Con ollas populares y paro de estatales la semana pasada tuvo amplio protagonismo de las y los trabajadores en las calles de todo el país. También trabajadores de Astilleros Rio Santiago alcanzaron un acuerdo luego de la movilización y toma. Las y los trabajadores de salud del Hospital Posadas denuncian amenazas y despidos,  mientras se desmantelan las prestaciones que garantizaban el derecho a la salud. 

Paro nacional de estatales y movilización de organizaciones 

En más de 100 cortes en todo el país, con marchas y ollas populares, los y las trabajadoras de ATE y la CTA-A, junto a diversas organizaciones sociales, realizaron un contundente paro nacional y una jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un Estado Soberano, con Trabajo y Producción.

En la Provincia de Buenos Aires se destacaron las acciones en La Plata y Zárate, con las luchas en defensa del Astillero Río Santiago y Atucha. En Mar del Plata, las y los trabajadores estatales,  marcharon por la ciudad acompañados de nutridas columnas de organizaciones sociales.

En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires se vivió un clima de tensión, tanto en la zona norte como la zona sur. En la zona norte, en el cruce de Av. Constituyentes y Gral. Paz, del lado de capital, se realizó un imponente corte de trabajadores y trabajadoras de organismos de Ciencia y Técnica, junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales de la región norte, realizaron una asamblea.

A pesar de los intentos de las fuerzas de seguridad la actividad se inició con una marcha que partió de INTI y atravesó el corredor tecnológico de la colectora,  y se fueron sumando las columnas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, entre muchas otras.

Al mismo tiempo, en la zona sur,  en el Puente Pueyrredón hubo un amplio despliegue de la Prefectura Nacional para intentar contener la marea humana que llegaría en horas del mediodía al Obelisco porteño.

En la CABA además hubo protestas en el Hospital Durand, en la zona de Hospitales en Parque Patricios, frente a Agroindustria; los trabajadores de la Cultura hicieron una marcha fúnebre, los jubilados se manifestaron frente al ANSES,  contra el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad ordenado por el FMI, entre otras. Las distintas actividades estuvieron signadas por el rechazo a la eliminación y degradación de ministerios a secretarías,  junto con el desguace y los despidos que esto conlleva.

En la Patagonia, durante la madrugada comenzaron los cortes de ruta en los accesos a la provincia de Santa Cruz, acampes frente a los organismos estatales en Río Negro y movilizaciones en Chubut. En Neuquén, trabajadores y trabajadoras denunciaron el vaciamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).

En Mendoza se realizó una concentración contra el ajuste, la persecución y los despidos. En Córdoba se cortó la ruta 9 en las afueras de la capital, para luego movilizar al centro de la ciudad. En Rosario protestaron por la degradación de los sistemas educativos y de salud pública. En San Luis, los y las trabajadoras estatales cortaron la Ruta 7,  en el acceso a la capital.

En Catamarca, Chaco, Salta y Jujuy se realizaron actos y asambleas en defensa de las y los despedidos de Agroindustria, la mayoría pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar. En Formosa se realizó un corte en la ruta 11 junto a organizaciones sociales. Numerosas manifestaciones se produjeron en Misiones, donde se promovieron reclamos en los hospitales y el Ministerio de Ecología por parte de integrantes de Parques Nacionales.

Astilleros Rio Santiago

Después de nueve horas de tensión y arduas negociaciones, el gobierno provincial y las y los trabajadores de Astilleros Río Santiago,  llegaron a un acuerdo y se levantó la toma. La ocupación se realizaba en reclamo de insumos para trabajar y el cese de descuentos salariales, e impedía que el interventor Daniel Capdevila, directivos y empleados administrativos pudieran salir de la planta.

El acuerdo llegó la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”. El interventor y las y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos, lo que permitirá reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo las y los trabajadores,  debido a la quita del plus por productividad.

Hospital Posadas

Ante una nueva tanda de telegramas de despido en el Hospital Posadas, que según trascendió pondrían llegar a 80, el secretario de la Fundación Posadas y jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil, Christian Kreutzer, presentó su renuncia. Su equipo de trabajo acompañó la decisión y repitió la iniciativa. De esta manera, el Posadas ya no cuenta con cirugía cardiovascular infantil, acentuando así la crisis que atraviesa la institución.

En enero, de este año, ya habían sido cesanteados unos 122 trabajadores y trabajadoras, la mayoría enfermeras especializadas con mucha antigüedad,  que se habían negado a extender la jornada laboral a diez horas.

Desde el gremio contabilizan unos 300 despidos en lo que va del año, más las jubilaciones de oficio que alcanzaron a 70 trabajadores más. También denunciaron el aumento de persecución sindical contra los delegados e integrantes de la Comisión Interna: “Nos quitaron el descuento automático de cuota sindical,  con la clara intención de desfinanciarnos y nos quieren desalojar de una de las sedes. En marzo nos descontaron hasta el 70 % del sueldo y despidieron a 17 delegados”.

