Por Pablo Nolasco Flores | Revista Acción

Hemos transitado los primeros siete meses del experimento libertario-liberal de Javier Milei. En este lapso de tiempo el gobierno logró la continuidad de los superávit fiscal y comercial con una baja de la inflación, a pesar de que en el último mes pegó un pequeño salto. Por supuesto que esto se dio en el marco de un ajuste donde las y los trabajadores así como las y los jubilados fueron el principal sostén material de esos números: pérdida del poder adquisitivo producto de la devaluación de diciembre, licuación de gastos, jubilaciones y salarios, descenso del consumo, depresión económica y despidos.

También, el gobierno se anotó una victoria política con la aprobación de la Ley de Bases. El desenlace del debate y las votaciones demostraron que un amplio sector de la clase política acordaba con una modificación en el régimen de regulación de la acumulación capitalista en Argentina. En criollo, un nuevo marco legal para que los capitalistas encuentren negocios rentables en nuestro país.

En este panorama, el gobierno convocó a “la casta política” para celebrar el pacto de mayo, el 9 de julio en la vieja Casa de Tucumán, con la idea de refundar el país en base a diez puntos donde priman elementos que apuntan al beneficio de los capitalistas y escasean asuntos que propongan el bienestar social o la mejora de la calidad de vida de las personas .

Sin embargo, una semana después del trámite, el dólar paralelo comenzó a subir producto de una corrida contra el peso. En estos siete meses, a pesar de que los números parecen cerrar y los acuerdos políticos comenzaron a asomarse, el sector financiero se desprende de los pesos en busca de dólares que escasean ¿Por qué el poder económico todavía no confía en Milei?

Más que un pacto, un panfleto pro burgués

El Pacto de mayo fue presentado como un nuevo contrato social que establece diez principios del nuevo orden económico argentino. En términos generales, tales principios van desde la defensa irrestricta de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, reforma tributaria, laboral, previsional, la explotación de los recursos naturales de la provincias y la apertura comercial. El único elemento que se corre de lo estrictamente económico es el vinculado a la educación. “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar” sostiene el cuarto punto. Una idea sin sentido, ambigua y basada en el sentido común.

Un pacto es un acuerdo entre partes. El contenido del mismo debería ser elemento de discusiones, debates y acuerdos. Sin embargo, no hay ni pacto ni debate sobre el contenido. No obstante, al hacer un recorrido sobre los puntos, podemos encontrar una defensa a los negocios capitalistas y una apología al ajuste de nuestras vidas. En Argentina si hay algo que está protegida es la propiedad privada. Lo garantiza la constitución. Del mismo modo, tanto el equilibrio fiscal como la reducción del gasto público implicaría menos dinero para educación y salud. En relación a la reforma tributaria, laboral y previsional apunta a que los capitalistas paguen menos impuestos, los trabajadores se empleen en peores condiciones laborales y alarguen su actividad laboral para que el estado pague menos jubilaciones.

Por último, la explotación de los recursos naturales combinada con la apertura comercial profundizará la matriz productiva extractivista de nuestro país, garantizando ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y pobreza con altos niveles de impacto ambiental. En definitiva, más que un pacto, se trata de una serie de principios panfletarios que le soban el lomo a los explotadores. Prendiendo fuego los libros: cuando los héroes pasan a ser desestabilizadores.

En el discurso que Milei dio en el Foro “Llao Llao” en el mes de abril reivindicó a los empresarios que fugan dólares para escapar de las garras del Estado. Fiel a su doctrina anarcocapitalista, los calificó como héroes. En otro pasaje de ese mismo discurso, poniéndose el traje de economista, dijo que recomendaba comprar divisas estadounidenses: “Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles” (1).

Sin embargo, esos héroes comenzaron a ser cuestionados durante estas semanas, justamente, producto de su accionar capitalista que no es otra cosa más que proteger sus ganancias. La escalada del dólar blue se explica por la falta de solidez del programa económico de Milei que genere confianza en el mercado financiero. Los dueños del dinero son quienes deciden si lo ponen o lo sacan del circuito de la economía. Uno de los principales instrumentos que tiene el estado para incorporar capital es mediante la emisión de deuda, ya sea por el Banco Central o por medio del Tesoro. Emitir deuda implica pagar intereses. El Banco Central los paga con emisión monetaria y el Tesoro con superávit fiscal. En el marco del pasaje de deuda del Banco Central al Tesoro, el Banco Macro se desprendió de ella y se dolarizó en el mercado paralelo, llevando el precio del blue hasta 1500 pesos. Milei los acusó de saboteadores. Rothbard se hubiera sentido defraudado.

Es evidente que la sostenibilidad de este gobierno pasa por resolver la crisis económica. Si bien en los discursos, todo el arco de la burguesía, tanto nacional como extranjera, lo apoyan, todavía no ponen la plata, no invierten. La corrida contra el peso es una muestra de desconfianza hacia un gobierno que prometió dolarización y ahora defiende con uña y dientes el cepo que impide a los capitalistas la libertad de acceso a los dólares. Lo que está en juego es una nueva devaluación y la salida del cepo. De esa manera, es muy probable que aparezcan los dólares. Pero eso traería como resultado una nueva escalada inflacionaria que afectaría, una vez más, a quienes vienen sosteniendo el ajuste sobre sus cuerpos.

El humor social: ¿hasta cuándo?

En una situación como ésta se nos hace cada vez más difícil poder comprender los hechos venideros. Por más que veamos las encuestas, las redes y hasta los centros de consumo, se nos dificulta encontrar las razones por las cuáles la gente puede llegar a tolerar un ajuste permanente. Hay algo que no podemos saber, que no podemos percibir. Sin embargo, cuando hay algo que cuesta comprender, es porque pueden surgir espontaneidades. Una crisis económica no es suficiente para que las sociedades impugnen un gobierno o un régimen.

Pero, si de algo estamos seguros, es que si un gobierno no le mejora la calidad de vida a las personas y eso se combina con una crisis política, las cosas pueden terminar mal. El principal discurso de campaña de Milei fue frenar la inflación. Y hay que decirlo: lo está cumpliendo. Milei no prometió trabajo, no prometió ni asado ni globos. Milei prometió sacrificios. Entonces el efecto subjetivo es otro. La gente todavía tiene fe y esperanza (2). Viene arrastrando años de experiencias de gobiernos que prometen algo y no solo que no lo cumplieron, sino que hicieron lo contrario. El debate está en el tiempo que ese sector social, que aparentemente es mayoritario, tarda de que su fe y esperanza se vuelva realidad o una nueva frustración.

(1) 1 Javier Milei definió como “héroes” a las personas que fugaron dólares: “Escaparon de las garras del
Estado”. Nota del Diario La Nación del sábado 20 de abril del 2024.

(2) “Pulso”. Nota de Demian Verduga en el Diario Tiempo Argentino del domingo 20 de julio de 2024.

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Por  Pablo Nolasco Flores

La libertad de pagar bajos salarios

La doctrina económica del gobierno de Javier Milei sostiene que todos los precios de la economía deben manejarse con libertad, es decir, por oferta y demanda. Todo el dispositivo de desregulación de la economía que viene sosteniendo el gobierno se apoya en esa premisa y se puede sentir en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras al ir al supermercado, pagar los servicios, utilizar el transporte o pagar una prepaga. 

