Por Nacho Saffarano | Foto de Colo Gens

Hace unos días, a las 21.30, en diferentes barrios porteños, se realizó un ruidazo – estas nuevas formas de manifestación que nos impone el aislamiento obligatorio- en reclamo de que “los políticos se bajen los sueldos”. La medida fue fogoneada por sectores de derecha, como respuesta al aviso que el Presidente hizo el domingo, sobre que a determinados muchachos  “les tocó la hora de ganar menos”. Si hay un sector con consciencia de clase para sí, esa es la burguesía. Y esta es muy hábil para vehiculizar sus demandas y lograr transversalizarlas, al punto de que muchos asalariados que no saben cómo van a hacer para pagar el alquiler el mes que viene sientan que el anuncio de Fernández los va a afectar a ellos.

El reclamo realizado desde la burguesía no solo es oportunista, sino que también es un chantaje. La clase empresarial que se queja de los salarios de los políticos es la misma que maximizó sus ganancias y tuvo recaudaciones extraordinarias durante los cuatro años de administración del gobierno de Cambiemos, justamente gracias a esos políticos a los que ahora parece que quiere bajarle los sueldos.

La respuesta inmediata del progresismo porteño no fue criticar la hipocresía y el cinismo de los reclamantes, sino impugnar de lleno la consigna. Estoy convencido que esto es un error y un volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Ya le regalamos a la derecha la hegemonía discursiva alrededor del quehacer con la corrupción y la seguridad, dos temas por demás sensibles para las clases populares. Y el resultado de esto salió a la luz en las elecciones del 2015.

Amerita poder debatir más a fondo este tema, saliendo del Boca-River que nos propone el hashtag de Twitter. Es cierto que una reducción salarial de la clase política no implica un shock presupuestario que ayude a resolver la crisis económica. Tampoco lo significaba eliminar las jubilaciones de privilegio para los jueces (ni las exenciones impositivas que aún no se tocaron) y, sin embargo, como entendimos que la carga simbólica tenía un peso importante en la lucha política, militamos y acompañamos el proyecto de ley que las suprimió.

En España, uno de los tres países más afectados por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, la situación es inversa respecto a este tema. Es la izquierda quien lleva adelante la iniciativa de que los legisladores se reduzcan o donen sus salarios a todas las entidades que luchan contra el virus; mientras que la alianza de los partidos del centro y la derecha, se niegan rotundamente ¿Por qué, entonces, acá tenemos que regalarle toda la iniciativa política a los reaccionarios de siempre?

Pienso que hay un problema en la generalización de “los políticos”. En nuestro país, hay un montón de directores de línea con sueldos que están por debajo de lo que sus tareas y responsabilidades implican. Y en este momento de gran confianza en la política para resolver la crisis (la imagen positiva del 93% de Fernández es la muestra más cabal), no distinguir esto al momento de trabajar una consigna es un problema grande.

Sí creo que quienes deben tener un pequeño acto altruista y donar la gran mayoría de sus sueldos a los diferentes espacios que están combatiendo al virus en la primera línea (hospitales, salas de salud, organizaciones sociales, trabajadores de la recolección) son todos los legisladores, nacionales y provinciales. Para dar un ejemplo rápido, en la Provincia de Buenos Aires hay 138, legisladores entre senadores y diputados. Haciendo un cálculo rápido, podemos afirmar que se destinan cerca 70 millones de pesos mensuales para sus salarios, viáticos, armados de equipos técnicos, etc. Todo esto teniendo en cuenta que su actividad legislativa está suspendida por tiempo indeterminado, algo muy diferente a la situación en la que se encuentran quienes están a cargo de las diferentes esferas del Poder Ejecutivo.

Insisto, finalmente, que de la crisis sanitaria y económica no se sale con donaciones ni con actos individuales de solidaridad. Poder discutir el salario de nuestros representantes no debería ser un bloqueo para afirmar que el presupuesto para combatir la crisis debe salir de quienes se enriquecieron de forma fraudulenta durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, de los bancos y de quienes especulan con la timba financiera, de los Rocca, los Bulgheroni, los Roemmers. La salud del pueblo y los incentivos económicos para quienes más están sufriendo este momento debe financiarse con cada peso que debería destinarse para pagar la deuda ilegítima y fraudulenta. Una vez más, se trata de discutir la riqueza, no la pobreza.

