Por Redacción Marcha / Foto: Contracorriente (Honduras)

En días en que la política representativa nos interpela hablando de la ternura y el derecho al disfrute de los pueblos del Abya Yala, Iris Xiomara Castro Sarmiento asumió como presidenta en Honduras.

Lo hizo sobre la Carta Magna que sostenía su nieta, Irene Melara Zelaya, y de camisa morada. De esa forma realizó su promesa ante la jueza Carla Romero, y dijo: “prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”. Mientras, miles en las tribunas gritaban el himno verdadero, ese que no conoce de fronteras pero sí de conquistas: “El pueblo, unido, jamás será vencido”. Puños izquierdos y banderas rojas se levantaron en homenaje.

“La presidencia nunca ha sido asumida por una mujer”, comenzó su discurso la presidenta, “Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo”.

Xiomara Castro formuló que su gobierno será una propuesta de refundación desde un Estado socialista y democrático para sacar adelante al país más pobre de América Latina. “El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos”, dijo. “Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueos que han condenado a generaciones”. Y luego afirmó: “nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre el mercado”.

En un discurso breve, concreto, sin piruetas retóricas y compuesto por 21 puntos claros la presidenta Xiomara Castro presentó las acciones prioritarias de su gobierno. Entre las medidas anunciadas ordenó que el servicio de energía eléctrica sea gratuito para un millón de familias pobres. “La luz será gratis en sus hogares”, afirmó. Castro dispuso que el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria serán prioridades de su gestión y además anunció el diálogo inmediato con el sector docente para retomar el regreso a las clases presenciales en las escuelas. Afirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y de los bienes naturales.”No más explotación de minas abiertas”, sostuvo y a viva voz exigió “Justicia por Berta Cáceres” y pidió por la libertad de todxs lxs presxs políticxs.

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Castro asume en medio de una crisis política que se desató luego de que 20 diputadxs que formaban parte de su bloque decidieran votar con la oposición en el congreso para elegir la junta directiva. La nueva presidenta recibirá, además, un país golpeado por el narcotráfico, el extractivismo, la persecusión política y un alto índice de pobreza. Desde las organizaciones sociales que participaron en las mesas del plan de gobierno, hicieron un llamado a la construcción de un Sistema Nacional de Poder Popular, para avanzar en la refundación de Honduras.

Ante el cambio de época en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reclamó, a través de un comunicado, la urgente realización de una Asamblea plurinacional, originaria, popular y antipatriarcal Constituyente. Así mismo, la organización indígena lenca se hizo presente en el estadio nacional. “El pueblo pide no olvidar el compromiso de que (Xiomara Castro) cumpla las demandas de los pueblos en respaldo a la propuesta de defensa de los Ríos y la justicia”, afirmaron.

Por su parte, desde las organizaciones y la militancia feminista y popular organizada, celebran la asunción de Xiomara Castro como presidenta tras 12 años de pacto patriarcal y narcodictadura tras el Golpe de Estado que dejaron un marco normativo antiderechos. Durante las reuniones de traspaso de gobierno, se escucharon las demandas de mujeres y disidencias que se manifestaron estos años en calles, comunidades y barrios por una vida libre de violencias y plena de derechos.

La asunción de Castro se da además a horas de la celebración del día de la mujer hondureña, en conmemoración con los 67 años de la conquista política del derecho al voto femenino en ese país. Un guiño de la historia, una recuperación democrática que deberá llegar acompañada de la decisión política necesaria para que desde el Ejecutivo y Legislativo, el partido de gobierno salde las deudas con las mujeres; por ejemplo, para avanzar en causales que reconozcan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, piso mínimo de derechos humanos.

“Mujeres hondureñas, no les voy a fallar”, dijo al final de su discurso, Xiomara Castro, “voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”, agregó.

Al finalizar la ceremonia, Bertita, coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Defensora territorial y de DDHH asesinada en 2016, entregó a Xiomara Castro el bastón de mando indígena lenca, símbolo sagrado. Los desafíos son enormes para el gobierno que asume pero la certeza para los movimientos que construyeron resistencia durante 12 años es una sola: ¡la lucha por la liberación sigue y sigue!

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Por Camila Parodi

Este 2 de marzo de 2020, se cumplen 4 años del asesinato a la defensora de los ríos y territorios, Berta Cáceres. Desde ese entonces, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del cual era coordinadora, ha reivindicado esta fecha como el día de su siembra, se trata de un homenaje a su lucha como así también una instancia de compromiso con sus ideales sabiendo que, de esta manera, Berta se multiplica.

Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández avanza con la privatización de los bienes comunes, en este 4to. aniversario, el COPINH elige vincular su memoria con la lucha en “la defensa del agua como bien público y como bien común” y, por ende, de la naturaleza que actualmente se encuentra disputada por empresas trasnacionales: represas, proyectos de privatización de agua, control de fuentes de agua de parte de ONG’s internacionales.

“Lo vamos a lograr, me lo dijo el río”

Berta logró paralizar la construcción del proyecto hidroeléctrico de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A (DESA) sobre el Río Gualcarque de la comunidad lenca. Proyecto que había sido apoyado tras el gobierno “de restauración” que continuó luego del golpe de estado en el año 2009 a Mel Zelaya elegido por las mayorías. Se trata del primer golpe realizado en esta nueva “oleada” de atentados contras las democracias y los gobiernos progresistas que mucho tienen que ver con la instalación de proyectos privados de extracción de bienes comunes. “Honduras funciona como enclave extractivo” advertía Berta en el año 2014 a meses de ser asesinada.

Durante la jornada de homenaje y siembra de Berta Cáceres llevada a cabo en su pueblo La Esperanza, Intibucá, Catalina Hernández integrante del COPINH dialogó con Marcha. “Para nosotros es una fecha muy especial por eso estamos reunidos. La lucha de Berta ha sido muy importante, ¡más de 27 años!, luchando por nuestros derechos como poblaciones indígenas ya que como bien sabemos nosotros antes ni éramos reconocidos como pueblos como así también la defensa de nuestros territorios” explicó la dirigente. “Esto no ha sido fácil. La defensa de la tierra es para la defensa de la vida, sin agua ni tierra no sobrevivimos como pueblos indígenas” manifestó al recordar a su compañera Berta Cáceres y  sostuvo “dicen por ahí que “la próxima guerra será por el agua” y nosotros como pueblos indígenas lo sabemos bien, vienen las empresas de otros lugares a secarnos los ríos, dejarnos sin agua y despojarnos para hacer su negocio con el gobierno”.

“En la Honduras de la economía extractivista, cada vez más las empresas y el gobierno van avanzando en el control del agua, ya sea por proyectos hidroeléctricos para la generación de energía, por proyectos de agua financiados por grandes instituciones internacionales, para la riega extensiva de monocultivos y para el control de la pesca” explicó el COPINH en el marco del 4to aniversario del asesinato de su coordinadora. Actualmente, en Honduras, se han aprobado un importante número de leyes y decretos que facultan el control del agua por empresas. “Es evidente la escasez de agua producida por la explotación ambiental y el descontrol en el manejo de los bienes comunes” advirtieron desde el COPINH y recordaron “quien controla el agua controla los pueblos (…) en memoria de la compañera Berta Cáceres nos convocamos a defender los ríos, los mares y bosques del interés gobierno-empresarial de privatizar y limitar el uso del agua para el bienestar social”.

La lucha por justicia llevada a cabo por familiares, organizaciones sociales y de Derechos Humanos a partir del caso de Berta Cáceres generó cierta repercusión mediática y, por ende, instancias de justicia real en contraposición a todas las muertes invisibilizadas de defensores y defensoras de los territorios. En ese marco, el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo, quien había logrado la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, y que presidía el ejecutivo de la empresa hondureña al desarrollar el proyecto “Agua Zarca” fue detenido en marzo del 2018 acusado de ser el autor intelectual de la lidereza. Sin embargo, la justicia aun no es plena y para ello mínimamente se exige la detención de los hermanos Atala Zablah que tenían cargos en la junta directiva de la empresa y de quienes se ha evidenciado la complicidad en el asesinato de Berta. Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras de forma que tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras. En ese sentido, se ha confirmado que la realización de este crimen sólo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que “participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización” tal como lo afirmó el COPINH.

El femicidio político de la defensora de los ríos da cuenta del plan sistemático que ella misma denunciaba. Sicariato, criminalización y control de las poblaciones que defienden los territorios para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras. Sin embargo, advierten desde el COPINH, “su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño”. A su vez, sostuvieron en el comunicado del nuevo aniversario de su siembra “es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos”.

