Por Agustín Bontempo | Fotos por: Carlos Brigo y Emiliana Miguelez

Algunas personas deben tener gravado en su retina la famosa frase del canal Todo Noticias (Grupo Clarín) que advertía: “TN puede desaparecer”. Esta fue una campaña política que desarrolló el multimedio para confrontar con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sostuvo –con los ajustes correspondientes- en la lucha por su implementación. Spoiler alert: TN no desapareció.

A última hora del pasado jueves 5 de diciembre, el presidente Mauricio Macri a través de una Cadena Nacional hizo un balance de gestión en donde aseguró que “Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta”, en un intento de sintetizar la supuesta política en materia de libertad de expresión.

Por supuesto que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, nos interesa repasar cómo fueron los cuatro años de macrismo en materia de políticas de medios y comunicación.

Foto Emiliana Miguelez

Un ataque a las instituciones

Una de las tantas promesas de campaña del macrismo fue que sería un gobierno que defendería la república y las instituciones. En materia de comunicación, el inicio de gestión fue poco auspicioso. Seguramente las y los lectores recordaran aquellos primeros días al frente del Estado donde Macri se propuso ser todo poderoso y gobernar a partir de una catarata de decretos porque, en defensa de las instituciones, ¿para qué esperar al Congreso?

En comunicación no hubo excepción. Durante los primeros 20 días de gestión el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Luego, intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de la Información y la Comunicación (AFTIC). Finalmente creo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para terminar de “ordenar” el esquema institucional en este campo. El resultado de todas estas medidas dio un golpe de KO a la popularmente conocida Ley de Medios.

Si bien hemos afirmado en diferentes oportunidades que la ley sancionada en 2009 era limitada en varios puntos, también destacamos que no fue producto de un capricho del gobierno kirchnerista sino el resultado de 40 años de debates. Con estas medidas y posteriormente la creación de una comisión que redactaría un nuevo proyecto de Ley de Comunicaciones y posteriormente la iniciativa de la ENACOM para avanzar en una nueva Ley de medios que garantizaba mayores niveles de concentración del poder mediático, el macrismo lograba ocupar un rol hegemónico.

De allí en adelante, se avanzó en la concentración mediática, conformación de nuevos conglomerados (Cablevisión-Fibertel-Telecom) en un escenario legal muy favorable para las empresas, lo que se expresa en altas tarifas por servicios de mala calidad. Cierres de medios pequeños y/o locales, dificultades para la inserción en el mapa de las comunicaciones de los medios populares, son algunas de las dificultades de este escenario.

En una nueva edición de la “Pesada herencia”, en un artículo reciente Martín Becerra señala que “En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados”.

Además, Becerra agrega que “Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente”.

Finalmente, y pensando en cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, “Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces”.

No nos olvidemos de…

Como decíamos al principio, Macri aseguró que él no cuestionó periodistas, tratando de generar un vínculo con sus críticas al kirchnerismo durante su período de oposición y su promesa de garantizar la libertad de expresión. Por supuesto que la convergencia de poder durante estos cuatro años atenta contra esa idea, pero también asistimos a casos concretos como fue el ataque a Telesur, que hoy sigue en pié en la televisión digital privada. Si ampliamos el margen de análisis, pensar el contexto latinoamericano actual sin una señal que pueda equilibrar el despliegue de la CNN y sus diversas correas de transmisión locales, expresa un elemento preocupante.

Otro de los mecanismos que la gestión de Cambiemos utilizó estos años fue la discrecionalidad de la pauta publicitaria. Además de orientar buena parte de su presupuesto en lugares específicos como el Grupo Clarín, también condicionó línea de difusión como fue (y sigue siendo) el blindaje a Horacio Rodriguez Larreta en C5N (canal que confrontó con el macrismo los cuatro años de gestión). En este punto, en 2016 incluso reglamentó una resolución que le otorgaba (y lo sigue haciendo) mayor discrecionalidad con menos controles y sin participación ciudadana, y eso que hablamos de dinero del Estado.

No es la intención profundizar en estas líneas, pero los contenidos en canales públicos (lo veremos en el siguiente apartado), el negocio con el fútbol profesional, el otorgamiento de licencias de manera discrecional, son algunos de los puntos destacados en política de medios.

Finalmente y sin la necesidad de ahondar teniendo en cuenta el tratamiento que hicimos oportunamente, debemos señalar algunas cuestiones sobre datos personales. ¿Por qué? Porque en un contexto de convergencia y digitalización, los datos personales dejan de ser exclusivamente cuestiones personales para transformarse en mercancías.

En la actualidad asistimos a un escenario local y mundial donde las empresas que administran Tecnologías de la Información y la Comunicación son las principales potencias económicas, teniendo un poder de incidencia en nuestras vidas sumamente determinantes. Publicidades orientadas, relevamientos de filiaciones políticas y religiosas, manipulación de la información, son algunos elementos a tener en cuenta.

En este sentido, la seguridad informática no está garantizada y menos en Argentina. En nuestro país, tanto la Ley vigente que rige desde el año 2000 así como normas complementarias y el proyecto presentado por el macrismo, solo profundizan la inseguridad, dejan afuera a la ciudadanía de cualquier tipo de participación y centraliza el poder en pocas manos y sin controles. Particularmente en el intento de modificación de la gestión saliente, le da demasiados privilegios al Jefe de Gabinete, es permisivo con la manipulación de datos y, como suele pasar en otras normas, no contempla cabalmente los desarrollos tecnológicos actuales.

¿Qué pasó en los medios públicos?

La política desplegada hacia este sector fue realmente restrictiva. Estamos hablando de los medios del Estado, aquellos que deben garantizar la diversidad de voces, la participación ciudadana, priorizar la información por sobre la competencia, promover espacios educativos. Nos referimos a espacios que deben solventarse con fondos públicos en buena medida.

