negativo, según protocolo, deben ir a sus casas. El problema es que no hay un seguimiento epidemiológico. “Si vos das negativo volves a tu casa, pero si volves a tu casa donde viven 7 personas más donde una es positivo en COVID-19, volvés al foco de contagio. Es el caso esta semana de una madre con un nene de 2 años asmático llega al hotel y sus resultados dan negativos, pero te cuentan que su cuñada, que vive en la misma casa, había dado negativo, volvió a su casa y ahora está con síntomas aislada en otro hotel. Por lo tanto, ella y su hijo debían volver inexorablemente al foco de contagio, con muchas posibilidades de tener que realizar todo el estudio nuevamente en el corto plazo”, nos cuenta la médica. 

Crónica de un colapso anunciada

La desidia estatal fue y es protagonista del estallido del COVID-19 en las villas porteñas. Mientras se instalaban bonitos carteles amarillos indicando medidas de prevención del estilo “lavate las manos al volver a casa”, el barrio quedó sin agua durante semanas enteras. “Vecinos del Barrio Carlos Mugica nos cuentan que se contagiaron yendo a buscar agua, y tuvieron contacto con vecines que ahora saben que son positivos. No hay excusas, la desidia es una decisión política, el abandono y el sálvese quien pueda es ley desde el caso cero”.

Si bien hoy se están activando protocolos que dan respuesta y funcionan bien, aislando a las personas -más allá de los huecos mencionados-, esto se pudo haber evitado, se pudo haber actuado antes para prevenir tamaña expansión del virus en los barrios más vulnerados. El mismo domingo que comenzó el colapso, durante la exposición de la extensión del aislamiento social obligatorio, Alberto Fernández felicitó en vivo al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por lo bien que se estaba tratando el tema en la ciudad y hoy tenemos un panorama terrible donde hay no solo un crecimiento exponencial de los contagiados, sino también muertes que se pudieron haber evitado.

Ese es el marco en que este fin de semana asistimos al crimen de Ramona Medina, vecina de la Villa 31 y militante de la organización La Poderosa. Y su caso es emblemático por muchas razones: estuvo al frente de los reclamos al gobierno de la ciudad desde el primer día, su voz sirvió para evidenciar que en los barrios populares no había medidas que garanticen un mínimo de higiene, que si la unica opción es “quedate en casa”, inexorablemente habrá una propagación vertiginosa. Hace varias semanas las y los vecinos de los barrios dieron rienda suelta a su voz en nuestro especial La Pandemia desde el Pie. Sus métodos de organización, su imposibilidad de hacer un aislamiento seguro, el día a día por el plato de comida. Y se veía, las y los vecinos veían que esto podía pasar.

Ramona es un caso testigo. No murió por una enfermedad. Fue un crimen. A Ramona la mataron. Fue la negligencia del Estado. Fue el gobierno de Larreta que no actúa en consonancia con los problemas de los barrios populares. Pero también es un llamado de atención a lo que está ocurriendo en toda la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, a una situación que puede recrudecer para las millones de personas que viven en estas condiciones en todo el país. Es por Ramona, es por todos y todas.

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