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El próximo miércoles 25 de septiembre se reanudará el proceso legal contra David Castillo, detenido el 2 de marzo de 2018 como “autor intelectual” en el asesinato de la lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres. Cáceres y su organización Copinh, que lucha por los derechos de la comunidad Lenca y contra el capitalismo, racismo y patriarcado, estaba al frente de una batalla feroz contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre un río sagrado para la comunidad Lenca.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que ha contado con financiamiento de diversos bancos e instituciones internacionales como El Banco Centroamericano de Integración Económica, El Banco de Desarrollo Holandés (FMO), FinnFund, SinoHydro (China), Banco Financiera Centroamericano S.A., el Banco Mundial, y USAID entre otros. Así que la resistencia de la comunidad de Río Blanco, aldeana al Río Gualcarque donde querían construir el proyecto, apoyada por el Copinh con el liderazgo de Berta Cáceres tuvo una respuesta muy fuerte por parte de la empresa y el estado hondureño que también tenía interés en el proyecto.

Tanto los miembros de la comunidad como los miembros del Copinh, en especial Berta, se enfrentaban con una campaña de vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia, y criminalización por las fuerzas de seguridad del estado, la seguridad privada de la empresa y personas armadas pagadas por la empresa. Esa violencia fue denunciada ante el Estado de Honduras y distintas entidades internacionales en varias ocasiones pero nunca se tomaron las medidas necesarias para frenarla ya que era ‘necesaria’ para seguir adelante con el proyecto. Contexto en el cual es asesinada Berta Cáceres el 2 de marzo en su casa en la ciudad La Esperanza, Intibucá en el noreste de Honduras.

Desde el momento de su asesinato, la causa de Berta Cáceres -que ahora implica por lo menos 13 casos jurídicos- ha sido marcado por irregularidades, violaciones al debido proceso, hostigamiento a la defensa, a su organización y familiares, y en general una falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado para llegar a la justicia verdadera.

En noviembre del año pasado fueron condenados 7 personas, acusadas de participar en el asesinato de Berta como autores materiales. Aunque el Copinh y las demás organizaciones celebraron esas condenas como fruto de su lucha por justicia, también denunciaron que el Estado intentó terminar con la causa Berta Cáceres y dejar por fuera la estructura poderosa que planificó y financió el crimen.

En el transcurso de ese juicio, se negó casi sistemáticamente cada prueba, evidencia, testigo o informe de perito que buscaba vincular los autores intelectuales, como los miembros de la familia Atala Zablah, al asesinato y contextualizar el asesinato como parte de una estrategia de represión de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).A su vez, los jueces del caso excluyeron la defensa legal de las víctimas del juicio y negaron el reconocimiento de Copinh como víctima en el caso. Y aún, casi diez meses después, no sentenciaron los siete condenados. Por es, es en ese marco, que el juicio contra David Castillo es sumamente importante.

Perfil: ¿Quién es David Castillo?

Castillo, un militar graduado de la escuela militar de EEUU “West Point” y subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras, también es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA desde 2011. Se lo acusa al David Castillo de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, o sea de haber participado en la vigilancia a Berta en terreno, la planificación del asesinato, y la coordinación entre los altos mandos de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es la pieza fundamental que vincula los que dispararon y los que los pagaron para disparar.

En esta oportunidad, se realizará el próximo miércoles, 25 de septiembre en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, una audiencia preliminar en contra Castillo.

“Esperamos que a partir de la audiencia se de paso al Juicio oral y público y también que a partir de esto se logre hacer una investigación a todos los autores intelectuales del asesinato como son la familia Atala Zablah que sabemos bien desde las organizaciones que son ellos quienes pagaron y ordenaron este crimen” explicó Suli Madariaga a la coordinación de medios populares, comunitarios y autogestivos en solidaridad con el COPINH.

En el informe “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía” hecho por organizaciones internacionales como Due Process of Law Foundation, International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights, y Guatemala Human Rights Commission, se señala que Castillo no está meramente vinculado en la planificación y la coordinación del asesinato de Berta, sino que está involucrado en una serie de actividades delictivas incluyendo corrupción y fraude mientras era servidor público y graves violaciones de los derechos humanos.