Tal como indican las y los trabajadores, los despidos comenzaron a reflejarse en la atención al público,  en un claro “deterioro asistencial” del hospital insignia de Morón. “Si no se le pone un freno esto se va a profundizar, hay un plan para privatizar el hospital e implementar la famosa cobertura universal de salud (CUS)”, remarcó Luis Lichtenstein, presidente de la Asociación Sindical del Posadas.

El próximo martes los y las residentes decidieron parar en señal de protesta, realizando una jornada en defensa de la salud pública; los médicos, por su parte, el miércoles participarán de una nueva “ronda”, como lo vienen haciendo semana a semana. Ambos convocan a la comunidad, pacientes y vecinos a rodear de solidaridad el Hospital.

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Como preámbulo de la eliminación de la cartera de Salud como Ministerio, hace pocos días se conoció la noticia de la suspensión de la aplicación gratuita de la vacuna obligatoria contra el meningococo. La salud pública, en retroceso.

La discontinuidad de la aplicación de una vacuna que está incluida en el calendario oficial de vacunación y que recae directamente sobre las y los niños de nuestro país y en especial sobre los sectores más vulnerables es una medida de ajuste sin precedentes. La creciente reducción de recursos en el sistema público y la negación de derechos que implica, pone en riesgo la salud de la población y es una decisión que se enmarca en la reducción de las políticas públicas de salud, tal como lo pone en evidencia la inédita noticia de la desaparición del Ministerial a la Salud.

El calendario de vacunación indica qué vacunas son obligatorias en un país para el tratamiento preventivo de enfermedades que son prevenibles. Muchas de las que lo integran –16 en total– serían, por sus costos, inaccesibles para gran parte de la población. Y el formar parte del calendario las vuelve tanto gratuitas como obligatorias.

Para que nos profundice en la problemática entrevistamos a María Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa).

– ¿Cómo evalúa la medida de suspensión de una vacuna del calendario oficial de vacunación?

Es un retroceso en lo que debe garantizar el Estado para el derecho de la salud de la población. Enmarcamos la suspensión de esta vacuna dentro del calendario oficial como parte de las políticas de ajuste y restricción en un sector tan sensible como es la salud. Más allá de la necesidad, retirar una vacuna dentro de un programa habla a las claras de recortes y lo vemos no solo en el sistema de vacunación sino con la medicación de alto costo, con los medicamentos oncológicos, con la discontinuidad y el atraso en los tratamientos, que es algo gravísimo. Lo vemos también con los programas de tuberculosis y de salud sexual y reproductiva y muchas otras entregas que debería hacer Nación, en tiempo y forma, y no las hace.

– ¿Desde la Federación relacionan esta medida con las políticas de salud?

Esto para nosotros habla a las claras de la aplicación de las políticas CUS (Cobertura Universal de Salud), que bajan desde el Banco Mundial. Es decir, un paquete mínimo de prestaciones garantizadas por el Estado y el resto habrá que pagarlas. De esta manera se va a debilitar el sistema público de salud con mayor derivación al sector privado. Implica una derivación de fondos públicos al sector privado, para que se haga en forma privada o en vías de aseguramiento, que es lo que planteaban en los ´90 el Banco Mundial. Después le cambió la forma y pasó de aseguramiento a cobertura universal de salud, pero siempre hablando de una cuestión mínima focal, orientada a determinado sector y no pensando en una salud integral accesible y gratuita para toda la población.

El debilitamiento del sistema público es grave y sería un retroceso, más allá de la diferencia que hay entre provincia y provincia, al tener federalizada la salud cada provincia es rectora per se del sistema que aplica. Nación lo que hace es tener programas pero no es rector ni garantiza los derechos en las distintas provincias, así que tenemos distinta salud según la provincia en la que estemos o según la provincia que pisemos.

El sistema que pretende el gobierno de la Cobertura Universal de Salud es una política del Banco Mundial que ya había sido avalada por el gobierno de Néstor Kirchner, por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, y en el intento de implementarlo por parte del gobierno de Mauricio Macri es parte de los objetivos del desarrollo sustentable para 2030, llevando ese verso lindo para los oídos que es la Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que el ingreso de los seguros al sistema público.

– ¿Cómo evalúan la continuidad de las políticas de salud?

