Por Vivian Palmbaum

Seguimos recordando a Luciano Arruga porque el 31 de enero es una fecha que cada año nos recuerda la desaparición y muerte de un joven a manos de la policía bonaerense. Un reclamo contra la impunidad continuada que no cesa. Por eso, el 1 de febrero se realizó una marcha para exigir una reparación necesaria.

Ni el calor sofocante, ni el período vacacional son un motivo de desaliento para que una larga columna de militantes de organizaciones sociales y políticas, organismos de Derechos Humanos, colectivos sociales y culturales, “Familiares y Amigos de Luciano” y otras personas se dieran cita un sábado por la tarde. La desaparición y muerte de Luciano Arruga hace 11 años nos recuerda que aún en democracia es posible la desaparición forzada. Desde Av. Gral Paz y Mosconi se marchó hasta la plaza Luciano Arruga, en Lomas del Mirador y estuvo encabezada por el Colectivo de Víctimas de Gatillo Fácil, que cada vez se vuelve más numeroso.

¿Qué quiere decir víctima?

Con la voz firme y serena que parece haberse forjado en estos 11 años de lucha, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, parada con su pequeño cuerpo desde arriba del camión, en la intersección de Mosconi y San Martín, señala que a escasas dos cuadras, en Indart 106, el entonces intendente Fernando Espinosa, decidió responder al reclamo de las y los vecinos del barrio por más seguridad después de los casos mediáticos como eran el del florista de Susana Giménez y el del entrenador de Guillermo Cóppola que con ayuda de los medios hegemónicos instaló la demanda por más seguridad.

Así se instaló un destacamento destinado a controlar los barrios 12 de Octubre y Santos Vega. Pero “parte de la policía de ese lugar con otra gente empezaron a cooptar pibes y mandarlos a robar. Luciano se negó y empezó a sufrir detenciones, en ese destacamento de Lomas del Mirador, por averiguación de antecedentes y otras giladas que no se correspondían con la edad de un pibe de 16 años. Se lo amenazaba. Los efectivos de ese destacamento el 22 de septiembre de 2008 decidieron detener a Luciano, una vez más y decidieron torturarlo física y psicológicamente, lo tuvieron detenido desde la mañana hasta la noche. Mi vieja y yo estuvimos en ese lugar, escuchamos el pedido de auxilio de Luciano, no lo pudimos sacar, lo escuchamos. A los pocos meses, el 31 de enero de 2009, es el momento que atraviesa nuestra vida y que va a atravesar nuestras vidas por siempre, es el día que deciden secuestrar a Luciano y desaparecerlo”.

¿Qué quiere decir víctima? Vanesa Orieta parece haber ido construyendo una respuesta, que va más allá de lo personal, a través de estos 11 años. “Ser pobre, ser un pibe o una piba que en toda su historia de vida le faltaron, le robaron sus derechos fundamentales y que a su vida de falta de derechos fundamentales se sumó la naturalización muy fuerte de la violencia y la represión estatal. Los diferentes gobiernos constitucionales no hicieron más que recrudecer la violencia en los barrios, el control y el disciplinamiento sobre los cuerpos de los pibes y las pibas de los barrios. Acá como en todo el conurbano bonaerense, conocemos a la policía como la “maldita policía bonaerense”. En lugar de hablar de los delitos que comete la policía bonaerense como salideras, coimas y de máxima control de la explotación de pibes y pibas, sexual o a través de armar redes delictivas, eso es la policía bonaerense. Los gobiernos constitucionales en lugar de hablar de esto hablaban de que había que asegurarle la seguridad a la sociedad que era solamente para la clase media o la clase alta, porque para los pobres solamente representaba esto: que los criminalicen, apostando en cada uno de los pasillos, un policía, una policía, con sus armas bastante grandes y con la decisión política de pedir documentación o controlar los movimientos de quienes quisieran.

¿Qué quiere decir ser víctima? Una pregunta que se responde cada vez que Vanesa avanza en su relato: “5 años y 8 meses después, gracias a la organización y la lucha, pudimos encontrar los restos de Luciano. Si hay algo perverso que puede suceder en la vida de una familia, atravesada por un trauma tan grande como es la desaparición forzada, es encontrar los restos de quien se busca, es tener que reconocerlo por sus huesos, por las fracturas que le habían provocado en sus costillas el 22 de septiembre de 2008. Pero lo encontramos y podemos decir que se terminó con la tortura sistemática de buscar un desaparecido”.