Durante estos cuatro años, la gestión de Hernán Lombardi hizo todo lo contrario. Desaparecieron los programas que no representaban la línea ideológica del gobierno (Zamba, el programa para niños y niñas), se movieron canales de señales centrales (Canal Encuentro), se redujo el presupuesto general impidiendo coberturas destacadas (Televisión Pública y Radio Nacional) y se usaron espacios como plataformas políticas (Agencia Télam, transmisiones en eventos deportivos).

Un elemento cristalizador fue el desfinanciamiento. Alejandro Linares detalló en Letra P que hubo un recorte en el presupuesto destinado al sector, que en si mismo representaba el 79% de los ingresos en 2016 para la Televisión Pública y Radio Nacional y que en 2018 pasó a representar el 75%. Asimismo, destaca que aunque en materia de pauta oficial y privada hubo un incremento nominal en este período, hubo una caída del financiamiento en términos reales al ser comparados los valores con la inflación oficial. Si los montos se pasan a dólares, obtenemos que en 2015 los ingresos rondaban los 241 millones de dólares, en 2016 eran 207 millones dólares y ya en 2018 la cifra se ubicó en 136 millones de dólares. Es decir, una retracción de casi el 50% en cuatro años.

La gestión del Titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, se caracterizó, en síntesis, por hacer todo lo contrario a lo prometido en campaña. Es el desfinanciamiento pero también el condicionamiento de contenidos lo que garantiza el vaciamiento al que hacemos referencia. Lejos de promover la libertad de expresión y no criticar, incluso el periodista oficialista Alejandro Fantino aseguró la existencia de listas negras durante el macrismo.

En diálogo con Marcha, Carla Gaudensi, quien es delegada de Télam, Secretaria de Acción Social del SiPreBA y Secretaria General electa de la Federecación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), aseguró que “El vaciamiento de Lombardi en medios públicos responde a la misma política del macrismo en general. Entender el Estado como una empresa privada a la cual vinieron a aplicar políticas de ajuste”. Asimismo, aseguró que “Ellos vinieron a reducirlos a la mínima expresión y que no estén representadas las voces de los sectores más oprimidos, que no están representados en los medios comerciales y hegemónicos que muchas veces se manejan con otras agendas. Las agendas de los medios públicos deben ser plurales y federales y eso es lo que este gobierno vino a destruir porque justamente no le interesa que las voces de los sectores populares, de los sindicatos, del feminismo, de los pueblos originarios, se reflejen en un medio y es por eso que vinieron a destruirlos o reducirlos a su mínima expresión”.

Situación de las y los trabajadores de prensa

El vaciamiento planificado y ejecutado por el macrismo tuvo una fuerte resistencia de las y los trabajadores de prensa que más allá de las cuestiones estrictamente laborales, generando diferentes mecanismos para seguir cumpliendo con el rol que estos medios debían desempeñar. Un caso ejemplar fue el #NotiTrabajadorxsTVP, que ante la desaparición de los noticieros en el canal público y las limitadas coberturas, se organizaron para garantizar el Derecho a la Información del conjunto de la sociedad.

Más allá de este tipo de aspectos, que hubo decenas donde se destacan niveles de organización con diversos espacios, una de las grandes características que tuvo el sector fue la resistencia a los despidos masivos.

No podemos obviar la situación en el conjunto del país, donde los medios locales, en muchas oportunidades con bajísimos recursos, fueron atravesados por la misma situación

Durante estos cuatro años trabajadores y trabajadoras de diferentes medios perdieron sus puestos de trabajo. Si bien hay casos emblemáticos que desarrollaremos a continuación, hubo despidos en Atlántida, América, Crónica, cierre de medios de comunicación, entre otros. Esto derivó en niveles de organización ejemplaras, puesta en funcionamiento de comisiones internas y un rol destacado de la organización gremial, especialmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que nació en 2015 como alternativa a las direcciones burocráticas del sector. Otro actor que tuvo un lugar relevante fue el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).

Uno de los conflictos destacados durante este período fue el de los despidos en Clarín, aliado estrella de Cambiemos y uno de los actores fundamentales durante la campaña electoral en 2015. En abril de este año, 65 personas fueron despedidas de la redacción. Esa situación derivó en una enorme cantidad de medidas de lucha, festivales y solidaridad de diversos sectores. El grupo Clarín ya empezaba a tomar cierta distancia del macrismo en su línea editorial, sin alcanzar la denuncia pero al menos describiendo la grave situación económica y social. Sin embargo, puertas adentro, llevaba adelante un ajuste brutal de sus trabajadores y trabajadoras.

La enorme repercusión y actos de solidaridad lograron poner un freno a una situación que se visualizaba peor. Sin embargo, la salida de la gestión viene con preocupaciones bajo el brazo y posibles nuevos despidos, situación ya denunciada por las y los trabajadores.

El caso más emblemático de estos años fue el conflicto en Télam. En junio de 2018 la gestión de Lombardi despidió a 357 personas. En aquel momento se iniciaba un proceso con avances y retrocesos, nacimiento de agencia paralela, persecución. Sin embargo, nuevamente el conjunto de las y los trabajadores del sector dieron un claro ejemplo de organización, lucha y unidad, llevando adelante decenas de actividades y con el tiempo ir logrando reincorporaciones, que al día de hoy ya supera a las 240 personas. Gaudensi señala que “El conflicto de Telam nos ha dejado una experiencia muy importante para el SiPreBA pero también para el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Télam, como también lo hcieron otros conflictos como el de Clarín, la TV Pública, en su momento cuando arrancabamos como sindicato el del Grupo 23 que derivó en las cooperativas de Tiempo Argentino e Infonews cuando Spolski se fugó”.

