Por Agustín Bontempo

Luego de que se postergue en varias oportunidades, finalmente se cumplió el plazo determinado por la justicia para que el gobierno provincial avance en el desalojo de la toma de Guernica.

Desde hace alrededor de tres meses, 2500 familias se alojaron en un sector del sur del conurbano bonaerense, como una medida extrema ante la crisis que pega cada vez más fuerte. Sin vivienda digna ni empleo formal, vivir se hace cada vez más complicado. Frente a un déficit habitacional que se agrave, el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof solo ofrece como solución un desalojo forzoso que, en caso de concretarse, estará a cargo de Sergio Berni y 4 mil efectivos policiales.

En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 1500 villas y asentamientos donde viven aproximadamente 1.500.000 personas. Que en este contexto de agudización de la crisis, la respuesta no puede ser un desalojo.

En el marco del especial “¿Quién defiende a lxs defensorxs”, en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo – Oficina Cono Sur, entrevistamos a Yamila Rodríguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas del barrio, que nos habla de la situación aunque también de la importancia de la organización.

-Vos integras la Coordinación en el reclamo por vivienda digna en Guernica, ¿cómo se formó y con qué objetivos?

-Soy una de las delegadas generales del predio junto con otros tres o cuatro compañeres. La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas.

Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. También funciona la asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez, entre otras cosas.

-¿Cuál era la situación en materia de vivienda en la que se encontraban las 2500 familias antes de la toma?

-La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores y trabajadoras que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta situación, nos quedamos sin trabajo ya que en otros casos éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos y muchas quedaron en situación de calle en ese momento, la urgencia conllevó esta situación.

-¿Cómo se vienen organizando las y los vecinos en la toma y cuál es el rol de las organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando el reclamo?

-Nos venimos organizando justamente de manera asamblearia y con cuerpos de delegados y delegadas, responsables de diferentes tareas.

Las organizaciones tanto sociales como políticas vienen acompañando este reclamo desde los primeros días. Ellos y ellas se acercaron luego de que muchos y muchas vecinas que participaban de sus organizaciones llegaron a comentar de lo que estaba pasando en el predio y cómo venía la situación judicial y se preocuparon. Ahí  ingresan las organizaciones en su rol que en este momento es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa.

-¿Más allá de las novedades que se pueden leer en los medios, ¿cuál es el vínculo que vienen construyendo con el gobierno? ¿Creen que le interesa resolver el problema en favor de las y los vecinos?

-El vínculo que venimos construyendo con el gobierno fue prácticamente nulo en este tiempo que estuvimos dentro del predio, más teniendo en cuenta que la única opción que tenían y tienen es el desalojo. Esto es bastante inminente. Desde día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución.

Estos días fueron de bastante discusión por su intervención ya que hemos sido amenazados de que si no nos vamos seremos judicializado, algo que ya sabemos desde el día uno, pero ellos cuando llegaron vinieron con esa propuesta de que nadie va a ser judicializade y acá estamos. Están queriendo dividir a las familias, más teniendo en cuenta de que temas como, según ellos, la heterogeneidad corre un poco el eje de que si le das un bolsón de mercadería o 50 mil pesos a la familia, le solucionas todo el problema habitacional. Yo la verdad que disiento en esa cuestión ya que las mismas familias deciden quedarse o irse. Nosotros simplemente somos voceras y voceros que damos a conocer esta posición. Nosotros no decidimos por nadie. Están manejándose de forma bastante de prepo con las familias y eso genera un poco de rupturas en el diálogo entre las dos partes.

-¿Cómo crees que se resolverá la situación y cuáles son los riesgos del desalojo?

-La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso.

Nosotros tenemos un grupo de compas que están colaborando, son quienes están en la parte urbanización, el cual nos comentan de que una solución real puede haber pero bueno, ellos no la proponen y no tienen intención de escucharla. Hay leyes que amparan este tipo de soluciones, como una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios que nos den una posibilidad, la compra de algunos de los predios. Algo así llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio.

Obviamente, es una problemática habitacional. Acá estamos en un complejo de situaciones bastante extenso, pero peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando.

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Por Agustín Bontempo / Foto por Germán Romeo Pena

La situación en la Argentina previo a la llegada de la pandemia es, en términos sociales y económicos, de una escala similar a los efectos del virus. Cada persona que habita estas tierras tuvo que torearse con las políticas destructivas del gobierno de Mauricio Macri. Millones de empleos que se perdieron, miles de PyMES que cerraron sus puertas, escalada inflacionaria constante (en 2019, cerró con el 53,8%, siendo la más alta desde 1991) y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores que, cada vez más, vieron cómo sus salarios caían derrotados mes a mes sin siquiera poder cubrir sus necesidades básicas.

Cambiemos, la coalición que gobernó los cuatro años precedentes a la pandemia, intentó generar una transformación estructural en nuestro país que iba de lo económico, político y social hasta lo cultural. El discurso de la meritocracia como único camino de desarrollo, era el estandarte para poder avanzar en reformas como la previsional y la laboral, enfrentadas en las calles por levantamientos populares en cada rincón del país, con alternancia de resultados. Sin embargo, la perseverante debilidad política de un gobierno que fracasó en cada intento de imponer su modelo, iba acumulando derrotas tras derrotas que llevaban al país hacia un abismo inexorable. Y esa caída se inició a finales de 2017, poco después de una victoria electoral importante pero con un envalentonamiento en las urnas que no pudo traducirse en el resto de los escenarios.

Las recordadas jornadas del 18 y 19 de diciembre de aquel año que se vivieron como una pueblada que ponía un freno al ajuste macrista, coincidieron con el agotamiento de un modelo económico liberal que ponía de rodillas al país, nuevamente, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La historia que siguió es bien conocida. Endeudamiento a 100 años, rifando el futuro de varias generaciones y el retorno obsceno de una bicicleta financiera que fugó de nuestro país casi 90 mil millones de dólares. Este monto sería que suficiente para paliar los efectos de la crisis actual, al mismo tiempo de ir resolviendo cuestiones estructurales ,como las que aquí más nos interesa: la vivienda, la educación y la salud.

La herencia eterna

Los años pasan y hay cada vez más gente sin techo y casas sin gente. En innumerables oportunidades hemos hablado del creciente negocio inmobiliario, sustentado en un fuerte mercado de especulación, al mismo tiempo que las personas se agolpan en las villas o en las calles de a miles y millones.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2018, Argentina ya acumulaba 4288 barrios populares o asentamientos. En la actualidad, esa cifra ya asciende a 4416, es decir, casi 200 villas y asentamientos más en el país en apenas 2 años.

