Por Camila Parodi y Maru Waldhüter

Más de 200 ciudades se sumaron a la manifestación tradicional de Brasil conocida como el “Grito de Excluidos y Excluidas” que denuncia, hace 26 años, los conflictos sociales que atraviesa el pueblo brasileño.  El Grito conjuga una serie de actividades que denuncian, desde 1995, al modelo neoliberal y del sistema financiero internacional que únicamente maximizan las ganancias en detrimento de los pueblos y sus territorios. En esta nueva edición y, bajo el lema “La vida en primer lugar”, pueblos indígenas y organizaciones sociales, feministas, campesinas y sindicales salieron a las calles contra el gobierno de muerte de Jair Bolsonaro. Masivas marchas y diversos reclamos se conjugaron bajo el “Fuera Bolsonaro”. Para profundizar y acercarnos al calor de la jornada, Marcha dialogó con Sarah de Roure, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.

¿Qué lectura haces de los acontecimientos políticos y sociales sucedidos en los últimos días en Brasil?

Sobre mi lectura de los últimos días en Brasil,  desde los feminismos estamos denunciando el hecho de que hay un clamor popular por el impeachment a Bolsonaro, por la baja aprobación de su gobierno. Incluso los números de los que prefieren a Bolsonaro en la próxima elección también son muy bajos. Nos brinda una sensación de que para la población, en especial en la población más pobre, este gobierno ya no tiene legitimidad o está perdiendo la legitimidad que le han brindado las urnas del 2018.

Las permanentes amenazas del gobierno al sistema electoral están generando un ambiente de mucha tensión. El hecho de que desde la presidencia del Congreso no tenga una respuesta que lleve en serio la propia democracia. Hay una profunda complicidad de liderazgos políticos en la política tradicional de Brasil, de los partidos que se dicen de centro, que intentan diferenciarse del gobierno, pero en realidad son, fundamentales para la manutención de este gobierno por el hecho de que no abren un proceso de investigación, o por lo menos en un proceso que ponga en cuestión el mandato de Bolsonaro.

¿Con esta demostración popular se profundiza la crisis institucional?

El contexto en que se va profundizando una crisis institucional en Brasil es un contexto que se pone muy feo, pero también sabemos que viene desde el 2016 con el golpe en contra la presidenta Dilma. Creo que aquí una cosa importante para pensar los últimos días es que los mismos sectores involucrados en el golpe contra Dilma convocaron a las manifestaciones antidemocráticas para hoy. Por ejemplo, cuando vemos sectores que dirigen la producción de soja en Brasil, los grandes propietarios, los que producen caña e incluso producciones que no afectan solamente a las comunidades y los territorios en Brasil, sino también, por ejemplo, cuando miramos la frontera con Paraguay. La expansión de estos planteos de soja, tiene afectado profundamente las comunidades de las mujeres que están allá también, O sea en las últimas semanas me parece que lo que se va armando y mostrando también son los sectores que están dispuestos a financiar en la economía y los que en la política están dispuestos a sostener su complicidad a este gobierno.

Se trata de un gobierno que hace broma con la condición del pueblo, la desesperación de la pandemia y los números de muertos en Brasil que aún siguen muy altos, digo aunque hay una tendencia de disminución, se trata de un gobierno que menosprecia estas vidas y que menosprecia el hecho de que el pueblo no tiene empleo, no tiene que comer, que la canasta básica sube de precio, un gobierno que sugiere que la gente no puede comprar frijoles y que lo importante se que tenga para comprar un arma. Están tomando el pelo del pueblo, de las mujeres, de la gente trabajadora, de las comunidades de afro en Brasil, de los pueblos indígenas, de la gente que trabaja todos los días para poner comida en la mesa.

¿Cuál es el clima en las calles de San Pablo?

El 7 de septiembre es el Día de la Independencia en Brasil, con lo cual es un día diferenciado como los feriados en general, no es un día festivo. Desde ayer en Brasilia ya habían movimientos de las protestas de apoyo al gobierno, pero también es verdad que no han sido tan grandes como se esperaban. Aquí en San Pablo aún están pasando, o sea, es difícil tener una evaluación de cómo están siendo las manifestaciones en defensa del gobierno. Pero lo que sí sabemos son de las manifestaciones en contra el gobierno, que están en favor del pueblo, en favor del acceso universal a la vacuna, de la renta básica, de que la gente tenga comida. Bueno, esas protestas sí que está pasando, en 200 ciudades y en siete países, eso nos brinda una visión, no solo de lo continental que es Brasil, sino también del hecho de que lo que pasa en acá también tiene efectos fuera de nuestras fronteras.

Cabe aclarar que en los sitios donde había manifestaciones coordinadas por el gobierno se han movilizado muchísimos recursos financieros, se nota en el tipo de transportes, en la presencia de la gente, en quiénes llegaban y en cómo llegan a la calle. O sea, las calles enseñan el volumen de dinero que se han puesto desde grupos privados para hacer viables las protestas en favor del gobierno y de nuestra parte lo que vemos, es gente: Gente indignada, gente trabajadora que quiere tener de vuelta empleo, gente trabajadora que quiere garantizar el acceso a la educación. Son mujeres y hombres, son resistencias desde los pueblos indígenas que están en las calles hoy en todo el Brasil diciendo “fuera Bolsonaro”.

Y en ese tema del ambiente en las calles, creo que merece la pena decir que las protestas del gobierno han hecho eco y tienen un rol protagónico, también es verdad que la protesta en respuesta y resistencias son claves para enmarcar físicamente el espacio para decir no al avance. No es posible que, frente a la avanzada del fascismo, nos callemos. No es posible que no respondamos al mismo momento. No es posible que no nos planteemos de un a otro día, o sea, me parece muy importante destacar que el clima en las calles también tiene que ver con el hecho de que hay resistencias activas en todo el país.

Vimos las cales tomadas por las mujeres y disidencias sexuales, ¿Cuál es la respuesta de este sujeto político frente a las políticas de Bolsonaro?