Todo esto no ocurrió de manera gratuita. Campañas de difamación, amedrentamiento de las fuerzas represivas, intervención de la justicia. Sin embargo, el conflicto se fue desarrollando positivamente a partir de la determinación de las y los trabajadores.

Si bien la situación aún no está del todo resuelta, la sumatoria de los conflictos abiertos y el de Télam en particular, permitió un crecimiento en la organización del sector en general y del SiPreBA en particular que si bien aún tiene mucho por desarrollar como sindicato, logró ser una de las herramientas indispensables para resistir al macrismo dentro del sector.

En palabras de Gaudensi, estos conflictos “Creo que han dejado un saldo organizativo para el SiPreBA muy grande y como experiencia en términos de cada trabajador y trabajadora de Télam creo que ha dejado una huella no solamente en términos de lucha y organización, sino también en términos personales, en nuestros cuerpos, toda esta violencia ejercida, brutal, de este gobierno que vino directamente a destruir la organización de las y los trabajadores. En Télam en particular también a estigmatizar a cada una y cada uno de sus trabajadores, tratar de dividirnos despidiendo al 40% y pensando que con eso iban a cerrar un conflicto, que eso generaría que quienes no fueron despedidos tomaran un camino individual y no colectivo. Ese es el mayor salto: decir en su momento que eramos todas y todos despedidos y encarar la lucha desde ese lugar”.

En ese camino también nos encontramos los medios alternativos, quienes estuvimos cada día de la gestión macrista poniendo en agenda lo que faltaba en los grandes medios o, aunque esté, aportábamos la mirada popular y feminista, necesaria para que en el escenario que se abre no solamente se piense en superar al macrismo, sino construir una comunicación realmente anclada en la libertad de expresión, en el protagonismo popular y en una sociedad totalmente justa.

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En los últimos días se difundió la noticia de que el Grupo Indalo, con C5N a la cabeza, fue vendido a OP Investments. Cómo queda el mapa de medios y cuáles son los desafíos que nos esperan.

El mundo de los medios de comunicación masivos es, antes que todo, un mundo de disputa de empresarios. Detentar un medio masivo permite promover un sentido y opinión publicada que pueda ser el reaseguro de intereses propios cuanto menos, pero también de construcción hegemónica de todo un sector. Esto es posible solo si hay un gobierno que lo permita.

La configuración de los mapas mediáticos tienden a ser un excelente esquema para ejemplificar como la clase dominante teje sus alianzas: Estado-grupos económicos concentrados.

El Grupo Idndalo es uno de los conglomerados más importante que tiene el país, disputando influencia incluso con el Grupo Clarín en algunos puntos del país, como la Capital Federal o la Provincia de Buenos Aires. Su composición es amplia y variada: C5N, Radio 10, Mega, Pop, Ideas del Sur, entre otros. No olvidemos que buena parte de estos medios pertenecían a Daniel Hadad, quien los vendió, en plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522, a Cristóbal Lopez y compañía.

Según se difundió, el comprador es OP Investments, un grupo inversor de origen norteamericano, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio. Asimismo, fue Jorge Rosner quien concreto la operación. La pregunta es: ¿Quién es Jorge Rosner?

Rosner es un financista que trabajó varios años para el Grupo Macri, también lo hizo en el Grupo Clarín. Además, estuvo vinculado a empresas del rubro agropecuario como El Tejar, según señala un artículo de La Izquierda Diario. Estos datos no son menores porque echan luz sobre lo concreto y es que, con este traspaso, salvo pequeñas excepciones, los medios masivos pasan a la órbita del macrismo.

Es importante señalar que la adquisición del Grupo Indalo es completa, por lo tanto las diferentes empresas que lo componen en el rubro de la construcción o el petroleo, por nombrar algunas, también pasarán a las manos de OP Investments.

Dos años de hitos macristas

En esta tribuna periodística hemos señalado que el macrismo venía a derribar con todo lo que se avanzó en materia de medios. Particularmente, este cronista ha sido muy critico de los limites de la Ley de Medios sancionada en el 2009, así como también su falta de aplicación. No por eso dejamos de resaltar el contenido histórico, democrático y de avanzada de una norma que venía a romper con el Decreto-Ley de la dictadura cívico-militar-clerical (1976-1983) y las modificaciones durante el menemismo.

Como señalaba en el artículo antes citado, uno de los primeros hitos del macrismo fue la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), así como la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -todo en la órbita del por entonces flamante Ministerio de Comunicaciones a manos de Oscar Aguad-. Esta batería de modificaciones que se dieron en los primeros días de gobierno echaron por tierra las discusiones de décadas y sentaron las bases de lo que vendría luego.

Un segundo hito se da unos meses más tarde, más precisamente en marzo, cuando se crea la Comisión que debería establecer los puntos de la futura normativa. Aquella comisión, lejos de ser independiente del gobierno y los intereses privados, estuvo compuesta por personas cercanas al grupo Clarín como Santiago Kovadlof, o directamente al gobierno, es el caso de Silvana Giudici, Andres Gil Dominguez o Hector Huici. Ninguno de ellos, además, son profesionales de la comunicación.

Los puntos que elaboraría aquella nefasta comisión impactarían en la presentación de una propuesta en el mes de julio que contenía 17 ítems a trabajar. Los mismos estaban caracterizados por eslóganes, ambigüedades pero también señalamientos de carácter estratégico. Es recomendable repasar el artículo citado.

Desde aquel entonces, se fueron dando diversas modificaciones, tal vez menos rimbombantes y de un carácter estructural menor, pero no por eso menos importante.