Tras una cuidadosa investigación, el informe se afirma que las actividades criminales atribuidas a Castillo fueron presumiblemente emprendidas para promover los intereses de las empresas con las que estaba asociado. Esto incluye denuncias de actos que constituyen corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Aparentemente, sostienen, varias empresas se han beneficiado de la comisión de presuntos delitos; los que habrían beneficiado a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y compañías relacionadas a esta son particularmente graves. Por su parte, las dificultades para obtener acceso a la información de varias empresas, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad de las empresas registradas en Panamá, hacen que sea extremadamente difícil determinar la identidad de diversas empresas que se habrían beneficiado de los presuntos delitos.

Castillo era director, accionista o ejecutivo, de al menos ocho empresas. De las cuales, por lo menos seis empresas estaban constituidas en Honduras. Y al menos dos empresas de ellas asociadas con Castillo estaban registradas en Panamá; Mithril Capital y Potencia y Energía de Mesoamérica SA PEMSA (Panamá), donde se protege el anonimato de sus accionistas.

La evidencia presentada a los Tribunales hondureños por los fiscales sugiere que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y presumiblemente proporcionando fondos a los autores materiales con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso permanece en la fase preliminar de enjuiciamiento; ningún otro autor intelectual del crimen ha sido arrestado. Este crimen, fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso, violencia e impunidad orquestada por Castillo y otras personas en la empresa DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.
Durante el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres en el año 2018 la evidencia sugirió que Castillo y sus asociados, junto a empleados de DESA, obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando sus influencias en el Ministerio de Seguridad, la policía y el ejército así como influencias inapropiadas en el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y la oposición de COPINH al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. DESA, y los representantes que emplea, continúan en la actualidad promoviendo la estigmatización de Berta Cáceres, COPINH y los miembros de la comunidad indígena Lenca en Río Blanco después del asesinato de Cáceres.

Un dato importante que han señalado Copinh y la familia de Cáceres es que ocho meses después del asesinato de Berta, Castillo compró una casa de lujo que vale 1.4 millones de dólares en Houston, Texas. Hace poco, las hijas y el hijo de Cáceres presentaron una citación ante una corte federal en EEUU para acceder a los registros financieros de Castillo del banco que le dio la hipoteca a Castillo y creen que esos registros tendrían alguna información sobre los motivos financieros al crimen y información sobre quien está vinculado.

A pesar de las pruebas contundentes que vinculan Castillo al crimen, su defensa con el apoyo de los medios corporativos de Honduras “han instalado una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante”, denunció el Copinh.

Con eso buscan garantizar la impunidad de David Castillo y obstruir la búsqueda de la justicia verdadera en donde “todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más” serían juzgadas y sancionadas.
“Esperamos el acuerpamiento de todas las organizaciones que han sido parte y que quieren ser parte de este proceso por la búsqueda de justicia de nuestra hermana Berta Cáceres que es compañera de todos y todas” sostuvo Suli Madariaga. Y afirmó “si bien sabemos que la Justicia no está en realidad en estos Tribunales queremos romper con esta cadena de impunidad que se vive en Honduras”. Para Madariaga, este proceso de lucha y justicia por Berta Cáceres en Honduras puede funcionar como bisagra para la situación de criminalización y represión existente, “en un país en el que nunca pasa nada, donde siempre las personas que defienden los territorios y luchan por la vida son las criminalizadas y cuando se produce un crimen contra ellas no se investiga y queda en la impunidad es muy importante que se esté llevando a cabo un proceso con estas características”.

Hacer justicia para Berta, pueda hacer, justicia para todos los pueblos

Carolina Hernández también hace parte del COPINH, por su parte, solicitó mediante la Coordinadora de medios alternativos, populares y comunitarios en solidaridad con el COPINH que todas aquellas personas y organizaciones que se sientan interpeladas por el crimen contra Berta Cáceres se puedan solidarizar. “Les pedimos que nos acompañen, acuerpen y estén presentes en los diferentes momentos que estamos viviendo con esta causa y principalmente en búsqueda de esa justicia verdadera e integral por la cual los pueblos seguimos resistiendo y luchando” afirmó. De igual manera solicitaron que se realicen diversas acciones de visibilización en los diferentes medios, embajadas, redes sociales presionando a los diferentes órganos del Estado de Honduras.