Se escucha la voz de Vanesa, luchadora incansable: “La desaparición forzada, las torturas fuera de una celda, porque muchos de los pibes y pibas sufren el hostigamiento afuera. El afuera es también como una cárcel para los pibes y las pibas pobres. Hay una urgencia de parte de muchas personas de poder hablar de esto, pero las torturas son también en las celdas cuando se llevan a los pibes y las pibas por portación de cara, porque les armaron una causa. El armado de causas es también parte de la represión estatal, ocurre y sucede y muchos de los pibes y pibas son empapelados”.

Son víctimas que con el dolor a cuestas se han organizado para avanzar y luchar para que se haga justicia por Luciano. “Ahora lo que enfrentamos es un proceso de verdad y justicia”, enfatiza Vanesa Orieta, “queremos condenar a las y los responsables, pero no solo los materiales sino a los políticos y judiciales. La contradicción es pedirle justicia a quienes son responsables de la impunidad”. También por allí se la ve caminando, con menos protagonismo, a Mónica Alegre, mamá de Luciano, que se mezcla entre las Madres y Padres de víctimas de gatillo fácil.

Pero no solamente la lucha es por la reivindicación de una justicia que no llega, sino que han asumido el compromiso cotidiano para apostar a la transformación de víctimas en protagonistas en el Espacio Luciano Arruga que funcioná en ese territorio, el destacamento donde Luciano estuvo detenido, que supieron construir y que le arrebataron a la policía asesina.

No hay víctimas sin victimarios

Vanesa repasa las responsabilidades judiciales y políticas que muestran que aún no se ha hecho justicia por la muerte y desaparición de Luciano. En relación a las responsabilidades judiciales afirma que en estos 11 años de la desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, “nos encontramos otra vez batallando contra la impunidad”. Hoy exigen que se impulse el jury de enjuiciamiento que iniciaron hace seis años “para lograr una condena a los responsables judiciales de haber perdido pruebas irrecuperables para la investigación, haber beneficiado a la propia policía denunciada y haber perseguido a la familia”. En la justicia los responsables de la impunidad son: el Juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. La continuidad de la acusación depende de la decisión del Dr. Eduardo Néstor De L'azzari, presidente de la Suprema Corte de la Pcia. De Bs As. En cuanto a las responsabilidades políticas Vanesa afirma: “creemos en la conciencia del pueblo que pueda decirle a Fernando Espinosa (recientemente electo intendente de La Matanza): vos sos responsable de una desaparición en democracia, pero esto no sucede aún”.

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A puerta cerrada y con Legislatura vallada, lxs legisladorxs de Tucumán aprobaron este viernes por la mañana el nombramiento de Washington Navarro Dávila, actual titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, como primer ministro público de la Defensa. Con 38 legisladores a favor y siete en contra, Navarro Dávila, cuestionado por mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, será quien lidere la defensa de las y los ciudadanos que no pueden pagar letrado particular.

La comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos ya había dado dictamen favorable para que se respaldara el nombramiento del funcionario judicial, como lo solicitara el gobernador, Juan Manzur, desoyendo a organizaciones sociales y políticas defensoras de derechos humanos y especialmente de las mujeres que se manifestaron en alerta ante la posible designación e informaron al gobernador provincial su preocupación.

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, repudiaron la designación de Navarro Dávila por su actuación como fiscal en la causa Belén. En tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh, Tucumán) presentó impugnación agregando como fundamento la actuación del fiscal en una causa contra el personal de la Comisaría V de San Miguel de Tucumán, que fue denunciado por torturas, trato cruel y degradante, hurto y abuso sexual por una mujer en el año 2012. En el escrito, APDH señaló que pese a la gravedad de la denuncia “el fiscal no ordenó medidas de pruebas dirimentes solicitadas por la querella hasta el año siguiente”, y como broche de oro, “le dio intervención para realizar medidas de prueba a la policía local a pesar de que pertenecían a la misma fuerza acusada de torturas”. Echan la ley y encubren la trampa.