Hablar de condiciones de hábitat no debe ser una tarea sencilla. Hablamos de millones de personas que viven hacinadas, en espacios reducidos y sin servicios básicos como agua potable, gas natural o servicio eléctrico.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 38 villas o asentamientos, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Allí viven más de 300 mil personas, según datos del IVC, CELS y ACIJ, así como también más de 7000 personas están en situación de calle. Hablamos de familias enteras, niños y niñas, adultos mayores, que transitan su vida entre el barro, con un Estado que garantiza su presencia por la ausencia misma.

Sin embargo, la obscenidad de la desigualdad se traduce en que: mientras vemos el escenario en la ciudad más rica del país, allí mismo alrededor de 140 mil viviendas se encuentran vacías. Estas podrían albergar al menos a 560 mil personas, es decir, a toda la población que vive en villas, asentamientos, en la calle y aún queda resto.

La Provincia de Buenos Aires, foco de la crisis habitacional recrudecida durante esta pandemia, no se queda atrás. De acuerdo al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, en 2018 a lo largo de todo el territorio provincial había 1584 villas o asentamientos. De ese total, 981 se encontraban en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, con alrededor de 350 mil familias viviendo en estos barrios, es decir, casi 1.500.000 personas. Una catástrofe. Solo imaginemos lo que puede implicar hacer cuarentena para estos millones de habitantes, que su día a día es de precariedad habitacional, con empleos irregulares o directamente desempleados.

En materia de educación, la pandemia permitió destacar tanto el rol de las instituciones educativas como el carácter esencial de las telecomunicaciones, el acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a internet.

La gestión macrista no hizo más que profundizar la precariedad del sistema. Desde las viandas escolares de miseria en CABA hasta el desguace en infraestructura en Provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, la explosión en una escuela de Moreno que se cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodruíguez, pasando por la implementación de la UNICABA, las paritarias de miseria, la persecución constante.

Sobre ese terreno, el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó algunas medidas para poder sobrellevar la cuarentena: licencias para las y los trabajadores que tengan hijes menores y que sus instituciones educativas estén cerradas, la promoción de planes y estrategias para seguir el ritmo pedagógico desde los hogares (con una repercusión invaluable en el trabajo docente), el acompañamiento con el IFE para las millones de familias de bajos recursos (recordemos que, según el INDEC, la pobreza en Argentina asciende al 40,9% llegando a ser en los menores de 14 más del 52%), entre otras.

En este escenario, una medida trascendental que tomó el gobierno fue la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690/20 que declaró como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión paga. En sí mismo, este DNUadquiere suma importancia en un país donde la baja regulación hace que los servicios tengan valores de lujo con prestaciones sumamente precarias. Son herramientas importantes tanto para que las y los adultos lleven adelante tareas remotas, como para que les niñes puedan seguir su proceso pedagógico.

Para dimensionar este panorama, es importante resaltar los datos: de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el último trimestre de 2019, casi el 40% de los hogares en el país no tenían acceso a computadoras y un 17% no tenía acceso a internet (incluyendo el acceso móvil). De acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para el segundo trimestre de 2020 la cifra de hogares sin acceso a internet de ningún tipo ascendió al 36%, es decir, se duplicó en 6 meses. La situación económica es una de las grandes razones y por eso el DNU 690/20 que, entre otras cosas, prohibió los aumentos de tarifa y promovió la suspensión de cortes, es central.

Finalmente, la salud. Con la llegada de la pandemia a la Argentina se puso de relevancia el rol del conjunto de las y los trabajadores de salud en cualquiera de sus roles. Los aplausos invadieron las calles y la sociedad se animaba a reconocer que ante cada reclamo del sector por mejor infraestructura, condiciones de trabajo y salarios, requerían del apoyo de toda la sociedad.

El sistema de salud pública se encontró con el COVID19 con un escenario adverso. El gobierno saliente había degradado el Ministerio en una Secretaría en el lapso 2015-2019; el presupuesto se subejecutó en un 22%, según los informes del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todo estaba perdido. En consonancia con los lineamientos generales del macrismo, la industria farmacológica en nuestro país tuvo un crecimiento en sus arcas económicas de casi el 12% -industria que, por supuesto, también es una de las grandes ganadoras en la pandemia-.  Un buen ejemplo de esto es que, en 2018, mientras se profundizó la crisis que afectaba a los sectores populares, Alberto Roemmers (dueño del laboratorio homónimo), tuvo ganancias por más de mil millones de pesos gracias al guiño gubernamental que le permitió aumentar sus productos en un 87%, más del doble que la inflación.

Todas estas situaciones suelen verse agravadas para las y los migrantes, que no solamente deben lidiar con la estigmatización de algunos sectores de la sociedad, sino que muchas veces las mismas instituciones vulneran sus derechos. Un ejemplo claro de esto es la lucha, ya de largo aliento, frente al DNU N° 70/17 firmado por Macri y que se mantiene vigente, precarizando la situación de las y los migrantes (por supuesto que no de cualquier nacionalidad), habilitando la posibilidad de expulsiones arbitrarias de nuestros país.

Como se puede observar, el panorama a lo largo y ancho del territorio es adverso. Las condiciones estructurales nos invitan a preocuparnos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, allí donde el Estado no llega y los sectores privados intentan descargar sus crisis, aparecen las y los defensorxs, las organizaciones que se plantan en la primera línea y luchan día a día, codo a codo, por un mundo más justo. Hacia estas experiencias nos dirigimos.

La vivienda es un derecho

Cuando se decretó la cuarentena en todo el territorio nacional, y gracias a un nivel de acatamiento elevado, el aislamiento en los hogares daba sus resultados, manteniendo niveles de contagios y muertes sumamente bajos mientras en otros lugares del mundo la situación se agravaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ponía en escena una realidad que no aparecía en los medios: la situación en los barrios populares. Aquellos lugares donde quedarse en casa no era opción, ya sea por las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de un techo, la necesidad de salir a buscar el plato de comida. En aquella oportunidad, pudimos retratar la pandemia desde el pie, esas vivencias y batallas en los barrios, donde el COVID empezaba a diseminarse, elevando las tasas de contagios y llevándose la vida de decenas de villeros y villeras, luchadoras y luchadores como Ramona Medina o Agustín Navarro, referentes de la lucha por igualdad y vivienda digna en Villa 31. Pero pasaba también en la 1-11-14 de Bajo Flores, con reacciones ineficaces del gobierno porteño, siempre tan ajeno a las necesidades de los sectores populares.

