La teoría del testimonio nos dice que las personas que los ofrecen suelen tener la intención de contar una parte de la verdad que no fue dicha en su tiempo. Pero también funcionan para rellenar huecos que quedaron sin cubrir por los relatos y las narrativas de la historia oficial.

Revisando las historias y los testimonios sobre la caza de las operadoras de justicia en Guatemala en los últimos cuatro años, observaba que se había desatado una nueva cacería de brujas, en el sentido que lo entiende Silvia Federici, porque durante el trayecto de represión en su contra, estas mujeres van perdiendo paulatinamente su poder social y su calidad de sujetas.

Esta nueva cacería se ha ejecutado sobre mujeres pensantes, un tanto excéntricas, que desafían las estructuras políticas de lo más duro del sistema patriarcal, en espacios que han sido tradicionalmente masculinos y donde se producían y se producen sólidas complicidades entre hombres. Sabemos hoy que los pactos y las complicidades patriarcales forman parte de los nudos estructurales de las desigualdades de género que sostienen la violencia en sus distintas modalidades.

La cacería se recrudece porque ellas representan hoy cerca del 45% de mujeres que son abogadas, fiscales, defensoras de derechos humanos o juezas y debaten su destino en un medio peligroso de por sí, que se encuentra tomado por la corrupción y donde priva una intensa atmósfera de impunidad y violencia; en esos espacios todavía los cuerpos femeninos pueden ser sacrificados para mantener el equilibrio del sistema. 

Las operadoras de justicia que han sido criminalizadas durante este periodo de la historia del país son víctimas de operativos de hostigamiento y represión por atreverse a defender a personas, mujeres y hombres del sector justicia, que han sido acusados y acusadas injustamente por las estructuras criminales que manejan esos espacios desde hace mucho tiempo, y se han enquistado de tal forma que no permiten los quiebres que una genealogía de mujeres ha provocado, sin que se dieran cuenta, pues iban avanzando lentamente, colándose por las grietas y fisuras abiertas por el mismo sistema corrupto. Y es que las genealogías femeninas contribuyen a poner en evidencia, las herencias recibidas de otras épocas, culturas y sociedades diferentes. 

No es casual que las operadoras de justicia fueran cayendo una detrás de la otra, porque se encontraban conscientemente luchando contra una estructura que opera al revés, se encuentra totalmente carnavalizada porque invierte el mundo real, no hace justicia, sino produce, provoca y reproduce injusticia y desigualdad, dejando desprotegida a la población casi sin remedio. Y todo esto se realiza como en un carnaval delante de la población que no acierta a entender los alcances de la inversión de sentido y de sus efectos, que incluso aparecen ante su vista ridiculizados. 

Sin embargo y muy a pesar de esto, esta genealogía de mujeres no se ha detenido. Lograron resistir a los embates abusivos y represivos de las propias autoridades, que decidieron castigarlas y las castigaron cuando pudieron hacerlo. Las hicieron salir huyendo y exiliarse, las retuvieron en cárceles, las aislaron y les quitaron la oportunidad de hablar, además de minar su dignidad, puesto que las dejaron en espacios solitarios, feos, peligrosos y sucios, sin contacto con familiares, periodistas o defensores de los derechos humanos. Utilizaron una serie de estrategias de intimidación que se estilan en esta postmodernidad cruel, sobre todo porque siendo libres y pensantes, retenerlas y dejarlas sin poder hablar, se constituía en uno de los primeros castigos para disciplinarlas. De hecho, en algunos videos durante las audiencias se les manda a callar. Como si eso fuera posible, pues están entrenadas para discutir, rebatir, argumentar y tener la razón.

Estas operadoras de justicia son un grupo de “mujeres de color”, mujeres que ocupan el centro de las preocupaciones de María Lugones para analizar el andamiaje jerárquico y violento que sostiene la colonialidad del poder.  Mujeres de distintos orígenes que están defendiendo un territorio simbólico, el de la justicia que conocen y donde se han especializado, llegando a tener control de una disciplina que pocas logran. Además, accedieron a puestos que en el pasado eran territorio masculino y que ellas fueron interviniendo poco a poco. 

Cuando se revisan los casos iniciales que ellas llevaban o defendían, entendemos que se encontraban en espacios verdaderamente peligrosos. Poseen experiencia legal y formación en asuntos ligados a la impunidad, ya que algunas tenían experiencia de formación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y con organizaciones de derechos humanos que se habían hecho presentes en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. 

En cada uno de los casos de estas operadoras de justicia, los señalamientos y los cargos por los cuales las intentan retener se realizan con métodos similares con los que otras genealogías de mujeres pensantes eran denunciadas para ser castigadas. Se trataba de una serie de infundios de los cuales no se podían escapar aunque no tuvieran sentido. Se les acusaba de crímenes mixtos, tanto de tipo civil como religioso. Estaban condenadas al sufrimiento, y a dejar de practicar los conocimientos que traían consigo, y que eran entendidos como herejía, pero principalmente tenían como propósito atemorizarlas, anularlas. La cacería en el pasado tiene el mismo valor instrumental que la persecución y castigo que se realizó sobre las operadoras de justicia, ya que era necesario mediatizarlas para ser colocadas bajo la tutela del Estado, que fue lo que sucedió en casi todos los casos. Veamos algunos ejemplos.

La jueza Erika Aifán entre 2018 y 2022 contaba con 100 procedimientos penales, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, 30 procedimientos de antejuicio, etc. El exceso de denuncias provocaba que la jueza dedicara buena parte de su tiempo a exculparse, y no podía seguir dándole seguimiento a los casos que llevaba. Sobre todo porque trabajaba como jueza en el Juzgado de Mayor Riesgo D, en donde fue acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y por resoluciones violatorias a la constitución. Antes de salir al exilio, Aifán había detectado una red de corrupción entre jueces, magistrados, abogados y otras personas. La jueza finalmente renuncia a su cargo a través de un video donde denuncia que la habían amenazado de muerte y con eso logra salir al exilio sin darles oportunidad de aplicarle el castigo que le tenían preparado.

En el año 2022 se realizan una serie de detenciones de mujeres que habían laborado para la FECI y también para la CICIG; se trata de Aliss Morán, Paola Escobar, Leily Santizo y Eva Siomara Sosa. Habían sido también detenidas con acusaciones similares a las de Aifán. En el caso de Morán y Escobar, se les acusaba de coacción para el caso de las Comisiones Paralelas 2020, y el acusador era un abogado. Estas dos auxiliares de la fiscalía pasaron de una cárcel a otra, y no pudieron defenderse de las acusaciones que se les hacían. No es sino hasta septiembre de 2023 que recobran la libertad. 

En Quetzaltenango, en el mismo año 2022, Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, es detenida y llevada a Guatemala al Mariscal Zavala. Las acusaciones iniciales contra ella datan de 2018 y 2019, emitidas por un juez, acusándola de haber filtrado información confidencial de la FECI en los periódicos. Se trataba de denuncias de carácter administrativo. Y Laparra venía defendiéndose desde esas fechas de dichas acusaciones. Las denuncias eran similares a las de las otras mujeres, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones, y por supuesto el Ministerio Público (MP) había despedido a Laparra.

La detención de Virginia Laparra tenía un perfil similar al de las otras operadoras de justicia. No se le había concedido audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas que se encuentra reglamentado. Tampoco había suficientes razones para tenerla detenida, en suma las acciones del Ministerio Público estuvieron fuera de la ley. Además, se le trató como persona en riesgo de fuga, y por lo tanto se le aplicaron medidas de seguridad especiales. Los argumentos de los abogados de Laparra no lograron cambiar estas medidas, que parecían ser una réplica de las aplicadas a las otras detenidas.

Cuando Laparra llevaba presa más de siete meses, se emitió desde Quetzaltenango una orden adicional de arresto. No fue sino hasta en noviembre de 2022 cuando Amnistía Internacional intervino nombrando su caso como “presa de conciencia”, declarando que el juez que llevaba el caso era también sospechoso de corrupción. Sin embargo, se le volvió a acusar en diciembre a cuatro años de cárcel por abuso continuado de autoridad. Y no será sino hasta en 2023 que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU declaró que su detención era arbitraria y pidió su libertad. La vida de Laparra seguiría en riesgo, puesto que el 8 de julio de 2024 fue de nuevo condenada a otro juicio en su contra. Por eso el 18 de julio de 2024 salió al exilio, como le sucedió a Aifán, que también temía por su vida y la de su familia. 

Laparra escribió una carta explicando por qué se iba, por qué abandonaba el país por el cual había estado luchando contra la corrupción durante todos esos años. Para ese momento había estado presa por dos años y le aparecía una sentencia de cinco años más, que le resultaban peligrosos, alucinantes e intolerables. Convencida de que ya había hecho lo que podía por denunciar y luchar contra la impunidad, decide escribir la carta e irse. 

Su carta se constituye en un testimonio autorial, o sea, escrito por su propia mano. Los testimonios autoriales tienen una fuerte carga autobiográfica, se mueven entre la autobiografía, el género epistolar y en su caso, el ensayo de reflexión política al haber laborado y luchado tanto tiempo contra la impunidad y la corrupción del sector justicia. La carta de despedida, escrita por Laparra se conoce también de forma pública, allí le declara al pueblo que teme por su vida, y que no hay manera de cambiar su situación actual, por lo que decide largarse. 

Habría que revisar más, pero todas las detenidas sufrieron vejaciones distintas y variadas, dependiendo de su propia psicología individual. En general, experimentaron vejaciones sobre sus derechos esenciales durante su periodo carcelario, sin embargo se hace evidente que retener por demasiado tiempo a Laparra pone en discusión si acaso los grupos de poder político de Quetzaltenango la veían como alguien más peligrosa que el resto de defensoras acusadas. 

La detención de Claudia González Orellana cierra de alguna manera el ciclo genealógico de detenciones de las operadoras de justicia sobre las que se comenta en este escrito. González es abogada y tiene reconocimiento internacional por trabajar en pro de los derechos humanos. Desempeñó un cargo en la extinta CICIG, lo que la colocó en la mira de las mafias y los grupos corruptos en el poder. Por eso se le detuvo por orden de un juez que le decretó prisión provisional. Fue detenida durante el periodo más fuerte de su participación en defensa de otros operadores de justicia que ya se encontraban criminalizados. Entre sus defendidos se encontraban Virginia Laparra, Siomara Sosa, Juan Francisco Sandoval, Paola Escobar y Leily Santizo, implicados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El efecto logrado fue el de dejar sin defensa a estas mujeres que se encontraban encarceladas injustificadamente, como una medida de temor y presión contra la genealogía de mujeres que ha estado luchando contra la impunidad.

González también se encontraba acusada de abuso de autoridad. Había litigado sobre el caso de una magistrada que buscaba favorecer a su hijo en el caso IGSS-Pisa, en 2017. Al igual que le sucedió a las otras operadoras de justicia, González venía arrastrando varias acusaciones en su contra, por eso cuando es detenida en el año 2022 sí tenía conocimiento de las acusaciones, pero no sabía exactamente cuántas eran y de qué exactamente se le acusaba, puesto que no era trabajadora pública y el Ministerio Público no daba información. Se encontraba sindicada de abuso de autoridad, que en su caso no tenía sentido, porque ella no era trabajadora pública, sino que laboraba con una organización internacional, reconocida en el país.

La forma en que actuaron con González era ligeramente distinta que con las otras operadoras de justicia. Allanaron su casa y confiscaron su laptop, celular y memoria USB, todo con la autorización del Juzgado B de Primera Instancia Penal. Sin embargo, el propio papel del juzgado no explicaba de qué se le acusaba. Para ella y sus defensores, las acciones ejecutadas fueron ilegales. Y como un operativo todavía más raro, allanaron las viviendas de sus defendidos ya en el exilio, Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.

