Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

El próximo mes de agosto concluye el período presidencial de Iván Duque en Colombia. Será sustituido quien gane elecciones del 28 de mayo, o bien, en su defecto, el que triunfe en la segunda vuelta del 19 de julio. Previamente, el 13 de marzo, se celebran las elecciones al Congreso. 

La mayor parte del pueblo colombiano pone pésima nota a la presidencia de Iván Duque, con un índice de rechazo superior al 70 % en enero de 2022, mientras que solo dos de cada diez de las personas consultadas aprueba su gestión. Su gobierno será recordado como un período de retroceso general del país, tanto por el deterioro de los indicadores socioeconómicos como por su falta de cintura política y el fracaso de su estrategia de seguridad.

A lo largo de estos casi cuatro años aumentaron la pobreza y la desigualdad por encima de la media histórica, ya de por sí muy elevada. Según las estadísticas oficiales, 21 millones de colombianos y colombianas viven por debajo del nivel de pobreza. A pesar de la recuperación económica del último año, el desempleo se sitúa en el máximo de los dos últimas décadas y Colombia aparece ahora, por primera vez, en los informes de organismos internacionales (FAO) entre los países americanos con riesgo alimentario extremo, junto a Honduras y Haití, a pesar de sus formidables recursos en tierras para uso agrícola.

Mientras caen los principales indicadores sociales, aumenta la violencia en todo el país. En estos años de gobierno de Duque se ha multiplicado el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, dirigentes de comunidades indígenas y poblaciones negras, ex guerrilleros suscritos al acuerdo de paz, miembros de colectivos LGTBI u opositores políticos. Uno de cada tres lideresas o líderes ambientales asesinados en el mundo encuentran la muerte en Colombia, así como la mitad de las y los defensores de Derechos Humanos. Por no hablar de las recientes masacres de juventudes urbanas perpetradas por la fuerza pública y paramilitares durante las marchas de protesta del Paro Nacional.

Bajo el ala de Uribe: “mermelada” y ñeñepolítica

Iván Duque Márquez inició su actividad política en 2001 como funcionario estatal en Washington. Durante 13 años fue representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que le da un perfil eminentemente tecnócrata. Más tarde participó en el gobierno de Juan Manuel Santos durante un breve período, pero muy pronto se desvinculó del mismo para sumarse al nuevo partido creado por el ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), ideológicamente opuesto a las negociaciones de paz con la guerrilla y obsesionado con ganar la guerra por la vía militar.

Duque se presentó a las elecciones presidenciales de agosto de 2018 respaldado por Uribe y, a diferencia del presidente saliente, Juan Manuel Santos -quien también fue aupado por Uribe pero se desmarcó con una agenda propia-, Duque se mantuvo casi siempre fiel a las indicaciones de su mentor. Ganó las elecciones en segunda vuelta con el 54 % de los votos, después de una campaña muy enconada contra su principal rival, el progresista Gustavo Petro (Colombia Humana). La victoria de Duque en 2018 permitió visibilizar la permanencia de una amplia base social conservadora, muy polarizada con respecto a “la izquierda” y que adhiere a las políticas de seguridad (uribistas) contrarias a los acuerdos de paz.

La gran promesa electoral de Iván Duque fue acabar con la llamada “mermelada”, es decir, con la corrupción de políticos y empresarios que actúan mancomunadamente para conseguir prebendas. Las y los congresistas, cuando legislan para favorecer los intereses del grupo en el poder, reciben a cambio la famosa “mermelada”, que consiste en obtener cargos públicos para sus amigos y parientes o sustanciosos contratos para sus empresas. Esa promesa fue incumplida y el balance en este aspecto también es negativo, ya que destacados miembros del partido CD, ministros de su gobierno y amigos del presidente fueron investigados por sobornos, financiación ilegal y otros delitos característicos de la vieja política del contubernio. 

Por otra parte, hay indicios de que la campaña electoral de Iván Duque habría recibido financiación de un conocido empresario de la región Caribe, conocido como “Ñeñe” (José Guillermo) Hernández, muerto en Brasil en misteriosas circunstancias. El Ñeñe, ganadero y narcotraficante, habría sido una figura clave en la financiación de la campaña electoral del CD en algunos departamentos del Caribe, tales como La Guajira y César, que el uribismo consideraba imperioso disputarle a Petro. El Ñeñe aparece en múltiples fotografías posando familiarmente con Duque en plena campaña, una proximidad promiscua que dio lugar al término ñeñepolítica.

En diciembre de 2020, a partir de numerosos audios de conversaciones telefónicas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a declarar al gerente de la campaña presidencial de Duque, Luis Echeverri, así como a María Claudia Daza, asesora de máxima confianza del entonces senador Álvaro Uribe.  La Corte Suprema de Justicia reactivó este proceso en enero de 2022, citando a declarar a la ex asesora de Uribe y a otros políticos implicados en la trama, hasta determinar si cabe citar también al ex presidente.

Un balance de la presidencia de Duque

En términos generales, la política económica del gobierno de Duque ha profundizado el neoliberalismo latifundista y extractivista en beneficio de los propietarios del agronegocio y las multinacionales mineras y petroleras. Esto es lo que se ha llamado la cogobernabilidad corporativa o captura corporativa del Estado, que se expresa en priorizar el diálogo y los acuerdos con los grandes empresarios en detrimento de otras instancias de la ciudadanía.

El proyecto estrella del gobierno, la reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla (un ex ministro de Hacienda de Uribe), fue el detonante que desató el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, el más prolongado de la historia reciente. Duque tuvo que retirar finalmente la reforma y aceptar la renuncia de su ministro. Pero lo hizo cuando ya se habían documentado al menos 26 asesinatos por disparos de la fuerza pública. El paro continuó por otras reivindicaciones, pero ante todo como medida de fuerza de la población -y en particular de la juventud- contra la terrible represión de las movilizaciones.

La política económica de Iván Duque, además de haber dejado a gran parte de las y los colombianos en condiciones de vulnerabilidad extrema frente a la pandemia, profundizó el deterioro de los términos del intercambio de los bienes agrícolas que produce Colombia, favoreciendo las importaciones, con un efecto perverso para la producción nacional de alimentos. Según un informe de Greenpeace, Colombia importa actualmente un 30 % de los alimentos que consume. Pero el 75 % de las importaciones de alimentos y productos agropecuarios (un total de 8.000 millones de dólares anuales en 2021) se podría sustituir por producción nacional.

Hay pocas dudas de que el principal producto de exportación de Colombia es la cocaína. El dinero negro del narcotráfico insuflado a la economía redunda en un aumento exponencial de las importaciones, que superan los 40.000 millones de dólares anuales, con resultado siempre deficitario de la balanza comercial por el estancamiento de las exportaciones (27.000 millones de dólares en 2020).

Entre las exportaciones que oficialmente quedan registradas como tales, la principal fuente de ingresos del país corresponde a las exportación de combustibles fósiles. En un complejo contexto geopolítico regional, Colombia llegó a exportar 13.000 millones de dólares en petróleo en 2019, incluso más que Venezuela (12.200 millones), aunque sus reservas en comparación son ínfimas. En conjunto con la exportación de carbón, ambos combustibles fósiles aportaron ese mismo año el 46 % de los ingresos en divisas. 

A pesar de la recuperación económica de 2021, el desempleo fue aun mayor que en 2019. El trabajo informal es la única posibilidad de empleo para un 60 % de la población, mientras que al menos uno de cada tres jóvenes está desocupado, convirtiéndose así en carne de cañón para su reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. El mayor lastre de la presidencia de Duque en el plano político es no haber hecho nada por garantizar la seguridad de la población colombiana ante los ataques de los grupos armados, o incluso de la represión de la propia fuerza pública.  

En respuesta a esta dramática situación económica y de emergencia social, durante todo el gobierno de Iván Duque se mantuvo la protesta en la calle, con una serie de movilizaciones que culminaron en el primer Paro Nacional, de noviembre de 2019, violentamente reprimido por la policía. Durante el año 2020, a pesar del inicio de la pandemia, las protestas sociales fueron subiendo de tono: la Minga indígena se movilizó desde el Cauca hasta Bogotá para protestar por los asesinatos y masacres de la población indígena, campesina así como a lideresas y líderes sociales; hubo una marcha de ex combatientes de las FARC en repudio a los asesinatos de sus compañeros y compañeras firmantes del acuerdo (más de 300 desde la firma del acuerdo); un nuevo Paro Nacional en noviembre de 2020 contra la violencia política y el inmovilismo del gobierno en materia social, y, finalmente, el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021 contra la Reforma Tributaria y otras políticas de Duque que se prolongó durante más de dos meses por la negativa del gobierno a negociar con las y los huelguistas. El accionar de represión y violencia sistemática hablan de la consolidación de un (narco)paramilitarismo que ha proliferado sin control durante su gobierno. 

Todos estos crímenes de lesa humanidad, cometidos muchas veces con implicación de funcionarios del Estado, le han pasado factura al presidente tanto en el interior del país como cuando viaja al exterior. Por ejemplo, cuando Iván Duque acudió a la toma de posesión del presidente Luis Arce, en Bolivia, fue interpelado por algunos de los asistentes, que lo acusaron de complicidad con los asesinatos de líderes y lideresas sociales increpándolo al grito de ‘¡paramilitar!’. Y en las contadas visitas del presidente a las zonas donde se producen masacres, Duque suele recibir el repudio de la población local, que le reprocha la interminable repetición de la violencia, la falta de protección y la escasa presencia del Estado. 

El gobierno admite no haber dotado al Estado de los medios necesarios para resolver estas situaciones. La ministra del Interior, Alicia Arango, uribista de primera hora, afirmó: “No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos, y estas desafortunadas amenazas y riesgos que corre la vida de los defensores de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, así como los reincorporados”, dijo entonces.

Además, durante dos años consecutivos (2019 y 2020), Colombia encabezó el listado de los países con más lideresas y líderes ambientalistas asesinados en todo el mundo. Según la organización internacional Global Witness, 65 de los 227 homicidios de líderes medioambientales que se registraron en el mundo durante 2020 tuvieron lugar en Colombia, casi un 30 % del total. Durante ese año el país perdió 170.000 hectáreas de bosque (un 8 % más que el año anterior) y el 64 % de esa pérdida se concentró en la Amazonia. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que una tercera parte de esa superficie puede haber sido devastada por responsabilidad de los campesinos (con los que ahora hay acuerdos), pero que al menos dos terceras partes (cerca de 100.000 hectáreas) son incendiadas por obra de acaparadores de tierras y apropiadores ilegales. Es imposible resolver un conflicto como la deforestación, muy ligado al acceso y el derecho a la tierra, sin un enfoque rural integral que aborde este problema estructural de la sociedad colombiana.

El gobierno de Iván Duque ha sido incompetente en controlar la situación de violencia en los territorios. No ha existido una política de seguridad territorial capaz de poner freno a la desestabilización y el éxodo de los habitantes, que es permanente en las áreas rurales. La falta de protección estatal expone a las poblaciones campesinas e indígenas a desplazarse y abandonar una y otra vez sus hogares, huyendo de las confrontaciones armadas y escapando de las masacres.

El incumplimiento de los acuerdos de paz

La política de seguridad del gobierno de Duque está signada por la herencia de Uribe, y consiste básicamente en militarizar la guerra contra el narcotráfico, sabotear los acuerdos de paz, permitir las masacres de la población indígena y campesina a través de sicarios, así como asesinar líderes sociales y ex miembros de las FARC incorporados a la vida civil tras la firma de los acuerdos de paz. Los ejecutores de estas últimas acciones son grupos paramilitares que actúan impunemente en los territorios que deberían vigilar las fuerzas de seguridad. Exista o no un plan sistemático de ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Duque es responsable de estas prácticas cuando menos por omisión.

Tras los primeros cinco años del acuerdo de paz, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021, se produjeron 299 asesinatos de ex guerrilleros de las FARC-EP, es decir, de firmantes del acuerdo de paz que se habían reincorporado a la vida civil. La mayor incidencia de estos crímenes perpetrados por sicarios se produjo en 2019 (77 homicidios) y 2020 (76), en pleno gobierno de Iván Duque. A estos asesinatos se suman los de centenares de líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos, así como las masacres de población civil.

Según la organización no gubernamental Indepaz, en todo el año 2020 hubo 91 masacres, con 381 víctimas mortales; en 2021 hubo 96 masacres, con 338 víctimas, y durante los primeros 23 días de enero de 2022 ya se habían perpetrado 10 masacres con 29 víctimas.  Aunque algún ministro del gobierno de Duque intentó quitar dramatismo a las cosas llamando a estos hechos ‘homicidios colectivos’, pero recibió toda clase de críticas por parte de organismos defensores de derechos humanos. Se considera masacre el asesinato simultáneo de al menos tres personas.

Sobre la restitución de tierras, los datos empujan al pesimismo. Por ejemplo, de la meta de entregar a campesinos 3 millones de hectáreas que establece el acuerdo de paz se ha cumplido menos del 1 %. Un alto consejero presidencial de Duque, Emilio Archila, rechazaba que existiera inmovilismo del gobierno en la implementación de este punto del acuerdo de paz, y para demostrarlo aseguró que se han devuelto 50.000 hectáreas, en beneficio de “22.674 víctimas de despojo y desplazamiento forzado”. Una cantidad exigua después de cuatro años, teniendo en cuenta el número de afectados y la ambiciosa meta establecida.

La Corte Constitucional condenó en enero de 2022 al Estado colombiano por violación masiva del Acuerdo de Paz, admitiendo los argumentos de los ex guerrilleros reincorporados que interpusieron tutelas en las que habían alegado falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos. La magistrada Cristina Pardo, ponente de la propuesta de resolución, explicó así la sentencia adoptada: “Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”. Además de dejar al desnudo las insuficiencias de todo tipo del gobierno, la Corte formuló más de diez directrices para corregir la situación.

El presidente Duque reaccionó inmediatamente con una trasnochada alusión a las restricciones que impuso esa Corte a las fumigaciones con glifosato: “¿Esos grupos de qué se nutren?, se nutren del narcotráfico y para vencer el narcotráfico hay que tener todas las herramientas. Entonces, por un lado, se limitan las herramientas para enfrentar el narcotráfico y, por otro lado, se está diciendo ahora que están asesinando los líderes y que ese fenómeno es responsabilidad estatal. No, señor”. El texto en cursiva casi no requiere comentarios sobre la falta de empatía de Duque con los familiares de las víctimas.

