Por Redacción de RSM

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro hombres armados con fusiles de asalto entraron hoy en la casa de la lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

Ofraneh denunció en sus redes sociales el atentado contra la privacidad de la defensora del territorio que tuvo lugar la madrugada de hoy en la comunidad de Vallecito, Colón, en el Atlántico de Honduras. 

Al menos cuatro sujetos fuertemente armados ingresaron en la casa de la coordinadora general de Ofraneh, publicaron representantes de la organización.

Los cuatro individuos que asediaron la casa de Miriam Miranda no pertenecen al pueblo garífuna, denunció el equipo de seguridad de Miranda.

El grupo de seguridad les exigió que se identificaran. Debido a que no respondieron, el equipo los detuvo.

La acción puso en peligro la integridad de Miranda, quien ha liderado frecuentes protestas contra las injusticias que siguen afectando al pueblo garífuna.

Además, en entrevistas para los medios y a través de sus redes sociales, Miranda ha mantenido alzada una voz crítica que molesta a los grupos de poder.

Miranda ha denunciado el plan genocida orquestado desde distintos frentes contra las y los garífunas. También ha señalado que el propio Estado encabeza las acciones de exterminio de los pueblos originarios.

Asimismo, el atentado de hoy “es parte de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna”, denunció hoy Ofraneh en un comunicado.

El plan denunciado por la organización se ejecuta “a través de amenazas, asesinatos… desapariciones forzadas que siguen incrementando los altos niveles de impunidad y racismo”.

Por otra parte, Miranda, en entrevistas para Reportar Sin Miedo, ha denunciado que el propio gobierno de Xiomara Castro está bajo el control de “mafias”.

Aunque Honduras tiene nuevos líderes políticos, Miranda aseguró que nada ha cambiado en la protección de derechos de las comunidades ancestrales.

”Nadie puede decir nada porque hoy día los criminales, las mafias que controlan este país, están en el territorio garífuna. El hecho de que haya un gobierno nuevo no significa que hayan detenido esta mafia que tiene controlado a este país”, dijo en esa ocasión.

Ofraneh exigió en su comunidad que el Estado hondureño garantice el derecho a la vida y la seguridad de Miriam Miranda y le dé todas las condiciones para continuar defendiendo el territorio y la vida del pueblo garífuna.

Entre ataques y protestas

El atentado contra la lideresa se produce mientras el Comité Técnico del Mecanismo de Protección se halla de visita en esta zona del país.

Mientras el atentado tenía lugar en Colón, un grupo de pescadores de varias comunidades garífunas llegaron al Ministerio Público de La Ceiba para denunciar que desde hace días han recibido amenazas de muerte y abusos de autoridad de integrantes de la Fuerza Naval de Honduras.

“Estábamos durmiendo tranquilamente cuando llegaron a la casa encapuchados”, relató un habitante de las comunidades garífunas a los medios de comunicación.

“Abrí la puerta y ya tenía dentro de la casa a dos navales apuntándome directamente. Dijeron que tenían orden de desalojar todas mis pescas, pese a que tenemos el derecho a la pesca para sobrevivir”, agregó.

Asimismo, los “navales” indicaron que las órdenes de despojar al testigo del fruto de su trabajo venían de “arriba”.

En medio de la disputa, uno de los navales lo amenazó diciendo que podía pegarle un tiro en la cabeza. Entretanto, el otro naval lo golpeó con un arma.

Según los pobladores, la mayoría de sus compañeros pescadores han tenido que huir de sus comunidades, ya que en varias ocasiones los integrantes de la Fuerza Naval han dejado a los pescadores nadando en mar abierto.

Los pescadores agregaron que les toca estar pendientes de sus compañeros para evitar que mueran por estos abusos.

Reacciones

Desde la cuenta de Guapinol Resiste pidieron que paren el hostigamiento y amenaza contra los pueblos en Honduras por defender sus territorios.

“Desde Guapinol denunciamos el atentado criminal contra Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, y exigimos justicia para ella y el pueblo garífuna. Solidaridad”.

Por su parte, el Bufete Justicia para los Pueblos repudió el intento de atentado criminal contra Mirian Miranda. “Exigimos una investigación inmediata y su protección integral”.

Entretanto, el Centro de Defensa de la Mujer (CDM) se solidarizó con Miranda. “Desde el CDM nos solidarizamos con la compañera Miriam Miranda. Exigimos al Estado de Honduras una investigación inmediata que de, con los responsables de este hecho”.

Para la abogada y defensora de los derechos humanos, Claudia Herrmannsdörfer,  todas las semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de derechos humanos. “Hoy le tocó a Miriam Miranda, ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida!”.

Todas semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de ddhh; hoy le tocó a Miriam Miranda ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida! pic.twitter.com/A0vmIPEEgT

— Claudia Herrmannsdörfer (@claudia_herr_ac) September 19, 2023

Mientras tanto, la hija de Berta Cáceres, Bertha Zúniga Cáceres, manifestó: “Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya!”.

¡#Atentado criminal contra la compañera Miriam Miranda! Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya! https://t.co/tSmHdgra8O

— Bertha ZuCa (@BerthaZuniga1) September 19, 2023

Por su parte, Amnistía Internacional condenó rotundamente el ataque contra le lideresa garífuna.

“Es muy grave la situación que viven las defensoras y los defensores en Honduras. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar todas las medidas necesarias para protegerles y el Ministerio Público investigar los ataques sin demora”.

Recibimos con consternación los reportes de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en #Honduras Jose Ramiro Lara Zavala de @AsonogOficial, y Miriam Miranda de @ofraneh en los últimos días. @XiomaraCastroZ @sedhHonduras @MP_Honduras pic.twitter.com/RJLEvEXSit

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) September 19, 2023

También el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, habló del suceso. “Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos”, publicó.

Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos y su libertad con el apoyo de la @sedhHonduras , la @PoliciaHonduras y la… https://t.co/Li76yq1e9n

— Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) September 19, 2023

Por otra parte, el compañero de lucha de Miranda, Rony Castillo, expresó en sus redes: “Basta al genocidio garífuna”.

ATENTADO CONTRA MIRIAN MIRANDA#AltoAlGenocidioContraElPuebloGarifuna pic.twitter.com/SM4E3GcCYD

— Rony Castillo (@castilloronyl) September 19, 2023

En 2022, Honduras registró Global Witness 14 personas defensoras de territorio asesinadas. A la fecha, sólo en 2023, Honduras suma al menos nueve asesinatos de defensores de la tierra, el ambiente y el territorio.

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Por Camila Parodi (*)

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral. 

Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791. 

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Sedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández. 

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios. La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización. 

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

¿Cuál es la importancia de las Casas de Salud Ancestral y cuáles son los objetivos de este proyecto?

Cuando irrumpió el COVID 19, se cerró el mundo y se frenó la movilidad humana. Sabíamos que teníamos que tomar una decisión. Impulsamos la instalación de los centros de atención: treinta y tres centros en diferentes comunidades para atender y, sobre todo, asegurar la sobrevivencia de nuestros abuelos y abuelas. Porque son las que transfieren y transmiten la cultura, el saber y el conocimiento del pueblo garífuna. Teníamos que asegurar la sobrevivencia espiritual y cultural del pueblo garífuna, y pusimos eso en el centro. Por eso es que nos dedicamos, desde esas Casas, a brindar y generar salud para nuestras comunidades. 

Nos convertimos en la organización pionera de las Casas de Salud Ancestral, como una medida y como una forma de atender a nuestras comunidades, mediante la elaboración de  té de hierbas medicinales pero, también, a través de la distribución de todo lo que significaba un apoyo para el momento de emergencia. Pero, sobre todo, entendiendo que lo más importante es fortalecer el sistema inmune de nuestro pueblo. Mucho de la cultura y la identidad nuestra pasa por ese conocimiento ancestral de nuestra comunidad. Por ejemplo, para elaborar los tecitos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, lo que le resta ese gran poder que tiene la industria farmacéutica que hace que la gente se acostumbre y termine adicta a pastillas que no los curan. Al contrario, son medicamentos que terminan destruyendo a la humanidad y su salud. 

En las Casas de Salud Ancestral se brinda no solamente atención primaria, sino que son espacios de movilización de las comunidades. Espacios para atender la salud en una forma integral, entendiendo que la salud también es luchar por los territorios y por las tierras, para que la gente pueda tener acceso a las plantas medicinales, a todos los bienes comunes que ayudan para la vida. Pero, también, entendiendo que debe haber una salud mental y una salud ambiental. Tenemos que luchar contra el plástico que está devorando el planeta. Toda la salud, viéndola de una manera holística e integral, no es únicamente para la persona humana, sino que es también para el planeta. Somos los pueblos indígenas quienes tenemos esos conocimientos y quienes podemos sanar al planeta.

(*) Esta nota es parte del proyecto “Biodiversidad para el sustento. La comunicación para fortalecer a indígenas y campesinos en sus acciones”, realizado con el apoyo de Swift. Por  Camila Parodi para agencia de noticias BiodiversidadLA 

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Miriam Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal  Negra Hondureña, OFRANEH, defensora de los territorios con una larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, afros y de las mujeres y en representación del pueblo garífuna al que pertenece.

El pueblo garífuna es un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica de Honduras, cuenta con 41 comunidades y abarca, también, territorios en Belice, Guatemala y Nicaragua. En la actualidad, gran parte de las comunidades garífunas fueron desplazadas de sus tierras ante el avance de proyectos extractivos y turísticos implementados en sus territorios sin consulta previa.

En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureño que, en total, representan el 7.25% de la población del país.

–¿Cuáles son tus impresiones de tu primer Encuentro?

–Fue importante haber venido, si bien el activismo me tiene en la lucha permanente, me encantó venir. El elemento que me gustó sobre todo es que, hoy en día, se refuerza que el movimiento de mujeres debe acercarse a las resistencias de las mujeres que estamos en la defensa de los bienes comunes y de los territorios, rompiendo entonces esa separación que había entre el feminismo urbano con lo que es rural.

El hecho de que se haga e insista en la convergencia de diversos pensamientos y luchas es muy importante. Sobre todo que termine con una gran marcha que evidencie el poder de las mujeres es muy interesante. Un montón de mujeres juntas causan tanto terror al poder patriarcal… Lo lindo, que este encuentro mueve ciudades, las mujeres se posicionan y se hacen sentir, y aunque no se crea genera cambios en la cosmovisión, en la gente; es algo que queda.

–¿Y qué te llevas?

–Es importante que las marchas de las mujeres caminen por todos lados marcando territorios, así como marcan nuestros cuerpos-territorios. Es el cuerpo-territorio el que se hace sentir como uno solo aunque haya diferencias políticas, el cuerpo mujer está presente con sus ideas, con su creatividad, con su sentimiento de libertad. Me llevo una gran experiencia a mi país respecto a esto. Sobre todo, me llevo el inicio de los juicios a la justicia patriarcal.

–¿Y cuál es la situación de Honduras en este momento?

–Vivimos en un lugar donde hay mucha agresividad de parte de los sistemas de opresión económicos y de la oligarquía, que responden al capital trasnacional, al oligopolio patriarcal, racista. 

Entonces, tenemos nuestras propias particularidades, como es el tema de la trata. En Honduras “se pierden niñas” todos los días, pero no se nombra. Por eso, cuando yo escuchaba aquí las historias como la de Maira Benítez en Chaco me decía: “esto está pasando allí a nuestras niñas”.  Pero como somos un país con una inequidad tan fuerte, hasta eso se vuelve normal.  Me lo llevo para ponerlo en la mesa, me conmovió muchísimo, y es un problema: se están llevando a las niñas para la prostitución. Celebro la vida de haber conocido a tantas compañeras.

Los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos

–¿Qué denuncias viniste a visibilizar a la Argentina?

–Nosotras estamos enfrentando una criminalización y judicialización muy profunda por defender nuestra tierra, nuestros bosques, nuestro mar. Vivimos cerca del mar, entonces las empresas turísticas son muy violentas con los pueblos garífunas, contra nuestras tierras y playas, y hay una presión muy fuerte del sistema inmobiliario. Sobre todo, nos enfrentamos en este momento a unos inversionistas canadienses. Personalmente, tengo dos querellas, no me he presentado en dos juicios. Una, por difamación y calumnias por el hecho que hemos denunciado que están acaparando las tierras. Y la otra, por el intento del Estado de silenciar a las radios comunitarias que nuestra organización, OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), ha impulsado.

La empresa encargada de administrar el espectro radiofónico de Honduras está criminalizándonos al decir que no tenemos derecho a impulsar radios sin licencia. Pero el convenio 169 de la OIT establece que tenemos derecho a tener nuestros propios sistemas de comunicación y nosotras, amparadas en ese aval institucional, hemos instalado nuestra radio comunitaria.