Vamos a empezar a ver un retroceso en los programas, vamos a ver un retroceso en los fondos que manda Nación y esto se ha explicitado en las reuniones del Consejo Federal de Salud, COFESA. En las dos últimas hubo una embestida muy fuerte del gobierno nacional contra las provincias que aún no habían adherido a la CUS amenazándolas, chantajeándolas, que si no adherían formalmente a la CUS no solo no iban a recibir el fideicomiso destinado para la CUS, ni el dinero que mandaba el Banco Mundial, e iban a dejar de mandar todo lo que demandan hasta hoy: insumos, vacunas, la medicación de alto costo, todos los programas y eso implica mucho dinero para las provincias que sumado al recorte del Fondo Sojero es un deterioro en las arcas destinadas a salud en todas las provincias. Obviamente según las políticas de salud que tenga cada uno de los gobiernos provinciales el impacto en la población va a ser de distinta magnitud.

– ¿En qué situación se encuentran las y los trabajadores?

En las distintas provincias están en conflicto, no solo por salarios sino que se suma a eso la grave falta de insumos en los hospitales de referencia. El conflicto por salarios además implica que es fundamental tener a las y los trabajadores de la salud pública para garantizar la atención frente al aumento en la demanda que estamos viendo y que además son quienes garantizan el sostén del sistema público.

Tenemos provincias como Chaco que han ofrecido una mejora salarial del 10% , provincias como Santa Cruz donde no hay paritarias desde el 2016, provincias como La Rioja que han ofrecido un 15% y en Buenos Aires con una paritaria que está inconclusa. La situación es de precarización de los y las trabajadoras con bajos salarios, sin pases a planta permanente, como está pasando en la provincia de Santa Fé, que se ha retrocedido en esa desprecarización continua en la que estaban,  y eso muestra que si no hacemos algo se va a ir deteriorando el sistema público de salud, si no salimos a defenderlo como derecho de la población.

Hoy estamos con 300 nuevos despidos en el Hospital Posadas, que es el hospital nacional más grande del país, con un deterioro en la atención de la población, con servicios que van quedando despoblados de profesionales y trabajadores, una situación en donde avanzan más allá de lo que es legal, despidiendo trabajadores y trabajadoras que inclusive son miembros de la comisión directiva de gremios como la seccional CICOP del Posadas. Lo que hemos visto en ese hospital es para salir a denunciar fuertemente desde todo el sector salud y toda la población que entiende lo que implica el desguace de un hospital. Desde que comenzó esta gestión hay 1.000 despidos en el Hospital Nacional Posadas. Estamos con planes de lucha en distintas provincias, vamos a un paro nacional de salud en septiembre e intentaremos confluir con otros sectores que salgan a las calles: docentes, estatales, que nos plantemos para decirle al gobierno nacional que este no es el camino, que las y los trabajadores no estamos dispuestos a ver el colapso y la caída de sectores emblemáticos en Argentina como son salud y educación.

Una grave situación de crisis provocada por las políticas del gobierno nacional que siguiendo con los lineamientos del FMI y el Banco Mundial llevan al achique del Estado y están avanzando sobre derechos elementales como salud y educación. En este contexto de achique sin duda está favoreciendo al sector privado que hace negocios con la salud y la educación.

Sin derechos para las y los más débiles

Hay una política deliberada que asocia la salud al consumo y que se transforma en políticas de exclusión y muerte para las grandes mayorías que no tienen posibilidades de acceso. Mientras desde el ex Ministerio de Salud de la Nación, hoy degradado a Secretaría, intentaban desligarse de la responsabilidad de la falta de vacunas, los laboratorios proveedores pusieron en evidencia la mentira: “hay disponibilidad de vacunas en el mercado”. Un riesgo grave, promovido desde las políticas de Estado, para las y los pibes más vulnerables que debieran recibir la vacuna a los 11 años. La salud y las políticas de Estado que intentan transformar derechos en pura asistencia social.

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Es Técnica de Anatomía Patológica especializada en Inmunohistoquímica. Publicó un emotivo texto en las redes sociales y contó que tenía una función clave de determinar qué tipo de tratamiento deben tener los pacientes con cáncer. Después de 15 años como contratada y a pesar de que no existen muchos profesionales capacitados para cubrir su puesto, la echaron sin previo aviso.

Karina tiene 15 años de antigüedad en el Hospital Posadas. El martes 16 de enero no pudo entrar a trabajar porque la echaron. En total, 122 personas se quedaron en la calle. La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato. Si no aparecías en la lista, te dabas por despedido. Para ejecutar ese plan, las autoridades blindaron el imponente centro de salud ubicado al costado de la Autopista del Oeste. El paisaje urbano había cambiado esa mañana porque a todos sorprendía la presencia de la infantería, los policías armados que recorrían los pasillos y los agentes de civil que vigilaban desde afuera.

-¿Cómo fueron los despidos?

Nos enteramos ayer (martes 16 de enero). Sin mediar telegrama ni notificación alguna, simplemente se nos dice verbalmente que nuestro contrato venció el 31 de diciembre. Los directivos sacaron una resolución firmada el 12 de enero, incluso con membrete de presidencia de la Nación, donde publican una lista con el nombre del personal que tendrá un contrato renovado por tres meses. Y quienes no aparecemos en esa nomina nos tenemos que dar por despedidos

-¿Son muchos?