Yesid Arteta, escritor colombiano residente en Barcelona, resume así la evolución de los últimos años: “La violencia en Colombia se ha venido extendiendo. En el ámbito territorial estamos en una situación mucho más complicada que la que teníamos cuando existía una guerra más o menos reconocida por la comunidad internacional e incluso por algunos agentes nacionales”. El responsable de esta situación no es solo el gobierno, sino también buena parte de su entorno político, dado que el Congreso, “que tenía la misión de reglamentar los acuerdos de paz, ha fallado”, entre otras cosas por no haberles dado representación a las víctimas.

El abandono de la población rural

El cumplimiento del acuerdo de paz requiere una transformación profunda de las áreas rurales del país, donde la presencia del Estado siempre fue insuficiente. La consecución de la paz implica generar condiciones que faciliten la concreción de experiencias locales concretas, en los contextos específicos de las comunidades. La paz no es (solo) el resultado de un acuerdo, sino también la garantía plena de su implementación. Pero el gobierno de Colombia no ha afrontado los problemas y dinámicas socioeconómicas que originaron el conflicto. En gran medida, la expansión de las disidencias y otras fuerzas insurgentes es consecuencia de no haber realizado una reforma rural integral según lo acordado en La Habana.

Al abandono de la población rural por parte del gobierno, se suma el impacto negativo que tiene la política económica neoliberal sobre los territorios rurales y selváticos, basada en la extracción de recursos naturales como el petróleo y el oro para su exportación, o en la deforestación de la selva amazónica para la siembra de palma africana o ampliar las fincas ganaderas. 

Los territorios de frontera de 13 departamentos (un total de 77 municipios) sufren de manera especial la ausencia del Estado.  El investigador Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar Norte de Santander, ha estudiado la paradoja de estas regiones con grandes potencialidades socioeconómicas y culturales que, sin embargo, sufren “una tasa de desempleo cinco veces mayor que la media nacional” y una informalidad laboral superior al 80 %. Además, los municipios de frontera tienen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 53 %, cuando el promedio nacional es de 28 %.

En estas zonas aisladas de los centros urbanos se ha generalizado el modelo económico extractivista basado en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales, biotecnológicos y turísticos, que necesitan “garantías de seguridad y control territorial”, con la consiguiente “militarización del territorio a través de la fuerza pública, el uso de grupos paramilitares o el apoyo de fuerzas extranjeras”.

Además, las características demográficas de estas zonas son un agravante, ya que estos fenómenos “ocurren en regiones eminentemente rurales y mal comunicadas, con territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas afectadas por una eterna crisis migratoria.” En línea con sus antecesores, el gobierno de Duque ha considerado estos problemas como un asunto de orden público, un enfoque que lo ha llevado a “aplicar en el ámbito interno, de manera permanente, planes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, concluye el investigador.

Un claro ejemplo de este prolongado abandono de las periferias rurales por parte del Estado puede verse en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, donde la violencia política causó la muerte de más de 50 personas en enero de 2022. La inexistencia de comunicaciones viarias en este departamento dificulta desde siempre la presencia de las instituciones, facilitando el accionar guerrillero y de grupos narcoparamilitares. Aunque el gobierno de Duque anunció en abril de 2021 la realización de obras viales de intercomunicación regional (el llamado Pacto Bicentenario), de las obras presupuestadas se ha ejecutado hasta fin de año menos del 1 % y la inauguración del primer tramo de 50 km está prevista para el año 2030.

Mientras tanto, indígenas de la comunidad kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, del departamento fronterizo de la Guajira, sufrieron a fines de enero de 2022 la quema de sus viviendas (50 bohíos) y lugares sagrados por parte de grupos armados que los obligaron a abandonar su tierra. Este no es un incidente aislado, ya que se suma a otros cuatro casos similares que fueron denunciados en diciembre de 2021, cuando “indígenas kankuamos denunciaron la quema, también por parte de hombres vestidos de civil, de cinco centros sagrados entre los departamentos del Cesar y La Guajira. Todos ellos dentro del perímetro de la Sierra Nevada de Santa Marta”, donde operan   a sus anchas los comandos narcoparamilitares.

Por otra parte, el presidente ha dejado desfinanciada la administración de justicia local y rural, un proyecto impulsado por él mismo, pero al que nunca dotó de los recursos necesarios para su funcionamiento. 

El Estado colombiano está ausente en la articulación del espacio rural, pero su presencia es también insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la población de los núcleos urbanos. Por ejemplo, no se han realizado las necesarias obras de infraestructura para prever los daños que ocasionan los fenómenos naturales cada vez más intensos que se producen en todo el país, como consecuencia del cambio climático y de los desplazamientos demográficos vinculados a la guerra y la pobreza. Un claro ejemplo es el de las ciudades de la costa Caribe, tales como Cartagena de Indias, que sufren inundaciones cada vez más devastadoras (las aguas anegaron el 70 % de Cartagena en 2020 y hubo 150.000 damnificados) por la falta de concreción de los planes de drenaje fluvial previstos desde la década de 1980.áLa mayor parte de la sociedad colombiana, que aparece estratificada en los registros oficiales con un sistema comparable al de castas -con rangos que van del 1 al 6 en función de sus ingresos y hábitat-, no se ha visto beneficiada por el crecimiento económico general del país. Este solo revierte en producir mayores beneficios para las capas más altas, los estratos 5 y 6. Un ejemplo es el recurso a la exportación de petróleo, que aporta un tercio de los ingresos en divisas pero no tiene casi ningún impacto sobre el empleo, y a pesar de esta contribución de las energías sucias a equilibrar la balanza comercial del país, esta resulta de todos modos deficitaria, en gran parte por la importación de 12 millones de toneladas anuales de alimentos, que representa un 30 % del consumo total.

Este desajuste estructural de la economía colombiana es uno de los resultados del proyecto neoliberal extractivista, acompañado de exclusión social, que se ha consolidado en los últimos años con las acciones y omisiones del gobierno de Iván Duque. Un dilema que se definirá en las próximas elecciones es si Colombia seguirá ‘contaminando’  con más extracción de carbón y petróleo para pagar sus alimentos, o aprovechará su maravillosa naturaleza para hacer los cambios estructurales que su sociedad necesita, tanto en la distribución del suelo agrícola como en la protección ambiental de los territorios acosados por las empresas extractivistas.

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Por Eduardo Giordano

El Consejo de Ministros de España decidió el pasado 14 de septiembre concederle al presidente colombiano Iván Duque la Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español. Este reconocimiento está vigente desde 1815 y el gran Maestre de la Orden es el rey, Felipe VI, secundado por el ministro de Exteriores en su carácter de Canciller de la Orden. En la exposición de motivos del monarca español para entregar la condecoración al mandatario colombiano puede leerse que le otorga el collar de la orden “queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Excelencia señor Iván Duque Márquez”.

El presidente de Colombia llegó a Madrid para promocionar su libro autobiográfico en la Feria del Retiro, pero vio frustrado el intento por la protesta de escritores colombianos y libreros de toda España que rechazaron, en un comunicado público y a través de marchas dentro y fuera del recinto, que Duque utilizase ese espacio para blanquear su imagen, mientras se excluía a los escritores críticos por no ser políticamente “neutrales”.

El presidente de Colombia mantuvo encuentros con el rey, con el presidente Pedro Sánchez y con autoridades de la Comunidad de Madrid. No es extraño que Duque haya sido bien recibido allí, dados los vínculos existentes entre su partido, el Centro Democrático, y el Partido Popular, que gobierna en esa comunidad autónoma. Es mucho menos obvio que un gobierno de izquierda, con sensibilidad por los derechos humanos, distinga al presidente del país en el que se cometen las mayores violaciones del derecho a la vida de manera sistemática. La organización colombiana Indepaz ha documentado que durante el año 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos [1] y un total de 1.248 desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), la mayor parte durante la presidencia de Iván Duque. Este año 2021 ya suman 136 los líderes sociales asesinados y hubo 72 masacres de campesinos e indígenas (con 258 víctimas) perpetradas por grupos paramilitares, así como 38 asesinatos de ex combatientes de las guerrillas que se sumaron al acuerdo de paz [2]. Quienes perpetran estos crímenes actúan en connivencia con militares y políticos a las órdenes del gobierno. En casi todos estos casos la fuerza pública llega tarde para impedir las matanzas, pese a las frecuentes alarmas tempranas que se emiten. Mientras sigue esta situación de indefensión y abandono en el interior del país, la represión policial en las ciudades contra los jóvenes manifestantes durante el reciente Paro Nacional provocó al menos 70 muertes por disparos, mayoritariamente de la policía, y dejó más de un centenar de desaparecidos, muchos de los cuales reaparecieron más tarde asesinados [3].

Con estos antecedentes bien conocidos, el hecho de que un gobierno progresista español condecore a Iván Duque parece un gran contrasentido. El simbolismo de la condecoración añade una nota de vetustez a este circo de las vanidades. La concesión de la Orden de Isabel la Católica no es un hecho excepcional, también la reciben esforzados funcionarios públicos españoles; pero eso no le resta valor simbólico y proyección internacional en un caso como este. Uno de sus predecesores en recibir este honor durante el gobierno de Pedro Sánchez, en agosto de 2018 y con Josep Borrell como ministro de Exteriores, fue el ex presidente del PP Mariano Rajoy. Así mismo, en 2019 se concedió el Collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente de Perú, Martín Vizcarra, destituido en 2020 por corrupción. También fueron condecorados con esta orden otros dos anteriores presidentes colombianos, ambos del mismo tronco político derechista: Álvaro Uribe, el padrino político de Duque, y su otro ahijado (díscolo) Juan Manuel Santos, acaso el único que merecía un reconocimiento internacional por su labor como artífice de los acuerdos de paz.

El derribo del imaginario colonial

El debate sobre la validez de conceder esta Orden debe extenderse más allá del personaje y sus méritos para ser condecorado, o no, por el Gobierno de España, para enfocarse en cuestionar la existencia misma de la institución, empezando por su propio nombre y filiación. Una Orden cuya proyección simbólica tiene resabios arcaicos, de fuerte afirmación nacionalista española y con ecos de trasnochada vocación neocolonizadora del continente americano. La institución fue creada por Fernando VII en 1815 con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, en plenas luchas por la independencia de las colonias hispanoamericanas, con la finalidad de “premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios”. Obviamente la prosperidad para la metrópoli y sus colonizadores, casi siempre reñida con la vida digna de nativos y esclavos. Se trata de un galardón extemporáneo y a contrapelo de la marcha de la historia, un despropósito si se desea estrechar los vínculos entre los pueblos, pues sugiere autocomplacencia de la España actual con los crímenes de la conquista.

En los últimos años toda América ha despertado a una nueva rebelión que se expresa en el plano simbólico en el rechazo a los monumentos y emblemas del pasado colonial. El derribo de la estatua de Cristóbal Colón en varias ciudades de Estados Unidos con motivo de las revueltas antirracistas, o la de Fray Junípero Serra en San Francisco, tienen su correlato en los monumentos de conquistadores tumbados en Chile, Colombia, México y otros países latinoamericanos cuyas luchas sociales van acompañadas de una revisión crítica del pasado colonial, considerado el origen remoto de la ideología racista que persiste en las actuales políticas de exclusión.

En Estados Unidos, en el contexto de las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd, las estatuas de conquistadores empezaron a considerarse ofensivas y muchas protestas se centraron en derribar monumentos que enaltecían el pasado colonial e imperialista. Consideradas por algunos activistas como símbolos del racismo, varias estatuas de Cristóbal Colón y de los líderes del ejército confederado fueron derribadas en ciudades de Massachusetts, Minnesota, Florida y Virginia en junio de 2020. Más de un centenar de estatuas de Colón fueron derribadas, decapitadas, pintadas o de algún modo saboteadas durante aquellos disturbios. 

Poco antes en Chile, durante el estallido social de noviembre de 2019, fueron derribadas en medio de grandes ovaciones las estatuas dedicadas al conquistador español Pedro de Valdivia en varias ciudades del centro sur y sur del país. En la ciudad de Concepción el monumento había sido donado por el gobierno español en homenaje a quien fuera el fundador de esa ciudad. En la región del Bio Bio, unos/as 500 mapuche autoconvocados/as derribaron no solo la estatua de Pedro de Valdivia y también la de García Hurtado de Mendoza, quien fuera gobernador de Chile (1556-1561) y más tarde virrey del Perú, tras haber derrotado al recordado cacique Caupolicán. El simbolismo no puede ser aquí más diáfano: Caupolicán fue el toqui (jefe militar) de la resistencia mapuche contra la ocupación de su territorio por los conquistadores españoles.

La valoración social de estos fundadores de ciudades y países en tierras ocupadas militarmente y avasalladas no es igual según se mire desde la perspectiva de los descendientes de colonos o desde la mirada de los pueblos nativos. Mientras que los primeros se aferran a representaciones del pasado complacientes con la colonización y lamentan la “vandalización” del patrimonio artístico en el espacio urbano, las poblaciones indígenas que aún sufren las consecuencias de los viejos agravios a través de las políticas contemporáneas de sus gobiernos, señalan y denuncian con sus acciones simbólicas la disrupción que los condujo a la catástrofe.

En el convulso departamento colombiano del Cauca, indígenas de la comunidad Misak tumbaron una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Afirmaron en un comunicado que su objetivo era “reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites”. Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) de Colombia, afirmó en Twitter: “De Belalcázar fue un genocida que masacró a los pueblos que conquistó. Mi respeto a los Misak que hoy reivindican sus muertos. Al suelo un símbolo de 500 años de esclavitud” [4]. Previamente los Misak ya habían derribado en Bogotá una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador en 1538 de Santafé de Bogotá. Desde la comunidad indígena justificaron su acción de forma lapidaria: “Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos”, afirmaron [5].

Así mismo en Colombia, fogueados por las protestas contra el gobierno de Iván Duque, donde manifestantes derribaron en Barranquilla la estatua del almirante que dio nombre a este país. Cristóbal Colón fue volteado de su pedestal con una soga al cuello y su cabeza, una vez arrancada, deambuló por las vías públicas de la ciudad. Días antes, en Bogotá, indígenas Misak intentaron derribar las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en este caso sin éxito porque fueron detenidos por la policía. La estatua de Isabel la Católica también fue objeto de vertido de pintura roja en varias ciudades americanas, incluso en el monumento que hay en Washington ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La indignación que causó en Canadá el descubrimiento de miles de niños y niñas indígenas muertas en condiciones deplorables, tras haber sido enviados durante décadas a internados gestionados por la Iglesia católica, inflamó los ánimos y produjo airados ataques contra los símbolos de ese pasado genocida, como la quema de algunas iglesias y el derribo, el 1 julio de 2021 (aniversario de la fundación de Canadá), de una estatua de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901) y otra de la actual soberana, Isabel II [6].