Las acciones posteriores a su arresto tienen coincidencias con las de las otras operadoras de justicia. No le brindaron audiencia las 24 horas siguientes, y tampoco le informaron sobre sus cargos, esto continuó durante 25 días. El 22 de septiembre del 2023 se celebró la primera audiencia, y el juez la sindicó de abuso de autoridad, aunque esto no le correspondiera. Además, le dio prisión preventiva por tres meses. Pasó aproximadamente 80 días en prisión hasta que el juez le concedió el arresto domiciliario, con la obligación de presentarse cada 15 días para firmar lo que llaman registro de control. En marzo de 2024 el juez Jimi Bremer dictaminó que deberá ir a juicio por abuso de autoridad y que podría implicar 3 años de cárcel. Este asunto del abuso de autoridad, que en el caso de González iba contra toda lógica racional, permite comentar que la realidad ha sido trastocada de tal manera desde la visión del poder, que no tuvieron empacho en plantear este tipo de cargos, que con un mínimo de conocimiento legal, es absurdo a todas luces.

A manera de conclusión se podría decir que todo este relato revela que se trata de operativos represivos con fuerte impacto de género, diseñados para minar la salud, tanto mental como física, de un grupo político de mujeres, de una genealogía que se atreve a insertarse y dar opinión calificada en un medio que se encuentra cooptado por las mafias y que representa lo peor de un sistema que es patriarcal y excesivamente dominante y perverso. Y es que la colonialidad del género, como decía Lugones, forma parte de una caja de herramientas en permanente proceso de construcción, que hunde sus raíces en las genealogías feministas más visibles.

Bibliografía

Daverio, Andrea. “En memoria de María Lugones. La colonialidad de género”. Brecha. 12 de marzo de 2021. Recuperado 30.9.24. https://brecha.com.uy/la-colonialidad-del-genero/

Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños, 2010.

Neau, Adeline y Josefina Salomon. “Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala”. Amnistía Internacional. 2 de noviembre de 2023.

Paz, Ivan.“Silvia Federici desde el fuego al cuerpo: de la caza de brujas a la historia del capital, el trabajo doméstico y la reproducción de lo común”. Argentina: UBA, 

Ramos, María Dolores y Víctor Ortega Muñoz. Reflexiones sobre genealogías, memoria y escritura de mujeres: experiencias y palabras al descubierto. Argentina: La Aljaba, Universidad Nacional de la Pampa, 2019. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba/article/view/4081

“Todo el sistema en contra. Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”. Amnesty International 2024.
Toledo, Aida. Meter la mano en las entrañas: sobre teoría y prácticas del género testimonio. Guatemala: Editorial Cara Parens, 2021.

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Las mujeres nos hemos enfrentado históricamente a la sospecha, a la vigilancia permanente y a todo tipo de castigo. Cuando nosotras controlamos nuestros cuerpos, nuestras actividades reproductivas y el conocimiento, ha implicado que recibamos todas las formas de violencias posibles. Por eso seguimos luchando. 

La violencia como estrategia, heredada de la inquisición y la contrainsurgencia, forma parte del régimen patriarcal; quienes actúan desde ahí insisten en disciplinar, adoctrinar y silenciar a las personas, a las mujeres, que con su labor interpelan a este sistema que pone en el centro a los hombres y sus intereses, principalmente a quienes tienen poder. Se trata de un sistema que pretende apropiarse del cuerpo de las mujeres con el castigo, encierro y control. 

Durante la invasión española, las mujeres que practicaron la medicina o su espiritualidad, las que se opusieron a los tributos o a denunciar las injusticias y despojos fueron encarceladas o ejecutadas.  

El encarcelamiento político de las primeras que organizaron huelgas y sindicatos, tras ser acusadas de bolcheviques o comunistas, se remonta a los años veinte del siglo pasado. 

Durante la historia reciente, cuando la participación política y social empezó a ser más activa y colectiva, fueron reprimidas. El archivo de la Policía Nacional es testigo documental de miles de acusaciones contra mujeres, lesbianas y contra disidentes políticas y sexuales señaladas como prostitutas, locas, alcohólicas, malas madres, desviadas o subversivas. Tras rumores y difamaciones, muchas de ellas fueron desaparecidas o asesinadas.  

La lucha por ganar espacios políticos vino con el movimiento de mujeres sufragistas. Graciela Quan Valenzuela, una de las primeras abogadas graduadas de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), fue pionera en un momento en el que las mujeres no tenían, ni siquiera, el derecho a votar. Sería gracias a su lucha y la de otras que en 1944 las mujeres alfabetizadas, privilegio casi exclusivo de mestizas, ganarían el derecho al voto.   

En Guatemala la historia de la lucha por la justicia y la memoria histórica la han encabezado, en su mayoría, las mujeres. Muestra de ello ha sido el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, originaria de Uspantán, Quiché, quien denunció al mundo  los crímenes que se estaban cometiendo en su comunidad y en el país durante el conflicto armado interno.  

Mujeres como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro o Aura Elena Farfán dedicaron sus luchas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos por  el Ejército de Guatemala o por el propio Estado. Ellas fundaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala). Otras lo hacían desde sus organizaciones estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) o los sindicatos. Miles de personas fueron castigadas con la desaparición forzada, la tortura o el asesinato político.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Otilia Lux formó parte del grupo de personas que elaboró el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentado en 1999 con el título Guatemala: Memoria del silencio. 

En dicho informe, organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), miles de mujeres dieron su testimonio para que se conocieran las atrocidades de violencia física, sexual y psicológica a las que habían sobrevivido durante el conflicto armado interno que duró 36 años en el país. En abril de 1998 el obispo Juan Gerardi fue asesinado por haber documentado el horror cometido por agentes estatales. Las comunidades se organizaron en cientos de comités de víctimas y sobrevivientes para clamar justicia por el despojo, los crímenes de guerra y genocidio cometidos en su contra.

La justicia en el país continuaba resonando por los estragos cometidos durante la guerra. En la segunda década del nuevo milenio se logró enjuiciar a más de una decena de militares y policías de alto y bajo rango por casos emblemáticos de violencia sexual y delitos de lesa humanidad a la que fueron sometidas. 

Casos como el de las mujeres de Sepur Zarco, el de las mujeres Achi’, el caso contra Emma Molina Theissen, o el de Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), el de la toma y quema de la embajada de España y el caso de desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, todos fueron impulsados por mujeres indígenas, mestizas activistas y comunitarias.  

En estos procesos vimos a juezas, fiscales y abogadas que, pese a los riesgos para ellas, se atrevieron a investigar y dar sentencias condenatorias. Es el caso de  la jueza Yasmín Barrios y la fiscal Gilda Pineda, quienes condenaron a Ríos Montt en mayo de 2013 por genocidio contra el pueblo Ixil de Quiché. También han asumido un papel relevante varias abogadas, que como querellantes acompañan a sobrevivientes y testigas, como Lucía Xiloj, Jovita Tzul Tzul o Wendy Geraldina López. 

Los Acuerdos de Paz plantearon que como garantía de la no repetición de crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, debían investigarse las estructuras paralelas y aparatos clandestinos. De ahí que con el tiempo se organizó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A partir de este hecho y que al Ministerio Público (MP) llegaron mujeres valientes como Claudia Paz y Paz y luego Thelma Aldana, quienes tuvieron la voluntad de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos crímenes y los de corrupción. 

Todo el trabajo de investigación de decenas de personas, como fiscales y mandatarias de CICIG fueron claves para demostrar el funcionamiento de esas estructuras, así como procesarlas e incluso encarcelarlas. No pasó mucho tiempo para que dicha Comisión fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Entonces empezaron a ser perseguidas. 

Varias abogadas y defensoras de la justicia que fueron magistradas, juezas, jefas del Ministerio Publico, fiscales y mandatarias investigadoras han enfrentado procesos penales montados y manipulados. Leily Santizo, Claudia González, Siomara Sosa, Samari Gómez, Paola González, Aliss Morán, Paola Escobar y Virginia Laparra han tenido que estar en la cárcel. Flor Gálvez, Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, María Eugenia Morales, Erika Aifán, Amy Girón, Mayra Véliz y otras han tenido que salir al exilio tras el acoso y hostigamiento permanente. Otras como la jueza Yasmín Barrios se mantiene en Guatemala, no sin estar en riesgo permanente.

Estos hechos de violencia política se cruzan con líneas casi invisibles de misoginia y otras formas de violencias machistas. De nuevo el mandato sobre las mujeres que no obedecen, que se atreven a hablar o a denunciar son castigadas y acusadas de soberbias. Los intentos de sometimiento provienen de lo que en Guatemala desde el 2017 se conoce como el Pacto de Corruptos, que no es más que el pacto patriarcal del bloque dominante, en beneficio de hombres con poder, militares, empresarios o funcionarios públicos acostumbrados a mandar y gozar de absoluta impunidad y que no soportan que sean mujeres quienes hayan puesto en tela de juicio las formas del ejercicio de poder y de acumulación de capital.

Ellos no solo las han atacado como profesionales sino como mujeres, ridiculizando sus logros profesionales y aspectos de su vida personal y familiar.  Su fin último habría sido cortarles las alas, silenciarlas y encerrarlas.

El efecto ha sido todo lo contrario, ellas se han fortalecido, gozan de apoyo y respaldo en todo el mundo. La respuesta ante el pacto patriarcal de corruptos ha sido afianzar el apoyo y la organización entre mujeres, que parte de la conciencia colectiva de la amenaza común que las intenta controlar.  De este modo se sale del lugar en donde pretenden ubicarlas, a la vez que se rompe con la lógica de control y de sometimiento. En el que la reflexión y la escritura son una contribución para lograrlo.

El especial periodístico “Nos queremos libres” es un esfuerzo que intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.

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Por César Saravia, desde Guatemala

La larga jornada que arrancó el sábado 13 de enero tuvo al pueblo como protagonista en las calles. Miles de personas se concentraron desde la noche anterior en la plaza Las Niñas (Constitución) donde Bernardo Arévalo daría su primer discurso como presidente. Sin embargo, lo que en otro país habría sido un simple acto protocolar de entrega de mando, en Guatemala se convirtió en una jornada de lucha por la defensa de la democracia y la voluntad popular, frente a los intentos del poder político de evitar el cambio de mando. Hasta el último minuto, la amenaza de un Golpe de Estado estuvo latente. 

No la pusieron fácil. Durante la jornada del domingo, el Congreso saliente (la novena legislatura) demoró la entrega de credenciales mientras operaba contra el bloque de diputados de Semilla. La demora, que fue noticia en todo el mundo, se debió a que la legislatura saliente llevó a cabo un protocolo de entendimiento en el que dejaba a los diputados de Semilla (23 curules) como independientes, luego de que un tribunal penal determinara la cancelación de su personería jurídica. Este acuerdo frenaba la posibilidad de que Semilla integre la Junta Directiva que, entre otras cosas, maneja el presupuesto de la institución y decide la agenda legislativa relacionada a qué leyes pasan al pleno, algo clave para la gobernabilidad. 

Mientras esto ocurría, los ánimos en la calle comenzaron a intensificarse. No era para menos, tras 105 días de resistencia y con los ojos del mundo puestos en Guatemala, el Pacto de Corruptos, como se le conoce a las élites políticas que han gobernado los últimos años, seguía buscando evitar un cambio . La tensión no pasó a mayores y primó el llamado a no caer en provocaciones y generar un clima que justificara la suspensión de las actividades.  