Para Hernández, “este proceso también viene a garantizar los derechos y romper las cadenas de impunidad que se mantienen en Honduras contra los diferentes ataques, asesinatos y femicidios de compañeras y compañeros” por eso sostuvo “hacer justicia para Berta pueda hacer justicia para todos los pueblos”. Para finalizar, Madariaga reforzó “como COPINH nos juntamos y abrazamos la esperanza para la búsqueda por Justicia para Berta Cáceres”. “Porque Justicia para Berta también significa justicia para Honduras -recordó- un país tan golpeado por la impunidad, la corrupción y la violencia, esperamos que desde aquí se comience un cambio en este sistema”.

(*) ALBA TV – Venezuela, Colombia Informa – Colombia, Marcha Noticias – Argentina, Notas Periodismo Popular – Argentina, Noticiero Barrio Adentro – Colombia, Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano – Argentina – América Latina

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 Por Raúl Palencia y César Saravia Foto Contra Corriente

Crisis política y resistencia popular a 10 años del Golpe

En las últimas semanas, un nuevo episodio de movilizaciones populares y represión estatal se ha vivido en las calles de Honduras. La gota que derrama el vaso de un pueblo golpeado y convencido del fraude electoral, fue la aprobación en la cámara Legislativa del primer debate de la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Esto es posible una vez que el gobierno de Juan Orlando Hernández declara al Sistema Nacional de Salud en estado de emergencia y justifica su decreto en la necesidad de la mejora del servicio. Las palabras suenan a despidos, privatización y concesiones para quienes desde las organizaciones sociales y movimientos populares llevan más de una década de lucha organizada en las calles y en las instituciones del Estado.

Desde finales abril, las protestas en las calles son multitudinarias y las componen estudiantes, trabajadores y sindicatos del sistema de salud que exigen que se anule los decretos aprobados por el Congreso. Para el 30 de mayo se llamó a un paro general al que se sumaron las ciudades de Copán, El Progreso, La Paz, Comayagua, Atlántida, San Pedro Sula, Olancho, Valle y Choluteca llegando a la cantidad en diez mil personas movilizadas en contra de los dos decretos que buscan privatizar la salud y la educación.

La movilización popular de amplios sectores es el resultado de un Honduras en plena crisis social, por consecuencia de una serie de medidas neoliberales presionadas por el Fondo Monetario Internacional que busca profundizar el modelo extractivista, promoviendo la inseguridad en los territorios, la migración, la impunidad, la falta de justicia, la privatización, las concesiones transnacionales, el crimen organizado, los femicidios y el narcotráfico vinculado al gobierno. Todo esto estrangula a un pueblo que hoy sale a las calles gritando y condensando su bronca en el “Fuera JOH, convencido de que la lucha popular y la dignidad son todo lo que les queda para alcanzar ese objetivo estratégico de refundar Honduras. Pese a todos estos golpes, hoy siguen más vivas que nunca las palabras que el río susurrara a Berta y que todo Honduras grita a una sola voz: ¡Vamos a vencer!

Golpe contra el pueblo

La madrugada del 28 de junio del 2009, el ejército hondureño, amparado por la oligarquía y la intervención de Estados Unidos, entró a la casa presidencial, a punta de fusil, para capturar al entonces presidente Manuel Zelaya, electo vía voto popular, y enviarlo en un avión vestido todavía con su pijama, hacia Costa Rica. Esta acción autoritaria fue la respuesta de la derecha y del imperialismo al intento de Zelaya de llevar a cabo un proceso de consulta popular, que se presentaba a los ojos del movimiento popular como una herramienta legítima para avanzar en el objetivo de alcanzar, en palabras de Berta Cáceres, “la refundación de Honduras”.

Durante su gobierno el presidente Zelaya había mostrado una tendencia progresiva a alinearse a las organizaciones sociales y a los gobiernos populares aglutinados en el  ALBA, del cual Honduras se había hecho parte. Este acercamiento con los movimientos generó una radicalización de la política pública empujada desde abajo, cabe recordar que Zelaya llegó a la presidencia a través de uno de los partidos tradicionales como lo es el partido liberal, de corte derechista. Al momento del golpe, la región vivía un auge de gobiernos progresistas y/o populares, que alcanzaba a diez países en ese momento. Estas y otras medidas llevaron a Estados Unidos a actuar contra uno de los países que fue históricamente uno de sus bastiones, por su ubicación geográfica, tanto para acciones militares como para experimentos políticos y económicos.

Las respuestas internacionales fueron que la OEA desconociera a Honduras y la ruptura de relaciones por parte de varios países de la región. Sin embargo, esta presión duró poco y rápidamente se dio paso a la “normalización” de la situación en Honduras, mediante los acuerdos de Cartagena, que habilitaban la vuelta de Zelaya a Honduras pero reconocían al régimen golpista.