La reapropiación del espacio público

Dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre de 2020, la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de su céntrico emplazamiento en Ciudad de México, tras difundirse una convocatoria en redes sociales para acudir a derribarla. La alcaldesa Claudia Sheinbaum tomó la decisión de trasladarla a otro lugar menos emblemático y propuso su reemplazo por la estatua de una mujer indígena, una apuesta arriesgada y polémica. Al mes siguiente, varios grupos de mujeres feministas instalaron en ese pedestal una estatua en honor a “las mujeres que luchan”: la figura de una mujer con el puño en alto “dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la represión y la revictimización”, según expresaron en un comunicado [7].

Hay aquí una forma muy vital de reapropiación del espacio urbano para poner en el centro del debate ciudadano los problemas de mayor emergencia social. Esta clase de intervenciones se han ido popularizando en México con el nombre de anti-monumentos o contra-monumentos, y gracias a su acción subversiva en el espacio público operan como un revulsivo para voltear las conciencias sobre los temas más acuciantes del presente. La confrontación en el orden simbólico va más allá del debate sobre el colonialismo y la figura de Colón, ya que se plantean nuevos interrogantes sobre el uso del espacio urbano para la representación de la historia y la restauración de la memoria histórica.

Un antecedente similar fue la retirada por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2013, de la estatua de Cristóbal Colón de su emplazamiento original en el centro de Buenos Aires, para sustituirla por la de Juana Azurduy, una memorable luchadora boliviana por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. 

El siguiente paso en esta senda de deconstrucción de la historia oficial de la Colonia sería descabalgar la fecha misma de celebración de “la Hispanidad”, el día 12 de Octubre, ya que ambos símbolos van indisolublemente asociados. En Argentina se sustituyó con buen criterio el antiguo “Día de la Raza” -que se sigue celebrando en otros países, por ejemplo en Colombia- por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El único desacierto fue mantener la fecha de la celebración, con toda la carga simbólica que supone, en lugar de haberla trasladado -pongamos por caso- al día de la Pachamama (1 de agosto) como contrapunto alusivo a las culturas indígenas.

La caída del navegante Cristóbal Colón de ese pedestal simbólico en el que lo mantuvieron los estados americanos durante tantos siglos es parte del proceso de reconocimiento identitario de los pueblos originarios y de todos los que sufrieron las consecuencias directas o indirectas del racismo y el colonialismo. Colón no fue solo un “descubridor”, sino el primer Virrey y cruel Gobernador de las Indias Occidentales entre 1492 y 1500, piedra angular de la conquista al servicio de la Corona española. 

Usos políticos de la memoria remota

La disposición del gobierno español a rendir homenaje al presidente de Colombia con un símbolo de reafirmación del pasado colonial tiene connotaciones en el plano de las relaciones internacionales y socava la posibilidad de establecer un diálogo sincero con algunos de sus pares latinoamericanos. 

Mientras en las calles y plazas se derriban los símbolos de la vieja dominación colonial, el presidente de México, Manuel López Obrador, reclama al Rey de España y al Papa Francisco que se disculpen por las “oprobiosas atrocidades” que padecieron los pueblos originarios durante la colonización española.  Esta petición reitera la ya efectuada por el presidente mexicano en 2019, en sendas cartas enviadas al rey Felipe VI y al papa Francisco, y que fue rechazada “con toda firmeza” por el gobierno español e ignorada por el Vaticano.

Esta vez el reclamo de México tuvo respuesta por parte de la Iglesia católica. Con motivo de los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia nacional, el Papa Francisco envió una carta admitiendo que “tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”.

Cuando las figuras del almirante Cristóbal Colón y de otros conquistadores resultan tan cuestionadas por los pueblos nativos de los territorios colonizados, cuando hasta el Papa pide perdón a México en nombre de la Iglesia por los “errores” cometidos durante la conquista (como ya lo hizo en 2015 con Bolivia), resulta hasta sorprendente que España no sólo rechace hacerlo, sino que además mantenga como máxima distinción para mandatarios latinoamericanos una condecoración de Isabel de Castilla, cuya figura representa el origen mismo de la empresa colonial que dio lugar a la conquista y la implantación del imperio español.

Después del manto de silencio que envolvió a la historia de España durante la transición posfranquista, la izquierda española se ha ido fogueando en la lucha por recuperar la memoria histórica, reabriendo expedientes y promoviendo exhumaciones para curar viejas heridas del siglo pasado. Sin embargo, el horizonte temporal de este gran esfuerzo de memoria colectiva se ha acotado a los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. 

En el plano de la memoria histórica se juega la gran confrontación simbólica con una derecha muy embebida de ideología franquista. En esta disputa tiene centralidad la desactivación del carácter simbólico de ciertos monumentos, como el mausoleo franquista del Valle de los Caídos. Tras una dictadura de cuarenta años que sólo honró a los vencedores de la guerra civil, nada cambió en este aspecto con la llegada de la democracia, dada la correlación de fuerzas existente durante la transición. La ley de Amnistía de 1977 (preconstitucional) facilitó el olvido y la impunidad de los crímenes franquistas. Transcurrieron 25 años hasta que la presión de la sociedad civil llevó el tema de las víctimas republicanas de la guerra y de la represión del bando vencedor a los debates parlamentarios, y pasaron varios años más hasta que se pudo articular una nueva política de recuperación efectiva de la memoria histórica.

El esfuerzo de revisitar el pasado por parte de los intelectuales y políticos de partidos progresistas se agota sin embargo en esa etapa histórica, mientras queda huérfano de  cuestionamiento el largo período de conformación de España, de implantación del imperio español y dominación colonial. ¿Puede la izquierda española quedarse muda cuando se glorifica ese pasado tan brutal para con los pueblos indígenas y los negros esclavizados?  ¿Merecen ellos menos reconocimiento simbólico que los vencidos de la guerra civil? ¿No es un insulto a su ancestral sufrimiento que el actual monarca español y el gobierno de España condecoren al cuestionado presidente de Colombia con una Orden de la forjadora del imperio?

La ofensiva neocolonial de la derecha

La defensa de los símbolos patrios vinculados a la conquista de América -una conquista que no fue precisamente gloriosa en términos de respeto a los derechos humanos- es el debate predilecto de la derecha ultramontana, que se vale del rancio imaginario del imperio para afear al gobierno socialista ante cualquier vínculo que este pretenda establecer con gobiernos progresistas latinoamericanos. No en vano fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata en ascenso del Partido Popular, quien lanzó desde Washington un mensaje descalificador contra el Papa y se atrevió a cuestionar sus disculpas, declarándose sorprendida de “que un católico que habla español, hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.

Revelando su desconocimiento del uso más elemental del léxico político, Díaz Ayuso añadió que durante los últimos años crecieron “alarmantemente” algunos movimientos a los que llamó “el indigenismo, la revolución y el populismo” (“el indigenismo que es el nuevo comunismo”, añadió), los cuales estarían haciendo “una revisión maniquea de la historia de España” a fin de “dinamitar el legado español”, que en su opinión ha sido “uno de los mayores hitos de la historia”. Esta narrativa de la derecha del PP, a la que ya se han sumado José María Aznar así como varios dirigentes ultraderechistas de Vox, es compartida en general por todo el bloque político nacionalista español que se ha polarizado contra el idependentismo catalán y cuya principal argamasa es la salvaguarda de la unidad de España y las loas a la superioridad de su civilización. Esta ideología confrontativa se ha expresado durante años a través de una guerra de símbolos, concretamente de banderas desplegadas en los balcones de toda España en el caso del conflicto catalán, que pretenden resignificar las disputas políticas en el espacio público.

Precisamente Vox reabrió las heridas de México y de todo el continente con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. Vox ha apoyado en varios países latinoamericanos a espacios políticos de ultraderecha e incluso intenta implantar sucursales con su misma sigla.

No se queda atrás el ex presidente del PP José María Aznar, quien acompañado del actual presidente del partido, Pablo Casado, se reapropia del discurso de su colega Isabel Días Ayuso y manifiesta, en pleno congreso de su partido: “El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone volver a las sociedades precolombinas, prehispánicas […] sólo puede ir contra España […]; y eso lo tienen que saber muy bien los españoles, si queremos hacer algo al respecto.” José María Aznar se anticipó a Vox en potenciar los vínculos con las derechas latinoamericanas desde la Fundación FAES, y ahora Vox capitaliza su embrionaria cosecha de aprendices de autócratas.

Afirmar como lo hace Aznar que las políticas de reafirmación de las identidades indígenas (de los pueblos originarios) “sólo puede ir contra España” es ignorar completamente la historia y hacer una lectura sesgada del presente, ya que el mismo López Obrador acaba de pedir disculpas a indígenas mexicanos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la etapa como país independiente. Otros países americanos deberían seguir este ejemplo, en particular aquellos que después de la independencia mantuvieron un plan de exterminio sistemático de poblaciones indígenas, como fue el caso de Argentina y Chile.

El reclamo político de la Hispanidad

El trabajo político de la derecha en el orden simbólico está adquiriendo una dimensión creciente. Vox lanzó hace un año La Gaceta de la Iberosfera, una publicación digital orientada a lectores hispanoamericanos para dar la “batalla cultural” contra la izquierda y las ideas progresistas, y que actúa como una máquina de difusión y propaganda del pensamiento reaccionario y golpista. En cuanto al Partido Popular, la presidenta regional Díaz Ayuso convocó en Madrid un Festival de la Hispanidad entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, con un programa de manifestaciones artísticas, al mismo tiempo que anunciaba la creación de una Oficina del Español (que podría competir en competencias con el Instituto Cervantes y también con la RAE). 

La derecha española se pavonea con frecuencia recurriendo al término Hispanidad. La primera mención contemporánea del término Hispanidad, a comienzos del siglo XX, se atribuye a Miguel de Unamuno y no iba ligada a la idea de Madre Patria, tan grata al pensamiento fosilizado, sino a una ideal asociación de naciones iguales vinculadas por la lengua. Cuando Unamuno recurrió a ese término, en cambio, sólo vislumbró la conveniencia de crear una hermandad de países iguales. El vocablo fue resignificado en la década de 1930 al servicio del proyecto ideológico de la derecha. El escritor Ramiro de Maetzu, embajador en Argentina de la dictadura de Primo de Rivera, “fue un impulsor del concepto de ‘hispanidad’, referente para toda una escuela de pensamiento reaccionario en España” [8]. Su obra más celebrada, que recopila artículos publicados antes y durante la guerra civil, se titula precisamente Defensa de la Hispanidad (1934).

El debate sobre una posible esencia común de los países hispanos más allá de la lengua no trascendió más allá de las tribunas periodísticas y univesitarias de España y Argentina, ya que nunca suscitó polémica ni adhesión alguna en otros países de ascendencia hispana. La última vez que se manifestó un grupúsculo de personas con carteles favorables a la Hispanidad fue en Perú, durante el largo recuento de votos tras las últimas elecciones. Estos autodenominados hispanistas se alinearon con la candidata Keiko Fujimori, inventando acusaciones de fraude, saboteando el resultado electoral que desplazaba del mapa político a la derecha tradicional. La paradoja es que Perú es el único país con alta proporción de población indígena en el que no han caído hasta ahora monumentos o símbolos de la conquista, pese a su lugar crucial en el despliegue del imperio y durante la colonia.

La aceptación acrítica de este imaginario de España, proyectada al exterior como un país conquistador que exporta un modelo de Hispanidad impregnado de símbolos monárquicos y significantes imperiales, sitúa a la izquierda española ante una crisis de identidad. En primer lugar en el plano interno, la cual que enfrenta, en el seno del gobierno de coalición, a los políticos partidarios de mantener el estatus quo monárquico (constitucional) y con otros decididamente republicanos. La resolución de esta contridicción dista mucho de estar al alcance y afecta, cuando menos indirectamente, a las actitudes que mantienen distintos miembros del gobierno de coalición centro-izquierda con respecto a los actos de corrupción de la Corona con todas sus consecuencias. 

En política exterior, un gobierno de izquierda que utiliza como condecoraciones esos símbolos del pasado imperial carece de herramientas para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. Nunca podrá conceder una condecoración asociada al inicio de la conquista a aquellos presidentes latinoamericanos a los que la derecha llama ahora “indigenistas”, con lo cual quiere decir presidentes indígenas elegidos por poblaciones mayoritariamente indígenas (como en Bolivia y Perú). Desde la perspectiva neocolonial de las derechas españolas y latinoamericanas, la irrupción de estos movimientos populares en la escena política es un fracaso póstumo de los largos procesos de aculturación a los que se sometió a esas poblaciones desde la conquista. De ahí la preocupación de los viejos liberales, como la del escritor Mario Vargas Llosa, que ha transitado con todo su equipaje intelectual hacia el derechismo más autoritario. En su intervención en el congreso del PP lo verbalizó así: “Los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”. En pocas palabras, empoderar a las poblaciones nativas a través del voto ya no está bien visto por estas élites intelectuales que hoy prefieren sacrificar las libertades e imponer a los indígenas su “buen gobierno”.

El desafío de deconstruir la historia colonial

¿En qué medida se distancian las visiones de la izquierda española de este relato de la Hispanidad que enarbola la derecha? ¿Qué reflexión existe sobre la posibilidad de establecer una relación de equidad -que opere también en el plano simbólico- con las antiguas colonias? Mientras en el imaginario oficial prevalezcan los símbolos de la vieja dominación y, peor aun, se impongan condecoraciones a quienes hoy ejecutan las mismas políticas supremacistas que en su día adoptaron los conquistadores, es posible que el diálogo entre Madrid y algunas capitales latinoamericanas se mantenga en muy bajo nivel.

El proceso de descolonización del saber está en marcha y es irreversible, nada puede ya detenerlo. En las últimas tres décadas se han multiplicado los gestos y expresiones contra los símbolos históricos de opresión y privación de derechos. Las políticas progresistas europeas podrían sumarse a esta nueva conciencia social que pretende desterrar no solo el racismo y el patriarcado, sino además toda forma de denigración de la persona humana. 

Tal vez ya sea hora de apelar al debate sobre la memoria histórica más remota, sobre las formas de dominación y victimazación de los pobladores originarios y esclavos durante la conquista, adoptando una mirada no eurocéntrica sobre los procesos de conformación de las identidades. De este modo se podrían establecer nuevos vínculos de carácter horizonal entre los pueblos y actores políticos de los países hispanohablantes.