Me parece importante decir que hemos sido las mujeres quienes desde el 2016 hemos estado al frente, que hemos sido punteras en la resistencia al golpe contra la presidenta Dilma, en la resistencia a los avances de que se saquen derechos de las y los trabajadores del pueblo brasileño. Hemos sido, y seguimos siendo, porque sabemos y sentimos en el cuerpo, en el tiempo, en el incremento de la carga de trabajo doméstico, cómo va avanzando el conservadurismo sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Las resistencias de las mujeres son desde la autonomía, desde la posibilidad de manejar nuestras respuestas y a eso me refiero, específicamente a experiencias de organización comunitaria, a nuestra experiencia de solidaridad política, a nuestra experiencia de solidaridad práctica que, en el contexto de la pandemia también son muy importantes para el enraizamiento de las luchas. Hemos sido las mujeres las que hemos gestionado las necesidades en esa crisis.

¿Cuáles son las respuestas de las mujeres y disidencias frente a la crisis y el avance del conservadurismo en Brasil?

Frente a las políticas de Bolsonaro, también vemos una respuesta muy importante desde la organización de las mujeres trabajadoras en sus huelgas y desde la organización de las trabajadoras de hogar en sus sindicatos han sido muy activas. Hemos visto también una resistencia fundamental de las mujeres indígenas y la denuncia del agronegocio, el avance de los modelos extractivos en el periodo de la pandemia. De hecho, esta semana está la marcha de las mujeres indígenas en Brasilia, como una expresión absolutamente fundamental de las luchas de la resistencia frente al avance de este modelo, que es un modelo fascista, de control de la vida, del trabajo y de nuestros cuerpos que avanza frente a los territorios. Todo este modelo tiene un impacto muy concreto y directo en la vida de las mujeres.

En ese sentido, las mujeres indígenas lo materializan muy bien. Ellas están en en los territorios en conflicto y están ahí poniendo su vida y sus cuerpos. Resistiendo con todo lo que tienen, su experiencias de posibilidades, de organización colectiva. Este gobierno ha elegido algunos enemigos fundamentales y, por supuesto, eligió a las mujeres y sus derechos como su adversario y lo hace, no solo al retirar derechos, al reducir presupuesto público para las políticas de las mujeres, sino que lo hace también al incrementar la violencia en las comunidades, lo hace también al no referirse a las mujeres cuando habla, sino de forma despectiva. Un gobierno que elige a las mujeres como sus adversario y que apuesta por modelos de femenino que si tiene visibilidad en su gobierno, o sea, la mujer madre de familia, la que defiende la familia, la que está siempre dentro de los patrones de belleza, como la primera dama. O sea, hay una apuesta también del refuerzo de un modelo de feminidad que sea funcional a este modelo de desarrollo y de avance del conservadurismo. Un modelo profundamente misógino y que claro, deja claro el odio que este gobierno tiene a las mujeres y a las disidencias sexuales.

La posibilidad de alternativas tienen que ver con nuestra capacidad de organización colectiva, de respuestas de las necesidades, de sacar de lo privado el manejo del hambre y la ausencia de recursos en los hogares, compartir las experiencias de organización colectiva. Proponemos profundizar la lucha por el impeachment del presidente Bolsonaro, profundizar las resistencias en los territorios, la denuncia y la construcción de alianzas con otro movimientos sociales, con quienes estamos lado a lado en la lucha de la defensa de la democracia, en contra del avance del fascismo, en defensa de la libertad y de la vida de las mujeres.

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Por Julieta Caggiano

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y  Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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El pasado miércoles el medio O Globo dio a conocer un nuevo capítulo del proceso político que comenzó con la destitución de la presidente electa de Brasil Dilma Rousseff. En diálogo con Marcha, Renata Mielli, coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación de Brasil, compartió su mirada.

Al días de haberse cumplido un año del golpe de estado que sacudió al país vecino y modificó el tablero político de la región, Brasil vuelve a estar en el centro de atención. Es a partir de las repercusiones que generó el audio publicado por O Globo el pasado miércoles. Este pone en evidencia un diálogo entre el empresario Joesley Batista, dueño de JBS -uno de los mayores frigoríficos del mundo- con el presidente no electo Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Allí, Batista da a entender la existencia del pago de coimas al ex-diputado Educardo Cunha, a cambio de su silencio ante la causa en la que el actual presidente se encuentra implicado. Vale aclarar que Cunha fue el promotor del impeachment que terminó con el mandato de Dilma Rousseff el 12 de Mayo del 2016.

Desde la llegada del gobierno de Temer diferentes factores influyeron para generar la actual crisis político-institucional. La profundización del programa neoliberal que implica la implementación de privatizaciones, la reducción de presupuesto para políticas públicas, la criminalización de la protesta social y de la pobreza, junto a la imagen negativa con la que ingresó el actual mandatario -que ya rondaba el 60% en su comienzo- funcionaron como un cóctel explosivo para desencadenar en el actual escenario. Fue en este contexto que el campo popular decidió mantenerse en las calles para exigir, en primera instancia, la salida de Temer con el llamado a elecciones directas. Y que continuó con un plan de lucha que abarcó desde la ocupación de ministerios hasta lograr la primer huelga general desde 1996, encontrando a millones de trabajadores y trabajadoras organizados en un mismo reclamo. En estos momentos, el pueblo brasilero sigue ocupando las calles exigiendo la salida del gobierno golpista.

A raíz de este panorama la mayoría de las lecturas concluyen en que el actual gobierno del PMDB tiene los días contados. Ya sea, a partir de que Temer presente su renuncia o de que se genere un nuevo proceso de impeachment en el parlamento. Ambas salidas del gobierno golpista darían lugar a tres caminos posibles para definir el desenlace de esta historia, de los cuales dos de ellos se encuentran actualmente en disputa. Por un lado, la oligarquía brasilera en alianza con O Globo, apuesta a la realización de elecciones indirectas entendiendo que tienen a su favor la composición del congreso. Por el otro, está el llamado a elecciones generales que, hace poco más de un año, integra el reclamo del pueblo organizado. En las cuales, según diferentes encuestas, si estas sucedieran hoy el ex-presidente Lula Da Silva del PT sería el candidato favorito.

