Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: prensa ATE 

“Que sea salud y no un delito”. Con esta frase comienza la declaración con la que la agrupación Verde y Blanca del ex Ministerio de Salud de la Nación se expresa sobre el juego político de ida y vuelta gubernamental que se dio entre ayer y anteayer en relación a la Resolución Ministerial 3158/2019 que actualizaba y jerarquizaba el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Juego para Mauricio Macri porque de gobernar para garantizar el acceso igualitario a los derechos, ni hablar.

La nueva Resolución que anula la anterior y que está firmada por el presidente saliente, por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial. Está vigente el Protocolo 2015 y si condenó a uno de los materiales más importantes en materia de salud de un organismo del Estado a seguir por afuera del Código Civil, la Convención de los Derechos del Niñe y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, entre otros.

Sin embargo, y más allá de las internas de una alianza gobernante que ya se está resquebrajada, quienes tienen derecho por Ley a las interrupciones de los embarazos por causales vigentes desde 1921, no están solas. Y esas subjetividades que les acompañan son quienes eligen estar por encima -por capacitación y por responsabilidad política- de las y los funcionarios de renombre. Aunque los miserables organigramas así no lo digan. Son las trabajadoras de la salud que redactaron el Protocolo ILE 2019 en defensa de los derechos de todas.

Hablamos con Camila Lynn, delegada de la Dirección de Salud Sexual y de la Secretaria de Géneros de la Junta Interna de ATE SALUD, quien nos contó sobre el proceso colectivo e inter y multidisciplinario para la actualización de una Guía destinada a garantizar accesos.

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“En el protocolo trabajamos desde 2015, es un material en contínua actualización”, responde Camila ante la pregunta acerca de hace cuánto que trabajan en la actualización del Protocolo ILE, y explica: “desde que salió el Código Civil, que nuestros protocolos y guías quedaron desactualizados, porque introducen otra mirada sobre las autonomías, qué entendemos por adolescentes y sobre todo, cómo se contemplan los consentiemientos para las prácticas”. “El proceso de construcción del material fue como trabajamos desde la Dirección de Salud Sexual, tenemos una mirada donde el trabajo necesariamente tiene que ser articulado con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones feminstas, de derechos humanos, de las personas con discapacidad. No concebimos otra manera de verlo”.

Camila relata dos ejemplos de articulación que impulsaron desde el ex Ministerio, un encuentro con organizaciones de mujeres para evaluar como vivían la atención de su salud y el sistema y otro con organizaciones de las disidencias. Dos instancias que cruciales y que les permitieron a las/ os/ es trabajadoras pensar la política pública en materia de salud sexual y de forma colectiva. Además, para la actualización del Protocolo ILE se trabajó durante estos años con un Consejo Asesor donde participaron personas de la sociedad civil, científica, de sindicatos y organizaciones que participan activamente y siempre son una referencia para hacer un ida y vuelta con los materiales. Una de ellas es Nelly Minyesky, abogada especialista en familia, redactora en el Código Civil y del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Dentro del Ministerio intervinieron la Dirección de Salud Sexual, la Secretaría donde dispone, y muchas otras secretarías y subsecretarías”, cuenta Camila, “en legales nos hicieron algunos comentarios y sugerencias que fueron tenidos en cuenta. Internamente recorrió un montón de oficinas porque es la actualización de un material que ya existe”. Y explica: “con la misma estructura del anterior se actualiza en el marco del Código Civil, de los avances tecnológicos y científicos que hay para realizarse un aborto de manera segura”. “Por ejemplo, este año el Ministerio repartió misoprostol, realizó compras nacionales y se distribuyó a las provincias”, informó, “necesariamente el Protocolo tenía que acompañar este cambio de hecho. No es nada distinto a o que venimos trabajando desde el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema, conforme a lo que dice el Código Penal desde 1921. Era poner en palabras algo que los equipos de salud ya vienen realizando”.