[1] https://www.elsaltodiario.com/america-latina/colombia-paro-nacional-entierra-reforma-tributaria

[2] http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[3] https://www.elsaltodiario.com/colombia/colombia-retorno-terror-paramilitar

[4] https://www.dw.com/es/pol%C3%A9mica-en-colombia-por-derribo-de-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-por-ind%C3%ADgenas/a-54966460

[5] https://www.dw.com/es/ind%C3%ADgenas-colombianos-derriban-estatua-de-conquistador-espa%C3%B1ol-en-bogot%C3%A1/a-57467325

[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57702227

[7]  https://codigoinformativord.com/sustituyen-estatua-de-colon-por-la-de-una-mujer-en-mexico/

[8] https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_de_Maeztu

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Por Eduardo Giordano* | Foto: Sebastián Gutiérrez

Desde el comienzo del Paro Nacional, la represión de las protestas sociales dejó de ser en Colombia un asunto exclusivo de la fuerza pública. En los últimos meses han entrado en escena diversos actores paramilitares que actúan en consonancia con los objetivos del gobierno y el ministerio de Defensa, que está a cargo de la Policía. Los videos de francotiradores vestidos de civil, acompañados e instigados por policías, circularon velozmente en la redes sociales y en pocas horas dieron la vuelta al mundo.

Las disparos de paramilitares contra manifestantes tuvieron especial intensidad en Cali. A finales de mayo, desde varias camionetas blancas alineadas en formación militar, se disparó  contra una concentración de la Minga indígena, causando una docena de heridos y heridas. Las camionetas se retiraron del lugar escoltadas por motos de la policía. Y ese mismo día, los ocupantes de otra camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo en Tuluá, municipio cercano a Cali. También se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC). En otras ciudades del país, como Pereyra, ocurrieron hechos similares.

Esta visibilidad inmediata de la intervención paramilitar en la represión contra los manifestantes implica un profundo cambio en la percepción social de la naturaleza y legitimidad de la violencia estatal, delegada parcialmente en grupos paramilitares. Como ha observado Camila Esguerra, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia: “Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo”.  

En realidad, esta visibilización es posible porque el conflicto social se produce en el contexto urbano, donde además de periodistas hay decenas de teléfonos móviles registrando las imágenes. Las masacres de población civil y los asesinatos de líderes y lideresas sociales son constantes en las zonas rurales, pero quedan invisibilizados porque no hay quien los registre y difunda.

Los jóvenes decapitados

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional. En poco más de dos meses, hay constancia de seis apariciones macabras de estas características, seis cabezas cortadas y dejadas a la vista de todos, apenas envueltas en sábanas o bolsas de plástico, como trofeo criminal de una perversidad sin límites que evoca las peores épocas de los crímenes paramilitares que se creían ya superadas.

La primera decapitación reciente fue la de una joven cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, cuya cabeza fue hallada el 21 de mayo en una bolsa de plástico dejada en un contenedor de basura de un colegio, en el barrio Kennedy de Bogotá. Aunque los medios de comunicación informaron del horrendo hallazgo sin profundizar, un medio digital añadió una pista útil para contextualizar el hecho: “Cabe mencionar que la localidad de Kennedy ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos 25 días, por lo que se establecerá si la persona es una de las reportadas como desaparecidas”.   Hay que recordar que varias organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunciaron ante la ONU a fines de junio la desaparición de 327 personas en dos meses de Paro Nacional. Los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos fueron hallados en las aguas del río Cauca o en cañaduzales. A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el comienzo del Paro, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada denunció que aún no se sabía el paradero de 60 personas desaparecidas en el contexto del Paro Nacional.

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados/as. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional

El departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de las protestas. Varias de las víctimas de decapitaciones son de este departamento, aunque por ahora es difícil comprobar el vínculo de cada caso con la situación social y política. El 15 de junio se produjo un doble asesinato con decapitación de ambas víctimas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Se trataba de los jóvenes afrodescendientes Cristian Andrés Mesa, de 25 años, y Edwin Gutiérrez, de 24 años, cuyas cabezas fueron arrojadas en una bolsa de plástico negra a una vía pública desde una motocicleta y a cien metros de un CAI de la policía. Sus cuerpos aparecieron más tarde en una zona boscosa alejada de ese lugar. Las autoridades policiales afirman que el degollamiento habría sido un mensaje enviado por narcotraficantes a otros mafiosos, un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes. La investigación sigue abierta.

La siguiente cabeza cortada apareció el 19 de junio y se identificó como perteneciente a Santiago Ochoa, un joven del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunque se dijo que participaba en la primera línea y que había sido capturado por el Esmad mientras se desplazaba en bicicleta, una tía declaró que “ni él hacía parte de la primera línea, ni tuvo nada que ver con las marchas o bloqueos, ni fue detenido por la Policía o amenazado nunca. Él simplemente trabajaba en una ferretería y salió a la hora del almuerzo y desapareció”. La cabeza de Santiago también estaba envuelta en una bolsa de plástico y fue dejada en el antejardín de una vivienda por un sicario que se desplazaba en motocicleta. Justificadamente o no, Santiago se convirtió en un símbolo de las protestas a través de las redes sociales y su cabeza cortada ilustró la sevicia de la represión contra los jóvenes manifestantes.

Tuluá fue una localidad muy golpeada por la violencia policial, militar y paramilitar contra las protestas. Los jóvenes Hernán David Ramírez y Jimmy Hernández no fueron decapitados, pero aparecieron (uno flotando en el río, el otro en un cañaduzal), con evidentes señales de tortura y de haber sido asesinados de manera lenta y despiadada. La familia de Jimmy asegura que él tampoco participaba en las protestas, que el 28 de junio salió de su casa en bicicleta y desapareció. Su cuerpo apareció con las manos y los pies atados, cuatro días más tarde de haber sido asesinado.

La quinta cabeza cercenada corresponde cronológicamente a un líder social del Pacífico colombiano, Luis Picasio Carampaima, dirigente de la comunidad indígena Embera del resguardo Catrú, decapitado el 1 de julio en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar que emergió tras la disolución de las antiguas AUC de los hermanos Castaño. 

El impacto de estos hechos no debe ocultar la dimensión total de la tragedia que vive el país: con el asesinato de Luis Picasio se alcanzó la escandalosa cifra de 84 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros seis meses de 2021 (y 112 hasta el 24 de agosto, según datos de Indepaz). Más de 1.200 asesinatos desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Crímenes perpetrados en su mayor parte por los paramilitares, que en lo que va del año 2021 también asesinaron a 34 ex combatientes de las Farc reincorporados a la vida civil.

El recurso a esta metodología siniestra nos retrotrae a las épocas salvajes en que los sicarios de las AUC jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas, como ocurrió en la masacre de El Salado (Bolívar) de febrero de 2000 —hubo una anterior en 1997—, en la que 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso torturaron y ejecutaron a más de un centenar de campesinos y campesinas indefensas a lo largo de una semana, despedazándolos y degollándolos con motosierras a la vista de todos, en la plaza, la Iglesia y la cancha de fútbol. En la masacre habría intervenido un capitán de corbeta de la Armada, Héctor Pita, investigado por la Fiscalía. Después de la masacre de 1997 se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población, 7.000 habitantes, de la cual regresó poco más de la mitad. Después de la segunda masacre, 4.000 campesinos volvieron a abandonar sus hogares. 

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial, y para forzar el desplazamiento de los pobladores y apropiarse de sus tierras. Uno de esos grupos era el de los ‘Mochacabezas’, como se autodenominaban algunos escuadrones paramilitares de las AUC de aquella época. Y que ahora resurgen, misteriosamente con el mismo nombre, como supuestos grupos de “limpieza social”. Así por ejemplo, en el municipio de Coveñas (Sucre), el 5 de junio de 2021 distribuyeron panfletos con amenazas de muerte, en los que advierten a la vecindad: “¿PENSARON QUE ERA UN JUEGO? … FALTAN MÁS MUERTOS … SABEMOS DONDE ESTÁN Y LES LLEGAREMOS”, y señalan a varias personas y familias de seis localidades de la zona rural Bellavista, incluido todo un equipo de fútbol. 

Entre tanto, Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que en Colombia “se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras”.

La sexta decapitación fue el 25 de julio, día en que apareció la cabeza cortada de otro joven en la puerta de una vivienda de la zona de Andalucía (Valle del Cauca). Pertenecía a Yeisson Soto Gutiérrez, de 21 años, y estaba envuelta en una sábana.  A los dos días apareció su cuerpo en un cañaduzal. Yeisson fue identificado por la policía como “barrista del Frente Radical Verdiblanco, movimiento en apoyo al Deportivo Cali”. La policía dejó entrever una motivación mafiosa al lanzar sus hipótesis sin pruebas, denigrando la memoria de la víctima, y así lo transmitió la prensa: “Las autoridades manejan como hipótesis del caso un posible ajuste de cuentas producto de las rentas criminales asociadas con el microtráfico”. 

Hay que franquear estas cortinas de humo para poder atar cabos. Por los datos que tenemos de estos jóvenes, que eran muy diferentes entre sí, lo único que tendrían en común es que no formaban parte de las marchas, o al menos no se los llevaron en ese contexto. Esto se deduce del testimonio de los familiares. De modo que si hay alguna coincidencia en los hechos, es que todos ellos parecen elegidos al azar por sus captores-asesinos, sin nada que los vincule directamente a las protestas.

¿Y eso con qué finalidad? En el marco de la estrategia para aterrorizar a la población y frenar las protestas, la aparición de cabezas cortadas provoca sin duda un tremendo efecto de shock. Conmociona y paraliza. Muchos dirigentes políticos y sindicales se preguntarán hasta dónde están dispuestos a llevar el pulso contra el gobierno. No importa de quién fueran esas cabezas, si eran de manifestantes o no. Su irrupción en el espacio público es un presagio de futuras masacres.

Represión y asesinato de estudiantes

Un joven estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, fue asesinado en agosto por paramilitares en la ciudad de Popayán, capital del departamento, junto a su domicilio. Esteban era bien conocido como líder estudiantil y sufrió la pérdida de un ojo durante una protesta en el 2018 a causa de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Sus compañeros de universidad informaron: “Esteban fue capturado ilegalmente dos veces por la Policía en las movilizaciones del paro nacional, a pesar de que se identificaba como periodista, porque participaba en un colectivo de comunicaciones alternativas de la universidad”.

La existencia de nexos entre la fuerza pública y los actores paramilitares se materializa con frecuencia en la historia de Colombia. En un documental realizado por la Universidad de Nariño se explica con todo detalle cómo opera el terror paramilitar amparado por la policía y el ejército. Entre 2000 y 2003, las actividades que realizaban los paramilitares “lograron generar terror en la comunidad universitaria” de Nariño, produjeron numerosos desplazamientos y culminaron con el asesinato de cuatro estudiantes y un trabajador de la universidad.  El informe retrospectivo del centro académico concluye: “En la planeación y concreción de estos actos la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a las guerrillas y en la infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria”.

En un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad para analizar las consecuencias que tuvo el conflicto armado en la Universidad de Nariño, celebrado en agosto de 2021, dos ex jefes de las AUC en la región declararon y pidieron perdón por sus crímenes. Aunque sus declaraciones deben leerse entre líneas, estos dos paramilitares adscritos al Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Marín y Aníbal Gómez, admitieron haber cometido el asesinato de los cuatro estudiantes y revelaron que la información para realizarlos “provenía de la inteligencia del Ejército”. Gómez aseguró que a ellos no les constaba que los estudiantes tuvieran relación con grupos ilegales, pero un sargento del Ejército colombiano le entregó en mano “la lista de estudiantes [a los] que había que quitarles la vida”, y añadió: “Si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes, pues, primero, el dedo señalador de la inteligencia militar, y segundo, las informaciones que pasaban los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC”.

El asesinato premeditado de Esteban Mosquera en Popayán parece haber tenido las mismas intenciones que motivaron las muertes de estudiantes universitarios dos décadas atrás, cuando “el miedo como instrumento emocional de control logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización”, en palabras de los relatores del caso de la Universidad de Nariño.

Los planes de asesinar al gobernador del Magdalena

El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, debió abandonar Colombia el 19 de agosto tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia fue ratificada por altos oficiales de la policía y el ejército, quienes dos días antes sostuvieron una reunión virtual con la “fuente confiable” citada por el gobernador. Simultáneamente a estos hechos, en sectores populares de Santa Marta aparecieron grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización paramilitar que pretendería cometer este crimen político. En un mensaje publicado el 26 de agosto, el gobernador explica así la situación: “Salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar que se consumara el plan”, escribió en Twitter.  

Oriundo del municipio de Aracata (Magadalena, al pie de la Sierra Nevada), Carlos Caicedo militó desde muy joven en partidos políticos de izquierda que confluyeron en la Unión Patriótica, la organización exterminada por el paramilitarismo. Tras haber sido rector de la Universidad del Magdalena durante seis años, y a pesar de varios juicios con testimonios fraguados en su contra con los que intentaron doblegarlo, Caicedo afianzó su carrera política como alcalde de Santa Marta, capital del departamento, donde su gestión fue muy bien valorada. A finales de 2019 fue elegido gobernador del Magdalena con el 58 % de los votos, consolidando a su partido Fuerza Ciudadana como primera formación política del departamento. Es el único gobernador con perfil progresista de los 32 departamentos colombianos.

Al poco tiempo de ser nombrado gobernador, Caicedo desmanteló negocios de las viejas oligarquías regionales cercanas al uribismo y atacó frontalmente al poder de los carteles narco-paramilitares que operan principalmente en la Sierra Nevada, en particular el clan de “los Pachenca”, sucesores del llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y que ahora se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Carlos Caicedo reclamó con insistencia a Iván Duque que se dejara de considerar a este grupo como “delincuencial común” y se lo incluyera en la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), como corresponde a los grupos paramilitares y de narcotraficantes. En una entrevista publicada por El Tiempo en mayo de 2020, Caicedo denunciaba que ese “grupo criminal estaba recibiendo información directa de la Policía y el Ejército, lo que ha facilitado su desarrollo de actividades ilícitas y su fortalecimiento”.

La existencia de estas filtraciones ya fue denunciada al gobernador por el líder social Alejandro Llinás, poco después asesinado. Llinás aseguraba que las cartas que él enviaba a la Gobernación con información de irregularidades —como el cobro de “peajes” en áreas turísticas de Santa Marta— eran filtradas tanto a la policía como a la organización criminal. Su asesinato es prueba mayor de esas filtraciones. Una investigación del portal 360 grados, publicada en diciembre de 2020, traza el perfil de este líder social y ecologista asesinado y caracteriza a sus verdugos:

“Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio”.