Con el objetivo de comprender este reciente suceso y ampliar un poco los diferentes análisis que vienen circulando, Marcha dialogó con Renata Mielli, la coordinadora general del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación de Brasil que nos compartió su mirada sobre la situación actual que afronta el país.

“Hay todo un proceso para limpiar el golpe”

¿Qué factores influyeron para que sea la misma derecha la que haya impulsado la salida apresurada de Temer?

Las fuerzas de derecha que hicieron el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma no escogieron a Temer, fue una imposición para los golpistas. Si bien no tenían mucha confianza en él, se trataba del vicepresidente e intentaron impulsar con él las reformas neoliberales. Desde el inicio del gobierno, con la formación de su gabinete, causó mucha resistencia porque no tuvo habilidad política, por ejemplo, al no incluir a las mujeres en su gobierno. La escuela de Temer representa la vieja política por eso no contó con el apoyo popular. El objetivo del proceso de impeachment no era una cosa personal contra Dilma o el PT, se trata de un plan más ambicioso, con el objetivo de reconducir y cambiar el proceso político en Brasil.

Pero con el gobierno de Temer rápidamente encontró un límite…

Después del impeachment las principales reformas no pudieron ser aprobadas en el Congreso y la base política del gobierno se fue deteriorando rápidamente poniendo en su contra a la sociedad. Las fuerzas de derecha no creen que el gobierno de Temer sea capaz de aprobar las políticas que les interesan, entonces hay un proceso para apartarlo y colocar en el poder una persona que cuente con la posibilidad de reunir apoyo de una base para hacer efectivas dichas reformas neoliberales que pretende instalar la élite económica de Brasil.

Entonces hay todo un proceso para limpiar el golpe. El proceso de persecución judicial contra Dilma, con la operación Lava Jato, conducido por la justicia y la policía federal, también salpica a la derecha. En esa línea hay relaciones y acusaciones donde aparece centralmente la figura de Temer y no se puede esconder más. Las dos cosas están muy entrelazadas. Si la sociedad acreditó todo el proceso contra Dilma, ¿cómo mantener en el gobierno una persona que también es denunciada por prácticas corruptas?.

En ese marco, ¿qué rol tienen los medios masivos de comunicación para la definición del rumbo político de Brasil?

El rol de los medios de comunicación en este proceso es central. Todo el momento de persecución contra Lula y Dilma fue por el papel de los medios, la cotidiana acción de deslegitimación de la política de desarrollo y de inclusión social implementada por el anterior gobierno configuró un odio profundo contra la izquierda y en particular contra el PT. Decimos acá que el golpe en Brasil fue un golpe jurídico-mediático. Los medios hegemónicos y monopólicos están alineados con la creación de un discurso antipolítica en el que instalaron la idea de que es preciso colocar una persona “ajena a la política”.

¿Qué lectura hacen sobre el accionar de la red O Globo al publicar el audio que acusa al actual mandatario de corrupción?

Con la reciente denuncia contra Temer hubo un tratamiento preferencial por parte de la red O Globo que también tomó una decisión de comunicación. Pienso que se preguntaron, ¿ante la actual situación, qué hacemos?, ¿vamos a ser el medio que de la noticia en primera mano o vamos a ser apurados por otros? Entonces trabajaron sobre esta decisión que, si bien no es confortable para ellos, pudieron aprovechar la situación. Ya que la creciente percepción de la población sobre la parcialidad y selectividad de los medios debía ser contrarrestada. En el momento en el que hacen la denuncia contra Temer y Neves inicia un “discurso de protección desde los propios medios”, queriéndose mostrar como ajenos y parciales. Es una situación muy delicada porque manipulan la opinión publica con el objetivo de recuperar la legitimidad que, en todos estos años de denuncias selectivas contra Lula y Dilma, fueron perdiendo. Entonces ante este escenario de crisis que se abre, la red de O Globo está haciendo campaña apartada del gobierno.

Apoyando las elecciones indirectas…

Exacto. Hay una defensa de la red O Globo para que las elecciones sean indirectas. O sea el parlamento brasilero, que tiene 69 integrantes investigados por la operación Lava Jato, sería el encargado de elegir al próximo presidente.

En ese contexto, ¿cuál es la respuesta del campo popular?

Desde los movimientos sociales estamos saliendo a las calles para no aceptar este proceso de reformas indirectas. Queremos votar y recuperar la soberanía del voto popular para que sea la sociedad la que decida el rumbo del país. No podemos aceptar que, por forma indirecta y desde un régimen autoritario, sea elegido el próximo presidente por más corto que sea su mandato hasta el proceso electoral.

El escenario político es muy incierto y hay mucha debilidad institucional. El papel de los movimientos sociales ahora es disputar ese rumbo en las calles y luchar para que sean convocadas nuevas elecciones presidenciales haciendo frente a este proceso político que es muy dañino para nuestra democracía y que tiene impacto para toda América Latina.

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Por 450 votos a favor, diez contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados de Brasil destituyó al diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Con este resultado, Cunha queda apartado de la Cámara e imposibilitado de cumplir funciones públicas hasta el 2023. Después de la votación, el presidente de la Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tuvo que pedir para las personas de la sala que dejen de gritar “Fora Cunha”.

El diputado fue el principal articulador del proceso de impeachment de la presidente Dilma Rousseff (PT) cuando presidente de la Cámara de Diputados. Cunha fue apartado de su mandato como presidente el 5 de mayo, una semana después de que se votara a favor del procedimiento de impeachment de Dilma. El alejamiento de Cunha fue solicitado por la Procuradoria General de la Republica e concedida por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) ,Teori Zavascki, relator de la Operación Lava Jato que investiga casos de corrupción en la Petrobras.

Acusaciones

Eduardo Cunha es acusado de dos acciones relacionadas al esquema de corrupción que actuaba en la Petrobras. En una de las acciones, abierta en marzo por el SFT, él es acusado a haber recibido US$ 5 millones de coimas referente a un contrato del astillero Samsung Heavy Industries con la Petrobras.