La situación escaló a un pico insólito cuando se conoció lo acontecido en Villa Azul, un barrio del conurbano bonaerense, dependiente de Avellaneda y Quilmes. Según datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires  (2018), en el barrio vivían 3128 personas en 837 casas (un promedio de casi cuatro personas por hogar) y se estima que, para este año, la población es de casi el doble. A finales de mayo, el COVID se hizo presente, llegando a infectar a casi 350 personas en un lugar donde, como se advierte, las condiciones no eran las mejores para hacer una cuarentena estricta y saludable.

En aquella oportunidad, el gobierno provincial, de la mano de Sergio Berni, dispuso un cierre absoluto del barrio por dos semanas, medida sanitaria discutible en términos de efectividad pero que contrastaba con, por ejemplo, los brotes que se veían en los barrios adinerados de la Capital Federal e incluso de la misma provincia.

Villa Azul fue la antesala del conflicto que hoy está en todos los medios: la toma de Guernica. Allí se sintetiza el verdadero efecto de una crisis que golpea a los sectores más vulnerables.

Yamila Rodriguez, integrante de la Coordinación de Delegados y Delegadas de Guernica, nos dijo que “La situación en la que nos encontrábamos en su mayoría es que éramos trabajadores que a partir de la pandemia y la crisis económica agravada por esta pandemia, nos quedamos sin trabajo, ya que éramos trabajadores precarizados y alquilábamos. Muchos quedaron en situación de calle. En ese momento, la urgencia conllevó esta situación”. Son alrededor de 2500 familias, casi 10 mil personas luchando por vivienda digna.

La empatía debería convocar a toda la población. No es una situación entre quienes pagan impuestos frente a quienes no. Hablamos de personas en situación de suma vulnerabilidad que nos enseñan la necesidad de organizarse para ir a la conquista de derechos. “La verdad es que se formó un poco a los topetazos, más teniendo en cuenta de que esto no fue planificado, nos conocimos todos y todas ahí en el predio y bueno fuimos formando un poco lo que es el cuerpo de delegados y delegadas. Cada manzana tiene sus delegados, cada barrio tiene su delegado general, que somos cuatro. Tienen ahí asamblea feminista, coordinación de salud y de niñez también, entre otras cosas”.

A la lucha de las y los vecinos, se suma la solidaridad de quienes día a día batallan por un mundo más justo. Yamila nos cuenta que “Ahí  ingresan las organizaciones (sociales y políticas) en su rol en este momento que es de acompañamiento y de brindarnos un apoyo real del cual carecemos por parte del Estado, más teniendo en cuenta que son quienes nos acompañan y están con los abogados. Estamos haciendo una coordinación conjunta, en toda reunión con las organizaciones estamos presentes los delegados y delegadas generales y quien quiera participar de forma más activa”.

La toma en Guernica lleva más de 70 días. En ese tiempo, hubo prórrogas judiciales ante la posibilidad de desalojo. El gobierno de Axel Kicillof presentó un plan de vivienda que apuntaría al abordaje estructural del déficit habitacional en la provincia, aunque en lo concreto, Yamila asegura que “Desde el día cero lo único que proponen es el desalojo. Hace unos 20 días hizo una intervención formal el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de provincia, quienes proponen un desalojo pacífico. Yo la verdad que, a mi criterio, no tengo memoria de ver jamás un desalojo pacífico. No hay propuestas reales y concretas que impliquen de que si nos retiramos de ahí, de forma pacífica, vamos a tener una respuesta inmediata, nos van a poner en una base de datos que supone vamos a tener en algún momento una solución”.

Las y los delegados, las y los vecinos organizados, sí tienen una alternativa, una solución definitiva. “La verdad que la única solución que encontramos nosotros es tierra por tierra ya que si prima la propiedad, la falsa propiedad privada, porque la verdad que sí ellos como Estado no hacen respetar la ley y únicamente judicializan y criminalizan al pobre, a quién no tiene la posibilidad, el gobierno popular del que tanto hablan es bastante falso”, afirmó Yamila, y luego cerró: “Hay leyes que amparan este tipo de soluciones que es una ley de expropiación, con negocios inmobiliarios del 10%, la compra de algunos de los predios el cual llevaría a poder solucionar la totalidad de la situación de las familias en el predio. Acá estamos en un complejo de situaciones problemáticas bastante extenso, pero acá estamos peleando por la tierra y es lo que no se nos está solucionando”.

Educar para transformar

Hay dos noticias que recorren los medios masivos de comunicación en relación a la educación. Uno de ellos, es la presión en varios puntos del país por un retorno paulatino a las aulas, como si la comunidad científica no hubiese dado ejemplos de sobras sobre la fácil propagación del virus mediante las y los niños, y más en esta coyuntura de máximo nivel de contagio diseminado en todo el país. La situación laboral de las y los adultos y el apuro empresarial por “abrir”, juegan un rol clave.

La segunda, más específica, tiene que ver con los 7 mil niños y niñas que en CABA se quedaron sin la posibilidad de continuar sus procesos pedagógicos por la falta de acceso a internet y/o soportes tecnológicos. Según un informe de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie – SOMOS-, en barrios populares, 82.5% de niñes no tienen acceso a internet y el 70% no cuenta con PC.  Si cruzamos este dato con las 300 mil personas que viven en estos barrios, cuesta entender quiénes son y de donde provienen las y los 7 mil niños, niñas y jóvenes. La primera reacción es que posiblemente sean muchos más.

El gobierno porteño rechazó la ayuda del gobierno nacional para acceder a dispositivos y conectividad, proponiendo solamente que mientras que los sectores de mayores recursos puedan continuar sus procesos pedagógicos desde la seguridad de sus hogares, los sectores empobrecidos debían ir a exponerse. Sin embargo, cuál es la cantidad real de personas en esta situación, sigue siendo un interrogante.