Estamos también en una lucha muy fuerte contra el crimen organizado, hemos sido secuestradas, yo particularmente en 2014. Como comunidad y como mujeres trabajamos mucho la conservación de nuestra cultura e identidad, ya que la Constitución establece que es el castellano nuestro idioma oficial mientras que hay nueve pueblos diferenciados en nuestro territorio. Entonces, si bien Honduras es un país pluricultural, plurilundio, no lo reconoce el Estado; nos encontramos trabajando y luchando en un sistema donde oficialmente existe el racismo y la discriminación. 

Es muy fuerte porque ni desde los medios de comunicación ni desde las escuelas se te valida o respeta como pueblo indígena o negro. Sumado a eso la iglesia, sobre todo la evangélica, está muy agresiva, y eso es algo que pasa en muchos países de América Latina y el Caribe.

A su vez, con nombre y apellido, denunciamos la persecución de Randy Jorgenson, quien se ha hecho millonario por el negocio de la pornografía y nos ha denunciado con el objetivo de utilizar nuestras tierras. Es importante que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos comunidades garífunas en 2015.

También en este marco, hacemos un llamado para que el Estado detenga esta persecución hacia las dirigencias, hay una clara campaña de judicialización, la intención es clara: mantenernos en ese clima de inestabilidad y eso desgasta y genera crisis. Es un escenario de terror y militarización. El objetivo de esta campaña de desprestigio es privilegiar los intereses de los inversionistas.

–Es claro el rol de las mujeres en la defensa por la vida digna de los pueblos, lo vimos con Berta y lo vemos con ustedes. Con esa lectura, ¿qué estrategias de cuidados se plantean?

–Hace un tiempo, con Berta, impulsamos la Coordinadora de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras. Ambas ocupábamos un puesto en organizaciones mixtas pero, en la práctica, veíamos la importancia de tener espacios propios de mujeres. Recién en diciembre pasado retomamos lo de la coordinadora y hace unas semanas hicimos un taller de planificación con las mujeres indígenas para preparar las condiciones y articular mejor con las mujeres, por ejemplo, campesinas. Estamos con la Red Nacional de Mujeres articuladas también con las compañeras de Tegucigalpa. Antes era impensable esta articulación, pero se entendió la importancia de unir lo rural con lo urbano.

Desde el golpe fue clara la necesidad: crear una Constituyente y crear nuevas condiciones. Actualmente, me encuentro coordinando el movimiento político y social de Honduras: se trata de una plataforma de 15 redes grandes y más de 30 organizaciones a nivel nacional. En mi territorio hicimos la asamblea de esa plataforma e instalamos una mesa de mujeres indígenas para impulsar un encuentro a nivel nacional de mujeres de todos los sectores. Va a haber peleas hacia adentro de los espacios mixtos, pero se tendrá que realizar un trabajo para superar la tarea desde adentro. Es indispensable en la renovación de cuadros.

–Con el antecedente de lucha contra el golpe que tienen en Honduras, ¿qué experiencia podrías compartirnos?

–Es claro de que es necesario repensar las estrategias, Honduras fue el experimento y después vinieron Paraguay y Brasil. Cambiaron mucho los mecanismos: antes los golpes de Estado eran con miles de muertos y ahora se dan en otro marco. Con lo del golpe, fuimos trabajando y pensando cómo construir lo que queremos de país. Lamentablemente, esa experiencia se fue construyendo en partido y perdió su componente social de lado, pero teníamos muy bien la idea que todos los sectores tenían que hacer una constituyente.

La historia nos ha enseñado que hay que abrir debate sobre los modelos democráticos que vivimos en nuestros países. Porque lo de Honduras fue que un poder del Estado le dio el golpe al otro; y es más, se lo volvió a dar en el 2012. Estamos hablando de que los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos, son tres patas una de estas le pega a la otra y le da el golpe y esto lo normalizan los medios.

Hay que construir el poder local porque desde ahí se va a sustentar y cuestionar cualquier cosa que pase en el futuro

–¿Y a  qué conclusión llegaron?

–Nosotras llegamos a la conclusión de que hay que trabajar en la comprensión colectiva de estos acontecimientos porque los medios le interiorizan a las personas que eso es lo normal, legítimo y legal. Ahí hay una situación complicada porque te dicen “en televisión lo dijeron así”, de esta manera es que se lo llevan a Mel (Manuel) Zelaya porque no había comprensión de la gente, y eso no era legal. Tenemos que ir trabajando esto, hay que construir el poder local porque desde ahí se va a sustentar y cuestionar cualquier cosa que pase en el futuro.

La gente desde lo local, desde los territorios, desde la comunidad, tiene que defender cualquier modelo en el que pueda vivir. Ahí está el asunto: el sistema democrático debe ser cuestionado y debatido profundamente. Ahí entra el reto: porque tomamos partido sin construir algo colectivo ni que represente el bienestar de la comunidad por más utópico que suene, así es que terminamos arrastradas por corrientes que no nos representan. Por eso, insisto que es importante la acumulación de trabajo con las comunidades, romper el monopolio de la comunicación.

Estos medios están concentrados en los grupos económicos que nos friegan la vida, la suma de lo poco que cada una hace en su territorio es lo que nos puede hacer levantar. Y eso es lo más difícil porque no podemos sumar los poquitos, tenemos que tener esa capacidad. Este es un contexto muy difícil donde emerge el poder de los imperios pero también la bota militar. En Honduras es doblemente terrible: aquella ley que se había aprobado para que los militares no salgan de los cuarteles, con el golpe pudieron volver a salir a las calles a reprimirnos. Tal es el caso de los universitarios, donde la Universidad fue totalmente militarizada y luego esa situación se “normalizó” con  el mensaje de los medios de comunicación.

–Es necesario entonces cuestionar el rol de los medios desde las organizaciones…

–Sí. Es importante para nosotras comenzar a hacer un juicio ético popular a cómo se manejan los medios de comunicación porque es terrible, tenemos que pedirles cuenta. En Honduras, durante la crisis, la gente consumía sólo lo que pasaba en Venezuela y no se hablaba nada de lo que pasaba en su propio país. Estos medios son complejos porque no sólo reproducen y generan opinión, sino también cambian la mentalidad y definen el pensamiento de las personas. Ya sabemos que la oligarquía va a protegerse entre ellos pero, como decía el padre Melo: “los pobres sosteniendo la mentira de los ricos”, y entonces la gente que está más jodida está sosteniendo a la oligarquía por esos mismos medios.

2020 | “La gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno”

En los territorios garífunas

–¿Cuál es la situación de los territorios hondureños, y particularmente los que habita la comunidad Garífuna?

–Creo que hay que partir del hecho de que, en los últimos dos años –que precisamente coincide con la pandemia–, el pueblo Garífuna es el pueblo que ha sido más golpeado en Honduras. Durante los últimos cuatro años han sido asesinadas alrededor de 50 personas, y tenemos criminalizadas a más de un centenar de líderes y lideresas. El hecho más paradigmático fue cuando en abril del año pasado fue encarcelada Marianela Mejia de la comunidad LGTBIQ+ de OFRANEH, junto con su hermana Jenifer Mejia. Fue el detonante de la orden de captura contra 33 personas de la comunidad de Trujillo acusadas de usurpar su propio territorio. Esas son las acusaciones que hacen contra los pueblos indígenas y, en este caso, contra el pueblo Garífuna. También denunciamos algo que fue atroz: la detención de una señora de 73 años, cuando se estaba trasladando de su comunidad hacia una ciudad.

Creo que esta situación es producto, no solamente de esta práctica que ha venido desarrollando, impulsando y, sobre todo, fortaleciendo este narco-gobierno, la narco-dictadura, sino también un mensaje muy claro a la OFRANEH, una organización que en los últimos años ha jugado un papel preponderante en el país porque no solamente trabajamos y luchamos por el pueblo Garífuna. Por ejemplo, en el 2019 realizamos un Encuentro Nacional de Mujeres, el primero en el país, en el que participaron más de 1.500 mujeres provenientes de 16 departamentos, de la cual surgió la Asamblea de mujeres luchadoras de Honduras. Eso, de alguna manera, marca una diferencia, en cuanto a que somos una organización propositiva, que hemos demandado al Estado frente al sistema interamericano, que acompañamos y acuerpamos a una diversidad de luchas campesinas, feministas, obreras, indígenas, en las cuales OFRANEH tiene una presencia con su fuerza espiritual, cultural. Eso nos convierte en un objetivo principal del Estado, no solamente para la persecución política, criminalización, judicialización y asesinato, sino que también somos una organización muy vigilada

–¿Cómo se organizaron frente a la pandemia en este contexto?

–Una de las cosas que impulsamos durante la pandemia fue un proceso para instalar las casas de atención de COVID 19, desde las cuales se generaba información, se elaboraró y se distribuyó té para fortalecimiento del sistema inmune, se distribuyen mascarillas y se protegió a nuestras comunidades, cerrando las entradas para evitar que entrara y saliera gente de otros lugares, y se distribuyeron alimentos en esos primeros meses de crisis. Eso provocó el asesinato de un compañero de una comunidad por negarse a entregar la llave del portón para que entraran personas extrañas a la comunidad. Estamos ubicados en la costa, que es una zona disputada por los cárteles, el crimen organizado, los megaproyectos, la palma africana. Todos estos intereses conviven en donde habitamos. Y por supuesto, la comunidad Garífuna es la más agredida.

–¿Qué lugar ocupa la costa en los intereses y el recorrido del narcotráfico en Honduras?

–La costa es la zona de trasiego de drogas en este país. La gran cantidad de droga que transita por Honduras pasa por la costa. Los que vivimos en la costa, no solamente el pueblo Garífuna, somos los más afectados, porque se criminaliza, judicializa, y se genera terror en las comunidades, porque son tomadas incluso por el Ejército y la DEA. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de colombianización en Honduras. Esa estrategia que hace Estados Unidos de “combate al narcotráfico” no es real. Lo vemos con lo que ha pasado en Colombia después de 30 años del “combate al narcotráfico” donde han impulsado y gastado millones de dólares. Honduras se convirtió ahora en un narco estado.

–¿Encuentran una relación con el proceso de golpes de Estado?

–En los golpes de Estado no solamente se destruyó la institucionalidad de Honduras, sino que se generó un Estado fallido y la falta de gobernabilidad. Nos hemos convertido en el país con mayor cantidad de personas que migran a través de las caravanas. También se ha impulsado y concretado ese plan del gobierno de Juan Orlando Hernández de rematar el país por pedazos, a través de las “Zona Especial de Desarrollo” (ZEDEs).

Honduras ha tenido tres golpes de Estado: en 2009, en 2012 y en 2017. En 2012, el Congreso Nacional dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia siendo presidente en ese entonces Juan Orlando Hernández, para favorecer su política y aprobar la ley de “Ciudades Modelos”. En 2017, se dio el golpe electoral. Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, que convierten a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional, pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de todo lo que son los bienes comunes de Honduras.

Las ZEDEs, tal como están planteadas por el gobierno de Honduras, son las mayores violaciones de los Derechos Humanos porque el poder económico se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de Honduras en los cuales el Estado no va a tener ningún control. Es como dar un pedazo o la mitad de tu casa y tú no tienes nada que ver, ahí no tienes ningún control. Es un riesgo para los Derechos Humanos, para los derechos de las comunidades que podrían, eventualmente, ser desplazadas para la instalación de estas zonas especiales de desarrollo. Es un proyecto político de Juan Orlando Hernández, que responde a la lógica de los libertarios. Entonces ahí podemos ver que sí hay una relación y no es de ahora, sino desde que se dio el golpe en el 2009.

–Con la posibilidad latente de que el partido de LIBRE gane y, en caso de que se aceptara ese triunfo, ¿qué tipo de gobierno se puede prever? 

–Es una cuestión complicadísima, porque el tema de las alianzas y con quién te alías es una de las cosas más complejas. No hay certezas, por la gente que está alrededor, por la gente con la que se hizo la alianza de oposición, etc. Será un gobierno muy complicado, por la composición de la alianza y porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de generar, por parte de Xiomara como presidenta o como oposición, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o el crimen organizado; hay una crisis sin precedentes.

Entonces, hay que entender que se necesita ir más allá de tener una presidenta, porque también están los poderes territoriales, y si no se llega a un nivel de alianzas, de convergencias, para poder construir desde los territorios algo diferente, esto es muy complicado. Si bien es cierto que este país no aguanta un nuevo golpe de Estado, hay otras formas de no permitir que la gente pueda ejercer su gobierno. Ya lo hemos visto en América Latina con lo que pasó en Bolivia. Hay que profundizar, entonces, en la construcción de poderes locales territoriales integrados que puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo.