En este 2017, han sido dos los hitos más destacados, especialmente por su orientación proempresarial. El primero de ellos, la privatización del fútbol. Frente a la creación de la nueva Superliga de Fútbol Argentino, señalabamos que la competencia por la adquisición de los derechos de transmisión no habían sido leales, sino que hubo grandes condicionamientos para que Fox Sports y TNT Sports se queden con ellos. En ese orden, fue AT&T el gran ganador oculto y el Grupo Clarín que, desde la sombras, salía nuevamente al ruedo.

La venta del Grupo Indalo es el último de los hitos que aquí decidimos mencionar, entre algunos otros más, por supuesto. El negocio entre sectores privados no es solamente el uso de las reglas del mercado, sino que mueve el mapa de medios consolidando una sola plataforma de difusión con un color político determinado.

Medios alternativos al poder

Quienes conformamos los medios alternativos y populares, sabemos de su tradición, de sus luchas, de la característica indispensable de ampliar las voces, ser un espacio de integración e inclusión para nuevos y nuevas periodistas. Esta tradición de lucha no es novedosa pero hay momentos de la historia que reclaman de su mayor astucia y participación. Así como alguna vez los medios alternativos salieron al rescate de la ley que el macrismo quería destruir, hoy se hace indispensable su intervención en la arena política, económica, social y cultural.

La mayoría de los medios masivos privados quedaron a disposición del macrismo. Los medios públicos, naturalmente, también. Esto, sumado a una enorme estrategia (y gasto) de propaganda que va desde lo estrictamente publicitario hasta la intervención masiva en redes sociales. La promoción del gobierno de Cambiemos es grotesca y obscena, como tal vez nunca antes en la historia reciente de masificación de los medios se haya visto.

Los medios alternativos y populares, en cualquiera de sus soportes (papel, portales, radios, canales de televisión, entre otros), que siempre estuvieron del lado de la coherencia y la responsabilidad, con el compromiso de ser independientes, sí, pero de cualquier condicionamiento que venga del Estado o los empresarios, hoy adquiere una relevancia central. Diría que arrolladora.

Los reclamos de las y los trabajadores y el pueblo todo y las posteriores represiones como respuesta en PepsiCo, Lear, AGR-Clarín, o más allá en el tiempo con Kraft, el barrio Papa Francisco, han sido vociferados con absoluta verdad por los medios alternativos y populares. La mayor de las evidencias donde se destacan estas virtudes, por un lado, así como la decadencia de los medios masivos, por el otro, fue el crimen de Santiago Maldonado.

Todas y todos los seres humanos tenemos el derecho inalienable a la libertad de expresión. Ese derecho, hoy, solo puede ser garantizado por un sector. La participación política de un gobierno que, desde ahora, tiene superpoderes mediáticos, no es más que el rival de turno.

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Hoy es la fecha para el inicio de la Superliga Argentina, y si algo está claro es que el deporte más popular de nuestro país se ha privatizado en manos de los poderosos de siempre.

Si hay algo que no se le puede cuestionar a la gestión de Mauricio Macri con relación al tema del fútbol es su respeto por la palabra. Promotor de la privatización del fútbol desde la oposición, al asumir su mandato el 10 de diciembre de 2015 ratificó que el Fútbol Para Todos no era un buen negocio.

Así, durante 2016, se instaló la discusión sobre la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de un programa que generaba pérdidas (algo un tanto extraño si vemos los niveles de ganancia que genera este deporte a nivel mundial), intentando generar cierto consenso social en el marco de lo que es una estrategia comunicacional del gobierno de Cambiemos para todos los temas en general.

En el presente artículo, haremos un escueto análisis sobre quiénes son los grandes vencedores de este negocio y quiénes los derrotados del mito de “que pague quien lo quiera ver”.

Conociendo a los protagonistas

No es nuestra intención hablar especialmente de las ganancias siderales que tendrán los nuevos actores del negocio del fútbol, que excede por mucho al tándem Fox-Turner. Al respecto, ya se habló bastante. Sí nos interesa sintetizar quiénes son estos actores.

Uno de los grupos menos mencionados, pero a la vez el gran triunfador de esta historia, es la multinacional American Telephone and Telegraph (AT&T). Esta empresa es dueña, entre otras, de Direct TV, la cual adquirió en 2014 y de Time Warner, recientemente adquirida, en 2016.

¿Por qué hablamos, entonces, de estas compañías? Ocurre que Turner Broadcasting System es la que gestiona los canales que son propiedad de Time Warner, entre ellos, TNT. Por su lado, Direct TV es el socio mayoritario de Torneos.

En este nivel del árbol empresarial, hay un factor clave para la selección de la alianza entre Fox Sports y Turner. Como algunos y algunas habrán escuchado, la balanza se inclinó por este conglomerado a causa de un juicio suspendido que Televisión Satelital Codificada (TSC) tenía con la AFA desde hacía varios años. ¿Pero qué rol cumple este nuevo actor? TSC es una compañía con una propiedad compartida entre Torneos y el Grupo Clarín. Cuando en 2009 la Asociación del Fútbol Argentino rompió el contrato televisivo para iniciar la gestión estatal Fútbol Para Todos, TSC la demandó por una cifra que ronda los 5 mil millones de pesos. Frente a la propuesta de ESPN, Mediapro y Fox-Turner, TSC envió una nota al directorio de AFA, en la que aseguraba que dejaría sin efecto el juicio si se aprobaba la oferta que finalmente se decidió. Y no es confidencial, sino que esta información circuló por los medios de todos los colores.

En este nivel, es necesario rearmar la estructura en sentido inverso. TSC es propiedad de Torneos y Clarín. A su vez, Torneos es propiedad de Direct TV quien, junto a Turner, pertenece a AT&T. Es decir que el “favor” judicial no es casual, sino que hay intereses empresariales concretos. Entonces, el grupo Clarín cedió sobre el juicio porque las ganancias que se avecinan superan por mucho la contienda judicial. Visto desde esta óptica, el poder multimedial y monopólico todo lo puede. Incluso, ganar competencias económicas en el “libre mercado” gracias a una artimaña judicial.

