En noviembre de 2013, efectivos de la Seccional VI de San Miguel de Tucumán ingresaron ilegalmente al domicilio de Celeste y la detuvieron sometiéndola en su encierro a múltiples violencias y expresiones transfóbicas. Por estos abusos, desde el 4 de octubre se está desarrollando el juicio oral y público contra siete agentes represivos. Mientras, ella, amigxs y activistas reclaman la condena y reparación.

Hace tres años a Celeste la metieron presa. Vive en Tucumán, es una chica trans y con la excusa de una contravención la policía local la llevó detenida y la mantuvo confinada en una celda por dos días, de manera arbitraria e ilegal. En esos dos días sufrió todo tipo de vejaciones, desde golpes hasta violaciones repetidas por parte de efectivos policiales. Cuando finalmente pudo salir, se acercó al Hospital Centro de Salud, donde se constató la violencia física y el abuso sexual, y allí realizó la primera denuncia. Desde entonces, viene llevándose adelante el proceso judicial que en breve dará lugar finalmente a algún tipo de sentencia contra los siete agentes de policía que atentaron contra la integridad de Celeste: Rubén Ernesto Aguirre, Walter Francisco Trejo, Miguel Antonio Concha, Julio César Ledesma, Roberto Antonio Gallardo, José Luis Décima y Aldo Omar Quiroga.

Puede pensarse que la historia de Celeste guarda algunas similitudes con la de Belén, la mujer criminalizada por llegar con un aborto en curso a una guardia de hospital, también ocurrido en la provincia de Tucumán. Así como pasaron dos años del encierro de Belén hasta que efectivamente el movimiento feminista tomó conocimiento del hecho y llevó adelante una campaña intensa por su liberación y absolución, pasaría bastante tiempo desde que Celeste fuera detenida en 2013 hasta que la comunidad LGTBIQ tucumana conociera el caso de esta compañera trans. Algunas organizaciones venían siguiendo la denuncia: existieron movilizaciones por parte del Colectivo LGTBIQP en Lucha, junto a otrxs amigxs y activistas. Pero recién trascendería el devenir del juicio este año, cuando Celeste se acercó a Ce Trans.

Celeste, expulsada del sistema formal de educación, apenas sabe leer y escribir. Se acercó este año a CeTrans, un centro educativo que sostienen compañerxs de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT -junto con agrupaciones lgtb como Tucumán Diverso, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, el Club de Osos, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina y activistas LGBT de Tucumán- para que muchas personas trans (y algunas cis) puedan completar sus estudios primarios y secundarios. Y ahí contó su historia, relató las violencias sufridas, comentó que el juicio estaba en marcha, habló de las muchas irregularidades que se habían dado en el mismo: a Celeste la tratan en masculino, alegan desórdenes psicológicos, patologizan su existencia trans, como estrategia perversa que aligere la condena a los seis imputados, quienes aún siguen en funciones.

Rápidamente distintos colectivos lgtbiq locales se organizaron para acompañarla. El pasado miércoles 19, se cortó la calle frente a los tribunales para visibilizar el caso y ya en el Paro de Mujeres que tuvo lugar ese mismo día, Marcia Albornoz -representante de ATTTA Tucumán- difundió la demanda por “Justicia para Celeste”.

La notoriedad que tomó el caso en el activismo local no pasaría desapercibida para la institución policial acusada y expuesta en su odio transfóbico, en su violencia anti derechos. Al día siguiente del paro, el jueves 20, todxs lxs compañerxs de Ce Trans recibieron una indudable intimidación, cuando se hizo presente en el local un policía de civil pidiendo datos del paradero de Celeste. Mientras tanto, el mismo José Luis Décima -uno de los imputados- pasaba caminando por la vereda de enfrente. Esa misma noche, un auto gris de vidrios polarizados, sin patente, merodeó la casa de Celeste y horas después la de un compañero de Ce Trans.

En conversación con Guido y Renata, de la Mesa por Justicia para Celeste, lxs compañerxs expusieron la necesidad de darle mayor difusión al caso y a las intimidaciones recibidas como manera de poner en evidencia lo que está en juego en la sentencia: la posibilidad de reparar de algún modo la experiencia violenta sufrida por Celeste y el castigo a los responsables para que la impunidad con la que cometieron abusos flagrantes contra una mujer trans se visibilice y sea desnaturalizada.