En la segunda acción, aceptada en junio por el STF, él responde por supuesta recepción y movimientos de coima en cuentas secretas en Suiza, cuyo origen sería la compra, por parte de la Petrobras, de un campo de petróleo en Benin, África. El negocio habría rendido unos R$ 5,2 millones a favor Eduardo Cunha.

Una tercera denuncia se refiere al supuestas vinculaciones de Cunha en desvios en la obras de Porto Maravilla, en Rio d Janeiro, con base en las denuncias premiadas de los empresarios Ricardo Pernambuco y Ricardo Pernambuco Jr, de la Carioca Engenheria.

Y por último, fueron apuntadas situaciones que comprobarían el uso del cargo para “intimidar legisladores, acusados, colaboradores, abogados y antes públicos con el objetivo de obstruir o demorar las investigaciones”.

La defensa contestó toda las acusaciones y sustentó que no hay “indicios minimamente sólidos”de las acusaciones contra el diputado apartado.” Y por su parte, Cunha afirmó todo el tiempo que se trata de un juicio político en venganza por haber viabilizado el impeachment de Dilma Rousseff.

“Cunha é Temer”

Cabe recordar que en la evaluación de la propia Dilma y miembros del PT, las acciones de Cunha favoreciendo el impeachment de la entonces presidenta estuvo fundamentado en la negativa de los parlamentarios del PT  – Zé Geraldo (PA), Valmir Prascidelli (SP) e Léo de Brito (AC) – de votar a su favor en el Consejo de Ética, en diciembre del año pasado.

Durante la sesión que definió la casación del mandato de Cunha, el diputado Silvio Costa (PTdoB-PE), dijo mirando a Cunha: “Hace algunos meses [muchos diputados] estaban en Rusia tomando vodka con Eduardo Cunha. Hoy, diputado, algunos compañeros suyos son ministros. El primero que lo abandonó fue el golpista Michel Temer”.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB) observó la soledad del ex-presidente de la Cámara, recordando que apenas dos diputados fueron a la tribuna a defenderlo. Jandira afirmó que el “Fuera Temer” no es más de un sector de la izquierda y que las manifestaciones contra el actual gobierno y por nuevas elecciones van a crecer en el país porque la población esta se esta concretizando de que “Temer es Cunha y Cunha es Temer”. Según la diputada, la causa de Cunha va a repercutir en el apoyo del gobierno en la Cámara. “Esa base no resistirá por mucho tiempo”, dijo Jandira. “Nosotros sabemos que vamos a recuperar la democracia y la agenda de derechos”, concluyó.

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Finalmente, este miércoles la historia de Brasil se partió en dos.

Como en aquella noche del 31 de marzo de 1964, los dueños de todas las cosas despacharon de arrebato a los inquilinos legítimos del Palacio de Planalto en un sainete vergonzosamente fraudulento. Esta vez no hicieron falta las botas militares ni el protagonismo tan activo del Tío Sam. El putrefacto, elitista y machista sistema político brasileño lo hizo posible. Secundado, claro está, por los cañones del leviatán mediático y su cabeza de Globo, que aportaron la necesaria cuota de blindaje y anestesia.

Luego de 112 días de farsa jurídica, el trabajo sucio en la estocada final lo asumieron los 61 senadores que eligieron colgarse la mochila eterna del golpismo a cambio de un puñado de favores para sus negociados. Misma tragicomedia que habían protagonizado 367 diputados aquel 17 de abril. En buena parte de ellos, la prebenda pasa también por una eventual inmunidad judicial: 41 de los 81 senadores y casi un tercio de los diputados está salpicado en casos de corrupción.

Lo mismo que el conspirador Michel Temer y su tropa. Quien ahora tendrá la banda presidencial hasta fines de 2018 está vinculado al escándalo de Petrobras: en una delación premiada, el empresario Marcos Odebrecht (preso por este caso) aseguró que Temer le pidió más de 3 millones de dólares para campañas de su partido.

Directivos de la misma empresa admitieron que el entramado de corruptela arrancó en la campaña presidencial del actual canciller José Serra en 2010. Por si acaso, tres ministros de Temer ya debieron renunciar por escándalos similares. Y ni hablar de Eduardo Cunha, principal autor intelectual del impeachment, suspendido por la Corte Suprema como presidente de la Cámara Baja por delitos ostentosos.

Es cierto que la huella de corrupción inunda a toda la clase política brasileña, incluida parte de la dirigencia del PT (decía el periodista Pompeu de Toledo que “la corrupción forma parte de nuestro sistema de poder así como el arroz y el fríjol de nuestras comidas”). Pero no menos rigurosa es la inocencia de Dilma, a quien no se le consiguió probar delito alguno. Tan floja de papeles fue la imputación, que las irregularidades fiscales por las que se la destituye fueron practicadas por todos los gobernantes de los últimos 20 años, incluido el propio relator del impeachment, Antonio Anastasia, quien durante su gestión como gobernador en Minas Gerais las cometió 51 veces…

La historia la absolverá

El discurso de defensa de Dilma el pasado lunes estuvo cargado de una lucidez y una fuerza moral admirable. Sin efumemismos, describió el proceso como una “grave ruptura institucional, un verdadero golpe de Estado. Un golpe que, una vez consumado, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”.

También dejó al desnudo que “la ruptura democrática se da por medio de la violencia moral de pretextos constitucionales para que se otorgue apariencia de legitimidad al gobierno que asume sin el aparo de las urnas. Se invoca a la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente el mundo de los hechos”. Y sintetizó las implicancias del golpe: “Lo que está en juego no es sólo mi mandato sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años”.

En efecto, la conspiración político-judicial-mediática que se llevó puestos 54 millones de votos vino a imponer el proyecto económico derrotado en las últimas cuatro elecciones. A desandar las conquistas sociales (progresistas, ni siquiera transformadoras) desplegadas desde que asumió Lula en 2003, a reinstalar el modelo neoliberal noventoso que impulsaron Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso.

Como sintetizó la senadora Regina Souza, era una batalla entre la Bolsa Familia (principal programa social) y la Bolsa de Valores. La victoria estaba cantada.