Tras de 7 horas de retraso, finalmente la comisión de credenciales retomó el trabajo y pudo realizarse la sesión de cierre de legislatura, a eso de las 8 de la noche. Con la juramentación del nuevo Congreso (la décima) llegaba el momento de elegir la nueva Junta Directiva. Ahí, a través de una alianza con 6 partidos, que incluyó a un sector del partido de Sandra Torres, rival de Bernardo en la segunda vuelta, Semilla logró superar el acuerdo de la legislatura anterior y colocar a Samuel Pérez como presidente del Congreso. La votación se realizó alrededor de dos planillas y fue la de Semilla la que se impuso, en un ambiente de agitación, luego de superar en votación a la encabezada por Sandra Jovel, ex canciller. Junto a Pérez, destaca la presencia en la Junta de Andrea Villagrán,  feminista, politóloga y diputada por Semilla, y Sonia Gutierrez Raguay, quien será la primera mujer maya Poqoman en ser parte de esta instancia y que pertenece a la coalición Winaq- URCN (izquierda).

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Sin justicia social no hay democracia  

La toma de posesión se llevó a cabo alrededor de la medianoche, casi 9 horas después de lo que se había estipulado, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la capital guatemalteca, a solo unas cuadras del Congreso. Ahí, Arévalo agradeció a la Comunidad Internacional, a los jóvenes que nunca se rindieron, a las familias y al liderazgo ancestral, los 4 pueblos. De estos últimos reconoció las deudas que el Estado tiene para con los pueblos indígenas. 

Y es que la resistencia de los pueblos indígenas fue clave, durante más de 100 días, para lograr que efectivamente Arévalo pudiera llegar al gobierno. Desde el 2 de octubre, como parte de la movilización que incluyó paro activo y corte de rutas durante los primeros días, organizaciones indígenas de Totonicapán lideraron un plantón frente al Ministerio Público para denunciar el acoso contra presidente electo. 

En su discurso, el nuevo presidente guatemalteco desarrolló algunos de los puntos claves de su gobierno, desde educación, pasando por economía e infraestructura, hasta el Cambio Climático. En materia ambiental, planteó la necesidad de avanzar hacia una transición energética, con respeto al desarrollo rural y los pueblos originarios. También habló de la necesidad de construir una política de seguridad dentro de los límites democráticos, algo que puede ser interpretado como respuesta a quienes piden la implementación del modelo Bukele en Guatemala. Arévalo también abordó la problemática de la migración y aseguró que su gobierno se comprometía a tratar a lxs migrantes que transiten su territorio con dignidad, respeto y compasión, al igual que pidió el mismo trato para lxs migrantes guatemaltecxs en todo el mundo. Al cerrar, volvió a agradecer a las autoridades ancestrales por su lucha y reconoció que gracias a ellas hoy es presidente. 

Alrededor de frases como sin justicia social no hay democracia, y sin democracia no hay justicia social y violaciones a los derechos nunca más, Arévalo perfiló los tres elementos que espera articulen a su gobierno: derechos humanos, democracia y justicia social. Será alrededor de esos ejes donde deberá trazar el camino, un camino del que si no se desvía el pueblo acompañará.

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La calle, resistencia y fiesta

Tras terminar su discurso en el teatro, Bernardo salió a la plaza a saludar al pueblo que desde horas tempranas se encontraba alerta pero sin dejar de celebrar. El Pacto Corrupto y su estrategia de desgaste sirvió de poco para opacar la celebración. Las calles se llenaron de música y poesía, figuras como Sara Curruchich, cantante y compositora maya kaqchikel y la rapera Rebeca Lane, participaron de la fiesta en la calle. Y como no podía ser de otra forma, las marimbas y la cumbia también fueron parte.

Pasada la medianoche, Arévalo por fin dio su discurso en la plaza en donde invitó a quienes le escuchaban a creer en su potencial, recordó a su padre Juan José Arévalo y a otrxs que no pudieron estar pero que su aporte fue valioso para llegar hasta aquí. Posteriormente se movió hacia el campamento de la resistencia para reunirse con los y las lideresas ancestrales. Era el momento de celebración, de encuentro, de poder verse a los ojos con cierto alivio.

Durante la última década, el pueblo guatemalteco hizo de la plaza un lugar a donde llegar para reclamar, desde las protestas que en 2015 acabaron con la renuncia y detención de Otto Molina, hasta las últimas movilizaciones en defensa de la democracia. Fue en ese mismo lugar donde finalmente esa lucha decantó en alegría, en triunfo. En buena medida el nuevo gobierno es el resultado de esas expresiones que aparecieron en los últimos años, en conjunto con las demandas de pueblos originarios, mujeres y jóvenes. Arévalo cargará consigo no solo la presión de gobernar bajo una correlación de fuerzas que no termina de serle afín, sino que tendrá que convencer a una parte de la sociedad que mira con desencanto a la política. Lo hará además frente a un acoso del poder judicial que no se vislumbra afloje en los primeros años. Sin embargo, la oportunidad de un cambio está puesta sobre la mesa. La democracia guatemalteca tendrá la oportunidad de demostrar que es capaz de ponerse al servicio de la gente y saldar deudas históricas. El país de la eterna primavera camina con expectativa hacia una nueva primavera democrática.

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Por Andina Ayala* / Fotos: Eslly Melgarejo

El martes 27 de julio, mujeres plurales y diversas se posicionaron frente a las vulneraciones del proceso electoral 2023, señalando las graves implicaciones que esas acciones tienen contra la democracia de Guatemala. Además, para pedir que cesen las campañas de miedo y zozobra que atentan contra la participación ciudadana el próximo 20 de agosto en la segunda vuelta electoral.

Las mujeres presentaron un comunicado en donde expresan: “Profunda inquietud ante los intentos de utilizar el sistema de justicia para desconocer la voluntad de la población el 25 de junio del 2023, día de las elecciones generales en Guatemala”, e hicieron un llamado “a todas las mujeres a participar activamente en el ejercicio del voto y resguardo de la democracia del país”.

El grupo de mujeres reconocidas en diversos ámbitos del país, aglutinaron su apoyo a las mujeres criminalizadas en esta contienda electoral. Estos fueron sus mensajes ante la coyuntura política:

“Las mujeres están sufriendo una cosa terrible, la persecución política. Eso es una aberración, tenemos el pleno derecho de elegir y ser electas. Me siento indignada, creo que las leyes se hicieron para corregir anomalías y las están usando al contrario, les diría a las mujeres del partido Semilla: siéntanse fuertes no están solas”, expresó la exministra de Cultura y Deportes, Otilia Lux de Cotí.

 “Quiero decirles que crean mucho en su voz, que también es colectiva, quitarnos la idea que no debemos estar en política. Compañeras de todos los tiempos, de todos los territorios, de todas las generaciones, también nos podemos involucrar desde el lugar en donde estemos. Vamos con nuestras vecinas, con nuestras amigas y aferrarnos al deseo y al anhelo de la justicia y la dignidad”, dijo la cantautora Kaqchikel Sara Curruchich.

 “Uno de nuestros mayores logros ha sido la palabra,  este es el momento de estas mujeres que han hecho una lucha enorme por estar en los espacios de la política y que tendrán que cuestionarse el papel que van a jugar. Es el momento de decirles estamos con ellas, su voz es importante.  Somos nosotras las que hacemos todavía la cohesión social, las que trabajamos a nivel de la familia y comunitario, somos esa amalgama y las mujeres que están en política, son el pegamento ético que está allí, para lograr una Guatemala que quiera crecer con democracia y justicia”, expuso la escritora y columnista, Carolina Escobar Sarti.

“Un mensaje en especial para las mujeres indígenas que han participado en política, que han sido electas para puestos en el sector público, según las estadísticas hay poca participación en puestos públicos, las exhorto a seguir participando a pesar de la democracia que hoy está en crisis, especialmente con la judicialización que se está dando en el ámbito de las elecciones. Tenemos que estar firmes y unidas para buscar la justicia incluyente para los pueblos y las mujeres indígenas, esto  no sería posible si no participamos”, puntualizó la abogada Ana López.

*original en rudagt.org

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Por Laura Salomé Canteros / Fotos: RUDA

“Hoy, tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta”. Con estas palabras, Bernardo Arévalo de León, candidato presidencial por Movimiento Semilla, comenzaba, en horas de la tarde, la conferencia de prensa que anunciaba lo que se quería escuchar.

Es que mientras en redes sociales se multiplicaban las convocatorias en diferentes ciudades y territorios comunitarios para defender el voto ciudadano, la organización popular se transformaba en mística y opción en la Guatemala que va rumbo a la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de agosto. Cuando un triunfo de Semilla podría ser histórico para el país centroamericano que resiste hace años el secuestro del Estado y de la esperanza.

“Este es un camino que tiene una parada importante este 20 de agosto pero no se termina ahí”, agregó Arévalo, “es un camino que tiene como destino acompañar un proceso de cambio muy anhelado por los guatemaltecos y las guatemaltecas, un cambio con esperanza, ilusión, tranquilidad; un cambio que nos permita construir una nueva primavera”.

Estaba acompañado por la candidata a vicepresidenta, Karin Herrera, quien leyó a la par de Arévalo el comunicado preparado. De fondo, un gatito -o gatita- por la democracia paseaba expectante. “Una minoría ha decidido amenazar el orden constitucional de nuestro país”, expresó Herrera, y agregó ante periodistas y referentes: “esta minoría de poderosos quiere ir en contra de la decisión libre del pueblo de Guatemala y es lo que no debemos permitir”.

Semilla, en segunda vuelta

El pasado 25 de junio, en elecciones generales, la voluntad popular, los pueblos de Guatemala que se expresaron en las urnas, rechazaron de forma contundente el pacto de corruptos. Ese sistema que alía empresarios, políticos y manipuladores de la fé fue derrotado: el voto nulo sacó un 17% de las expresiones y Movimiento Semilla, un espacio de centro izquierda, quedó en tercer lugar con un 12%; mientras que UNE, el espacio ultraconservador y antiderechos de Sandra Torres, sacó el 15% pasando a segunda vuelta.

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Pero la incertidumbre sobrevino ya que, 48 horas después de la elección, la Corte de Constitucionalidad decidió mediante un fallo arbitrario sin fundamentos, dejar en suspenso los resultados de las elecciones lo que afectó a las candidaturas de presidenciables y los escaños en el Congreso. Todo parecía indicar que la cooptación de las instituciones judiciales para perpetuar la corrupción y garantizar la impunidad de los delitos, triunfaría.       

Y en una escalada más, el 12 de julio por la noche, mientras se esperaba la conferencia de prensa en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Arévalo y Torres pasaban a segunda vuelta, el Juzgado Séptimo, conocido por su persecución a periodistas y a la libertad de expresión, siguiendo directivas del Ministerio Público, peticionó la suspensión de la personería jurídica de Semilla y ordenó el allanamiento de la sede del partido y el decomiso de las actas de registro de avales ciudadanos. Un intento de exclusión directa.

“Ni el Ministerio Público, ni el Juzgado tienen la capacidad para suspender la personalidad jurídica de ningún partido, menos en medio de un proceso electoral como está claramente establecido en la ley”, declararon Arévalo y Herrera, quienes informaron la presentación legal de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para “defender la democracia”, y otras medidas “en contra de quienes han querido abusar del poder que ejercen y utilizan las instituciones penales”, según afirmaron “con un claro propósito político”.  

Asimismo respaldaron el accionar del TSE y del Registro de Ciudadanos, organismos que confirmaron la segunda vuelta con la presencia de Semilla y UNE, tal como lo expresó la voluntad popular. Además, agradecieron “a todos los sectores que se han manifestado en rechazo a estas manipulaciones y en defensa de la institucionalidad democrática y la integridad del proceso electoral”, y mencionaron a “movimientos indígenas, organizaciones sociales, gremiales, el sector económico, movimientos populares y la iglesia católica”.

