Por Agustín Bontempo | Fotos por: Carlos Brigo y Emiliana Miguelez

Algunas personas deben tener gravado en su retina la famosa frase del canal Todo Noticias (Grupo Clarín) que advertía: “TN puede desaparecer”. Esta fue una campaña política que desarrolló el multimedio para confrontar con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sostuvo –con los ajustes correspondientes- en la lucha por su implementación. Spoiler alert: TN no desapareció.

A última hora del pasado jueves 5 de diciembre, el presidente Mauricio Macri a través de una Cadena Nacional hizo un balance de gestión en donde aseguró que “Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta”, en un intento de sintetizar la supuesta política en materia de libertad de expresión.

Por supuesto que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, nos interesa repasar cómo fueron los cuatro años de macrismo en materia de políticas de medios y comunicación.

Foto Emiliana Miguelez

Un ataque a las instituciones

Una de las tantas promesas de campaña del macrismo fue que sería un gobierno que defendería la república y las instituciones. En materia de comunicación, el inicio de gestión fue poco auspicioso. Seguramente las y los lectores recordaran aquellos primeros días al frente del Estado donde Macri se propuso ser todo poderoso y gobernar a partir de una catarata de decretos porque, en defensa de las instituciones, ¿para qué esperar al Congreso?

En comunicación no hubo excepción. Durante los primeros 20 días de gestión el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Luego, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de la Información y la Comunicación (AFTIC). Finalmente creo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para terminar de “ordenar” el esquema institucional en este campo. El resultado de todas estas medidas dio un golpe de KO a la popularmente conocida Ley de Medios.

Si bien hemos afirmado en diferentes oportunidades que la ley sancionada en 2009 era limitada en varios puntos, también destacamos que no fue producto de un capricho del gobierno kirchnerista sino el resultado de 40 años de debates. Con estas medidas y posteriormente la creación de una comisión que redactaría un nuevo proyecto de Ley de Comunicaciones y posteriormente la iniciativa de la ENACOM para avanzar en una nueva Ley de medios que garantizaba mayores niveles de concentración del poder mediático, el macrismo lograba ocupar un rol hegemónico.

De allí en adelante, se avanzó en la concentración mediática, conformación de nuevos conglomerados (Cablevisión-Fibertel-Telecom) en un escenario legal muy favorable para las empresas, lo que se expresa en altas tarifas por servicios de mala calidad. Cierres de medios pequeños y/o locales, dificultades para la inserción en el mapa de las comunicaciones de los medios populares, son algunas de las dificultades de este escenario.

En una nueva edición de la “Pesada herencia”, en un artículo reciente Martín Becerra señala que “En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados”.

Además, Becerra agrega que “Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente”.

Finalmente, y pensando en cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, “Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces”.

No nos olvidemos de…

Como decíamos al principio, Macri aseguró que él no cuestionó periodistas, tratando de generar un vínculo con sus críticas al kirchnerismo durante su período de oposición y su promesa de garantizar la libertad de expresión. Por supuesto que la convergencia de poder durante estos cuatro años atenta contra esa idea, pero también asistimos a casos concretos como fue el ataque a Telesur, que hoy sigue en pié en la televisión digital privada. Si ampliamos el margen de análisis, pensar el contexto latinoamericano actual sin una señal que pueda equilibrar el despliegue de la CNN y sus diversas correas de transmisión locales, expresa un elemento preocupante.

Otro de los mecanismos que la gestión de Cambiemos utilizó estos años fue la discrecionalidad de la pauta publicitaria. Además de orientar buena parte de su presupuesto en lugares específicos como el Grupo Clarín, también condicionó línea de difusión como fue (y sigue siendo) el blindaje a Horacio Rodriguez Larreta en C5N (canal que confrontó con el macrismo los cuatro años de gestión). En este punto, en 2016 incluso reglamentó una resolución que le otorgaba (y lo sigue haciendo) mayor discrecionalidad con menos controles y sin participación ciudadana, y eso que hablamos de dinero del Estado.

No es la intención profundizar en estas líneas, pero los contenidos en canales públicos (lo veremos en el siguiente apartado), el negocio con el fútbol profesional, el otorgamiento de licencias de manera discrecional, son algunos de los puntos destacados en política de medios.

Finalmente y sin la necesidad de ahondar teniendo en cuenta el tratamiento que hicimos oportunamente, debemos señalar algunas cuestiones sobre datos personales. ¿Por qué? Porque en un contexto de convergencia y digitalización, los datos personales dejan de ser exclusivamente cuestiones personales para transformarse en mercancías.

En la actualidad asistimos a un escenario local y mundial donde las empresas que administran Tecnologías de la Información y la Comunicación son las principales potencias económicas, teniendo un poder de incidencia en nuestras vidas sumamente determinantes. Publicidades orientadas, relevamientos de filiaciones políticas y religiosas, manipulación de la información, son algunos elementos a tener en cuenta.