¿Qué demanda la mesa por Justicia para Celeste? Cárcel común y efectiva a todos los implicados y que el estado no abandone a Celeste. Que exista una reparación, que se garantice que la policía no tome represalias contra ella una vez terminado el juicio. Los distintos colectivos organizados por Celeste también piden por una ley de cupo laboral y una ley integral trans que asegure la no discriminación en el sistema educativo, en el sistema público de salud y en el mercado de trabajo para las personas trans en la provincia.

Esta semana continúan las audiencias y nos sumamos al pedido de ¡justicia para Celeste!

Para seguir la historia y enviar adhesiones: Justicia por Celeste  https://www.facebook.com/Justicia-Para- Celeste-1790972821188377/?fref=ts

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Postergar para olvidar. A un año del travesticidio de Laura Moyano se sigue sin una respuesta judicial. La fiscal Liliana Copello dilata la investigación y la causa no avanza para adormecer el reclamo social.

Laura fue encontrada sin vida en un descampado a plena luz del día en una de las calles principales de Villa Allende, Córdoba, el 25 de julio de 2015. Fue vista por última vez al salir de un boliche a las 8 de la mañana y a casi un año la causa no ha tenido avances.

El asesinato de Laura fue producto de un crimen del odio, odio social que se ejerce hacia nuestras identidades de género y orientaciones sexuales de muchas maneras por no respetar las normas sociales. La asesinaron a golpes, de manera brutal y dejándole marcas en su cuerpo y genitales. El estado en el que dejaron su cuerpo expresa que se trató de un crimen de odio. “La golpearon con saña”, dice su hermana Soledad, aún preguntándose por qué le hicieron eso.

Laura Moyano era una mujer trans de 35 años. Tenía una participación activa en su barrio, por lo que era muy querida por sus vecinxs. Colaboraba en tareas comunitarias, formaba parte de varios grupos de trabajo en el centro de salud N° 34 del barrio 9 de Julio, donde también cursaba la primaria para adultxs en el centro vecinal. Laura era el pilar económico de su familia. Trabajaba como empleada doméstica de día y de noche como trabajadora sexual (tal como ella se identificaba). Además de hacer changas ya que no conseguía trabajo estable, como la mayoría de las personas trans, quedó excluida del acceso al mercado laboral formal.

Un año sin respuestas

Su hermana Soledad Moyano lleva adelante una incansable lucha desde el momento en que encontraron a Laura. Hoy ella es el sostén económico de la familia. Al dolor por la pérdida de su hermana se suma el duelo del padre recientemente fallecido, quien era el único querellante en la causa por el asesinato de Laura. Ahora ella deberá iniciar el pedido de incorporación de querella para ser considerada interlocutora plena en el proceso judicial. Soledad no deja de insistir en que no bajará los brazos hasta saber quién o quiénes la mataron.

A su vez, la familia contaba con el patrocinio legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Esto hoy se encuentra en suspenso dado que el nuevo gobierno desmanteló dicho organismo. El equipo que asesoraba a Soledad y su padre ya no están.

Hace un año que la causa está a cargo de la fiscal Liliana Copello y aún no presenta avances. La investigación no arroja luz sobre los hechos, no hay sospechosxs ni detenidxs. Actualmente la carátula de la causa es de “homicidio simple”, sin contemplar el tipo de violencia ejercido sobre el cuerpo de Laura.

Esta misma fiscal en menos de dos meses, ha imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo” a Dayana Gorosito que denunció que le habían robado el cuerpo de su beba fallecida durante el parto en el Hospital de Unquillo. En esta causa no hay pruebas que demuestren esta acusaciòn y sin embargo Dayana fue prontamente incriminada “por consentimiento pasivo”.