Casi todos los precios de la economía aumentaron. Casi todos, excepto los salarios. Porque lo que olvidan los dogmáticos libertarios es que el salario es otro de los tantos precios de la economía. Pero, como explicó Karl Marx, hace más de 150 años, el salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo. Y esta mercancía tiene la particularidad de poder producir otras mercancías, por lo tanto, pagarla barato es una de las necesidades del sistema capitalista para su supervivencia.

Techos salariales para que cierren los números

En una entrevista a un medio afín al gobierno, Milei sostuvo la idea de que ningún político puede determinar un precio a mano. En ese sentido, él mismo se preguntó: “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores y los empleadores?” Su pregunta retórica de nuevo se basaba en el dogma liberal. Sin embargo, el actual accionar del gobierno entra en contradicción con esa idea. 

Hace unas semanas, Luis Caputo, ministro de economía, sostuvo que la secretaría de trabajo no iba a homologar las paritarias que se cierren entre empresarios y trabajadores por encima de la expectativa de la inflación. Esto quiere decir que el Estado iba a intervenir en el precio de la fuerza de trabajo que se define por medio de paritarias libres bajo el fundamento de que eso podría disparar la inflación. Keynesianismo a la inversa.

El festejado superávit fiscal y la leve desaceleración de la inflación en estos dos meses son presentados como números en una hoja de Excel. Sin embargo, detrás de los números hay personas que sufren las penurias de una obsesión técnica. Es fácil lograr que cierren los números si se evita gastar. Pero, no hacerlo implica no satisfacer necesidades. Una familia puede no gastar en alimentos, en los servicios, en el transporte. De seguro que a fin de mes le va a sobrar plata, pero a costa de no cubrir sus necesidades. No obstante, una familia no funciona como la economía de un país. En un país, en lugar de achicar gastos para que cierren los números se pueden ampliar los ingresos por medio de impuestos progresivos (el que más tiene, más paga, como sostenía Adam Smith, el fundador del Liberalismo Económico). El mismo ejercicio puede hacerse con la inflación, su ralentización obedece a la simple cuestión de que las personas están consumiendo menos.  

Dogmas y doctrinas para justificar el ajuste

Uno de los principales problemas que tiene el dogma libertario es sostener que la economía de un país se resuelve por medio de un asiento contable. Es decir, los números tienen que cerrar, estar en equilibrio. Esto no sería un problema si solo se tratara de cuentas. Pero quienes sostienen la economía de un país son personas y la mayor parte de estas son vendedoras de fuerza de trabajo. El “no hay plata” justifica la idea de escasez. Naturaliza que no alcanza para todos. Por eso hay que ajustar y ponerle techo a los salarios. Sin embargo, esa realidad que se intenta hacer pasar como natural se choca con otra que es el enriquecimiento de unos pocos. En el último año la casta económica ha logrado exorbitantes aumentos en sus patrimonios. Solo por nombrar algunos casos,Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, aumentó su fortuna un 28% y se la calcula en unos 6300 millones de dólares, Paolo Rocca, duplicó “la suya”, ascendiendo a 5600 millones de dólares,  y Marcos Bulgheroni triplicó su fortuna, cuyo valor escala los 4900 millones de dólares.

Fundamentar el ajuste bajo los preceptos de la escasez no es una idea novedosa. Forma parte de los fundamentalismos liberales que sueñan con una sociedad sin clases, sin conflictos y luchas por intereses que siempre son contrapuestos. Pero las contradicciones capitalistas hace que el ajuste pueda encontrar límites objetivos y subjetivos. Los primeros están dados por el sostenimiento de la vida material. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en luchas ya que hay elementos subjetivos que pueden funcionar como retardantes en procesos de lucha. Pero, ¿qué tan gruesa es la línea que separa lo objetivo de lo subjetivo en el marco de este ajuste?   

¿Una epidemia de huelgas pidiendo aumentos de salarios?

El sostenimiento en el tiempo del superávit fiscal a fuerza de recortes que impiden el normal funcionamiento de instituciones claves de la sociedad y la desaceleración de la inflación por medio de una baja en el consumo necesita que los trabajadores y trabajadoras no luchen contra el empeoramiento de su vida material. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es el límite social de las cuentas equilibradas a fuerza de un ajuste?

La necesidad que tiene el gobierno de que le cierren los números por medio del ajuste se puede chocar con una realidad objetiva: el conflicto social a partir de pedidos de aumento salarial. La forma que tenemos los trabajadores organizados de manifestar nuestro descontento es por medio de las huelgas. En estas semanas se llevó a cabo un paro en el servicio de transporte de colectivos en el AMBA que se sintió en la calle. De la misma manera se vienen desarrollando los conflictos por el cierre de Télam, los despidos en los organismos estatales, los paros nacionales de docentes producto del ajuste en educación y en otras actividades económicas como en metalúrgicos, docentes universitarios y en algunas empresas de alimentación. En este marco, la CGT convocó al segundo paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, pero con varios días de anticipación. En una de esas el gobierno habilita canales de diálogo. 

¿Será que la línea que separa las condiciones objetivas y subjetivas se está acortando? ¿Estaremos entrando en un proceso de conflictividad ascendente? ¿Qué sucederá cuando los comunes forcejeos de la economía política pongan en tensión las celebradas cuentas del gobierno?

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Desde finales de 2021, se viene hablando en Venezuela de un proceso de recuperación o crecimiento económico, cuyas manifestaciones más evidentes han sido la desaceleración del proceso inflacionario, que afectaba la economía desde hace por lo menos 6 años, y una marcada reactivación del sector industrial en términos reales, apalancada por un proceso ampliado de exportaciones.

Definir con claridad las dimensiones reales de este proceso de recuperación resulta muy difícil desde el punto de vista estadístico, debido a la escasez de información oficial respecto, referida, por el ejemplo, al crecimiento del Producto Interno Bruto o a los índices de reactivación industrial. Ni que decir de la ausencia de mediciones creíbles en torno al nivel de consumo o la distribución del ingreso. Lo poco que se conoce sobre algunos de estos datos se encuentran desglosados de forma dispersa en informes de gremios empresariales, instituciones académicas u organizaciones internacionales. 

Cabe señalar en este punto la meritoria y apremiante necesidad de una clarificación oficial de estos datos, porque si se pretende reactivar la economía, la información es clave para los actores que empujan el proceso. Elementos dinámicos del circuito económico, como la inversión o las ampliaciones comerciales carecen en gran medida de cartillas de rutas y literalmente se desarrollan a ciegas, generando costos adicionales o pérdidas evitables. 

Sin embargo, dejando esto último a un lado, a partir de los datos que tenemos es posible aventurarse a dar una respuesta provisional a la pregunta ¿estamos en un proceso de reactivación y crecimiento económico?    