–¿Y los narcos están teniendo algún tipo de acción para el acceso al Parlamento como en Colombia y en otros lados?

–No es tan claro, porque tampoco aquí se tiene identificado, muchos diputados han sido involucrados. En el sistema de narco, de hecho, algunos están investigados en Nueva York. Por ejemplo, vemos políticos que han sido señalados como ligados al narcotráfico, tal es el candidato Yani Rosenthal, que estuvo privado de libertad por dos años en Estados Unidos acusado de lavado de activos y ahora es el candidato del Partido Liberal. Es otro tema para trabajarlo en el futuro: construir algunos criterios y principios de la gente que es candidata, porque eso es como normalizar la situación. Por ejemplo, hace unos meses hicieron una reforma al Código Procesal Penal, precisamente pensando en las elecciones, en la que no debe haber ninguna movilización para evitar que la gente pueda llegar a las manifestaciones. Se criminaliza todo lo que son las movilizaciones. Eso lo hizo el Congreso Nacional reciente, y entró en vigencia para que la gente no salga a las calles como en el 2017 donde fue brutal la represión.

Es claro que hay mucho terror, pero también hay esperanza de que la gente pueda tomar sus decisiones, porque aquí han estado entregando incluso hasta camas, estufas, de todo. Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno. En 2017 hubo gente a la que secuestraron, que hasta asesinaron cuando salían a denunciar, pero este año la gente no tiene miedo: está harta, harta, porque tampoco es posible seguir viviendo en estas condiciones de vida, hasta de vulnerabilidad ambiental; por eso creo que son elecciones muy particulares.

–¿Cuál es la situación de las defensoras?

–Nos encontramos en el país con mayor violencia hacia las defensoras y defensores de Derechos Humanos. Honduras, en proporción geográfica, es el país más violento y más inseguro para las defensoras y defensores a nivel mundial. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, por eso estamos tejiendo redes. Hay muchas personas observadoras que han llegado al país así como los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instancias que están visitando a muchos de los líderes y lideresas para hablar un poco sobre el contexto.

No le hemos dado la debida atención a esta situación de haber convertido un país en un laboratorio político que puede ser replicado en otros países. No le hemos puesto atención, no lo hemos analizado como debe ser, y de hecho luego de esta experiencia vino Paraguay, Brasil, Bolivia. El fascismo y la ultraderecha se están posicionando cada día más en nuestras Américas. Por eso es necesario construir otros pactos de convivencia. Por qué tenemos que pensar que la única forma en la que se puede construir poder o participación es a través de un proceso electoral. Hoy, en América Latina, la democracia electoral se encuentra totalmente desgastada porque ya la gente no va a votar, no llega a votar. Ya no creen ese proceso y eso hace mucho daño, como en este caso.

Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado

–Cuando hablamos en 2017 nos comentabas, justamente, que había que abrir debates sobre los modelos democráticos. Después salió Ecuador a las calles, luego Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, un año antes la caravana en Centroamérica… Y no sólo salieron, sino que también buscaron nuevas formas de organización. Vemos experiencias que, de alguna manera, se enfrentan a la falta de respuestas que tienen las democracias. ¿Cómo vieron este proceso de revueltas y cómo se imaginan que podría continuar?

–Estos procesos que se han dado en los últimos años en algunos países de América Latina es como cuando se dice “la gota que colmó el vaso”. Una cuestión de expresión de la gente que ya está harta; es la necesidad de seguir construyendo esos otros procesos, modelos diferentes. Modelos autónomos, espacios territoriales de autonomía, soberanía alimentaria. No podemos replicar los errores que se han cometido en las últimas décadas. A la par de que estamos hablando de inclusión, participación, soberanía alimentaria, tenemos que hacerlo en la práctica. Es lo mismo cuando se habla de los derechos de las mujeres, tú no puedes hablar del derecho de las mujeres si como mujer no ejerces primero esa libertad que es tan difícil porque tenés que romper esquemas.

Por eso, nosotras hemos venido trabajando en un espacio territorial que se llama “Vallecito” para ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria. Estamos construyendo en este país algo que sirva para mostrar que sí podemos y debemos generar espacios territoriales, autónomos y autogestionarios. Incluso en las ciudades también hay territorios, lo que pasa es que no lo hemos sabido construir. Los barrios, las colonias, son territorios. Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado.

–El tema de la refundación de Honduras, que tanto hemos hablado en su momento con Berta y con vos, es uno de los proyectos políticos más importantes que, tal vez, se ponga a la orden, porque en cualquiera de los dos escenarios, gane Xiomara y se legitime ese gobierno o no gane por fraude será necesaria esa construcción de un modelo político diferente…

–No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Algunos creen que sí, pero entonces ahí es donde está esa cuestión de lo que tenemos que analizar sobre dónde está el peso político, dónde está el peso de la toma de decisiones, quién toma las decisiones. Porque Xiomara puede llegar a ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando hay toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc… Va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, gane quien gane, tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia, pactos diferentes que nos permitan salir adelante y que podamos enfrentar temas claves como, por ejemplo, la crisis climática. Las empresas están destruyendo el hábitat y están saqueando todos los recursos naturales. Ahí hay que construir conciencia por un lado, pero también toma de decisiones sobre esa empresa que está destruyendo tanto la naturaleza. Es un debate que se está dando a nivel de todo el mundo.

Entonces me pregunto, ¿cuál es el poder que tendrá ella si no está acompañada de un movimiento social que pueda posicionarse contra esto? No es únicamente una decisión ejecutiva, deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas territorial y comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye día a día nuestros recursos y nuestra vida, y así construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la refundación de Honduras.

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

*La primera entrevista fue realizada por Camila Parodi y Nadia Fink en el año 2017 y la segunda por Claudia Korol y Camila Parodi durante el 2021.

Edición: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Redacción Marcha * | Ilustración: Ximena Astudillo 

Berta, junto con la comunidad del Río Gualcarque, se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa DESA en su territorio, y por eso fue asesinada por un grupo de sicarios contratados por esta misma empresa, en complicidad con el Estado hondureño.

– Foto tomada de Colombia informa

Desde aquel asesinato en 2016 a la actualidad, los pueblos de Abya Yala pusieron en evidencia diferentes formas de amenazas y ataques vinculados con el avance sobre los territorios de los proyectos extractivistas que traen consecuencias a las que se suman las de la crisis sistémica que expuso la pandemia de covid-19 y la crisis climática.

En 2015, Berta recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. En la ceremonia de premiación, la defensora de los ríos anticipó el actual contexto de crisis social y ambiental: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”.

En su último viaje a la Argentina, durante 2014, dialogamos con Berta. Ella expuso, en clave de género, la situación del pueblo hondureño ante el avance de la privatización y los saqueos de sus territorios y bienes comunes en complicidad con el Estado hondureño y su brazo paramilitar. Hablamos, también, del lugar de las feministas en la lucha de los movimientos populares, indígenas y campesinos.

Hablamos con Berta en una pizzería, en uno de esos restaurantes emblemáticos que se ubican en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires a la salida de los principales teatros. Pero no habíamos ido al teatro, tampoco habíamos salido a caminar sin destino alguno por las librerías y disquerías de la avenida. No recuerdo con exactitud, pero seguramente veníamos de alguna marcha o quizás de la entrega de alguna declaración colectiva en la Embajada de Honduras o en la Cancillería Argentina, donde denunciábamos la situación que atravesaba su país. 

 

Cuando viajaba a la Argentina, el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía coordinaba milimétricamente cada momento de su visita, cada charla necesaria. Quienes frecuentábamos el espacio queríamos escucharla, conocer más de ese país tan lejano del que tan poco nos habían hablado en la escuela. Las místicas del espacio de Pompeya, la ronda con las Madres de Plaza de Mayo, las mesas de Feministas en Resistencia en los Encuentros Plurinacionales, el Juicio Ético-popular a las Transnacionales junto a defensoras de diversos territorios siempre hacían parte de la agenda. En cualquiera de estos lugares, cuando hablaba ella, el silencio imperaba. Pocas personas, como Berta, lograban enunciar la crueldad sin perder la amorosidad.

 

– Foto tomada de Nodal

 

“Honduras funciona como enclave, como laboratorio”, concluía cada tanto en sus reflexiones; un país laboratorio donde se experimentaba con la vida de los pueblos y se diseñaban las mejores políticas de invasión yanqui. Ella sabía que pocas personas podríamos marcar con certeza en un mapa las líneas que delimitaban a Honduras en Centroamérica. Ciertamente, las fronteras y los límites no le preocupaban, pero sabía de su existencia y de la necesidad de romperlos.

 

Esta entrevista, como decía, se hizo en una pizzería con sus ruidos y olores cotidianos. Era el último día de su visita y Berta había hablado toda la jornada en diferentes espacios. Sólo quedaba cenar para distender, tomarnos una cerveza y chusmear un poco; al otro día saldría muy temprano para el aeropuerto. El descanso era necesario pero, también, sus denuncias se multiplicaban año a año y teníamos la urgencia de comunicar tanta hostilidad. 

 

Nos acercamos con una compañera para preguntarle si podíamos realizar esa entrevista tan deseada. Inmediatamente Berta nos dijo que sí. Pensamos que nos quedaríamos paradas en el medio del pasillo de la pizzería y que sólo podríamos realizar una o dos preguntas. Pero no, nos propuso que nos sentáramos en otra mesa para escucharnos mejor y se tomó el tiempo para responder cada pregunta en profundidad. 

 

Sabíamos, por las charlas e intercambios de confianza que habíamos tenido, que su situación en el territorio era cada día más compleja. Las violencias se habían vuelto un cotidiano y la comunidad estaba ejerciendo su derecho a la autonomía a través del control territorial. Lo que no sabíamos es que esa era nuestra última noche con ella.

 

Un año y unos meses después asesinaron a nuestra compañera, a nuestra hermana. Berta la de las palabras claras, la de la sonrisa cómplice. Berta, la defensora de los pueblos y de los ríos. Hoy Berta somos todas, y no se trata de una consigna: sus reflexiones y luchas recorren cada territorio y alientan a su defensa. Su esperanza nos sigue despertando cada mañana porque más temprano que tarde “lo vamos a lograr”, como alguna vez el río le dijo a ella.

 

Camila Parodi, 2022

–A pesar del “cambio de gobierno” vemos una continuidad del golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009, una suerte de golpe enmascarado. ¿Cuál es el contexto actual en el que se encuentra el pueblo en Honduras ante este escenario?

–Lamentablemente habíamos dicho eso, y hoy caminamos a la introyección de un proyecto de dominación en Honduras después del golpe de Estado que, no sólo se ha expandido sino que se ha consolidado. Y esa consolidación es a través de la implantación de un nivel de entrega de la soberanía, territorio y bienes de la naturaleza a empresas trasnacionales, mineras, al sector energético, a la gran cantidad de empresas turísticas, a la explotación forestal, la explotación de mano de obra barata.

Estamos en un país donde la injusticia social es terrible y las desigualdades son abismales. Se trata de uno de los países más violentos del mundo, con la tasa de homicidio más alta de la región y de una intensa militarización que acompaña todo ese proyecto de dominación, que en particular afecta muchísimo a las mujeres, porque al reforzarse toda la militarización significa mayor agresión para las mujeres en todos los niveles y aspectos que podamos imaginar.

– Foto tomada de Radio Kermese

–¿Cuáles son estos aspectos y mecanismos de control?

–Vivimos en un país de enclaves coloniales donde nos han repartido bajo una aberración, como nunca hemos visto en quinientos años: la brutal entrega de Honduras en lo que se le llama, en el Estado, como la zona de empleos y desarrollo económico, conocida popularmente como “ciudades modelo”. Esto implica la conformación de enclaves coloniales, que van a tener sus propios gobiernos, legislación, medidas migratorias, ejército y tribunales, como así también su mecanismo propio para generar tratados de libre comercio sin que esto pase por el Congreso Nacional. Es una tercerización de la justicia. Sus gobernantes pueden ser extranjeros; de hecho se han escogido ya algunos y esto va a implicar lo que se llama resquebrajamiento del Estado de Honduras, ya que lo convierte en “republiquetas”.

