Por María Eugenia Waldhüter

Ayer, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, compareció ante la Asamblea de Juicio Político en su contra para investigar los hechos de corrupción que lo involucran. Estaba previsto que el próximo sábado, el Parlamento votara en favor o en contra de su destitución; sin embargo, a las 5 de la mañana emitió el Decreto 740 por el que activó la facultad conocida como “Muerte Cruzada” y resolvió disolver la Asamblea Legislativa y ordenar la militarización de las calles. Alejandra Santillana Ortiz, investigadora e integrante de Ruda Colectiva Feminista, se refirió al contexto de las últimas horas en el Ecuador. 

¿Qué implica el recurso de “Muerte Cruzada” por parte del Ejecutivo?

La “muerte cruzada” es un mecanismo que puede utilizar tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en momentos de crisis y de conmoción interna. Recordemos que en junio del 2022, la Asamblea Nacional convocó a un proceso de “muerte cruzada” para destituir al presidente Guillermo Lasso, sin embargo, no hubo los votos necesarios y la Asamblea sólo tiene una oportunidad de hacerlo en este periodo. El presidente ahora está utilizando ese mecanismo que es constitucional, pero se está debatiendo el carácter de los argumentos del decreto, porque no hay conmoción ni crisis interna que amerite una “muerte cruzada”, solamente un juicio político. La “muerte cruzada” implica la disolución de la Asamblea, gobierno por decreto y llamar anticipadamente a las elecciones.

En función de esto, ¿se puede interpretar este recurso impuesto por Lasso como un golpe de Estado? 

Esto es más parecido a un autogolpe, es decir, que en un contexto donde probablemente estaban los votos para la destitución del presidente, él activó el mecanismo de “muerte cruzada” que le permite que no lo destituyan inmediatamente y gobernar por decreto. Esto puede ser leído como un autogolpe en Ecuador, que además tiene respaldo de las Fuerzas Armadas, y esto es muy grave para un proceso democrático.

Que las Fuerzas Armadas respalden al presidente y que además, se haya activado semanas atrás el decreto 730, que fortalece, profundiza y endurece la persecución, ya que varios funcionarios nos han dicho que terroristas son quienes intenten desestabilizar el orden, entonces ahí están los narcos y sicarios, pero también los movimientos sociales y toda la gente que le dé la gana poner. Entonces, hay algunos espacios que están considerando esto como un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el mecanismo está contemplado constitucionalmente, pero con el problema de que no habría causales reales y constitucionales para aplicar la muerte cruzada.

Después del Paro Nacional de 2022 al que hiciste referencia y también considerando el rol clave que juega la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ¿qué se puede esperar que suceda con los pueblos y las diferentes organizaciones sociales? 

A partir de esto creo que es fundamental escuchar el pronunciamiento de la CONAIE que tienen Consejo Ampliado, Consejo Extraordinario, Consejo de Gobierno, Consejo Político, reunión con el conjunto de asambleístas de Pachakutik y a partir de eso tendremos mucha más claridad de qué es lo que propone la CONAIE en un contexto tan complicado. 

Efectivamente, nos libramos de un presidente banquero, neoliberal, poco empático con la situación del pueblo que nos ha traído todas las violencias posibles. Sí, se puede celebrar eso, pero al mismo tiempo el gobierno por decreto profundiza el paquete neoliberal, el ajuste estructural y la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y obviamente, el proceso de acumulación de ciertos grupos económicos vinculados sobre todo a la banca, al capital financiero y al mundo agroexportador. Sin embargo, también es un escenario muy complejo para el campo popular organizado, precisamente por el Decreto 730, pero también porque significa nuevamente entrar a una serie de discusiones en clave electoral. Sabemos que por la experiencia del Perú y otras, que cuando se activan este tipo de escenarios, las maquinarias electorales tienen muchas más posibilidades de funcionar que las organizaciones sociales que requieren más tiempo de debate y de acuerdo interno. 

Entonces, en un contexto en donde se llama a elecciones en 90 días, es muy difícil que el campo popular pueda articular, aunque tal vez sí es necesario juntarse, reactivar la Asamblea del Poder Popular convocada por la CONAIE y de las organizaciones que estuvieron en el Paro. Sabemos que hay otras fuerzas políticas que están llamando a un gran acuerdo nacional, habrá que esperar en las siguientes horas qué es lo que se puede hacer, pero en todo caso éste es un escenario muy complejo y recordemos que, además, es uno donde se tienen que lanzar y que se tienen que dar dos consultas que son fundamentales ya que en un escenario electoral de elección presidencial y asamblearias también están sobre la palestra las consultas ecologistas y fundamentales para este país.