Paula Shabel, integrante de Aula Vereda, una organización que tiene un proyecto pedagógico con niños y niñas, nos dice que “Nosotres trabajamos con pibis en distintos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires y todes elles tienen sus derechos vulnerados desde que nacieron, todos los derechos. Pero me gustaría hablar especialmente de uno, que es la tierra, la vivienda. O porque viven en la villa, o porque viven en casas tomadas o porque viven en barrios periféricos cerca de ríos y aires contaminados, lo que le falta a les pibes es un espacio digno donde vivir”. Además, afirma que “A veces parece que los derechos de les pibis tiene que ver con estar en la escuela y el juego y la familia y claro que es todo eso, ahora vamos a hablar, pero la vida de cada pibi con el que laburamos está conectada a las variables macroeconómicas más globales, esas que se escriben difícil y siempre parece que están en otro lugar, pero no, están acá, encarnando esos cuerpos que viven la cotidianeidad de una pobreza estructural mientras las coyunturas pasan”.

La suspensión de las clases y la interrupción de continuar procesos pedagógicos tienen diversos problemas. “Ese espacio otro, diferente al de la lógica familiar, un lugar donde ver a otres y escuchar otras opiniones para después hacer la propia. Siempre decimos que cada vez que entra un docente al aula le está mostrando a les pibis todo un mundo nuevo, una forma posible de ser adulte y de relacionarse con otres y con el conocimiento. Todo eso no está, y les pibis están completamente subsumides a las dinámicas del hogar que son siempre adultas”.

Sin embargo, la adversidad cuenta con una respuesta organizada que trasciende las fronteras de la educación. “Lo primero que salió fue la urgencia por cubrir las necesidades alimentarias. Nosotres nunca habíamos dado comida, a lo sumo una merienda, pero no teníamos comedor, nuestro proyecto iba por otro lado. Pero de repente era tan importante. Siempre pensé que así se debía sentir un poco el 2001, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, chau, no hay análisis posible sobre eso, hay que resolverlo. Entonces armamos una campaña gigante de donaciones y desde el propio partido (Comunista) se distribuyeron algunas partidas, entonces nos empezó a entrar algo a AulaVereda y con eso articulamos con productores directos de acá y de allá, con la UTEP, la CTEP, la CTA y la UTT, siempre buscando los precios más baratos y las logísticas más razonables para llevar bolsones a las familias con las que trabajamos. Repartimos más de 200 por semana solo en capital”.

Además de garantizar el plato de comida y en el medio de tanta vorágine, Paula cuenta que “Entonces reinventamos todo, como siempre el campo popular sudaca tan creativo, tan capaz de todo con tan poco. Y nos empezamos a encargar del colegio. Por un lado a hacer tarea con les pibis, ayudarles en lo que no entendían, hacemos videollamada con cada une por materia o como haga falta […]. Algunes ni sabían dónde buscar las tareas, nunca habían enviado un mail en su vida y las familias son analfabetas, todo el sistema estaba hecho para que abandonen a los 3 días”.

Como advertíamos algunas líneas atrás, un porcentaje enorme de niños y niñas no tenían acceso a equipos y computadores, base sustancial para continuar sus procesos en esta coyuntura. “Hicimos otra campaña de donaciones enorme, de celus y tablets. Las recibíamos y las chequeaba un compañero que es programador, para entregar todo en las mejores condiciones”, cuenta Paula.

Las y los defensores de la educación nos hablan de sus compromisos integrales, que van desde las niñeces hasta la idea de poder transformarlo todo. “También empezó a funcionar un espacio de asamblea de niñas, que es un intercambio epistolar con las adolescentes, donde vamos laburando diferentes temas, ahora estamos preparando algo para lo que sería el encuentro plurinacional. Ahí salieron varias cuestiones de maltrato y abuso que seguimos acompañando. Lo importante siempre es acercarnos a las casas y verles la cara a les pibis, no perder eso, siempre saber cómo están elles, cómo están atravesando esos momentos, cuáles son sus miedos y sus deseos en medio de esta vorágine”.

Promover la salud organizada

Si bien el inicio de la pandemia y las medidas preventivas como la cuarentena permitieron dotar al sistema público de salud de varios recursos necesarios, la situación es cada vez más compleja. No solamente porque los recursos se van agotando, las camas de terapia intensiva se van llenando, sino porque las y los trabajadores del sistema sanitario colapsan ante tanta demanda y tan poco descanso, porque el sector privado de salud no juega roles destacados en apoyo a la comunidad. Y como ya hemos dicho, la pandemia golpea fuerte en los barrios.

En este marco, hablamos con Tamara Killsen, del equipo de Promotorxs de Salud del Frente Popular Darío Santillán de Lanus, quien nos dijo que “Además de la dificultad económica truncada por los despidos, por el no poder salir a changuear y no poder salir con el carro a juntar cartones, plásticos, botellas, cobre, para venderlo y hacer un mango, se juntaron otra situación que también fueron dificultando el poder quedarse en casa como una posibilidad ante los contagios. ¿En qué condiciones de salubridad e higiene me quedo en casa cuando tal vez comparto el espacio con otras familias, casas donde hay 4 familias conviviendo y comparten espacios en común, como el baño y la cocina”.

Por este motivo, entre tantos otros, Tamara comentó que “La propuesta de generar un grupo de promotoras y promotores de salud surge en este contexto pandémico -aunque era una idea que ya veníamos teniendo hace un tiempo-, cuando nos vemos en la necesidad de que exista un grupo que se encargue de hacer seguimiento de nuestros compañeros y compañeras que se fueron contagiando a medida que fueron pasando los meses y fuimos tomando tareas tanto de promoción de la salud como de prevención del contagio. Nos pareció una necesidad poder generar un grupo que a partir de esta situación se conforme para poder seguir en el futuro trabajando la salud de manera comunitaria, pensando una salud para los vecinos, las vecinas y les vecines del barrio, para las niñeces, para abordar situaciones de violencia patriarcal también”.

Tamara cuenta que en los barrios populares del distrito, la situación se fue agravando. “La situación epidemiológica en el distrito fue variando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, como en todos. Lo que nosotras y nosotras estuvimos notando fue un aumento de la cantidad de los contagios. Desde un comienzo que eran 1, 3, 10 por día hasta llegar a 200 contagios por día”. Sin embargo, allí también la organización se pone en primera línea: “Esta situación particular que nos trajo la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el equipo de salud que fuimos conformando empezó a realizar un intento de monitoreo de la situación de los contagios, tanto en el distrito para tener un panorama como en los barrios en donde tenemos construcciones. Con nuestros compañeros, compañeras y sus familias generamos una línea de teléfono para difundir y que les compas que tuviesen dudas, que tuviesen síntomas, que tuviesen la sospecha de ser un contacto estrecho, pudiesen saciar sus dudas. Reducimos los grupos de trabajo de todos los comedores a lo esencial para qué se sostengan, grupos que rotaran cada 15 días para que si algune llegara estar contagiade se podía aislar a todo el grupo sin que eso significará cerrar el comedor”.