Por ahora somos 122 despidos. Hace un mes habían echado a otros 10 compañeros, pero ellos si fueron notificados con telegramas. Y recordemos que hace un año fueron más de 800 los empleados que se quedaron en la calle.

-¿Hace mucho tiempo trabajas en el Posadas?

Entre en el año 2002, son 15 años acá adentro. Y hay otros compañeros despedidos con 19, 20 y hasta 25 años de antigüedad. O sea, gente que entró a mediados de los noventas y pasó por diversas gestiones. El problema es que nunca fuimos incorporados a planta permanente y seguíamos con la modalidad del “Contrato Posadas”, como se le dice, que tenía una cláusula de renovación automática.

-¿Qué función cumplís vos acá?

Soy Técnica de Anatomía Patológica especializada en Inmunohistoquímica. O sea, el trabajo que hago yo es un estudio que le permite a los médicos determinar que tratamiento debe seguir un paciente enfermo de cáncer.

-Es una tarea importante…

Es un estudio muy avanzado, muy especializado. En el hospital no hay otro técnico o técnica que haga mi trabajo. Con el agravante de que hay muy pocos en el país, y quienes lo hacen están en el sector privado con mejores sueldos

-¿Son muchos años, cómo vas atravesando este momento?

Es muy duro, todavía estoy shockeada. Uno se acostumbra a los compañeros, el lugar, el ambiente y los pacientes, por ese trato diario que se entabla. Trabajamos con muchísimo amor, a pesar de los bajos sueldos y las malas condiciones laborales. Y no es justo que ahora tengamos que sufrir así”.

-¿Vos sos de la zona?

Yo antes alquilaba cerca, en Ramos Mejía. Pero no lo pude solventar y me tuve que ir para Marcos Paz, que es bastante lejos.

-¿Venís en auto o en transporte público?

No, yo viajo todos los días en colectivo y en tren para llegar acá. Dos para venir y dos para ir.

-¿Y cómo vas hacer ahora?

Esta muy complicado. Mi pareja es carpintero, pero ahora es cuentapropista porque no hay trabajo y hace changas. Por eso mismo, en principio vamos a pelear por la reincorporación.

La carta de Karina Almirón

Entré a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001, soy técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquimica, el estudio que hago permite determinar qué tratamiento se hace a cada paciente con cáncer y otras enfermedades. Profesión que elegí a los nueve años cuando una prima mía de 11 falleció por un tumor cerebral.

Tengo dos títulos terciarios y formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. Rechacé puestos de trabajo en Casa Cuna, en el Roffo, en el Sommer, porque no quería renunciar al Hospital Posadas, a mí Hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado.

Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Seguí apostando a defender y sostener la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano puede ser negado.

En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. Vi Gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar el remedio. Pacientes que venían caminando desde muy lejos porque no tenían para viajar. Gente en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Vi mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Ví compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo.

Estuvimos al pie del cañón durante la gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias.

Conmigo despidieron a enfermeros de terapia intensiva pediátrica, de unidad coronaria, de hematooncologia pediátrica.

Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pueblo pobre. No tenemos que permitirlo. Por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes, porque el Hospital Posadas es parte de nuestras vidas.

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Mediante una metodología que se volvió habitual en la gestión macrista, no les renovaron el contrato a 122 trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional Posadas. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa) denuncian, además, el carácter revanchista y persecutorio de las cesantías.

La dirección del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” decidió no renovar 122 contratos, entre los cuales se encontraba el de Karina Almirón, la única profesional que sabe realizar un estudio que permite detectar el tratamiento para el cáncer que tiene que llevar a cabo cada paciente. Otro de los casos resonantes fue el de Luis Sucher, trabajador del área de diálisis e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Ambos estuvieron a la cabeza de la batalla de enfermería en los últimos 6 meses, a partir de una decisión unilateral de la dirección del Hospital de aumentar la carga horaria a 12 horas. Además de conducir esta lucha, tanto Sucher como Almirón integraron las listas de oposición a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Lejos de tratarse de una excepción, Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), asevera que estos casos fueron sólo dos de varios que son parte de un plan por parte de la dirección del hospital, en connivencia con las conducciones de ATE y UPCN, para despedir compañeros y compañeras con una larga trayectoria combativa. “Tenemos constancia de que en la confección de los listados habría intervenido la conducción de ATE y la conducción de UPCN local. Y tenemos constancia de prácticas de tipo extorsivo hacia nuestros delegados, donde se les ofrecía a cambio de declarar públicamente que nunca se habían presentado a las elecciones de delegados de la CICOP, y de la renuncia a la CICOP, su exclusión de las listas de despidos”.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), regional provincial de la FeSProSa, detenta la personería gremial al contar con la mayoría de la representación sindical en el nosocomio, con cerca de 900 afiliados. Pese a esto, y a que entre ATE y UPCN juntos llegan como mucho a los 100 afiliados, estos últimos son los que participan de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera Profesional Sanitaria (COPICPROSA). Algo no menor, ya que esta comisión determina, con el acuerdo de los sindicatos de los cuales se encuentra excluido CICOP, los cambios de horario y los cambios de categoría de los y las trabajadoras, entre otras cosas.