Finalmente, tras la conferencia de prensa de Arévalo y Herrera, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Movimiento Semilla y suspendió la resolución del Juzgado Séptimo. “Quienes estamos defendiendo la democracia, somos la mayoría”, sostuvo Arévalo y finalizaron: “Que el abuso de estas minorías y la indignación que sentimos, no nuble nuestro propósito de cambio, futuro y anhelo de un mejor país”.

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Por Laura Salomé Canteros desde Guatemala / Fotos: RUDA y Prensa Comunitaria

Eran las nueve de la noche y la ciudad esperaba tensa los resultados de una jornada donde los territorios fueron los protagonistas. Nadie imaginaría por esas horas que las elecciones destinadas a definir qué fuerza del pacto de corruptos seguiría oprimiendo a los pueblos de Guatemala, se transformaría en un mensaje contra el secuestro de la política. Y también, porqué no, en una opción esperanza.

“Quiero que regresen mis amigues del exilio”, se leía en Twitter tras LA noticia: era irreversible que un movimiento de izquierdas, otrora conocido por su creatividad publicitaria en las campañas, se metía, a los codazos y en un panorama inédito de hartazgo de los pueblos, en la segunda vuelta presidencial que será el 20 de agosto.

Bernardo Arévalo de León es un político nacido en el exilio de su padre y madre. El “Bernie” de Guate, es el candidato presidencial por Movimiento Semilla, un espacio que en alianza con el partido Winaq de raíces indígenas, disputó una elección desigual, pero aún así logró captar el 12% de los votos que les puso en segunda vuelta. “Quisieron dejarnos afuera de todo pero hemos hecho una campaña que hizo vibrar de emoción”, dijo Ninotchka Matute, electa alcaldesa de la ciudad capital.

Del otro lado (15% de los votos), estará una poderosa: Sandra Torres, tres veces candidata a presidenta, favorita de las encuestas cada vez y representante de “la vieja política”. Aquella que no habla de los pueblos, de la opresión, ni mucho menos de los pendientes que tiene el Estado fallido de Guatemala con la memoria histórica. Quién perdió las tres veces anteriores pero que sin dudas, recibirá el apoyo de las otras candidaturas antiderechos; las de Zury Ríos, hija del dictador y genocida, y del conservador Manuel Conde, sucesor del actual presidente, Alejandro Giammattei.

Un conteo lento y una elección con denuncias e irregularidades

El conteo fue ineditamente lento. El sistema millonario, que eliminó a instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los resultados rápidos bajo excusa de mayor veracidad, tardó ocho horas en comunicar una tendencia en los resultados de la votación. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, con el 100% de los datos cargados -y reflejados-, se conoció que el voto nulo llegó al 17% y es la primera expresión de la voluntad popular, y que la segunda vuelta se disputará entre Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con Sandra Torres como candidata y Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo de León como candidato a presidente de Guatemala. 

La participación fue del 60% de las 9 millones de personas habilitadas para votar y fueron 5.404.427 quienes decidieron. 

Y si hablamos del Congreso, habrá una mayoría de la fuerza actualmente oficialista, VAMOS, con 40 escaños (11,3% de los votos), luego seguirá UNE con 27 (9,5%) y en tercer lugar para diputadas y diputados, estará Movimiento Semilla con 24 escaños (8,8% de los votos). La noticia amarga es que Valor Unionista, el partido de Zury Ríos, se quedó con la mayor cantidad de municipios en el país.

Precisamente, los territorios fueron protagonistas.

Por la tarde del domingo, el consorcio de organizaciones de la sociedad civil, Mirador Electoral, denunció en conferencia de prensa incidentes durante las elecciones y analizó los impactos sobre los posibles resultados, sobre todo porque las irregularidades recibidas desde el observatorio hablan de la desigualdad de la situación en los diferentes territorios. Entre las denuncias se relevó la compra de votos, el traslado de personas hacia otros municipios y el cambio de boletas.

“La ausencia de sanciones da un mercado libre a los partidos para agenciarse de votos y eso va deformando la democracia”, denunciaron desde Mirador Electoral, y llamaron la atención al posible porcentaje de votos nulos y abstencionismo que, al finalizar la jornada electoral, precisamente fueron protagonistas en Guatemala.   

A la vez, el Tribunal Supremo Electoral, confirmaba la suspensión de las elecciones en San José del Golfo, donde en la noche del sábado hubo incidentes ya que trasladaron hasta allí a personas para votar desde otros territorios, intentaron quemar urnas y ante la protesta ciudadana por ejercer su derecho, hubo represión de parte de la policía. En este municipio, donde se dio una lucha comunitaria antiminera y antiextractivista histórica, el candidato a alcalde es Sebastián Ríos Peláez, quien se asume nieto del dictador y genocida Efraín Ríos Montt. 

Las #CandidatasQueSí  

Detrás de la hegemonía y de la competición de las candidaturas que disputaron pasar a la segunda vuelta, hay quienes disputan el poder y el símbolo de llegar al Congreso y a los ejecutivos y legislativos de los gobiernos locales. Son las candidatas que sí, que están en toda Abya Yala construyendo otras formas de representar y hacer política.

Entre ellas, la diputada y que se postula a la reelección por Winaq, Sandra Morán, quien emitió su voto en Ciudad Real, en las afueras de la ciudad de Guatemala. Lesbiana feminista y ex guerrillera, su escaño en el Congreso es fundamental para la comunidad LGBTIQ+ pero también para la agenda de las mujeres y la niñez.

“Que podamos votar es resultado de luchas históricas para que las mujeres podamos ejercer el voto”, afirmó Morán, y agregó: “El esfuerzo de tener candidatas es personal y colectivo, ya que tenemos que tomar decisiones porque somos mayoría del padrón”. Su escaño puede ser el único en el Congreso de Guatemala para la comunidad LGBTIQ.

Andrea Villagrán es feminista, candidata a diputada por Movimiento Semilla y emitió su voto con un pañuelo violeta alrededor de su cuello en el Colegio Lourdes, en la zona 16 de la ciudad capital. “Somos la mayoría del padrón electoral del país y eso quiere decir que nosotras decidimos quienes van a gobernar”, afirmó y sobre la violencia estructural de la política en el país aseguró que es imprescindible “hablar de feminismos y derechos de las mujeres, porque sin nosotras no hay democracia”.

Descripta por ella misma como “abuela, necia y feminista” y de una profunda trayectoria de izquierdas, Silvia Solózano Foppa, también candidata a diputada por Winaq, llegó a votar a la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad capital. “A lo largo de décadas he promovido mujeres en las candidaturas, soy de la generación que nos ha tocado abrir brecha”, contó con constancia en mano, “sobre todo para las jóvenes, las de zonas rurales, indígenas y afrodescendientes”. 

Mercedes López tiene 28 años, es artista y candidata a diputada por Winaq, por el distrito central de la ciudad de Guatemala. Tras su voto en la zona 4, afirmó que “ser una mujer joven, y que llegó de un lugar marginal, es disruptivo”, y reflexionó que “para cambiar el sistema, es de meterse, participar y hacer incidencia política”.

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Por Mynor Alonzo* / Foto: RUDA

De lejos, las elecciones en Guatemala se ven sombrías e inútiles. Un proceso electoral en donde se impide la participación a 3 candidatos de diferentes corrientes ideológicas por no pertenecer al pacto político hegemónico está lejos de ser democrático. Bajo este contexto, ¿qué sentido tiene votar? Si las elecciones presidenciales parecen un baile en donde sólo candidatos “permitidos” están invitados.

De cerca, los matices y las resistencias se hacen notar. El pacto político que controla Guatemala no es tan sólido como se ve desde afuera, mientras más atención ponemos a lo local, más palpables son las luchas que se niegan a claudicar.

Las reglas y el contexto del baile electoral

En 2023 se está realizando el décimo evento electoral nacional desde que entró en vigencia la actual constitución en Guatemala. En las elecciones participan 30 partidos políticos, la papeleta presidencial tendrá 22 candidatos para elegir y, según las encuestas, ningún candidato o candidata obtendrá más del 25% de votos emitidos, por lo que es segura una segunda vuelta electoral.

El pacto de poder hegemónico en el país tiene el control de los tres poderes del Estado, además tiene intimidada a la prensa y ha criminalizado a un gran número de activistas y fiscales que han hecho oposición al régimen durante los últimos años; aun así, el pacto de gobierno no es tan sólido como aparenta. Más bien es una alianza pragmática, flexible y con muchas contradicciones internas.

La corrupción y la impunidad es lo que mantiene unida la maquinaria de poder del pacto de gobierno, pero cada cierto tiempo, las partes se separan y miden sus fuerzas entre sí para reconfigurar su funcionamiento. Eso es lo que representan las actuales elecciones en Guatemala.

Para evitar sorpresas mientras los partidos que integran el pacto se disputan el poder, le cierran la opción a candidaturas presidenciales que tienen posibilidad real de ganarle las elecciones a las opciones “permitidas”. En el baile electoral solo participan los candidatos de los partidos hegemónicos y los candidatos de oposición que no tienen una opción real de ganar.

En medio de este control casi absoluto que se percibe en las elecciones nacionales, surgen destellos de luz cuando se analizan las elecciones locales.

Las luchas inclaudicables

Además de la presidencia, en las elecciones de Guatemala se disputan las 160 diputaciones al congreso y los gobiernos de 340 municipalidades, es allí en donde se nota la importante lucha que mantienen las organizaciones comunitarias y movimientos sociales.

Uno de los rasgos a notar en las actuales elecciones es el aumento en la participación electoral de organizaciones sociales que mantienen luchas comunitarias, indígenas, campesinas, de mujeres, de diversidad sexual, estudiantiles y en la defensa del territorio contra industrias extractivas.

Éstas candidaturas afrontan un contexto en extremo difícil ya que disputan el poder con recursos económicos mínimos, enfrentan campañas millonarias financiadas con dinero de la corrupción y el narcotráfico, y son fiscalizadas por autoridades electorales que aplican la normativa a detalle a los candidatos anti sistema, pero son sumamente permisibles con los candidatos del pacto de gobierno.

Sandra Morán, lideresa histórica del movimiento de mujeres, ex diputada al congreso de Guatemala y actual candidata a diputada por el partido Winaq, reflexionaba en una entrevista que percibe un cambio entre la primera vez que se postuló como legisladora en 2015 y su actual candidatura. En 2015, la organización a la que pertenecía le expulsó cuando decidió postularse; sin embargo, ahora puede notar que más organizaciones están buscando espacio a través de las elecciones para mejorar sus condiciones de lucha.

En cuanto a los gobiernos municipales, existen candidaturas de distintas formas, experiencias y tamaños. La mayoría de organizaciones sociales que he entrevistado indican participar en alguno de los cuatro partidos políticos que se definen como izquierda o progresistas.

Sumando la participación de estos cuatro partidos, se contabilizan 338 candidaturas municipales; lamentablemente, de estas únicamente 14 son candidaturas de alianza entre dos o más partidos. En muchos casos, incluso los 4 partidos tienen candidatos en el mismo municipio, lo cual divide el voto y diluye la posibilidad de las organizaciones de acceder al poder local.

Las candidaturas a las que se les percibe más probabilidad de ganar gobiernos municipales son las que han construido alianzas entre partidos o entre liderazgos locales. El municipio de Ixcán, ubicado al norte del departamento de Quiche es muestra de ello.

En la municipalidad de Ixcán, históricamente la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- ha tenido una importante cuota de poder; sin embargo, durante las últimas dos elecciones ha sido derrotada por uno de los partidos del pacto de gobierno que basa su campaña en el clientelismo político. Para éstas elecciones, URNG Ixcán formó una coalición con el Movimiento Semilla, lo cual ha aumentado la esperanza de lograr recuperar la alcaldía de su municipio.