El repudio al nombramiento de Navarro Dávila se fundamentó también en la detención de un joven imputado por robo agravado, que fue arrestado en el lugar del hecho en marzo de este año, que entonces portaba un arma de juguete, que posee discapacidad mental y certificado que lo acredita, es huérfano y vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Cuando Navarro Dávila asuma como ministro de la Defensa, la representación de personas como Belén y ese joven estarán en manos de su gestión. “Creemos que no cuenta ni con perspectiva de género ni respeto de las garantías básicas ni formación en derechos humanos para representar a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Si actuó como fiscal como lo hizo, cómo será si tiene a su cargo la supervisión del resto de los defensores, cuando lo que hizo fue demostrar un claro desprecio de las personas que están en esas condiciones”, señaló Mariana Álvarez, abogada y referente de Apdh Tucumán.

En la legislatura provincial y los medios locales, cargaron las tintas en que el nuevo ministro de la Defensa tardó 11 años en obtener el diploma de abogado, logró un promedio de 4 y tuvo 31 aplazos mientras cursaba la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Poco se se dijo sobre su formación en derechos humanos, su desempeño como fiscal, su vinculación con el poder político, su formación en violencias. Se sabe, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge o parientes.

Leé también: Tucumán sigue pegando abajo

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El investigador Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, analiza la ausencia del Estado colombiano para investigar y castigar con seriedad la responsabilidad intelectual de los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales. Mientras publicamos esta nota se anunció el homicidio de otro líder campesino y un reincorporado de las FARC.

Dispara. Alias “Chiqui” un sicario del bajo Cauca antioqueño al servicio del Clan Úsuga cuenta la rutina de un asesinato: lo llaman para darle los detalles de la víctima, más tarde lo recogen en moto, le entregan el arma, dispara. Después regresa el arma y continúa su trabajo cotidiano, el suyo, en una cerrajería. Desde hace más de un año Chiqui hace parte del grupo de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. Él sabía que trabajaba para los Úsuga pero no para quién trabajaban ellos. Es decir, sabemos quién aprieta el gatillo, no quién paga para que disparen.

La mayoría de los relatos sobre los hechos detrás de la muerte violenta contra líderes sociales están relacionados con situaciones de sicariato: Aldemar García, defensor de la tierra, fue asesinado a tiros por sujetos motorizados que cubrían sus rostros con los cascos; Faiver Cerón Gómez, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta hacía su casa, tres sujetos lo esperaron en la vía y abrieron fuego contra el presidente de la junta de acción comunal. Los rastros que dejan las muertes de líderes sociales encajan perfectamente con las historias de sicarios a sueldo, hombres que como Chiqui cumplen ordenes. Autores materiales, el eslabón más bajo en una cadena de crimen organizado; no el autor intelectual del asesinato.

La violencia contra líderes sociales en Colombia produce un cadáver cada tres días. Desde el 24 de noviembre de 2016 al 15 de marzo de 2018, se han producido, de acuerdo con el observatorio de violencia selectiva de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, 417 agresiones, entre ellas, 139 homicidios.

El observatorio de Pares, en su trabajo de monitoreo de agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, ha construido los perfiles de las víctimas y ha caracterizo a los victimarios con el objetivo de generar insumos que permitan la comprensión del fenómeno de violencia contra esta población.  Al caracterizar los victimarios encontramos cinco grupos; i) No identificados, ii) Organizaciones Criminales iii) Disidencias o Desertores de las FARC iv) Grupos Armados Ilegales (ELN) y V) Fuerza Pública.

De acuerdo a las cifras, sobre las 417 agresiones registradas en 243, es decir el 58% de los casos, no es posible reconocer algún determinador. El segundo grupo con más hechos victimizantes son las Organizaciones Criminales con el 31% de los casos reportados, sigue la Fuerza Pública con el 7% y termina el ELN y las disidencias o desertores de las FARC con el 2% cada uno.

Tipo de Responsable según hecho*

Fuente: Observatorio Violencia Selectiva Fundación Paz & Reconciliación-Pares. *La gráfica omite las acciones hechas por la fuerza pública, las cuales según los datos del sistema de información estarían relacionadas con 23 detenciones arbitrarias y 5 homicidios extrajudiciales.