“Este acuerdo de prolongación de la carga horaria de enfermería fue firmado por ATE y UPCN, en el marco de la COPICPROSA, sin llamar a asamblea ni consultar a los afiliados. La jueza Martina Forns, cuando declara inconstitucional e ilegal este cambio, lo hace diciendo que ATE y UPCN violaron la ley 23.551, que los obliga a la consulta de los afiliados para cualquier reforma que pueda perjudicarlos. Esto está en el fallo. Es decir, no es solamente una opinión personal o política”, agregó Yabkowski en relación a estos gremios a los cuales acusa de estar “en connivencia con la dirección del hospital, vinculada a lo peor del macrismo, a los servicios de inteligencia”.

Ante el fallo favorable para las y los trabajadores, las autoridades del hospital lo apelaron y se rehúsan a pagar los sueldos completos del área de enfermería. “Están pagando el 30% del salario a los enfermeros en conflicto, que están en una situación económica verdaderamente angustiante porque hace 6 meses que cobran un tercio de lo que ganan”, denunció el presidente de la FeSProSa. Si bien el foco del conflicto era en esa área en un principio, entre los despedidos se encuentran empleados y empleadas de otras categorías, como personal profesional y administrativo.

Particularmente perverso resulta la metodología de los despidos, ya que aquellos y aquellas que se quedan sin trabajo no reciben ninguna notificación oficial, sino que deben deducirlo “por descarte”. En la lista que se presentó, mediante mail y whatsapp, figuraban quienes sí continuaban, por lo que quienes no estuvieran debían darse por despedidos.

A partir de esta situación, en el día de ayer los delegados de la CICOP se reunieron con las autoridades del hospital para exigir la suspensión de las cesantías. No hubo ningún avance en la negociación, además de tener que llevar adelante la reunión con una fuerte presencia de la Gendarmería en el hospital. Una política intimidatoria que se suma a las persecuciones policiales de las asambleas de las y los trabajadores de la salud.

Frente a la nula respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conducen Adolfo Rubinstein y Jorge Triaca respectivamente, los trabajadores y trabajadoras del hospital nucleados en la CICOP se declararon en estado de alerta y movilización y comenzaron una campaña de denuncia en los medios. El viernes a las 9 se realizará una asamblea convocada por la CICOP en el Hospital, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Por su parte, Yabkowski informó que la FeSProSa “está organizando la solidaridad nacional con los compañeros del Posadas, estamos difundiendo el conflicto en todo el país. Además radicamos la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en septiembre, la ampliamos cuando estuvimos en Ginebra en el Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en diciembre y ahora que viajamos a la Reunión Mundial de Salud de la ISP en Ginebra, que se va a hacer en el Ministerio de Trabajo, pediremos una nueva entrevista para ampliar la denuncia contra el Estado nacional por despidos indiscriminados y violación de la libertad sindical”.

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A dos meses del acampe de los trabajadores del Hospital Posadas frente a la falta de respuesta del gobierno por los 641 cesanteados, realizamos esta crónica de una lucha que, lejos de concluir, aún se mantiene en pie.

“La relación con los pacientes es de total solidaridad”, me dice Manu con quien retomo la charla. En referencia a la movilización contra Vidal me explica que para ellos “la tercerización también es una amenaza importante porque justamente, las dos áreas en que más despidos hubo, seguridad y limpieza, son las áreas favoritas para este tipo de prácticas ya que son las más fáciles para implementar una privatización”.

Manu manifiesta que hay una diferencia muy grande entre una gestión de un hospital que pone los recursos del Estado al servicio de los negocios de los monopolios de la salud, farmacéuticas y laboratorios, frente a todo lo que implica el negocio de una gestión que los ponga al servicio real de la prevención y la comunidad. “Esto no es una pelea solamente por nuestros puestos de trabajo, esto es una defensa de la salud pública, porque vemos lo que está pasando”, me indica y explica que ahora justamente son pocos ya que en ese momento muchos de sus compañeros se están movilizando a la municipalidad de Morón para reclamar por despidos en sectores sensibles como en el consejo escolar.