Si analizamos el proceder de la fiscal en otras causas surgen las punzantes acerca de cuáles son los supuestos que organizan su proceder. En poco tiempo inculpó a una mujer por no asumir el mandato de la maternidad. Mientras que omite la investigación de una persona trans, cuya identidad y trabajo no es valorada socialmente de la misma manera. Es posible ver la función que también la justicia cumple en relación a la regulación de los roles e identidades de género. Es notoria la indiferencia con la que se tratan los casos de las mujeres trans o travestis de sectores populares que son asesinadas en el país. Entonces, ¿qué cuerpos importan para la justicia?

Por eso, el lunes pasado que se cumplió un año del crimen, se realizó una concentración en Tribunales II de la ciudad de Córdoba para denunciar la impunidad del caso y pedir justicia. Junto a su familia y amigxs se sumaron activistas y organizaciones como el PO, PTS, Desde el Fuego Córdoba, Mala Junta, Frente Popular Darío Santillán, La Colectiva, Pañuelos en rebeldía, Izquierda Revolucionaria, y medios alternativos como Zumba la turba y la Red Nosotras en el Mundo.

El viernes 29 de julio se realizó una emotiva marcha que partió desde la casa de Laura hasta la construcción abandonada donde fue encontrada. Acompañando a su familia se acercaron distintas personas, vecinxs y amigxs de Laura. Al llegar al lugar, Soledad pidió un minuto de silencio para recordar a Laura. Y luego, con una voz dulce y dolorida entonó junto a la gente que allí estaba presente, “hay tantos modos de volver a la tierra, el tuyo nos duele pero no nos calla. Tu sonrisa brilla, con eso nos basta”. Con una increíble fuerza, aseguró que no se detendrá hasta no saber qué pasó con su hermana, y que luchará para que esto se haga público.

*en Desde el Fuego Córdoba y CABA

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La criminalización y las condiciones de detención y la discusión alrededor de las diferentes experiencias de trabajo que se han desarrollado para afrontar la situación de discriminaciones y violencias sobre las personas trans en el país.

Mariano Fernández Valle es integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y charló con Toples en el marco de la Jornada “La criminalización y el encierro de personas trans en el país” que se realizó el martes 17 en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y las Transfobia.

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El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esta despatologización fue un gran avance en los derechos de la comunidad LGBTIQ del mundo. Desde esa fecha se celebra el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El simbolismo de la fecha es importante, también se debe destacar que los actos de amor no heteronormados son penados en más de ochenta países del mundo. Estas penas van desde cárcel hasta la pena de muerte. A principios del siglo XXI en Argentina se pudieron dar avances a nivel  legislativo  como la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario. Estos derechos fueron ganados gracias a la organización y a la demanda de personas organizadas bajo un objetivo.

Las mejoras sociales se logran con esfuerzos colectivos, los esfuerzos individuales son aportes de las personas en pos de algo más significativo. Una ley es una herramienta estatal para organizar a las sociedades. Estas son obsoletas sin una voluntad política de lograr su implementación. Estoy segura de que la forma más efectiva para cambiar la sociedad es la cultura y con ella: la educación.

Lxs trans y travestis hemos sido explulsadxs de la educación y nos condenaron a vivir en los márgenes de la sociedad. El transgenerismo aún no está considerado fuera de las normas patologizantes y en muchos países para acceder a tratamientos hormonales es necesario tener un previo diagnóstico de disforia de género.

La legislación sobre la problemática T en el mundo es escasa, y estoy orgullosa de que mi país sea pionero en estas iniciativas que apuntan respetar la identidad autopercibida de lxs ciudadanxs.

Aún falta mucho por hacer ya que  la mayor fracción de la población trans femenina está en situación de prostitución, el grado de deserción escolar es alto, y la esperanza de vida de unos 35 años.

La  discriminación es odio irracional ante presencias que amenazan la comodidad de personas privilegiadas o legitimadas por el sistema. El discurso de los medios masivos de comunicación y su heterosexualidad obligatoria e híper- representada en sus productos culturales discrimina ya que reprime los deseos. Los programas de tv están realizados para el goce masculino.

Pero a pesar de todo este pantallazo un poco agrio en las culturas existen las resistencias: ese es nuestro rol histórico en el mundo, tenemos que unirnos y tejer redes entre todxs, entender que podemos cambiar y  que somos parte de la revolución. Porque al calabozo no volvemos nunca más, ¡aquí está la resistencia trans!