Desde el golpe de Estado se viene preparando toda una maquinaria legislativa para hacer “seguridad jurídica” a todas esas grandes inversiones a través de la privatización y militarización. Así se han aprobado medidas e incentivos de inversión minera, forestal, turística, energética y sumado a eso, la criminalización de los movimientos sociales a través de leyes como la de inteligencia y la de intervención de la comunicación tanto pública como privada, todas copias de Colombia. También las figuras jurídicas con las que se nos acusa han cambiado de tal manera que garantizan que los luchadores y las luchadoras sociales se vean enfrentadas a estas situaciones donde el Estado es como una institución que no funciona para el pueblo con sus niveles de impunidad, indefensión total y de violación de Derechos Humanos.

En este contexto, se ha aprobado desde eso hasta leyes como, por ejemplo, la ley de pesca que concesiona plataformas marítimas, algo impresionante que nunca se había dado Y que  se le van a entregar a petroleras, como ya se ha realizado. Y en el caso de esta ley también se le va a entregar a la gran industria camaronera, atacando contra el trabajo de los pescadores artesanales. 

Las ciudades modelos están diseñadas igual que hace quinientos años: así como nos repartieron a algunos para sacar oro, otros para plata, añil y nos fueron repartiendo en enclaves fruteros, bananeros. Lo mismo pasa ahora y más en el caso de los pueblos indígenas Lenca, quienes reciben la  mayor agresión porque precisamente es donde hay mayor riqueza.

En una situación económica dramática donde más del ochenta por ciento de la población vive en niveles de pobreza e indigencia, según datos del mismo Banco Mundial y de la ONU, con una brutalidad de una violencia no antes vista: 89 muertos por cada 100 mil. Y en ciudades como San Pedro Sula, que no llega ni al millón de habitantes, la tasa de mortalidad por situaciones de asesinatos es de más de ciento ochenta. En Honduras vivimos una carnicería humana y eso no es aislado, eso es planificado, y es producto de la enorme injusticia social, política, económica.

–¿Cómo afecta esto a los y las luchadoras y, en particular, a la juventud?

–Los mayores afectados e impactados de esa carnicería son jóvenes. Un informe de organizaciones en defensa de la niñez ha demostrado que en Honduras se han asesinado casi 400 niños y niñas menores de 18 años en lo que va del 2014. Los niveles de femicidio, de asesinato político y a la diversidad sexual son brutales. Entonces, vivimos en un país donde ser luchadora es muy difícil, o simplemente sobrevivir ya de por sí es un milagro.

–En ese marco, en el que los movimientos visualizan una triple dominación capitalista, patriarcal y racista, ¿qué estrategias y alternativas se están construyendo desde el campo popular?

–En este momento, el desafío que tiene el movimiento popular es enorme, porque venimos de un nivel de desmoralización bastante fuerte, venimos de un golpe de Estado que no se pudo revertir y de la pérdida de un partido en el que la gente de alguna manera había puesto sus esperanzas de tener algo distinto. Pero que con el fraude, las presiones y la manipulación de Estados Unidos y de la derecha, como así también de los desaciertos de la misma izquierda, pues pierde esas elecciones. Y gana el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández (JOH), quien está entregando todo el país. Creo inclusive que es peor que Porfirio López, porque él prácticamente fue el que mandó y tuvo el poder en las administraciones pasadas y ahora sólo le queda ejecutar porque aprobó todo desde el Congreso. Por eso es un gran desafío, porque venimos de esta combinación de desmoralización dramática del pueblo.

– Foto tomada de Sierra Club

En este periodo nos encontramos en la lucha por sobrevivir, de luchar para mantenernos como organizaciones ante los ataques que se generan desde el poder, que es pura contrainsurgencia como en años anteriores. Es mentira que en Centroamérica se desmontaron estas estrategias contrainsurgentes contra los movimientos sociales. Siguen vivos, sostenidos y financiados –si bien han cambiado de modalidad por una más peligrosa–, por lo que existir como organizaciones es un logro de por sí. Estamos teniendo resistencias comunitarias desde la base, resistencias territoriales de levantamiento, de ejercicio directo de autonomía y control territorial. Y eso implica que las comunidades hacen un esfuerzo extraordinario para reafirmar, reconocer y recuperar sus territorios.

–Como es el caso del Río Blanco, ¿no?

–Claro, en el sector norte de Intibucá. En la zona fronteriza, los pueblos indígenas están en una lucha tenaz y frontal contra las trasnacionales y empresas de la oligarquía hondureña. Entonces, eso implica también que se elevan los riesgos y el nivel de indefensión ante los ataques a las comunidades, pueblos indígenas y a los mismos movimientos como el COPINH con la criminalización instaurada.

-¿Y en particular el COPINH en qué situación se encuentra?

Estamos en un proceso de autorreflexión crítica de los desaciertos que hemos tenido, de sólo haber encausado al movimiento social que en su mayoría terminó en un proceso electoral. Y se debe profundizar, falta todavía madurar eso, pero estamos ahora en una situación de luchas territoriales distintas, hay muchas luchas comunitarias y por ende mucha represión y asesinatos. Y ahí el gran desafío que tenemos es volvernos a articular ya no sólo desde el Frente Nacional Resistencia Popular sino a través de otro espacio igualmente legítimo que estamos desarrollando. Creo que el refrescamiento y encauzar la esperanza, la convicción de que tenemos razones para seguir luchando por una Honduras distinta y refundada va a seguir intensificando la movilización popular y la resistencia de manera articulada.

-¿Y abandonando la apuesta por lo electoral?

En el COPINH tuvimos una posición crítica ante eso, como organización no nos vinculamos ni nos quisimos adherir a ningún partido político. Ni siquiera a LIBRES (“Libertad y Refundación”, partido político de izquierdas en Honduras), que es producto de la resistencia al golpe, pudo; elegimos mantenernos como movimiento autónomo e independiente apostándole a la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Pero tampoco es que consideremos que sea un error haber creado un partido, es necesario dar esa batalla. Sólo que es importante no plegar o no convertir en apéndice de los partidos políticos al movimiento social. Así como no abandonar la lucha social que tiene propuestas políticas emancipatorias.

Entonces, si logramos engarzar los objetivos de una apuesta partidaria electoral claramente definida por la refundación, no por reformas y que tengan posturas como los mandatos de las asambleas populares de Frente de Resistencias Populares. Si podemos concretar eso y realmente generalizar una voluntad política para avanzar en esa propuesta de vida, entonces, sí podremos coincidir. Pero no quiere decir que nos tengamos que casar, sino mantenernos de manera autónoma coordinando de manera estratégica, pero entendiendo que somos distintos podemos coincidir si tenemos un proyecto emancipador.

En LIBRES está habiendo un debate, un grupo de compañeros y compañeras que están repensando, pero claramente hay muchos desafíos. Desapegar la dirigencia de las prácticas políticas partidarias que cuestionamos siempre es muy difícil, implica una revolución dentro de todo este proceso y de la conformación de una fuerza social fresca, revitalizada y con un planteamiento real para el pueblo hondureño toque toda esa injusticia mencionada y con nuevas prácticas políticas éticas que emprendan la complejidad y diversidad que somos, y ahí está la clave para avanzar. Que la diversidad sea la riqueza pero con un horizonte de convergencia política claro de desmontar la triple dominación que hoy vivimos.

– Foto tomada del Diario La Tribuna

–En el momento del golpe de Estado, el lugar de las feministas en las calles fue muy importante y aportó mucho al debate interno de los movimientos populares para asumir la lucha contra el golpe y contra la violencia patriarcal. A su vez, en este devenir se intensificó la problematización interna sobre la violencia machista en los mismos movimientos ¿Cómo se mantiene y cuál es el rol de las feministas que fue tan importante en la resistencia hondureña?

–Ante la múltiple forma de dominación, las luchas de las organizaciones y de las mujeres feministas hemos pasado a un momento distinto, pero que no deja de tener el hilo de lo que construimos después de la resistencia al golpe. En ese marco, las organizaciones tanto de mujeres como mixtas, rurales y urbanas están haciendo el esfuerzo de seguir dando esa lucha en contra del patriarcado, primero dentro de las mismas organizaciones del movimiento popular que de alguna manera lo hemos implementado. Pero claro, ha sido muy duro, y yo creo que tenemos un largo camino por recorrer todavía.

Como mujeres estamos ahora en la lucha de los Derechos Humanos, porque pesa cómo ha crecido la violencia hacia las mujeres y ahora con más asesinatos de mujeres por ser luchadoras sociales de una forma muy cínica. Por eso ahora nos encontramos cerrando filas por defender nuestras vidas, por estar tratando de acompañar en todo proceso de criminalización, de asedio y hostigamiento, de amenaza constante. Estas son coincidencias que nos encuentran a los movimientos indígenas, negros, feministas y campesinos; por eso el año que viene estaremos retomando la propuesta de refundación estatal desde la perspectiva antipatriarcal que nos une.

Desde el encuentro y el intercambio vamos avanzando, generando algo que quizás en otro contexto de otros países no sea necesario pero en el nuestro sí, que es alimentarnos de esperanza nuevamente de contrarrestar un poco esa desmoralización que ha habido, tratar de refrescar nuestra lucha y la convicción de lo que hacemos para tratar de reimpulsar otra vez una mirada ya más actualizada de acuerdo a la lectura de lo que hemos vivido y de los desaciertos para hacer el planteamiento nuevamente retomando el proyecto de vida.

La resistencia no comenzó con el golpe de Estado, tenemos un siglo de resistencia las mujeres, indígenas y negras. Seguimos encontrándonos; como feministas y pueblos indígenas tuvimos una coincidencia política en el debate dentro del Frente de Resistencia y, como pudimos coincidir en la lucha anti patriarcal, se sigue sosteniendo esta articulación.

–Ante la fuerte presencia feminista en la resistencia y la tensión a otros sectores del campo popular desde el golpe, luego de estos años que pasaron, ¿se mantiene este avance del feminismo dentro del campo popular o hubo un repliegue?

–Ha habido un poco de desaliento en los movimientos feministas. Desde nuestro entender, es que hay miedo también. Esa desesperanza también golpeó al movimiento feminista, que tuvo diferencias también de posiciones en cuanto al tema electoral. A su vez, creo que hay algún sector que ahora está volviendo a ingresar un poco a la vía institucional. Si bien puede ser que algunas sean interesantes, se corre el riesgo también de ser absorbidas por el gobierno, desde la institucionalidad oficial, como es el caso de la ley de defensores la cual decide quiénes son defensoras y quiénes no. Es muy peligroso. Entonces hay un debate, algunas discusiones y diferencias porque ya antes del golpe de Estado estaba este acercamiento, y yo digo que no es malo en algún contexto, pero en el contexto hondureño es muy difícil.

– Foto tomada de DW

Pero entendemos también que hay una desesperación por la situación de violencia. Aun así, esta dinámica institucionalizada sólo hace acrecentar la brecha de criminalización y estigmatización ya que quienes se asumen como luchadores y luchadoras sociales e indígenas en vez de defensores terminamos siendo terroristas. Hay muchas cosas para trabajar y seguir luchando. Pero aun así en el fondo, con la experiencia vivida en la lucha contra el golpe y la resistencia, teniendo las posiciones claras políticas de la múltiple dominación, creo que vamos a coincidir, ya que tenemos más cosas en las que coincidir que en las diferencias. 

– Foto tomada de Vida Nueva

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

 Elegimos a Berta para dar el puntapié inicial porque su lucha marcó un cambio de época en las resistencias y la defensa de los territorios que continuaron durante los últimos años.

*La entrevista fue realizada por Camila Parodi y Ana Castillo en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2014.

Edición: Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink

Ilustración: Ximena Astudillo

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Por Redacción Marcha / Foto: Contracorriente (Honduras)

En días en que la política representativa nos interpela hablando de la ternura y el derecho al disfrute de los pueblos del Abya Yala, Iris Xiomara Castro Sarmiento asumió como presidenta en Honduras.

Lo hizo sobre la Carta Magna que sostenía su nieta, Irene Melara Zelaya, y de camisa morada. De esa forma realizó su promesa ante la jueza Carla Romero, y dijo: “prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”. Mientras, miles en las tribunas gritaban el himno verdadero, ese que no conoce de fronteras pero sí de conquistas: “El pueblo, unido, jamás será vencido”. Puños izquierdos y banderas rojas se levantaron en homenaje.

“La presidencia nunca ha sido asumida por una mujer”, comenzó su discurso la presidenta, “Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo”.

Xiomara Castro formuló que su gobierno será una propuesta de refundación desde un Estado socialista y democrático para sacar adelante al país más pobre de América Latina. “El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos”, dijo. “Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueos que han condenado a generaciones”. Y luego afirmó: “nuestra visión del mundo antepone al ser humano por sobre el mercado”.