De alguna forma, lo ocurrido en Honduras fue visto con relativo desdén por buena parte del progresismo latinoamericano, como antes había ocurrido en Haití. Esta falta de interés representaría años más tarde una debilidad a la hora de dar respuesta a la avanzada conservadora en la región y dejaría abierto en Honduras el camino hacia un régimen autoritario y asesino.

Durante estos 10 años posteriores al golpe, la resistencia en las calles y en los territorios ha sido constante. La movilización popular durante el Golpe fue amplia, pero no logró revertir la imposición del presidente y la instauración de un modelo extractivista – militar. Se estima que cerca del 35% del territorio hondureño ha sido concesionado a transnacionales. Entre las primeras medidas que el régimen golpista adoptó fue la aprobación de una Ley de Agua, que privatizó el servicio,  y la prohibición de la comercialización de la pastilla del día después, que se suma a la prohibición total del aborto en Honduras. De esta manera, estos 10 años han estado marcados por el avance del Capital sobre los territorios de las comunidades y  por un aumento del control sobre los territorios- cuerpos de las mujeres.

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Este proyecto que, como lo ha denominado el COPINH, es un proyecto de continuidad y de permanente Golpe de Estado, que se expresa en la persecución, criminalización y asesinato de líderes sociales. De 2010 a la fecha más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas y asesinados, entre ellas, Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. El crimen contra Berta levantó la voz para exigir justicia a nivel mundial, a pesar de lo cual hasta hoy continúa la lucha contra la impunidad, a la espera de que se juzguen a los autores intelectuales, entre los altos puestos de la empresa DESA, encargada del proyecto de la represa Agua Zarca, y algunas de las familias más ricas del país.

Fue la propia Berta quien denunció esta política represiva: “la criminalización del movimiento indígena y negro es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra todo el que está en resistencias y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente”. 

Este proyecto de golpe permanente, tiene como su contracara lo que podemos denominar como resistencia popular permanente. La resistencia del pueblo Lenca y el COPINH, contra la represa Agua Zarca, del pueblo Tolupán, de la OFRANEH, de los movimientos estudiantiles y el movimiento feminista han sido claves para que a 10 años el régimen golpista no haya sido capaz de estabilizarse. Esto explica que pese al cerco mediático que rodea al país, de manera muy frecuente se desaten crisis políticas en Honduras que trascienden las fronteras. El pueblo hondureño ha estado constantemente en la calle durante estos años, frente al agotamiento de la soberanía popular y el deterioro de los marcos de participación y de respeto de los derechos humanos, que se agravaron con el fraude electoral del 2017, donde se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente por segundo periodo consecutivo.

Luego del fraude de 2017, el despojo de los bienes comunes, el deterioro de los servicios públicos y la precarización general de la vida de la población, con cifras de pobreza que alcanzan el 60%, ha convertido en Honduras en un país expulsivo. Si bien es cierto la migración hondureña hacia Estados Unidos es antigua, en 2018, la misma se expresó en su forma más clara con el surgimiento de las caravanas migrantes, donde más de 5 mil hondureños y hondureñas, junto a migrantes de otros países, principalmente de Centroamérica, caminaron kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos, en algunos casos con el objetivo de permanecer en México. Las caravanas mostraron en todo su esplendor la situación de deterioro social que vive Honduras, en la que en muchos casos la lógica ya no solo es migrar para buscar una mejor calidad de vida, sino donde está en juego la existencia misma.

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Por Karla Lara*

Diez años ya de continua resistencia. No todo comenzó en 2009, ya antes habían esfuerzos y palabras que para entonces parecían desbordadas, porque habíamos creído eso de que la era democrática era la nuestra. Para entonces yo cantaba hasta en programas asquerosos de gente asquerosa, de corporaciones asquerosas, sí, de esos Reñatos asquerosos, y hablaba ya de los derechos de las mujeres, de lo que las mujeres podíamos hacer para romper los estereotipos impuestos por el patriarcado y desafiaba desde mi pelo greñudo y mi nulo aspecto famélico de la Paulina que impactaba en esos días.