*integrante de la colectiva Lohana Berkins

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En la mañana de ayer, 14 de marzo, Lautaro Blengio fue detenido por la policía de Miramar, secuestrado y torturado. De las redes de solidaridad que podamos construir depende que no haya más casos de violencia homolesbotransfóbica ni represión policial que queden impunes.

Lautaro es presidente del centro de estudiante en la Escuela Media Nº1 Rodolfo Walsh. Es activista gay y fue uno de lxs organizadorxs de la primera Marcha del Orgullo lgtbiq en su ciudad natal el pasado mes de febrero. Lautaro está terminando la secundaria y cuenta su mamá, Patricia Cachenelensson, que esto viene pasando desde hace más de dos meses. “Esto”, es el hostigamiento policial cotidiano al que Lautaro, en tanto que activista visible, está expuesto.

La policía suele detenerlo, le revisa la mochila, se burla de su cresta, de su cuerpo, de que es gay. “Sabemos cómo son los pibes como vos”, le dijeron en uno de esas tantas requisas que tuvieron lugar después de realizada la marcha. El sábado pasado por la noche, una patrulla detuvo una vez más a Lautaro y a dos amigos con los que él estaba. Les pidieron documentos y ante la demanda de Lautaro de que le informaran el número de móvil policial, uno de los efectivos le golpeó repetidas veces la cabeza contra el capot del patrullero, mientras profería amenazas tales como “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el Vivero”. Luego de que los dejaran ir, la policía se negó a devolverles los documentos.

En la mañana de ayer, volviendo de la escuela, en la que cursa el último año de secundaria, un auto sin identificación lo detuvo nuevamente, uno de los dos efectivos policiales desde el interior del vehículo, y a punta de pistola, lo hizo subir. Desde allí lo llevaron hasta el vivero de Miramar, un espacio emblemático de la ciudad, que en 2001 cobró notoriedad por ser el sitio en el que ocurrió el femicidio de Natalia Mellman. Allí, con Lautaro encapuchado, lo tajearon, le apagaron cinco cigarrillos en el cuerpo y procedieron a hacer un simulacro de fusilamiento. Lo dejaron ahí, aturdido.

En las semanas previas, los padres de Lautaro, ambos docentes de la ciudad costera, frente a lo que entendían como persecución contra su hijo, decidieron recurrir a la justicia, motivados por la total falta de respuesta de la cúpula policial. Tal como dejaron asentado en el comunicado que lanzaron Lautaro y su familia junto con la Comunidad Lgtbiq de General Alvarado, partido donde se encuentra Miramar,

“Primeramente, solicitan Habeas Corpus a la Jueza de Paz de General Alvarado, Florencia Hogan. Este fue denegado, por considerar la jueza que no corría riesgo la integridad psicofísica del menor . Mismo procedimiento se realiza en el Juzgado de Garantía N° 3 de la ciudad de Mar del Plata, siendo también denegado pero dándole curso a la Fiscalía General y al Comité Provincial de la Tortura. Al día de la fecha, se realizó la denuncia correspondiente por el secuestro y tortura, ante la Fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.”

La decisión de trasladarse a Mar del Plata para hacer las denuncias correspondientes tiene que ver con que el entramado particular de la justicia de Miramar hace que la familia Blegio no confíe en que se tomen acciones concretas. La jueza al frente del juzgado de paz de Miramar, Florencia Hogan, es la mujer del actual intendente massista Germán Di Cesare, hermana del senador provincial, también por el Frente Renovador, Patricio Hogan. Patricia dice que hace años que la policía viene actuando de manera irregular con el visto bueno de la intendencia. Normalmente sin identificación, llevaron la arbitrariedad a un nuevo nivel con el hostigamiento, secuestro y tortura de Lautaro, un activista de 17 años. Su mamá agrega: “esto pasa en los barrios, esto a los rubios no les pasa. Necesitamos que se difunda, estamos en presencia de una policía que es una fuerza de asesinos.”

Resulta difícil, por otro lado, tener confianza en la resolución que puedan darle a este caso en Mar del Plata. Los hechos de violencia sistemática que se repiten contra personas de la comunidad lgtb con la connivencia del gobierno local, se suceden todas las semanas con total impunidad.