La respuesta rápida, inmediata y provisoria es un “si”. Pero la respuesta incómoda, reposada y sosegada tiene matices: el crecimiento es lento, precario y definitivamente desigual, pero la respuesta sigue siendo un “si”. Trataremos de sostener y argumentar ambas respuestas a partir de la información de que disponemos.

Algunas aclaratorias

Antes de continuar, es necesario aclarar dos cosas; como economista puedo afirmar con total certeza que decir “la economía venezolana está creciendo” no es sinónimo de exclamar “la economía venezolana está mejorando”. Una economía puede crecer sin que eso signifique mejoras reales en el corto plazo para un grupo amplio de la sociedad. En la última década, Chile y Perú han sido dos de los países que más han crecido en Sur América en términos reales y sostenidos; sin embargo, la precarización de los sectores sociales más amplios han llevado a una inestabilidad permanente en lo político, por ende el crecimiento de una economía puede ser desigual y, por lo tanto, no integral ni incluyente. 

“una economía puede crecer sin que eso signifique mejoras reales en el corto plazo para un grupo amplio de la sociedad”

Lo segundo es que en términos pragmáticos la receta más estandarizada para fomentar un crecimiento acelerado de la economía es la tríada apertura comercial – flexibilización tributaria – precarización laboral. Esta tríada constituye la guía de la llamada “teoría de la oferta”, cuyo factor dominante en los procesos de recuperación económica es el factor empresarial o el capital patronal, convirtiendo al capital en el alfa y el omega del proceso social de producción, quedando la política, por ejemplo, subordinada a esta última y convirtiéndola de un espacio colectivo de resolución de los conflictos sociales, a un espacio de pacificación y contención de los conflictos de clase, actuando únicamente bajo el dominio del gran capital. En este sentido una política económica termina convirtiéndose en una herramienta de poder y en una muestra evidente de la dominación de una clase por parte de otra.  

Datos

Las fuentes que utilizaremos para este análisis serán: las series estadísticas dispuestas en la página del Banco Central de Venezuela (BCV); los datos suministrados por el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales; la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de I, II y III Trimestre del  2021, publicada por la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA); el Informe de Coyuntura Venezuela-Febrero 2022 del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello; y los resúmenes económicos realizados por Tatuy Tv.

Entre los indicadores macroeconómicos más resaltantes que podemos señalar y rastrear entre el 2021 y el 2022 sobresalen, por un lado, la ralentización en la variación intermensual de precios, pasando de 7,1% en septiembre del año pasado a 2,9% en febrero de este año. También la valoración del bolívar frente al dólar en el tipo de cambio oficial del (BCV) pasando de 4,59 bolívares por dólar a comienzos de enero de este año, a 4,41 Bs por dólar para el 6 de abril del 2022, una variación del 3.89% favorable a la moneda nacional, siendo la primera vez que este fenómeno ocurre desde que existe el mercado flotante.

Según CONINDUSTRIA, en el sector industrial la ocupación de la capacidad instalada aumentó de 19% a inicios del 2021 a 23% en el tercer trimestre de este año y un 71% de las empresas estudiadas por la misma fuente consideran que la situación económica fue mejor que la del 2020. El 74% considera que el 2022 será aún más rentable y beneficioso. En cuanto a las ventas, la mayoría de las empresas grandes y medianas consultadas reconocieron un aumento en las ventas durante el año y consideran que esta tendencia se mantendrá a partir de las dinámicas y pedidos ya verificados para el 2022.

En cuanto a las remuneraciones, para finales de 2021 se verificó que dentro del sector privado industrial el promedio salarial para un obrero no calificado rondaba los 124$ y para el calificado 253$, lo que representa un aumento del 60% y del 47% respectivamente con respecto a finales del 2020. Por su parte, el sector público recientemente tuvo un aumento salarial cercano al 1700%, pasando de 7 bolívares a 130 bolívares, llegando a 175 Bs con los bonos de alimentación.

Sobre la capacidad de ahorro, desde la promulgación del Convenio Cambiario N° 1 publicado en la Gaceta Oficial 6.405 del 07 de septiembre de 2018, hasta enero de este año, se contabilizaban más de 2.4 millones de cuentas en divisas, según lo reconocía el presidente Nicolás Maduro, con fondos cercanos a 740 millones de dólares, según cálculos de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Al mismo tiempo se estima que al margen de estos 740 millones existirían 1.650 millones más que no se encuentran depositados dentro de la banca, según cálculos de Diego Ricol, Presidente de Banplus. Esto estaría justificado por la remesa transferida desde el exterior a Venezuela, que según el Informe de Coyuntura Venezuela-Febrero 2022 de la Universidad Católica Andrés Bello rondaría los 2700 millones de dólares.

Sobre los márgenes de crédito, a comienzos de febrero de este año, el encaje legal tuvo una reducción de 12% llevándose del 85% del neto depositado al 73%, lo cual ha generado un movimiento real en la liquidez monetaria pública de más del 31% pasando de 4.252.275 Bs a principios de febrero a 5.602.155 a finales de marzo de este año, versus el 13% que había crecido de comienzos de enero a principios de febrero; verifican esto último por la inyección de créditos en la economía.

Otro elemento importante y que impacta poderosamente sobre nuestra economía es la producción petrolera. Al respecto, el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales señala un crecimiento del 132% en la producción de crudo, incrementándose de 339 mil barriles diarios a comienzos de julio del año 2020 a 788 mil barriles diarios a comienzos de febrero del presente año. Si bien su comercialización se ve afectada por las medidas coercitivas, genera un margen de maniobra para el gobierno venezolano en materia de ingresos.

En cuanto al comercio exterior, el aumento de las exportaciones no petroleras ni auríferas creció más de un 24%, alcanzando en 2021 el monto de 1800 millones de dólares frente a 1450 millones de dólares en 2020. En su conjunto, el sector de comercio internacional creció este 2021 un 78.3% con respecto al 2020, según reseña el informe de Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe en su edición 2022, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según lo descrito de forma rápida, es coherente afirmar que la economía se está recuperando e incluso creciendo. Sin embargo, a continuación viene la respuesta larga que debe efectuarse profundizando más en estos datos y estudiándolos críticamente.

¿Por qué estamos mal, pero vamos bien, aunque probablemente seguiremos mal?   

Según un análisis en torno al proceso de control e inyecciones cambiarias, hecho por Tatuy Tv, se evidencia que a pesar de las constantes intervenciones ejecutadas por el BCV en las mesas de cambio nacional -que equivalen a más de 850 millones de dólares hasta la fecha- la variación en los precios es por lo menos 30% mayor que lo señalado por el BCV. Además de confirmar que existe formalmente una inflación en dólares superior a la desarrollada en bolívares.

Cabría también señalar que la ralentización en el aumento de los precios pareciera ser causada más por una contracción severa del consumo que por las medidas monetarias del BCV. Según el informe ya citado de CONINDUSTRIA la principal dificultad que afrontan las empresas industriales en Venezuela es el bajo nivel de ventas, limitación que está incluso por encima de la necesidad de financiamiento.