URNG Ixcán aglutina a líderes y lideresas de comunidades retornadas y/o ex combatientes del conflicto armado interno, mientras que Semilla es un partido relativamente nuevo que apenas participa en su segunda elección y aglutina personas de las zonas urbanas, en muchos casos con estudios universitarios.

Las diferencias entre las identidades de los partidos es lo que más dificulta la articulación, pero son estas mismas diferencias las que brindan grandes fortalezas electorales cuando las alianzas se concretan.

En medio de este escenario electoral tan oscuro, las organizaciones de izquierda y progresistas en Guatemala parecen tener claro que la lucha democrática se debe dar con fuerza, pero para tener posibilidades verdaderas de romper el “baile de los permitidos” se debe trabajar con esmero en articular a los reprimidos.

*Integrante del grupo FOCO, un colectivo de investigadores sociales con el que hemos entrevistado a docenas de líderes y lideresas guatemaltecas para entender su contexto de lucha y cómo afrontan el actual proceso electoral 2023. El artículo está basado en las entrevistas realizadas durante las investigaciones.

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Por María Eugenia Waldhüter | Foto: Nelton Rivera. Prensa Comunitaria

El domingo más de 9 millones de personas en Guatemala están habilitadas para elegir el binomio que llevará adelante la presidencia los próximos 4 años y sucederá en el cargo al actual presidente, Alejandro Giammattei. Además, se elegirán cargos para los municipios, representantes para el Congreso de la República, y para el Parlamento Centroamericano. 

Thelma Cabrera, lideresa del pueblo Maya Mam y diregenta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), se presentó por primera vez como candidata a la presidencia de Guatemala en 2019. El objetivo era llevar a la presidencia las demandas y luchas postergadas de los pueblos. Para sorpresa de la maquinaria electoral, Cabrera quedó en cuarto lugar logrando una amplia representación en tres distritos. En 2022 junto al ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas,  por mandato popular se presentaron como binomio presidencial para 2023. Sin embargo, mediante operaciones judiciales y políticas se les impidió disputar las elecciones. Desde el exilio en el País Vasco, Jordán Rodas conversó con Marcha sobre la legitimidad de estas elecciones en un escenario de autoritarismo que caracteriza a Guatemala. 

El ex fiscal anticorrupción de Guatemala, Francisco Sandóval, afirmó que el fraude en las elecciones se inició a partir de la financiación ilícita de las campañas y de la exclusión de fórmulas presidenciales como la que impulsaron con Thelma Cabrera. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Sandoval en cuanto a la legitimidad de las próximas elecciones del 25 de junio? 

Fuimos los primeros que planteamos que el fraude ya se había consumado, eso fue el 27 de enero mismo cuando fuimos notificados por parte del Registro de Ciudadanos, que es una instancia del Tribunal Supremo Electoral, que el propio Estado nos bloqueaba desde un inicio nuestra participación por el MLP. El Movimiento nos había proclamado el pasado 28 de diciembre, como candidata a presidenta Thelma Cabrera, lideresa Maya Mam, que hace cuatro años quedó en cuarto lugar, y a mi, Jordán Rodas, que surgió dentro de los últimos cinco años como Defensor del Pueblo, Procurador de Derechos Humanos y rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública que tenemos.

Agotamos todas las instancias legales, coincidimos con Thelma en Washington donde tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana que se pronunció oportunamente recordando a los magistrados de las Cortes que el artículo 23 del Pacto de San José dice claramente que el derecho político, el derecho humano de ser electo no se puede restringir por una simple denuncia, tiene que haber una sentencia firme para bloquearlo. Pero sabemos que la justicia está cooptada en el país, prueba de ello es que la Corte Suprema de Justicia ya va a cumplir 4 años y tuvo que haber sido renovada, al igual que las Salas de Apelaciones; los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que tienen serios conflictos de intereses. También hay magistrados incluidos en la “Lista Engels” que es un mecanismo de sanción por corrupción que tiene Estados Unidos. El Tribunal Supremo Electoral es el más cuestionado de toda la historia democrática. Entonces, qué imparcialidad y qué objetividad puede haber.

También se realizaron dos exclusiones más de binomios, aunque son diferentes, porque a nosotros el propio Estado nos bloqueó, mientras que a los otros fue a partir de recursos de partidos entre sí. Ambos habían sido inscritos, tanto (Roberto) Arzú como (Carlos) Pineda. Hay que recordar que el sistema político de Guatemala es muy clientelar, corrupto, son máquinas electorales, son empresas que cada cuatro años se ponen en funcionamiento para llegar al poder, no son entidades democráticas. Como decía Juan Francisco Sandoval, el financiamiento electoral ilícito es el cáncer de todos los males de nuestra democracia. Ya lo dijo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su momento cuando estuvo a cargo de Iván Velázquez Gómez, hoy ministro de Defensa del gobierno de Colombia, quien hizo una investigación exhaustiva.

La corrupción ha corroído todo el sistema democrático en el país, es un problema estructural, sumamos la desigualdad,  también la discriminación y el racismo hacia pueblos originarios, mujeres y personas de la diversidad sexual. Ese es el contexto en el cual el próximo domingo, 25 de junio, tendremos elecciones generales.

Jordán Rodas

¿Qué argumentos da este Estado cooptado para impedir la candidatura de Thelma Cabrera y Jordán Rodas?

Argumento legal, no hay. Ellos indicaron que mi sucesor, el nuevo Procurador de Derechos Humanos, sea un instrumento del “pacto de corruptos” o la alianza criminal, que son los sectores políticos y económicos que tienen cooptada la institucionalidad del país. Lo último que quedaba independiente era la Procuraduría de Derechos Humanos, pero vienen y ponen a Alejandro Córdova y hay que hacer memoria histórica: este personaje es funesto para la democracia y ahora fue utilizado para poner una denuncia espuria en mi contra. Se la pedí dos veces para ejercer mi debido derecho de defensa por acceso a la información y me la negó dos veces. Presenté una denuncia y el Ministerio Público dice que no hay delito, cuando es un delito la negación de información pública. El 6 de enero, a pocos días después que fuimos proclamados, pone la denuncia el 19 de enero. La Contraloría General de Cuentas con el Tribunal Supremo firman un convenio, en base a una circular que emite el secretario del Tribunal Supremo Electoral sin que conste un acuerdo del órgano colegiado. Así crearon un mecanismo donde decían que la constancia temporal para verificar que no haya denuncias tenía que pasar por la Contraloría General de Cuentas. Verificando eso, el 21 presentamos la papelería legal, mi finiquito que es esta constancia que pide la ley, y el 27 la rechazan diciendo que hay una denuncia y aparece en el registro. Esto es tan absurdo. Sigo sin poder ejercer mi derecho y el caso ya fue declarado bajo reserva en el juzgado que está conduciendo la denuncia y esto permite cualquier resolución sin que yo pueda hacer uso del derecho a la defensa y tuvo como consecuencia final que no nos hayan inscrito como binomio presidencial. Planteamos un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral, ahí fue por mayoría, cuatro votos a uno, solo una magistrada dijo que el derecho humano no se podía restringir. Pusimos un amparo ante la Corte Suprema, que no hizo lugar al recurso; después ante la Corte de Constitucionalidad y pues ahí, cerramos el ciclo. Ahora, mi intención es plantearlo como un caso ante la Comisión Interamericana (CIDH) y después a la Corte Interamericana para que se sienten precedentes.

Se hará justicia tarde, pero quedará precedente. Hoy por hoy tenemos el impedimento, yo tendría que estar en Guatemala en la campaña porque teníamos muchas posibilidades. Pienso en el cuarto lugar de Thelma Cabrera hace cuatro años más lo que podría impulsar la incorporación de los pueblos ladinos o mestizos, eran para capitalizar el voto de descontento, de hartazgo de la población que ya no quiere más de lo mismo, y éramos la única opción real de un cambio verdadero. Lo demás es más de lo mismo y las postura de propuestas de partidos progresistas o de izquierda son muy débiles. Y tengo que reconocer con tristeza que también prevaleció mucho el racismo y el machismo que imposibilitaron un esfuerzo colectivo.

¿La fórmula Cabrera-Rodas representaba una amenaza al modelo de Estado y de poder consolidado en Guatemala?

Sí, era una esperanza para la mayoría de la población una opción distinta. Y era algo similar a lo que pasó en Colombia, pero ahí era Petro- Francia y aquí era Thelma- Jordán, la mujer cabeza de la fórmula. Y yo muy orgulloso de ser el complemento del binomio presidencial, y realmente era una propuesta disruptiva porque en Guatemala los pueblos originarios son una parte muy importante de la población, pero han sido invisibilizados, discriminados pues, prácticamente es como si no existieran.

Entonces, nos tenían miedo porque, lógicamente, no íbamos a plegarnos a sus intereses, no obedecemos a los dueños de la finca, porque hay que mencionar que Guatemala es una dictadura corporativa, porque también juega un papel importante del sector empresarial organizado y ellos son los que cada cuatro años siguen manejando las marionetas, cambia el rostro pero garantizando sus privilegios. Cambia todo para que no cambie nada. Y por eso les daba pavor, porque yo había probado en los cinco años como Procurador una independencia plena, porque la ley dice que no estoy sujeto como Procurador a ningún organismo del Estado, pese a que el Procurador es comisionado del Congreso pero no es subordinado. Eso a veces cuesta que comprendan algunos legisladores y alguna parte de la población.

Mencionabas recién que buena parte de la sociedad todavía manifiesta rasgos machistas, racistas y vimos que hay una especie de moda electoral que busca imitar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, como si Guatemala fuera un calco de su país vecino. ¿Te parece que estas propuestas pueden tener alcance en la población guatemalteca? 

Bueno, yo me resisto a pensar eso, trato de ser optimista, aunque soy consciente que Guatemala tiene muy poca cultura política en términos generales, la política funciona de manera muy clientelar, los partidos básicamente garantizan negocios, corrupción con el sector privado haciendo obra pública, contratando bienes y suministros y la población, pues, aspira a un trabajo. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Y tenemos también el rol de los medios de comunicación, la televisión abierta, está monopolizada y la gente generalmente habla de lo que oye en la radio, de lo que ven la tele, de lo que leen la prensa y han asfixiado, incluso a medios de prensa independientes. Hoy, lamentablemente, tenemos ya una sentencia histórica para mal, José Rubén Zamora, director de “El Periódico”, fue condenado a seis años de prisión, y eso realmente es un mensaje muy duro para la prensa independiente, porque si le pasa eso a un periodista reconocido nacional e internacionalmente, que le puede pasar a los pequeños. Imagínate, limitan derechos políticos y la prensa está atemorizada, ya no es una democracia, estamos ante una dictadura. Y los partidos conservadores apuestan a reflejarse, a que la gente lo vea como una posibilidad de ser el salvavidas vía un régimen autoritario como el de Bukele, un dictador que ahora apuesta a la reelección pese a que la Constitución misma se lo prohíbe, pero tengo que reconocer, hay que ser objetivos, tiene un respaldo popular importante, se ha sabido vender bien como marketing, violando los derechos humanos. Los patrones de las dictaduras en Latinoamerica se van copiando, se van emulando y se van copiando. La comunidad internacional ha sido demasiado light para mi gusto, porque tiene los mecanismos necesarios para imponer sanciones más severas, para no cooperar con gobiernos corruptos como el de Guatemala. Eso lamentablemente está pasando y lo hemos dicho en Washington, lo hemos dicho en Bruselas.