No obstante la particularidad de lo ocurrido con Lautaro es que en este caso fue, además, un hecho de flagrante violencia policial, contra un menor y en donde su militancia política de visibilidad lgtb aparece como un elemento hacia el cual se dirigió ese hostigamiento.

Esto a su vez se enmarca en un contexto macrista de avance de las políticas represivas y de recrudecimiento de la arbitrariedad y el abuso de poder que despliegan las fuerzas de seguridad sobre la sociedad civil. Baste mencionar, sólo en estas últimas semanas, el ataque a murguerxs en la villa 20 por parte de Gendarmería Nacional , el desalojo de manteros en el barrio de Liniers con balas de goma  y la represión sobre lxs docentes de Santiago del Estero que se manifestaron en reclamo de aumento salarial.

Esta escalada de violencia se despliega sobre cuerpos muy específicos: migrantes, trabajadorxs de barriadas populares, activistas lgtb, militantes de base, dándonos la pauta de un sesgo xenófobo, criminalizador de la pobreza y también homolesbotransfóbico.

De la organización y de las redes de solidaridad que podamos construir depende que no haya más casos de violencia homolesbotransfóbica ni represión policial que queden impunes.

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Desde el asesinato brutal de Laura Moyano el pasado 25 de julio, sus familiares, organizaciones sociales y activistas han movilizado en la ciudad de Córdoba exigiendo justicia. Este crimen de odio por ser mujer y trans, ha repercutido en la sociedad demostrando que todavía queda un largo camino por recorrer para erradicar la violencia machista y patriarcal. Según personas y organizaciones allegadas, la policía de Córdoba cuenta con información importante sobre los autores materiales e intelectuales de su asesinato.

El cuerpo sin vida de Laura Moyano, de 35 años, fue hallado en una obra en construcción del Barrio Villa Allende Parque en Córdoba, mutilado, torturado y desfigurado. No siendo esto suficiente, los asesinos han dejado registro fotográfico y audiovisual del hecho.

A partir del asesinato, las organizaciones Devenir Diverse y Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y familiares de Laura Moyano se han manifestado e invitado a la sociedad a marchar en tres oportunidades bajo la consigna de “Justicia para Laura Moyano, basta de crímenes de odio y reforma de la Ley Antidiscriminatoria ya”. Esta postergada reforma, que está siendo tratada en la Cámara de Diputados, refiere a la inclusión de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. En estas manifestaciones se encontraron compartiendo la denuncia distintas agrupaciones como Mala Juntas Patria Grande de Córdoba, Nuevo Encuentro, Varones Antipatriarcales, Anarquía Queer, Cámpora Diversa, MST, Pan y Rosas, Encuentro de Organizaciones (EO) y AMMAR, entre otras. También se han manifestado diversas instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba repudiando abiertamente el hecho.

En este marco, las organizaciones convocantes manifestaron que “a casi dos meses de la masiva marcha de Ni Una Menos, denunciamos la exclusión de la agenda pública de la problemática de las violencia  hacia las mujeres transgéneros, transexuales, lesbianas y bisexuales. Ni una travesti menos, ni una lesbiana menos. Basta de crímenes de odio.”

¡Basta de crímenes de odio!

No cabe duda que a Laura Moyano la mataron por ser mujer y trans y que quienes integran el Estado, la Policía y la Justicia son garantes de esta impunidad y perpetuadores de las vulneraciones a la dignidad de las personas cuya sexualidad disiente de la heterosexualidad obligatoria. Laura no es un caso aislado: el asesinato, abuso y maltrato de mujeres trans se repiten cotidianamente.

A 3 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, donde se garantizaría la dignidad de las personas trans en la Argentina, los crímenes de odio siguen sucediendo impunemente. La expectativa de vida de una mujer trans hoy es de 35 años y esto es debido a la imposibilidad de acceder a la salud, al trabajo y a la educación. El grado de exclusión de este colectivo es muy alto. Tan alto, que no sólo la exclusión de los sistemas públicos operan en esto, sino que el odio machista y patriarcal las asesina a diario, en connivencia con los medios masivos de comunicación, que siguen tratando a las mujeres trans como hombres y ridiculizándolas, y las instituciones conservadoras del Estado como la Justicia, quienes reproducen la discriminación y el odio.