 “cabría también señalar que la ralentización en el aumento de los precios pareciera ser causada más por una contracción severa del consumo que por las medidas monetarias del bcv”

Esto verifica un hecho conocido por todos en Venezuela; el principal problema sigue siendo la remuneración, demasiado baja para organizar y consolidar un mercado interno, como bien señaló a mediados de 2021 Carlos Hernández, el actual presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS): 

“El problema económico más importante del país, y para el que no tenemos respuesta porque no la hay, es el ingreso de los venezolanos (…) 70 dólares al mes. Si los precios nuestros son todos internacionales, aquí vale cualquier cosa lo mismo que vale afuera. Pero eso tampoco es culpa de la empresa”. 

Es obvio que el empresario no tiene la respuesta al problema, dado que la respuesta sería un cuestionamiento inmediato a su tasa de beneficio. Cerrado el inciso, es meritorio remarcar que a pesar de que para el día de hoy los obreros no ganan 70$, sino 124$, el problema sigue siendo el mismo: la relación sueldo/precio en el mercado abierto. Hoy cada trabajador debe entregar más unidades de trabajo para obtener la misma o menos unidades de mercancías que en la mayoría de los mercados mundiales; esto pulveriza la capacidad de ahorro y consumo y además genera enormes brechas de desigualdad. 

Sobre lo anterior vale la pena traer a colación el citado Informe de la Universidad Católica Andrés Bello, el cual describe la distribución por quintiles del ingreso per cápita. En el 12% de los hogares más ricos se concentra casi el 70% del ingreso nacional, mientras que en el 60% de los hogares de ingresos más bajos se distribuye solamente el 20%. 

Esta tendencia también se refleja en las propias relaciones entre empresas en el mercado. Según la ya referenciada encuesta de CONINDUSTRIA, mientras que en las empresas grandes y medianas las inversiones del año 2021 fueron mayores que las del año 2020, el 50% de las empresas pequeñas confesaron haber desarrollado inversiones menores a las de 2020. A su vez, un 40% de las mismas empresas señaló no poder realizar inversiones en el 2022, lo cual evidencia una tendencia general a la concentración de capital por parte de las empresas grandes y un ecosistema económico promotor de monopolios.

Profundizando en el tema del aumento de la capacidad instalada, se refleja que el sector que logró mayor ampliación en el uso de sus instalaciones fue el correspondiente a alimentos, bebidas y tabacos. Incluso por encima del promedio, con un 31%, este es el sector donde se concentran las empresas más grandes, en contraposición al sector de manufacturas y repuestos, donde se concentran la mayoría de las empresas pequeñas; en total se contrajo el uso de su capacidad instalada de un 15% a un 10%. Esto refuerza la hipótesis antes planteada y pone en evidencia un problema fundamental por debajo de los datos.

Sobre el tema del petróleo, cabe recalcar que toda la economía necesita del aumento de su producción y comercialización, pero esto tiene ante sí muchos más desafíos que no se pueden limitar a las repercusiones del bloqueo y las sanciones. Para entender con mayor detalle lo que señalo me remito este artículo realizado por Tatuy Tv.

Como ya dije, la recuperación existe, pero es precaria, desigual, no se da en todos los sectores y es potencialmente nociva a partir de la tendencia monopolista que se impone, ante la cual no parece existir ninguna contra-tendencia. 

¿Qué puede decir un marxista?

Los que hayan llegado al tercer tomo del Capital recordarán la generosa advertencia de Marx con respecto a las crisis económicas, a saber: suceden cuando las condiciones de explotación establecidas excluyen la posibilidad de una ulterior expansión del capital con beneficio. Es allí donde se abre la crisis. Esto viene sucediendo en Venezuela por lo menos desde los años 80 del siglo pasado, como resultado de la capitalización interior y exterior de la renta petrolera, tanto por los bajos precios a nivel internacional como por la reducción de su presencia en los subsidios internos al sector privado.

Ante esto, como también lo señala Marx, históricamente el sector empresarial venezolano ha actuado elevando el grado de explotación, es decir, disponiendo de más horas de trabajo por menos unidades de mercancía, reduciendo el salario incluso por debajo de su valor definido. A saber, pagando solo una fracción del porcentaje que incluye dentro de la estructura de costos de su mercancía al obrero que las realiza, reduciendo sus tasas de inversión y con esto forzando la reducción en el costo de capital constante adquiriendo a sus competidores.    

En tal sentido, las crisis económicas simplemente son espacios en los cuales los capitalistas luchan por romper las barreras que se levantan frente a la obtención, de cada vez mayores tasas de beneficio para sus capitales. Por esto, es erróneo asumir que la guerra económica es un hecho coyuntural, como piensan algunos, o que la lucha de clases se puede normalizar o apaciguar, como piensan otros. La crisis económica es una herramienta del capitalista en cuanto clase, no un hecho fortuito como piensan los tecnócratas, y poco tiene que ver con la liquidez monetaria o con los capitales orgánicos o inorgánicos.

“es erróneo asumir que la guerra económica es un hecho coyuntural, como piensan algunos, o que la lucha de clases se puede normalizar o apaciguar, como piensan otros”

Incluso el bloqueo y las sanciones estadounidenses y europeas son una retaliación de clase por el riesgo que representa la política petrolera venezolana para los beneficios de la clase capitalista de estas regiones en el resto del mundo.     

La reducción de la inflación, el aumento de la inversión y la exportación privada, su mayor participación en el sector petrolero e incluso la mejor remuneración de sus trabajadores, solo tiene una causal: obtener mayores beneficios para la burguesía.

Desde julio de 2021 a la fecha se han desarrollado 42 reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva, instancia en las cuales prácticamente se proponen las políticas económicas del país, compuestos por los principales gremios empresariales y funcionarios ministeriales del área económica del gobierno. En ellas se ha propuesto la exoneración de impuestos, ayudas arancelarias y jugosos financiamientos. Si de algo ha servido esta instancia es para mejorar los beneficios del sector empresarial, como queda demostrado en los datos de la “recuperación”.

Se sabe que los porcentajes de la Renta Aduanera y de las Otras Rentas Internas han bajado su participación en 2021, con respecto a la de 2020, según el Informe de la Universidad Católica Andrés Bello, y es muy probable que esta tendencia se mantenga e incluso se acreciente en el presente año, lo cual muestra una intención tributaria regresiva en el gobierno, reforzando aún más las tendencias económicas de desigual concentración de capital y el surgimiento de monopolios.

Como ha mencionado Carlos Hernández, “el acercamiento es un medio. El objetivo es muy superior, es la integridad de la Nación”. Hoy vivimos una revolución restauradora desde el seno de la burguesía, que busca retornar la tasa de beneficio en contra del interés de la clase trabajadora, proceso que por acción u omisión encuentra aliados en los recovecos del Estado.

Si pretendemos que la recuperación sea auténticamente real y el crecimiento impacte efectivamente en la vida de todos y todas, la única forma de hacerlo será mediante la acción política de la lucha de clases, la politización de la producción y su distribución. En pocas palabras: de la democratización de la economía. Es decir, será volviendo a Chávez.