Tamara cuenta que esta tarea gigante se da en un escenario adverso, donde a la pandemia se le suman diversas problemáticas. “Actualmente no hemos recibido respuestas ante la situación que estamos atravesando de crisis extrema de gobierno local ni del gobierno provincial. No solamente en relación al abastecimiento de los comedores, de las copas de leche, de los merenderos, del abastecimiento de los productos de higiene necesarios para seguir sosteniendo la tarea cotidiana en nuestros espacios de alimentar a más de 2000 personas del distrito, sino también desde otras áreas que entendemos han sido afectadas o llevadas a su extrema vulnerabilidad, situaciones de violencia patriarcal, situaciones de salud que no tienen que ver con la pandemia, sino con otras situaciones que atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas, la situación de las niñeces, que se ven en este contexto desterrados y desterradas de la posibilidad de seguir sus procesos educativos”.

Pero como adelantamos, allí donde existe una necesidad, también está la organización para dar respuesta. “Estamos pudiendo proyectar y articular acciones de salud comunitaria donde la salud pueda llegar a todos y todas les habitantes de los barrios populares también, lo cual a veces se hace difícil en un sistema de salud hegemónico y expulsivo. Donde tal vez hay salitas o espacio de salud cerca de donde una vive, pero se ven vaciadas, se ven con pocos recursos, con pocos profesionales que son mal pagos, que no tienen sus derechos garantizados. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen que el servicio de salud público que se ofrece no pueda abarcar las necesidades del territorio, que sea expulsivo, que no contenga. Y pensamos y queremos proyectar acciones en conjunto con trabajadores y trabajadoras de la salud dispuestos a abrirse a la comunidad y las promotoras de salud que estamos encontrándonos, agrupándonos,  formándonos para que todo el mundo pueda tener acceso a una salud digna e integral”.

Migrar es un derecho

Las y los defensores trascienden fronteras virtuales y allí nos encontramos con la tarea del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM). Como advertíamos, la situación de la comunidad migrante en nuestro país, que ya era compleja, se vio afectada por el macrismo ante la modificación de la Ley de Migraciones vigente.

Al inicio de la pandemia, la situación empeoró. Mariana Brito Olvera, referente del BTM nos cuenta que “En lo que respecta a la comunidad migrante un tema de mucha gravedad es el desempleo. Según relevó la Agenda Migrante 2020, quien realizó una encuesta a distintas personas migrantes, alrededor del 60% de las personas migrantes se quedaron sin ningún tipo de ingreso a partir del inicio de la pandemia. Con el paso de los meses ha sido una situación realmente grave”.  A esto se suma que “si bien el gobierno extendió el Ingreso Familiar de Emergencia para aquellas personas que se quedaron sin sus ingresos por causa de esta coyuntura, mucha de la comunidad migrante no pudo acceder a ese apoyo porque por las mismas restricciones que se ponían para poder acceder al IFE como que se pudiera comprobar 2 años de residencia regular en el país”.

Sin embargo el BTM pudo organizar respuestas y así surgió La Tiendita Migrante Japoo Door Warr, “que es una frase en Wolof, una lengua que se habla en Senegal y esta frase significa ´Agarrarnos para trabajar´. Este proyecto es colectivo y autogestivo, impulsado por compañeras y compañeros estudiantes de los cursos de español para migrantes del BTM. Es una manera de responder colectivamente a esta situación debido a que, como ya mencioné antes, las y los compañeros de Senegal se dedican principalmente a la venta ambulante y en todos estos meses no han podido recibir ningún ingreso. Así que Japoo Door Warr, La Tiendita Migrante fue una respuesta colectiva ante esta situación”.

La experiencia de La Tiendita Migrante dio lugar a otras experiencias. Mariana cuenta que “Eso ha dado pie a que se piense el surgimiento de otros proyectos de ese estilo, como de organizaciones de las comunidades que se autogestionan como por ejemplo el llamado emporio migrante, qué es otra iniciativa donde las y los compañeros de Senegal venden comida”.

Otra de las respuestas organizadas del BTM fue en el ámbito de la educación, donde la enseñanza y aprendizaje del idioma español se volvió una herramienta clave. “Desde el Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, desde agosto de 2018 veníamos llevando a cabo los cursos de español para migrantes los días martes y jueves en el Ex Centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. Ese proceso se vio interrumpido este año a partir de la cuarentena, así que ante esta situación surge un nuevo proyecto que son los videos de enseñanza del español, que se llama Damay Jaangë Español, que sería algo así como “Aprendiendo español” y justamente está pensado como un curso a distancia para a hablantes de Wolof que quieren aprender español”.

La situación de las y los migrantes es compleja y estos niveles de organizaciones son, sin duda, una respuesta. La necesidad de que se derogue el DNU N° 70/17 es clave y se suma a la demanda de regularización de todas las personas migrantes. Con la confianza en la lucha organizada, Mariana afirma que “Con el BTM y la Campaña Migrar no es Delito, formamos parte de la agenda 2020 qué es un espacio de diálogo con el gobierno y lo que esperamos es que en este espacio se puede avanzar con políticas públicas para las y los migrantes”.

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Texto e ilustración por Iván Martín Barrera

Desde que Messi dejó de ser el nuevo Maradona para ser Messi, el mundo futbolero se desvive por encontrar al nuevo Messi. Si bien muchos pasaron sin pena ni gloria –o con más pena que gloria– por ese galardón, Anssumane Fati Vieira es el nuevo poseedor del título a la espera de romper con la maldición y de que en un futuro próximo, los zurdos habilidosos sean catalogados como el nuevo Ansu Fati

El muchacho en cuestión nació hace 17 años en Guinea-Bisáu, un pequeño país apenas más grande que la provincia de Misiones, donde dos de cada tres personas viven en extrema pobreza. Un país que antes de ser república fue una colonia portuguesa, y como toda colonia sufrió la esclavitud y la masacre de su población originaria por parte del Reino de Portugal. Anssumane tiene sangre futbolera. Su padre, Bori Fati, fue un destacado lateral izquierdo del Sporting de Bafatá de su ciudad, del Benfica de Bissau y un defensor de la camiseta de su selección.