En un discurso breve, concreto, sin piruetas retóricas y compuesto por 21 puntos claros la presidenta Xiomara Castro presentó las acciones prioritarias de su gobierno. Entre las medidas anunciadas ordenó que el servicio de energía eléctrica sea gratuito para un millón de familias pobres. “La luz será gratis en sus hogares”, afirmó. Castro dispuso que el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria serán prioridades de su gestión y además anunció el diálogo inmediato con el sector docente para retomar el regreso a las clases presenciales en las escuelas. Afirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y de los bienes naturales.”No más explotación de minas abiertas”, sostuvo y a viva voz exigió “Justicia por Berta Cáceres” y pidió por la libertad de todxs lxs presxs políticxs.

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Castro asume en medio de una crisis política que se desató luego de que 20 diputadxs que formaban parte de su bloque decidieran votar con la oposición en el congreso para elegir la junta directiva. La nueva presidenta recibirá, además, un país golpeado por el narcotráfico, el extractivismo, la persecusión política y un alto índice de pobreza. Desde las organizaciones sociales que participaron en las mesas del plan de gobierno, hicieron un llamado a la construcción de un Sistema Nacional de Poder Popular, para avanzar en la refundación de Honduras.

Ante el cambio de época en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reclamó, a través de un comunicado, la urgente realización de una Asamblea plurinacional, originaria, popular y antipatriarcal Constituyente. Así mismo, la organización indígena lenca se hizo presente en el estadio nacional. “El pueblo pide no olvidar el compromiso de que (Xiomara Castro) cumpla las demandas de los pueblos en respaldo a la propuesta de defensa de los Ríos y la justicia”, afirmaron.

Por su parte, desde las organizaciones y la militancia feminista y popular organizada, celebran la asunción de Xiomara Castro como presidenta tras 12 años de pacto patriarcal y narcodictadura tras el Golpe de Estado que dejaron un marco normativo antiderechos. Durante las reuniones de traspaso de gobierno, se escucharon las demandas de mujeres y disidencias que se manifestaron estos años en calles, comunidades y barrios por una vida libre de violencias y plena de derechos.

La asunción de Castro se da además a horas de la celebración del día de la mujer hondureña, en conmemoración con los 67 años de la conquista política del derecho al voto femenino en ese país. Un guiño de la historia, una recuperación democrática que deberá llegar acompañada de la decisión política necesaria para que desde el Ejecutivo y Legislativo, el partido de gobierno salde las deudas con las mujeres; por ejemplo, para avanzar en causales que reconozcan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, piso mínimo de derechos humanos.

“Mujeres hondureñas, no les voy a fallar”, dijo al final de su discurso, Xiomara Castro, “voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”, agregó.

Al finalizar la ceremonia, Bertita, coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Defensora territorial y de DDHH asesinada en 2016, entregó a Xiomara Castro el bastón de mando indígena lenca, símbolo sagrado. Los desafíos son enormes para el gobierno que asume pero la certeza para los movimientos que construyeron resistencia durante 12 años es una sola: ¡la lucha por la liberación sigue y sigue!

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Por Claudia Korol y Camila Parodi

Miriam Miranda, reconocida dirigente del pueblo Garífuna, Coordinadora General de OFRANEH, ha tenido junto a Berta Cáceres, un papel fundamental en la articulación de los movimientos sociales, en la resistencia al golpe de estado del 2009. Denunció luego sus modos de institucionalización, así como el nuevo golpe producido en 2012 que destruyó la institucionalidad. El gobierno de Juan Orlando Hernandez fue profundizando el establecimiento de un narcoestado, luego de haber sido denunciado por fraude durante su segunda elección en 2017. Para Miriam, Honduras funciona como laboratorio donde se ensayan las más hostiles políticas de control y saqueo de los territorios, que pueden ser replicadas en otros países. Por eso subraya la importancia de que en el nuevo proceso electoral, se respete la voluntad del pueblo:

“Los golpes de Estado convirtieron a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad. Ahora el capital transnacional se puede apoderar de todos los recursos, de los territorios y de todos los bienes comunes de Honduras a través de ese proyecto económico llamado las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)”

El panorama para los próximos días es incierto. Explica Miriam que un nuevo fraude del gobierno de Juan Orlando Hernández podría provocar una nueva y multitudinaria caravana migrante hacia los Estados Unidos. Por otro lado, considera que la candidatura de Xiomara Castro del partido LIBRE, se presenta como una posibilidad real en las encuestas, aunque también es una opción que desde el actual gobierno no acepten entregar el poder acumulado durante los últimos años. Ante este escenario, la respuesta para Miriam Miranda es clara: para refundar Honduras “hay que profundizar la construcción de poderes locales, territoriales, e integrados, que puedan sostener la lucha en esos territorios”.

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 En los territorios garífunas

¿Cuál es la situación de los territorios hondureños, y particularmente los que habita la comunidad Garífuna?

Creo que hay que partir del hecho de que, en los últimos dos años -que precisamente coincide con la pandemia- el pueblo Garífuna es el pueblo que ha sido más golpeado en Honduras. Durante los últimos cuatro años han sido asesinadas alrededor de 50 personas, y tenemos criminalizadas a más de un centenar de líderes y lideresas. El hecho más paradigmático fue cuando en abril del año pasado fue encarcelada Marianela Mejia de la comunidad LGTBIQ+ de OFRANEH, junto con su hermana Jenifer Mejia. Fue el detonante de la orden de captura contra 33 personas de la comunidad de Trujillo acusadas de usurpar su propio territorio. Ésas son las acusaciones que hacen contra los pueblos indígenas y, en este caso, contra el pueblo Garífuna. También denunciamos algo que fue atroz: la detención de una señora de 73 años, cuando se estaba trasladando de su comunidad hacia una ciudad.

Creo que esta situación es producto, no solamente de esta práctica que ha venido desarrollando, impulsando y, sobre todo, fortaleciendo este narco-gobierno, la narco-dictadura, sino también un mensaje muy claro a la OFRANEH, una organización que en los últimos años ha jugado un papel preponderante en el país, porque no solamente trabajamos y luchamos por el pueblo Garífuna. Por ejemplo, en el 2019 realizamos un Encuentro Nacional de Mujeres, el primero en el país, en el que participaron más de 1.500 mujeres provenientes de 16 departamentos, de la cual surgió la Asamblea de mujeres luchadoras de Honduras. Eso de alguna manera marca una diferencia, en cuanto a que somos una organización propositiva, que hemos demandado al Estado frente al sistema interamericano, que acompañamos y acuerpamos a una diversidad de luchas campesinas, feministas, obreras, indígenas, en las cuales OFRANEH tiene una presencia con su fuerza espiritual, cultural. Eso nos convierte en un objetivo principal del Estado, no solamente para la persecución política, criminalización, judicialización y asesinato, sino que también somos una organización muy vigilada.

Activismo comunitario frente a la pandemia

Una de las cosas que impulsamos durante la pandemia, fue un proceso para instalar las casas de atención de COVID 19, desde las cuales se generaba información, se elaboraron y se distribuye té para fortalecimiento del sistema inmune, se distribuyen mascarillas, y se protegieron a nuestras comunidades, cerrando las entradas para evitar que entrara y saliera gente de otros lugares, así mismo se distribuyeron alimentos en esos primeros meses de crisis. Eso provocó el asesinato de un compañero de una comunidad, por negarse a entregar la llave del portón para que entraran personas extrañas a la comunidad. Estamos ubicados en la costa, que es una zona disputada por los cárteles, el crimen organizado, los megaproyectos, la palma africana. Todos estos intereses conviven en donde habitamos. Y por supuesto la comunidad Garífuna es la más agredida.

La “colombianización” de Honduras

Estamos en la costa, la zona de trasiego de drogas en este país. La gran cantidad de droga que transita por Honduras pasa por la costa. Los que vivimos en la costa, no solamente el pueblo Garífuna, somos los más afectados, porque se criminaliza, judicializa, y se genera terror en las comunidades, porque son tomadas incluso por el Ejército y la DEA. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de colombianización en Honduras. Esa estrategia que hace Estados Unidos de “combate al narcotráfico” no es real. Lo vemos con lo que ha pasado en Colombia después de 30 años del “combate al narcotráfico” donde han impulsado y gastado millones de dólares. Honduras se convirtió ahora en un narco estado.

¿Encuentran una relación con el proceso de Golpes de Estado?

En los golpes de Estado no solamente se destruyó la institucionalidad de Honduras, sino que se generó un Estado fallido y la falta de gobernabilidad. Nos hemos convertido en el país con mayor cantidad de personas que migran a través de las caravanas. También se ha impulsado y concretado ese plan del gobierno de Juan Orlando Hernández de rematar el país por pedazos, a través de las “Zona Especial de Desarrollo” (ZEDEs).

Honduras ha tenido tres golpes de Estado en 2009, en 2012, y en 2017. En 2012 el Congreso Nacional dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia siendo presidente en ese entonces Juan Orlando Hernandez, para favorecer su política y aprobar la ley de “Ciudades Modelos”. En 2017 se dio el golpe electoral. Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, que convierten a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional, pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de todo lo que son los bienes comunes de Honduras.

Las ZEDEs, tal como están planteadas por el gobierno de Honduras, son las mayores violaciones de los Derechos Humanos, porque el poder económico se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de Honduras en los cuales el Estado no va a tener ningún control. Es como dar un pedazo o la mitad de tu casa y tú no tienes nada que ver, ahí no tienes ningún control. Es un riesgo para los Derechos Humanos, para los derechos de las comunidades que podrían, eventualmente, ser desplazadas para la instalación de estas zonas especiales de desarrollo. Es un proyecto político de Juan Orlando Hernández, que responde a la lógica de los libertarios. Entonces ahí podemos ver que sí hay una relación y no es de ahora, sino desde que se dio el golpe en el 2009.

En ese marco, tras 12 años del Golpe de Estado, la situación de vulneración de derechos en Honduras es grave ¿qué se pone en juego en estas elecciones?

Eso es importante de entender, porque estamos en este momento en una situación muy complicada, a las puertas de un proceso electoral que va a definir, en gran medida, el futuro de este país. Puede ser que tengamos la primera presidenta de Honduras, pero puede ser también que el gobierno y los nacionalistas no quieran entregar el poder. Si bien es cierto que puede ser que Estados Unidos -por todas las reuniones que hemos venido haciendo nosotros, ya que por el premio otorgado a OFRANEH por el Instituto de Estudios Políticos en Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de tener reuniones con algunos congresistas- no esté apostando por Juan Orlando Hernández. Esto se debe a una situación muy clara: el tema migratorio, que define muchas cosas en este momento, ya que si no se respetan los resultados el próximo 28 y hay fraude, el 29 se van a ir caravanas de 50 mil hasta 100 mil personas. Eso lo sabe Estados Unidos y no está dispuesto. A ellos no les importa lo que pasa en Honduras, lo que quieren es tener esos territorios bajo su control.

Nos encontramos en varios escenarios difíciles en esas elecciones. Hay una campaña fuerte contra el comunismo, contra el aborto, y eso fortalece la intolerancia, se fortalece todo ese sistema contra el cual hemos venido luchando junto a las organizaciones feministas. Porque el fundamentalismo religioso se ha exacerbado, en este momento, contra Xiomara Castro. Eso lo han utilizado muchísimo los medios, la Iglesia y todas las redes.

¿Los movimientos sociales se han posicionado frente a este escenario electoral?

Claro que sí, es importante. A pesar de que, por ejemplo, la OFRANEH es una organización apolítica partidista, no podemos negar de que éste es un momento histórico, y que tenemos que posicionarnos frente a una situación real. Hay personas del movimiento social que están haciendo campañas para que se vote. Es un tema importantísimo, porque el problema es que si la gente no sale a votar, va a ser más fácil que se quede Orlando Hernández. Ellos están haciendo una campaña también, porque el Banco Mundial y el BCIE desembolsaron millones de dólares, y los están entregando justo ahora, a una semana de las elecciones, 7.000 lempiras por persona. Nosotros hicimos una denuncia a través de la Mesa Ciudadana exigiendo que el BCIE no repartiera esa plata, pero no tuvimos eco. Hay toda una estrategia de compra, y eso ha contribuido, diría hace 2 meses, a que algunas organizaciones y personalidades se posicionaran también por LIBRE. Incluso, hay algunas compañeras de la Asamblea de Mujeres y otras de mujeres que están organizadas que se presentan como candidatas de LIBRE.

¿Cómo valoran la candidatura de Xiomara Castro?