Una es la consulta por el Yasuní, que lleva 10 años de una lucha colectiva desde los pueblos y nacionalidades amazónicas que defienden los territorios de la expansión petrolera, y que nos está preguntando si queremos o no dejar el petróleo bajo tierra. Es una consulta que fue ganada hace una semana ya que finalmente, tenemos la posibilidad de que todo el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor o en contra de la consulta y que pongamos en debate la discusión del extractivismo a nivel nacional y de la dependencia petrolera, del modelo injusto y desigual para los territorios, ya que, a pesar de que tenemos petróleo, que sea o más o menos caro o que tengamos más o menos renta extractiva, los problemas del país no se han resuelto y se ha seguido deteriorando territorios. Y la otra consulta es local, de Quito sin minería, en donde también nos tienen que preguntar si estamos de acuerdo o no con que se prohíba la minería y a las distintas escalas. Esas dos consultas son también parte de la coyuntura política y nos pueden dar algo de esperanza en este momento.

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Por Revista Ñawpa Foto Andrés Camacho

Jaime Duran Barba, el gurú en estrategia electoral de los partidos de derecha latinoamericanos, en una entrevista televisiva asegura que “el discurso antiguo (en referencia a las grandes narrativas) caducó, [a la gente] no le interesa”. Guillermo Lasso, fiel a su asesor de campaña, plantea la consulta popular como una guerra entre buenos y malos, entre los que quieren acabar con la delincuencia y quienes defienden a los narcotraficantes. Este discurso sencillo, pero claro, no explica nada sobre las implicaciones de las ocho preguntas y menos sus anexos, pero crea adhesiones y simpatías. Entonces, ¿Qué quiere mostrar y qué quiere ocultar el gobierno sobre la consulta popular del 5 de febrero?

Desde esta perspectiva simplificadora de la realidad para hacerle emocionalmente asequible a la gente, el gobierno de Lasso reduce las ocho preguntas, sobre todo los anexos, a tres temas sensibles: la seguridad, la independencia de la Fiscalía y la reducción del número de asambleístas. En estos temas no es muy difícil arrancar un SI, sobre todo si se depende únicamente de una lectura rápida o detenida, sin ningún contexto y ocultando los anexos, el SI puede ser visto como algo lógico, obvio. 

La derecha no busca la reflexión, el conocimiento de la realidad, busca encausar el sentimiento de miedo y desesperanza extendido de la gente, producto de las duras consecuencias de la crisis económica, política y la violencia del crimen organizado, hacia respuestas espontaneas e inmediatas, y eso es lo que quiere conseguir con ese discurso simple pero efectivo. 

¿Esta estrategia discursiva se limita a ganar la consulta? Todo indica a que no. Todas las encuestas evidencian que el gobierno y los candidatos de su partido político CREO se aprestan a sufrir una fuerte derrota, que, sumado a su poco espacio de maniobra política en la Asamblea, en adelante le resultaría sumamente difícil implementar todo su plan, al menos como lo tenía proyectado inicialmente. Con la consulta popular busca dos cosas inmediatas: desplazar el escenario electoral hacia el terreno donde el gobierno puede imponer el debate; y, en caso de ganar la consulta, minimizar su derrota electoral y con eso sostener y avanzar en la implementación de su proyecto neoliberal, particularmente en lo referente a privatizaciones y firmas de TLCs ya anunciados. 

En los debates de los candidatos a los distintos niveles de autoridad local se pudo ver algo de eso. Los candidatos se detuvieron más en uno de los temas de la consulta: la seguridad. Sin ningún intento por definir y caracterizar este fenómeno se dedicaron a emitir propuestas demagógicas e incluso folclóricas, como eso de un “Plan Bukele”. El gobierno, en medio de una gran derrota, logra imponer agenda. 

En política generalmente ni las derrotas ni los triunfos suelen ser absolutos y menos permanentes. En medio del posible triunfo del gobierno con la consulta popular, puede  abrir al mismo tiempo el espacio para una nueva derrota: ninguna de las preguntas, así lo certifican sus anexos, es una respuesta efectiva a los problemas que promete resolver, sobre todo el de la seguridad, la independencia de la Fiscalía y la mejora de la representatividad de la Asamblea Nacional. 

La extradición de los narcotraficantes no ha logrado eliminar el negocio de las drogas ni la violencia producto de ella, así podemos ver en dos de los países que aplican esta medida desde hace décadas atrás: México y Colombia. Incluso si se aplicara la extradición al día siguiente de ser aprobada la consulta, el gobierno no podrá enviar a los delincuentes masivamente, no se puede entregar presos a discreción sino únicamente a los que el país destinatario solicite y luego de un extenso proceso judicial y administrativo. 