En este sentido, la seguridad informática no está garantizada y menos en Argentina. En nuestro país, tanto la Ley vigente que rige desde el año 2000 así como normas complementarias y el proyecto presentado por el macrismo, solo profundizan la inseguridad, dejan afuera a la ciudadanía de cualquier tipo de participación y centraliza el poder en pocas manos y sin controles. Particularmente en el intento de modificación de la gestión saliente, le da demasiados privilegios al Jefe de Gabinete, es permisivo con la manipulación de datos y, como suele pasar en otras normas, no contempla cabalmente los desarrollos tecnológicos actuales.

¿Qué pasó en los medios públicos?

La política desplegada hacia este sector fue realmente restrictiva. Estamos hablando de los medios del Estado, aquellos que deben garantizar la diversidad de voces, la participación ciudadana, priorizar la información por sobre la competencia, promover espacios educativos. Nos referimos a espacios que deben solventarse con fondos públicos en buena medida.

Durante estos cuatro años, la gestión de Hernán Lombardi hizo todo lo contrario. Desaparecieron los programas que no representaban la línea ideológica del gobierno (Zamba, el programa para niños y niñas), se movieron canales de señales centrales (Canal Encuentro), se redujo el presupuesto general impidiendo coberturas destacadas (Televisión Pública y Radio Nacional) y se usaron espacios como plataformas políticas (Agencia Télam, transmisiones en eventos deportivos).

Un elemento cristalizador fue el desfinanciamiento. Alejandro Linares detalló en Letra P que hubo un recorte en el presupuesto destinado al sector, que en si mismo representaba el 79% de los ingresos en 2016 para la Televisión Pública y Radio Nacional y que en 2018 pasó a representar el 75%. Asimismo, destaca que aunque en materia de pauta oficial y privada hubo un incremento nominal en este período, hubo una caída del financiamiento en términos reales al ser comparados los valores con la inflación oficial. Si los montos se pasan a dólares, obtenemos que en 2015 los ingresos rondaban los 241 millones de dólares, en 2016 eran 207 millones dólares y ya en 2018 la cifra se ubicó en 136 millones de dólares. Es decir, una retracción de casi el 50% en cuatro años.

La gestión del Titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se caracterizó, en síntesis, por hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña. Es el desfinanciamiento pero también el condicionamiento de contenidos lo que garantiza el vaciamiento al que hacemos referencia. Lejos de promover la libertad de expresión y no criticar, incluso el periodista oficialista Alejandro Fantino aseguró la existencia de listas negras durante el macrismo.

En diálogo con Marcha, Carla Gaudensi, quien es delegada de Télam, Secretaria de Acción Social del SiPreBA y Secretaria General electa de la Federecación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), aseguró que “El vaciamiento de Lombardi en medios públicos responde a la misma política del macrismo en general. Entender el Estado como una empresa privada a la cual vinieron a aplicar políticas de ajuste”. Asimismo, aseguró que “Ellos vinieron a reducirlos a la mínima expresión y que no estén representadas las voces de los sectores más oprimidos, que no están representados en los medios comerciales y hegemónicos que muchas veces se manejan con otras agendas. Las agendas de los medios públicos deben ser plurales y federales y eso es lo que este gobierno vino a destruir porque justamente no le interesa que las voces de los sectores populares, de los sindicatos, del feminismo, de los pueblos originarios, se reflejen en un medio y es por eso que vinieron a destruirlos o reducirlos a su mínima expresión”.

Situación de las y los trabajadores de prensa

El vaciamiento planificado y ejecutado por el macrismo tuvo una fuerte resistencia de las y los trabajadores de prensa que más allá de las cuestiones estrictamente laborales, generando diferentes mecanismos para seguir cumpliendo con el rol que estos medios debían desempeñar. Un caso ejemplar fue el #NotiTrabajadorxsTVP, que ante la desaparición de los noticieros en el canal público y las limitadas coberturas, se organizaron para garantizar el Derecho a la Información del conjunto de la sociedad.

Más allá de este tipo de aspectos, que hubo decenas donde se destacan niveles de organización con diversos espacios, una de las grandes características que tuvo el sector fue la resistencia a los despidos masivos.

No podemos obviar la situación en el conjunto del país, donde los medios locales, en muchas oportunidades con bajísimos recursos, fueron atravesados por la misma situación

Durante estos cuatro años trabajadores y trabajadoras de diferentes medios perdieron sus puestos de trabajo. Si bien hay casos emblemáticos que desarrollaremos a continuación, hubo despidos en Atlántida, América, Crónica, cierre de medios de comunicación, entre otros. Esto derivó en niveles de organización ejemplaras, puesta en funcionamiento de comisiones internas y un rol destacado de la organización gremial, especialmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que nació en 2015 como alternativa a las direcciones burocráticas del sector. Otro actor que tuvo un lugar relevante fue el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).