Si bien Bori es ídolo en Bafatá, a tal punto que afirman que Ansu siempre será “el hijo de Bori” para el pueblo futbolero, migró a Portugal en 1998 tras el nacimiento de su primer hijo para buscar un sustento económico para su familia. Allí emprendió diversos oficios aparte de seguir pateando las canchas de ligas amateurs. Entre idas y venidas escuchó hablar de Marinaleda, un pequeño municipio andaluz. Escuchó de un alcalde singular con un programa de tintes comunistas que ofrecía vivienda y trabajo a cualquiera que quisiera pisar su suelo. Y hacia Marinaleda encaró Bori, con la ilusión como bandera, con el sueño de ubicar a su familia en un lugar que les permitiera tener una vida plena. Allí también empiezan a cruzarse nuestras historias.

Guernica- Buenos Aires – Argentina – año 2020

 Guernica es la ciudad cabecera del partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, distante a una hora en colectivo desde la Capital. Sus tierras fueron originalmente ocupadas por pueblos querandíes hasta que la colonización española y la propia argentina hicieron estragos con su población.

En la Argentina de 2020, 4 de cada 10 personas viven en la pobreza, número que se vuelve aún más abrumador si se observan las infancias. Entre estudios públicos y privados, se estima que se necesitan entre 3,5 y 4 millones de viviendas más para terminar con la crisis habitacional en el país. En total, una de cada tres personas tiene problemas de vivienda. Solo en la Capital del país duermen cada noche 7 mil personas en la calle, mientras que aproximadamente 150 mil viviendas permanecen desocupadas esperando que la renta inmobiliaria llene las arcas de unos pocos una vez más.

En julio de 2020, miles de familias ocuparon terrenos baldíos en Guernica y comenzaron la urbanización de un barrio improvisado. La inmobiliaria El Bellaco S.A es quien comenzó el proceso judicial como supuesta “dueña” de las tierras ocupadas, pero sin presentar títulos de propiedad, escritura de dominio o papel registral, según detalla el abogado de parte de las familias. En esos terrenos estaba planificada la construcción de un barrio cerrado (o country) y un club privado. El proceso judicial terminó con una orden de desalojo con uso de la fuerza represiva, cuya fecha hoy está fijada el 15 de octubre, a pesar de que en el terreno se encuentran viviendo más de 3000 infancias.

Marinaleda – Sevilla – España – año 2009

Dicen que aquí el alcalde es muy singular

Descalzo, con el pelo calvo y sin afeitar

Integridad, humildad, lealtad, honestidad

Un grano en el culo al capital

Agua, tierra y semilla van a alcanzar

Una preciosa armonía en colectividad

(“Marinaleda” – Ska-p)

Marinaleda es un municipio de la provincia de Sevilla, al sur de España. Desde 1979 su alcaldía la ocupa Juan Manuel Sánchez Gordillo, perteneciente a la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT). Sánchez Gordillo lleva adelante un programa de trabajo y vivienda que sostiene el pleno empleo en todo el municipio producto de la rotación centralizada del trabajo, así como también un proyecto mediante el cual cada familia cuenta con una casa con todas sus comodidades, construida por los mismos obreros de la comunidad. En una entrevista con CQC, Sánchez Gordillo explicaba que, para conseguir el pleno empleo, “hemos conseguido que la tierra sea de quien la trabaja. Con el medio de producción tierra y con el medio de producción industria, la riqueza que genera el obrero con su trabajo vuelve al obrero en forma de nuevos puestos de trabajo. No se reparten beneficios y todo el mundo cobra lo mismo”.

El alcalde contaba con orgullo que en el municipio no hay policías ni curas: “No hay Policía porque no es necesaria. Si todos los vecinos ayudamos a plantar árboles, no va a venir luego ninguno a arrancarlo”. Marinaleda es netamente agrícola, con solamente algunas industrias alimenticias. Cuando fue consultado por Gonzalito, de CQC, sobre cómo habían conseguido las tierras para trabajarlas de forma cooperativa la respuesta fue: “Ocupándolas. La riqueza de los terratenientes en Andalucía es un robo, la tierra no es de nadie. Todavía podemos ocupar algunas fincas más, por ejemplo las de la Duqueza de Alba, que tiene 35 mil hectáreas, que también se le puede sacar algunas tierras que tiene para que trabajen de forma cooperativa. Ahora estamos ocupando una tierra en la provincia de Córdoba, donde el 2% de los propietarios tiene el 50% de la tierra cultivada”.

Fue este singular alcalde el que le dio a Bori la bienvenida al pueblo, con la promesa de tener techo y trabajo para él y su familia. “Al joven que quiere una tierra, nosotros le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, le ponemos el arquitecto que es municipal y ellos ponen su trabajo desde que empieza la casa hasta que termina”, prometía Sánchez Gordillo. Bori Fati llegó solo a Marinaleda y pronto se pudo asentar. Desde la alcaldía lo ayudaron con sus papeles migratorios, los cuales eran completamente irregulares, y en pocos años lo ayudaron económicamente para que comprara los pasajes de avión para traer a toda su familia. En ese avión viajaba el pequeño Ansu, con solo seis años y una pelota hecha de medias en la mochila. El sueño de Bori estaba completo: tenía tierra, techo, trabajo y a su familia unida. El de Ansu, que pasó de patear las calles de Bissau a las de Marinaleda, recién empezaba.

Ansu empezó a patear en la vereda hasta que empezó a jugar para el CDF Herrera, de la localidad vecina a Marinaleda. En 2010, con solo 8 años, ya fue tentado por el Sevilla y fue ahí donde empezó a tentar a todo el mundo. Si algo tienen bien afinado los clubes españoles es a los “observadores”, que van de ciudad en ciudad buscando al próximo talento, al próximo Messi sin descubrir. Y el boca en boca de que en Sevilla había dos hermanos bissau guineanos que a la redonda la dejaban chiquita empezó a correr. A la puerta de la familia Fati la tocaron muchos, pero fueron los ojeadores del Barcelona los que terminaron de persuadir a la familia de Ansu para que se mudaran a Catalunya, ofreciéndoles un nuevo techo y un contrato oneroso. Y allí fue Ansu, con solo 10 años, a formar parte de las inferiores del culé.

Barcelona – Catalunya – España – año 2020

Ansu es récord. Ansu llegó a las inferiores del Barcelona para demostrar que estaba para la primera, para La Liga, la Champions y para decirle a Messi que se quedara tranqui, que alguien iba a cuidar a su Barsa querido si él decide irse. Con solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con el Barcelona. Fue en el empate 2 a 2 frente al Osasuna a solo 5 minutos de entrar. También se convirtió en el jugador del Barsa más joven en debutar en UEFA.