Si bien hay una cercanía y hay patrones que se replican en América Latina, como señalabas, tampoco la situación de Guatemala puede leerse como un calco de El Salvador. ¿Estas propuestas no son más bien un síntoma de la falta de propuestas de estas fuerzas políticas? 

Es que no hay propuestas sólidas profundas, incluso en algunos partidos progresistas una de sus ofertas es construir cárceles, cuando yo pienso que tendríamos que apostar a la educación. Porque se criminaliza muchas veces a los jóvenes, y yo estoy de acuerdo con que todo el peso de la ley caiga sobre los jóvenes que delinquen, pero paralelamente hay que darles educación, capacitación, recreación. Pero ya esa idea de mano dura, ha fracasado. Y tu lo dices bien, las condiciones son distintas, estamos a la par de El Salvador, pero la situación varía mucho porque el liderazgo, el reconocimiento de la población, sea cual sea, no es el mismo al de Bukele.

Giammattei, que impulsa a Manuel Conde, me preocupa mucho esta candidatura. Ojalá también me equivoque porque han convencido, entre comillas, con mucho apoyo a alcaldes, También hay muchos cuestionamientos de la empresa que va a hacerse cargo del traslado de los votos. Entonces, yo sí tengo mis dudas, ojalá que no hagan un fraude escandaloso para impulsar en una segunda vuelta potencial a Manuel Conde porque también sería una persona antiderechos humanos, es un alfil de Alejandro Giammattei y del sector privado organizado.

Varias personas con las que conversamos nos comentaron que se tuvieron que ir de Guatemala por hostigamiento, amenazas y persecución. Tu caso es un ejemplo de eso. ¿Te parece que esta política de exilio forzoso se incrementa en Guatemala?

Sí, es una nueva diáspora que lamentablemente se está dando. Yo con mucho gusto estoy aquí contigo conversando, pero no fue mi decisión voluntaria después de terminar mi mandato estar fuera del país. Yo estoy en el País Vasco, España, tomé distancia física, salí en agosto del 2022, pero regresé el 27 de diciembre para ser proclamado el 28 y luego salir inmediatamente previendo cualquier tipo represalia legal. Incluso por mi integridad yo tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2017, cuando ahí comenzó mi distanciamiento con el status quo por haber planteado un amparo ante la decisión del payaso que tuvimos de presidente Jimmy Morales, que declaró non grato y ordenó la exclusión de Iván Velásquez. Yo tuve la triste experiencia de acompañar a Juan Francisco Sandoval a la frontera con El Salvador, con el apoyo muy importante del embajador de Suecia, en su momento, para garantizar su vida y su seguridad. También he visto como otros operadores de justicia, como Érika Aifán, como Miguel Ángel Gálvez han tenido que salir del país y casos como Virginia La Parra, está detenida igual que otros operadores de justicia. Entonces, ante eso, uno tiene que ser realista y hoy por hoy no están las condiciones para que muchas personas estemos en Guatemala, lamentablemente. 

¿Qué podemos esperar para el próximo 25? 

Yo pienso que a partir de ahí se va a saber la conformación del Congreso de la República, que va a ser importante también, si es que no hay una aplanadora conservadora. Y lo de la presidencia, pues, tampoco es que vaya a cambiar mucho, no aspiro yo ser muy optimista con que ahí va estar la solución. Al contrario, se puede radicalizar esta veta autoritaria, y a partir del 25 lo que espero, siendo optimista, es que las personas, las fuerzas políticas, los sectores sociales, progresistas, tendríamos que dar una lectura crítica, reflexiva, a los resultados. Porque tenemos que tener una estrategia a corto, mediano y largo plazo como suceda para no caer en un pantano de autoritarismo de cierre de espacios, de más persecución a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a más referentes de los pueblos indígenas, a más operadores de justicia criminalizados o perseguidos. Entonces, ante eso, vale la pena hacer un acto de madurez, dejar los egos a un lado y tener una visión de país, yo a eso apuesto. 

¿El MLP presenta candidatos o candidatas para el Congreso? 

Sí, se presenta candidatos al Congreso a República. En Guatemala hay dos formas de llegar al Congreso, por lista nacional o por departamentos o provincias, digamos, como en el caso de ustedes. Y también hay elecciones en los 340 municipios a corporaciones municipales, que son los gobiernos locales integrados por alcaldes, síndicos y concejales. También se elige al Parlamento Centroamericano, que es una mala copia del Parlamento Europeo que, básicamente, sirve como refugio para impunidad a los expresidentes, como se lo vió a Jimmy Morales, ahí va a estar corriendo Alejandro Giammattei para tener la inmunidad para tomar posesión inmediatamente después de abandonar el cargo como presidente y ser un diputado de Parlamento Centroamericana.

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Por Prensa Comunitaria

El 25 de junio de 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala.  Ese día 9,372, 164 ciudadanos empadronados están convocados para elegir presidente y vicepresidente; diputados al congreso de la república; diputados al parlamento Centroamericano y corporaciones municipales.

A diferencia de elecciones anteriores, esta se realiza en un clima de desconfianza e incertidumbre en tanto que la coalición gobernante ha utilizado todos sus recursos disponibles para incidir sobre este proceso.  Sin un sistema de justicia independiente, el cierre de espacios para la sociedad civil, con medios de comunicación cercados y perseguidos, con candidatos presidenciales excluidos, y la persecución y encarcelamiento de periodistas y opositores, las elecciones de 2023 parecen ser el preámbulo a la consolidación de un régimen autocrático.

En su informe de 2023, V-Dem señaló que el sistema político de Guatemala pasó de ser una democracia electoral a ser una autocracia electoral, en la que, a pesar de que se realizan elecciones, las condiciones en las que las mismas se llevan a cabo carecen de garantías democráticas.

El autoritarismo guatemalteco no está liderado por un líder carismático, como el caso de Nayib Bukele, en el Salvador; ni se trata de dictaduras tradicionales como la de Ortega-Murillo en Nicaragua.  Se trata de una suerte de dictadura corporativa-mafiosa en la que distintas Redes Políticas y Económicas Ilícitas (RPEI) han tomado control total o parcial de las entidades del Estado y se coordinan y alían para mantener y amplias sus posiciones; beneficiarse de los recursos públicos; y, garantizarse impunidad.

Aunque el presidente Giammattei es la figura más visible y quien lidera la coalición, los distintos actores de esta alianza mantienen una relación de co-dependencia y, para mantener el control sobre el Estado, requieren niveles mínimos de coordinación y acuerdos.  Por ejemplo, el Ministerio Público (MP) no puede perseguir y neutralizar adversarios sin contar con el respaldo de las altas cortes; que a su vez depende de mayorías parlamentarias.  En el mismo sentido, la presidencia requiere de otros actores estatales para mantener su predominio y cierta gobernabilidad.

Así, el apoyo mayoritario del legislativo a la gestión de Giammattei ha implicado mantener un pacto con los distintos bloques parlamentarios cuyo precio ha sido el intercambio de obras públicas, plazas, dinero y otras prebendas a cambio de los votos de la mayoría de bancadas.  En el poder judicial, la impunidad se ha sostenido al precio de romper el Estado de derecho con la extensión indebida del mandato de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, cuyo mandato terminó hace más de tres años.  La integración de la actual Corte de Constitucionalidad respondió a los intereses de esta coalición que interfirieron abiertamente en las distintas instancias nominadoras para garantizarse impunidad.

El pleno control que estas redes tienen de la institucionalidad del Estado, fue el resultado de una ofensiva autoritaria que inició en 2016 y que, de expulsar a la CICIG y neutralizar las investigaciones contra la corrupción.  Para lograr esto, fueron articulando una estrategia que les posibilitó cooptar el sistema de justicia para criminalizar a sus adversarios.

En las elecciones de 2023 todos los elementos de la estrategia autoritaria están siendo puestos en juego para moldear los resultados electorales.  Como se verá en este informe, esto ha implicado graves anomalías en el proceso electoral, y colocan a Guatemala a las puertas del cierre del campo democrático.

El sistema de justicia frente al proceso electoral 2023

Frente al proceso electoral de 2023, el sistema de justicia bajo el control de las RPEI, ha mostrado las siguientes tendencias:

1. Desestimar procesos penales en los que figuran como sindicados potenciales candidatos, lo cual se observó a partir de noviembre y diciembre de 2022[1];
2. Viabilizar mediante resoluciones judiciales de la CSJ y la CC, la participación política de candidatos no idóneos o con prohibición constitucional pero afines al régimen como en el caso de Zury Ríos;
3. Ratificar las exclusiones emitidas por el Registro de Ciudadanos o por el TSE de candidatos no afines al régimen; y
4. Usar la criminalización como mecanismo para impedir que corran candidatos que constituyen un riesgo para el régimen.

Las facultades atribuidas constitucionalmente a la CSJ y a la CC sobre las resoluciones emitidas por el Tribunal “Supremo” Electoral, que en la práctica se convierten en un mecanismo de revisión, han sido utilizadas en el marco del proceso electoral de 2023 para ir modelando la tendencia a favorecer la participación política de candidatos no idóneos pero afines al régimen que el TSE ha marcado con claridad.

Ambas cortes resultaron electas a partir de las negociaciones espurias entre partidos políticos y RPEI en 2014 (CSJ) y 2021 (CC) por lo que su independencia es inexistente y el continuum en los mecanismos de “toma y da” entre redes ilícitas se continúa fortaleciendo por medio de la emisión de estas resoluciones que aseguran impunidad y que legitiman la participación política de candidatos supuestamente víctimas de la FECI-CICIG.  Algunos de los magistrados electos por las RPEI en 2014 para la CSJ saltaron al TSE y a la CC como parte del mecanismo de cooptación de las cortes.

Como se observa en la tabla siguiente, ambas Cortes han mantenido una línea unánime frente a las apelaciones por el otorgamiento de amparos provisionales a favor o en contra de la inscripción de candidatos, es decir que todas las resoluciones adoptadas por la CSJ han sido ratificadas por la CC sin excepción. Esto permite observar cómo las cortes se constituyen en el marco del proceso, en el instrumento para modelar el panorama de candidaturas, excluyendo de manera temprana a quienes constituyen una amenaza para la continuidad de la ofensiva autoritaria.

A 4 días de las elecciones, tres binomios presidenciales se encuentran fuera de la contienda, uno de ellos abiertamente opuesto a los intereses de las RPEI (MLP) y dos de ellos con altas posibilidades de elevar su popularidad y afectar la llegada a la presidencia de los candidatos más leales a las RPEI.  La candidatura de Manuel Baldizón, actor central de la cooptación de las Cortes y de graves casos de corrupción investigados por FECI-CICIG fue revocada tras un fuerte posicionamiento de algunos sectores incluido el CACIF^[2].  Manuel Baldizón se constituyó en el actor que facilitó la salida de Carlos Pineda de la contienda electoral, viabilizando así la posible llegada de Zury Ríos a la presidencia.

Las elecciones 2023 ¿la consolidación de la dictadura mafiosa?

Las elecciones generales de 2023 están siendo aprovechadas por la coalición de redes político económicas ilícitas (RPEI) para consolidar su control del Estado, garantizarse continuidad en el control de las instituciones públicas, y la impunidad.

Todos los recursos políticos y financieros, lícitos e ilícitos han sido puestos en juego por esta coalición para moldear los resultados electorales.

Como se ha señalado en este y otros informes, el pleno control del sistema de justicia incluyendo las altas cortes, el ministerio público y la corte de constitucionalidad han sido utilizadas para excluir, criminalizar y perseguir opositores.

El uso de la exclusión mediante procedimientos legales se utilizó en las elecciones de 2019 para dejar fuera de la contienda a la candidata presidencial del Movimiento Semilla, Thelma Aldana.