Uno de los conflictos destacados durante este período fue el de los despidos en Clarín, aliado estrella de Cambiemos y uno de los actores fundamentales durante la campaña electoral en 2015. En abril de este año, 65 personas fueron despedidas de la redacción. Esa situación derivó en una enorme cantidad de medidas de lucha, festivales y solidaridad de diversos sectores. El grupo Clarín ya empezaba a tomar cierta distancia del macrismo en su línea editorial, sin alcanzar la denuncia pero al menos describiendo la grave situación económica y social. Sin embargo, puertas adentro, llevaba adelante un ajuste brutal de sus trabajadores y trabajadoras.

La enorme repercusión y actos de solidaridad lograron poner un freno a una situación que se visualizaba peor. Sin embargo, la salida de la gestión viene con preocupaciones bajo el brazo y posibles nuevos despidos, situación ya denunciada por las y los trabajadores.

El caso más emblemático de estos años fue el conflicto en Télam. En junio de 2018 la gestión de Lombardi despidió a 357 personas. En aquel momento se iniciaba un proceso con avances y retrocesos, nacimiento de agencia paralela, persecución. Sin embargo, nuevamente el conjunto de las y los trabajadores del sector dieron un claro ejemplo de organización, lucha y unidad, llevando adelante decenas de actividades y con el tiempo ir logrando reincorporaciones, que al día de hoy ya supera a las 240 personas. Gaudensi señala que “El conflicto de Telam nos ha dejado una experiencia muy importante para el SiPreBA pero también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Télam, como también lo hcieron otros conflictos como el de Clarín, la TV Pública, en su momento cuando arrancabamos como sindicato el del Grupo 23 que derivó en las cooperativas de Tiempo Argentino e Infonews cuando Spolski se fugó”.

Todo esto no ocurrió de manera gratuita. Campañas de difamación, amedrentamiento de las fuerzas represivas, intervención de la justicia. Sin embargo, el conflicto se fue desarrollando positivamente a partir de la determinación de las y los trabajadores.

Si bien la situación aún no está del todo resuelta, la sumatoria de los conflictos abiertos y el de Télam en particular, permitió un crecimiento en la organización del sector en general y del SiPreBA en particular que si bien aún tiene mucho por desarrollar como sindicato, logró ser una de las herramientas indispensables para resistir al macrismo dentro del sector.

En palabras de Gaudensi, estos conflictos “Creo que han dejado un saldo organizativo para el SiPreBA muy grande y como experiencia en términos de cada trabajador y trabajadora de Télam creo que ha dejado una huella no solamente en términos de lucha y organización, sino también en términos personales, en nuestros cuerpos, toda esta violencia ejercida, brutal, de este gobierno que vino directamente a destruir la organización de las y los trabajadores. En Télam en particular también a estigmatizar a cada una y cada uno de sus trabajadores, tratar de dividirnos despidiendo al 40% y pensando que con eso iban a cerrar un conflicto, que eso generaría que quienes no fueron despedidos tomaran un camino individual y no colectivo. Ese es el mayor salto: decir en su momento que eramos todas y todos despedidos y encarar la lucha desde ese lugar”.

En ese camino también nos encontramos los medios alternativos, quienes estuvimos cada día de la gestión macrista poniendo en agenda lo que faltaba en los grandes medios o, aunque esté, aportábamos la mirada popular y feminista, necesaria para que en el escenario que se abre no solamente se piense en superar al macrismo, sino construir una comunicación realmente anclada en la libertad de expresión, en el protagonismo popular y en una sociedad totalmente justa.

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Tras 115 días de paro total y permanencia en los dos edificios, el jueves pasado la justicia hizo lugar a las cautelares presentadas por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires que decreta ilegales los despidos. La asamblea convocada por la Comisión Interna de SiPreBA resolvió levantar el paro y la permanencia. Es un enorme triunfo, no solo judicial sino político y gremial contra la política del macrismo y del ministro Hernán Lombardi que apostó al desgaste.

La emoción de las y los trabajadores no pudo contenerse cuando conocieron la resolución judicial. Así como el 26 de junio se autoconvocaron sin un llamado formal a asamblea para decretar el paro entre lágrimas de angustia por los despidos masivos, esta vez los abrazos y las lágrimas emotivas le ganaban al cansancio de una huelga de casi cuatro meses y una lucha que en todos los terrenos y de manera ejemplar le brindaron al macrismo.

