Por Huerquen Comunicación | Dibujo: Maria Chevalier

Mientras a nivel mundial la población se urbaniza cada vez más, el vínculo íntimo que los pueblos tenemos con las semillas se va haciendo cada vez más difuso; en esa opacidad aparente operan un puñado de corporaciones trasnacionalizadas para capturar los sistemas agroalimentarios y particularmente a las semillas, alambrándolas bajo distintas formas de derechos de propiedad intelectual.

En ese sentido desde 2012 en Argentina enfrentamos distintos intentos de modificar la Ley de Semillas (nro.20.247) por el agronegocio que busca amputar derechos de uso propio de las y los productores, y profundizar su control corporativo. Eso les permite mayor poder de decisión sobre qué se produce, cómo, dónde, y quiénes lo hacen; minando la soberanía de los pueblos sobre cada uno de estos aspectos. Es el proceso al que La Vía Campesina apuso el paradigma de la Soberanía Alimentaria y cuya base son las semillas; porque su libre disponibilidad o no, condiciona la posibilidad de construir modelos agroalimentarios en función de las necesidades de los pueblos.

Esta ofensiva del capital sobre los derechos de los pueblos es enfrentado en todo el mundo, sobre todo por las comunidades campesinas y originarias, guardianas de las semillas y protagonistas absolutas de la producción de nuestra comida: hoy proveen más del 60% del total con apenas el 25% de la tierra.

Una de las experiencias más importantes a nivel mundial de organización popular para la defensa, recuperación y multiplicación de variedades nativas y criollas de semillas, es la del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil, integrante de La Vía Campesina.

Gilberto Schneider, es agrónomo con formación en agroecología. Nació en el municipio de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, que está pegadito a Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones. En esa zona limítrofe los idiomas se entremezclan revelando la arbitrariedad de las fronteras físicas cuando los destinos son comunes; por eso pandemia mediante ni el español y ni el portugués fueron obstáculo para conversar sobre este tema clave para nuestros pueblos.

EL MPA y las semillas

“El MPA surge en 1996, en un momento de fuerte crisis de la agricultura, donde muchas familias estaban dejando el campo por falta de políticas agrícolas. El movimiento surge para defender la agricultura campesina, de los pequeños agricultores como se llamaba entonces, a través de políticas públicas que mejorasen la vida en el campo. El movimiento tiene más de 20 años de lucha, y hoy organiza más de 100.000 familias en las 5 regiones del país y en 17 estados. Yo lo conocí en 1999 y empecé a participar activamente desde el 2002 a nivel del estado y 2003 a nivel nacional”.

Gilberto reconoce que las semillas le vienen de herencia familiar: “mis padres hasta el día de hoy continúan siendo guardianes de semillas de maíz criollo y otras variedades en nuestra tierra, y fue de esa forma que tomé el gusto por trabajar con ellas. A partir de la familia, de la organización del movimiento, y también de la formación en agroecología, entendí la importancia de las semillas criollas para la alimentación, para nuestra vida y para el futuro”.

La historia del MPA y las semillas criollas es de larga data. En el año 2000 el MPA hace la primera fiesta estatal de semillas criollas en Santa Catarina, y en 2004 la fiesta nacional; en la última hubo presencia de 19 estados y 21 países.

“Si hoy la tierra es uno de los puntos fundamentales para poder producir, y las semillas vienen inmediatamente después. Sin semillas no tenemos cómo discutir un nuevo modelo de agricultura. Ahí los conocimientos técnicos y científicos junto a las prácticas agrícolas campesinas son fundamentales. La defensa de las semillas criollas junto a la lucha contra los transgénicos fueron centrales para el MPA desde el inicio”.

Dentro de la construcción territorial del MPA hay 3 dimensiones o “ejes” de trabajo con semillas criollas: el eje local, impulsando que cada familia campesina tenga sus propias semillas; un eje comunitario, que son las “Casas de Semillas”; y un eje territorial que son las unidades de mejoramiento de semillas, de producción de semillas de forma masiva, en escala, incluso para entrar en el plano comercial. A nivel de políticas públicas el MPA realizó un trabajo muy fuerte en los últimos 10 años, y toda esta experiencia le permitió al movimiento hacer intercambios con varios países, como Argentina, Paraguay, Venezuela o Mozambique.