Pregunto si en el sector médico también existieron despidos. Los hubo me dice Manu: “Médicos de pediatría y dermatología que eran extranjeros y según la administración del hospital no tenían la documentación al día, o sea que los despidieron por extranjeros básicamente”. “Yo doy fe que tenían la documentación al día. Para que te den una matrícula tenés que tener la documentación al día”, interrumpe Celeste. Ella fue cesanteada del sector de seguridad. Me cuenta que algunos de los médicos fueron reincorporados como monotributistas cómo se hace con los residentes, que de hecho, no cobran desde diciembre.

Celeste me cuenta que fue una de las acampantes que asistió al parto de un bebé en el hall del edificio hace uno días. Me dice que “fue una alegría, algo hermoso, pero vivido con mucha bronca porque no nació con el derecho de hacerlo en un lugar contenido por el vaciamiento que se está realizando en el hospital”.

Pregunto cómo fue y me relata la historia: “Ella llega un sábado que es cuando menos personal hay, adolorida y ya en trabajo de parto. No había nadie en orientación ni teníamos formas de avisar para que vengan a buscarla con una silla de ruedas para ingresarla a la sala de parto. Lo enviamos a su pareja a ir por alguien pero ya era tarde. Se acostó, le bajamos los pantalones y ahí cazamos un doctor que venía de hacer unos estudios y pudimos avisar. Cuando los médicos bajaron ya estábamos cortando el cordón. Lo peor es que además después tuvimos que esperar una hora para que vengan a limpiar por la falta de personal”, concluye.

Celeste tiene 37 años y es mamá de seis chicos. El telegrama le llegó el 15 de marzo como al resto. Fue despedida sin causa. Nadie le supo decir porque la dejaban sin trabajo, la dirigencia nunca le dio una explicación ni a ella, ni a sus jefes directos. Aún le deben la indemnización y sesentas horas extras. Me explica que cuando ingresó le dieron la oportunidad de elegir que gremio quería que la representara; eligió ATE. “Pensé que era un gremio realmente paritario que defendía a los trabajadores”, se resigna.

El primer director que llegó con la intervención de esta gestión es Alberto Díaz Legaspe. “Igual estuvimos dos meses sin directivos”, agrega Celeste. El doctor, quien se negó en 2010 a practicar un aborto a una joven violada en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, ya había sido interventor del hospital durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. Según me cuenta Manu luego se enterarían que además de volver a la cabeza del hospital para realizar el trabajo sucio del gobierno de Macri gestionando despidos, fue con la promesa de cobrar una vieja deuda que tenía el hospital con un laboratorio muy importante del cual él es lobista.

“Ahora se tomó una licencia de un mes por un problema de salud. Suponemos que él no va a volver, que van a poner a otro director, no sabemos si lo reemplazará alguno de los 6 directores actuales o si van a mandar a otro. La verdad es que todos los despidos y todas las decisiones que se están tomando en el hospital vienen directamente del Ministerio de Salud y de Modernización”, concluye Manu.

“La idea es clara: terciarizar el trabajo del hospital”, me indica Celeste. “En su gestión anterior el problema fue por lo mismo. Despiden gente, acusan que el servicio público estatal no sirve y lo terciarizan para que tenga un supuesto mejor funcionamiento”, agrega haciendo referencia al anterior paso de Legaspe por el hospital.

Pregunto como venía funcionando el lugar en años anteriores. “Aunque siempre sea difícil gestionar una institución pública de salud venía funcionando”, arranca Manu. “Yo venía a trabajar segura” dice Celeste. “Y estaba limpio, no como ahora”, añade. Escucharla comprometida con la situación del sistema de salud, interiorizada con las problemáticas del hospital y su funcionamiento no sólo de su sector, hace que se rompa cualquier prejuicio que pueda pesar sobre ella. Pero bajo la lógica Pro, con la que justifica su modelo, fue despedida por ñoqui.

Debatimos las diferencias de clases y la grieta que generan los que llevan la ideología de la meritocracia entre las personas de la misma escala económica. “A mí lo que me preocupa es la gente que está al mismo nivel que vos y no entendió. Gente grande que nunca se pudo jubilar, vivió los últimos 70 años de las mismas políticas de siempre y votó a Macri, no puedo encontrarle la vuelta. O vecinos que se creen que porque cambiaron el auto y se compraron su casa, encima gracias a políticas estatales, crean que se lo ganaron solos”, aporta Damián. Tiene 37 años, trabaja en la cocina del hospital y sus horas libres las pasa en el acampe reclamando por sus compañeros. En su sector también, dice, hubo despidos. Su nombre por suerte no apareció en ninguna lista. Me cuenta que si bien los cesanteados en la cocina son pocos, a varios les hicieron contrato hasta diciembre y probablemente serán despedidos cuando concluyan.

