Repasamos el panorama sindical en estos últimos días del año. Precarización, despidos y crisis económica, el cóctel explosivo.

Según una encuesta de Management & Fit realizada para Clarín, el 43,1 % considera que la gestión de Mauricio Macri fue negativa o muy negativa, mientras que el 25,9 % la encontró positiva o muy positiva. Por otra parte, más de la mitad (51,6 %) cree que el Presidente no está cumpliendo sus promesas de campaña.

Tampoco la revista británica The Economist lo ve bien. El semanario sostuvo que “la economía sigue enfermiza”, con una “caída del 1,8%” del PBI según el FMI, una baja “8% de la producción industrial” en octubre, un derrumbe de la construcción del 19% y con “1 de cada 12 argentinos sin trabajo”.

“Macri espera que sus oponentes encuentren más difícil de obstruir sus propuestas una vez que la reactivación de la economía demuestre que sus medidas funcionan. El Gobierno aspira a un crecimiento del 3,5% en 2017 con la ayuda de las exportaciones agrícolas y con el fin de la recesión brasileña, el mayor socio comercial de la Argentina”, cierra The Economist. Y añade: “Pero ninguna de estas opciones se ve asegurada. La recuperación de Brasil ha decepcionado. Y las exportaciones se verán afectadas a medida que más países se vuelvan proteccionistas. El segundo año de Macri lo pondrá aún más a prueba que el primero”.

Pero los riesgos para países como Argentina no vienen solo de países como EE. UU. sino también de China.

En una conferencia organizada el pasado 14 de diciembre por la Universidad Di Tella, el Banco Ciudad y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, advirtió que en China hay sobreinversión y problemas de repago de la deuda interna más sobrevaluación de la moneda desde 2008, lo que hace que los propios chinos busquen salirse del yuan.

En la misma reunión Guillermo Calvo fue más terminante: “China no está lejos de una crisis de balanza de pagos”.

“Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes” (Juan D. Perón)

El viernes Mauricio Macri recibió en Olivos a los sindicalistas, para “agradecer por Ganancias”, afirmaron fuentes oficiales. Allí les pidió que tomen un rol central, “tienen que ser un ancla de responsabilidad”, dijo el Presidente a la cúpula de la central obrera.

Estuvieron presentes Schmid, Daer y Acuña, de la conducción de la central obrera. Y también Caló (UOM), Martínez (UOCRA), Rodríguez (UPCN), Cavalieri (Comercio), Maturano (La Fraternidad), Fernández (UTA) y Lingieri (Obras Sanitarias).

Los sindicalistas le recordaron al Presidente que ellos habían evitado todo el año hacer un paro general, pese a la presión de las bases.

El consenso entre los tributaristas es que la nueva versión de Ganancias es muy parecida a la que envió el Gobierno al Congreso y que había concitado el rechazo generalizado de la oposición parlamentaria.

Mientras que en su proyecto inicial el Gobierno aseguró que dejaría de percibir unos 27.000 millones de pesos anuales, el finalmente aprobado presenta un incremento “que no es significativo”, en palabras del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, ya que será de $ 35.000 millones. Esa cantidad será menor cuando se apliquen las alícuotas sobre los salarios de 2017. Si los acuerdos paritarios superan el 23% de incremento del MNI, los asalariados que ahora pagan el impuesto volverán a hacerlo, con el agregado de que podrían pasar rápidamente de los niveles más bajos de las alícuotas a los más elevados.

El Impuesto a las Ganancias que pesa sobre trabajadores, jubilados y autónomos no había sido actualizado desde 1999. Hasta el presente la inflación ascendió a 1.970 %. El actual Mínimo no imponible (MNI) de un soltero fue ajustado un 976 % y el de un casado con dos hijos, un 1.077 %. Hoy el MNI para un soltero debería rondar los $ 36.000 mensuales netos (o $ 43.000 brutos) y para un casado con dos hijos $ 45.000 netos o 54.200 brutos.