Los dilemas del PT

Pasado el duelo de tremendo cachetazo, el PT y las fuerzas que lo acompañan deberán afrontar una necesaria autocrítica para analizar con precisión la etapa que se cerró este miércoles.

Van algunos posibles interrogantes al respecto: ¿Qué hubiese pasado si se escuchaba con más audacia el clamor de la reforma al sistema político? ¿Con qué estrategias enfrentar a una maquinaria de poder legislativa controlada por la elite empresario-evangélica? La supuesta indispensable alianza con el centroderechista PMDB, ¿no terminó siendo un salvavidas de plomo? ¿Es ineludible la fórmula de conciliación de clases para llegar al gobierno y mantenerse? ¿Cuánto influyó no atreverse a democratizar el esquema comunicacional y combatir el monopolizado terrorismo mediático? ¿Por qué no se apostó a sostener el proyecto en el protagonismo y la movilización popular?

Tal vez en las deudas pendientes se podrán encontrar algunas pistas para recalcular y reimpulsar las fuerzas del progresismo brasileño. No todo está perdido: quien aparece hoy con mejores chances para las presidenciales de 2018 es nada menos que Lula.

La consumación del golpe tiene, sin dudas, un gran impacto en América Latina. No sólo por la descomunal influencia del gigante del Sur como primera economía regional. El giro en política exterior –encabezado por el canciller Serra- trastocó la correlación de fuerzas en el escenario diplomático. La ofensiva contra Venezuela en el Mercosur, articulada junto a Argentina y Paraguay, evidencia un plan continental monitoreado desde Washington cuya principal obsesión es tumbar la revolución bolivariana. De la capacidad de rearticulación de las fuerzas progresistas y populares y de la resistencia que logren los pueblos en las calles dependerá que esta ofensiva conservadora se pueda revertir.

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En vísperas de la votación final del impeachment, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (PT), participó del “Acto Contra el Golpe”, realizado en la noche del martes (23) en la capital de São Paulo.

Durante el evento, ella afirmó que, al contrario de lo que parte de su generación imaginó al finalizar la Dictadura Militar, la defensa de la democracia brasileña aún no se finalizó. “Exige lucha diaria”, declaró.

El evento, promovido por los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo – articulaciones nacidas en 2015, que reúnen diversas entidades – contó con la presencia de representantes de más de 40 organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, de negros y campesinos.

Golpe

El discurso de Dilma sobre la exigencia de defender la democracia se dio en un contexto en el cual explicaba porque el proceso contra su mandato puede ser entendido como golpe. “Si entendemos el régimen democrático como un árbol, el golpe militar es un hacha. Ahora, los golpes parlamentarios actúan como parasitos”.

La presidenta recuerda su histórico de resistencia a la Dictadura Militar: “Yo luche toda mi vida. Contra la tortura, contra el cáncer, y, ahora continuaré luchando por la democracia”.

Para ella, lo que está en juego en este momento en Brasil es la definición de cuales sectores sociales pagaran por la crisis. “Hay un conflicto distributivo. En es contexto, mi presencia es incomoda”.

Dilma comentó sobre las Olimpíadas, cuyo proceso de preparación comenzó en el gobierno Lula y continuó en el suyo. “Lula y yo no fuimos mencionados, y ustedes saben por quien. ¿Me preguntan como me sentí? Es como si organizan una fiesta, ordenan la casa y, el día de la fiesta, no los dejan entrar”.

Pos votación

Guilherme Boulos, del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), afirmó que, caso el impeachment se confirme, habrá resistencia. “Los golpistas dicen que, si Temer fue confirmado, habrá estabilidad. Ocurrirá justamente lo contrario: inestabilidad y tensión social”, previendo un proceso de contestación a las medidas anunciadas por el gobierno interino.

Otros lideres apuntaron a las amenazas de un posible gobierno de Temer. Carina Vitral, presidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), afirmó que el futuro de la juventud esta en riesgo como el proceso de impeachment. Ellos quieren acabar con el pre sal, elementos fundamentales para el financiamiento de la educación en el país”.

Para el alcalde de São Paulo, Fernando Haddad (PT), la confirmación de la deposición de Dilma indica que un escenario grave estar por llegar: “Primero ellos quitan derechos. Luego, podrán atacar también los derechos políticos”.

Los pasos finales del impeachment

El rito final de enjuiciamiento a la presidente apartada, Dilma Rousseff, ya fue definido por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, quien preside el proceso. La decisión salió tras una reunión con el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), y lideres partidarios. El proceso tendrá inicio el jueves, 25 de agosto, a las 9h (horario de Brasília). Si por lo menos 54 de los 81 senadores votan a favor del impeachment, Dilma será definitivamente apartada.

Según estimativa del STF, el rito durará mínimo cuatro días. Los dos primeros días serán dedicados a la presentación de cuestiones de orden y a la audición de los testigos. El lunes, 29 de agosto, está marcada la audiencia con la presidenta Dilma Rousseff. El proceso será finalizado con la votación de los senadores.

Fin de semana

Unos de los puntos más polémicos en las definiciones del proceso fue en relación a las secciones durante el fin de semana. A pesar de las controversias en relación a la duración del proceso, sectores aliados al gobierno de Temer insistieron a Lewandowski seccionar durante el sábado (27) y el domingo (28).

Concediendo al pedido, se decidió que las audiencias de todos los ocho testigos – dos por la acusación y seis por la defensa – no serán cortadas durante el fin de semana, calculando que podrá extenderse hasta la madrugada del sábado.

Según los cálculos realizados por el senador Lindbergh Farias (PT-RJ), no va a dar plazo de escuchar todos los testimonios dentro del plazo estimado por el presidente del STF, y el juzgamiento ocupará todo el fin de semana. “Nosotros hicimos las cuentas y si 40 senadores preguntan a cada testigo, calcularemos ocho horas y media [para cada testigo]”, explicó, contrariado.