(*) Publicado originalmente en Alai.Net

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Por Agostina Costantino

El martes de la semana pasada, el INDEC anunció que la inflación de marzo había sido del 4.7%, lo cual da un acumulado de 11.8% en lo que va de 2019 y un 54.7% interanual (un valor que no se alcanzaba desde 1992). Este número es bastante más alto del que esperaba el gobierno, quien, acorralado por la cercanía de las elecciones, se vio obligado a “hacer algo”.

En este sentido, el miércoles de la semana pasada se realizaron dos anuncios: el primero tiene que ver con un plan de congelamiento de precios, que tiene sus particularidades respecto al plan de Precios Cuidados porque éste se refiere a una canasta de bienes seleccionados cuyo precio tiene un descuento respecto a los precios de “mercado”, pero no es fijo ni está congelado, aumenta en línea con el resto de los productos pero con un descuento. La relevancia de este detalle es que, como el congelamiento se anunció antes de la publicación de la lista de precios, los supermercados aprovecharon para remarcar todos los productos antes de que el programa entre en marcha.

Algunos comentarios respecto a las características de este acuerdo (más allá de todo lo que ya se ha analizado respecto de la cobertura, el alcance y la capacidad de supervisión de la medida). Respecto a los productos incluidos en la canasta, se tratan básicamente de carbohidratos, grasas, azucares y algunos lácteos. No se incluyen proteínas vegetales (como legumbres), ni verduras y frutas. ¿Qué nos dice la composición de esta canasta?

En primer lugar, que está en línea con el tipo de política social que viene implementando el gobierno desde que asumió. A simple vista no lo parece, pero no está contradicción con lo que ya viene haciendo. Desde que asumió, y sobre todo, desde que comenzaron las políticas de austeridad intensificadas cuando volvimos al FMI, el gobierno siempre mantuvo un cierto nivel de gasto social sobre la población más pobre.

Éste es el prototipo de políticas sociales del neoliberalismo: el paliativo para la población más pobre, después del palazo que implica el conjunto de políticas económicas y productivas de ajuste. Y, además, como también hay una visión ideológica respecto de los pobres en el gobierno, la canasta confeccionada es de una calidad nutricional muy dudosa que refleja cuán “importantes” son para el gobierno estas personas.

La semana pasada, el mismo INDEC publicó los resultados preliminares de una encuesta que se llama “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, que se realizó anteriormente en 2005, 2009, 2013 y 2018. Los resultados de 2018 muestran un aumento de la población con exceso de peso (el 62% vs el 58% en 2013). Si bien los resultados preliminares aun no muestran datos de desnutrición, no es insensato pensar, sin ser nutricionista, que el aumento de la pobreza en estos años tuvo algún efecto en la cantidad de personas desnutridas. Y, aunque pueda resultar una paradoja, la combinación de desnutrición con obesidad es típica de los países más pobres y es la característica de buena parte de la población infantil de América Latina en los últimos años.

La escasez de alimentos saludables en sectores económicamente rezagados, la disponibilidad y el acceso fácil a alimentos altos en grasas y azúcares, así como el bajo precio de alimentos ultra procesados, en oposición al alto precio de los alimentos más saludables, configuran entornos que favorecen la mala alimentación. Claramente, la canasta de precios congelados no colabora con este panorama.

El segundo de los anuncios que se realizaron el miércoles tiene que ver con el tipo de cambio y también está relacionado con el nivel sorpresivamente (para el gobierno) alto de la inflación. Hasta ahora, desde el año pasado, el esquema cambiario era lo que se conoce como “bandas cambiarias”. Esto significa que el Banco Central (BCRA) establecía un mínimo y un máximo valor del dólar dentro del cual el Banco no intervenía ni comprando ni vendiendo dólares. Esas bandas se irían modificando hacia arriba, en función de la inflación, de modo que habría una devaluación programada hasta fin de año.

El anuncio de la semana pasada es que esa banda se “suspende” hasta fin de año: en síntesis, de acá a junio se elimina el piso y de acá a diciembre se fija el techo en $51.45. Esto quiere decir que, de acá a junio, que es cuando entran los dólares por las liquidaciones de exportaciones y dado que las tasas de interés están altas, los inversores pueden comprar bonos o letras en pesos porque tienen la garantía de que incluso podrían llegar a recomprar dólares antes de junio por menos de $40.

Esta medida está en línea con la política de contracción monetaria que se viene aplicando (y que ya mostró su ineficacia para bajar la inflación). En relación al techo, el BCRA puede vender hasta 150 millones de U$S por día para mantener el peso en $51.45. El problema de esta señal es que si los inversores saben que existe ese tope en el presupuesto del Banco Central, ¿por qué no especularían con agotar ese tope diario hasta forzar la devaluación?

Todas estas medidas parecen manotazos de ahogado que está haciendo el gobierno. En sí mismas, las medidas anteriores no son ni buenas ni malas, ni eficaces o no. Todo depende del contexto general en el que se apliquen y de la credibilidad que tenga el gobierno en lo que está haciendo.

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Con movilizaciones y ruidazos se expresó la población en distinas ciudades del país contra tarifazos y la inflación más alta de los últimos 27 años.

La inflación no es noticia

El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año.

Para el mes de diciembre los aumentos más fuertes fueron en los rubros Comunicación (7,7%), por subas de telefonía móvil,  y Salud (5,2%), por incrementos autorizados en las cuotas de prepagas y en medicamentos.

Sin embargo para  los diarios La Nación y Clarín esta noticia resultó poco relevante ya que fue volcada en las páginas 14 y 10, respectivamente. El diario Clarín titulaba: “La inflación aflojó en diciembre a 2,6%”.

La Ley de Presupuesto estima para el 2019 una inflación del 23%, pese a lo cual las y los economistas, según el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, esperan que llegue al 28,7%.

Atrás quedó el augurio de las autoridades del Banco Central, que auguraban una inflación de un dígito en 2019, en una conferencia de prensa allá por fines del 2017. Ni hablar que en la campaña de 2015 el presidente Mauricio Macri prometió que la inflación “sería lo más fácil del mundo de resolver”.

Rosario dice Basta de Tarifazos

Una multitud participó en Rosario de la Marcha de las Antorchas contra los aumentos de tarifas. La movilización, convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos de a pie, partió desde la sede de la ANSES,  en La Rioja y Sarmiento, y finalizó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento que advierte que el incremento tarifario forma parte de “un brutal ajuste que no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas”.

La Marcha de las Antorchas se realizó en el marco del plan de lucha nacional que comenzó la semana pasada en Buenos Aires, continuará el próximo jueves en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y cerrará el 7 de febrero en Mendoza. En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, barriales y de consumidores, coparon el centro de Rosario. La multitud portaba pancartas que exigían “basta de tarifazos, despidos y ajustes”, “si pagamos no comemos”, “luz, gas y agua no son negocios, son derechos” y “la patria está de duelo”. Un volante que repartían los organizadores precisaba que “entre diciembre de 2015 y enero de 2019, los salarios y las jubilaciones subieron un 110 % promedio, mientras que el agua subió un 350 %, la luz 750 %, el gas 3700 % y el transporte un 300 %. ¡Calculá cuánto perdiste!”. Pasadas las 18.30hs., y bajo una bandera que decía “Rosario dice No Al Tarifazo”, miles de personas comenzaron a movilizarse y a poco de andar se escuchó fuerte el canto contra el presidente Macri.  La movilización también estuvo integrada por distintos gremios y organizaciones como:  Coad, HIJOS, Feser, Municipales, Siprus, Peajes, Comercio, Dragado y Balizamiento, Judiciales, Sadop, La Bancaria, Amsafé Rosario, Sitratel.