Si bien resta la ratificación de este fallo en cámara, fue un paso enorme que se hizo esperar en el intento del gobierno de desgastar la resistencia como sucedió en otros conflictos. Los trabajadores y trabajadoras son conscientes de que la empresa seguramente apelará esta medida que tendrá que ser ratificada en cámara como lo fue en su momento la primera cautelar obtenida por SiPreBA, que ordenaba la reinstalación de cinco trabajadores y que con este fallo se extiende a otros 138. Durante estos meses, el gobierno ejerció una enorme presión sobre el poder judicial, al punto que recusó a dos de los camaristas, aunque no logró construir una sala adicta, con lo cual se estima que en segunda instancia el fallo debiera ser ratificado. Por su parte, la ahora Secretaría de Trabajo también jugó un rol activo a favor de Lombardi: dilató la contestación de un expediente administrativo en donde el juez Tatarsky, a cargo del juzgado 22 del fuero laboral, consultaba si se había realizado el procedimiento preventivo de crisis, argumento de los abogados de SiPreBA Guillermo Gianibelli y León Piasek para declarar ilegal el despido del 41% de la planta. Pero no sólo se dilató mas de un mes y medio la respuesta de un sencillo expediente, sino que en lugar de responder “si” o “no” la secretaría a cargo de Jorge Triaca realizó un extenso análisis para justificar que Lombardi y Pousá podrían violar la ley, con su aval. Es decir, el Estado uso su toda su fuerza y sus medios para derrotar la resistencia de las y los trabajadores de la Agencia Télam.

Es por eso que fue fundamental acompañar la pelea judicial con un paro total de actividades que ni siquiera se puso en cuestión cuando el gobierno, en una muestra de debilidad, lanzó una “Télam trucha” con algunos pocos carneros. Esa maniobra no hizo otra cosa que demostrar la necesidad de las y los profesionales y trabajadores de prensa de oficio. La lamentable cobertura de la pseudo agencia, denunciada día a día por Somos Télam, el medio que ofició de órgano difusor de la lucha, expuso a cada instante los horrores periodísticos, políticos y hasta gramaticales y ortográficos de las autoridades.

Una lucha de largo aliento

En estos 115 días, la pelea contó con la unidad por la base de los y las trabajadoras y, al menos durante las primeras semanas de conflicto, de dos de los tres sindicatos que intervenimos en la empresa: SiPreBA y Sitrapren. Pero fundamentalmente, fue central la construcción de un frente sectorial y político heterogéneo que acompañó en los hechos a trabajadores y trabajadoras e incluyó, entre otros, a todos los bloques parlamentarios opositores que interpelaron tanto en diputados como en el senado a Lombardi, a todo el movimiento obrero a excepción del triunvirato de la CGT -que recibió dos veces a las y los trabajadores y solo emitió un comunicado en solidaridad cuando se inició el conflicto-, entre ellos los sectores que confluyeron en el movimiento sindical de Ferro como Camioneros, Canillitas, Aceiteros y la Corriente Federal, las distintas vertientes de las CTA, y otros sectores del sindicalismo como el encuentro “combativo” de Lanús. Por su parte, los organismos de derechos humanos y antirrepresivos, los movimientos sociales y las organizaciones feministas como “Ni una menos” también dieron un gran apoyo e incluso utilizaron las instalaciones de Télam que se convirtió durante cuatro meses en el eje unificador de todas las luchas contra el ajuste de Macri y el FMI. Hasta incluso el Episcopado realizó una mediación instando a Lombardi a destrabar el conflicto.

El gremio de prensa con SiPreBA a la cabeza se movilizó en numerosas ocasiones: dos veces con columnas de cinco mil personas al CCK, a la quinta de Olivos, al juzgado 22 y a cada lugar en donde había un hecho trascendente donde Télam no estaba para realizar su habitual cobertura periodística. La campaña “Acá falta Télam” visibilizó la necesidad de la agencia estatal de la misma manera que desde principio de año se expuso la falta de cobertura y el vaciamiento en la TV Pública y Radio Nacional con campañas como el #NotiTrabajadoresTVP donde se visualiza el apagón informativo de sábados y domingos.

Las lecciones son claras: luchar sirve; la unidad no se proclama, se practica; no existe triunfo judicial sin resistencia política y gremial consecuente; los triunfos requieren tanto de combatividad en los métodos como de paciencia para esperar sus resultados. A su vez, para el gremio de prensa, este triunfo ratificó la importancia de contar con Comisiones Internas fuertes en el lugar de trabajo y de un sindicato de actividad relativamente consolidado, cosa que no sucedió por ejemplo en la lucha del grupo 23 hace dos años, cuando el SiPreBA recién daba sus primeros pasos. En esta ocasión, el sindicato pudo afrontar las maniobras judiciales, brindar apoyo logístico y político, realizar asambleas generales para sostener el conflicto unificando a todo el gremio bajo la consigna “Si gana Télam ganamos todxs”, y absorber los descuentos extorsivos de la empresa que pretendían derrotar las medidas de fuerza.

Como planteó la Comisión Interna luego de comunicar el levantamiento del paro, el conflicto sigue. La respuesta de la empresa no se hará esperar. Pero sobre todo, el conflicto sigue por la reinstalación efectiva de todos los trabajadores y trabajadoras dispuestas a sostener su fuente de trabajo, por el cumplimiento del convenio colectivo y el Estatuto del Periodista Profesional, por las paritarias que lleva meses vencida y por el triunfo de todos los medios públicos como la TV Pública y Radio Nacional que enfrentan la misma política de ajuste.