Según el experto Andrés Mir, investigador del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), “los contribuyentes que ya pagaban el impuesto van a verse perjudicados, es decir, la reducción va a ser menor con este proyecto que con el inicial del gobierno, porque los ajustes de los tramos de escala son más moderados que en el proyecto oficial”.

Sin embargo, el Presupuesto 2017 incluye $ 314.000 millones en exenciones impositivas destinadas a las distintas actividades económicas. A eso hay que sumar la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras. La reforma de Ganancias sanciona que los asalariados contribuyan con más de $ 100.000 millones, según cálculos del Ministro Rogelio Frigerio, pero no incluyó la vuelta de las retenciones mineras ni generó nuevos impuestos a la especulación financiera.

Sobre llovido, mojado. Decenas de miles de maestras y profesores de la provincia de Buenos Aires sufrieron fuertes descuentos en el cobro del medio aguinaldo ya que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo caso omiso a la decisión del gobierno nacional de que el medio aguinaldo de diciembre no pagará impuesto a la 4ª categoría y lo descontó.

Este ataque a los docentes bonaerenses se da pocos días después de que la gobernadora, quien se negó a reabrir las paritarias docentes desde hace 5 meses, le dio un bono de fin de año a la Policía bonaerense de 2.500 pesos. El plus de fin de año se suma al aumento en el sueldo de los policías durante 2016 de 39%, que llevó el salario de un Oficial Sub ayudante a 21.997 pesos y el de un Oficial ingresante a 16.330 pesos, cuando un maestro de grado cobra $ 9.800.

Aunque Baradel y el SUTEBA se limitaron a enviar una carta documento el 16 de diciembre exigiendo el inmediato reintegro del descuento por ganancias en el aguinaldo, ratificaron que “si Vidal no reabre paritarias no se iniciarán las clases en 2017” y consideró que la gobernadora no cumple con el acuerdo de adecuar los salarios a la inflación.

Conicet: prorrogaron por un año las becas de 489 científicos y levantaron la toma en CyT

Tras 5 días de toma del Polo Científico, el conflicto en el Conicet llegó a una solución luego de que el Gobierno Nacional propusiera extender las becas hasta el 31 de diciembre del 2017.

La propuesta fue debatida el viernes durante 3 horas por una asamblea de investigadores, estudiantes y docentes, quienes desde el lunes 19 mantenían tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en repudio al recorte del 60% de los ingresantes al Conicet.

Los ejes de la iniciativa oficial habían sido presentados por el Ministro Lino Barañao en una reunión con representantes gremiales, el viernes por la tarde. Antes de esa reunión, las organizaciones habían anticipado en rueda de prensa que estaban dispuestas a “pasar la Navidad en el Conicet” en reclamo de la incorporación de 489 becarios “recomendados” pero no “seleccionados”.

El nuevo ofrecimiento prorroga la beca a los 343 postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) hasta el 31 de diciembre de 2017 y propone buscar qué postulantes recomendados que no fueron seleccionados se inserten en organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas privadas para tareas de investigación y desarrollo.

Para hacer un seguimiento del ingreso de los becarios a los distintos organismos y empresas se dispuso la creación de una comisión mixta integrada por un representante de ATE, uno por cada una de las agrupaciones que firmaron el acta compromiso, y delegados del Conicet y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Investigadores de varias provincias como en La Plata, Santa Fe y Córdoba, consideran que la intención macrista de desmantelar el CONICET y ajustar en Ciencia y Tecnología sigue vigente, por lo cual se opusieron al acuerdo por considerarlo insuficiente y siguen en pie de lucha.

El contexto actual da cuenta de un retroceso en la asignación presupuestaria para Ciencia y Tecnología llegando a un mínimo histórico de 0,59% del PBI nacional.

Comenzaron las renuncias en el Gabinete macrista

A la renuncia de Isela Constantini a la dirección de Aerolíneas Argentinas se sumó la del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Su estrella comenzó a opacarse desde que comenzó a transformarse en el responsable de “la crisis de Ganancias”, luego de atravesar la negociación con los fondos buitre y el fin del cepo cambiario, al comienzo de la gestión macrista.