Es acceso a la información. “Lo mejor sería para un Estado nacional que el ex Ministerio de Salud -ahora Secretaría- esté organizando esta información que circula por diversas fuentes porque es el órgano rector el que debe hacerlo, brindar informacion científica y validada para la mejor atención de las personas gestantes”, afirmó Camila. Es además jerarquizar el trabajo multidisciplinario y de enfoques. “A diferencia del  Protocolo de 2015, cuando la Ley de Identidad de Género era reciente, ahora se establece esta perspectiva con más fuerza”, contó “y se establece la perspectiva de las personas con discapacidad en relación a su autonomía y la capacidad en la toma de decisiones. Esto es fundamental para nosotras. Es una línea importante de trabajo y que esté dentro de nuestros materiales; por ejemplo hace poco sacamos una guía de métodos anticonceptivos en sistema braille para que esta información sea accesible para las personas con discapacidad visual”.

Para Camila, “el Protocolo 2019 buscaba dar cuenta de todo este trabajo de años dentro del ex Ministerio” y agregó, “que se dé marcha atrás es impensado porque significa dar marcha atrás con derechos conquistados”. Desde que se dio el debate por la Ley de Aborto, la cantidad de personas que se acercaron a preguntar por este derecho e integrantes de los equipos de salud que se anima a poder realizar ILEs, vigentes desde 1921, aumentó. Por eso actualizar el Protocolo era importante, “para seguir dando un marco actualizado de información, porque van cambiando los marcos teóricos, las Convenciones de DDHH. El Protocolo 2019 busca ponerle palabras a toda esa información. Es importante darle la seguridad a las y los profesionales, para que se sientan contenidos de que la práctica que están realizando está dentro del marco de derechos de nuestro país”. “En el 0800 Salud Sexual recibimos muchas consultas en relación con aborto, antes la principal causa de consultas eran los métodos y eso esta buenisimo, que nosotras interrumpimos nuestros embarazos, lo que ya sabiamos, pero que ahora nos acercamos al Estado, en este caso al Ministerio a preguntarle cuál es la mejor manera de hacerlo y dónde me puedo dirigir”.

Es el ex Ministerio de Salud el organismo encargado de las políticas públicas universales, “el que vehiculice para que la vida y la salud de estas mujeres no corra riesgo por un lado, y por el otro, para que de un mensaje claro porque es una práctica legal, es el Ministerio el que tiene que establecer las normativas y los mejores modelos de atención para que las ILEs se den en el marco de los DDHH”.

“Que salud vuelva a ser Ministerio, no es un dato menor”, reflexionó Camila, “esto repercute en las políticas públicas. Hoy en una reunión de Gabinete no hay un Ministro de Salud y eso perjudica”. Desde la Agrupación Verde y Blanca Salud repudiaron la decisión de Mauricio Macri que “sigue sosteniendo las políticas machistas y de exclusión”. “La implementación de esta actualización sería un paso importante a nivel nacional para hacer cumplir los abortos no punibles sin represalias hacia la persona gestante” agregan. “Nuevamente el macrismo manosea y se burla de nuestros derechos decidiendo retroceder ante una medida de salud pública para garantizar el real acceso a la misma”.

El Protocolo ILE debe estar actualizado, el Aborto tiene que ser Legal, Seguro y Gratuito y Salud debe volver a ser Ministerio.

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A pesar de que en nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, realizaron una cesárea a una niña de 11 años en Tucumán. El Estado incumplió el protocolo y sometió a tortura física y psicológica a Lucía. Las voces de médicas y abogadas.

Otra nena violada, embaraza y forzada a parir en el NOA. Esta vez fue en Tucumán. Lucía, de 11 años, es la segunda niña, en lo que va de 2019, sometida a una dilación aún más extensa que la nena de Jujuy, ambas torturadas obligadas a cursar un parto por cesárea. “En ambas provincias, hubo una violación sistemática del Estado a los derechos de las niñas de ser oídas, de que se respete su voluntad. Se rechazó, obstaculizó, manipuló la información para el asesoramiento, y presionó a las familias y a las niñas en su decisión”, señaló la abogada Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a este medio.