Al denunciar estos hechos, Caicedo ofreció a la Fiscalía todo el apoyo de la administración departamental para desmantelar al grupo Los Pachenca, al que responsabiliza del asesinato de más de 80 líderes sociales durante los últimos años en el Magdalena.

Las denuncias del gobernador obligaron al presidente Iván Duque a actuar. A comienzos de septiembre Duque anunció, con gran despliegue informativo, la captura de Norberto Quiroga Poveda, “Alias 5-5”, considerado el máximo cabecilla del rebautizado Grupo Delincuencial Organizado (GAO) de ‘Los Pachenca’. Duque presentó la operación como “un triunfo de la Fuerza Pública” tras definir a “Alias 5-5” como un “asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”. En cualquier caso, poco después de la captura de “Alias 5-5”, un narcotraficante de su misma calaña, “Alias 5-7”, escapaba de la cárcel de alta seguridad tras un traslado a una visita médica. En Colombia es frecuente que los capos narcos paguen por salir de la cárcel por la puerta principal. Con tales antecedentes, la captura en sí no asegura que el jefe paramilitar vaya a ser juzgado y mucho menos que cumpla una condena.

los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida

Mientras tanto, el presidente Duque abandonó a su suerte la seguridad del gobernador del Magdalena. El jefe jurídico de la gobernación, José Humberto Torres, indicó que el gobernador debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad. La Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”, dijo Torres, ya que obliga a la gobernación a pagar por ella. Esta situación contrasta vistosamente con la protección oficial que recibió “Alias 5-5” mientras realizaba todas sus actividades criminales hasta el momento de su detención.

El gobierno de Iván Duque insiste en que el esquema de seguridad de Caicedo es el mejor del país, argumento en el que coinciden con él los paramilitares de las AGC. En un “Comunicado a la opinión pública” los propios criminales niegan su intención de asesinar al gobernador: “Han informado los medios de comunicación que como producto de las supuestas amenazas de las AGC el señor Caicedo ha abandonado el país a pesar de que posee un vigoroso esquema de seguridad […]. Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión.”. 

La organización narco-paramilitar goza de tanta impunidad que se permite lanzar un mensaje político como si tuviera entidad legal. En el territorio del Magdalena y otros departamentos del Caribe “hay una alianza básica entre los Pachenca y el Clan del Golfo para dividirse el territorio” en la captura y administración de rentas ilícitas, afirma el periodista de Barranquilla César Molinares, experto en el tema. “No hay conflicto entre ellos mientras se respetan los acuerdos, en caso contrario hay ajustes de cuentas”.

Deudores del poder político que les permite operar en el territorio, los clanes mafiosos se pagan con sus servicios sicariales. El gobernador ahora exiliado por la amenaza paramilitar responsabiliza directamente al uribismo: “Hago responsable al presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar a la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”. Y para rematar la idea sin dejar sombra de duda, Caicedo añade otro trino: “El Uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme.”

En el siniestro cálculo político que articula el accionar paramilitar, la ejecución, el desmembramiento y la decapitación de jóvenes en un contexto de protesta social produce un tremendo impacto emocional desmovilizador. Del mismo modo, los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida. Caicedo reveló que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana con mayor intención de voto en las próximas elecciones, también estaría en la mira de estos grupos paramilitares.

(*) Publicada originalmente en El Salto

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Lisbeth Montaña

La represión militarizada de la protesta social durante el Paro Nacional contra la reforma tributaria ha causado, hasta ahora, al menos 47 muertos por disparos de la fuerza pública, la mayoría de ellos en Cali. Seis meses atrás, durante el Paro Nacional de noviembre de 2020, la cifra de civiles asesinados por la policía fue de 14 personas. Y hubo ‘solo’ un muerto en el Paro Nacional de noviembre de 2019, que no obstante se convirtió en un símbolo de lucha en las siguientes protestas. Es evidente que durante el gobierno de Iván Duque la violencia represiva ha escalado, ascendiendo en progresión geométrica, y ha entrado ahora en una espiral fuera de control.

Pero, ¿Qué tan fuera de control? La escalada violenta contra los manifestantes, la militarización de las ciudades, los disparos deliberados a la multitud, los civiles motorizados que disparan a quemarropa contra las concentraciones pacíficas de ciudadanos, la enorme cifra de desapariciones forzadas y muchos más hechos gravísimos podrían responder a una matriz represiva deliberada, consistente en crear caos entre la población urbana para debilitar la protesta. 

La forma en que fue sofocado el levantamiento en Cali, esa tragedia causada por la policía y el ejército para imponer sin éxito el toque de queda, sugiere que las masacres ordenadas por los mandos militares no tienen otro objetivo que incrementar el número de víctimas para aterrorizar a los manifestantes. “Cali ha sido el epicentro de mayor violencia. Allí se ha producido una especie de golpe de Estado. La Fuerza Pública se ha tomado la ciudad y para responder a las marchas pacíficas o a los desmanes ciudadanos ha recurrido a una utilización ilegal de las armas y ha dejado un reguero de muertos”. Así describen la situación de esta ciudad tras la primera semana de paro el analista y escritor León Valencia y el politólogo y periodista Ariel Ávila en un artículo publicado en la página web de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de pensamiento sobre el conflicto armado, la paz y el postconflicto.

Uribe y la “revolución molecular disipada”

El expresidente Álvaro Uribe, caudillo de la derecha colombiana, no es precisamente un hombre muy versado en filosofía política. Sin embargo, en medio del Paro Nacional y la fuerte oleada represiva con la que se lo intentó atajar, lanzó un trino en twitter que para muchos de sus seguidores resultó enigmático:

“1. Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 4. Acelerar lo social; 5. Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”.

La “revolución molecular disipada” mencionada por Uribe es un pseudo-concepto atribuido erróneamente al filósofo francés Félix Guattari, quien desarrolló una idea de desalienación del individuo como parte de un proceso de autoconciencia al que llamó “revolución molecular”, y que dio título a uno de sus libros. El calificativo “disipada” es un desarrollo posterior, y ajeno al concepto original, inventado por el publicista y entomólogo chileno Alexis López Tapia, un personaje vinculado a organizaciones nazis y defensor a ultranza del general Pinochet. A raíz del mensaje de Uribe, muchos medios pusieron el foco tanto en el concepto aparentemente oscurantista como, de forma prioritaria, en la trayectoria del personaje que lo había divulgado. Tirando un poco más del ovillo se supo que este ultraderechista chileno imparte cursos al Ejército colombiano en los que expone sus teorías políticas. 

Según el enfoque maniqueo de López Tapia, adoptado por Uribe, la institucionalidad estaría enfrentando una guerra sistemática contra delincuentes que intentan tomar el poder y acabar con la democracia. En el marco de esa guerra se inscribiría la protesta social, que por tanto debe ser reprimida. Así, Uribe se dirige en su tuit a sus seguidores y apunta a levantar la moral de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se resiste a esa potencial revolución que estaría en marcha y de la que el Paro Nacional formaría parte? Impidiendo que se realicen las manifestaciones sin reparar en medios. La fuerza pública tiene derecho a usar sus armas y, si resulta insuficiente el toque de queda, se sugiere disolverlas disparando directamente contra los manifestantes.

Un ex-asesor del presidente Duque, Carlos Enrique Moreno, influyente en círculos empresariales, forma parte del círculo de exégetas que “resisten” a esta revolución posmoderna: “El modus operandi se basa en acciones revolucionarias horizontales para generar de forma gradual y cotidiana conductas que alteren el estado de la normalidad social del sistema dominante, y así derogarlo. El objetivo es generar caos y el cese de la normalidad diaria, para crear un estado de crispación y crisis permanente”, advierte en una tribuna publicada en El Espectador.

Para el investigador Richard Tamayo Nieto, que indica que el exmandatario se ha referido en varias ocasiones a este concepto, “Uribe utiliza su plataforma en esa red social para adoctrinar en los lineamientos de este constructo y lo que supone es que los grandes movimientos que desestabilizan al Estado, y que darían inicio a lo que ellos llaman una guerra civil permanente, comienzan de manera molecular”.

El partido de gobierno, el Centro Democrático, emitió a su vez un comunicado en el que afirma que el Paro Nacional es “un macabro plan de la izquierda radical y criminal financiado por el narcotráfico para desestabilizar la democracia”. Desde este punto de vista quedaría legitimado el terrorismo estatal, el ejercicio sistemático de la violencia policial contra los manifestantes. Así pues, la retórica uribo-pinochetista de la revolución molecular disipada no sería más que un envoltorio posmoderno para un viejo remedio contra la rebelión del pueblo: reprimir a mansalva. Sin embargo, las declaraciones de Uribe comulgando con esta forma de neonazismo posmoderno ponen sobre la pista de un hecho aún más preocupante: la influencia del ideólogo neonazi en la definición del modus operandi de las fuerzas de seguridad colombianas.

López Tapia ha sido invitado en dos ocasiones este año  a exponer su teoría en cursos de formación académica de la Universidad Militar Nueva Granada. En sus disertaciones expresa así sus ideas sobre las protestas sociales: “No existe estructura jerárquica. Hay anarquía funcional. Como ya mencionamos, los mandos y tropa son irregulares, no identificables. Los objetivos tácticos estáticos son dinámicos. Las unidades móviles son estratégicas. ¿Por qué? Porque capturan área de influencia. Hay guerra de guerrillas con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje. Hay batallas”.

Una mirada apocalíptica, basada en su interpretación de estos años de revuelta en Chile. Contra esa “anarquía funcional” y “guerra de guerrillas” que representa la población movilizada, todo militar que se precie empuñará sus armas para restaurar el orden. No hace falta ni siquiera decirlo, el mensaje de reprimir la disidencia está implícito en la misma forma de describir los hechos.

El instructor neonazi de los militares colombianos justifica implícitamente la violencia criminal de la fuerza pública porque la protesta acumulada y fuera de control podría derribar el orden constitucional establecido: “Se produce un estado de guerra civil horizontal, molecular y disipado”, afirma Alexis López en sus exposiciones ‘académicas’. Su teoría nada tiene de innovadora, solo reviste con un look posmoderno los manuales de la vieja Escuela de las Américas, esa institución que velaba por la formación de represores bajo el ala de EE.UU. y que veía en todas partes al “enemigo interno”.

Esmad: los escuadrones de la muerte

El principal cuerpo represivo en Colombia es el temido Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la fuerza de choque que convierte las marchas pacíficas en campos de batalla disparando ráfagas de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes. Esta dependencia de la Policía Nacional cuenta con 3.500 policías y está adscrita al Ministerio de Defensa. 

Después de la masacre de 2020 en Bogotá, uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos fue el de regenerar la Policía, empezando por desmantelar el Esmad. La Corte Suprema de Justicia ordenó en 2020 al Esmad suspender el uso de escopetas, como consecuencia de la muerte del estudiante Dylan Cruz en las protestas del año anterior, en Bogotá. Desde su creación en 1999 y hasta 2019, se han registrado 43 casos de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de esta fuerza policial, según una investigación del Centro de Investigación y Educación Popular. Entre 1999 y 2018, las intervenciones del Esmad produjeron la muerte de 18 personas solo en Bogotá, según la ONG Paz y Reconciliación. 

Aunque tenga mayor resonancia su represión de las protestas urbanas, la mayoría de sus intervenciones se han producido en el departamento del Cauca, zona de presencia guerrillera e indígena, una de las regiones más mortíferas del país, donde se produce el mayor número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales y de dirigentes indígenas. Y donde las intervenciones del Esmad son tan temidas como las de los grupos paramilitares a los que nunca dan caza.

En medio de la brutal represión del Paro Nacional, el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, definió a los agentes del Esmad como “los héroes de la patria”, y el presidente Iván Duque rechazó desmantelar los escuadrones represivos a pesar de su gran desprestigio social e internacional. 

Entre los, al menos, 40 fallecidos durante los primeros 10 días del Paro Nacional, en 15 casos se sabe que los autores fueron agentes del Esmad. En otros cinco, fueron policías. Por distribución geográfica, 29 asesinatos de manifestantes se produjeron en el Valle del Cauca, la mayor parte en la ciudad de Cali. Hay también varias víctimas asesinadas por civiles motorizados (paramilitares o policías de civil) que atentan contra la población en los puntos de encuentro de los manifestantes.

Otra vuelta de tuerca

Tras dos semanas de paro y situaciones fuera de control en algunas ciudades, en particular en Cali y su departamento, el gobierno colombiano incrementa la militarización en su respuesta a las manifestaciones. Presionado por las autoridades locales, Duque visitó Cali en un viaje relámpago durante la madrugada del 10 de mayo, entre las 12:30 de la noche y las tres de la mañana. El presidente celebró un consejo de seguridad acompañado de sus ministros del Interior y Defensa, la gobernadora del departamento y el alcalde de Cali, entre otras autoridades. Un usuario de Twitter describió así este viaje: “Tenemos un presidente cobarde, que entra a Cali a hurtadillas, agazapado, sin que nadie lo vea, solo para tomarse la foto. Usa palabras duras cuando graba desde el estudio de Palacio, pero tiene el temple blando a la hora de darle la cara a su pueblo y hablar con él”. Esta es la imagen actual más generalizada entre los colombianos sobre su presidente.

Además de militarizar las calles y convocar a las autoridades locales a restringir los movimientos de los manifestantes, el gobierno consiguió cohesionar el liderazgo político con las clases medias urbanas caleñas, dando otra vuelta de tuerca en su política de seguridad. El presidente prohibió la movilidad en todo el departamento y reforzó el despliegue de la fuerza pública con el máximo potencial disponible: otros 10.000 policías y 2.100 militares. 

La exigencia presidencial de interrumpir los bloqueos fue secundada esa misma mañana por una transmisión conjunta de las emisoras de radio, tanto públicas como privadas, cuyos periodistas interpelaron a los manifestantes para que continuaran ejerciendo su derecho a manifestarse en paz, pero depusieran su actitud de interrumpir la circulación con bloqueos.

El mensaje es unidireccional porque ignora que el Estado no respeta ese derecho a manifestarse en paz; la advertencia se dirige por supuesto a la juventud urbana que sigue en la calle a pesar de las balas, pero también y sobre todo a la minga indígena, un colectivo que agrupa a diversas organizaciones de pueblos originarios, desplegada en Cali. 