Se trata del funcionario con más llegada a inversores y al poder económico mundial, que deja al país con una nueva deuda estimada en U$S 60.000 millones más. De nada sirvió el éxito del blanqueo de capitales que superaría una cifra similar, incómodo por tener que reportar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes junto a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete, son los alter egos del Presidente.

También Constanti acumulaba varios encontronazos con los mismos funcionarios. En julio, cuando Gustavo Lopetegui le ordenó que hiciera volar a los miembros de la Corte Suprema en clase ejecutiva, la ex CEO de General Motors se negó. Cuando la orden le llegó con la firma de Guillermo Dietrich, manos anónimas la compartieron con la prensa.

En mayo, había aceptado a regañadientes contratar al Hotel Esplendor, propiedad de 2 primos de Marcos Peña y Miguel Braun para alojar a los tripulantes de AA en sus escalas en El Calafate. Era un 20% más caro que el Alto Calafate de la familia Kirchner.

También se resistió al pedido de Mario Quintana para que compartiera códigos de vuelo con Avianca que acababa de comprarle Mac Air a la familia Macri.

LAN, la firma que se reparte el cabotaje local con AA, que dirigió Lopetegui entre 2009 y el año pasado, fue habilitada por el gobierno para vender pasajes de Ezeiza a Nueva York en aviones de American Airlines, que compiten con AA, y para volar hacia Lima desde Córdoba, Mendoza y Salta.

Sin embargo, la renuncia se precipita cuando Quintana y Lopetegui solo comprometieron 160 de los 400 millones de dólares que necesita AA para no verse obligada a despedir personal en 2017. La otra razón fueron las objeciones al otorgamiento de nuevas rutas a firmas “low cost”.

Los sindicatos aeronáuticos le agradecieron su gestión y le advirtieron al Ministro de Transporte que el paro del lunes 19 se repetirá todas las veces que sea necesario si el sucesor, el ex Techint Mario Dell’Acqua, transforma el gradualismo en shock.

En octubre, en un foro empresario, Constantini reconoció que en su gestión quedaron en la calle 400 personas de un total de 12.400 empleados.

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El jueves pasado, el Gerente de la Nación Mauricio Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.

El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.

La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra

El impuesto

El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.

Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.

Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.

La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.

Qué cambió

Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.

Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.

El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.

El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.

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En el marco de un conflicto sindical creciente en ramas claves de la actividad económica, el gobierno nacional decidió modificar la forma de pago del impuesto al salario. Con esto busca crear condiciones para simplificar las negociaciones paritarias y allanar el camino hacia las PASO de agosto y las elecciones generales de octubre.

¿Qué cambió…

Hace pocos días se reglamentó una modificación en la forma de pago del llamado impuesto a las ganancias de la 4ta categoría, que en los hechos es básicamente un impuesto a los salarios de una fracción de las y los trabajadoras y trabajadores asalariados formalizados.

La modificación no implicó la elevación del salario mínimo no imponible (valor por debajo del cual no se computa el impuesto) ni se alteró la estructura general de las escalas a partir de las cuales cambia la alícuota del impuesto (del 9% al 35% del ingreso imponible) o deducciones más importantes (por hijas, hijos, cónyuge, etc.). El cambio supuso esencialmente la creación de un régimen especial que abarca a todos aquellos que tienen salarios brutos (antes de descuentos y deducciones) de entre 15 y 25 mil pesos por mes. Éstos tributan hoy entre 8% y 13% de su salario por este impuesto. El nuevo sistema establece una escala de descuentos en los montos que corresponde pagar de este impuesto, de forma tal que quienes estén en ese rango de ingresos (se estima que son unas 700 mil personas) pagarán un monto reducido de forma retroactiva a enero. Los valores ya pagados en exceso serán devueltos en cuotas durante los próximos meses.

…y por qué?