Conociendo a los derrotados

Pero para ello, tenemos que recordar que hay ganadores de menor escala. Además de la obviedad que significa Cablevisión, empresa que pertenece al Grupo Clarín o Direct TV como actor directo, también Telecentro será beneficiada. Así, entre las tres compañías se reparten los más de 11 millones de abonados a la televisión por cable (con algunas excepciones muy locales).

¿Y por qué son ganadores? En primer lugar, porque dentro de esas millones de personas que ya pagan el cable, están los principales potenciales clientes del paquete para ver la Superliga, que oscila en los 300 pesos mensuales. Solo con que 1 millón de personas paguen el fútbol privado, se generarían alrededor de 300 millones de pesos en ganancias por mes. Pero además, hay entre 15 y 20 millones de adultos que al día de hoy no pagan ni siquiera el servicio por cable básico, situación que hasta el torneo de fútbol pasado no era problema porque se podían ver los partidos por aire. Todas esas personas pasan a ser potenciales clientes de un servicio que ronda los mil pesos por mes, además del paquete futbolero.

Entonces, en este estado de las cosas, ¿acordamos en que el que quiera ver fútbol lo tiene que pagar? Nadie puede acusar de falta de coherencia a esta tribuna, que supo cuestionar las limitaciones y decisiones que el gobierno kirchnerista tuvo en materia de comunicación. Hemos publicado mucho al respecto. En el mismo sentido, hemos llamado la atención sobre la orientación del gobierno actual en esta materia. No vamos a justificar ningún negociado, ni siquiera las prioridades que el Estado argentino debe tener en materia económica. De todas formas, nos preguntamos: si el sector privado gana tanto con este deporte, ¿por qué el Estado no puede aprovecharlo en beneficio de su población? Y no justamente cobrando abonos, sino con lo las ganancias en materia de publicidad, principal razón para que los grupos empresarios tomen las riendas del negocio.

Pero vamos más allá. Es el fútbol argentino el abanderado del potrero, ese que tanto orgullo nos da, que aparece en charlas, en publicidades, en análisis profesionales. Ese potrero, también cuna de la pobreza que hoy azota a más de 12 millones de personas en nuestro país. Allí, donde esos niños pobres saltan a la fama para hacer ganar cifras multimillonarias a clubes, representantes, empresarios y marcas. Pero la contradicción del capital siempre es la misma. Si sirve, lo adoptamos, lo explotamos y nos enriquecemos. Si no sirve, la pobreza es su problema. Hablando estrictamente de fútbol, esos niños pobres que con los años enriquecen a los poderosos, a partir del próximo viernes no tendrán más la posibilidad de ver el deporte que los apasiona y los hace soñar. Porque en esta injusticia social en la que vivimos, hasta el derecho de mirar un partido nos han quitado.

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Ayer se conoció la resolución que apunta a reglamentar el uso de pauta oficial. Analizamos las falacias disruptivas y estrategia hegemónica del gobierno nacional.

El Secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, firmó ayer una Resolución para reglamentar el uso de la pauta oficial con el objetivo de “mejorar la comunicación del Sector Público Nacional con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar la transparencia”, según reza su Artículo 2°.

La norma tendrá vigencia a los 60 días de ser publicada en el Boletín Oficial y es allí donde se verán los alcances democráticos que esboza, pero en su escueto contenido ya señala algunas cuestiones.

¿Una resolución federal?

El supuesto carácter objetivo de la norma despierta, cuanto menos, algunas dudas. En principio, la Secretaría de Comunicación Pública deberá desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial que contemple a los diferentes organismos centralizados y descentralizados, con el fin de proveer a la ciudadanía la información pertinente para el desarrollo democrático en todo el país.

Para tal fin, cada organismo debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se destacan el costo de producción y difusión, presupuesto estimado o las “Características que deben reunir los medios de comunicación” para que la campaña sea eficiente. Es decir que cada organismo determinará dónde publicar la información que quiere compartir.

Este punto es interesante desde dos ópticas. La primera es en base la crítica que el gobierno que encabeza Mauricio Macri le hacía al kirchnerismo sobre la discrecionalidad en el uso de pauta oficial. Con este ítem, solamente se profundiza e institucionaliza dicha cuestión.

Por otro lado, es llamativo que las “características” de los medios no estén especificadas con más detalle. Aunque esto cambia cuando entendemos que, tal como afirma Adrian Murano en un artículo reciente en Tiempo Argentino, desde que Cambiemos se hizo cargo del Estado y del sistema de medios, la distribución de pauta oficial no fue equitativa. Así, el Grupo Clarín absorbe el 17,9 por ciento de pauta y lo sigue, a buena distancia, el Grupo Índalo, de Cristóbal López, con el 8,3 por ciento. Como menciona Murano, también es llamativo que el Diario La Nación absorbió el 5,3 por ciento, superando a Telefé y América (ambos canales de TV), siendo que el macrismo tenía como excusa de difusión los espacios de mayor audiencia. Si bien esta lógica es discutible, está claro que, de cualquier modo, el amiguismo empresario es lo que determina las acciones.

¿De que presupuesto hablamos?

La Resolución habla de una partida presupuestaria para el Plan Anual de Publicidad Oficial, contemplando un 10 por ciento que debe estar reservado para emergencias de carácter natural, catástrofes, entre otros.