La lucha de los medios públicos que comenzó el 2 de enero contra los despidos en la emisora y recobró fuerza luego del abrazo a Canal Siete tuvo su punto mas álgido a partir de los despidos en Télam y la heroica lucha de sus trabajadores y trabajadoras que en un contexto muy adverso conquistaron un triunfo enorme que servirá de estandarte no solo para todo el sistema de medios sino incluso para toda la clase trabajadora. Desde Luján, en declaraciones al #NotiTrabajadoresTVP, el titular de SUTEBA Roberto Baradel sostuvo: “estamos felices porque el triunfo de Télam abre una nueva etapa para la lucha de toda la clase trabajadora contra el macrismo”. Seguramente así será.

* Secretario de Organización de SiPreBA.

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No es la primera vez que los trabajadores de prensa de la TV Pública están en lucha. En los ´90 se le plantaron al menemismo y lograron frenar la privatización de la fracuencia. En el 2000 tuvieron que ocupar las instlaciones de canal durante 21 días para resistir contra el ajuste brutal y los rumores de venta del edificio. Ahora, una vez más, se encuentran en pleno conflicto. El pasado lunes 12 de marzo, los trabajadores de la TV Pública realizaron un paro de actividades y se declararon en asamblea permanente, denunciando una “reducción salarial unilateral y sin aviso superior al 50 % de nuestros ingresos, la violación de nuestro convenio colectivo y de los acuerdos vigentes desde hace casi 20 años, así como una campaña de infamias y falsedades para desprestigiar a nuestros representantes gremiales, motorizada desde el oficialismo”.

“Quieren imponer de hecho la reforma laboral que no lograron sacar en el Congreso de la Nación. Estamos defendiendo nuestro poder adquisitivo y la existencia misma de los medios públicos”, señaló Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública e integrante de la conducción del SiPreBA, en esta segunda parte de la entrevista que le realizó Marcha.

–¿En qué consiste el conflicto salarial?

-En octubre de 2016 negociamos con la actual gestión nuestro salario. Fue la última paritaria que firmamos. Ese acuerdo se venció en septiembre de 2017. En octubre empezamos a discutir. Recién el 2 de enero nos dijeron que la propuesta era cero por ciento. Es una extorsión que desnaturaliza la negociación. En una negociación tiene que haber dos partes que ofrecen algo. Tiene que haber buena fe para negociar. No la hay de su parte. Quieren que aceptemos perder nuestros derechos, que dejemos de cobrar lo que nos corresponde, que es el 200 por ciento, por las horas extras trabajadas en francos o fines de semanas. Lo mismo pasa con los viáticos cuando salimos de viaje. Así lo indican el convenio de prensa televisada 124/75 en los artículo 66 y 67 respectivamente. Al quite total de horas extras se le agrega la falta de operatividad que produce su política de jubilación anticipada y congelamiento de los concursos públicos. Los trabajadores estamos defendiendo el Convenio de Prensa Televisada en vigencia, el Estatuto del Periodista profesional, y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos defendiendo los medios públicos.

-¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa?

-El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Púbicos, Hernán Lombardi, inició una campana de mentiras, con la complicidad del gerente de Noticias Néstor Sclauzero y el subgerente Jorge Goldemberg. Mienten, diciendo que tenemos salarios que no son reales. Pretenden que tengamos vergüenza de tener un poder adquisitivo decente en comparación con los salarios en la clase trabajadora y en particular en el gremio de prensa, que están tan bajos. Siempre hemos firmado salarios con las gestiones. No nos autofijamos los sueldos como hacen los funcionarios, como por ejemplo María Carla Piccolomini, esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que estuvo con un cargo en la TV Pública, sin haber concursado, cobrando un sueldo de 190 mil pesos. Veníamos cobrando lo que dice el convenio. No es algo que inventamos nosotros. Este gobierno tiene una concepción de la clase trabajadora en la que hay que vivir con lo justo y con la soga al cuello. Esa es su lógica.

-¿Cuál es el trasfondo del conflicto?

-La idea del ministro Lombardi es reducir canal 7, Radio Nacional y Télam a su mínima expresión. Hoy el canal no tiene programación propia más allá de los noticieros, que a su vez disminuyeron de 30 horas semanales a 14. Es todo enlatado o producciones terciarizadas. Hay una privatización encubierta del canal. Por eso lo que estamos defendiendo son los medios públicos. Tienen un valor agregado: reflejar todos los conflictos sociales y laborales, mostrando a los sectores que no tienen lugar en las pantallas privadas. Es una pelea que dimos históricamente. Y que ahora se hace más urgente y necesaria antes la avanzada del ministro.

¿Cómo vivieron el 8 de marzo, día internacional de la mujer?