En la clasificación no identificado, la categoría responde a dos tipos de  actores: i) Actores No Identificados y ii) Estructura Criminal No Identificada.  Cuándo se habla de actores no identificados, se están reconociendo aquellos hechos en los que la información no permite inferir que hay una estructura criminal detrás del evento, un ejemplo es el caso de la lideresa Alicia López, asesinada en marzo de 2017 “El crimen se presentó a las 8:45 a.m. en una tienda de ese barrio de la comuna 7 de Medellín. Según testigos, dos hombres entraron hasta el establecimiento comercial y dispararon en repetidas ocasiones.” (El Colombiano, 2017)

El segundo tipo de no identificado, tiene relación con narrativas que permiten determinar que detrás del hecho hay una estructura criminal que materializa la agresión. Los relatos en estos casos son mucho más explícitos sobre la capacidad de la organización y la lógica operativa con la que funcionan estas estructuras, por ejemplo, Porfirio Jaramillo, un reconocido reclamante de tierras del Urabá antioqueño, fue asesinado en enero de 2017 por una estructura criminal no identificada;

“En la noche del pasado sábado cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del campesino ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turno (Antioquia) ante la mirada atónita de sus familiares y amigos. […] aseguró que hace cuatro meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía sobre estos hechos, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones. Jaramillo había regresado hace dos años a la vereda después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. La Unión Nacional de Protección indicó que en los últimos meses se había iniciado el estudio de la protección del reclamante de tierras” (El Espectador, 2017)

En este caso los móviles nos permiten entender que hay niveles de organización criminal detrás del hecho, incluso la relación con grupos paramilitares, inmediatamente ubica al victimario como representante de organizaciones criminales que tienen presencia permanente en el territorio. Desde luego, el hecho de que la mayoría de las agresiones sean perpetuadas por actores no identificados, reproduce la impunidad y minimiza el hecho. No identificar el actor permite que se reproduzcan ideas que asocian los homicidios con acciones aisladas, lejanos a la actividad política que desempeñaba la víctima.

Lamentablemente, del total de los hechos asociados a la tipología de no identificado, el 86% de los casos no tiene información suficiente para vincular siquiera a estructuras criminales no identificadas, seguramente este es uno de los elementos que permite la reproducción sistemática de estas acciones.

Por otra parte, los territorios en que ocurren estas acciones, son escenarios en disputa de las organizaciones criminales. Según los datos, en Cauca (23 casos) Antioquia (19 casos) Córdoba (12 casos) Chocó (10 casos) y Nariño (9 casos) han ocurrido el 52% de los homicidios contra líderes sociales. Los mapas a continuación muestran las complejas condiciones que viven estas zonas en términos de presencia de diferentes grupos armados ilegales. Esto dificulta la relación entre hecho violento y grupo armado, en tanto la condición de disputa hace que sea difusa la vinculación de la acción con un grupo determinado.

Mapas de Seguridad Norte del Cauca (Izquierda) y Bajo Cauca Antioqueño (Derecha)

Bajo Cauca Antioqueño. Fuente: Fundación paz y Reconciliación-Pares

Norte del Cauca. Fuente: Fundación Paz y Reconciliación-Pares

A pesar de lo difuso que resulta otorgar responsabilidades a una sola organización criminal, parece claro que estas acciones hacen parte de un repertorio de violencia que es ofrecido, indistintamente, por diferentes estructuras criminales y que es tomado por actores que desde la legalidad transitan en la ilegalidad.

No se trata de ninguna manera de hechos aislados, es un comportamiento sistemático contra las actividades que desarrollan los líderes y defensores de derechos humanos, al final, los determinadores de las acciones siguen entre las sombras de la impunidad. La investigación académica ha delineado un perfil claro de las víctimas, pero la justicia ha sido incapaz de establecer un perfil del determinador.

Por ahora, actores materiales de asesinatos, como Alias “Chiqui” están a disposición de la justicia de manera voluntaria y muchos otros han sido capturados, pero no se ha avanzado en reconocer quiénes son los responsables intelectuales. De acuerdo con la investigación de Pares, el Clan del golfo, o las Águilas Negras no son los determinadores, son simplemente mercenarios que ponen a disposición este servicio criminal, la pregunta sin resolver es ¿Quiénes son los principales clientes de estos servicios?

Nota: Para saber más sobre la violencia selectiva en Colombia visita todo nuestro especial #NosEstánMatando. La primera entrega fue sobre el perfil de los líderes asesinados y las próximas serán sobre agresiones y respuesta institucional.

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*Publicado inicialmente por la Fundación Paz y Reconciliación.

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Se acerca un nuevo 24 de marzo y se dará en el contexto de una creciente política en contra de los sectores populares, con las peores prácticas por parte del Estado. Más que nunca, llenemos las calles y las plazas contra la impunidad de ayer y de hoy.

Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido, más allá de la diversidad de identidad o tradición política, un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.