En un tono similar se pronunciaron las iglesias tras una reunión con el presidente, en el marco del llamado “diálogo” con los sectores sociales. Arropado por altos dignatarios católicos y evangélicos, Duque consiguió legitimar su política de seguridad ante los fieles de esas confesiones. Con la honrosa excepción de la iglesia menonita, que denunció el montaje presidencial. Su presidenta declaró que “al final de la reunión, después de que el presidente justificó muchas de las políticas que ha implementado, se leyó un comunicado en donde supuestamente el sector religioso se pone de acuerdo con él en que vamos a trabajar juntos; pero es un comunicado que no fue construido desde nosotros, ya llegó el comunicado hecho, y se leyó como si fuera parte realmente de un trabajo conjunto que se hubiera hecho en ese espacio”.

En el comunicado impuesto por el gobierno no hay exigencias de respeto a los derechos humanos ni un análisis de las causas del conflicto, solo se reclama que cesen los bloqueos y retenes.

El primer intento de diálogo real de Duque con el Comité Nacional del Paro, el 9 de mayo, acabó sin acuerdo porque el presidente “no rechazó la brutalidad policial ni se atrevió a hablar de los 47 manifestantes asesinados”, según los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Para el presidente de la CUT, Francisco Maltés, “esta ausencia de compromiso no nos deja otro camino que continuar con el paro nacional, vamos a repotenciar el paro con muchas movilizaciones el día miércoles 12 de mayo”. 

Mientras tanto, se genera un clima de enfrentamiento entre los integrantes de la minga indígena, acribillados por disparos de civiles, y las élites caleñas que los acusan de hostigar a la población urbana que vive en condominios privados. El desgaste de la convivencia causado por dos semanas de paro y disturbios generalizados lleva a sectores de la clase media a reclamar más mano dura. En medios de comunicación hegemónicos como Noticias Caracol se alienta la confrontación cuando se informa, por ejemplo, de que “Ciudadanos e indígenas se enfrentaron” en Cali, como si los indígenas fueran ajenos a la noción de ciudadanía.

El conflicto social sigue escalando y, a modo de profecía autocumplida, sería una expresión cabal de lo que el propagandista nazi inspirador de los trinos de Uribe llama la “guerra civil” permanente. El gobierno del Centro Democrático prefiere preparar la guerra antes que atender unos reclamos sociales que cuestionan de raíz el modelo neoliberal y represivo al que se aferra ciegamente el presidente Duque.

* Publicada originalmente en “CTXT: Contexto y Acción”

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Foto de Lisbeth Montaña

Escuchá la entrevista completa:

Desde hace varios días que circula en las redes sociales y en algunos medios, principalmente alternativos y autogestivos, imágenes y videos de lo que está sucediendo en Colombia. Las escenas de violencia se replicaron rápidamente, así como también las muestras de resistencia y de solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Colombia es un bastión del neoliberalismo, uno de los principales aliados de Estados Unidos para las políticas del imperio del norte para América Latina.

La semana pasada, el presidente de Colombia, Iván Duque, intentó imponer una reforma tributaria totalmente regresiva que, por ejemplo, aumentaba el IVA en alimentos y combustibles, entre otras medidas que perjudicaban a las clases medias y populares. El 28 de abril se convocó a un paro nacional desde muchísimos sectores que, luego de varios días, lograron frenar la reforma e incluso comenzaron a exigir más y mejores derechos. Este panorama, que apenas cumple una semana, lleva miles de heridos por la represión, decenas de muertes, vejaciones, violaciones.

Para saber más sobre lo que estaba pasando, en Antes que se acabe el mundo, el programa de Marcha en Trilce Radio, dialogamos ayer con Lisbeth Montaña, integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia y colaboradora de este medio.

Los sucesos en Colombia son muy dinámicos, con un paro vigente desde la semana pasada, ¿cuál es la situación actual?

Hoy se cumplen 8 días de protestas masivas, se ha salido el 28 a la calle para hacer un reclamo masivo para que la reforma tributaria que venía en camino se frenara. Yo creo que no estaba en el cálculo de varias organizaciones, y pienso sobre todo en las sindicales, de que la movilización iba a seguir de esta forma tan grande y constante. Llevamos ocho días de expresiones de toda índole y sobre todo los jóvenes, las jóvenes, acuerpando la lucha en la calle permanentemente, día y noche.

Después del 28 nosotros creíamos que la movilización no iba a ser tan grande. Sin embargo, ante la forma de ignorar las voces de la protesta por parte del gobierno, pues la gente se dio cuenta que no sólo era la reforma lo que había que tumbar, sino que se venía un paquetazo de reformas y que además no sólo era solo este paquete de reformas sino también el régimen. Un régimen político que por más de 50 años, y sobre todo sus últimos 20 años, se ha venido endureciendo.

A raíz también de la crisis de la pandemia, que afectó al mundo entero, la gente se dio cuenta que, en primer lugar, éramos ignorados y, segundo, que la crisis y estas reformas las tenían que pagar la clase trabajadora y los más pobres. Entonces eso ayudó a que la movilización siguiera constante en las calles aun después de que Duque frenara la reforma -él creía que con frenar la reforma, la movilización iba a parar- y la gente ahora va por todo y está aquí todavía en las calles haciéndose sentir a pesar de la brutalidad policial, aunque esto ha costado casi 37 vidas, 11 víctimas de violencia sexual, 264 víctimas de la violencia directa, 341 intervenciones violentas a las manifestaciones. Así y todo no han podido lograr frenar, la rabia, la indignación pero también las ganas de transformar definitivamente el estado en el que está hoy la situación política y social en Colombia.

En lo que va del año ya han sido asesinados más de 50 líderes y lideresas sociales, por lo que la violencia policial y militar en Colombia es muy anterior a lo que está sucediendo ahora, ¿verdad?

Exactamente. Y creo que por eso la gente está con toda la calle. Si ves los enfrentamientos que se dan cuerpo a cuerpo, la gente sabe o siente que al Estado no le importa las vidas de las personas. Con o sin la reforma, la violencia va a seguir y aquí una de las exigencias es pedir que la desmilitarización de la vida sea una de las consignas más importantes porque están matando a la gente. La están matando en el campo sobretodo, donde la lucha no es visible.

Yo creo que uno de los puntos más importantes es que esto que el paro sucedió en la ciudad y es más visible, pero en el campo todavía siguen intactos las condiciones del conflicto y todavía se siguen asesinando a dirigentes sociales. El conflicto está en su punto más visible ya que se trasladó a las ciudades y yo creo que causa mayor impacto. Las organizaciones denunciamos que nos está matando la policía, nos están matando los paramilitares, se hizo evidente a través de todos los videos, todo lo que ustedes están viendo a nivel internacional. Esa violencia se hace ya gráfica, se hace explícita. Es una cosa que estábamos viviendo antes y en la actualidad en forma mucho más exacerbada con la militarización.

Hoy, por ejemplo, vivimos una cosa terrible. La policía, ante la caída de su imagen, decidió salir a las calles pero con policías vestidos de civiles. Hay videos mostrando las evidencias de que la gente en plena movilización tuvo que detener a mucha gente vestida de civil pero además con municiones, con armas que la misma policía les había entregado a esas mismas personas vestidas de civil.

Se hace difícil no pensar en la situación vivida en Chile, con el aumento de los boletos, o en Ecuador, con el aumento de los combustibles, en ambos casos fueron detonantes de una historia previa, ¿qué perspectivas ves en Colombia después de este paro?

Hay muchos retos hacia adelante. Hoy la movilización que está en las calles es una inmensa mayoría de la población que decidió salir porque la ha pasado muy mal este último año y medio de pandemia. Antes la pasábamos mal pero con el incremento de la violencia policial, la gente en las calles pide que cese. Y con la pandemia, por ejemplo, se militarizaron más los barrios, el aumento de la pobreza creció a un 42% y además con la reforma tributaria lo que se proponía era que quienes tenían que asumir los costos de las crisis de la pandemia debían ser los pobres y la clase trabajadora. Entonces la gente al darse cuenta que, encima que el Estado estuvo ausente con toda la crisis, hoy los reclamos es que sean los ricos quienes paguen esa crisis. Ese es uno de los llamados más importantes. Que la salud no se termine de privatizar y además se convierta en una mercancía.

Además, nos pone un reto al campo popular y es la necesidad de la lucha y tratar de escuchar y leer muy bien lo que está pasando en la calle porque nosotros como organizaciones sociales tenemos el reto de seguir nutriendo la movilización pero, además, esta vez ayudar a proponer una forma de diálogo, de organización misma de la calle. Hoy mismo se están proponiendo una especie de aperturas de cabildos para que la gente misma pueda seguir con este paro.

Otra consigna que se agita mucho es que Iván Duque se vaya del gobierno. La segunda es que definitivamente se baje la reforma tributaria porque lo que ha hecho el gobierno es parar el proyecto pero no quitarla de forma definitiva. Otra es la reforma de la salud, que no terminen de privatizar ni de precarizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y las y los jóvenes son quienes están poniendo el cuerpo, sobre todo en la pelea porque la educación sea pública y que la financiación a la guerra pare. Porque se supone que firmamos unos acuerdos de paz y, sin embargo, el gobierno sigue nutriendo el presupuesto militar. Y finalmente, que se desmonte el aparato represivo que hoy es el que ejerce el mayor foco de violencia en las movilizaciones reprimiendo el derecho a la protesta.

Estas situaciones, similares quizás a Chile y a Ecuador, evidencian que hay paraísos del neoliberalismo que son más bien una cortina de humo. ¿Qué legitimidad es la que tiene hoy Duque y su gobierno? Uribe trata de despegarse un poco, ¿verdad?

Lo que sucedió con el paro es muy valioso porque la imagen del uribismo ha sido siempre fuerte, también en lo militar que, ideológicamente, está muy presente en la cabeza de las y los colombianos, hay una cultura de lo militar a raíz de estos valores que el uribismo ha instaurado en la población: el militarismo, el patriotismo. Pero es muy significante ver como, por ejemplo, el uribismo se había apropiado de la bandera amarillo, azul y rojo como uno de los símbolos patrióticos de esta derecha y hoy siento que las y los jóvenes y la gente movilizada ha resignificado hasta la misma bandera.

Y creo que con esto que ha sucedido también se desenmascaró el régimen violento en el que estamos y por quiénes está patrocinado. Pero además hay otra cosa muy importante y es que aquí los problemas antes de los acuerdos de paz se los echaban a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): la corrupción era culpa de las FARC, la violencia era culpa de las FARC. Después de los diálogos y acuerdos de paz, hoy la gente se ha dado cuenta que los problemas de la corrupción, los problemas de los impuestos, los problemas de la reforma, los problemas que la sociedad colombiana ha tenido, son culpa de la derecha. Son culpa de este régimen que ha sostenido todas estas consignas ideológicas para dividir a la sociedad. Se le cayó la careta al uribismo.

Hace poco la Comisión de la Verdad entregó un informe donde mostraba el número de personas que fueron dadas como falsos positivos y el número escandalizó a la sociedad, fue 6402. Son jóvenes y jóvenas dadas como positivos o dados de baja y eran falsos. Es decir, los hacían pasar como guerrilleros y los hacían presentar como dados de baja en combate. Esa cifra y la viralización de lo que significa eso le ha hecho caer la careta a este régimen y la gente se ha dado cuenta que quien animaba la guerra era un grupo de la burguesía que está acomodado y que a la guerra la usaba para beneficiarse y para sus intereses políticos, que es mantener el régimen que ellos lideran.

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Por Eduardo Giordano | Fotos: Luis Carlos Ayala

La impopular reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, defendida a sangre y fuego por la policía y el ejército en las calles, finalmente fue retirada por el presidente colombiano. A pesar de su altísimo costo en vidas humanas, esta es una victoria de la movilización popular celebrada por las organizaciones sociales y que, a un año de las elecciones presidenciales, revela el enorme deterioro del sistema de poder que ha gobernado Colombia durante las últimas dos décadas. 

El  Paro Nacional del 28 de abril contra la reforma tributaria se prolongó más de una semana y se saldó con la represión masiva de manifestantes y el asesinato por disparos de la fuerza pública de 31 personas en los seis primeros días. Solo en la ciudad de Cali, uno de los grandes focos de la protesta, más de 20 personas fueron asesinadas por disparos policiales durante los primeros tres días. Los organismos de Derechos Humanos de la región del Valle del Cauca recibieron denuncias de hasta 14 muertos por disparos entre el 27 y el 30 de abril.

El gobierno y sus aliados políticos clamaron desde el primer momento por la militarización de las ciudades. Impusieron el toque de queda en Cali desde las 15 horas del primer día de paro, pero aun así no consiguieron doblegar la voluntad de protesta de la población. Ninguna medida disuadió a los ciudadanos de salir a las calles a expresar su repudio al gobierno y la represión fue brutal. La ONG Temblores registró en cinco días de paro hasta 940 casos de violencia policial, 672 detenciones arbitrarias, 92 casos de violencia física o tortura policial y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. En el sexto día del Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que hasta ese momento habían fallecido 19 personas en el marco de la protesta, de los cuales 18 son civiles y uno es un policía (muerto por arma blanca al tratar de impedir un saqueo).

El jefe político del Centro Democrático, el partido gobernante, incitó abiertamente a la fuerza pública a reprimir disparando contra los manifestantes. El ex presidente Álvaro Uribe legitimó con sus trinos (tuits) la actuación de las fuerzas represivas: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Un ministro del gobierno de Duque había advertido que los bloqueos de calles y carreteras se considerarían actos terroristas. Después de recibir muchas quejas de usuarios, la red social Twitter exigió a Uribe que eliminase el mensaje: “tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia”, ese trino “viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia”. 

Foto: Luis Carlos Ayala

No es la primera vez que Uribe se pronuncia de este modo, intentando naturalizar las masacres de manifestantes. En noviembre de 2019, con motivo del primer paro nacional contra el gobierno de Duque, Uribe fue aún más expresivo en su trino: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. En esa ocasión hubo un joven muerto que se convirtió en símbolo contra la represión; pero un año más tarde, durante el siguiente paro nacional, la muerte de 14 personas por disparos y actuaciones de “la autoridad” en Bogotá y otras localidades próximas fue una masacre anunciada.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se siga dando un trato militar a la protesta pacífica. Admiten que en algunas zonas de Cali hubo saqueos, pero piden que esto se contextualice en una situación de penuria, agravada por la pandemia, entre una población con necesidades básicas insatisfechas. La pobreza se incrementó en Santiago de Cali en 375.000 personas durante el gobierno de Duque, y ahora alcanza a un millón de habitantes, algo menos de la mitad de la población. El núcleo urbano, capital del departamento, sufre las consecuencias de la violencia rural, ya que atrae a los desplazados y expoliados por las bandas de narcotraficantes y paramilitares que operan en las zonas montañosas y selváticas sin control estatal.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que coordinó la información de Cali conformando una mesa con otras ONG, divulgó que durante las protestas hubo motos policiales con las placas ocultas que se dedicaban no solo a disparar, sino también a robar a los manifestantes. En videos que circularon por redes sociales y que más tarde difundió la prensa se ve a una tanqueta policial arrollando deliberadamente a un grupo de personas que caminan pacíficamente en una marcha. La tanqueta los arrolla por la espalda, aumentando la velocidad después de aplastar los primeros cuerpos. Mientras esto se ocurría en la calle, la gobernadora departamental y el alcalde repetían de manera incesante que todo estaba bajo control y que a ellos solo les constaba la existencia de un muerto.