La nacionalidad española le permitió disputar partidos para esa Selección, país en el que vivió la mayor parte de su vida. Jugó algunos partidos para la sub 21, pero le quedó chica pronto, así que en agosto de este año fue convocado para jugar con la Selección mayor. El 6 de septiembre marcó su primer gol con la roja, y logró así un nuevo récord, el de ser el más joven goleador de la selección española. Todo esto llevó a que el Barcelona hiciera un mega blindaje: al contrato inicial, con cláusula de rescisión de 100 millones de euros por tres años firmado en julio de 2019, se lo cuadriplicó el mes pasado.

Hoy Ansu es récord. Es tapa en todos los medios, se reproducen en loop los goles, el abrazo con Messi, su humildad, su cariño, su agradecimiento. Hoy Ansu es el nuevo Messi a la espera de que mañana algún otro gurí que juega con pelota de trapo en las tierras de Guinea-Bisáu, o en cualquier otra parte del mundo, sea catalogado como el nuevo Ansu.

“Había una necesidad básica que era la de tener techo. Acá veníamos de 3 o 4 generaciones viviendo en la misma casa. Nosotros no queremos la propiedad, queremos el uso de por vida de las tierras. La tierra no se compra ni se vende, y la vivienda no puede ser una mercancía; es un derecho”. Estas son palabras de Sánchez Gordillo, el primero que ofreció techo y trabajo a la familia Fati. Tierra y techo en terrenos ocupados, ocupados para producir y para vivir.

En Guernica la orden de desalojo sigue vigente mientras el gobierno ofrece respuestas muy poco satisfactorias. El sol seca el barro que afloró a montones tras las lluvias y permite que los pibes y las pibas vuelvan a pelotear bajo el sol, con canchas improvisadas. 3000 infancias con 3000 sueños aguardan una solución que no sea que la policía desaloje el predio a la fuerza, mientras se calientan las ollas y las bochas vuelan con sueños de campeón.

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Por Rocío Prim, Estefanía Santono y Laura Salomé Canteros | Fotos: Jose Nicolini 

Este domingo se realizó la cuarta Asamblea Feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans de la recuperación de tierras de Guernica que reúne a 2500 familias. Luego de que fuera pospuesta por las intensas lluvias del sábado, la Asamblea de vecinas que desde el 20 de julio resisten en los terrenos del partido de Presidente Perón se reunió para discutir y organizarse de cara al desalojo previsto para el 1, 2 y 5 de octubre.

Muchas de las mujeres que pese al frío y el temporal se mantienen firmes en su lucha por la recuperación de las tierras de Guernica junto a sus hijes, son o fueron también víctimas de violencia machista. La solidaridad y las redes de contención que fueron tejiendo desde el 20 de julio son las únicas herramientas que hoy en día tienen para garantizar la autoprotección.

También se organizan para sostener las tareas de cuidado, los merenderos, las ollas populares y garantizar el acceso a elementos de primera necesidad como pañales para sus hijes. Algunas de las referentes de la Asamblea son además delegadas de su manzana en cada uno de los cuatro barrios que componen la toma: La Lucha, La Unión, 20 de Julio y San Martín. Estas son algunas de sus voces.

Ante la desidia, respuestas feministas

Ximena es vecina del Barrio 20 de Julio e integrante de la Asamblea Feminista. Relató cómo surgió la necesidad de organizarse para abordar las problemáticas de mujeres, lesbianas, travestis y trans en la toma. “Como principal objetivo, buscamos soluciones ante la ausencia del Estado”, afirmó, “esta es la cuarta Asamblea y contamos con la participación de vecinas y organizaciones que se solidarizan para desde una mirada feminista, construir los barrios que queremos, sin violencia machista y para que podamos independizarnos”.

“En este contexto, la violencia machista se ve mucho más”, sostuvo Ximena, “mujeres solas con sus niñes, que están con parejas violentos, trabajadoras desocupadas; ante esto, planteamos una perspectiva feminista para alcanzar la independiencia económica y brindar acompañamiento ante situaciones de violencias y abusos hacia niñes. Ximena relató además que quienes se organizan alrededor de la Asamblea hicieron justicia feminista y expulsaron a dos agresores sexuales de la toma, una forma de consolidar la autoconvocatoria y las estrategias que se fueron dando entre las y les vecines.

La Asamblea feminista también plantea respuestas ante un eventual desolojo: “vamos a intervenir con organización para resguardar a les niñes, a las mujeres y a las personas ancianas en sus decisiones, porque no quieren dejar sus tierras o porque no tienen dónde ir. Habrá una resistencia organizada, la gente no se quiere mover y lo demuestran aguantando la lluvia y si hay o no un plato de comida. Eso es histórico, estamos levantando el legado de muchas personas. Por eso, no vamos a negociar con nuestros derechos”.

Soledad es docente y acompaña violencias sobre mujeres, lesbianas, travestis, trans y niñeces en la toma desde la Consejería territorial feminista Panambí de Guernica. Contó que comenzaron a participar “porque a quienes estábamos acompañando son compañeras que venían atravesando situaciones de violencia y que a la vez vinieron a tomar tierras”. Relató que las y les acompañan “para que puedan defender sus derechos y reclamar todo lo que les corresponde, como en este caso, el acceso a la tierra y a la vivienda”.

La situación de deuda y falta de respuesta institucional es clara. Soledad relató que “recién tras el último femicidio en la zona, hace un mes, se formó la Dirección de Género” en el municipio de Presidente Perón, que además no tiene presupuesto propio ni desarrollo de políticas integrales ya que además informó que “no se puede acceder al derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”. “Hay compañeras que están atravesando la situación de violencia y que también padecen el no tener a dónde recurrir”. En Guernica no hay casas refugio ni contención para las que ven sus vidas amenazadas por los violentos.

A Orlanda le dicen “Mili”, es jefa de la familia que conforma junto a su hija, Zoe, de 1 año y 8 meses y sobreviviente de violencias. Nos contó que estaba en situación de calle hasta que se enteró de la acción colectiva en Guernica, que le brindó la esperanza de acceder al derecho a la tierra y vivienda propias. Ahora vive en una de las casillas del barrio 20 de Julio.