Asimismo, tiene algunos puntos que se presentan como “objetivos” desde el espíritu de la norma, pero que claramente están direccionados. El presupuesto se distribuirá según el alcance de los medios, la zona geográficas y, según se establece, fomentando el federalismo y la pluralidad de voces. Para este último punto, hay una referencia a medios sin fines de lucro, pero que deben acreditar requisitos y definiciones técnicas del Ente Nacional de Comunicaciones. Como ya hemos anunciado en otro artículo cuando empezábamos a ver la cintura del macrismo en materia de comunicación, cuesta creer en la “objetividad” de este organismos que es, por naturaleza, restrictivo.

Otro punto importante es hacer coincidir estos tres ítems, especialmente el que apunta a fomentar el federalismo, cuando algunos artículos más arriba se menciona, como ya dijimos, que son los propios organismos los que determinan dónde se puede difundir cualquier información, a partir de requisitos excluyentes y de participación pública inexistente.

Más allá de este análisis, aún queda la pregunta sobre cuánto dinero se pondrá en circulación. La norma no lo dice, pero Adrián Murano, que recupera un informe de Remo Carlotto basado en información proporcionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros conducida por Marcos Peña, si. Y es así que frente a los 50 millones de pesos gastados por el actual gobierno en diciembre de 2015, hacia julio de este año la cifra haciende a 224 millones. Al igual que las tarifas de servicios, el incremento es de casi el 500 por ciento.

Ante la consistencia de este dato tal vez no sea necesario ahondar acerca de cómo se maneja el dinero de las y los ciudadanos ni introducirnos en la cínica manipulación que tanto el gobierno anterior como el actual hacen sobre la pauta oficial. Aunque tal vez sea peor que lo haga aquel que señala con el dedo acusador.

Sin participación popular

Finalmente, aunque resulte obvio, la ciudadanía (organizada o no), queda afuera incluso del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), que vendría a ser el órgano encargado de velar por el legítimo y justo funcionamiento de la Resolución en el marco de qué medios recibirán la publicidad.

Hay varios puntos sobre lo que se debe controlar que en su letra no parece descabellado, tal como la identificación de propietarios, alcance geográfico, cumplimiento de las leyes vigentes, etcétera. El problema es cómo podrán transmitir garantías a la sociedad.

En este contexto donde el gobierno se controlará a sí mismo acerca de la correcta utilización de la pauta oficial, todos los puntos sobre lo que no se puede hacer, tal como promover intereses partidarios o de funcionarios, difundir mensajes que directa o indirectamente se refieren a campañas electorales, entre otros puntos, el gobierno los puede desarrollar sin temor a represalias en caso de incumplimiento.

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Tras haber sido elegido delegado por sus compañeros, Alejandro Ontivero fue despedido de la planta de Clarín. Ya reincorporado, comentó la situación de inestabilidad laboral que sufren los trabajadores del medio, en una entrevista con el programa radial La Revancha, de FM La Tribu.

-¿Cómo vivieron este proceso hasta lograr tu reincorporación?

-Los trabajadores de la planta lo vivieron con miedo de que también les pueda pasar a ellos. Yo, desde afuera, con esperanza que se cumpla la ley y que Clarín la acate, sufriendo estos días sin saber qué iba a pasar, porque Clarín nos castiga psicológicamente dentro y fuera del trabajo. Fueron 104 días de incertidumbre, contando con el apoyo de los compañeros de la redacción, de la planta, de SiPreBA, luchándola.

-Además de reclamar por tu reincorporación, desde SiPreBA denunciaron las condiciones de trabajo de la planta Zepita de impresión de Clarín, hasta describiéndolas como del siglo XIX. ¿Cuáles son esas características de trabajo en la planta?

-Yo soy uno de los tantos contratados que hay en la planta, y los contratos que te firman son por día. Esto quiere decir que tu contrato termina el mismo día, y al otro día vas a trabajar y tenés que firmar otro. El sistema de trabajo es mediante llamados telefónicos: ellos te llaman a cualquier hora a tu casa para trabajar y tenés que ir, porque si no al día siguiente ya no podés volver. Es como un castigo, no sabés qué sueldo vas a tener porque es mediante su llamado. Es algo inaceptable, que está fuera de la ley de trabajo.

-Encima es el Multimedio más grande, con más recursos económicos de todo el país que tiene a sus trabajadores de esta manera

-En la planta, un 80% de los trabajadores son contratados, de forma anual, mensual o diaria. A estos últimos, hasta los integrantes de recursos humanos les dicen ‘changas’, a personas que laburan 5 días hace 16 años, y tienen dos francos. Van todos los días a trabajar y es algo increíble que se los llame así.

-En tu caso, vos habías sido despedido después de 11 años de trabajo y justo cuando fuiste electo delegado

-Sí, esto fue el 31 de marzo. Hubo elecciones de SiPreBA y, automáticamente después de haber sido elegido delegado,  la empresa me dejó de convocar para trabajar. Mi abogado pidió un recurso de amparo, salió la cautelar, la empresa no la acató y cuando iba a dictarse el embargo la empresa dio un paso atrás y tuvo que llamarme a trabajar, me reincorporó, pero devuelta por contrato en las mismas condiciones, y todavía peor: yo antes trabajaba cinco días y ahora trabajo solo dos…

-¿Creés que esta reducción de tus jornadas laborales también es una condena por la lucha que estuvieron dando?

-Totalmente. Lo que hicieron conmigo es una persecución y lo siguen haciendo. A muchos de mis compañeros no los llamaron para trabajar por haber ido a votar, cosa que tendría que ser normal, ir a votar a un delegado, alguien que te defienda. Ahora votar los castiga.

-La noticia de tu despido y reincorporación es una de las tantas que resaltan la persecución a los trabajadores de prensa. ¿Qué ocurre con dichos trabajadores que están organizados y parecieran ser el blanco de este tipo de agresiones tanto de empresas como del propio Estado?