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Las últimas semanas han puesto de manifiesto la lógica que predomina en la partidocracia argentina: hacerse multimillonarios desde la función pública y crear empresas fantasmas para evadir impuestos son caras de una misma moneda.

La diferencia entre unos y otros es la lógica de origen. Por un lado, los políticos que provienen de los partidos tradicionales ven al Estado como botín personal de poder y la caja para poder hacer política. Mientras que la “nueva política” usa al Estado para legislar a favor de las empresas (aumento de tarifas, quita de impuestos) y reprimir las protestas.

¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio que habría facturado Lázaro Baez y la empresa que inventó Fernando Niembro para cobrar 22 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué para los periodistas de los medios comerciales es más grave que Lázaro y Cristina hubiesen robado millones y no que Niembro esté disfrutando de los millones que habría obtenido en forma ilegal? Una posible respuesta es algo llamado hegemonía.

Pero, ¿qué es la hegemonía?

La hegemonía, explicada desde Gramsci, dice que los valores, las creencias y las explicaciones de las clases dominantes son percibidos como la norma por las clases subalternas. En lo concreto, sería que la sociedad repudia que un político se quede con millones de pesos, pero no le molesta que un Empresario devenido en presidente haya hecho su fortuna con la plata del Estado en perjuicio de todos las y los argentinos.

Pero, vayamos a ejemplos concretos: la fortuna del emporio Macri se fundó durante la última dictadura militar, gracias a dos mecanismos económicos: seguro de cambio y estatización de la deuda privada. El seguro de cambió consistía en que las empresas podían tomar deuda en el exterior (supongamos a 2 pesos por dólar y, si a la hora de pagar el dólar había aumentado, la diferencia la pagaba el Estado). A principios de los años ochenta, las deudas eran impagables, y para evitar la quiebra de los grupos económicos, descargaron la responsabilidad de pago sobre la sociedad estatizando la deuda.

Así, los empresarios quedaron ricos, muy ricos y el pueblo con desocupación, pobreza, menos presupuesto de salud y educación. Luego llegó el default durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue negociado en el Plan Brady durante el primer mandato de Carlos Menem, que derivó en el Megacanje y el Blindaje en el gobierno de Fernando de la Rúa, que provocó más ajuste, más pobreza, más desocupación y el estallido del 2001.

Y entonces, volvemos a la hegemonía: es decir, la idea por la cual si las leyes benefician exclusivamente a la minoría dueña del capital y de los medios de producción, se trata de sacrificios necesarios que las y los trabajadores deben hacer para que haya un futuro mejor (que siempre es mejor para los empresarios). De esa manera, las y los trabajadores siguen padeciendo tanto las bajas de sueldos, los despidos como la obligación de pagar los impuestos “con alegría”, porque de esa manera “va a ser beneficioso para todos, porque se van a poder terminar caminos, hacer cloacas, y llenar de policías la provincia de Buenos Aires” (para citar ejemplos). Pero, por otro lado y de manera hipócrita, manejan cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos, como es el caso de Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los mandatos de Mauricio Macri. Sin embargo, a la hora de dar explicaciones, Grindetti se encierra en su oficina con los concejales para explicarles (sólo a ellos) qué pasó y se niega a participar de la audiencia pública ante el Concejo Deliberante.

Sea que roben desde la función pública o se beneficien del Estado porque tienen amigos en el poder, el pueblo siempre paga las consecuencias. Si nos escandaliza el Lázaro de Cristina Fernández, nos tiene que escandalizar  el Nicolás Caputo de Macri. Si festejamos que Jaime esté preso, debemos pedir que Niembro devuelva la plata y sea investigado.

Queda claro que la doble moral de “las y los soldados” –que antes obedecían debidamente y de los actuales espectadores que consumen la política que les vende el marketing– es la garantía para el permanente saqueo y destrucción la calidad de vida del pueblo trabajador.

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