El Plan Nacional de Semillas

Fue construido por el MPA a partir de instancias de formación del movimiento. La propuesta salió a partir de las discusiones y síntesis de las escuelas nacionales de formación técnica, política, ideológica alrededor de las semillas criollas.

Arrancan de la importancia estratégica de las semillas, y desarrollan experiencias en distintos lugares a partir de los 3 ejes, acompañadas por toda una serie de recomendaciones técnicas y prácticas; por ejemplo para la construcción de Casas de Semillas u orientaciones sobre el mejoramiento participativo. El nivel de detalle que alcanza sobre la gran cantidad de aspectos involucrados es elocuente de la potencia de la propuesta.

“Yo participé en el proceso de organización de las escuelas y también en los debates durante ellas. En ese tiempo estábamos haciendo una experiencia en Mozambique asique como tenía mucho camino de trabajo práctico, tuve una participación directa en la construcción del Plan. Ayudé a elaborar los 10 puntos de principios y orientaciones para trabajar con semillas criollas, y contribuí en la elaboración de la estrategia en los tres niveles (local, comunitario y territorial). Además de la implementación en el día a día acá en donde vivo, Santa Catarina, acompaño la implementación en los municipios. A nivel nacional me tocó discutir la estrategia del MPA y acompañar el desarrollo del Plan en varios estados con la formación de técnicos y militantes, y hacer planificaciones de trabajo.”

El Plan tuvo un fuerte impulso a partir de convertirse en política pública asociada al Programa Nacional de Alimentos para combatir el hambre durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT); pero con el golpe de estado (Temer) y cambio de gobierno (Bolsonaro) ha sido desfinanciado.

“Conseguimos rescatar variedades, multiplicarlas y ponerlas en manos de más personas. Tenemos una estrategia de que por lo menos 3 familias por territorio, por micro región en cada estado, cuiden la misma variedad para que no corra riesgo de extinción; y el mismo trabajo para la conservación de las variedades con las casa de semillas. Estamos teniendo mayor dificultad con la multiplicación en gran escala porque las políticas públicas que la financiaban comprando las semillas, están paralizadas actualmente. Estamos haciendo un trabajo de hormiga para garantizar la diversidad en la producción y para preservar nuestras semillas de la contaminación de los trangénicos”.

Semillas, agroecología y territorios campesinos

Para Gilberto “cuando se debate sobre semillas criollas, su conservación, multiplicación, selección y mejoramiento participativo, automáticamente entramos a discutir modelos de agricultura. Las semillas son uno de los factores que permiten que los y las campesinas elijan un modelo de agricultura. Es imposible trabajar la agroecología con transgénicos o con semillas híbridas. Entonces la cuestión de las semillas criollas para la construcción de la agroecología es esencial. Solamente con producción de semillas criollas es posible construir la agroecología”.

“Es fundamental la conservación de nuestra biodiversidad, rescatar la diversidad de variedades. Las semillas criollas tienen un vínculo profundo con el modelo agrícola y del enfrentamiento con el agronegocio. En ese sentido son resistencia. A su vez todo esto está profundamente ligado a cuestión de la tierra y el territorio, porque para trabajar con las semillas criollas y hacer agroecología, necesitamos tener control sobre la tierra, ser propietarios o poseedores de la tierra; tener un control campesino sobre ese espacio que no sólo es pequeño. Esto nos amplía la perspectiva sobre la cuestión del territorio, porque la agroecología es posible en un espacio territorial y para eso necesita enfrentarse con el agronegocio en ese territorio para avanzar. Lo mismo con las semillas, las variedades de polinización abierta necesitan un espacio grande para producirse, sin correr riesgo de contaminación, y eso sólo es posible cuando podemos lograr que esos territorios sean libres de transgénicos. Este es un gran desafío porque las semillas, la agroecología y la lucha por la tierra están entrelazadas; necesitamos construir ese territorio campesino de agroecología con semillas criollas, libre de agroquímicos y de transgénicos”.

Desafíos y oportunidades

Durante el parate y aislamiento que plantea la pandemia, muchas familias de las ciudades aprovecharon para empezar pequeñas huertas en casa, en pequeños jardines o en terrazas y balcones, y ahí estuvieron las semillas criollas que llegaron de vecinxs y amigxs. Un pequeño gesto que retoma ese camino del “mano en mano” que estuvo en los orígenes de la agricultura y fue la base de la creación de la diversidad de alimentos que llenó la panza de nuestra especie desde hace más de 10.000 años. Las semillas viajaron con las comunidades y pueblos, adaptándose a climas y suelos, cambiando con ellos y ellas, en una crianza mutua.