Audiencia de Dilma

Agotada esta etapa, el lunes (29) los trabajos serán retomados con la audiencia de la presidenta apartada Dilma Rousseff que, por la primera vez, irá personalmente al Senado para defenderse de las acusaciones de crimen de responsabilidad. Ella tendrá 30 minutos para realizar su defensa, pero, según Lewandowski, ese tiempo podrá ser prorrogado por el tiempo que fuera necesario.

A partir de ahí, el presidente del STF, senadores, acusación y defensa tendrán cinco minutos para hacer preguntas a Dilma. No habrá limite de tiempo para las respuestas.

Concluida la participación de la presidenta apartada, la acusación y la defensa contaran con una hora y media para debatir el proceso. Inmediatamente después, los senadores inscritos también podrán discutir el proceso, teniendo un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.

En la etapa siguiente, el presidente del STF leerá un resumen del proceso con la fundamentación de la casación y de la defensa. Dos senadores favorables al impeachment de Dilma y dos contrarios tendrán cinco minutos para encaminar la votación final.

Acto seguido, Lewandowski preguntará a los senadores: “La acusada, señora presidenta de la República, Dilma Vanna Rousseff, ¿cometió los crímenes de responsabilidad correspondientes a la toma de prestamos junto a la institución financiera controlada por la Unión y la apertura de créditos sin autorización del Congreso Nacional, que le son imputados y debe ser condenada a la perdida de su cargo, quedando, en consecuencia, inhabilitada para el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años?”.

Votación

La votación será nominal, vía panel electrónico. Si por lo menos 54 de los 81 senadores votan a favor del impeachment, Dilma será definitivamente apartada y quedará imposibilitada por ocho años a partir del fines del 2018, cuando sería concluido su mandato. Caso ese mínimo de votos no sea alcanzado, el proceso es archivado y la petista reasumirá el mandato.

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Según la pauta de votaciones previstas para el Congreso Nacional, agosto de 2016 se proyecta como un momento clave en la historia de Brasil. Entra en escena la posible casación del diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ); la votación final de proyectos de ley (PL) polémicos como, por ejemplo, el PL que abre a la explotación petrolífera del pré-sal a favor de las multinacionales; la sentencia del Superior Tribunal Federal (STF) sobre los rumbos políticos del diputados Celso Russomanno (PRB-SP), candidato a la Alcaldía de São Paulo y condenado por la Justicia Federal por delitos contra la administración pública; y, especialmente, la decisión definitiva sobre el impeachment  de la presidenta apartada Dilma Rousseff, siendo el segundo caso de impedimento a ser juzgado en la historia del país.

Por los dictámenes legales, el presidente del STF, Ricardo Lewandowski, es el conductor del proceso, motivo por el cual el Supremo Tribunal definió el cronograma del impeachment, en diciembre del año pasado. Las cuestiones relativas a los plazos y recursos serán decididas por la Comisión Espacial del Impeachment (CEI) y por Lewandowski.

Los procedimientos adoptados en el trámite se asemejan al enjuiciamiento de júri: es realizada la convocatoria de testimonios (en total, 45 personas fueron odias por la comisión especial), son promovidos debates entre la acusación y la defensa y, finalmente, el Senado promueve la votación del caso.

Cronograma

Durante esta primera semana del mes de agosto, la temperatura del Congreso comienza a subir: el martes (2), el senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) deberá realizar la lectura del relatório en la Comisión Especial del Impeachment (CEI), en el Senado. El legislador irá a defender si hubo o no crimen del responsabilidad por parte de Dilma, y si el caso debe ir a juicio final, lo que debe ocurrir, teniendo en vistas la postura ya publicitada por el representante del partido liberal.

Para esa misma fecha, la oposición – liderada por senadores del Partido de los Trabajadores (PT) – promete presentar un voto separado (voto alternativo al del relator), para demarcar su posición contraria al desplazamiento de Dilma.

Según informó la senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), el grupo hace dos requerimientos al colegiado, también para ser apreciados en esta semana.

Uno de ellos solicita la presencia del procurador de la República Ivan Marx para declarar en la Comisión sobre el pedido de archivar el inquérito que trata acerca de las “pedalearas fiscales”. El Ministerio Público del Distrito Federal (MPDF) protocoló el pedido junto a la Justicia a inicios de julio, defendiendo que no hubo configuración de crimen por parte de Dilma Rousseff.

El otro requerimiento pide la retirada de las “pedalearas”  del proceso. La oposición defiende que, si el MPDF afirma que no hubo dolo, ella no deben contar en la pieza de acusación.

Después de la lectura del senador Anastasia, que deve ser favorable al impeachment, será dado a los miembros del colegiado un plazo de 24 horas para analisar el documento, la llamada “vista”. El miércoles (3), la Comisión irá a debatir su parecer, y al dia siguiente (4), el colegiado deberá votarlo. El viernes (5), será leída la resolución en plenario de la Cámara que debe realizar la sesión de pronunciamiento el martes siguiente (9), sobre la coordinación del ministro Lewandowski. La asesoría de Dilma Rousseff aún no confirmó se ella irá al Senado en esa fecha.

Después de la sesión de pronunciamiento, el trámite se continuará según los siguientes plazos: en hasta 48 horas, la acusación debe presentar el llamado “libelo” (pieza acusatoria) y la lista de testimonios; a continuación, dentro del mismo espacio de tiempo, tocará el turno de la defensa manifestarse contra el proceso y el rol de los testigos.

Segue la Ley nº 1.079 – que disciplina el rito de los procesos sobre crímenes de responsabilidad -, a partir de ahí se prevé  un plazo de 10 días entre la notificación y el enjuiciamiento.

La tempestad política debe llegar a su máxima expresión hacia fines de agosto, cuando el destino político de Dilma será finalmente definido por los 81 senadores que componen el plenario del Senado. Según informó la asesoría del STF, la primera fecha posible para el juicio es el 26 de agosto. Como se trata de un viernes, la expectativa es de que la sección se inicie el lunes, dia 29, debiendo extenderse por una semana. A pesar de no existir ninguna confirmación oficial por parte de la asesoría de la presidenta apartada, la presencia del Dilma se espera durante el juicio.