Hay un primer elemento: que sea una mujer la candidata de la oposición, contribuye para nosotras. Pero en este mundo misógino y anti patriarcal existe una visión de que los hombres siempre tienen que tener la razón, y eso se convierte en un riesgo. Sobre todo en la zona rural, el tema del machismo lo vemos todos los días y se ha usado también contra Xiomara. Dicen que ella no es la que manda sino que es Mel Zelaya, y toda una serie de desprestigios que fueron terribles durante el proceso electoral. Sin embargo, es una esperanza en el sentido de que hay una gran participación de mujeres como candidatas.

Nos preocupa comprobar que hay un deterioro tan fuerte del ejercicio de la democracia. Vemos que, por ejemplo, a los que toman decisiones, como el sistema judicial, se lo ha fortalecido a favor de la clase política económica de este país. Eso lo vemos con lo que está pasando con los presos políticos de Guapinol que los mantienen privados de su libertad por una orden de un juez ¿Y por qué? Porque responde a los intereses de la clase política sobre nuestros territorios.

Con la posibilidad latente de que el partido de LIBRE gane y, en caso de que se aceptara ese triunfo, ¿Qué tipo de gobierno se puede prever? 

Es una cuestión complicadísima, porque el tema de las alianzas y con quién te alías es una de las cosas más complejas. No hay certezas, por la gente que está alrededor, por la gente con la que se hizo la alianza de oposición, etc. Yo digo que será un gobierno muy complicado, no solamente por la composición de la alianza sino porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de generar, por parte de Xiomara como presidenta o como oposición, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, hay un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o por el crimen organizado, hay una crisis sin precedentes.

Entonces, hay que entender que se necesita ir más allá de tener una presidenta, porque también están los poderes territoriales, y si no se llega a un nivel de alianzas, de convergencias, para poder construir desde los territorios algo diferente, esto es muy complicado. Si bien es cierto que este país no aguanta un nuevo golpe de Estado, hay otras formas de no permitir que la gente pueda ejercer su gobierno. Ya lo hemos visto en América Latina con lo que pasó en Bolivia. Hay que profundizar, entonces, en la construcción de poderes locales territoriales integrados que puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo.

¿Y los narcos están teniendo algún tipo de acción para el acceso al Parlamento como en Colombia y en otros lados?

No es tan claro, porque tampoco aquí se tiene identificado, muchos diputados han sido involucrados. En el sistema de Narco, de hecho algunos están investigados en Nueva York. Por ejemplo, vemos políticos que han sido señalados como ligados al narcotrafico, tal es el candidato Yani Rosenthal del Partido Liberal que estuvo privado de libertad por 2 años en Estados Unidos acusado de lavado de activos y ahora es el candidato del Partido Liberal. Es otro tema para trabajarlo en el futuro, construir algunos criterios y principios de la gente que es candidata, porque eso es como normalizar la situación. Por ejemplo, hace unos meses hicieron una reforma al Código Procesal Penal, precisamente pensando en las elecciones, en la que no debe haber ninguna movilización para evitar que la gente pueda llegar a las manifestaciones.  Se criminaliza todo lo que son las movilizaciones. Eso lo hizo el Congreso Nacional reciente, y entró en vigencia para que la gente no salga a las calles como en el 2017 donde fue brutal la represión.

Es claro que hay mucho terror, pero también hay esperanza de que la gente pueda tomar sus decisiones, porque aquí han estado entregando incluso hasta camas, estufas, de todo. Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno. En 2017 hubo gente a la que secuestraron, que hasta asesinaron cuando salían a denunciar, pero este año la gente no tiene miedo, está harta, harta, porque tampoco es posible seguir viviendo en estas condiciones de vida, hasta de vulnerabilidad ambiental, por eso creo que son elecciones muy particulares.

¿Cuál es la situación de las defensoras?

Nos encontramos en el país con mayor violencia hacia las defensoras y defensores de derechos humanos. Honduras en proporción geográfica es el país más violento y más inseguro para las defensoras y defensores a nivel mundial. Entonces ésa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, por eso estamos tejiendo redes. Hay muchas personas observadoras que han llegado al país así como los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instancias, que están visitando a muchos de los líderes y lideresas para hablar un poco sobre el contexto.

Teniendo en cuenta lo que nos decías de la candidata Xiomara y de las compañeras feministas que ocupan las listas, así como el ataque desde posiciones fundamentalistas y patriarcales, daría la impresión que va a ser muy relevante el papel que tengan las feministas, no sólo de Honduras sino de todo América Latina ¿Hay un llamamiento o acción específica de los feminismos de Honduras?

Yo creo que el llamamiento general es a respetar la voluntad del pueblo, a garantizar la no violación de los Derechos Humanos de las mujeres porque recordemos que en estos últimos años, el femicidio aquí ha crecido potencialmente y hay muchas violaciones a la Derechos Humanos de las mujeres luchadoras. El llamado es ése, a que haya garantía y seguridad para que las defensoras no vayamos a ser atacadas.

No le hemos dado la debida atención a esta situación de haber convertido un país en un laboratorio político que puede ser replicado en otros países. No le hemos puesto atención, no lo hemos analizado como debe ser, y de hecho luego de esta experiencia vino Paraguay, Brasil, Bolivia. El fascismo y la ultraderecha se están posicionando cada día más en nuestras Américas. Por eso es necesario construir otros pactos de convivencia. Por qué tenemos que pensar que la única forma en la que se puede construir poder o participación es a través de un proceso electoral. Hoy, en América Latina, la democracia electorera se encuentra totalmente desgastada porque ya la gente no va a votar, no llega a votar. Ya no creen ese proceso y eso hace mucho daño, como en este caso.

Cuando hablamos en el 2016 nos comentabas, justamente, que había que abrir debates sobre los modelos democráticos. Después salió Ecuador a las calles, luego Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, un año antes la caravana en Centroamérica, y no sólo salieron, sino que también buscaron nuevas formas de organización. Vemos experiencias que de alguna manera se enfrentan a la falta de respuestas que tienen las democracias ¿Cómo vieron este proceso de revueltas y cómo se imaginan que podría continuar?

 Estos procesos que se han dado en los últimos años en algunos países de América Latina, es como cuando se dice “la gota que colmó el vaso”.  Una cuestión de expresión de la gente que ya está harta, es la necesidad de seguir construyendo esos otros procesos, modelos diferentes. Modelos autónomos, espacio territoriales de autonomía, soberanía alimentaria. No podemos nosotros replicar los errores que se han cometido en las últimas décadas. A la par de que nosotros estamos hablando de inclusión, participación, de soberanía alimentaria, tenemos que hacerlo en la práctica. Es lo mismo cuando se habla de los derechos de las mujeres, tú no puedes hablar del derecho de las mujeres si tú como mujer no ejerces primero esa libertad que es tan difícil porque tenés que romper esquemas.

Por eso, nosotras hemos venido trabajando en un espacio territorial que se llama “Vallecito” para ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria. Estamos construyendo en este país algo que sirva para mostrar, que sí podemos y debemos generar espacios territoriales, autónomos y autogestionarios. Incluso aún en las ciudades, también hay territorios, lo que pasa es que no lo hemos sabido construir. Los barrios, las colonias son territorios. Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado.

El tema de la refundación de Honduras, que tanto hemos hablado en su momento con Berta y con vos, es uno de los proyectos políticos más importantes que tal vez, se ponga a la orden, porque en cualquiera de los dos escenarios, gane Xiomara y se legitime ese gobierno o no gane por fraude será necesaria esa construcción de un modelo político diferente…

No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Algunos creen que sí, pero entonces ahí es donde está esa cuestión de lo que tenemos que analizar dónde está el peso político, dónde está el peso de la toma de decisiones, quién toma las decisiones. Porque Xiomara puede llegar a ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc. va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, gane quien gana tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia, pactos diferentes que nos permitan salir adelante y que podamos enfrentar temas claves como por ejemplo la crisis climática. Las empresas están destruyendo el hábitat y están saqueando todos los recursos naturales. Ahí hay que construir conciencia por un lado, pero también toma de decisiones sobre esa empresa que está destruyendo tanto la naturaleza. Es un debate que se está dando a nivel de todo el mundo.

Entonces ahora me pregunto yo, cuál es el poder que tendrá ella si no está acompañada de un movimiento social que pueda posicionarse contra esto. No es únicamente una decisión ejecutiva, estamos hablando de que a nivel territorial, deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas territorialmente, comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye dia a dia nuestros recursos y nuestra vida, y asi construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la Refundación de Honduras.

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Por César Saravia/ Foto: cierre de campaña LIBRE

Honduras escapa de la verborrea que los medios internacionales lanzan todos los días para dividir a los países entre “democracias” y “dictaduras”. Nada casual. Lo que vino para el país centroamericano luego de ser “salvados” de la amenaza “Castrochavista” fue un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, una sistemática persecusión y pérdidas de derechos. Solo entre 2010 y 2017, la organización internacional Global Witness denunciaba que en Honduras habían sido asesinadxs más de 120 defensorxs del territorio o activistas, incluyendo a Berta Cáceres. Cifras que aún hoy convierten a Honduras en el país más peligroso para defender el territorio y el medio ambiente. 

La pandemia del COVID-19 profundizó las ya difíciles condiciones de vida de lxs hondureñxs. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la pobreza en el país fue del 70% durante 2020 y podría escalar hasta un 75% en 2021. En ese contexto, la migración se ha convertido en la única alternativa para miles de hondureñes que día a día intentan llegar hasta Estados Unidos, a través de caravanas, una modalidad que desde 2018, en que se generó una auténtica crisis en la frontera con México, no ha parado de crecer. 

Caravana Migrante: Apuntes sobre la migración centroamericana

Durante estos 12 años después del Golpe de Estado, el régimen no ha logrado ni mejorar las condiciones de vida de la población, ni tampoco lograr estabilidad política y social. Y es que desde 2009 a la fecha, la presencia de los movimiento sociales, estudiantiles, feministas e indígenas, ha sido permanente en las calles. Las protestas contra la corrupción en 2015, el pedido de justicia por Berta, la revuelta popular contra el fraude en 2017 y las protestas estudiantiles de 2018,  fueron algunos de los momentos claves que resumen la resistencia durante estos años. Estas protestas, además, dan cuenta de la poca legitimidad del gobierno y de como éste ha tenido que recurrir a la represión y la persecución como única herramienta para sostener su hegemonía. 

Sobre lo que se juega en estas elecciones, conversamos con  Zulmit Rivera, quien es la Secretaria Nacional de Juventud Libre, quien nos señaló que:

 “lo que se juega es un momento histórico. No solo porque estamos a las puertas de elegir a la primera mujer presidenta del país, sino porque también hemos estado, desde hace 12 años, construyendo, desde la calle, desde lo colectivo, desde la base, el futuro de Honduras. Lo que nos jugamos el domingo es el futuro del país. Estamos sumidos en la peor crisis económica que hayamos podido tener, en la historia de este país. 

Honduras, y la posibilidad de la primera presidenta en su historia 

Si todas las encuestas se cumplen, el lunes Honduras podría amanecer con la primera presidenta electa de su historia. Se trata de Xiomara Castro, de izquierda, quien compite por segunda vez a la presidencia y que ha sido, desde la fundación de LIBRE, la apuesta para liderar el proyecto de cambio. Sin embargo, los fantasmas del fraude de 2017 siguen presentes en el imaginario del pueblo hondureño, por lo que desde LIBRE llaman a estar alertas y vigilantes. 

La Honduras post Golpe no solo ha representado un retroceso en las condiciones materiales de la población y en la institucionalidad del país, también se observa una avanzada conservadora contra las mujeres que incluye la prohibición de la pastilla de “el día después” como método anticonceptivo y el blindaje constitucional a la prohibición del aborto. En este sentido, no deja de ser esperanzado la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia en un país donde históricamente la participación de mujeres en política ha sido poca.

Xiomara Castro es una política reconocida y de mucha trayectoria. Como esposa de Mel Zelaya, vivió de cerca la experiencia del gobierno derrocado en 2009, algo que le permite entender a lo que se enfrenta y al mismo tiempo un conocimiento cercano de las problemáticas hondureñas y las formas en que operan las élites. 

Para lograr ser presidenta, Xiomara únicamente necesita sumar la mayoría de los votos, y es que en Honduras la segunda vuelta no existe y gana automáticamente quién obtiene la mayoría. Su principal adversario es el empresario conservador Nasry Asfura, que busca ser el sucesor de JOH y dar continuidad al Partido Nacional en el gobierno, una tarea nada fácil tomando en cuenta los múltiples escándalos en que el actual presidente se ha visto involucrado, incluyendo denuncias por vinculación al narcotráfico, luego de que su hermano Juan Antonio Hernández, “Tony”, fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el delito de narcotráfico a inicios de 2021. 