En el marco de la campaña electoral que se acelera, de las crecientes demandas sindicales de eliminación o corrección radical del impuesto, y frente al creciente grado de conflictividad de las negociaciones paritarias en marcha, el gobierno nacional encaró de manera parcial, tardía y bastante arbitraria la mencionada modificación. La medida se tomó a pesar de su costo fiscal (que ahora no ha sido explicitado por el gobierno), algo que en otros momentos fue señalado como una de las restricciones para encarar cualquier cambio. La modificación se hizo sin tocar otras fuentes de ingresos o alterar otros tributos. Si bien no fue aclarado, la menor recaudación será compensada con mayores recortes en el gasto público, más endeudamiento en el mercado de capitales privado o con mayores niveles crédito por parte del Banco Central (o, lo que es lo mismo, más emisión monetaria).

La medida es tomada como una respuesta abierta a negociaciones salariales donde las exigencias de las trabajadoras y los trabajadores superan ampliamente las ofertas empresariales y las “sugerencias” de los funcionarios gubernamentales. Luego de la caída de salarios estimada en torno al 6% en 2014, la mayoría de los gremios está reclamando aumentos por encima del 30% anual, para recuperar la caída y enfrentar la inflación porvenir (superior al 25%), mientras que gobierno y empresarios proponen subas cercanas al 20%, o algo más si son escalonadas o en cuotas.

Frente a esas demandas, el gobierno ha decidido hacer lo que siempre negó poder hacer, aunque tomando prudente distancia del último paro nacional y en una modalidad que no suponga responder literalmente a los pedidos sindicales. Dado el cambio en la forma de pago del impuesto, los ingresos de las y los trabajadores afectados subirían en torno al 5%. En la interpretación gubernamental, eso tendería a reducir las pretensiones salariales en las negociaciones.

Impuestos y distribución del ingreso. ¿Quién debe pagar?

La presión fiscal sobre los salarios del conjunto del pueblo trabajador se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. En el marco de un estancamiento de la economía y de los ingresos de las familias trabajadoras, un porcentaje cercano al 11% de los ocupados formales tributa “ganancias”. La cuestión es que hoy en día, las familias con ingresos apenas por encima de la canasta familiar (hoy mayor a $14.000) pagan un impuesto directo por sus ingresos. Además, de pagar el IVA por todos sus gastos (21%), más otros impuestos al consumo (ingresos brutos, combustibles, etc.), más los aportes previsionales, esas familias trabajadoras con ingresos por su trabajo superiores a los 15 mil pesos brutos sufren una importante carga impositiva.

El gobierno nacional pretende justificar el sistema vigente sobre la base de señalar que un porcentaje muy grande de trabajadores no tributa el impuesto. Esto es cierto, porque la gran mayoría recibe ingresos muy por debajo de la canasta familiar (6 de cada 10 ocupados ganan menos de $6.500) y una porción sustancial (cercana al 30% de las personas) recibe ingresos por debajo de lo que se considera un ingresos indigno en nuestro país, es decir, menor a la línea de pobreza. Sin embargo, esta situación es el resultado de las enormes tasas de precariedad laboral y de superexplotación del trabajo propiciadas por el proyecto neodesarrollista (y sus principales beneficiarias: las corporaciones transnacionales) y no producto de las demandas de las familias trabajadoras, que han logrado escapar parcialmente a tales circunstancias.

Mientras el gobierno les exige moderación en sus demandas a las y los trabajadores formalizados; tanto empresas que desarrollan minería a cielo abierto, inversores en el sistema financiero con plazos fijos millonarios o compradores de títulos públicos –entre otros grandes propietarios de capital– tributan poco y nada por las ganancias que obtienen del trabajo ajeno.

En efecto, el sistema tributario argentino carga el peso de la recaudación sobre el ingreso de quienes participan de la producción directa de valor y riqueza, el pueblo trabajador, mientras que quienes reciben porciones variables de la ganancia o plusvalía generada por la mera propiedad de grandes capitales son beneficiados. Estos últimos no sólo tributan poco, sino que reciben millonarios subsidios y exenciones impositivas.