-Hoy las empresas no quieren que los trabajadores se organicen, le temen a eso. Los trabajadores son perseguidos por organizarse dentro de un Estado que está a favor de los ricos, de las empresas, que no solo ocurre en Clarín sino también en muchos medios en todo el país. En nuestro caso particular, entendemos que Clarín es como una dictadura laboral, porque nos tiene a los trabajadores obligados a hacer lo que ellos digan. La patronal tiene delegados elegidos a dedo: Héctor Martínez, Marcelo Ramupe y Alejando Flores. Ellos permiten la precarización en la empresa y castigan a los trabajadores cuando quieren hacer una asamblea, los denuncian en recursos humanos. Al ser ellos trabajadores como nosotros y al prestarse al juego de la empresa nos perjudican.

*Audio completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/sali-delegado-y-me-despidieron/

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En las últimas horas se conoció la decisión del gobierno argentino de retirarse como accionista de Telesur, al mismo tiempo que suspendería la señal en TDA. Ejemplo de una pluralidad que brillará por su ausencia.

Es un hecho a todas las luces que las grandes discusiones que se dieron en los últimos años acerca del rol de los medios lograron que gran parte de la sociedad sepa que detrás de cada noticia, de cada información, siempre hay intereses. Más allá de los resultados concretos (que, por ejemplo en Argentina, no solo no se pudo desmantelar ningún monopolio, sino que nacieron nuevos), esta mirada crítica es un paso adelante.

Dicho esto, no es necesario redundar demasiado acerca de la decisión política que el gobierno argentino ha tomado al deshacerse del casi %15 de las acciones que tiene del medio multiestatal Telesur (integrado además por Venezuela –socio mayoritario–, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay). A esto, se le suma que el canal no estará más en el servicio de Televisión Digital Abierto (TDA), y que se suma al acto de censura que desde principio de marzo había promovido el cableoperador Cablevisión por motivos “comerciales y de nivel de audiencia”.

Antecedentes

Una de las grandes inquietudes que el actual gobierno que encabeza Mauricio Macri había impulsado en sus meses de campaña fue la falta de apertura de voces en nuestro país. Efectivamente, no solo el multimedio Clarín cooptaba la opinión Pública, sino la imposición de algunos pocos periódicos de tirada nacional, los grupos mediáticos encabezados por Hadad, Cristóbal López y los vaciadores Szpolski y Garfunkel, entre otros.

Sin embargo, no fueron estas las preocupaciones sino la existencia del monopolio del Estado y la Ley de medios 26.522 o, como osaban llamarla, la ley mordaza, desconociendo o tergiversando el sentido real de una norma discutida durante cuarenta años y que recolecta, incluso con falencias, lo mejor de la democracia.

Entre las avanzadas contra la apertura de voces se destacan algunas medidas trascendentales como la creación del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad y dentro de esta órbita, el naciente Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que absorbe el AFSCA y la AFTIC, quitando la autarquía que los organismos de regulación tenían.

Asimismo, hace pocas semanas se creó la Comisión que redactará el anteproyecto de Ley de Comunicaciones, para terminar de dar por tierra con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los motivos

El ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, aseguró que la salida de la Argentina de Telesur se debe a razones de “Pluralidad y austeridad”. Según el ex ministro de cultura porteño, nuestro país no tiene ninguna injerencia en las decisiones directivas y periodísticas y que en ese sentido, destinar dinero no era productivo.

Si a esto se suma la decisión de Cablevisión de sacar el canal de su grilla por una cuestión de audiencia, se genera un tándem argumentativo sostenible pero, realmente, falaz.

Si bien es verdad que Telesur tenía una clara posición proselitista hacia algunos gobiernos y movimientos, también era una referencia de jerarquía a la hora de criticar decisiones y medidas de otros gobiernos enaltecidos por las grandes corporaciones y que suelen gozar de impunidad mediática. En esta línea, aunque existan cientos de medios alternativos que resisten y combaten a los monopolios desde hace décadas, el tamaño y la potencia de Telesur son centrales para enfrentar al discurso único y hegemónico de los patrones del mundo.

La medida se suma a la cooptación, sin pluralismo, que se está haciendo de los medios públicos como TV Pública, Paka Paka, Canal Encuentro, entre otros.

Estas avanzadas están avaladas en la opinión pública (y publicada) de los grandes medios locales e internacionales acerca del derroche económico, por un lado, y la falta de audiencia, por el otro. Nadie en su sana razón puede creer que Telesur tiene menos audiencia que otros canales que sí se mantienen en la grilla o que la línea política es menos independiente que la cadena norteamericana CNN. Sin embargo, ese aval mediático que promovió Clarín para sacarlo de su grilla es el soporte para que el gobierno pueda tomar la decisión política y arbitraria de acallar una nueva voz.

Se sabe, hace muchos años ya, que los discursos que circulan en los medios no deciden nuestras prácticas sociales pero sí determinan las decisiones de las mismas. En ese sentido, la férrea lucha por el control de los medios dentro del bloque de la burguesía atenta, hoy más que nunca, contra la transformación cultural, en el sentido más amplio de la palabra, que hoy las y los argentinos y latinoamericanos debemos llevar adelante para nuestra real y definitiva independencia.

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El miércoles se conoció la conformación de la comisión que redactará el anteproyecto de Ley de Comunicaciones. Analizamos, a partir de su composición, dificultades, proyecciones y desafíos para el mapa comunicacional.

No es ninguna revelación si repasamos y destacamos que los últimos años de gobierno kirchnerista estuvieron atravesados por una fuerte disputa en y de los medios de comunicación, especialmente los masivos. Al menos discursivamente, la pelea era entre libertad de expresión y apertura de voces frente a la libertad de empresa y la censura.

Con un gran compromiso asumido por Mauricio Macri para encarar las elecciones, comenzar un proceso de reorganización, también en este ámbito, era una responsabilidad que la nueva gestión debía cumplir con varios sectores empresariales, especialmente de medios y específicamente del Grupo Clarín.