*Artículo publicado originalmente en Brasil de Fato. Traducción: María Julia Giménez

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El feminismo y el movimiento de mujeres junto a Dilma Rousseff, la presidenta electa de Brasil. Las movilizaciones populares y las resistencias ante las violencias materiales y simbólicas de la destitución de una política que rompió con el estereotipo de quienes ejercen el poder.

En estos días, se ha visto que la alegría no es brasilera, al menos no por ahora, no del pueblo brasilero, y mucho menos de las mujeres brasileras. Tras la “suspensión” de Dilma Rousseff en el cargo de Presidenta de la República Federativa del Brasil, lo que se observa es un golpe de Estado institucional y el avance de la derecha a través de mecanismos parlamentarios, que poco tienen de democráticos, como quieren hacer creer.

Desde que inició la campaña de desprestigio a Dilma Rousseff, quien no tiene acusaciones penales de corrupción pese a los intentos de la derecha de hacerlo, el pueblo brasilero se ha movilizado demostrando su apoyo, considerando que esto es una afrenta de las corporaciones económicas contra las decisiones populares, pero también un ataque de la derecha machista contra las mujeres.

“Ni recatadas ni del hogar, las mujeres en la calle están en lucha”

Con este canto, la Paulista – la avenida más importante de San Pablo que los domingos se convierte en una peatonal poblada de artistas, vendedores ambulantes, familias y grupos de amigos que salen a disfrutar de la tarde- se convirtió en el punto de encuentro de una cantidad muy numerosa de personas autoconvocadas por las redes sociales, con eventos creados por grupos de mujeres, para apoyar a la primera mandataria.

La frase, cantada al son de los aplausos, que se escuchaba en la boca de mujeres y varones de distintas edades, hace referencia a las expresiones sexistas de la conocida revista “Veja”, que en una nota sobre  Marcela Temer (ex modelo y licenciada en derecho), la esposa del (vice) presidente Temer, se la destaca como una mujer “bella, recatada y de su hogar”, sin ninguna otra descripción a sus habilidades o capacidades para desempeñarse en puestos públicos. Esto ha enfurecido a las brasileñas, que se expresaron contra la descalificación de las mujeres en el ámbito público y de toma de decisiones, y repudiaron este estereotipo, de la mujer-objeto decorativo  (como sucede también en Argentina  con muchas revistas al hablar de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri), e imagen que además se aleja bastante de la realidad cotidiana de miles de mujeres.

El carácter patriarcal y conservador de este golpe de derecha y empresarial  es cada vez más evidente. Desde el principio, Dilma Rousseff se ha mostrado con la frente en alto, algo que ha enfurecido a los sectores conservadores que esperaban verla débil y llorando públicamente por el boitcot mediático. Sin embargo, Dilma ha sido la única mandataria del Brasil que ante un impeachment ha soportado el proceso hasta el final, y ha salido por la puerta grande de la casa de gobierno, donde era esperada por una gran movilización, principalmente de mujeres.

¿Qué es lo que no le perdona el patriarcado a Dilma, además de ser una mujer en el poder? Es todo lo que rompe con los estereotipos femeninos. Por un lado, su entereza, de la que hemos hablado antes, que quiebra la idea de la debilidad femenina. Por otro lado, ser una mujer “sola”, sin un varón a su lado, es algo que tampoco pasa desapercibido, como tampoco ha sucedido con Michelle Bachelet, divorciada, y Cristina Kirchner, de quien se dijo que, una vez que quedó viuda, no podría hacer frente a la gestión gubernamental.

Tampoco le perdonan a Dilma no cumplir con el mandato de ser la mujer sumisa, cualidad resaltada por  la revista “Veja”. Rousseff ha sido parte de los movimientos guerrilleros contra la dictadura militar, y fue presa política y torturada. Los honores que el senador Cunha (declarado antiderechos y enemigo público del feminismo brasilero) ha realizado al torturador de Dilma Rousseff es la máxima expresión de este odio a quienes se opusieron al anterior golpe de Estado. Este acto de Cunha tampoco puede aislarse de su declarada oposición a que las mujeres decidan sobre continuar o no sus embarazos, y las presiones ejercidas para que Rousseff no impulsara la legalización del aborto, que llegaron a ser una condición para que la candidata del PT pudiese llegar a la presidencia, otra señal de que el patriarcado se empeña en no desaparecer de la agenda política.

El feminismo y el movimiento de mujeres junto a Dilma

La participación de las feministas y el movimiento de mujeres en general en las convocatorias para apoyar a Dilma ha sido muy potente, desde ser parte de las manifestaciones hasta la organización de éstas, en diferentes ciudades del país vecino, como San Pablo, Curitiba y Porto Alegre. Para algunos sectores, esto parece una mera “solidaridad de género”, en la que las feministas empatizarían con Rousseff porque es una mujer la que es atacada. Pero debemos poder ser capaces de mirar más allá, para observar que este apoyo no se limita a ponerse en los zapatos de otra que está en un espacio de poder, porque ya sabemos que no es lo mismo una mujer que otra en los puestos gobierno, y los cuerpos femeninos no reemplazan la ideología política que portan.

El respaldo de los movimientos feministas populares la presidencia de Dilma tiene que ver también con el apoyo a los aciertos (sin dejar de criticar los errores) del PT en el gobierno, las políticas públicas a favor de los sectores populares, así como las acciones de gobierno contra el racismo y el sexismo. En este sentido, imposible pensar que fuese una casualidad que se haya aprobado el impeachment, unos días después de haber sido aprobada la ley para trabajadoras del hogar, que garantiza derechos laborales para el sector de empleadas domésticas, que trabajan en las casas de sectores de clase media y alta, y que en su mayoría son mujeres negras, como la última gota que rebalsó el vaso, el vaso del odio al apoderamiento de los sectores populares.

Cómo no mencionar entonces que entre  las primeras medidas que tomó Temer, a 6 horas de su asunción, fue cerrar 4 ministerios, entre ellos  el Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, y dejar el gabinete ministerial compuesto con todos varones. Cuando a las feministas se les pregunta su opinión sobre esto, responden: “mejor que las mujeres no estén en el gobierno de derecha, así no aprenden a hacer política de derecha”. ¡Que así sea!