La situación es tal que una familia trabajadora que gane cerca de dos canastas familiares (25 mil pesos mensuales) por su trabajo, tributará proporcionalmente por este impuesto injusto casi 35% sobre sus ingresos, tanto como uno de los gerentes de YPFSA (con ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales) o de cualquier gran capital nacional o multinacional.

Claro que más allá de lo formal, los ingresos de gerentes al igual que los ingresos de propietarios de los grandes capitales no son salario, sino ganancias (plusvalía, plustrabajo) disfrazadas como tal. La injusticia de este impuesto es que equipara a una familia con salarios equivalentes a dos canastas familiares con el presidente de un gran banco o el gerente de la Barrick Gold en la Argentina o el dueño de Grobocopatel.

Un impuesto más justo debería eximir al menos a todas y todos los que ganen dos o tres salarios equivalentes a la canasta familiar (ajustable de manera automática según la inflación) y a partir de allí establecer un verdadero impuesto a las ganancias que aumente la carga proporcional para llegar progresivamente a alícuotas más altas que los máximos actuales. Ese esquema nuevo debería incluir un cambio en la progresividad de las escalas, una modificación en el sistema de deducciones, junto con la eliminación amplia de exenciones y subsidios al gran capital. Este sistema combinado con la recuperación de los aportes patronales sobre las grandes empresas (que fueran reducidos en los años noventa) permitiría empezar a transitar un esquema de financiamiento de la actividad estatal con mayores niveles de equidad distributiva.

* Militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Docente UNLP. Investigador CONICET.

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Después de los anuncios de la semana pasada sobre reducciones en el impuesto a las ganancias, el panorama en los sindicatos bancarios, aceiteros y docentes, donde aún no se llega a un acuerdo por el aumento para los salarios mínimos.

Con los anuncios de reducciones en el pago de ganancias hechos la semana pasada por el Ministro de Economía, Axel Kiciloff, el gobierno nacional busca rédito electoral y apaciguar a los sindicatos para que acepten techos salariales de un 25%; o, al menos, quitarles legitimidad a sus reclamos.

A la vez, este anuncio no implica ningún cambio de fondo sobre el impuesto al salario, ni siquiera modifica el mínimo no imponible de $15.000. Frente a las paritarias, resulta una política que implica un golpe a los sectores de menores salarios, que lejos están de ser alcanzados por el impuesto.

Fue Antonio Caló –Secretario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)– quien sintetizó lo que implica esa política, cuando señaló que en la UOM el trabajador de menor categoría y que recién se inicia en la actividad percibe apenas $5.000 y que “lo único que se reclamó es que ese monto pasase a $6.700, lo que representaría un 32% sobre el mínimo”. Una gran confesión del dirigente metalúrgico: de movida, esta conducción oficialista pide un salario que cubre aproximadamente la mitad de la canasta familiar. Por ahora eso no le impidió acatar la conciliación obligatoria y levantar el anunciado paro metalúrgico de 36 horas.

Pero la UOM no es el único gremio con problemas para cerrar sus paritarias.

Bancarios: anuncian paro de 24 horas

La Bancaria continúa la negociación con más de cuatro meses de retraso. El sindicato realizó cese de tareas en las dos últimas horas de atención al público y ratificó el paro de 24 horas para el martes 12 si no hay respuesta.

A diferencia de otros años, en los bancos se vivieron mayor activismo y descontento por parte de las y los trabajadores. Por banca pública, que tiene comisiones internas opositoras a la conducción del sindicato, el Banco de la Provincia de Buenos Aires convocó a plenarios de delegados y el martes pasado marcharon por la City porteña. Además, en el Ciudad se llevó adelante una asamblea de delegados y trabajadores, mientras se reunían las partes y, al mediodía, en el BCRA se debatía en asamblea general las medidas convocadas por el sindicato. En cambio, en el Banco Nación –dirigido por una gremial alineada a la conducción oficial– se sostuvo el cese de tareas por sucursales, pero sin movilización, a lo que se sumó la falta de plenario de delegados de base. En el caso de los bancos privados, se reclama que las medidas de paro sean más contundentes, ya que la mayor presión por parte de las autoridades de los bancos determina la imposibilidad de plegarse a los paros parciales.