Respecto de la disminución del número de asambleístas, dada la metodología contenida en el anexo correspondiente, las representaciones provinciales serán disminuidas, menos de las dos principales: Pichincha (Quito) y Guayas (Guayaquil). Esto en nada mejorará la calidad de la Asamblea y de los asambleístas. Lo único cierto es que se volverá a concentrar la representación en Quito y Guayaquil. Esto más temprano que tarde, en lugar de traer calma, reforzará la conflictividad social política, con lo que el triunfo del gobierno puede convertirse en derrota. Pero para que esto sea posible es necesario que los sectores opuestos al neoliberalismo y al gobierno tengan capacidad de respuesta. 

Otro de los objetivos inmediatos del gobierno con la consulta popular es concentrar el poder en sus manos, incluso más de lo que hizo el correísmo. Según los anexos, todas las preguntas necesitan una reforma de la Constitución o de la Ley correspondiente, los plazos se extienden hasta un año, con posibilidades de prórrogas, mientras esto suceda, el gobierno puede gobernar mediante Decretos, incluso con Acuerdos ministeriales; es decir, Guillermo Lasso por fin podrá gobernar sin la Asamblea, o lo que es lo mismo, sin ningún contrapeso. 

Como podemos ver, Lasso no solo busca “lavarse la cara” sino evitar una derrota electoral inminente y sobre todo concertar poder y blindarse legal e institucionalmente para poder gobernar a pesar del poco apoyo social que tiene. 

Por lo dicho, las organizaciones sociales, necesariamente tienen que tener las elecciones y el NO en la consulta popular como parte de su estrategia en esta coyuntura. Pero quienes se inscribieron en el CNE para la campaña por el NO en la consulta popular fueron muy pocos, solo lo hicieron el Movimiento Revolución Ciudadana, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y la UGTE. Ninguna organización del movimiento indígena está, y eso es un grave error. 

Pese a lo anterior, lo positivo es que la gran mayoría de las organizaciones y movimientos sociales se han pronunciado por el NO general a la consulta popular. Para el campo popular, particularmente para el movimiento indígena y Pachakutik un posible triunfo electoral va estar ligado al resultado de la consulta popular. Esto les obliga a tener una estrategia a dos bandas. Si Pachakutik logra tener buenos resultados electorales, que al parecer es muy posible, puede verse empañada con el triunfo del SI en la consulta. 

Por todo esto, la estrategia debe ser amplia y más allá de la coyuntura, ya que la disputa política estará presente con otra dinámica al día siguiente de culminada las elecciones. Para eso es fundamental la unidad, esa es la gran tarea la dirección de las organizaciones sociales, sobre todo del movimiento indígena.  

Originalmente publicado por Revista Ñawpa

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Por Camila Parodi 

Este domingo, Perú realizará elecciones presidenciales a pesar de una evidente pérdida de legitimidad del régimen político y la tibia emergencia de un proceso constituyente popular al estilo Chile. Por su parte, en Ecuador, se realizará la segunda vuelta electoral, que definirá si el progresismo correista vuelve a la presidencia o si se continúa el camino neoliberal. Son dos países caminando entre la supervivencia ante la pandemia, las limitaciones de las democracias y la esperanza popular y feminista que no calla. En Marcha y FM La Tribu abrimos el #bunker y nos seguimos preguntando, ¿las liberaciones de los pueblos, caben en las urnas?

Perú: con 18 listas reina la indecisión 

Como decíamos, el próximo domingo se realizan las elecciones presidenciales en el país andino. Este evento, acontece en un contexto complejo que se entrelaza entre la reciente precarización de la vida acentuada por la pandemia por COVID 19 con la histórica crisis de representación política. Es por ese motivo que el actual escenario electoral se caracteriza por una preocupante fragmentación del sistema partidario que, con 18 listas, se disputan al día de hoy las migajas de votos donde quien concentra mayor cantidad en intención de votos no llega a superar el 10% con un empate casi técnico entre 6 de las y los candidatos. Si bien este contexto nos habla de un proceso tan abierto como incierto lo único seguro es que habrá ballotage. 

En las elecciones presidenciales anteriores, realizadas  en el año 2016, decíamos que en Perú “no había esperanzas de  cambio”, hoy nos preguntamos si hubo algún cambio para caracterizar el actual contexto. Ciertamente el escenario es otro –y no nos referimos solamente al impacto provocado por la pandemia mundial por COVID 19 que actualiza en esta nota TeleSur– sino también a la generalización del sentimiento de rabia e indignación popular ante el descreimiento del sistema político y económico heredero del fujimorismo. Antes de continuar con lo que veníamos hablando es importante recordar quién es y qué hizo Alberto Fujimori en Perú hacia finales del siglo XX, para eso les recomiendo que se chusmeen este trabajo realizado por nuestro compañero Tadeo Bourbon  sobre la “esterilización forzada” de más de 270 mil mujeres y 22 mil varones como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Claro que nos referimos a una política dirigida mayoritariamente a la población indígena y campesina, por ende nos habla de un plan de exterminio racista y machista.