Un documento fue leído en la Plaza San Martín por las dirigentes Stella Hernández del Sindicato de Prensa; Yamile Baclini de Municipales; Claudia Indiviglia de 21F y Nancy Santamaría de la Multisectorial contra los tarifazos. Dijeron que “trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios y empresarias, universitarios y universitarias, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidoras, y espacios políticos, reunidos en Rosario decimos Basta de Tarifazos”.

El ex triunviro de la CGT y secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid,  también estuvo presente en la movilización en rechazo al aumento de tarifas en los servicios públicos convocada por el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) en Rosario.

Schmid expresó que “hay condiciones para lanzar un nuevo paro general, pero la fragmentación sindical y política dificulta su concreción”. Para concluir afirmó que “el creciente reclamo de los trabajadores en la calle debe tener una traducción en el proceso electoral, con el cambio de la política económica”.

Movilizaciones contra los tarifazos 

El pasado viernes 18, por cuarta semana consecutiva, se convocó a un #Ruidazo contra la suba de tarifas. El mismo tuvo eco en distintas esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y otras  localidades del país.

Miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos esenciales como la luz, el gas y el transporte.

La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas se sumó al Ruidazo en  Acoyte y Rivadavia para protestar contra el cierre de 14 escuelas nocturnas que dispuso el gobierno de Rodríguez Larreta, en la CABA.

Paro y quite de colaboración

Mientras tanto, los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron tareas en reclamo de “un definitivo acuerdo paritario”, informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.

Los delegados y delegadas gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para el miércoles pasado, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de “una mejora salarial”.

“Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la Asamblea General de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general”, señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.

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El 2018 culmina con un balance negativo para la Argentina. El año está cerrando con unos índices de inflación que rondan el 48% interanual, un nivel que no veíamos desde 1991. ¿Fatalidad o impericia política?

Contrario a las inclemencias meteorológicas que invocó repetidas veces Mauricio Macri, los malos resultados económicos de este año (y de toda la gestión cambiemita) son producto de las políticas económicas de Cambiemos. La inflación, aquel problema que enunciaban tan sencillo de resolver, ha empeorado. No sólo eso, sino que todos los indicadores conocidos coinciden en la existencia de una cruda recesión. El último dato revelado por el INDEC afirma una caída del 3,5% para el tercer trimestre del año y no hay buenas expectativas con los resultados del último trimestre.

Pero no sólo el 2018 arroja números negativos. En estos 3 años de gestión macrista hubo nulo crecimiento de la economía y una inflación elevada que, según los datos de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), totaliza un 158% para los y las trabajadoras, distribuida de manera desigual. De cada 10 personas que viven de un salario, la persona de mejores ingresos enfrentó en total, de 2015 para acá, una inflación del 140%, mientras que para la persona con peores ingresos fue del 180%. Es decir, recesión e inflación que se distribuyen de manera desigual, afectando más a quienes menos tienen.

En este contexto, la pérdida de capacidad adquisitiva es la regla y, según cada sector, estamos hablando de un deterioro que oscila entre el 13 y el 20% del salario o de las asignaciones, según el caso.

A estos datos duros hay que agregarle un creciente desgaste de la imagen política del gobierno que, después de haber salido victorioso en las elecciones de octubre del año pasado, se sintió con capacidad de llevar adelante su programa de reformas: acelerar y entrar en esa fase de “reformismo permanente” (según palabras del propio Presidente en el discurso pos elecciones) y avanzar con sus programas.

La reforma previsional y la tributaria que se discutieron en diciembre del año pasado, si bien pasaron por el Congreso, le generaron un terrible desgaste al gobierno en la imagen pública y en las calles. Este desgaste signó el 2018. Además, en muchos sentidos la tercera reforma que no pasó, la laboral, se empezó a implementar a través de los convenios colectivos de trabajo, como hace poco denunció el recientemente creado Foro de Abogados Laboralistas, ligado a los sindicatos.

En este sentido, hay que interpretar el 2018 como un año en el cual se intensificó el programa de Macri, confluyendo las tendencias regresivas y contradictorias. Hay que recordar que a inicios de año se suponía que había cierta calma en relación a la bicicleta financiera por el tipo de cambio relativamente estable junto con las altas tasas de interés. Este esquema, que es social y económicamente inviable, entró en problemas entre abril y junio, cuando se dieron sucesivas corridas cambiarias que, además de generar la salida de Sturzenegger del Banco Central, facilitaron al gobierno el acuerdo con el FMI como una necesidad.

Este acuerdo, revisado en octubre, blindó, con el acuerdo geopolítico extranjero y sobretodo de Estados Unidos, al gobierno de Cambiemos en este programa de ajuste social y reformas estructurales. En ambos puntos el gobierno está avanzando. La crisis autoinducida no puede confundirse con un fracaso en sus objetivos de política económica.

El FMI le prestó más de 50 mil millones de dólares que se suman a los 100 mil millones ya tomados por otras vías, haciendo a la Argentina el país que tomó deuda de manera más acelerada en el mundo y mostrando indicadores de deuda-PBI insostenibles para cualquier economía. El riesgo de cesación de pagos es inminente y va a condicionar a cualquier gobierno que gane las elecciones el año que viene, sea Cambiemos o de cualquier gobierno de tinte popular.

El acuerdo con el FMI, además de incorporar esta liquidez de emergencia que ya se ha fugado del país, lo que hace es imponer una serie de reglas o condicionalidades. Al Banco Central se le quitaron varias herramientas de intervención en el mercado cambiario, limitando gravemente la soberanía para llevar adelante política monetaria o cambiaria. Además se incentivó a disminuir el déficit fiscal de manera taxativa, llamado “déficit cero”, lo que le impone trabas al gobierno para gastar y emitir para reactivar la economía. Un problema para el año que viene, en el cual habrá elecciones.

Cómo sorteará esto el gobierno es una incógnita. El FMI además, con la anuencia del gobierno argentino, va a avanzar en una serie de reformas estructurales que incluyen una segunda reforma previsional, algunas privatizaciones y la reforma de la carta orgánica del Banco Central para poder retrotraer la situación al 2012, cuando el BCRA podía intervenir con objetivos de desarrollo y no sólo de estabilidad monetaria.

De conjunto, durante este año el gobierno se mostró incapaz de contener la inflación e incapaz de generar crecimiento pero muy eficaz para recortar salarios y medios de vida, favoreciendo un esquema de alta competencia entre trabajadores y trabajadoras que permite a las empresas forzar reorganizaciones favorables a sus intereses. Según los datos de Gustavo García Zanotti, un puñado de empresas han sido beneficiarias de miles de millones de pesos por las medidas tomadas por este gobierno durante este período.