Sobre los desafíos que enfrentará un eventual gobierno de Xiomara Castro, Zulmit señala que la lucha contra la corrupción, impulsar el crecimiento económico y estabilizar la economía de los hogares, crear un sistema de salud y educación que se ajuste a las necesidades de la gente, así como garantizar la redistribución de las riquezas, como los principales desafíos. 

 Además de elegir presidenta, el pueblo hondureño acudirá a las urnas para elegir a 128 diputados y diputadas al Congreso Nacional, 20 diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes y alcaldesas. 

Lxs hijxs del Golpe se hacen presentes

El rol de las juventudes durante estos 12 años ha sido clave. Desde los territorios, en los movimientos feministas y universitarios, la generación que creció posterior al Golpe de Estado ha puesto el cuerpo varias veces en la calle y hoy buscará, a través de las urnas, ponerle fin a la dictadura. También se trata de uno de los sectores más golpeados. Las caravanas migrantes tienen, en su mayoría, rostro de jóvenes que salen del país buscando un futuro mejor. 

Sobre este punto también reflexionamos junto a Zulmit:

“El papel de la juventud es sumamente importante. Quienes ahora somos jóvenes, éramos niños durante el Golpe de Estado. Entre nosotros nos hacemos llamar “los hijos del Golpe”.

Esta generación es la más golpeada, sin lugar a dudas. Número uno porque hemos sido discriminados, hemos sido perseguidos, privados al acceso de derechos básicos, educación, salud, empleo. Han atentado contra todos esos derechos fundamentales. Ahora estamos, junto a Xiomara, construyendo lo que aspiramos: un país que sea para todos y todas, que construya democracia, que construya ciudadanía activa, en un sector poblacional que ante la política siempre se ha mostrado apático. Pero la realidad del país es tan cruda, tan dura, que nos hemos volcado a apoyar una propuesta alternativa y de izquierda”, señaló.

El camino a la refundación de Honduras

Algunas organizaciones como el COPINH llamaron a votar en contra de la dictadura, pese a reconocer las limitantes que la vía electoral tiene para alcanzar la tan ansiada y necesaria refundación de Honduras. Sin embargo, reconocen que se trata de un paso importante y que el domingo será el pueblo cansado de tanto agravio quien se expresará votando. La refundación, sin embargo, será un proceso más largo. En palabras de Berta Cáceres, esta pasa también por “desapegarnos del patriarcado, del racismo, del capitalismo y fortalecer nuestras propuestas de vida que son contrarios a ese proyecto de muerte y dominación”.

Todo parece indicar que el “Ahora sí se van”, que desde la Alianza Opositora han popularizado, será una realidad y Honduras tendrá, por primera vez, una mujer al frente del gobierno. El triunfo de Xiomara Castro representaría, además, un cambio en la correlación regional en Centroamérica, en un contexto en que Estados Unidos ha perdido progresivamente influencia. También representará el triunfo de la alternativa que surgió luego del Golpe, 12 años después, en un ejemplo de la necesidad de perseverar en la derrota y de cómo los procesos sociales y populares se construyen desde la lucha y la esperanza que no se rinde. 

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Por Nelton Rivera (*)

La droga fue uno de los temas visibles en la agenda y discursos del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) y del guatemalteco Alejandro Giammattei. Con Nayib Bukele, de El Salvador, coinciden en el distanciamiento de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión en los asuntos internos del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. 

Cada discurso llegó acompañado por las crisis internas de cada país. Bukele, a quien le colocaron un video pregrabado de 7 minutos, enfrenta el inicio del rompimiento de la luna de miel con el poder. Un importante sector urbano de El Salvador cansado de las medidas que toma el gobernante cyan, antojadizas y sin mayores controles, salió a las calles en una multitudinaria protesta en contra del proyecto de criptomoneda, la reelección y la negociación oculta con las pandillas. 

Giammattei, quien tiene la protección de las élites guatemaltecas, intenta sostener a su amiga, la actual Fiscal General del Ministerio Público, en medio de la escandalosa denuncia de sobornos de empresarios rusos. Esta denuncia fue realizada por el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, previo a salir expulsado del país. Giammattei, el presidente peor calificado de América Latina, enfrenta la crisis con constantes movilizaciones que exigen su renuncia. 

JOH,  presupuestado a dejar el poder después de las presidenciales del próximo noviembre, se despedirá con elecciones en medio de las acusaciones de los Estados Unidos por traficar drogas y oxigenar la dictadura antichavista que desde 2009 la potencia del norte respaldó. Con toda una Honduras convulsionada en protestas y el éxodo masivo de sus ciudadanos buscando llegar a los Estados Unidos a través de las caravanas. 

La región a la que Washington ha llamado el Triángulo de Centroamérica, donde estos hombres ejercen su poder, se ha convertido en una mega pista de aterrizaje para el narcotráficos de acuerdo con diversas investigaciones , especialmente para los cargamentos de cocaína que proceden principalmente de Sudamérica, con origen en Colombia. 

El tema de la droga estuvo en las agendas y discursos de Juan Orlando Hernández (JOH) y Giammattei, coincidentemente con Nayib Bukele distanciados de los Estados Unidos, en discurso por lo menos. Los tres presidentes coincidieron en sus quejas, en reclamar soberanía y la no intromisión del que por décadas ha sido socio de las élites depredadoras a las que representan. El Triángulo Norte continúa siendo la principal ruta de la droga rumbo a México y  los Estados Unidos. 

JOH pide a NETFLIX una serie de narcos, capítulo Honduras 

Juan Orlando Hernández, a quien se le conoce comúnmente como JOH,  logró el respaldo de los Estados Unidos para continuar con el régimen que tras el golpe de estado de 2009 mantiene en el poder al Partido Nacional. En marzo de 2021, fue señalado de narcotraficante por una corte federal de Nueva York,  en los Estados Unidos, afirma France 24. Los fiscales consideraron a JOH un “co-conspirador” en Honduras, un “narcoestado”. 

El hermano menor del presidente de Honduras, Tony Hernández, fue condenado este año a cadena perpetua por narcotráfico, luego de introducir 185 toneladas de cocaína de Honduras a los EEUU, equivalentes a más de 5 mil 500 millones de dólares en 2019, con un precio de 30 millones por tonelada. 

Durante su intervención ante las Naciones Unidas, JOH se refirió a la lucha de su gestión en contra de la corrupción, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), sepultada por él mismo durante las primeras semanas de enero de 2020. 

Con el país completamente debilitado para investigar y desmantelar al crimen organizado, JOH afirma que Honduras pasó de ser el país con más tráfico de drogas a los EEUU. Al afirmar que con la extradición se podrá saber quién es quién. Tomó una  hoja en la que se ven dos mapas, el primero con la ruta actual de la droga con destino en Guatemala de 2019 y el segundo, la de 2010, donde Honduras era el destino de la droga previo a trasladarse a México y EEUU.   

JOH, en una invitación para los productores de las series de narcos en Netflix, pide que se produzca una serie sobre su persona en Honduras, citando documentos del 2013 desclasificados,  en donde supuestamente los narcos locales se quejan de no poder trabajar con él. 

Su intervención duró casi media hora, la mayor parte de la cual la dedicó a defenderse, buscando exculparse ante las investigaciones de los tribunales de los EEUU que lo vinculan al narcotráfico. 

Una lluvia de comentarios acompañaron la transmisión en vivo del canal de la ONU: “mentiroso”, “mitómano”, “narcotraficante”, entre otras fueron las expresiones que recibió el hoy presidente, continuador del golpe de estado de 2009  y quien consolidó la dictadura. 

Giammattei y la dictadura depredadora 

El presidente de Guatemala, quien en menos de un año se ganó un alto porcentaje de desaprobación popular, se presentó ante las Naciones Unidas con graves señalamientos de corrupción, que lo involucran con sobornos y toda una trama con empresas transnacionales rusas vinculadas a la extracción minera. 

En su intervención ante la asamblea de las Naciones Unidas, aseguró que la demanda por el consumo de drogas, de la que EE UU es el mayor comprador y consumidor, provoca una grave crisis en Guatemala. Giammattei afirmó que el 95 por ciento de las aeronaves que aterrizan en el país provienen de Venezuela, coincidiendo con su agenda particular anti Maduro. 

Un dato interesante en su discurso es que Guatemala dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en productor de amapola, mariguana y cocaína. El momento de su queja contra los EEUU llegó en la parte final de su discurso: “estos éxitos no parecen ser reconocidos, ni valorados por los países consumidores, quienes tienen la mayor responsabilidad en esta cadena insana del narcotráfico”. 

Una segunda queja, casi al finalizar su intervención:  “no queremos condicionantes, ni presiones o intentos de violentar la soberanía a cambio de apoyo, ayuda o cooperación… Jamás poniendo en riesgo la autodeterminación de los pueblos y el respeto de la democracia. Así como la no intervención a los asuntos internos de otros países”.

Estos asuntos tienen que ver con María Consuelo Porras, su amiga personal, incluida recientemente  dentro del listado Engel  para personas corruptas en el Triángulo Norte, y quien además engrosó el listado de personas a las que ya les quitaron la visa estadounidense. 

Lo irónico del discurso antidrogas son los aliados del presidente en el Congreso de la República; diputados condenados por narcotráfico en los EEUU, diputadas y diputados vinculados a los grupos del narco, especialmente al partido UCN, con Mario Estrada como uno de los principales dirigentes, pagando una condena en los EEUU. 

Giammattei, al igual que lo hizo  JOH con la MACCIH, puso la lápida sobre los esfuerzos anticorrupción que nacieron con la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presionando por la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Una forma de proteger y pagar la deuda electoral a las élites depredadoras que se benefician de la corrupción e impunidad.  

Bukele, el dictador no tan cool 

Bukele, desde el pulgarcito de Centroamérica, es quien con más decisión busca romper las relaciones con los Estados Unidos. Con el lema “El dictador más cool del mundo”, y  al igual que sus contrapartes  Giammattei y JOH, el presidente salvadoreño enfrenta fuertes movilizaciones en contra de su gestión, especialmente por los golpes a la democracia. 

Sobre la lista Engel, los Estados Unidos incluyeron en la actualización más reciente de esta a los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, nombrados a dedo por él y quienes avalaron su reelección presidencial a pesar de que la propia Constitución Política lo prohíbe. De los listados anteriores se sabe de funcionarios de su gobierno, algunos más cercanos a él y su círculo de poder que otros. 

Siguiendo los pasos de Giammattei y JOH, Bukele también puso punto final a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), apenas tres meses atrás. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala se convulsionan por el descontento social, mismas que se reflejan en fuertes movilizaciones sociales en los tres países, frente a la apuesta de los gobiernos por la corrupción y la impunidad. 

Sobre Bukele pesan también la persecución a la prensa independiente y la negociación oculta con las principales pandillas de El Salvador, escándalos que fueron revelados recientemente. 

En sus breves 7 minutos de discurso pregrabado, reclamó por los ataques que su gobierno está recibiendo, por querer hacer las cosas diferentes. Tan diferentes que lo unen negocios vinculados al petróleo venezolano con JOH y con Daniel Ortega en Nicaragua, documentado por el periodista Héctor Silva Ávalos y publicado recientemente en Infobae.  

En fin, con la agenda común de las dictaduras centroamericanas, la cool, la depredadora y la narcotraficante, unos 35 millones de personas diseminadas a lo largo y ancho de 243 mil kilómetros cuadrados entre dos océanos,  reviven los viejos recuerdos de una Centroamérica bajo el control de Ronald Reagan y regímenes como los de Ríos Montt, Salvador Magaña y Roberto Suazo Córdova. 

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Por Maru Waldhuter y Camila Parodi

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sostienen que “el juicio contra Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”  sino que también “debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala”.

El proceso judicial lleva más de 38 días de audiencias, este martes 15 de junio se presentaron pruebas aportadas por acusaciones privadas y fue el turno de Bertha Zúniga, actual Coordinadora General de COPINH. La hija de Berta Cáceres dio su testimonio en el marco de la audiencia en el que quedó reflejada la condición de lideresa social de su madre y  se demostraron los ataques y hostigamientos que tuvo que enfrentar por su lucha contra el Proyecto Agua Zarca, dirigido por David Castillo. “Mi madre fue una luchadora social durante muchos años de su vida” sostuvo la joven durante su declaración. “Durante los años del 2013 hasta el 2016, ella dedicó gran parte de su esfuerzo a reivindicar los derechos de las comunidades Lenca y defensa del Río Gualcarque” afirmó. Berthita fue acompañada por las comunidades del pueblo Lenca que lucharon junto a su madre contra el avance de la empresa.