Recurriendo a acusaciones espurias y a la exigencia de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) emitido por la Contraloría de Cuentas se negó la inscripción de su candidatura presidencial.  Esto limitó el derecho de los guatemaltecos a elegir a las y los candidatos a la presidencia.  A esto se suma que, la no inscripción de Zury Ríos también candidata presidencial, contribuyó a producir una distorsión de las preferencias electorales que, en buena medida posibilitó que el entonces candidato presidencial Alejandro Giammattei pasara a la segunda vuelta electoral con apenas el 13% de los votos en la primera elección.

Esta experiencia fue asumida como una lección aprendida, y la coalición gobernante ha recurrido a excluir candidaturas en distintos niveles y a pulverizar la oferta electoral.

En el nivel presidencial se negó la inscripción de la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas.  Thelma Cabrera fue la candidata presidencial del MLP en las elecciones de 2019, alcanzó el 10% de los votos a nivel nacional y fue la candidata más votada en los distritos de Totonicapán, Sololá y Chimaltenango.  A diferencia de otras experiencias, la participación de Cabrera logró movilizar el voto en los distritos y municipios mayoritariamente indígenas y aparecía en posiciones destacadas en la mayoría de encuestas antes de su exclusión.

La no inscripción de Cabrera se dio a partir de una denuncia tardía en contra de Jordán Rodas por parte del actual procurador de derechos humanos Alejandro Córdoba.  La denuncia hasta el momento permanece en secreto, aunque se supone tiene un carácter administrativo pero fue suficiente para que la Contraloría de Cuentas revocara el finiquito de Rodas e impidiera la inscripción en las elecciones presidenciales del MLP.  Con esta decisión se viola el derecho de un porcentaje importante de ciudadanos a elegir a la y el candidato de su preferencia y se afecta también la representación, que es un componente clave de la democracia, en tanto que se vetó la participación de la candidata indígena con mayor intención de votos.

Otro candidato excluido de las elecciones presidenciales es Roberto Arzú García Granados, postulado por el partido Podemos y a quien, con una confusa argumentación se le revocó la inscripción.  En este caso puede considerarse que, en su discurso, Arzú se posicionó no sólo como crítico al sistema, sino reclamando autonomía frente a los grupos de poder, lo que le posibilitó subir en las encuestas.  La revocación de su inscripción, que se realizó con procedimientos poco transparentes fue un mensaje para el conjunto de partidos y candidatos en cuanto a no salirse del guion y no desafiar a la coalición gobernante.

Finalmente, el candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda que encabezaba a principios de mayo las encuestas para la presidencia, fue eliminado de la contienda junto con todos los candidatos de su partido en un proceso “fast track” promovido por el ex candidato presidencial Manuel Baldizón.

El uso espurio de la legalidad para excluir candidatos y/o amedrentar partidos y candidatos se ha continuado utilizando en distintos ámbitos, incluyendo diputaciones.

El hecho que estén pendientes las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre varios amparos presentados, introduce incertidumbre sobre el proceso electoral.

Los medios de comunicación

Con relación a los medios de comunicación, las elecciones de 2023 se dan en el marco de una profunda transformación de los medios y el predominio de las redes sociales.  Pueden considerarse cuatro ámbitos de análisis: a) Los medios tradicionales independientes; b) el monopolio de radio y televisión; c) los medios alternativos; y d) las redes sociales.

Con relación a los medios tradicionales independientes, fundamentalmente los medios escritos, algunos canales de televisión abierta y algunas radios, se parte de reconocer que estos enfrentan una triple crisis.  En primer lugar, la transformación global de medios de comunicación tradicionales como los periódicos impresos, cuya circulación se ha reducido y que deben competir con medios digitales y las redes sociales.  Esta crisis ha interactuado con las dos que se abordarán a continuación, y han llevado a la digitalización de medios con una larga trayectoria como La Hora y El Periódico, que pasaron a un formato digital; mientras que la Prensa Libre ha intentado mantenerse a flote a costa de reducir costos y cobertura.  En segundo lugar, y por razones políticas, los medios tradicionales enfrentan el boicot de sus anunciantes.  Esta renuencia a pautar publicidad responde a presiones de otros actores políticos como el mismo gobierno o las cámaras empresariales; o, las preferencias políticas de los empresarios.  El resultado ha sido un menor flujo de recursos para los medios.

Y, finalmente, la tercera crisis que enfrentan es la de la criminalización.  A pesar de que anteriormente periodistas sobre todo de medios alternativos habían sido criminalizados, el caso de José Rubén Zamora constituyó un antes y después para el periodismo.  A raíz de este caso varios periodistas han tenido que salir al exilio y otros han optado por bajar perfil y no abordar temas delicados.  A pesar de esto, muchos medios tradicionales independientes han mantenido una cobertura profesional y bastante ecuánime del proceso electoral.

En este contexto, el viernes 12 de mayo de 2023 se anunció el cierre de El Periódico que, a pesar del cerco financiero y el encarcelamiento de su director logró migrar a una edición digital que logró mantener durante 283 días.  El cierre de El Periódico constituye un golpe a la libertad de prensa, al derecho a la información, y es un grave mensaje para el resto de medios de comunicación y la ciudadanía.

Por su parte, el monopolio de la Televisión Abierta y las radios conexas a este conglomerado, jugaron un papel de primera línea en la ofensiva contra la CICIG y han contribuido a legitimar y justificar las ilegalidades y arbitrariedades cometidas desde 2018.  En cuanto a la cobertura electoral, meses antes de la convocatoria a elecciones desde sus noticieros y a través de infomerciales contribuyeron a posicionar a las y los candidatos preferidos por las Redes Políticas y Económicas Ilícitas.  Aunque las reformas a la ley electoral han tratado de controlar la pauta de publicidad en radio y televisión, es en la cobertura periodística de los noticieros donde se dan las asimetrías.

Con relación a los medios alternativos, particularmente los digitales, estos han florecido desde 2015, y presentan una amplia gama de enfoques y de periodismo en profundidad.  La cobertura electoral ha permitido hasta el momento combinar la cobertura de la campaña electoral con investigaciones de fondo que permiten comprender los actores y poderes que están atrás de las principales candidaturas.  El desafío para estos medios sigue siendo el alcance, y el acceso a un público más amplio.

Finalmente, las redes sociales se han convertido en las grandes protagonistas del proceso electoral.  Mientras que las discusiones políticas se dan en twitter, que sigue siendo una red minoritaria en Guatemala, el intento de llegar a públicos más amplios y de manera más cercana se ha estado dando en tik tok.  Ahora bien, existe una discusión abierta sobre cuanto las redes sociales contribuyen a moldear las preferencias políticas y si existe una correlación entre seguidores y likes y votos.

La estrategia de la coalición corporativa mafiosa frente al proceso electoral

Para la coalición gobernante, el proceso electoral es, ante todo, una oportunidad para consolidar el control que tienen de los organismos del Estado, el ejecutivo y el legislativo, y convertirse en actores decisivos para la integración de la CSJ y las cortes de apelaciones.  Para lograr esto, y como se vio en las secciones anteriores, han hecho lo necesario para neutralizar posibles amenazas al statu quo.

Pese a este consenso compartido sobre la continuidad del estado de cosas y el control de la institucionalidad pública, se trata de una coalición de redes, que aunque desde 2018 se han venido coordinando, también contienden por cuotas de poder.  En ese sentido, las elecciones también representarán un reacomodo de estas redes.  La salida de Giammattei del ejecutivo posibilitará que un nuevo presidente tenga algún margen de acción y de decisión.  Asimismo, el cambio en el legislativo definirá una nueva integración y número de bloques parlamentarios y, por lo tanto, la negociación de nuevas alianzas.

Frente a esta situación, la estrategia de las RPEI ha sido exacerbar las características del sistema político, para lograr la mayor cantidad de posiciones al menor costo posible en votos, pero empleando cantidades desproporcionadas de recursos.  Una estrategia utilizada ha sido la pulverización del sistema de partidos políticos.

Guatemala Elecciones Generales 2007-2023

Como se muestra en el cuadro 2, existe un aumento significativo entre el número de partidos y candidaturas presidenciales que compitieron en los últimos 4 procesos electorales.  A mayor número de partidos, la distribución de los votos es mayor, y se requieren relativamente menos votos para pasar a segunda vuelta electoral, y elegir diputados y alcaldes.

Aunque la competencia por la presidencia estaba limitada por los intereses de la coalición corporativa mafiosa, y eran pocos los candidatos que podían optar a una segunda vuelta electoral.  El bloqueo de candidaturas y el rechazo a la imposición ha producido el crecimiento no esperado de ciertas propuestas presidenciales.  Primero, Roberto Arzú, de Podemos, que tras empezar a crecer en las encuestas fue anulada su inscripción; y, recientemente el caso de Carlos Pineda, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana.  Aunque Prosperidad Ciudadana está formada también por RPEI y grupos de poder locales y regionales, su participación era secundaria. Sin embargo, la pulverización del sistema de partidos y la pretensión de imponer candidaturas “oficiales” de facto de la coalición gobernante, ha producido estas contradicciones y desafíos internos.

En ese marco, es para el congreso donde esta estrategia de fragmentación resulta más funcional.  Las distintas redes están en capacidad de postular a sus candidatos a diputados por lista nacional y distritales, incluso por diferentes partidos.  La mayor fragmentación del sistema de partidos puede en algunos casos disminuir el número de votos necesario para elegir un diputado en los distritos; y, el mayor número de bloques parlamentarios en el congreso hace que se eleven los costos de transacción.  Para el próximo gobierno, mantener una mayoría parlamentaria como la que se ha dado en las últimas dos legislaturas significará negociar con un mayor número de interlocutores y, intercambiar prebendas.

Asimismo, la fragmentación posibilita que en la mayoría de los partidos políticos se reciclen grupos de poder regional que, tras la primavera del 2015 tuvieron que bajar perfil, pero que resurgen.  Esto incluye desde estructuras de poder tradicional como los López Villatoro de Huehuetenango, los Arévalo de Totonicapán, los Quej de Izabal; los López de Quiché; los Castillo en Santa Rosa; personas que jugaron un papel central en la ofensiva autoritaria como Degenhart y Jovel; hasta grupos y personas ligadas a grupos criminales.  El intento de los fiscales de los partidos políticos por evitar que en las papeletas aparezcan los nombres de los candidatos a diputados, confirma el interés en ocultar cómo los liderazgos tradicionales de estas estructuras vuelven para tomar el control del ejecutivo y de las municipalidades.

Ahora bien, para poner un funcionamiento dos docenas de partidos y centenares de candidatos a alcaldes y diputados, estas estructuras han recurrido a fuentes de financiamiento ilícitas, particularmente provenientes de la corrupción – ha sido ampliamente denunciado el uso de recursos públicos para la campaña electoral – y de estructuras criminales.  Frente a esto, ni el TSE ni el MP han actuado de manera diligente.

Reflexiones finales 

Como se señaló al inicio de este informe, Guatemala es considerada como una autocracia electoral, que está cada vez más cera de convertirse en una dictadura cerrada como puede ser la nicaragüense o la norcoreana.  Sin embargo, el desenlace de los procesos políticos es determinado por la acción de los pueblos y de las personas.  Al respecto, se considera que, las elecciones de 2023 pueden generar tres posibles escenarios: la consolidación de la dictadura corporativa mafiosa y el cierre de las vías democráticas para enfrentarlas; la contención de la ofensiva autoritaria y la posibilidad de reconstruir el espacio cívico; y, el inicio del rescate del Estado y la transformación del Estado.