Con hilaridad (aunque suena mejor como lo dice la gente en El Salvador “cagada de chiste”) recuerdo el día de la Virgen de Suyapa en la que la corporación asquerosa le hace una velada televisada a tal personaje histórico y yo llegué con un traje sastre negro y blusa roja y el resto de cantantes iban de vestido largo y peinados altos. Me pasaron al salón de maquillaje y la encargada me vio preocupada y me dijo “y a usted qué le hago mija, mmm… le quitaré el brillo de la cara grasosita que tiene”. Parecía la milagrosa revelación de que a ese círculo farandulero efectivamente no pertenecía y la historia lo reafirma: no perteneceré nunca.

Lo que busco decir es que en diez años hemos radicalizado nuestros entendimientos y por lo mismo nuestro selecto seleccionar de dónde colocamos la voz, la palabra, el canto, la pasión, el compromiso desde lo que hemos hecho. Ya hace mucho, para que no se quedara atrapado en la comodidad de una mentira, sino para que la rompiera. Un modesto aporte que se suma al de otras y otros desde donde cada quién hace o tiene el privilegio de elegir hacer, como forma de vida.

Si el arte es en si mismo una propuesta estética de lo que sentimos y pensamos de nuestros entornos como respuesta legítima al burdo entretenimiento impuesto por el sistema que embrutece y niega, pensar y repensar desde lo bello es imperiosamente un acto de resistencia. No digo que lo que cada una de nosotras haga deba gustarle a la gente, a lo que me refiero es que el arte tiene una búsqueda, un camino de trabajo estético. Bien logrado o mal logrado, eso es otro cuento. Pero es resistencia buscar belleza en el camino de la muerte impuesto por quienes mal han gobernado por años y años.

Cantar es resistir, y yo quiero agradecerle a quienes me han acompañado en este camino, les miro y les pienso cuando canto, me recorren el cuerpo sus propias canciones, las historias compartidas, los pequeños triunfos, las grandes hazañas, las locuras vividas, las convicciones conquistadas.

He decidido ser una cantora de este camino que elegimos muchas y muchos, me honra sentirme parte, caminar la calle, correrlas cuando el gas y el miedo viene tras nosotras, pensar que no hay privilegio que me distancie, que todos los dolores nos juntan, que todas las voces cantamos y que de todos los deleites de este canto, atesoro un “Karlita” amoroso, una anécdota provocada por alguna melodía que yo haya interpretado, los abrazos sinceros de gente que conozco sin conocerla o que sin conocerla siento conocerla desde siempre porque en la miradas que se encuentran van las mismas ausencias y los mismos anhelos.

Cantar es resistir y no serán diez años, va a ser toda la vida porque cuando alcancemos un derecho, iremos tras otros, o serán tantos al mismo tiempo que nos tomará la vida cantándolos, y si ponemos el cuerpo y si conspiramos y si nunca olvidamos, vamos a vivir cantando y vamos a vivir resistiendo.

*Cantora feminista

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Por Julieta Caggiano

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y  Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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Ni los políticos ni la democracia representativa. En Honduras, en este momento, el protagonista es el pueblo. El mismo que asistió a las urnas y que resiste desde el domingo a la noche la brutalidad policial defendiendo el derecho a su autodeterminación.    

Tras días de resistencia en las principales ciudades de Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en la noche de ayer, el gobierno actual de ese país declaró el Estado de sitio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado, ocasión en la que actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presentó a una reelección inconstitucional.

La situación es grave. En lo que va de estos días se registran al menos 11 asesinatos de parte de las Fuerzas represivas en el marco de protestas sociales en las calles del país centroamericano. El pueblo salió a las calles a defender lo que sería el triunfo del partido de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, organizada por el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, y que presentaba al candidato a presidente a Salvador Nasralla.

En la cronología, el lunes, cuando se llevaban más del 50% de las actas electorales contabilizadas, la ventaja de Nasralla era del 5% y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, habló de que era un “virtual ganador”. Sin embargo, Hernández y el Partido Nacional desconocieron la voluntad popular y se declararon triunfadores basándose en una encuesta en boca de urna.

El martes a la noche, con el 78% de las actas contabilizadas, la tendencia seguía siendo la misma: Nasralla con una ventaja de 5 puntos. En esa oportunidad, declaró: “Recordemos que incluso ese voto, de 45 contra 40, superó el fraude, superó incluso a los muertos que votaron, a la gente que votó aunque viva en los Estados Unidos. Así que ya no podemos recurrir ni esperar a lo que esperamos en 2009, cuando fuimos burlados por el Tribunal de delitos electorales, por la Corte Suprema y por el Ministerio Público”. Y sentenció: “El único que puede defender estos votos es el pueblo hondureño”.