“Ella decía que le tenía más temor a las acciones sutiles de inteligencia de David Castillo que a las amenazas del sicario Douglas Bustillo”, afirmó Bertha Zúniga en su declaración. En el desarrollo de la audiencia se demostró científicamente la utilización de informantes utilizados por Castillo y la empresa DESA para controlar los movimientos de COPINH y Berta. “El COPINH siempre tuvo luchas difíciles, pero nunca tuvo un nivel de persecución, hostigamiento y violencia como con el proyecto Agua Zarca del señor David Castillo”, sostuvo la coordinadora del COPINH. A su vez, el peritaje pudo probar el incremento de las comunicaciones entre los informantes y la empresa en los meses previos al asesinato de Berta Cáceres. Tal como lo destaca COPINH el peritaje demuestra que el crimen se cometió en el marco de la defensa del Río Gualcarque encabezada por la comunidad de Río Blanco y Berta Cáceres. La empresa DESA tenía como finalidad apropiarse de las aguas para la construcción del Proyecto Agua Zarca. 

Durante todo el proceso judicial la Defensa intentó dar cuenta de la existencia de un vínculo previo entre David Castillo y Berta Cáceres para descartar las acusaciones existentes. Sin embargo, el testimonio de Bertha Zúniga derrumbó esta tesis y dio cuenta del hostigamiento, vigilancia y múltiples ataques dirigidos por Castillo a Berta. Finalmente concluyó: “Cuando mi madre fue asesinada recibimos las condolencias de muchas personas alrededor del mundo, pero del señor Castillo que dicen que era su amigo nunca tuvimos ni un mensaje”.

Cabe aclarar, así como sostiene el COPINH, que la imposición de la represa Agua Zarca en el territorio de la comunidad de Río Blanco fue ilegal. No se cumplió con la debida consulta previa libre e informada que hace parte del convenio 107 de la OIT que insta a las empresas a implementar a dialogar con las comunidades,de forma que se demuestra que el único objetivo de este accionar se centraba en beneficiar a DESA. Así como sostuvo la coordinadora del COPINH en su declaración “la empresa representaba la violación al derecho a la consulta de las comunidades indígenas, la afectación de las montañas y el bosque, además del impacto social con el tema de la violencia, persecución y amenazas y principalmente afectaba el rio que es sagrado para la comunidad” y el femicidio político de Berta Cáceres se enmarca en este proyecto de usurpación y saqueos de las vidas y los territorios indígenas.

Así como lo sostiene COPINH a lo largo de la difusión del juicio, se evidencia una serie de irregularidades que confirman su lectura sobre lo ocurrido. Entre ellas, manifiestan que el testigo Ramón Rosa mintió sobre el proceso de consulta en las comunidades durante su declaración. Según él, en los procesos de “consulta” las personas firmaban estar de acuerdo con el proyecto; sin embargo, existen pruebas de la falsificación de firmas por parte de DESA para beneficiar su proyecto. Según el Art. 519 del nuevo Código Penal de Honduras, el testigo que en causa judicial falta a la verdad en su testimonio, debe ser castigado con la pena de prisión de 5 a 7 años y la impunidad con la que el testigo desafía esta ley. Este accionar da cuenta de un posible proceso de complicidad político, judicial y empresarial, y obliga a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos a difundir y dar seguimiento a este hecho.

En su declaración, Berthita confirmó que el compromiso de su madre con la defensa de las comunidades y sus territorios en ese entonces no tenía vuelta atrás: “Ella me dijo que ella iba a llegar hasta donde las comunidades quisieran y las comunidades ya habían dicho que estaban dispuestas a morir en defensa del río Gualcarque”. Y a continuación manifestó: “En la lucha de Río Blanco, Berta Cáceres puso todo el conocimiento y experiencia que había obtenido en su vida de lucha”.

“Cuando me despedí de mi madre, ella nos dijo que no tuviéramos miedo, que en este país podía pasar cualquier cosa, pero que no tuviéramos miedo” afirmó Bertha Zúniga Caceres frente a un tribunal que representa tantos años de injusticia para Berta, su familia y su comunidad. Sin embargo, el coraje y la entereza con la que la referente asumió una nueva instancia de exposición dejó a la audiencia conmovida. A pesar de las interrupciones, suspensiones e intentos de desgaste implementados desde el sistema judicial, la justicia para Berta es un hecho y se confirma día a día en las audiencias del juicio contra David Castillo. La fortaleza de su familia y de su comunidad no permitirá que atenten contra su dignidad ni contra la historia de lucha de su lideresa.

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Por Zoe Pc

A 56 meses del asesinato de la luchadora indígena Berta Cáceres, su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sigue exigiendo verdad y justicia contra la impunidad en el país centroamericano.

A pesar de la importante visibilidad a nivel internacional que tuvo el asesinato de lideresa del pueblo Lenca, la lucha para lograr una justicia verdadera continúa siendo ardua y trabada por muchas irregularidades, campañas de difamación y encubrimiento. En ese marco, desde el COPINH aseguran que los obstáculos para lograr una justicia real sólo han aumentado debido al contexto de la pandemia, ya que este escenario ha permitido un ambiente de menos transparencia y mayor dilatación.

En noviembre de 2018, fueron condenadas siete personas, consideradas “autores materiales”, se trata de los sicarios contratados y pagados para llevar a cabo el crimen que arrebató la vida de Cáceres y atentó contra la vida del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Sin embargo, como los miembros de la familia de Cáceres y COPINH aseguraron en este momento “las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos” (énfasis añadido).

Esto se debe a que el asesinato llevado a cabo el pasado 2 de marzo del año 2016 contra la vida de Berta Cáceres no fue aleatorio, ni un crimen “pasional” como intentaron disfrazar desde los medios de comunicación en el momento. Sino que refleja el punto más violento de una campaña de vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación y criminalización que enfrentaba Berta y sus compañeras y compañeros del COPINH como la comunidad toda de Río Blanco que se dedicaban a resistir la imposición ilegal del proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’. Esta campaña violenta hace parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que impulsaba el proyecto Agua Zarca, y por personas privadas contratadas (sicarios, paramilitares).

En ese marco, para el COPINH la justicia no se limita a la condena de quienes solamente dispararon, sino juzgar y castigar los responsables “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. En este sentido, en los últimos meses, el COPINH ha entrado a una etapa clave en esa búsqueda que tiene que ver con dos casos de los 13 que son parte de la Causa Berta Cáceres: el caso contra David Castillo, presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, y el caso ‘Fraude sobre el Gualcarque’.

David Castillo: primera pieza del entramado de los autores intelectuales

El presidente de la empresa DESA, Castillo, fue capturado el pasado 2 de marzo del año 2018 mientras intentaba huir del país. A él se lo acusa de participación en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, que implica desde la vigilancia de Berta en el territorio, la planificación del asesinato y la coordinación entre las accionistas más importantes de la empresa y el grupo de sicarios que ejercutaron el crimen. Castillo es militar y egresado de la escuela militar estadounidense “West Point” y se desempeñó como subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas en Honduras.

La detención de Castillo es de mucha importancia no solamente por su participación en el vil crimen del asesinato de Berta Cáceres, pero también por su papel en la imposición ilegal del proyecto ‘Agua Zarca’ que es el base del caso que se discutirá más adelante ‘Fraude sobre el Gualcarque’. 

La coordinadora general del COPINH e hija de Cáceres, Bertha Zúniga, explica que Castillo “es la persona con el perfil más alto hasta el momento capturado y que tiene unos vínculos muy importantes con los accionistas mayoritarios de la empresa que son de la familia Atala Zablah, una familia que forma parte de la oligarquía y pues sigue en la total impunidad.” Para Zúniga y el COPINH, “la condena de Castillo debe derivar en investigaciones hacia estas otras personas que a más de 4 años ya cerca de 5, pues se mantienen en impunidad.”

Aunque el equipo legal del COPINH asegura que hay muchas pruebas en su contra, el proceso judicial contra Castillo por el asesinato de Berta Cáceres está en peligro por el vencimiento de la prisión preventiva. La coordinadora general del COPINH explica que “se ha convertido en una reiterada actuación de la defensa de Castillo de imposibilitar el desarrollo de este proceso con una serie de recursos legales para obstaculizar el desarrollo del mismo.”

Tanto Zúñiga como el COPINH, entienden este accionar en dos sentidos, “uno de someter al límite el vencimiento de la prisión preventiva y buscar un excarcelación del señor Castillo. Pero también lo entendemos como una actuación maliciosa que intenta obstaculizar el proceso de búsqueda de justicia, de seguir encubriendo las actuaciones que lo vinculan como parte de este crimen y por ende encubrir los vínculos con los máximos responsables.”

El COPINH anunció en un comunicado público que el 22 de octubre, después de 7 suspensiones, se realizó una de las audiencias preparatorias del juicio de David Castillo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la defensa del gerente de la empresa hidroeléctrica presentó más recursos, según COPINH “con el fin de dilatar el proceso en busca de la impunidad.” Adicionalmente la organización indígena denunció que siguen siendo excluidos del proceso y el poder judicial se negó a transmitir la audiencia públicamente. En el caso contra Castillo, quedan grandes retos, y solo un poco más de seis meses para realizar el juicio contra él ya que la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró que su prisión preventiva vence el día 25 de mayo de 2021. El COPINH seguirá insistiendo que se haga justicia.

Fraude sobre el Gualcarque

El caso “Fraude sobre el Gualcarque” surgió el 4 de marzo de 2019 cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad “presentaron requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, hechos cometidos con el objetivo de favorecer a la familia Atala Zablah a través de contratos del Estado de Honduras con la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque,” según explicaron desde el COPINH.

El proyecto Gualcarque es uno de los 51 proyectos concesionados por el estado de Honduras en territorio Lenca que Cáceres y COPINH habían denunciado. Según la organización, muchas de estas concesiones denunciadas fueron dadas tras el golpe de estado de 2009 y “conllevaron delitos de corrupción relacionados al otorgamiento de licencias para operar proyectos extractivos.” En este caso del proyecto Agua Zarca, “fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas por el mismo.”

En este caso está fuertemente implicado el mismo David Castillo y la familia Atala Zablah. Según la investigación en el caso, la empresa DESA que impulsa el proyecto Agua Zarca fue creada de manera ilegal por dos “testaferros” que eran empleados de otra empresa de Castillo. Él había asistido a reuniones en 2009 donde se hizo la “aprobación de contratos para la producción de energía eléctrica otorgados a DESA” y posterior a la aprobación de los contratos a DESA, Castillo pasó a ser parte oficialmente de la junta directiva de la empresa junto a la familia Atala Zablah.

La investigación en el caso revela que Castillo y la familia Atala Zablah habrían construido “una estructura criminal con el fin de imponer el proyecto hidroeléctrico y así beneficiarse económicamente” y en este contexto se cometió “una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la comunidad de Río Blanco debido a su oposición al proyecto, desde el fraude y corrupción para producción de supuesta “energía limpia” en venta al Estado de Honduras, como el asesinato de al menos 6 personas de la comunidad de Río Blanco en defensa del agua y la vida, en las que se incluye Berta Cáceres.”

El COPINH había participado en la etapa inicial del proceso como víctima pero fue excluido en agosto de 2019 tras un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios, parecido a lo que sucedió durante el juicio contra los autores materiales en que el equipo legal de COPINH también fue excluido. Después de esta decisión el equipo legal de COPINH ha intentado interponer diversos recursos jurídicos para garantizar la participación de las víctimas, la comunidad afectada de Río Blanco y la organización que integra, sin embargo el caso avanza sin su participación.

Sobre esto, la coordinadora Zúniga comentó que, “la exclusión del COPINH y de la comunidad del Río Blanco del proceso ‘Fraude sobre el Gualcarque’ habla de que el sistema de justicia no ha sido construido en Honduras para responder enmendar o subsanar el daño proporcionado hacia las víctimas, sino es una justicia instrumental que trata de maquillar los resultados con la causa para la justicia para Berta Cáceres.” En ese sentido, analizó que “a pesar de todo el sufrimiento causado por esta represa, los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidas como victimas directas y eso también responde a la intermediación de muchos intereses poderosos que tratan de obstaculizar la presencia del COPINH por lo que pueda aportar por la información que tienen porque es una organización que ha disputado con la justicia la verdad sobre este crimen, que no es solamente el asesinato sino que es la instalación ilegal de los proyectos que han afectado los derechos territoriales, la dignidad del pueblo lenca que han desencadenado opciones de violencia hasta llegar al asesinato.”

La justicia ya fijó una fecha para el juicio oral y público que es el 18 de enero de 2021, COPINH denuncia que si el caso avanza sin la participación directa de las víctimas, es “una flagrante violación al derecho de acceso a la justicia.”

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