Compañeras de trabajo de Laura denunciaron ante los medios alternativos que ellas “son maltratadas, que les roban, que son violadas, y no pueden decir nada porque (quienes lo hacen) no son cualquier agente, son oficiales, tienen peso. Nosotras la denunciamos, pero a la larga y a la corta nos encuentran y nos matan, volvemos a la época de antes, cuando nos mataban y acribillaban y nadie hacia nada, por eso queremos justicia, porque estamos cansadas que por ser travestis, por nuestra condición, nadie hace nada“.

Según lo sostenido por Devenir Diverse, la policía de Córdoba cuenta con información importante sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Laura. Por otro lado, también denuncian que las autoridades judiciales han incitado y presionado a las organizaciones a no movilizar y que la Fiscalía N°4 pretende responsabilizar a un sujeto que no tiene vinculación con el hecho. Pero lo más bochornoso de la justicia patriarcal es que a menos de 48hs sucedido el crimen se haya declarado que el asesinato no se trató de un crimen transfóbico. Según la organización, esto abre muchos interrogantes que vinculan el hecho con las redes de trata, prostitución y narcotráfico con la Policía, agentes judiciales y del poder político.

Más allá de las políticas públicas sobre prevención y tratamiento de la violencia hacia las mujeres e identidades sexuales disidentes, más allá de las leyes y reglamentaciones que garantizarían la dignidad de las vidas, más allá de la educación sexual en las escuelas y todas las cuestiones en las que hemos avanzado como colectivo, la lucha contra el heteropatriarcado que nos mata a diario es larga y es fundamental repudiar y no silenciar la violencia machista que a través de estos actos sigue intentando disciplinar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Como manifestaban las organizaciones en las tres marchas que se realizaron y las que vendrán, trayendo al presente crímenes similares. Porque Laura somos todxs: “¡Basta de crímenes de odio! ¡Justicia para Vanesa Ledesma, Cindy Arias, Natalia Gaitán y Laura Moyano!”

*Integrante del colectivo Sembrando Rebeldías

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Un nuevo asesinato transfóbico: mataron mil veces a Laura Moyano

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A Laura la torturaron, la golpearon, le mutilaron los genitales, le desfiguraron la cara. La mataron con saña, con odio. Mientras hacían eso, tomaron fotos y videos que compartieron como si nada. La mataron mil veces.

Pero la volvieron a matar, cuando los medios se refirieron a ella como “un buen vecino”, “un travesti”, “un varón”. La volvieron a matar, cuando midieron con la vara de la moral su trabajo y su pobreza.

Por eso, el barrio Villa 9 de Julio, en Córdoba marchó para que no la maten más. Para llamarla por su nombre y para decir que la van a extrañar. Marcharon muchxs porque no hay inclusión laboral, hay maltrato policial, hay odio, hay transfobia.

Laura Moyano, habría sido asesinada luego de ser torturada y abusada sexualmente. Según informó la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) a través de un comunicado, “el cuerpo de Laura presentaba marcas de torturas tales como mutilación genital y desfiguración de rostro entre otras, así como signos de abuso sexual, lo que claramente ubica este aberrante hecho en un crimen de odio motivado por la identidad de género de la víctima“.

La homo-lesbo-transfobia encuentra su extremo en los actos de violencia perpetrados a partir del odio por la orientación sexual disidente o la identidad de género, contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Hoy y pese a los avances legislativos, este tipo de violencia machista continúa vigente y atenta contra la igualdad real de todas las personas.

Cinco personas, entre ellas dos travestis, fueron asesinadas en Argentina por su orientación sexual en 2013, según el último informe de crímenes de odio difundido por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). En tanto el informe 2014 se presentará en los próximos días, la comunidad lgtb reclama la aprobación de la Ley Nacional Antidiscriminatoria para que los hábitos culturales y el respeto en base a la orientación sexual e identidad de género y sus expresiones permitan a todas las personas el pleno derecho a una vida libre de violencias y llena de libertad.

Si nos olvidamos de Laura Moyano, si miramos para otro lado, la matamos mil veces más.

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