Pasaron dos horas desde que estoy en el hall con ellos. Manu me lleva a recorrer los pasillos escondiendo la cámara bajo la campera. Queremos retratar el estado del hospital. No hace falta caminar mucho. Entre las diez mil personas que visitan el edificio a diario y el poco personal de limpieza el resultado está a la vista. A medida que avanzamos, pacientes y familias en salas de espera se mezclan entre conteiner de basura desbordados. Los baños y pisos que acompañan la falta de mantenimiento e infraestructura tienen tiempo sin limpieza. Antes de los despidos veías una persona pasando el trapo todo el tiempo me dice manu.

Se evidencia cada vez más lo que me relataban antes. Entre que caminamos por el predio, con cuidado de que los pocos seguranzas que lo recorren no nos pidan explicaciones de las fotos, no nos cruzamos más de 2 o 3 trabajadores del hospital. Las sillas vacías abundan los escritorios de orientación. El sector de personal en particular en obra está paralizado desde diciembre.

Seguimos caminando. Caminamos entre los pasillos. Subimos y bajamos escaleras y por los pocos ascensores que funcionan. Caminamos en círculo sabiendo que nos vamos a reencontrarnos con lo mismo de antes: el hall desbordado por pacientes y el acampe de los trabajadores cesanteados.

Continuará.

Nota relacionada: 641 razones para acampar en el hall de un hospital (I)

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A dos meses del acampe de los trabajadores del Hospital Posadas frente a la falta de respuesta del gobierno por los 641 cesanteados, realizamos esta crónica de una lucha que, lejos de concluir, aún se mantiene en pie.

Las CGT y CTA deciden si van al paro por el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos; Margarita Barrientos explica porque no va a ver al Papa; Racing despide a Milito que se retira del fútbol profesional; la editorial de algún diario elogia a la Gobernadora de la provincia por sus comentarios sobre meritocracia visto como un valor que debe ser aprendido; los medios públicos te invitan a través del hastag #CederLaPalabra a construir un diálogo desde las coincidencias y desde las divergencias y Iudica a reflexionar sobre la grieta; Mirtha llora por los pobres junto a su empleada Juanita; el gobierno se pregunta el proceso de creación de una empanada, destacando a los distintos actores involucrados en un spot de TV mientras homologa un acuerdo entre el Registro Nacional Trabajadores Agrarios y el gremio UPCN que permite echar entre 600 y 800 trabajadores del organismo; “Lázaro Báez” titula durante semanas algún otro diario a la par de despidos en el Estado y el avance hacía una política de flexibilización y tercerización laboral; docentes, no docentes y estudiantes de universidades públicas marchan por el presupuesto y salarios; las CGT y CTA también se movilizan; despiden talleristas y se cierran programas sociales; la inflación, en alza; la canasta básica aumenta un poco más de tres por ciento; los maestros en Provincia anuncian un paro; condenan a cuatro años al exsecretario de Seguridad de la Alianza por la represión del 2001; Messi es tapa de Sports illustrated; cooperativistas y organizaciones sociales sostienen una vigilia frente a Plaza de Mayo previo al 25 de mayo; la Plaza amanece vallada; Bullrich agarra gente en Belgrano queriendo incendiar un auto, dice que iban a la plaza; el ministerio de Justicia de la Ciudad dice que eran anti Ubers; Macri come locro en privado; se cumplen casi 200 días de su gobierno.

Estos son algunos de los hechos relevantes, noticias y eventos triviales que circularon durante los últimos más de dos meses en los medios de comunicación. El mismo tiempo que llevan 641 trabajadoras y trabajadores despedidos del Hospital Posadas durmiendo en el hall de entrada. Poco se sabe del acampe. Esta vez no existe una cobertura mediática en el Hospital cómo cuando fue el famoso incidente del tomógrafo en febrero tildado de boicot. A no ser por las diez mil personas que atiende diariamente la institución, pocos ven a las y los acampantes: empleados del hospital cesanteados por el Ministerio de Modernización. Las noticias que circulan por medio de la encargada de realizar la comunicación del Hospital, Malena Lobo, hermana del periodista Guillermo Lobo, parecen no tener rebote en los medios. O no les llega.

La institución fue construida a fines de los años 1950 como iniciativa de la Fundación Eva Perón, proyectado y diseñado por el Ministro de Salud Dr. Ramón Carillo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Tiene una historia marcada por la dictadura cívico militar a la que no escapó. El 28 de marzo de 1976, a cuatro días del inicio de la ocupación ilegal del poder por parte del ejército, el hospital fue intervenido. Se tuvo conocimiento de que un grupo de médicos del hospital pertenecía al “ERP 22”, y formaban parte de la escuela de postas sanitarias para prestar apoyo médico a Tucumán y que funcionaba como centro de adoctrinamiento ideológico y de apoyo a la subversión. Esas fueron algunas de las causas que se utilizaron de excusa para intervenir y utilizar el predio de 72 mil metros cuadrados como centro de detención, dejando once desaparecidos.