Fue entonces cuando las personas comenzaron a tomar las calles de Honduras para protestar por los resultados. Y cuando el Estado comenzó a responder enviando a sus fuerzas represivas: la Policía Nacional Antimotines Cobra y la Policía Militar. El Estado de sitio “prohíbe la libre circulación”; establece la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes”. Un decreto que ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, a “poner a disposición de la Policía Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones”.

La reacción en defensa de los Derechos Humanos

Desde ayer se suceden los actos en solidaridad con la situación de interrupción del orden constitucional en Honduras. En conferencia de prensa, integrantes de la Mesa Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, denunciaron asesinatos, detenciones y tratos crueles y degradantes de parte de las fuerzas represivas. Afirmaron que “Honduras vive un gran retroceso en materia de Derechos Humanos” y que “el estado de sitio es ilegal con el fin de imponer el terror al pueblo en las calles”. “Ratificamos el rechazo a la reelección de Hernández, que violenta la Constitución de la República”, concluyeron.

“La candidatura de Hernández es ilegal e inconstitucional”, y expresaron “preocupación por la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no garantizar la máxima transparencia en el proceso”. “Instamos al recuento total de las actas”, “exigimos que se respete el derecho a la protesta, exigimos mecanismos de protección a periodistas y defensores/as de Derechos Humanos”. Y afirmaron, “el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

En las calles y redes, “el clamor de un pueblo indignado de tanta injusticia”

“Estamos para defender nuestros derechos, que han sido violentados por más de 8 años y que nos han implantado queriendo instalar una dictadura”, afirmó un hondureño en las improvisadas barricadas de las calles de Tegucigalpa, “nos venimos a manifestar porque tenemos una Constitución que ha sido violada durante años”. “Soy un hondureño que ama su país. No estoy representando a ningún partido, estoy representando a Honduras”.

“La indignación popular existe, estamos contra un golpe de estado del dictador Juan Orlando Hernández, nos convocamos en las calles porque acá se defiende el voto. Salí espontáneamente, es una realidad que nos convoca como jóvenes”, afirmó otra persona.

Bajo las etiquetas #FraudeElectoral, #FueraJOH y #HondurasResiste, en las redes sociales se difundió la brutalidad policial y militar, ordenada y avalada por el actual gobierno represivo y que tiene de rehén al pueblo negando los resultados electorales. A la vez, se denunció la censura a partir del bloqueo de las cuentas de activistas feministas organizadas.

“Hay al menos 11 personas asesinadas por la espalda. Víctimas de la represión”, denuncian las publicaciones de quienes en ejercicio de comunicación popular arriesgan su vida en las calles para transmitir lo que está pasando a pesar del bloqueo hegemónico- mediático. “Militares aprovechan el toque de queda para torturar al pueblo”; “el verdadero pueblo está resistiendo un golpe a la democracia”; “contra la dictadura, el narco- estado y los narco- comandantes del ejército. Llamamiento al pueblo a la insurrección”; decían algunos posts.

“A la comunidad internacional y hondureña le aclaramos que no luchamos por personalidades, lo hacemos por nuestro país, Honduras, que está siendo secuestrado por el crimen organizado”; decían otros. Una foto de un graffitti advertía: “el clamor de un pueblo indignado de tanta injusticia”.

El poder de los imperios, de las botas y de los medios hegemónicos

Miriam Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Estuvo en Argentina para participar del ENM en Resistencia, Chaco, en octubre pasado, ocasión en la que difundió, en clave feminista, las preocupaciones sobre el sistema representativo y la debilidad de la democracia en Honduras.

“Este es un contexto muy difícil, emerge el poder de los imperios pero también la bota militar”, anticipó la feminista, “en Honduras, aquella ley que se había aprobado para que los militares no salgan de los cuarteles, con el golpe pudieron volver a salir a las calles a reprimirnos”, agregó Miranda realizando un análisis de profundidad ante la coyuntura.

“La historia nos ha enseñado que hay que abrir debate sobre los modelos democráticos que vivimos en nuestros países”, dijo, “lo de Honduras fue que un poder del Estado le dió el golpe al otro, y es más, se lo volvió a dar en 2012. Estamos hablando de que los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos”, “y esto lo normalizan los medios”, reflexionó.

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