“La población de las ciudades también es compañera en la construcción de la agroecología, de la defensa de las semillas criollas y del alimento saludable. Quienes están en los espacios urbanos también pueden producir ahí, la agricultura urbana y periurbana pueden ayudar en la tarea de conservar la biodiversidad y las semillas criollas”.

Mientras las organizaciones campesinas han demostrado su rol esencial garantizando el abastecimiento de alimentos sanos a precios justos, y pelean por políticas públicas para otro modelo agropecuario; las y los consumidores de la ciudad tienen mucho que aportar.

“Es importante que la población urbana incentive la producción campesina de semillas criollas, y continuar sosteniendo adquiriendo alimentos que son producidos a partir de estas semillas. Si se consumen estos alimentos estamos sosteniendo y fortaleciendo la biodiversidad de nuestros territorios y regiones. Si el consumo de ese alimento crece con certeza esas variedades se van a mantener porque están cumpliendo su objetivo. Necesitamos que ninguna variedad se pierda, para que las futuras generaciones puedan tener una gran diversidad de alimentos para una vida saludable.”

Este artículo de publicó en la Agencia de Noticias Biodiversidadla, y es parte del proyecto «Profundizando debates sobre experiencias agroecológicas para la soberanía alimentaria» realizado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. 

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Por Huerquen, comunicación en colectivo*

«Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina», declaró el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 13 de julio.

La desazón presidencial por la falta de algarabía con el anuncio de intervención y envío de un proyecto de ley de expropiación, es leída desde distintos ángulos (aparentemente antagónicos) como una capitulación.

Sobre las maniobras de vaciamiento de los directivos de Vicentin venimos aportando en estas páginas con copiosa información. Urge analizar el nuevo escenario.

Entrevero judicial

Francisco Caputo es abogado, trabajó con empresas recuperadas y actualmente con organizaciones como la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y el Instituto para la Producción Popular (IPP); es miembro fundador de la Red de Abogadxs por la Soberanía Alimentaria (RedASA).

Para que el común de los mortales podamos separar los elementos certeros del “pescado podrido” con que la discusión se embarra en los medios de comunicación, aporta una serie de consideraciones jurídicas pero advierte: “Vicentin no es una cuestión de argumentos jurídicos, es una cuestión política en defensa de determinados intereses”.

El centro de las miradas está puesta en el concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini en Reconquista. “Un juez que tiene un nivel de parcialidad a favor de Vicentin muy alto” al decir de Claudio Lozano, actual director del BNA.

Le preguntamos a Francisco ¿Qué es un concurso preventivo?

“Es una herramienta legal para evitar que una persona física o sociedad quiebre por su estado de cesación de pagos. El deudor, pide su concurso, no pierde la administración, se suspenden los juicios y los pedidos de quiebra, se suspenden intereses, y se hace una propuesta de pago que debe ser aceptada por un porcentaje de acreedores.”

“Una sociedad concursada puede ser expropiada, si lo que está concursada es la empresa, las acciones son de los accionistas. No hay interferencia con el juez del concurso. Digo esto, porque se acusó al Poder Ejecutivo de pretender ejercer funciones judiciales. Nada que ver, solo dispone una expropiación de acciones y una intervención para asegurar la continuidad de la empresa.”

“Hay diversos tipos de intervenciones, como las solicitadas por los accionistas contra los directores. La intervención judicial en los concursos, que son dispuestas por el Juez a pedido del síndico o de acreedores en caso de mala administración por ejemplo. También puede ser intervenida una sociedad cuyas acciones van a ser expropiadas, para que no se frustre la expropiación por conducta de los administradores.”

Además del concurso en Reconquista hay otras causas judiciales en curso.

Una es la causa penal que lleva en juez Julián Ercolini e instruye el fiscal Gerardo Pollicita en los juzgados federales, en la que el 8 de julio pasado se decidió la inhibición de bienes de todo el directorio e importantes funcionarios del Banco Nación en la gestión anterior que encabezaba González Fraga; y de los directivos del Grupo Vicentin, “los mismos que el juez comercial del concurso ha repuesto al frente de la empresa” al decir de Lozano.