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Mientras en el Senado se votaba sobre la destitución de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, miles de brasileros y brasileras se manifestaban en las calles. En la Argentina, un acto de apoyo llegaba como un eco latinoamericano.

El acto se realizó a las 17 en el Obelisco, y contó con la presencia de organizaciones sociales que sumaban su apoyo, como en todo el mundo, a la continuidad de la Presidente Rousseff y, por lo tanto, de un gobierno elegido democráticamente.

Ayer el Senado comenzaba la votación por el pedido de inicio de destitución (conocido como impeachment), tras días en los que no se pudieron presentar pruebas concretas para su proceso, y luego de la seguidilla de dichos y retrocesos del presidente interino de la Cámara de Diputados, Valdir Maranhao, que con diferencia de un día frenó el proceso y finalmente decidió apoyar que siguiera el proceso de destitución.

Cuando el 17 de abril pasado fue aprobado con 367 votos a favor y 137 en contra, con legisladores que apelaron a la familia, a Dios e incluso a los golpistas del ´64, la alarma se encendió no sólo en Brasil sino en toda Nuestra América. Además de que la Cámara de Diputados no pudiera presentar pruebas concretas, las grandes corporaciones mediáticas brasileñas –encabezadas por la Red Globo– apoyaron este denominado “Golpe institucional” tanto en sus editoriales como en llamados explícitos a las movilizaciones contra el gobierno.

Con una Latinoamérica que se derechiza a partir de la llegada de nuevos gobierno, como es el caso de Mauricio Macri en la Argentina, y países en los que sus gobiernos se ven amenazados por funcionarios e instituciones reaccionarias, como sucede en Venezuela y en Brasil, la unión en la calle fue la consigna para que se propague el apoyo al gobierno de Dilma.

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Como sucedió en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 -y como intentaron en Venezuela en 2002 y otras tantas veces-, las fuerzas conservadoras de la región vuelven a demostrar en Brasil su multiplicidad de tácticas para reapropiarse de la torta completa, incluyendo la burla al orden democrático que esas mismas clases cimentaron.

El vergonzoso show del domingo pasado interpretado por 367 diputados, casi un tercio de ellos procesados por bandoleros a gran escala, juzgando a una presidenta que no cometió delito alguno, significó el paso clave para el avance de una conspiración político-judicial-mediática a la que le cabe un solo calificativo: golpe institucional.

Al margen de las valoraciones de cada quien sobre el gobierno de Dilma, queda claro que la coyuntura impone aunar en un solo grito el contundente repudio a tan evidente arremetida destituyente, que sin duda tendrá graves consecuencias a nivel continental.

Dicho esto, es momento también de ir colocando sobre la mesa algunas otras reflexiones a partir del caso brasileño que pudieran alimentar los debates sobre la etapa que atraviesa América Latina y el marcado retroceso de los gobiernos progresistas y populares.

Gobernando con el enemigo

Para su arribo al Palacio de Planalto y durante sus 13 años de gobierno, el PT tejió un marco de alianzas con sectores ideológicamente distantes. Durante los tiempos de bonanza, la coalición oficialista convivió sin mayores sobresaltos pero al desatarse una de las peores crisis económicas de la historia brasileña el fino hilo que la ataba se cortó.

La salida del gobierno del PMDB (partido de centro, club de caudillos regionales y principal bancada parlamentaria) fue el factor clave para el desplome de Dilma, quien hace unos días denunciaba: “Los golpistas tienen un jefe y un vice jeje”. Se refería a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados -juzgado por diversos casos de corrupción y principal promotor del impeachment- y Michel Temer, el vicepresidente que hace rato sonríe frente al espejo probándose la banda presidencial. Ambos son líderes del otrora aliado PMDB.

Una vez más queda al desnudo el fracaso de la fórmula de conciliación de clases.

La batalla que no se libró

Las grandes corporaciones mediáticas brasileñas, encabezadas por la Red Globo, decidieron no disimular ni un poco su apuesta por la destitución de la presidenta, no sólo en sus cotidianos editoriales sino en llamados explícitos a las movilizaciones contra el gobierno. Un botón de muestra: el 29 de marzo, los diarios Folha de São Paulo, Estadao, O Valor Econômico y Correio Braziliense publicaron una solicitada de la Federación de Industrias de São Paulo (Fiesp) cuyo enorme título exigía “¡Impeachment ya!”.

Los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron la valentía de combatir el monopolizado terrorismo mediático. Otra de las grandes deudas pendientes en Brasil sigue siendo la construcción de una legislación que democratice la comunicación.

“Hay que dar vuelta el tiempo como la taba…”

Pero quizá la principal lección que arroja el golpe parlamentario en Brasil tiene que ver con los límites propios de la democracia liberal. El gobierno petista termina siendo víctima de su propia incapacidad por escuchar el clamor de la reforma al sistema político. El entramado de negociados empresario-evangélico que determina la composición del Congreso brasileño aparece ahora como la cara más visible de una gran maquinaria de poder que sigue controlada por una pequeña elite. Surge entonces un dilema que podría extenderse a otros gobiernos de la región: ¿se puede avanzar en procesos de cambio sin modificar la institucionalidad burguesa y sometiéndose a jugar únicamente con sus reglas?

Y más: ¿se puede seguir creyendo en la viabilidad de proyectos de corte reformista? Tal vez haya que animarse a asumir que si no se impulsan transformaciones de fondo, si se apela a políticas económicas ortodoxas y no se apuesta al protagonismo popular, el progresismo podrá generar importantes mejoras sociales pero tarde o temprano creará las condiciones para el regreso de las derechas.

Entonces, son tiempos de generar las más amplias unidades para resistir la ofensiva conservadora. De abandonar sectarismos y buscar golpear con un solo puño. Pero sobre todo, son tiempos de no moderar posturas, de no resignar banderas y de reafirmar que la única opción sigue siendo la construcción de un proyecto verdaderamente emancipatorio. Porque, en definitiva, como cantaba don Alfredo Zitarrosa, “el que no cambia todo, no cambia nada”.

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