El 24 de marzo del año pasado, la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue, obligadamente, “Son 30.000 – Fue genocidio”. Es que, por primera vez en muchos años, debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno de Cambiemos que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.

Ese escenario, ya inédito, resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a casi un centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el caso del chacal Etchecolatz, ahora felizmente revertido gracias a la lucha organizada, como ejemplo paradigmático.

A mediados del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos. Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1º de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.

En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.

Llegamos al punto más alto –por ahora- en materia de represión al conflicto y la protesta social hace unas semanas, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14 de diciembre, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18 de diciembre, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.

Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y Bariloche se habilitó con un fallo judicial amañado el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile, que ahora será analizado por la Corte Suprema.

Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18 de diciembre último.

Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.

Cuando parecía que ya no había espacio para que el gobierno avanzara más en esta línea, el fusilamiento policial de Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, en Tucumán, dio el pie para que nuevamente se impulsara el gatillo fácil desde el gobierno nacional. “Si el policía disparó por la espalda es un detalle”, dijo Patricia Bullrich sobre el pibe, cuyo cráneo fue atravesado por una bala 9 mm que entró por la nuca y salió por la frente. Casi al mismo tiempo, la “doctrina Chocobar” se expresó de la manera más brutal en San Juan, con el linchamiento de Cristian Cortez, de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de personas que aplicaron por mano propia la política oficial porque el chico trató de robar un celular.

Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.

Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.

*Militante de Correpi y Poder Popular.

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El pueblo mexicano sufre una acumulación de tragedias. Tragedias naturales que pegaron duro en las últimas semanas, tragedias naturalizadas que lo azotan desde hace rato. Un Estado ausente que llega tarde y mal cuando la tierra tiembla, un Estado omnipresente como engranaje de un sistema de violencia múltiple, sistemática y cotidiana.

Por estos días de fatalidad y caos, en medio de la conmovedora solidaridad espontánea ciudadana poniéndole el cuerpo a los rescates y a la ayuda a los damnificados, se cumplieron tres años del secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un aniversario marcado por la impunidad: no hay ninguna condena ni avances significativos en la investigación de aquel crimen de lesa humanidad, cometido por la corporación policial y narcocriminal, que marcó a fuego al México contemporáneo.

Ayotzinapa no fue un caso aislado, pero logró ponerle nombre a una guerra difusa y no convencional. Ayotzinapa sintetiza la hipocresía, la torpeza y la crueldad de un poder político huérfano de sensibilidad y al menos cómplice de los hechos. En estos 36 meses, el gobierno de Peña Nieto desvió la investigación, fabricó culpables, ocultó evidencias. Mintió descaradamente. Pero gracias al equipo argentino de forenses y al grupo de expertos de la CIDH se logró desmontar la versión oficial que buscaba dar vuelta la página.

Ayotzinapa no es una excepción, pero tuvo una carga simbólica especial que viralizó ante el mundo una tragedia humanitaria generalizada. Ahí están los datos –todos oficiales-, que no llaman la atención de la “comunidad internacional” y que los medios cartelizados intentan disimular. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay hoy en México 30 mil 499 personas desaparecidas; desde 2007 se reportaron 855 fosas clandestinas y 1.548 cadáveres exhumados; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que se producen más de siete femicidios por día. La espiral de violencia viene de larga data, pero explotó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y su “guerra contra el narcotráfico”. Aquel sexenio dejó oficialmente más de 121 mil muertes violentas, en los casi cinco años de Peña Nieto ya se registran más de 104 mil.

Múltiples factores explican el cuadro, pero hay uno esencial: México paga muy caro ser la puerta de entrada al principal consumidor de drogas y mayor vendedor de armas del mundo. No pierde vigencia la célebre frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

El poder fabrica monstruos y nos los vende como sus enemigos. Los grandes cañones mediáticos repiten: “combate al terrorismo”, “guerra al narco”, ocultando que el creador y la criatura son dos caras de una misma moneda que se complementan para seguir acumulando riquezas. Mientras, los muertos son siempre del mismo lado.

Pero hay un México profundo que no quiere seguir respirando sangre. Se vio en ese tejido comunitario que afloró una vez más mientras removía escombros, se despliega en múltiples resistencias en todo el país que algún día se unificarán en alternativa política. Porque si hay algo que no pierde el pueblo mexicano es la fe. Como dice en letras rojas en uno de los muros de la normal de Ayotzinapa: “Bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha eterna. Unos la llaman necedad, nosotros la llamamos ESPERANZA”.

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