Al mismo tiempo en Nueva York avanza la causa que iniciaron allí un grupo de bancos internacionales acreedores de Vicentin; en el marco de la cual se disparó un relevamiento (“discovery”) de las transacciones de la empresa en el sistema financiero internacional para ver cómo desaparecieron 1.000 millones de U$S. Según Lozano se estima que Vicentin habría sacado del negocio hacia cuentas particulares de accionistas en el extranjero unos 400 millones de U$S.

En esa causa neoyorquina sí están los estados contables y el balance del 2019 de Vicentin, que inexplicablemente faltan en el concurso de acreedores de Reconquista.

Francisco aporta un dato adicional: “Del Registro de Propiedad de Santa Fé surge que directores y accionistas de Vicentin, como Daniel Buyatti, Roberto Vicentin, Martin Colombo, Bettina Padoan se desprendieron de bienes personales como propiedades, a través de trámites por donaciones, desafectaciones de bien de familia para ventas, hechos que fueron denunciados por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fé. Todas operaciones de enero del 2020 es decir, inmediatamente después del anuncio de “estrés financiero” y cese del pago de deudas”.

La propuesta santafecina

Después del anuncio de la intervención y eventual expropiación del 8 de junio, y con la reacción del poder concentrado en curso; entró en escena la propuesta del gobierno de Santa Fe que encabeza Omar Perotti, que era anunciada en la prensa como «superadora y racional» frente al «arrebato populista» inicial, que el gobierno nacional acompañó.

Si la jugada de los directivos y accionistas de Vicentin a través de su juez amigo en el pago chico era lograr impunidad a una fenomenal estafa, el planteo de Perotti se inscribe dentro del concurso que lleva ese juez, y que también lo rechazó.

¿Qué pretende el Gobierno de Santa Fe?

“Evitar la expropiación, llegar a una estatización a través del proceso concursal, y lograr la intervención conjunta del Estado Nacional y Provincial”, contesta Francisco y agrega:

“La base del pedido es la ley concursal. La administración, según la ley, queda en manos de los directores de Vicentín, pero el gobierno santafesino sostiene con razón que como las conductas de los directores están vaciando la empresa; se están insolventando personalmente y llevando a la empresa concursada al estado de cesación de pagos, son motivo suficiente para obtener la intervención de la administración. La idea es quedarse con el control societario (más del 50% del capital social de Vicentín), ya sea vía de capitalizar los créditos del Estado Nacional y provincial, bancos, AFIP, etc, ya sea vía de ejercer un salvataje judicial.»

“Este camino depende de muchos factores. Para cualquier propuesta de arreglo se necesita un porcentaje elevado, una mayoría de acreedores que representen un 66% del capital verificado. El crédito del Banco Nación puede ser impugnado por Vicentin, acreedores y/o sindicatura; una de las causas podría ser la connivencia entre los funcionarios del Banco y la concursada; es un riesgo. Obtener las mayorías requeridas no es tarea fácil. Este trámite podría durar quizá 1 año.”

Lo que viene aquí es una audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y la empresa este miércoles 15 de julio.

El camino de la expropiación

Francisco dice “La expropiación es constitucional. La Constitución de 1853, con las sucesivas reformas, hasta la de 1994, mantiene la posibilidad de expropiar. Significa que el Estado pueda obtener un bien privado, amparándose en 3 requisitos: que sea por ley, que el bien sea calificado de utilidad pública e indemnizado (artículo 17 CN). La ley 21.499 reglamenta las expropiaciones, y dice en su artículo 1 “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.

Vicentin debe casi 100.000.000.000 de pesos a productores, cooperativas, AFIP, bancos públicos y extranjeros, etc; además de la subfacturación comprobada de exportaciones en operaciones de triangulación con sus subsidiarias. Involucra 130.000 personas: sus 7.000 trabajadores directos y 28.000 indirectos, más sus familias; 1895 productores y 98 cooperativas; toda una economía en el norte santafecino. En el marco del comercio exterior de granos que es “sumamente opaco” al decir de Lozano y que es fuente de evasión, contrabando y fuga de divisas, controlado por un puñado de corporaciones, imbricado en cadenas de valor tras-nacionalizadas donde nuestro país se inscribe subordinado como fuente de commodities (naturaleza) y resignando su soberanía (política, alimentaria, económica, tecnológica, productiva).