“No es fácil pero estoy haciendo esto (resistir en la toma) por mi hija; el frío, la helada, la tormenta, todo estoy soportando por ella, porque quiero darle un techo”. En el barrio habitan quienes ni siquiera acceden a los ingresos de emergencia, como Orlanda, quien contó la solidaridad entre vecines: “me dieron leche y pañales, ven mi situación crítica y me ayudaron”. Dijo que le interesa participar de la Asamblea para escuchar a otras compañeras, “no estoy sola”. Y se refirió al eventual despojo de sus derechos, “espero que no nos desalojen porque somos muchos los que necesitamos y no tenemos dónde ir”.

Yamila tiene 25 años y vive en Guernica desde que nació. Es una de las tantas mujeres que se quedó sin empleo a raíz de la pandemia. Trabajaba en gastronomía y se recibió de Trabajadora Social el mes pasado. “No pude seguir pagando mi alquiler. Los primeros dos meses me gasté todos mis ahorros y después de eso, tuve que volver a la casa de mi mamá, donde somos ocho hermanos”, contó. Cinco de los hermanos de Yamila quedaron en su misma situación: sin trabajo o con el sueldo reducido, tampoco pueden seguir pagando su alquiler, pero su situación es más preocupante porque tienen hijes.

Empezó la pandemia, se quedaron sin trabajo, ese es el común denominador de las mujeres de la toma. “El 90% de las personas que estamos acá pagábamos alquiler. Muchxs quedaron en situación de calle”, aseguró Yamila y agregó, “hay un montón de mujeres que son madres solteras, jefas de familia, el único sostén. Hay trabajadoras de casas particulares que fueron echadas de sus trabajos y otras hacían changas, viviendo el día a día pero sus ingresos se vieron perjudicados desde que inició la pandemia.”

Organizadas, tejiendo estrategias de cuidados, atravesadas por la emergencia social en un contexto donde la pobreza no da tregua, buscan alternativas para fortalecerse, luchan por un derecho básico y fundamental, el derecho a la tierra y a una vivienda digna para continuar con sus proyectos de vida, criar a sus hijxs. El operativo de desalojo tendría fecha. A la par, crece la solidaridad con quienes resisten y tienen derecho a una vida digna.

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El 19 de abril se cumplió un año y diez meses de la desaparición de Diana Colman en Guernica y nuevamente la Comisión que acompaña a sus familiares exigió la continuidad de su búsqueda y su pronta aparición con vida. Marcha dialogó con Isabel, su madre.

El pasado viernes las organizaciones políticas y sociales que integran la Comisión de Aparición con Vida de Diana Colman en Guernica, ciudad del conurbano sur, volvieron a salir a las calles junto a la madre de la joven desaparecida el 19 de junio del año 2015. Allí en la Plaza Pte. Perón de Guernica, Isabel Colman manifestó su preocupación sobre el silencio y abandono que ve ante la historia de su hija Diana por parte del Estado.

Desde entonces, Isabel asumió la búsqueda y la lucha por la aparición de su hija mientras que, a su vez, se ocupó de cuidar a su nieto, quien tenía 9 años cuando su madre desapareció. Ambos padecen de problemas de salud vinculados a la situación violenta que atraviesan, tanto la madre como el hijo de Diana son víctimas del mismo sistema político y judicial que no se ocupa de la búsqueda de la joven. 

Luego del Paro Internacional de Mujeres realizado el pasado 8 de marzo en denuncia del crecimiento de la violencia machista y a pocos días de un nuevo 3 de junio, a tres años de la primera marcha Ni Una Menos, la historia de Diana hierve en las venas de quienes exigen justicia verdadera. Se trata de una piba proveniente de una barriada, como tantas que pretenden que queden en el olvido. Por eso, si bien los medios hegemónicos continúan haciendo oídos sordos, las organizaciones sociales nucleadas en la Comisión junto a sus familiares no permiten que esta historia deje de ser contada. En ese contexto, dialogamos con Isabel para continuar visibilizando esta historia.

“Me gustaría tanto que un día vengan decirme que encontraron a mi hija, sigo soñando con eso”

-¿Quién es Diana?

Diana es mi princesa, mi hija. Ella desapareció el 19 de junio de 2015 y desde ese entonces no supe nada más de ella. Su historia, sin embargo, no tuvo la repercusión como otros casos -sin menospreciar ese accionar- pero si creemos que, como nosotros somos humildes no tenemos cámaras ni prensa. Y eso es lo lamentable, porque Diana también es persona, también merece ser buscada, por eso estoy tan molesta con el Estado.

-¿Qué sucedió ese día?

El 19 de junio de ese año yo estuve tomando mate con ella, después recibió un mensaje de texto de la persona que yo denuncié en ese momento. Ella salió para verse con él y nunca más la vi, es el último contacto que tuve con mi hija.

-¿Qué pensás que le ha ocurrido?

No se qué pensar, capaz sigue viva y por eso no se encuentra el cuerpo pero eso implicaría la posibilidad de que esté inmersa en una red de trata aunque desconozco como funciona eso, esto nunca me había ocurrido ni conozco una historia similar. Yo quiero seguir pensando que ella está viva como una realidad y no un sueño, quiero que aparezca mi hija. Me gustaría tanto que un día me llame el fiscal o venga un patrullero a decirme que la encontraron, yo sigo soñando con eso.

-Isabel, te vemos con dificultades de salud, ¿qué te ha sucedido en este transitar?

Si. En este caminar he tenido muchos problemas de salud, al igual que mi nieto, el hijo de Diana. Por mi parte tuve dos infartos en el último año, en enero de 2016 el primero y el segundo el 30 de agosto. Este último me provocó una trombosis en el pie por el cual me lo amputaron, el cardiólogo me dice que sigo con riesgo de continuar así, porque como me explica, mi corazón sigue nervioso. Si bien sigo en tratamiento desde ese mes no me recupero. Por eso quiero que aparezca mi hija, porque me preocupa cada vez más que mi nieto quede desamparado, no quiero que eso ocurra.

-La Campaña de Aparición con Vida de Diana Colma nunca dejó de acompañarte y sigue abrazándote, ¿no es así?

Yo estoy muy agradecida, son miles de personas que se toman el tiempo cada vez que convoco a alguna actividad, siempre me han dado la mano. Nunca me dijeron no y sin ningún lucro desde el primer corte de ruta que me han acompañando.

Hoy la causa por la desaparición de Diana Colman se encuentra en la UFI Nº1 de Pte Perón, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.

Leé todas las notas en: http://www.marcha.org.ar/tag/diana-colman/

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