-Fue un día muy importante y contradictorio en el canal. Al mismo tiempo que las compañeras organizaron una asamblea de mujeres y un ruidazo, que los compañeros acompañamos, también tuvimos que protestar contra la gerenta de Recursos Humanos Marisa Piñeiro que en vísperas del Día internacional de la mujer impidió el ingreso de la compañera Cecilia Brachetta, Ella es delegada gremial de la Asociación de Personal Jerárquicos, unos de los cuatro gremios que hay en el canal (además de SiPreBA, el SAL y el SAT). La licenciaron de manera compulsiva, de prepo, para que no esté más en su puesto de trabajo, en una clara actitud de persecución gremial e ideológica por parte de las autoridades. El día que no la dejaron entrar, el martes 6 pasado, salieron todas las compañeras a los pasillos del canal, fuimos a exigir la reinstalación y que se respete a las compañeras que son las más vulneradas en esta política de vaciamiento. De los 20 delegados que hay de todos los gremios, solo hay dos compañeras delegadas. En el caso del sector de prensa, de los trece compañeros que se jubilaron de manera compulsiva con el plan de ajuste de jubilación anticipada de la gestión, once eran mujeres.

-¿Cómo ven a este conflicto con respecto a los anteriores?

-Siempre que un gobierno quiere avanzar sobre las condiciones laborales y sobre el carácter público de un medio como canal 7 monta una campaña de difamación y operaciones de prensa. Va de la mano. Eso se ya se vivió en los ’90 y en también en el 2000. De todas maneras esto tiene una característica particular, que es la perversidad de los funcionarios. En los ´90 quisieron privatizar la frecuencia, a través de un decreto. Y además hubo una serie de despidos. En el 2000 hubo despidos masivos y también se rumoreó sobre la venta del inmueble para hacer negocios inmobiliarios. Ahora hay una estrategia mucho más perversa por parte de las autoridades de psicopatear a los compañeros para forzarlos a que se vayan a través de retiros voluntarios, sin despidos directos. Les sacan el trabajo, les imponen vacaciones y licencias. Por primera vez en marzo, que es el mes en el que siempre se larga la programación, los pasillos están absolutamente vacíos porque no hay laburo. No se cubrieron los festivales. En paralelo a que intentan psicopatear a los compañeros, montan una operación de prensa. Pretenden que los trabajadores y las trabajadoras agachemos la cabeza y estemos asustados, para que entonces nos arrodillemos ante la extorsión miserable que nos hacen.

-Lombardi los acusa de defender privilegios…

-Como el gobierno no puede plantarnos un carpetazo como se le dice vulgarmente porque acá no hay ningún sindicalista corrupto, lo que han hecho Lombardi es empezar una campaña muy mediocre en medios afines diciendo que estamos defendiendo privilegios. Lo llama privilegios son derechos de nuestro convenio colectivo, que deberían regir en los medios privados y por los que nosotros peleamos también en esas empresas. Como en todas las empresas en donde estamos organizados, los cuatro delegados del SiPreBA, vamos a trabajar todos los días, fichamos. No tenemos ningún privilegio en relación a nuestros compañeros.  En la última semana hubo un ataque particular vergonzoso del periodista Tato Young, si lo podemos llamar así, contra Jorge Rodríguez, Batata, uno de nuestros delegados y el referente de la construcción gremial en la TV Pública. El es un compañero que tiene un nivel de compromiso muy alto con el canal. Cuando fue la pelea contra la privatización, en el año 95, puso su casa como garantía, la hipotecó para salir de garante cuando presentamos una cautelar por la frecuencia. A ese nivel es el compromiso que tiene el compañero con la lucha en canal 7. Young difundió un supuesto salario, que es falso. Y además trató de desprestigiarlo públicamente diciendo que era el dueño del canal, que era el que decidía quien viajaba y quien no , quién hacía una nota y quién no. En realidad esas cuestiones son cuestiones de convenio que defendemos. Los viajes, locales o internacionales o las horas extras por ejemplo, eran utilizadas como prebenda por gerentes anteriores. Lo que nosotros logramos y fue consensuado con las autoridades y se viene cumpliendo hace muchos años, fue que eso sea rotativo y equitativo. Entonces nadie puede ser beneficiario de una hora extra o de alguna cobertura.

-¿Tuvieron derecho a replica en alguna oportunidad?

-En casi ninguno de los lugares por los que Lombardi desfiló difamando a los trabajadores de prensa, nos dieron derecho a réplica, excepto en Radio con Vos, en el programa de Reynaldo Sietecase, y en el de FM de Blue de Diego Iglesias.

-¿Por qué consideran que los atacan?

-Los trabajadores de prensa de la TV Pública, los trabajadores en general de los medios públicos, somos la primera barrera de resistencia. Por eso nos atacan a nosotros. Atacan nuestras condiciones laborales y salariales porque quieren atacar a los medios públicos. Pero vamos a triunfar porque no somos los únicos que defendemos los medios públicos. Hay un montón de sectores sindicales, sociales y políticos que entienden que atacar los medios públicos lesiona la democracia. Es el resultado de una pelea histórica que venimos dando por el carácter público, plural y democrático que tienen que tener la TV Pública.