Manuel Molina, integrante del acampe y miembro de la Comisión de Cesanteados del Hospital Posadas es con quien me contacto y recibe en el acampe. Fue despedido de la Dirección de Derechos Humanos. Me cuenta que todo comenzó el 15 de marzo cuando empezaron a llegar los telegramas de despido que alcanzaron un número de 641 de todas las áreas del hospital. Que al principio contaron con el apoyo de los gremios que participan en el Posadas pero que se fue diluyendo al pasar de los días. Entonces se organizaron de manera autónoma sufriendo el boicot de UPCN y ATE. “Cumplieron el rol de asustar a los compañeros y dijeron que había una mesa de negociación”, dice Molina sobre los dos gremios estatales más importantes del país. Pero ni la mesa de negociación ni los dirigentes se hicieron presentes. El acampe continua.

Cuando llego al hospital el acampe se mezcla entre la suciedad de un lugar que, a no ser por algunos médicos caminando entre los consultorios y las salas de espera llenas, no parece un centro de salud. El mismo hall que comparten algunos pacientes es donde los trabajadores despedidos decidieron acampar en forma de protesta. Algunos médicos pasan a tomar un mate entre sus rondas. Otros los aceptan como forma de paisaje.

Mientras algunos desayunan, dos de sus compañeros que estuvieron acompañándolos durante la noche duermen. Luego me enteraría que uno de ellos no es trabajador del hospital, que está ahí para acompañar a su amiga Celeste. Votó a Macri, me cuenta ella, pero ahora está acá bancandome.

Los gremios que sí los apoyan son el STS (Sindicato de Trabajadores de la Salud) y la CICOP, que nuclea a los Profesionales de le Salud de la Provincia de Buenos Aires. Según Manuel Molina su dirigencia siempre estuvo acompañándolos pero los médicos no tanto. “Ellos medio estaban de acuerdo con esto de la reestructuración y de los despidos, no decían nada en contra pero tampoco se comprometían. Ahora cambió el panorama porque les está tocando a ellos. A medida que la gestión avanza, empieza a flexibilizar y a tocar otras áreas, comienzan a darse cuenta que les va llegando la hora a distintas personas del hospital”, me cuenta y explica que no es por paritarias “algo que todavía no se discutió”, sino porque la dirigencia comenzó a colocar jefes de los sectores profesionales como en cirugía sin consenso con ellos.

Mientras hacemos la nota, la televisión trasmite en vivo el veto del presidente de la ley anti despidos desde Cresta Roja, la empresa avícola que reincorporó mil trecientos de los más de tres mil empleados despedidos en los últimos cinco meses. La prohibición de despedir trabajadores, a su juicio, limita la libertad. El cepo laboral como lo titula Infobae duró menos de 24 horas. Hablando del tema, Molina recordaría las palabras del presidente sobre el hospital en su primer discurso de aperturas de sesiones legislativas el primero de marzo: “La salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales, empezando por el PAMI, institución responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos, en el que hemos encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas, y siguiendo, el uso de los recursos para la militancia política, como el caso del Hospital Posadas”. Los telegramas estarían al caer.

Alguien me muestra con indignación una noticia en su celular en referencia a las palabras de María Eugenia Vidal disminuyendo la protesta del día anterior en la legislatura bonaerense por la ley de emergencia, específicamente por la tercerización de los auxiliares de las escuelas. Ella es Graciela, es paciente del hospital pero se quedó a bancar el acampe, me cuentan. Su historia merece un capítulo aparte. Pero es imposible no relatar algo. “Yo siento que está también es mi lucha”, dice antes de que le pregunté por qué está ahí.

Graciela tiene 49 años, trabaja en una fábrica textil de flores, “ahora estoy prácticamente despedida de mi trabajo”. Siempre estuvo en situación precaria. Junto con tres compañeros hace poco fueron a pedir por sus derechos laborales y la respuesta fue que agradecieran que tenían trabajo. Le pregunto por la fábrica, cómo se llama y qué marcas confecciona. Me dice que por miedo a perder el trabajo definitivamente prefiere no dar ninguno de esos datos. Graciela está en el hospital realizándose estudios complementarios por un cáncer de mama, “paso más tiempo acá que en mi casa” me dice. No tiene familia. En su casa llegaron cinco mil pesos de agua y en AYSA, cuando fue a realizar el reclamo por no poder afrontar la cuenta, le dijeron que primero pague y luego reclame. Mientras espera los resultados de sus análisis está pensando en cómo solventar los gastos de su medicación. Me cuenta que en diciembre logró iniciar el trámite para ingresar en la lista de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la cobertura del cien por ciento de los medicamentos que necesita. Nunca recibió una respuesta.

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