Newken lleva casi 40 días de paro de trabajadoras y trabajadores de la educación. En una de las provincias con la mayor renta,   proveniente de los hidrocarburos, el sueldo docente inicial está por debajo de la línea de pobreza, mientras se subvenciona la educación privada y la garrafa social parece un bien en extinción. Una lucha de las trabajadoras en defensa de la vida digna.

Vivir en Newken es vivir en una provincia de profundas contradicciones.

Una provincia gobernada desde hace casi 60 años por el MPN (Movimiento Popular Neuquino), un partido provincial de corte conservador y feudal, sin alternancia de ningún tipo, ni siquiera durante los años de la dictadura.

Una provincia con uno de los yacimientos de mayor rentabilidad en el mercado de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta, que genera ingresos inimaginables para la provincia y, por ende, alianzas políticas criminales en todos los niveles de gobierno. Los informes ambientales denuncian altos grados de explotación y contaminación de suelos, aire y ríos. Este proyecto económico, tan rentable para unos pocos avasalla a las comunidades mapuce en sus territorios ancestrales trayendo muerte y destrucción para toda la población.

Una provincia productora de electricidad, gas y petróleo en la que la gente hace cola para acceder a la garrafa social, a los planes sociales, o ante una oferta de empleo precarizado.

Vivimos en una provincia donde el índice de pobreza supera el 25% y el salario de una maestra que recién se inicia hoy no supera los 15.000 pesos. Es decir, está debajo de la línea de pobreza.

Este contexto provincial no se entiende por fuera de las políticas nacionales de ajuste y precarización de la clase trabajadora, que afectan especialmente a las “mujeres”, que en los sindicatos docentes representan alrededor del 80% del sector. Ni tampoco se entiende por fuera de las políticas represivas necesarias para mantener ese ajuste, que en la Patagonia se traducen en la construcción del enemigo interno declarándola “la zona de mayor conflictividad social”.

También vivimos en una provincia de diversas formas de la resistencia: desde las comunidades mapuce hasta las fábricas recuperadas, las Madres de Plaza de Mayo – filial Alto Valle, el sindicato de las y los trabajadores de la educación, que hace 11 años se vio atravesado por el fusilamiento público de Carlos Fuentealba, cuyos responsables políticos aún están libres e impunes. Tan impunes como para presentar su candidatura a las próximas elecciones para gobernador. Tan impunes como para ser parte del Ministerio de Seguridad del gobierno nacional.

El sindicato ATEN (Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén) este año lleva adelante una huelga que hoy alcanza los 37 días de paro, con un alto grado de acatamiento. El pliego de reivindicaciones va desde el aumento salarial, pasando por el reclamo para que se aumenten las partidas de refrigerio (hoy de poco más de 2 pesos por niñx por día), el pedido de transporte para que lxs niñxs de las zonas rurales puedan llegar a las escuelas, calefacción, techos que no se lluevan, que se quiten los subsidios a las escuelas privadas, en una férrea defensa de la educación pública como un derecho social.

En estos casi 40 días de huelga, como históricamente lo viene haciendo, este sindicato tomó sus decisiones en asambleas con la presencia de miles de compañeras y compañeros, que además garantizaron el desarrollo de las innumerables actividades que se llevaron cabo: desde bloqueos a la casa de gobierno y organismos públicos, volanteadas en calles y rutas, marchas multitudinarias por las ciudades de la provincia, escraches a los funcionarios en todos los actos oficiales. Esta forma del paro activo nos permite encontrarnos, construir y debatir ideas, analizar la realidad, generar lazos solidarios y creativos, organizar fondos de huelga para resistir los descuentos a nuestros salarios (que en algunos casos alcanzaron el 40%), remar por el río en defensa de la educación pública, organizar ferias, festivales, peñas, murgas y bailes populares, realizar clases públicas donde debatimos ideas, analizamos el contexto local y nacional, para seguir construyendo prácticas colectivas que abren los debates, y cuestionan incluso los posicionamientos de las dirigencias.

Somos las mismas maestras las que hacemos tortas fritas en la vereda del consejo provincial de educación para sumar al fondo de huelga, las que organizamos el piquete y cortamos las rutas, y las que debatimos en una asamblea.

Somos las mismas maestras sostén de hogar las que construimos otros modos de hacer política, las que ante la precarización brutal de estos tiempos que corren inventamos otras formas de los vínculos y la materialidad de la vida, las que construimos estrategias de afectividades no neoliberales, las que hacemos estallar las paredes del aula potenciando el encuentro con otras y otros: encuentros que permitan aumentar las posibilidades del hacer y del pensar.

Sólo la lucha traerá justicia. Y justicia, para nosotras y nosotros, es que todas las vidas sean dignas de ser vividas.

[i] “Neuquen” escrito en mapuzugun

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El 22 de noviembre se produjo en nuestro país un hecho inédito. La derecha neoliberal ganó la oportunidad de acceder al poder, por primera vez, de manera democrática. Más allá de lo que llevó a que eso se produzca, analizaremos aquí las consecuencias de las políticas e intereses que representa este sector para el mercado de hidrocarburos.