Nota relacionada: Primera parte de la entrevista a Agustín Lecchi: “Si el 24 de marzo Lombardi nos censura, vamos a autogestionar el noticiero” 

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Cerca del Día Nacional de la Memoria por la verdad y justicia, a 42 años del último golpe cívico militar, las autoridades de la TV Pública aun no han garantizado la cobertura de las actividades que se realizarán. Para las y los trabajadores de prensa se trata de un claro ejemplo de censura.

Desde hace dos meses que el único canal de noticias del país dejó de tener noticiero durante los fines de semana. Es el impacto del recorte presupuestario y la negativa oficial de pagar las horas extras como indica el convenio. A una semana del Día Nacional de la Memoria por la verdad y justicia, cuando se cumplen 42 años del golpe cívico militar, las autoridades aun no han garantizado la cobertura de las actividades que se realizarán ese sábado.

Para las y los trabajadores de prensa que se desempeñan en la TV Pública, se trata de un claro ejemplo de censura. Y están dispuestos a llevar adelante un nuevo noticiero de las y los trabajadores, como vienen haciendo desde que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, Hernán Lombardi, les dejó sin aire. Por eso, el próximo 24 de marzo será una fecha clave en el conflicto para los 136 trabajadores y trabajadoras del antiguo “Canal 7″.

“En el caso de que la gestión de Hernán Lombardi censure el noticiero de la TV Pública en el Día de la Memoria vamos a volver a autogestionar el noticiero y hacer un nuevo noticiero de los trabajadores”, afirmó Agustín Lecchi, integrante de la comisión interna de la TV Pública y Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBa-, en entrevista con Marcha. “Nos vamos a instalar sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, junto a los trabajadores de Telam, Radio Nacional y del SiPreBA, con una trasmisión en vivo, a través de las redes, y con una radio abierta. Va ser un nuevo hito histórico para nosotros”, agregó.

-¿Qué es el noticiero de las y los trabajadores?

-Entre otras medidas, las y los trabajadores de prensa autogestionamos un noticiero en la puerta del canal demostrando que nuestra prioridad son los medios públicos. Queremos estar al aire. La primera trasmisión fue el 3 de febrero, la hicimos en la calle y duró una hora. En esa oportunidad, un compañero y una compañera se tomaron un franco para viajar a Azul a cubrir el cierre de Fabricaciones Militares y tener presencia. La gestión de (Mauricio) Macri lo que quiere es que no viajemos más, que hagamos un periodismo de escritorio, porteño. Desde entonces, todos los sábados venimos sosteniendo flashes informativos. Fue un salto cualitativo. No se dio de la noche a la mañana. Tenemos una pelea histórica en defensa de los medios públicos para que el noticiero de la TV Pública refleje los conflictos sociales y laborales, los problemas de los sectores que no tienen lugar en las pantallas privadas.

-¿Venían haciendo esto más allá del noticiero?

-Cada vez que vamos a un conflicto sindical o social nosotros peleamos para que la cámara este ahí, para que después esas imágenes estén en pantalla. Esos compañeros y compañeras, como fue el caso de AGR, de Pepsico, de INTI, del Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los aceiteros, las Madres de Plaza de Mayo, organismos antirepresivos y de derechos humanos como Correpi, organizaciones políticas, sociales, nos acompañan en nuestra lucha.

-¿Cómo se generó esta práctica de discutir los contenidos?

-Lo venimos haciendo de forma organizada desde el 2002, que fue un punto de inflexión. Luego del “Que se vayan todos” y la ida en helicóptero de (Fernando) De la Rúa, asume un gobierno, el de (Eduardo) Duhalde con las instituciones totalmente deslegitimadas y con muchos baches en distintos sectores del Estado, entre ellos en Canal 7. A la gerencia terminan llegando dos trabajadores que se portaron como compañeros cuando fueron gerentes: Tico Rodríguez Paz y Fernando Fraquelli.

El 26 de junio de 2002, cuando fue la Masacre de Avellaneda, las y los trabajadores del noticiero de Canal 7 definieron, luego de una asamblea y en la Comisión Interna e incluso con el gerente y el subgerente de ese entonces, poner al aire en el noticiero central todas las imágenes de lo que había sucedido en el Puente Pueyerredón. Las imágenes fueron importantes para condenar a los policías asesinos. A partir de ahí se empezó a discutir como un aspecto fundamental de la lucha gremial, no solamente las condiciones laborales, los salarios y las cuestiones estrictamente sindicales, sino también los contenidos.

-¿Qué preguntas surgieron? ¿Cómo fue el recorrido?

-Nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, qué son los medios públicos, para quiénes son. Con el gobierno anterior tuvimos muchas discusiones sobre el tema de contenidos. En el cambio de gestión, luego de que pierda las elecciones el kirchnerismo, quedó acéfala la redacción. Hasta marzo de 2016 gestionamos el noticiero. Nos regimos por el escalafón administrativo. Se respetó esa estructura, que es la que dicta nuestro convenio. En ese momento, creamos un consejo de redacción, que es un órgano de la asamblea que se encarga específicamente de discutir los contenidos. Algunos compañeros fueron escépticos y cuando llegó el nuevo gerente sintieron que ya no servía. Ahora se está demostrando la importancia del consejo, porque no solamente estamos discutiendo los contenidos sino también la existencia misma del noticiero.