La reforma tributaria de Duque proponía crear un nuevo IVA para los productos básicos de la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos, así como ampliar la base de cotizantes para aumentar los ingresos fiscales por el impuesto a la renta. Aunque estuviera adornada con la supuesta asignación de recursos a los más vulnerables, la reforma era una bofetada en la cara de los sectores más castigados por la crisis. Colombia ya es uno de los países con mayor desiguadad del mundo y durante el gobierno de Duque la pobreza aumentó hasta alcanzar al 42 % de la población, según cifras oficiales. La situación social es tan dramática que hasta su propio mentor y aliado incondicional, Álvaro Uribe, se desmarcó públicamente de ese proyecto, aun compartiendo su filosofía neoliberal, por temor a un rechazo social que influyera negativamente en la campaña electoral del año próximo. 

Dada la magnitud del paro, el 1 de mayo el presidente tuvo que aceptar que no se aplicaría el IVA a los alimentos y servicios públicos y se mostró conciliador y dispuesto a debatir otros aspectos impopulares del proyecto. Aun así el Paro Nacional se mantuvo y, al día siguiente, Duque tuvo que renunciar por completo a su reforma tributaria. 

Tristemente para llegar hasta aquí fue necesario mantener un pulso con la ciudadanía de varios días que derivó en un baño de sangre. El dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Feliciano Valencia resumió en un breve mensaje la situación agónica del gobierno de Duque: “Si la desconexión del Gobierno con el país es total, el país también se desconectó del Gobierno. Mientras el país se incendia @IvanDuque continúa con su show de variedades en televisión. Nadie lo escucha, porque él tampoco escucha a nadie.” El CRIC convocó a una nueva minga de las comunidades indígenas del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia paramilitar.

Mientras el presidente se aferra al poder ordenando masacrar a los manifestantes, los grupos paramilitares y el Ejército prosiguen e intensifican sus prácticas de exterminio social. La última matanza se produjo durante el paro nacional, en el Valle del Cauca, donde el 2 de mayo seis personas que estaban departiendo tranquilamente en un local social fueron asesinadas por un comando con armas largas. En lo que va de año 2021 ya hubo más de 30 masacres con cerca de 120 víctimas mortales, que se suman a las 91 masacres de 2020. Además, bajo el gobierno de Duque se incrementaron las masacres en las zonas rurales, contra la población campesina, indígena y afrodescendiente abandonada a su suerte por el Estado colombiano y con frecuencia sometida a las leyes implacables del narcoparamilitarismo. 

Así mismo, durante el año 2020 se documentaron 64 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, si bien la semana del 14 al 21 de abril fue la más letal para los antiguos guerrilleros de las FARC, ya que siete de ellos fueron asesinados (a razón de un muerto diario), engrosando el total de 280 ex combatientes acogidos al proceso de paz y acribillados por bandas paramilitares desde 2016. La organización Indepaz registra además el asesinato de 310 líderes sociales o defensores de derechos humanos durante el año 2020. En los primeros cuatro meses de este año ya fueron asesinados 50 líderes y lideresas sociales. Todo ello a pesar de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó al Estado colombiano tener “como primera prioridad” para el año 2021 la de “asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y los defensores de los derechos humanos”. 

La degradación del gobierno de Iván Duque y de la coalición de partidos derechistas que lo sostienen es cada vez más palpable. La represión de la protesta urbana adquirió magnitud de masacre en Bogotá, durante el paro nacional de noviembre de 2020, cuando hubo 14 muertos por disparos e intervenciones policiales. En las recientes protestas de Cali y otras ciudades la cifra de muertos por disparos de la fuerza pública podría ser muy superior, ya que los datos afloran con cuentagotas.

La sociedad urbana de Bogotá, Medellín o Cali, que en otros tiempos sufrió la violencia atroz del narcotráfico, estuvo durante mucho tiempo de espaldas al ejercicio sistemático de la violencia militar y paramilitar en las lejanas zonas rurales. Los medios de comunicación concentrados en grupos de poder propiciaron esta desconexión. La profunda degradación del sistema democrático ha facilitado que ahora, también en las ciudades, las diferencias se diriman ejecutando a tiros a los disidentes, masacrando a la población urbana y en particular a los más jóvenes. Aunque la militarización de la protesta social no consiguió amedrentarlos, su valentía tuvo un altísimo costo en vidas humanas.

Al sexto día de protestas, el alcalde de Cali tuvo que lamentar que uno de los jóvenes asesinados por disparos de la fuerza pública fuera Nicolás Guerrero, un hijo de su primo que participaba en una vigilia nocturna de oración. La disputa social ha adquirido una nueva dimensión de conflicto generacional al interior de las élites urbanas y empieza a desgarrar la conciencia de algunos de sus miembros, que deberán optar entre desvincularse de un régimen que se resquebraja o sacrificar incluso a sus hijos para mantener los privilegios.

La retirada de la reforma tributaria fue una derrota estrepitosa del gobierno de Iván Duque. También fue una advertencia para el uribismo y la derecha política: los sectores progresistas, ahora nucleados en torno al Pacto Histórico, ya pueden presentar batalla y ganarla con el apoyo de las movilizaciones sociales. Este es un nuevo escenario, con un equilibrio de fuerzas que ha llevado al régimen a recular por primera vez y que pone en evidencia que la fuerza bélica del país más militarizado de América Latina resulta insuficiente para acallar a una población muy indignada. Derrotada la reforma tributaria, el Paro Nacional prosigue con un nuevo pliego de exigencias de cambios estructurales por parte de sindicatos y organizaciones sociales, agrupados en un Comité Nacional de Paro que convoca a la ciudadanía. Mientras tanto, el gobierno de Iván Duque sigue flotando a la deriva y sin dar respuesta al clamor de los colombianos, que reclaman una vida digna y el final de la violencia estatal y paraestatal.

(*) Publicada originalmente en El Salto Diario

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Por Danna Urdaneta (*)

“Si hubiese un Gobierno en Colombia en 2022
de un signo más de centro-izquierda,
quiere decir que habría un mejor interlocutor
para una mesa de conversaciones de paz”

Pablo Beltrán en entrevista con Sputnik (18/12/2020)

1. Inversión en Seguridad y Defensa & inversión en Paz con Legalidad

Colombia estipula 10.400 millones de dólares de inversión para Defensa en 2021, representando un incremento de 14 % con respecto a 2020. En 2021 se espera un presupuesto para la Política de Paz con Legalidad de 10,7 billones de pesos (poco más de 3 mil millones de dólares) según el Anexo de Gasto Construcción de Paz 2021 del proyecto de Ley de Presupuesto, un aumento del 9,18%. Esta pírrica cifra se refleja en el desfinanciamiento de las instituciones integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como el desfinanciamiento de la reincorporación de excombatientes [1].

Para desgracia del uribismo venezolano, Colombia quedó ubicada en el puesto 140 del Índice de Paz Global. Simultáneamente, el país vecino se acerca al umbral de violencia de los años 1998 a 2002 [2]. Urge un movimiento de solidaridad internacional que denuncie el terrorismo de Estado y el desmonte fraudulento de los Acuerdos de Paz. La política de Paz con Legalidad no ha cumplido sus objetivos [3].

2. Índices de homicidios, femicidios y paramilitarismo. Caso Medellín y La Oficina de Envigado

Las cifras de homicidios en Medellín descendieron en 2020 a 13,7 por 100.000 habitantes, lo que representa 37% menos que en 2019. Para la Secretaría de Seguridad de la ciudad este sería el año menos violento en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, hasta noviembre el Observatorio Femicidios Colombia registró 31 femicidios en la capital paisa. Al mismo tiempo Indepaz sostiene que La Oficina de Envigado sigue abierta y bajo el mando de Félix Isaza (alias Beto), muy cercano al jefe paramilitar Don Berna de  las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Oficina se mantiene con el negocio de servicios de seguridad en la ciudad al mismo tiempo que Antioquia desciende en 13,6% la tasa de homicidios respecto a 2019 [4].

De este modo las muertes violentas se desplazan al interior del departamento que encabeza el segundo lugar en la lista del genocidio contra líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz [5]. ¿Son las políticas de seguridad ciudadana de la alcaldía las que han controlado los índices de homicidio o estamos frente a una nueva donbernabilidad al mando de Isaza y compañía? Esta aparente reducción de la violencia refleja la transformación de la guerra en la medida de que se transforman los actores políticos y militares en el conflicto.

3. Femicidios & clases sociales e institución militar

El caso del secuestro, violación y femicidio de la niña Yuliana Samboní en diciembre de 2016 siguió sin reparación en 2020. Rafael Uribe Noguera es un arquitecto bogotano de la Universidad Javeriana y trabajaba para la empresa familiar Lascaux construcciones SAS. La familia de Yuliana Samboní es de la etnia yanacona en el Cauca. Este año trajo consigo el crimen de la niña embera secuestrada y violada en Santa Cecilia, Risaralda, por 7 soldados del Ejército; este crimen generó múltiples protestas feministas frente a los batallones del Ejército Nacional de Colombia bajo consignas y el performance “Un violador en tu camino”. Este caso fue el detonante para la denuncia pública de cinco víctimas de violencia sexual por parte del Ejército. El Observatorio Femicidios Colombia contabilizó hasta noviembre 568 femicidios a nivel nacional.

4. Montajes contra la paz

El 8 de noviembre Edinson Bolaños, a través de El Espectador, develó las pruebas que empezaron a desmontar el falso positivo del exfiscal general Néstor Humberto Martínez que pretendió fracasadamente extraditar a Jesús Santrich. La primera respuesta vino de parte de Iván Márquez de las FARC-EP Segunda Marquetalia mediante la columna “El entrampamiento de la paz”, luego hubo una declaración oficial de la insurgencia.

El debate de control político en el Senado contra la Fiscalía del 26 de noviembre realizado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Alirio Uribe Muñoz y otros senadores [6] reposicionaron al líder de la Segunda Marquetalia de manera definitiva al dimensionar el montaje en su contra como un montaje contra la paz de Colombia. El 26, 27 y 28 del mismo mes Jesús Santrich de las FARC-EP Segunda Marquetalia fue tendencia nacional en Twitter en medio de un debate nacional a favor de su inocencia.

5. Horizontes de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

El ELN sigue apostándole a la posibilidad real de retomar la agenda de diálogos con el Estado colombiano y un gobierno de centro-izquierda que abra los caminos para la reconciliación en 2022. Mientras tanto el subpresidente Iván Duque insiste en encarcelar y masacrar a sus adversarios políticos en una guerra desigual. Las FARC-EP Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich y las FARC-EP de Gentil Duarte han sido contundentes frente a la ausencia de posibilidad de un nuevo proceso de paz con el actual gobierno. Las pruebas del montaje contra la paz mostradas en el Senado hablan por sí solas ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

6. Genocidio contra el liderazgo social y excombatientes

A la crisis humanitaria en Colombia se le añade la crisis sanitaria por la pandemia: potenciales víctimas del genocidio tienen que escoger entre morirse de hambre en cuarentena, donde el sicario sabe que encontrará a su víctima en casa, o salir a la calle a buscar el pan a sabiendas que puede contagiarse y morir de Covid-19. El año cierra con 309 líderes y lideresas sociales asesinados y 64 excombatientes asesinados al 10 de diciembre producto de la ausencia de garantías políticas para quienes no tienen privilegios de clase. En octubre se realizó la Peregrinación por la Vida y por la Paz donde excombatientes de todas las regiones atravesaron el país hasta Bogotá para exigir derecho a la vida. ¿De cuál democracia habla el establecimiento colombiano?

7. Masacres

Según registro de Indepaz en el año 2020 se ejecutaron 90 masacres en Colombia para un total de 375 víctimas directas, encabezando el primer lugar el departamento de Antioquia. El mes de septiembre fue el más sangriento con 16 masacres. Bogotá reeditó una masacre que recordó al Bogotazo [7]. Desde el pasado Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 las ciudades pasan a una nueva etapa de conflictividad social con la abierta paramilitarización de la seguridad ciudadana cuando vimos al ejército y a la policía encubriendo a encapuchados que disparaban contra protestantes pacíficos.

8. Judicialización de la protesta, exilios y falsos positivos

El año cierra con la judicialización de tres dirigentes campesinos: Teófilo Acuña, Robert Daza y Adelso Gallo, quienes luego de las denuncias públicas respectivas podrán afrontar el proceso de investigación en libertad. El exilio de la cultora y abogada Cristina Bustillo, antigua presidenta del Sindicato Nacional Memoria Viva de los Trabajadores de la Seguridad y la Protección del Pueblo en la Unidad Nacional de Protección, puso en el debate público internacional la evidencia de que inteligencia militar ha dispuesto de listados en conjunto con la Fiscalía para realizar capturas selectivas bajo falsos positivos que vinculen a líderes y lideresas sociales con grupos armados. El exilio colombiano es una pandemia silenciosa que hasta el mes de noviembre llevó en España 26 mil 568 solicitudes de asilo.

9. Conclusiones

Con el gobierno del subpresidente Iván Duque no existen condiciones objetivas para iniciar un nuevo proceso de paz con los actores políticos y militares del conflicto social y armado en Colombia. La solidaridad internacional es el contrapeso decisivo en la visibilización pedagógica del conflicto y el genocidio en curso. En este sentido, el papel de Cuba, Venezuela y demás países garantes y acompañantes de los procesos iniciados en La Habana serán fundamentales frente a la esperanza de paz con un nuevo gobierno. El acompañamiento de las denuncias de la realidad colombiana y las acciones antiparamilitares son indispensables para forjar las bases que sirvan para resistir al proyecto de despojo de los recursos naturales en América Latina y preservar la esperanza de que un mundo más justo es posible.

¡Para la guerra nada!

Notas

[1] Laura Soto. (7 de septiembre de 2020). La implementación de la paz, cada vez más desfinanciada.

[2] JEP. (9 de septiembre de 2020). Comunicado 063. Colombia: JEP.