El primer escenario, la consolidación de la dictadura y el cierre de las posibilidades de cambio democrático sigue siendo un escenario posible.  El eventual triunfo electoral de las candidaturas más afines a la coalición gobernante, Zury Ríos y la coalición Vamos Unionista o Manuel Conde y el partido Vamos podría significar no solo la continuidad sino la profundización de la ofensiva autoritaria que el país viene enfrentando.  A este dominio del ejecutivo se sumaría un congreso fraccionado en múltiples bloques, pero controlado por las RPEI.  Esto posibilitaría la elección de altas cortes afines, la continuidad del uso político del MP, y el fortalecimiento de actores externos al sistema de justicia pero que parecen dominar su agenda, como la Fundación contra el Terrorismo.  Con el antecedente de exclusión política de las últimas dos elecciones, la subordinación e incapacidad del TSE, y el uso de la política exterior para defender la impunidad frente a la comunidad internacional, se cerraría aún más el espacio cívico, y en las próximas elecciones solo podrían competir candidaturas afines al régimen.  Sin embargo, como lo han mostrado las encuestas, la ciudadanía no ha aceptado la imposición.  El candidato oficial, que cuenta con recursos ilimitados provenientes del Estado y el apoyo de decenas de alcaldes, no ha logrado despuntar en las encuestas, y más bien han sido candidatos menos directamente ligados a la coalición mafiosa los que han irrumpido (y han sido excluidos) del proceso electoral.

El segundo escenario, la contención, implicaría que la presidencia fuera alcanzada por candidatos y partidos con menos compromisos con la impunidad y dispuestos a detener la ofensiva autoritaria.  Esto requeriría acciones en el congreso de una mayoría decidida a rescatar el Estado de Derecho, así como la acción decidida de la sociedad civil que posibilite un proceso transparente de designación de nuevas cortes, y nominación de funcionarios clave.  Esto implicaría acuerdos mínimos entre actores políticos, sociales y empresariales para reconstruir el Estado de derecho y recuperar la institucionalidad democrática.  Los cambios en la composición del congreso y el ejecutivo, podrían abrir oportunidades para este tipo de acciones.

El tercer escenario plantearía que los resultados electorales posibilitaran un cambio en el ejecutivo y el legislativo favorable al rescate del Estado y a la recuperación y transformación de la democracia.  La fragmentación del campo progresista y la exclusión del MLP limitan este escenario, que es el más deseable pero el menos probable con la información disponible a 25 días de las elecciones generales.

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Juan Rosales para RUDA

El próximo 25 de junio habrá elecciones generales, presidenciales y legislativas, para definir qué fuerza política seguirá oprimiendo a los pueblos que habitan Guatemala. Con la proscripción de Thelma Cabrera del MLP y las escasas chances de disputar para el movimiento Winaq- Semilla; los comicios serán en un contexto de continuidad de la represión cultural, del saqueo del débil Estado por sucesivos gobiernos de corruptos y un poder judicial afín, de racismo estructural y violencia patriarcal contra mujeres y LGBTTIQ+, desigualdad, migración forzada y el exilio de referentes populares.

Para quienes resisten fronteras adentro del país, la persecución del Estado y a la libertad de expresión es cotidiana. De hecho, mañana, 14 de junio, comienza uno de los juicios más relevantes: el del Estado de Guatemala contra Nanci Chiriz Sinto, joven maya kaqchikel, Defensora de Derechos Humanos y activista social, detenida el 24 de noviembre de 2021 en un despliegue desmesurado de fuerzas policiales debido a su participación en la manifestación tres días antes, en la que miles de personas llegaron a la ciudad a repudiar los actos de corrupción por parte del Gobierno y el Congreso.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público la acusa del delito de “depredación de bienes culturales”, por unas supuestas pintadas en la fachada del Congreso. En junio de 2022, el Juzgado Duodécimo especializado en estos delitos, presidido por la jueza Wendy Coloma dictó la suspensión de su proceso penal. Sin embargo, la Fiscalía, junto a los querellantes del Congreso y la Procuraduría General de la Nación, presentó un recurso para retraer el juicio a su etapa intermedia y desde entonces Nanci es citada a comparecer ante la llamada justicia.

Qué pasó el 21 de noviembre de 2020

“El gobierno hace un mal uso del derecho penal para criminalizar la organización política, individual y partidaria”, afirmó Nanci Sinto en diciembre de 2021, apenas conoció que el Estado de Guatemala la acusaba tras participar de una protesta social. Se refería al gobierno del antiderechos Alejandro Giammattei, que termina su mandato que inició en enero de 2020, con un 75% de desaprobación hacia su gestión. “El sistema de justicia es clave para cumplir con la orden de criminalizar del Estado”, reflexionó Sinto, y agregó que en su caso “no cuentan con los fundamentos”.

Junto a Nanci Sinto fue detenido otro referente social, Juan Francisco Monroy, y ambos enfrentan un proceso por el delito de “depredación de bienes culturales”. Contra Nanci resolvieron en primer momento, arresto domiciliario, la prohibición de salir del país y el pago de una caución. O sea, una condena antes del juicio. Por eso, tras popularizarse la persecución, en las calles y las redes comenzó la solidaridad.

El 21N de 2020, “Giammatei hizo uso de la fuerza pública”, recordó contundente Nanci al repasar los hechos que ese día la llevaron a ejercer su derecho a la protesta y posteriormente a la legítima defensa. Ese día, la Defensora fue agredida por las fuerzas policiales que hicieron abuso de sus funciones públicas en nombre del Estado, hecho que fue admitido por la Fiscalía en audiencias pasadas. “En Guatemala, no importa si eres víctima, siguen vulnerando tus derechos”, afirmó Nanci, quien fue golpeada por la policía que ejerció abuso de poder y tuvo que ser ayudada para poder incorporarse.

“La lectura social que hago tras mi detención es que la idea de los poderes es silenciar. En Guatemala, las élites trabajan con el temor, con sostener el miedo”, reflexionó más allá de lo subjetivo de su situación; y habló de un cambio desde 2015 a esta parte, en las formas de manifestación popular: “Se empezaron a dejar de lado los símbolos patrios, la bandera celeste y blanca, a la hora de salir a la calle para hablar de plurinacionalidad”. También contó que percibe una ruptura con “el Estado criollo, paternalista, colonialista, racista y patriarcal”, y la construcción de nuevas legitimidades. “Desde el gobierno de Jimmy Morales y sin las instancias de fiscalización internacionales, la institucionalidad fue perdiendo legitimidad y además hubo grupos críticos, sobre todo con las élites que se acomodan en el gobierno y el Congreso”, dijo.

“Se está haciendo un mal uso del derecho penal”

Para Esteban Celada, abogado defensor de Nanci Sinto, la persecución del Estado de Guatemala contra la referente maya kaqchikel “es un caso de criminalización porque se está haciendo un mal uso del derecho penal”. Es que la defensa técnica de Nanci presentó seis amparos ante la justiciapor violación a los derechos fundamentales de: defensa, debido proceso, juez imparcial, recurso sencillo y efectivo, no admisión de pruebas y la no resolución de las peticiones de la defensa en la audiencia intermedia.

“La situación actual de Nanci es que está sujeta a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales, que tiene prevista una pena de prisión de seis a nueve años”, confirmó el abogado. “Es una situación preocupante, porque trunca su proyecto de vida”, agregó Celada en referencia a la gravedad de la situación.

“Se le atribuye haber hecho una pintada, y por eso esta persecución que consideramos ejemplificante y una forma de criminalización a las garantías fundamentales de expresión, libertad de manifestación y de asociación”, sostuvo el abogado, quien consideró que este proceso judicial es “para infundir temor en cuanto a manifestaciones de cara al proceso electoral que va a vivir Guatemala”.

“Lo que está intentando el Estado es que no haya voces que reclamen sus derechos ni cuestionen los actos arbitrarios que está haciendo el Gobierno”, referenció el defensor de Nanci. “Nos parece sumamente preocupante el hecho de que hayan escogido precisamente estas fechas para llevar a cabo el debate oral y público, además de que el delito de por sí contiene penas sumamente excesivas y desproporcionales”.

Nanci, otra de nuestras defensoras

Nanci advirtió sobre la situación en Guatemala en los últimos años: “la agenda de DDHH retrocedió y por eso, hubo una interpelación al sistema. El gobierno no garantizó vidas dignas y ni que hablar cómo fue el manejo de la pandemia, muchas personas perdieron a sus seres queridos por la negligencia y la corrupción del gobierno”. Y reflexionó, “se vivieron un cúmulo de frustraciones que hizo que desde 2015 y sin las instancias de fiscalización internacionales, las personas ya no salieran a manifestar con los símbolos patrios y perdieran credibilidad en el Estado” y agregó una demanda histórica de las comunidades: “queremos un Estado plurinacional”.

Nanci quiere denunciar que “tenía claridad jurídica” al momento de su detención, porque sabe que es inocente de los cargos de los que se la acusa y así se la escucha al narrar la arbitrariedad. Es que además de ser comunicadora estudia Derecho. “Me preparé para ese momento, tenía la esperanza de que no llegara, pero llegó”, contó. “Lamentablemente las herramientas que la cooperación internacional le otorgó al Estado para perseguir al narcotráfico las usan en la construcción del enemigo interno”. Y no casualmente la persecución del poder judicial se aplica contra Defensoras de los territorios y los DDHH; mujeres indígenas que están alejadas de los centros urbanos.

Se la escuchó profunda y atenta al proceso individual y colectivo que le tocó en puerta. Nanci repasó su trayectoria: aportó en el espacio de juventudes del ex presidente Alvaro Colom (2008- 2012) y luego militó en el Winaq, el movimiento y partido político indigenista y de izquierdas fundado por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú con actual representación parlamentaria y una candidatura presidencial. “Luego trabajé en el acceso a la justicia y la defensa de los DDHH de mujeres indígenas y en la recuperación del espacio público a través del arte”, contó.

“A partir de lo que pasó, desde el 24N -día de su detención-, pude ver el reconocimiento al trabajo con las comunidades”, dijo, y admitió que es una situación que, a pesar de las consecuencias, “me pone muy feliz”. Al responder sobre la situación de las mujeres mayas, la Defensora habló sobre los cuerpos y los territorios militarizados: “A partir de la pandemia, se ejerció el control del Estado en mayor medida sobre las comunidades y la militarización con la excusa de las medidas sanitarias y las consecuencias para las mujeres fue la violencia sexual, además del saqueo de los territorios y la naturaleza”.

Nanci reflexionó también sobre las opciones electorales y lo difícil que es sortear la diversidad étnica, identitaria y también política de las comunidades y los movimientos en Guatemala. “El CODECA ha dado una batalla muy ardua y los costos han sido altos; muchos hombres y mujeres han sido criminalizados y asesinados por su militancia”, reflexionó. “Recién en 2015 se logró una apertura en reconocer los procesos de los movimientos con la inscripción de la candidatura de Thelma Cabrera y tras la conformación del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)”. “Se juega mucho en las próximas elecciones”, afirmó, y tiene certeza que los grupos económicos están asustados por las opciones que se están levantando desde los movimientos.

“Es importante que los pueblos puedan acuerpar y defender estos proyectos políticos”, expresó Nanci en relación a las pocas opciones populares en Guatemala, algo que incluye al Winaq como camino hacia el Estado plurinacional que la historia merece. La referente, reflexiona que cuando la criminalización golpea a una de nosotras, a los círculos cercanos, a las amigas y las compañeras, “se siente acompañada y sabe que somos muchas en eso”. Y agregó que no hace falta que nos conozcamos para sentirlo: “Hay una solidaridad genuina que nos hace acompañar a otras. El amor de mis amigas, la ternura radical es lo que me hace seguir luchando”. Y así seguirá.

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