Más información

Para ver el #NotiTrabajadoresTVP https://www.youtube.com/channel/UCLeQ0dKDePpOLTWIUKg4RLw

Blog de las y los trabajadores de TVP: http://trabajadoresdeprensacanal7.blogspot.com.ar/

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En el habitual panorama sindical, en esta segunda parte, un recorrido por el recorte de personal en los medios públicos y los nuevos sistemas de presentismo que atentan contra los derechos de trabajadoras y trabajadores

En los medios públicos

“Comienza una nueva batalla en la TV Pública”, tituló Pablo Sirven su columna en La Nación del último fin de semana. Al otro día, los padres y madres que llevaban a sus hijos e hijas al jardín de infantes de la emisora la encontraron rodeada de patrulleros y camiones de Infantería. Las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) habían dispuesto una asamblea para esa tarde.

El 2 de enero muchos periodistas que ingresaban al amanecer a Radio Nacional se encontraron con que no podían fichar. Los habían “sacado del sistema”. Inmediatamente, los guardias de seguridad los acompañaron hasta la salida. Fueron parte de los miles de despidos en todo el Estado, incluidos los casi dos centenares de cesanteados producto del desguace de Paka Paka, Encuentro y DeporTV.

Radio Nacional no tiene exceso de personal. En realidad, es bastante escaso para las 49 emisoras que componen el sistema. No obstante, el Ministerio de Modernización diseñó para el medio un programa de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, más los despidos de los que aún se desconoce el número.

En la agencia Télam, mientras tanto, parece inminente un plan de ajuste similar, que podría comenzar en el área de Publicidad. La receta ya es conocida: despidos y, si es necesario, represión. Se espera que las trabajadoras y los trabajadores que queden, desgastados junto a sus sindicatos, terminen aceptando abrir sus convenios con condiciones de flexibilización laboral dignas de un siglo atrás.

El periodista de La Nación coincide con las declaraciones públicas de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios públicos. Se trata de atacar el núcleo de “privilegios” que implica el convenio actual de las y los trabajadores. Por ejemplo, el cobro del 200 % por parte de quien sea convocado a trabajar en días feriados.

La Comisión Interna del SiPreBA denunció que “esto no solo constituye una provocación y un agravio para los trabajadores de la TV pública que desde hace años defendemos su carácter plural y democrático frente a todas las gestiones y en los distintos contextos, sino que es parte de una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste que ya se inició con despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, Paka Paka y Depor TV”.

Por su parte, las trabajadoras y los trabajadores del Canal de la Ciudad realizarán este jueves un corte en las calles Agüero y Guardia Vieja de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la reincorporación de 5 compañeros despedidos y la iniciación inmediata de un canal de diálogo con el director Eduardo Cura que se niega a recibir a los delegados desde hace 6 meses. Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente, ante la amenaza de que otras 30 personas también podrían ser despedidas. El 90% de los trabajadores está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia.

Presentismo

A partir del 1º de febrero las y los 3.093 empleados de la planta permanente del Senado de la Nación deberán registrar con sus huellas digitales su ingreso y salida de sus puestos de trabajo, y a partir del 1º de abril se empezará a controlar la asistencia. Previo a la instalación de los sensores, las autoridades del Senado pusieron en marcha un plan de retiros voluntarios.

En la Provincia de Buenos Aires, ya se aplica el sistema biométrico en el edificio en el que funcionan el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación, la Contaduría y la Tesorería general provincial.

La iniciativa a nivel nacional está a cargo del Ministro de Modernización, Andrés “manos de tijera” Ibarra, que había reivindicado la modalidad luego de la última paritaria estatal firmada en julio de este año con UPCN. “Esa paritaria fue histórica, porque no solo discutimos la recomposición salarial sino que acordamos incluir el presentismo y la productividad”.

Al respecto, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señaló que se trata “de una extorsión por la cual el gobierno le compra sus derechos al trabajador estatal”. Es que un empleado público solo puede acceder al premio por presentismo si no toma licencias, salvo las vacaciones anuales o los días por estudio. “Si pide licencia por enfermedad, por embarazo, por un familiar muerto, el empleado público pierde ese premio. Por eso es un error plantear que el presentismo apunta a verificar que los trabajadores realicen efectivamente su tarea”.

Del mismo modo, las plantillas óptimas ocultan decisiones de gobierno respecto al desmantelamiento de áreas completas. “Es el caso de TDA o Fabricaciones Militares. Si el Estado se retira de un área, ¿cuál es la plantilla óptima para la misma?, se preguntó. “La respuesta es cero”.

Por tal motivo ambas medidas fueron cuestionadas. Los referentes de ATE, el otro sindicato que agrupa a los trabajadores estatales, aseguraron que se trataba de “simples excusas para justificar los despidos”.

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