Para cerrar el blindaje que el gobierno busca a nivel internacional, durante todo el año resonó el G20, donde el gobierno se mostró ante el mundo como un eslabón clave en esta “lucha contra el populismo”, recurso metonímico que utilizan para nombrar a todo aquel gobierno que haga alguna receta por fuera del estándar neoliberal.

Esta crisis autoinducida se apoya en un esquema insostenible, que hoy por hoy revive el programa de principios de año, con un dólar a casi $40 y tasas de interés que apenas bajan del 60%. De cara al año que viene se trata de un gobierno atado de pies y manos que no puede hacer política monetaria ni cambiaria, con muy poco espacio para la política fiscal.

En términos de política exterior, se encuentra subordinado a los intereses de las potencias como se vio en la firma de los acuerdos con China que luego tuvo que desdecir por presión de Estados Unidos. Además, en las sesiones extraordinarias del Congreso aprobaron un tratado de libre comercio con Chile, es decir, el Gobierno continúa pasando reformas estructurales a medida que avanza durante la crisis.

Con este panorama va a enfrentar un año de elecciones muy complicado, donde la posibilidad de default es real o, en el mejor de los casos, de renegociación forzosa de deuda. Cambiemos va a hacer lo imposible por dejar este legado al gobierno que le siga pero no está claro que lo pueda lograr. Se viene un 2019 de mucha intensidad en las luchas para tratar de retrotraer el ajuste y evitar que pasen más reformas estructurales.

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El pasado jueves 28, un día después de la aprobación del Presupuesto 2018, asistimos al anuncio de la flexibilización de las metas de inflación que se elevó del 10 al 15 %, repitiendo la performance negativa de 2016 y 2017, con desvíos del 82 y 72 %, respectivamente.

El anuncio se hizo en una conferencia de prensa que lideró el Jefe de gabinete, Marcos Peña, en compañía del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. La cotización del dólar que en ese momento casi llegaba a los 19 pesos, cerró la jornada a 19,46. Esa fue la respuesta del mercado a la conferencia de prensa de devaluación del equipo económico.

Pero no fue el único saldo, ya que el anuncio tira abajo la consigna de una autoridad monetaria independiente del Poder Ejecutivo, además de la falta de capacidad del organismo para cumplir sus objetivos por tercer año consecutivo.

Los economistas del establishment cuestionaron la decisión. Carlos Rodríguez advirtió desde su cuenta en twitter: “Tenemos la misma inflación de hace dos años, muchísima más deuda y aún falta corregir las tarifas entre 60% y 100%. Todo un éxito del “expectations team”. Cambien por favor, nos llevan por mal camino. Y tienen a Cristina en el Senado, no la quiero, pero habla bien, mejor que ustedes”. Gabriel Milei agregó: “Si fuera Sturzenegger, renunciaría hoy mismo”.

Desde otro ángulo, Mara Ruiz Malec de la Fundación Germán Abdala, apuntó: “El salto del tipo de cambio influye de manera directa en los combustibles pero también afectará de forma indirecta ya que muchos formadores de precios utilizan el valor del dólar como señal para determinar precios más allá del componente importado que tengan”.

Forencia Médici de la Universidad Nacional de Moreno, indicó: “Si dejan flotar el tipo de cambio sin intervención y siguen subiendo las tarifas difícilmente se cumpla con el objetivo que se imponen. Van a intentar disciplinar los precios por otra vía. La reforma laboral y el techo para las paritarias son las herramientas a las que apelará el Gobierno”. En el mismo sentido Mariana González de Cifra agregó: “Las metas bajas que no se cumplieron se utilizaron a lo largo de los últimos dos años como mecanismo para ponerle un techo a las negociaciones salariales”.

Marcos Peña también anticipó que el proyecto de reforma laboral impulsado por Cambiemos y el triunvirato de la CGT llegará durante sesiones extraordinarias que serán convocadas para febrero. También confirmó que a partir de ese mes aumentarán las tarifas de colectivos y trenes. “La semana próxima, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dará una conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema tarifario del transporte”, sostuvo el funcionario. El nuevo boleto de colectivo ascendería a 8 o 9 pesos, para luego llegar a 13 pesos.

En este contexto, la conducción de la Asociación Bancaria hizo la grave denuncia que están siendo objeto de presiones por parte de las Cámaras empresarias para que el gremio convoque a “un paro nacional de 24 horas”. Y aclararon: “Se procura provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro de 24 horas, sin atención al público y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias”. Se refería al pase de los activos de grandes inversores en pesos a moneda extranjera y a las colas en bancos del microcentro porteño que llegaron a ser de media cuadra, en donde más de 250 personas esperaban para comprar dólares.

Tarifazo permanente

En diciembre el ajuste promedio al gas fue del 45% en todo el país, desde un mínimo del 22% a un máximo del 60%. Desde el mismo mes de 2015, la suba en la tarifa de gas pasaría de largo el 550%.

El costo de la energía eléctrica que abonan los usuarios residenciales en el área Metropolitana se multiplicó por 30 en los últimos dos años, según surge de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) mediante las resoluciones 602 y 603 que entraron a regir el 1° de diciembre.  Estos aumentos, argumentan desde el Ministerio de Energía, sirven para que las empresas puedan mejorar el servicio y evitar los cortes de luz.

No obstante, alrededor de 150.000 usuarios de Edenor y Edesur se vieron afectados en los últimos días por los cortes en el suministro eléctrico. En San Vicente los vecinos cortaron la Ruta 210 y casi chocan con la Infantería apostada en el lugar por cortes de luz prolongados de hasta cuatro días consecutivos.

Además, la falta de energía se hizo sentir en el centro de Lanús, Quilmes y Berazategui, en la ciudad de Cañuelas y en el barrio de Loma Hermosa en Tres de Febrero. Lo seguían La Matanza, Moreno, Tigre y San Martín. También se produjeron cortes en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de San Cristóbal, Monte Castro, Parque Patricios y Caballito. Belgrano fue el más afectado. En tanto, las facturas volverán a aumentar desde febrero un 18%.

La baja del 30 % en los subsidios totales convive con un aumento del 79% en el pago de los intereses de la deuda. Se gastaron $ 48.000 millones menos por un lado y $ 78.000 más por otro. Buena parte del ahorro en subsidios se fue en pagos de la deuda.

Mientras tanto, la promesa de bajar retenciones se mantiene. Un decreto del Ejecutivo prometió al sector agroexportador reducir la alícuota a la soja a la mitad en un plazo de dos años, a partir de enero de 2018 y a un ritmo de 0,5% menos por mes. De esta manera, la medida bajaría el impuesto del 30% actual al 18% para diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), eso implica una recaudación de alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.bEl compromiso del Gobierno con los intereses de los sectores más concentrados representa, según los técnicos de la BCR, una transferencia de ingresos a los sojeros cercana al 1% de los ingresos fiscales totales.

Por si esto fuera poco, el Presupuesto 2018 contempla una nueva rebaja al impuesto a los Bienes Personales que será este año del 0,25%, del 1,25% que era en 2015. Esta medida significará que Estado obtenga 30 mil millones de pesos menos en recaudación. Sumadas ambas medidas, significa 45 mil millones de pesos menos para las arcas públicas. El Gobierno justifica la necesidad de recortar 100 mil millones de pesos a los jubilados para paliar el déficit fiscal, al mismo tiempo que perdona impositivamente a los sectores de más dinero.