[3] Natalia Torres. (28 de septiembre de 2020). Dos años de la política de paz con legalidad, sin “paz”. Colombia: Dejusticia.

[4] Antioquia Silenciada. (Diciembre de 2020). Antioquia silenciada. Colombia: El Espectador.

[5] Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz. Informe Especial sobre Agresiones a Líderes/as Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz. Colombia: Indepaz.

[6] Comisión Primera Senado de la República de Colombia (26 de noviembre de 2020). (Acta 29) Sesión del 26 de Noviembre de 2020 (parte 1). Colombia: Comisión Primera del Senado de la República de Colombia. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=37a548_q4hw yhttps://www.youtube.com/watch?v=Pi5zA7FU0-s

[7] Danna Urdaneta. (11 de septiembre de 2020). Masacre en Bogotá: ¿Quién dio la orden? Colombia: Vida Digna.

(*) Danna Urdaneta poeta, escritora y periodista venezolana, integrante del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI-Venezuela).

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Por Danna Urdaneta (**)

El Sindicato Nacional Memoria Viva de Trabajadores de la Seguridad y la Protección del Pueblo es un sindicato de escoltas de la Unidad Nacional de Protección de Colombia. Fue fundado en diciembre de 2017 con 345 integrantes y es producto de los Acuerdos de Paz de La Habana entre la antigua insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano como parte de la implementación de los Acuerdos y la reincorporación de las y los excombatientes.

La historia de vida a continuación es una entre miles que, durante el gobierno del subpresidente Iván Duque, han terminado fuera de su país producto de la guerra. Estas historias no aparecen en los medios corporativos porque evidencian la conflictividad social y la negación del derecho a la participación política de la oposición en Colombia. El desplazamiento colombiano es también una pandemia silenciosa que se pretende negar para vender falsamente una democracia fundamentada en la muerte del opositor político, en el despojo y en la condena del más humilde. 

Exilio de Cristina Bustillo, una entre miles

Cristina Bustillo Paredes es una costeña de 32 años, profesora de danzas tradicionales, madre, abogada y sindicalista colombiana. En diferentes espacios ha trabajado por la universidad pública y por la salida política al conflicto social y armado: en la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), en el Movimiento Caribe de Artistas por la Paz.

Este 11 de diciembre de 2020 Bustillo anunció su exilio en la videoconferencia “Políticas Carcelarias, DD. HH. y Pandemia: Caso Simón Trinidad” organizada por el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) – Venezuela con participación de Carmelo Suárez del Partido Comunista de los Pueblos de España, Héctor González Baldizón del Partido de los Comunistas de México, Mark Burton del Consejo de Paz de los Estados Unidos y abogado de Simón Trinidad. Esta actividad que contó con la moderación de Gabriel Aguirre, secretario general del COSI.

Posteriormente el 13 de diciembre Bustillo mediante video hizo una exposición más detallada de las amenazas de muerte, hostigamientos y persecución que la condujeron al exilio. Relató que la historia del Sindicato Nacional Memoria Viva ha estado transversalizada por la estigmatización de parte del gobierno, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y algunos miembros del partido FARC rosa. Los señalamientos públicos y abiertos en su contra han llegado al extremo de adjudicarle falsamente la vocería de las FARC-EP Segunda Marquetalia, poniendo así en riesgo su vida y la de sus familiares.

Sindicato Nacional Memoria Viva y Campaña Santrich Libre

El 9 de abril de 2018 Jesús Santrich fue capturado bajo un falso positivo que lo acusaba de narcotráfico y buscaba su extradición. El Sindicato Memoria Viva se incorporó a la Campaña Santrich Libre el mismo año cuando este demostró su inocencia en las altas cortes colombianas más de una vez, pese a lo cual fue recapturado, drogado y torturado por la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). 

A mediados de 2019 el excombatiente Jesús Santrich decide salvar su vida escapando del oximorón llamado “justicia colombiana”. En agosto aparece en el video fundacional de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez y otros mandos de las antiguas FARC-EP que decidieron retornar a la lucha armada ante la ausencia de garantías para el ejercicio de la política así como el riesgo de extradición.

Esta secuencia de hechos vinculados a los montajes contra la paz de Colombia intensificó la persecución contra Bustillo y el sindicato en asambleas públicas, llamadas telefónicas, medios, donde fue señalada de ser la vocera de Jesús Santrich en la UNP y dentro del sindicato. Sin embargo, recientemente los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y otros realizaron un debate de control político a la Fiscalía y allí develaron las pruebas que demuestran por enésima vez que Jesús Santrich siempre fue inocente y que todo consistió en un entramado diabólico del exfiscal Néstor Humberto Martínez para liquidar por completo toda posibilidad de paz con justicia social en el vecino país.

Timochenko y el falso positivo contra afiliados del sindicato

En este contexto de satanización a inicio de 2020 se dio el falso positivo contra dos de los afiliados al sindicato: Gerson Morales y Carlos Ricaurte fueron señalados por la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia de haber sido autores de un atentado contra Rodrigo Londoño “Timochenko”. Este personaje vergonzosamente respaldó la versión de la policía y agradeció públicamente al Estado el haberle salvado la vida, convirtiéndose así en cómplice del falso positivo.

Con este montaje se intentó ocultar las torturas y muerte a las que fueron sometidos los afiliados ya que la versión oficial desde el inicio consistía en que ambos habían caído en un enfrentamiento donde las autoridades frustraron el atentado. Al conocer esta versión oficial respaldada desde el inicio por Timochenko, los familiares de las víctimas decidieron publicar las fotografías de los cuerpos que ya estaban en estado de descomposición avanzado, pero, uno más que otro. Este detalle advertía signos de inconsistencia en el relato oficial que afirmaba que ambos habían muerto en el mismo tiempo, modo y lugar. Vale destacar que, para vergüenza de muchos, la evidencia de las fotografías de los cuerpos con signos de torturas obligó a más de uno a retractarse de las revictimizaciones que ya habían cobrado la vida de estos dos afiliados al Sindicato Nacional Memoria Viva.

La abogada Cristina Bustillo fue portavoz de la denuncia de este falso positivo, lo cual le ganó más señalamientos. El pasado 16 de marzo de 2020 la Asamblea Nacional Ordinaria “Gerson Morales” del Sindicato Nacional Memoria Viva se hizo en homenaje al afiliado torturado y asesinado. En esta asamblea ganó la autonomía sindical y Bustillo fue nuevamente elegida en su junta directiva. Desde el primer día de la elección recibieron amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia [1], por lo cual interpusieron tutelas y solicitaron medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

En medio de este caudal de amenazas y hostigamiento por parte del Estado, los paramilitares y señalamientos por parte de integrantes de FARC rosa, Bustillo denuncia que ha sido amenazada de muerte, perseguida, hostigada, y que la junta recibió la información de la existencia de un listado de inteligencia con nombres de personas que son señaladas de ser infiltrados de las FARC-EP Segunda Marquetalia en el sindicato. No obstante, la sindicalista confirmó por distintas vías que su nombre aparecía en esta lista para ser capturada bajo cualquier montaje judicial y advirtió que el objetivo del Estado es destruir el sindicato.

Persecución a muerte contra el sindicalismo en el conflicto colombiano

En el video realizado por Cristina Bustillo explica que el seguimiento exhaustivo por parte de inteligencia persigue el objetivo de hacerle un montaje judicial que la vincule con Jesús Santrich. Sin embargo, ratifica que a pesar de la estigmatización nunca negará el aprecio y admiración para el intelectual colombiano ya que “dio en su momento todo por la paz y fue víctima de un montaje por parte del Estado colombiano y los gringos para acabar con el Acuerdo, tal como por estos días ha sido develado con argumentos y pruebas suficientes que colocan al exfiscal Néstor Humberto Martínez como uno de los principales artífices de este grave atentado contra la paz de Colombia”.

Cristina Bustillo enfatiza que no dará su brazo a torcer porque es una mujer con dignidad y principios, razones por las cuales luego de un mes de encierro total y de aislamiento producto de la persecución, decidió solicitar asilo político “porque negarse a sí mismo es morir en vida”. “Hace unos días empecé el éxodo y estoy viviendo el dolor del desprendimiento familiar”, afirmó la sindicalista. Manifestó de manera pública que en reunión de la junta en días pasados se tomó la decisión de que dejará de ser la presidenta del sindicato para pasar a ser la vicepresidenta por su actual situación jurídica y política.

Esta es una historia reciente de persecución que está en pleno desarrollo así como muchas otras historias silenciosas de desplazamiento en medio del conflicto social y armado en Colombia. Visibilizar una es visibilizar, en este caso, la lucha sindical, la lucha de los feminismos populares, la lucha de las y los artistas por la paz con justicia social.

[1]  Sindicato Memoria Viva. (2 de octubre de 2020). Denuncia.

(*) Fe de Erratas: Previamente replicamos que Cristina Bustillo hacia parte de la defensa de Jesús Santrich siendo una información falsa, pedimos disculpas por no haber verificado previamente la información.

(**) danna_ediciones: Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) Venezuela @cosi_venezuela

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Por Peoples Dispatch, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, Colombia Informa y Marcha Noticias

Este nuevo panorama se suma al contexto electoral, político y social, ya bastante álgido en varias regiones del continente. En Colombia, por ejemplo, actualmente se están impulsando dos referendos completamente distintos que reflejan la polarización social. Por un lado, está la indignación ante un Gobierno que profundiza las crisis estructurales del país; y por otro lado, se pronuncia un sector afín al Gobierno de Iván Duque, que insiste en medidas cada vez más antidemocráticas.

Los medios de comunicación Brasil de Fato, Marcha Noticias, Peoples Dispatch, Colombia Informa y Resumen Latinoamericano, realizamos una entrevista exclusiva a Antonio García, jefe militar e integrante del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

¿Qué significa el triunfo de Biden en Estados Unidos? ¿Qué representa para América Latina? ¿Cómo se puede leer la crisis de gobernabilidad en Colombia? En esta segunda entrega, García responde a estas preguntas.

¿Cuáles expectativas genera la elección del nuevo presidente de los EEUU?

Es de interés el acontecimiento político, cómo culmina o está culminando, el proceso electoral norteamericano, donde el hombre más poderoso del mundo acusa al otro de que le están robando las elecciones y que le está haciendo fraude. Es ridículo que el presidente con el poder y el manejo que tiene la institucionalidad, esté diciendo que el otro le está robando las elecciones.

Trump es un personaje que ha gobernado sobre la base de la amenaza, del chantaje, pero con la opción de buscar una negociación. Como se dice, es una técnica de negociación: “Yo hablo duro para que el otro se baje un poco.” Manteniendo, desde luego, unos focos de conflicto internacional que se seguían desarrollando por la vía militar a través de la OTAN o de otros aliados. Como el caso de Ucrania, el caso de Siria, el caso de Afganistán y otros donde no fue una guerra frontal y abierta.

En el caso de Biden, el porvenir del Partido Demócrata, se podría pensar que va a ser un gobierno democrático. Pero no es así. Con Trump todo se salía un poco de lo que era la rigurosidad institucional y la gobernabilidad. Porque era un gobierno que estaba pensado más para gobernar sin la mediación de los partidos políticos. Era la voz de las transnacionales ejerciendo su labor de gobierno. Y por tanto, es el poder económico que está hablando el que dice: “yo no necesito que hable por mí.” Trump tenía esa imagen que quería transmitir en su forma de gobernar, como si estuviese haciendo un reality.

El caso de Biden representa la institucionalidad norteamericana, las políticas internacionales, la política de seguridad, la comunidad de inteligencia. Entonces, vamos a ver a un gobierno más institucional. Por ejemplo, Biden fue uno de los cerebros de las políticas que se impusieron en Colombia, como fue el Plan Colombia y toda la visión contrainsurgente ligada en ese plan.

De igual manera podemos decir: varias personalidades políticas, movimientos políticos decían que Obama era un personaje democrático y se hicieron esa esperanza de que podían haber cambios sustanciales. Pero detrás de ese mensaje de paz, detrás de ese mensaje de democracia, se impulsaron confrontaciones militares abiertas; a pesar de su mensaje de paz, de su premio de paz, desarrolló confrontaciones militares en todo el mundo.

Entonces, ante este gobierno de Biden, pues vamos a ver algo parecido. O sea, las políticas institucionales del imperio norteamericano con toda la institucionalidad. No mandando solamente mensajes para presionar negociaciones, sino de pronto desarrollando y siendo actores de escenarios militares mucho más confrontativos.

La política norteamericana es una política institucional de un imperio que va en decadencia y que, por lo tanto, trata de coordinar el ritmo de decadencia, trata de frenar la caída de su poderío económico y militar, que hoy se ha confrontado por los nuevos desarrollos de fuerzas sociales y políticas, al igual que económicas como China, Rusia y otros países que también juegan en la escena en coaliciones políticas, en una óptica multilateral.

¿Qué opina de los 2 referéndum que se están impulsado en Colombia?

Hay dos referéndums: uno que plantea el senador Roy Barreras que es un referéndum para buscar la revocatoria del presidente Duque, pues el mandato de Duque no ha sido nada bueno, nada saludable para para el país y por lo tanto hay que revocarlo. Y eso viene generando unas dinámicas de movimiento social y político, de fuerzas que convergen a apoyar ese referendo. Como el caso de senador Petro, que ha planteado unas banderas también ahí y unas propuestas que tienen que ligarse al referéndum, como la renta básica y otras iniciativas que pueden ser interesantes. Al igual que otros movimientos sociales y políticos que van a confluir. O sea, se genera un escenario de convergencia política que busca actuar contra un gobierno de derecha que no ha gobernado, o bien que no tiene soluciones para los problemas del país.

Entonces es interesante para el país que se pueda evaluar un presidente, que la gente cuestione cuando falla un gobierno y que haya posibilidades de que otros gobiernen mejor. Muy seguramente ese referéndum va a tomar camino y ojalá que eso prospere.

El otro referéndum lo ha convocado Álvaro Uribe Vélez, y está más en función de modificar la justicia. Buscar que haya una sola corte para la justicia colombiana. Es decir, unificar las cortes.  Buscar mayor centralización del poder político en el Ejecutivo. Que todos sabemos que son propuestas que buscan un escenario dictatorial para crecer más desde la élite de derecha el gobierno en Colombia.

Entonces estamos ante dos propuestas: una de derecha y otra más de corte democrático que cuenta más con las esperanzas y que posiblemente puede inducir a un escenario de convergencia que busque soluciones para Colombia.

*Esta entrevista tendrá cuatro entregas. Esta es la segunda de ellas.

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