En primer lugar, nos enfocaremos en los personajes que llevarán adelante estas políticas. El más importante de ellos es Juan José Aranguren, quien ocupará el Ministerio de Energía y Minería. Un repaso de su carrera nos obliga a mencionar que trabajó durante 37 años en Shell Argentina, la subsidiaria de Shell, empresa anglo-holandesa de producción de hidrocarburos. Aranguren se dedicó a atacar cualquier iniciativa del gobierno saliente que tuviera que ver con una mayor intervención del Estado en el mercado, como control de precios o creación de entes estatales. En agosto de 2012, elevó un recurso de amparo en contra del Decreto 1277/12, una de las iniciativas más interesantes del kirchnerismo. Este Decreto derogaba los artículos más importantes de los Decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos del menemismo (1055, 1212 y 1589 del año 1989) y creaba una Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones para lograr el autoabastecimiento. Esta Comisión tiene la facultad de vetar los proyectos que deben presentar las empresas operadoras del sector. En su argumentación, Aranguren esgrimía que no correspondía darle información al Estado porque el mismo Estado participa del mercado a través de YPF, nacionalizada parcialmente ese año. En realidad, lo que le molestaba a Aranguren era que el Estado participara.

Hace poco tiempo declaró que no es necesario lograr el “autoabastecimiento” y desvalorizó el concepto de “soberanía energética” levantando el de “seguridad energética”. Este concepto, desarrollado en EEUU, implica el aseguramiento de las fuentes de energía, sean internas o externas. En ese país funciona con el ejército más poderoso del planeta, ocupando las regiones sensibles para asegurar el abastecimiento. En un país periférico con una economía dependiente como el nuestro, no parece ser aplicable. Es por ello que es tan importante poder abastecernos nosotros mismos.

Otro de los que se sumará al Ministerio es Daniel Montamat. Fue secretario de Energía durante la presidencia de Fernando De la Rúa y presidente de YPF durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es uno de los ex secretarios de Energía que vienen fustigando la política energética de los últimos años y consulta permanente de los grandes medios de comunicación. Ya venía utilizando el término “sinceramiento”, en boga en estos días, en sus charlas desde hace tiempo (tuve el “privilegio” de asistir a una de ellas), indicando que las tarifas deben dejar de estar subsidiadas. Indica que actualmente el gasto en servicios públicos es del 3% de un ingreso familiar promedio y que debe volver al valor “histórico”del 12%. Eso implica cuadriplicar las tarifas en términos reales. Por otra parte, aboga por un mercado libre de cualquier regulación estatal, tanto para comercializar, como para exportar e importar. Va más allá que incluso que un país librecambista como EEUU, que tiene regulaciones, e incluso prohibiciones, para exportar crudo.

Para ellos dos, YPF debe volver a ser privada ya que el Estado no debe participar de ese mercado. Existe un consenso social muy fuerte acerca de la necesidad de la presencia estatal en la producción de hidrocarburos, con lo cual será difícil en lo inmediato que puedan llegar a concretar ese objetivo. Incluso, declaraciones recientes de Aranguren indican que tiene la intención de manter YPF bajo control estatal. De cualquier manera, las estrategias neoliberales fueron primero desprestigiar y desvalorizar el papel del Estado, mediante la aplicación de políticas específicas intencionales con el objeto de que YPF sea mostrada como empresa ineficiente. O, siendo eficiente, disminuyendo su peso en el mercado de hidrocarburos para que sea ocupado por empresas privadas. Las estrategias pueden ser variadas. El objetivo único. Aumentar la participación de las empresas privadas en detrimento de la presencia estatal.

Otro de los caballitos de batalla suele ser el reclamo de “seguridad jurídica” para “atraer inversiones”. Se deduce que luego del “sinceramiento” vendrán ingentes capitales extranjeros para invertir. La historia es conocida. Esos capitales vienen en pos de altas tasas de rentabilidad. Habrá algunos resultados y luego, en la primera de cambio, esos capitales volarán a sus países de origen. Para ello, se tomará deuda para obtener las divisas necesarias y la rueda seguirá. Con un país cada vez más endeudado y más extranjerizado.

Un punto aparte es la intención del futuro gobierno de alejarse de Venezuela y acercarse a la Alianza del Pacífico. Una cuña metida por EEUU con Tratados de Libre Comercio conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La intención es aislar a Venezuela, expulsarla del Mercosur y debilitar a los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia. Los tres son grandes productores de hidrocarburos. Si bien hasta ahora no ha funcionado una unión energética sudamericana, salvo algunas iniciativas, esta intención la clausura definitivamente.

Otro cuestión a tener en cuenta es el desarrollo de Vaca Muerta y su explotación no convencional. Montamat declara que se necesitan entre U$S 20.000 y U$S 30.000 millones para lograr un desarrollo tal que reemplace la cuantiosa importación de gas natural (en 2014 el total de importaciones de combustibles fue de U$S 10.903 millones, la mayor parte Gas Natural). Posiblemente esos números sean correctos. En línea con el nuevo equipo económico, asegura que hay que generar las condiciones para “atraer” esas inversiones. La manera sería eliminar las restricciones impuestas por el Estado en la última década, como el Decreto 1277/12 que derogaba los artículos más importantes de los decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos de 1989 y creaba una Comisión de Evaluación de Inversiones con poder de veto. De esta manera, quedaría el precio libre, sin la “distorsión” de los subsidios. En el caso del gas, que es el producto que mayormente importamos, el precio se acercaría al internacional, mucho más alto que el precio interno actual con subsidios. Así “lloverían” las inversiones, principalmente del extranjero. Es cuestión de ver qué herramienta utilizarán. YPF con acuerdos parecidos a los de Chevron pero multiplicándose por decenas o mediante nuevas concesiones entregadas por las Provincias bajo el amparo de la Ley 27.007 de Hidrocarburos modificada en 2014 que establece beneficios para la explotación no convencional.

En resumidas cuentas, poner Vaca Muerta al mejor postor.

Todo forma parte de un combo. El plan económico, el político y el energético. Sólo la resistencia del pueblo definirá hasta dónde puede llegar.

*Ingeniero en Proyectos de Gas y Petróleo. Consejero por Graduados FIUBA

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