Siguiendo con el tema, esta situación llegó a su cúspide tras las manifestaciones realizadas durante el mes de noviembre del año 2020 donde desfilaron tres presidentes con el objetivo de mantener control frente a la demanda de una constituyente exigida por el pueblo peruano como comunicamos en esta nota. Y ya que estamos, en esta otra nota también, compartimos la experiencia del movimiento feminista para sacar a Merino del poder manteniendo el cuidado del pueblo ante la represión. Sin embargo, no todo es descontento y organización popular en Perú, es evidente el alto número de indecisos e indecisas ante las 18 listas presentadas y nos habla de un correlato histórico de crisis política e institucional difícil de saldar ¿será que sus proyectos no se centran en las prioridades del pueblo? Veamos qué proponen sus algunos/as de sus candidatos/as:

• Yonhy Lescano:  Fue congresista de la república en representación la provincia de Puno y, posteriormente, de Lima Metropolitana de forma que tiene unos 18 años como parlamentario. En su actual lista, que por ahora encabeza las encuestas, se presenta como parte del partido “Acción Popular” el mismo que representó por escasos cinco días el ex presidente Manuel Merino durante el estallido de noviembre pasado. A lo largo de la campaña ha sido enfático en que, de llegar a la Presidencia, exigirá el pago de más tributos a las grandes empresas mineras y que le dará un respiro tributario a los micro y pequeño empresarios, creando un fondo de apoyo empresarial. Del mismo modo advirtió que utilizará a las Fuerzas Armadas para “poner control en las calles”. Todo indica que se propone como candidato camaleón con proyectos ambiguos que alternan entre enunciados progresistas y conservadores para llegar a una mayor audiencia. 
• Keiko Fujimori: Posiblemente ya habremos dicho todo lo que pensamos y conocemos sobre la hija del expresidente de Perú condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Fue diputada y en el año 2016 se disputó la presidencia en segunda vuelta con Kuczynski, desde ese entonces cuenta con un proceso judicial por implicación en el caso Lava Jato por lavado de dinero para su campaña y actualmente se propone defender la constitución creada por el gobierno de su padre en 1993. Esta nota la escribimos con Laura Salomé Canteros sobre el rol de Keiko Fujimori en las elecciones 2016 y habla del contexto adverso que podría implicar para los derechos de las mujeres y las personas del colectivo lgttbiq+ en ese momento como ahora.
• Veronika Mendoza. En ella están puestas todas las fichas del progresismo peruano. Su perfil es disruptivo frente a los dinosaurios conocidos: es feminista, jóven y antropóloga. En el año 2011 fue electa diputada y en las elecciones de 2016 llegó al tercer lugar. Veronika junto a su equipo -compuesto por diferentes activistas y lideresas de perfiles muy interesantes- propone realizar la reforma de la Constitución tal como lo manifestaron las y los peruanos durante protestas del año pasado.

Ecuador: correísmo o anti correísmo es (otra vez) la cuestión

Como decíamos, ese mismo domingo Ecuador define en ballotage a su próximo presidente. En este evento se enfrentan el consevador Guillermo Lasso contra el heredero del correísmo, Andrés Arauz. El tercer candidato en disputa -recordarán que fuimos contando voto a voto esta elección- fue Yaku Pérez de Pachakuti quien si bien se arrogó la representación del movimiento indígena como si éste fuera homogéneo y sin tensiones, evidenció un importante voto popular, indígena y anti extractivista en oposición a las políticas del correísmo, rompiendo con el conocido binarismo entre oligarquía y progresismo en Ecuador.  

Al respecto, hace unas semanas hablamos largo y tendido con la investigadora feminista e integrante de la Colectiva Ruda, Alejandra Santillana que nos propuso este “Ecuador para principiantes”. Ante el nuevo escenario, volvimos a hablar con Alejandra en una suerte de “Bonus Track” y nos comentó que “estamos nuevamente en un escenario de polarización donde la posibilidad de salirse del correísmo/anticorreismo se ve truncada”. Sobre esto, explica la investigadora que  parte del movimiento indígena, organizaciones sociales y feministas llaman a votar nulo como propuesta ideológica para “reafirmar que el proyecto del campo popular organizado no es ni la derecha neoliberal ni el progresismo populista”. 

Si bien no creemos en las estadísticas ni en los poroteos, vale aclarar que existe una ventaja para Arauz con una posibilidad de 10 puntos sobre Lasso en algunas de las encuestadoras, aunque otras se muestran con menos seguridad y atinan un resultado más ajustado. Otra vez, como en Perú, el alto número de indecisos/as así como la decisión política del voto nulo impulsada por los movimientos populares aparece como factor sorpresa sin posibilidad de asegurar certezas.

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