Tanto en Tucumán como en Jujuy, la interrupción del embarazo llegó en forma de cesárea forzada, más tarde que temprano, y luego de que se obstaculizara el aborto legal que las niñas pidieron y que es derecho de todas embarazadas menores de 13 años. La maniobra ya había sido denunciada en Jujuy por miembras de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: buscan que la gestación avance lo máximo posible y hacer un laboratorio de adoración con el feto también sentenciado a una agonía post cesárea. Durante la madrugada del miércoles, Lucía fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón de Tucumán. La intervención fue llevada adelante por tres profesionales externos al centro, en tanto todos los profesionales del sistema público de Salud se negaron a practicar la intervención.

“Dudo que el feto viva más de un par de días, si llega a eso. Si dicen que sobrevive, habrá que exigir ADN, porque seguro que lo cambiaron por otro. Mientras, torturaron por un largo mes a una niñita, y le hicieron un tajo de más de 10 centímetros en su abdomen. Odian las dos vidas. Odian a la niña que torturaron, y odian al feto que sacan antes de la viabilidad”, denunció Stella Manzano, médica y ginecóloga que practica ILE (Interrupción Legal del Embarazo), desde las redes sociales. Anoche, en declaraciones a radio La Retaguardia, Manzano criticó que se realizaran cesáreas como modo de interrumpir embarazos, señaló las similitudes entre el caso de Lucía y el de la niña en Jujuy en el mes de enero, y cuestionó las versiones médicas que indicaron cesárea porque Lucía padecía hipertensión. “Esto no fue una interrupción legal del embarazo. Esto no fue aborto. Esto fue un parto forzado, prematuro y por cesárea también forzada. Buscan confundir a la población. ¿Se va volver una rutina operar a las niñitas?”, concluyó Manzano, conocida por haber realizado el aborto que habilitó el fallo FAL.

En Tucumán, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) era el encargado de garantizar la interrupción del embarazo que fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. Allí Lucía había acudido por un dolor de panza, y tras constatar el estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, quien por lo mismo enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. En ese momento, comenzó otra violación de derechos para Lucía, esta vez, desde las instituciones de la provincia.

“Esto no termina acá. El Estado debe arbitrar los mecanismos para contener y acompañar a esa niña en su salud física, emocional y psicológica. Por otra parte, el Ministerio y las instituciones públicas van a ser investigadas respecto de por qué no se aplicó el protocolo ILE como lo dispone la ley”, señaló Marchese, en comunicación con Marcha. Fue recién el viernes, cuando Andhes y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) presentaron un pedido ante la Justicia para poder intervenir en el caso como amicus curiae, que la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estas vulneraciones.

“Se vulneró su derecho a ser oída y opinar debidamente en aquellas decisiones que la involucran ya que, desde que Lucía ingresó al sistema de salud de Tucumán, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, en distintas instancias del Estado provincial. Sin embargo, hemos tenido que llegar a este momento para que el Estado acceda a practicar la interrupción del embarazo. Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud integral de la niña, que debe tener presente la salud física, psicológica y emocional”, describió a este medio Florencia Vallino, abogada, Coordinadora del Área Derechos Niñez y Adolescencia de Andhes. Vallino, que acompaña a Lucía y su familia, señaló también que el Estado provincial vulneró el derecho a una infancia libre de violencias.

Según fuentes del Hospital del Este Eva Perón, Lucía evoluciona bien. Lo afirman aun cuando la niña no ha recibido contención suficiente para el cuadro que atraviesa. La criatura resultado de la gestación pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología con bajas posibilidades de sobrevida.

En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si éste proviene de una situación de violencia sexual. En el caso de Lucía, se cumplían las tres causales. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar ese derecho. Ahora deberá responder por haber vulnerado la salud integral de la niña.

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