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A pesar de las supuestas propuestas gubernamentales, la inflación no se detiene mientras la economía se derrumba en un contexto de caída y perdida de salarios.

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2%. Y el consumo de bajar 2,9% (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8%. Consultores privados estiman más de 2% para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8% y 28,4%. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45% de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40%. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600 mil.

Los taxis subieron un 19,5%, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73% de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40% de la clase pasiva con un incremento promedio del 24%, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236% en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9%.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40% interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26%), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5% interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10%, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que se “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de ‘retención’ (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la ‘calidad’ de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica, rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a las y los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35% reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Reclamos de los movimientos sociales

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30%, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa “Argentina Trabaja” y del “Ellas Hacen”, quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.

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Entrevista a Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda (EDI), quien analiza el contexto político actual, las masivas movilizaciones en contra del gobierno, el rol de los gremios y una economía cada vez más deteriorada para el conjunto de la población.

– El 6 de abril, coincidiendo con el día del paro general, escribiste un nuevo artículo donde señalas que más allá de la densidad de las movilizaciones, a la que incorporás la del 1º de abril de sectores afines al gobierno, “lo que importa es su composición” ¿A que te referís?

– La idea que preside todo el artículo es que las clases sociales van tomando posición, por un lado los sectores dominantes y por otro la clase obrera y los sectores populares. Se ha desenvuelto a partir de marzo y hasta ahora una dinámica social muy importante donde destaca la centralidad de la clase obrera. De esas 5 o 6 marchas, la del 1º de abril expresó a sectores medios y medios altos de la sociedad argentina, una composición muy similar a la de los cacerolazos de 2012 y 2014, de apoyo al gobierno y de alguna manera bajo el manto de la defensa de la democracia que es una ficción, porque no hay ningún peligro de que caiga el gobierno. Lo que sí hay es una exigencia de que el gobierno profundice sus políticas, que es compatible con lo que piensan los grupos más concentrados de la economía, que el gobierno está siendo demasiado gradualista en cuanto al déficit fiscal y demás.

Después hay otras 5 marchas, de las cuales hay 2 que por la propia naturaleza de las mismas son policlasistas: la del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y la del Día Internacional de la Mujer, que también lo ha sido, aunque hubo una columna muy importante de trabajadoras. Ahora, las otras marchas, que fueron muy contundentes, la del 7 de marzo convocada por la CGT que terminó con la estampida de los dirigentes y la del 30 de marzo de las dos CTA fueron netamente marchas obreras, lo mismo que la Marcha Federal docente. O sea que la clase obrera está en el centro de la escena política nacional.

Lo otro que demuestra lo que plantea el artículo es que las clases van tomando posicionamiento. Es que el día del paro general, mientras los trabajadores estaban en huelga, cortaban las rutas y hacían piquetes, en Puerto Madero estaba concentrada toda la elite de las clases dominantes discutiendo el apoyo al gobierno, el programa y cómo acelerarlo.

Las clases enfrentadas están en presencia, la base material es el curso económico del ajuste, la precarización, la desvalorización del salario, etc. El segundo momento es cómo se alinean las clases sobre esa base material que se ve en la composición de las marchas. El tercer momento, según Gramsci para analizar la coyuntura, es ver el grado de confrontación que se alcanza. En ese proceso estamos, veremos si hay confrontación en gran escala o no.

– Hemos vivido en la última semana un incremento de la represión. ¿Cómo analizas esto?

– Yo creo que tanto las clases dominantes como el propio gobierno, tomaron nota de esta dinámica social en curso y se resolvió una discusión interna que es el triunfo del titular del Banco Central, Sturzenegger, y su política de metas de inflación y que el objetivo principal del momento es la inflación. Entonces el objetivo es reducirla, aumentar la inversión y la productividad del trabajo.

De una semana a la otra el Banco Central aumentó 1.5 puntos las Lebac, que ahora están en 26.5 puntos. Eso está absorbiendo masa monetaria, por eso todo el mundo está vendiendo los dólares, porque la bicicleta financiera es cada vez más rentable en pesos. Ese es un mecanismo que tiene el Banco Central para tratar de frenar la inflación.

Hoy se conoció el nuevo índice del INDEC que es del 2.4%, entonces, a pesar de la fuerza que está haciendo el Banco Central con una política monetaria restrictiva, absorbiendo fondos para que no vayan a la demanda y que por otro lado estamos en una recesión, no logran quebrar el proceso inflacionario. Con un 2.4%, el trimestre debe estar en un 6.5% de inflación acumulada, quiere decir que el cuatrimestre va a terminar en un 8.5%. O sea, que las metas de inflación del gobierno no se cumplen ni remotamente.

– Lo cual tira al diablo los acuerdos salariales que se habían hecho en la provincia de Buenos Aires con UPCN, por ejemplo.

– Sí, tira las paritarias para arriba. En función de eso es que el gobierno toma esta decisión de aumentar la polarización. En primer lugar, concentra el núcleo duro de apoyo al gobierno que debe ser alrededor de un 20%, son una minoría intensa y, del otro lado, pone a la otra minoría intensa que es el kirchnerismo.

La pelea es entre el macrismo y el kirchnerismo, desconociendo que hay una gran base social que no está en ninguno de los dos lados y que se está expresando en todas las movilizaciones. Al compás de esto ha lanzado una batalla contra las direcciones sindicales, porque la resolución del Ministerio de Trabajo donde recomienda que las elecciones sindicales se hagan con voto electrónico, que cubran el cupo femenino, que antes de ser candidato hay que tener un prontuario particular y elección directa de los dirigentes, eso golpea a la burocracia sindical tradicional argentina.

En paralelo a esto, una diputada radical presentó un proyecto en Diputados que reflota el viejo proyecto Mucci de democratización sindical; de ahí a que pase hay un trecho, es bastante difícil, pero muestra una actitud distinta del gobierno a partir del paro general del 6 de abril.

La otra pata de esta nueva actitud es el desalojo de la Panamericana, el de AGR-Clarín, lo que pasó el domingo cuando un grupo de docentes intentó instalar una carpa itinerante que estaba en la plaza, que no cortaba la calle, ni siquiera evitaba el paso por la vereda y, sin embargo, han tomado esa decisión política y ahora se acerca el desalojo del Bauen.

– Todo este análisis en el cuadro de una economía que no despega.

– Por ahora no despega. De alguna manera el gobierno ha hecho la gran Alsogaray, digo la gran porque no es solo pasar el invierno sino también el otoño para llegar a la primavera electoral; están pensando en septiembre y octubre cuando la economía daría alguna seña de mejoría.

De todas maneras, creo que ya no apuestan fundamentalmente a ganar las elecciones por vía de la economía sino a través de quebrar la inflación y de derrotar al kirchnerismo, porque si ganan las elecciones vuelve todo para atrás. Creo que ha cambiado la táctica del gobierno.

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Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat-Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat-Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat-Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “Sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

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