El 9 de julio pasado mientras las cámaras de todos los grandes medios transmitían en directo las movilizaciones “en defensa de Vicentin” en Santa Fe junto a las de Olivos y el Obelisco donde fueron agredidos trabajadores de prensa; en la propia provincia hubo también una enorme movilización convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas en apoyo a la expropiación.

Allí el diputado provincial Carlos del Frade planteó: “no hay nada más transparente que el debate en el Congreso de la ley de expropiación, para tener una empresa estatal con participación de los trabajadores, productores y cooperativas. Hoy, en este Día de la Independencia sólo tiene sentido hacer flamear la bandera Argentina si la Argentina es propiedad de las mayorías y no de las minorías. La antinomia de hoy es: o ganan las mafias o gana la democracia”.

Para Francisco “es totalmente viable la propuesta de una futura sociedad Vicentin estatal, donde el Estado Nacional y Provincial tengan el 50% más 1 del capital social con derecho a voto, y el resto de las acciones con derecho a voto sea para productores, cooperativas y trabajadores que accederían al capital social capitalizando sus créditos contra la empresa concursada”.

Para Lozano “estamos en condiciones de transformar lo que ha sido una estafa, de las tantas de grupos empresarios importantes sobre el país, en la construcción de una herramienta pública, asociada con cooperativas para tener una intervención en el comercio exterior y la soberanía alimentaria”.

El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, ha sido de los primeros espacios en plantear la expropiación de Vicentin y su transformación en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria con participación de trabajadores y productores; durante todo este tiempo desplegamos iniciativas para dar esta disputa concreta y sostener el reclamo que va en sintonía con los 21 puntos elaborados en mayo de 2019 para otro modelo agropecuario en Argentina.

Claramente «el tema Vicentin» continuará.

*Publicada originalmente en Huerquen

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El sábado 17 y domingo 18 de marzo se realizó el 9º Encuentro de Pueblos Fumigados y 2º Encuentro de Agroecología bajo la consigna: “Caminando Hacia el Buen Vivir”. Una iniciativa que colectiviza las organizaciones comunitarias, abre el diálogo para enfrentar a la producción agraria a escala industrial y promueve la agroecológica. Mientras tanto los ecosistemas se siguen alterando, con graves perjuicios para todo tipo de vida.

Más y más veneno

Argentina es el país con mayor consumo de agrotóxicos -mal llamados fitosanitarios- por habitante: casi 400 millones de litros por año. Hace más de 20 años que se aprobó el ingreso al país de la semilla transgénica Monsanto en un trámite express firmado por Felipe Solá, desde entonces cada año las dosis de venenos aplicados por hectárea aumenta. Hoy el 60% de la superficie cultivable está ocupada por transgénicos, con un aumento de la superficie cultivada alrededor del 30%, mientras el uso de agrotóxicos lo hizo en alrededor del 900%, lo que significa más y más veneno por hectárea.

El Encuentro de Pueblos Fumigados pone sobre la mesa que “la liberación de venenos también llega a las grandes ciudades a través de la industria alimentaria, que utiliza derivados de la soja y el maíz en prácticamente todo. Se han encontrado restos de venenos en donde menos te lo imagines: algodón, isopos, toallitas femeninas, miel, cerveza, y cada uno de los productos que contienen derivados de la soja y el maíz (hamburguesas, snacks, salchichas, gaseosas, chocolates, etc). Llegamos a tal punto que se encontraron restos de glifosato (el herbicida estrella, de mayor uso mundial) en la leche materna. Los problemas de salud han cambiado: a medida que avanzan los transgénicos y los venenos, aumentan los casos de cáncer, problemas de tiroides, los abortos espontáneos, los nacimientos con malformaciones y otros. Los estudios que dan cuenta de esta relación no tardaron en aparecer de la mano de investigadores independientes, desmintiendo la supuesta inocuidad y ausencia de riesgos para la salud que argumentan las corporaciones que los producen y venden. Muchos de esos investigadores han sido perseguidos y hostigados por el lobby transgénico que opera con fuerza desde muchas esferas”.