En ese marco, hoy se reúnen las partes nuevamente en la cartera laboral. Los sectores más combativos de la oposición y de la izquierda convocan a movilizar al Ministerio de Trabajo para garantizar la consulta a la base, que reclama un aumento no menor al 40% y un plan de lucha con paros progresivos decididos por las asambleas generales y plenarios de base que contengan el reclamo por los tercerizados, el respeto del convenio y por ingreso de más personal.

Nuevo fracaso en la negociación paritaria aceitera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines informó que el miércoles pasado se realizó una nueva audiencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria por la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 de los trabajadores aceiteros. Las patronales mantuvieron su postura de ofrecer un 24% de aumento, y al no llegar a un acuerdo se fijó una nueva audiencia para el día de hoy, y que continúe el paro por tiempo indeterminado.

La gran Huelga Nacional Aceitera continúa con mucha fuerza: más de 40 plantas de aceite y de biocombustible están totalmente paradas en todo el país y más de 20 barcos, esperando cargar.

Los trabajadores aceiteros continúan reclamando por un salario mínimo que asegure un salario de $14.931 para la categoría inferior (actualmente, de $10.500). Este monto corresponde –sobre la base de los estudios realizados por sus asesores económicos sobre datos oficiales de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del INDEC del 2012/2013 y de acuerdo con la metodología aprobada por el Plenario nacional de Delegados de la Federación realizado el 25 de febrero– al Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo; es decir: “La menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Las empresas se niegan a este aumento, pero esconden que se encuentran entre las de mayor rentabilidad del país. Las trece empresas más grandes del sector oleaginoso facturaron $176.889 millones de pesos en un lapso de doce meses (entre 2013 y el primer trimestre de 2014); un 142% más que en 2009. Si se toma todo 2014, es posible que las ventas de estas grandes empresas ronden los $250.000 millones de pesos.

Continúa el plan de lucha de los docentes universitarios

El plenario de Secretarios Generales de CONADU histórica resolvió continuar con las medidas de fuerza tras haber recibido una oferta del gobierno que resultó insuficiente y tardía. Durante el miércoles y jueves pasados realizaron jornadas nacionales de lucha con movilización, radio abierta, clases públicas entre otras.

La oferta que causó tanto malestar en los trabajadores universitarios fue de 22% repartidos de la siguiente manera: 12% al 1 de junio, más 10% en fecha a definir. La próxima mesa de negociación colectiva será mañana, martes 11 de mayo.

Al respecto, Patricia Propersi, secretaria adjunta de docentes universitarios rosarinos, aclaró que prefieren no hablar de porcentajes. “Nosotros pedimos una canasta universitaria de $15.500. CONADU pide 35%, CONADU Histórica pide 40%, pero nosotros queremos que las y los docentes que recién ingresan y se van a dedicar exclusivamente a su trabajo en la Universidad tengan un ingreso de por lo menos $15.500”, explicó.

“¿Qué sos ahora, el secretario general de la UOM?”

A las medidas de fuerza y los no acuerdos en paritarias, se suma el malestar que habría provocado el freno a los acuerdos en los gremios oficialistas de Comercio y la Construcción (UOCRA) por parte del gobierno, porque superaban el 25%. Consultada al respecto, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, retó al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, desde Rusia: “¿Qué sos ahora, el secretario general de la UOM?”.

No obstante, todo hace pensar que continuarán los dolores de cabeza para el gobierno: durante esta semana se hará la primera audiencia de la Alimentación, que pedirá un sueldo inicial de $12.000 (más de un 43% de aumento). También tendrá lugar el debut de los gastronómicos en las paritarias, que exigirán un 35%, y por su parte los gremios nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) se reunirán el miércoles 12 de mayo y analizarán medidas de fuerza.

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