Encuentro

Tal como expresan desde la asamblea de Pueblos Fumigados, “Vamos mucho más allá del reclamo de no convivir con agrotóxicos”. En este 9º Encuentro se trabajaron los siguientes ejes temáticos: Salud, Legales, Arte y Comunicación, Ciencia Digna, Agroecología (experiencias y redes), Educación y escuelas rurales, Construcción social y Mujeres y Agroecología.

Asistieron unas 400 personas que integran 50 colectivos y asambleas de toda la provincia de Buenos Aires, junto a personas que llegaron de Entre Ríos y Santa Fé. Agrupaciones de vecinos y vecinas, abogados/as, médicos/as, docentes rurales, agrupaciones culturales, entre tantas otras estuvieron presentes para encontrarse, poner las problemáticas en común y pensar en construir alternativas a este modelo de muerte.

Agroecología, hacia el Buen Vivir

Al finalizar el Encuentro, se expresó con un documento: “Somos un movimiento diverso que en muchos territorios desarrolla una gran cantidad de actividades, y es un desafío lograr mayor alcance y visibilidad. Necesitamos ir más allá de los espacios de militancia, llevando el debate al conjunto de la sociedad.

El Agronegocio no es sólo un modo de producir comodities de exportación. Quienes lo sostienen y fomentan apuestan a construir un tipo de sociedad. Con sus esquemas de valores y lógicas han impregnado a amplios sectores, mucho más allá de quienes participan concretamente de esta actividad. Muchas veces, a quienes nos oponemos a estas nociones de ‘desarrollo’ y ‘progreso’, se nos interpela diciendo que ‘no tenemos alternativas’. Sin embargo, cada vez más, las y los productores del campo y las y los consumidores de la ciudad buscamos acceder a alimentos sanos a precios justos, y ya existen miles de hectáreas donde se produce desde otros paradigmas.

La Agroecología nos devuelve no sólo a formas de producir nuestros alimentos en forma sana y en armonía con el medio ambiente del que somos parte; sino que nos invita a construir nuevas formas de estar en el mundo, avanzando hacia lo que llamamos Buen Vivir”.

Ni las abejas se salvan del daño. Hace pocos días se conoció la triste noticia de millones de abejas que murieron en el valle de Traslasierra, por el daño que causan los venenos. Una situación que no solo afecta a las y los productores apícolas, sino que muestra que el medio ambiente está siendo alterado, y que esto puede ser irreversible. Monocultivo, tala indiscriminada, uso de agrotóxicos, son algunas de las causas de una ecuación que mientras favorece los negocios se destruye la vida.

Desde ya hace algunos años los Pueblos Fumigados de todo el país se vienen organizando, junto a la iniciativa de los Médicos de Pueblos Fumigados, abogados ambientalistas, agrónomos, vecinas y vecinos, trabajadores y trabajadoras, entre otras y otros comprometidos con el derecho a la salud y a la vida. Este reclamo continuamente silenciado y ocultado ha llegado a los tribunales internacionales que reconocieron el delito de “ecocidio”, una nueva figura legal para el daño. Hasta la OMS ha tenido que empezar a reconocer, a pesar de los lobbys del Agronegocio, el daño que producen los agrotóxicos, cuando ya es imposible silenciar la cantidad de evidencias que así lo demuestran. Sin embargo, esto no ha tenido consecuencias que se traduzcan en políticas públicas que cuiden la vida de las personas.

También las y los docentes rurales no son ajenos a estos graves sucesos, y constituyeron una red federal: Docentes por la vida, para denunciar y proteger lo que cada día ven ante sus ojos; escuelas fumigadas, niñas y niños rociados de veneno cuando se trasladan a la escuela, enfermedades y padecimientos de las familias y los propios docentes afectados por la peste del extractivismo que privilegia ganancias y descarta personas.

Este encuentro de debate, construcción de redes y alternativas se acompañó de murgas y expresiones culturales y artísticas, porque se trata de luchar y organizarse contra estos gigantes aliados a las políticas públicas, en un marco de alegría compartida. La alternativa no parece ser otra que la organización colectiva y recuperar otras prácticas como la agroecología, que ha demostrado ser igualmente rentable e intenta construir otro tipo de prácticas que ponen por encima de cualquier cosa el valor de la vida. Otro mundo es posible basado en el respeto a la madre tierra de la que todas y todos somos parte.

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