Así fue que se tomaron medidas resonantes como la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y, más importante aún, el Ministerio de Comunicaciones; dos medidas que disolvieron la autarquía del AFSCA y AFTIC, responsables de la promoción y el funcionamiento de la llamada Ley de Medios, si bien algo limitada y con bajo nivel de aplicación, pero destacada por su alto nivel de discusión y participación democrática, como ya lo advertíamos en otro artículo.

En este contexto, se presentó la comisión que redactará el anteproyecto de ley de comunicaciones, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones.

Necesidades del siglo XXI

Desde el largo debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 –Ley de medios–, que logró sancionarse el 10 de octubre de 2009, es que la discusión acerca de la regulación de todo los actores de medios tuvo un intenso pero no tan fructífero resultado.

La poca regulación sobre diversos soportes digitales como internet, TV digital, el famoso triple play (telefonía, internet y televisión), así como, especialmente, los actores involucrados en él (cabe destacar la acertada decisión de no permitir la participación de las telefonías en el marco de una ley audiovsiual), la conformación de monopolios y la aparición de testaferros. Todos estos son temas que la Ley de Medios de la Democracia no terminaba de resolver pero que, como ya hemos señalado en otras oportunidades, esa norma seguía siendo buena, mejorable y, sobre todo, abría la posibilidad de hacerla cumplir de la mejor manera.

No cabe duda, al menos para este periodista, que aquellas decisiones fueron fruto de ciertos acuerdos e intereses de clase, más allá de la apertura de voces. Por eso no es sorprendente que una de las resistencias más contundentes haya salido de un medio alternativo, cuando la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito logró imponer un freno a través de un fallo en defensa de la Ley.

Desde esta actualidad, se pueden abrir algunas reflexiones. Por la positiva, que resulta necesario un marco normativo que permita trabajar con todos los actores de todos los soportes que hacen no ya al sistema de medios en particular, sino de la comunicación en general. Los programas de radios y televisión por internet, sus pautas publicitarias, los portales de noticias, son ejemplo de esto. Tampoco habría que descuidar la circulación de periódicos, ya que una ley no puede ser de medios o de comunicación completamente sin este soporte fundamental para la constitución de la opinión pública (y publicada), aunque nuevamente quedará afuera del marco regulatorio. También se hace necesario mejorar los órganos de financiamiento, de control y aplicación.

Si se recuperan los 40 años de debate y aportes a la Ley 26.522 y se discuten, democráticamente y con plena participación de especialistas y la ciudadanía, una ley de comunicaciones podría ser auspiciosa.

El problema no radica en la idea, sino en la forma y el fondo. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, afirmó que se busca “generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”. Competencia que, como sabemos, no suele darse en igualdad de condiciones. En este sentido, no contemplar los debates mencionados y promover un texto normativo al servicio de quienes tanto hicieron para frenar la aplicación de la Ley de Medios podría ser un retroceso devastador.

¿Quiénes integran la comisión?

Una de las principales razones para preocuparnos por el objetivo de la futura de Ley de Comunicaciones tiene que ver con quiénes integrarán la comisión que redactará el anteproyecto que luego se elevará al Congreso de la Nación.

La comisión será encabezada por Silvana Giudici, de origen en la UCR y que desde hace varios años integra el Pro. Legisladora porteña electa, asumió en el directorio de ENACOM a principios de febrero tras renunciar a su banca y en remplazo del interino Agustín Garzón. Sin trayectoria reconocida con relación a temas de medios y comunicación, cuenta con el antecedente de oponerse a la Ley sancionada en 2009.

También integra la comisión el filósofo Santiago Kovadloff, que para la opinión pública no es tan conocido por su desempeño académico, sino por ser columnista del diario La Nación y un asiduo invitado de diversos programas del canal Todo Noticias (TN).

Otro miembro es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se presenta como especialista en derecho a la comunicación pero, sin embargo, sus artículos datan desde su oposición a la ley 26.522. Previo a la misma, se puede recordar su férrea defensa de algunas cadenas de bares a favor del consumo de tabaco en lugares cerrados.

Hector Huici, ex legislador del Pro y hombre muy cercano a Mauricio Macri, también es parte del “equipo”. A pesar de no haber registros sobre su participación en la los debates y la creación de la Ley de Medios, anuncian que ocupa este privilegiado lugar por su experiencia en la materia.

Alejandro Pereyra, otro de los integrantes, tiene un largo recorrido. Integró el COMFER durante la alianza y en representación del FAP fue candidateado al directorio del AFSCA, aunque su designación fue impugnada por diversas organizaciones. Actualmente ocupa un cargo directivo en el ENACOM.

Cierra el equipo la persona con más recorrido en esta materia: Henoch Aguiar. Quienes estudiamos y nos especializamos en el ámbito de la comunicación lo conocemos muy bien y sabemos lo complejo y ambiguo que es interpretarlo. Con un vasto prontuario académico, tiene como antecedente político haber sido Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Discursivamente, siempre expresó reclamos no muy distantes a los que se presentan aquí, pero en los hechos actuó considerablemente a favor de ese combo integrado por la libertad de expresión, competencia y posibilidades que siempre beneficia a unos pocos. Con la excusa de que la Ley de Medios era buena pero no, descuidó poner el acento en los años de discusiones y los avances normativos en comparación con la Ley de la dictadura y los decretos que se sucedieron desde aquel entonces hasta, al menos, 2007.

Aunque el ministro Aguad afirmó que esta comisión se crea “para la redacción de un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías de la información, TIC’s, internet, redes de telecomunicaciones y los medios audiovisuales”, si nos basamos en el directorio que lo conforma y en los especialistas que serán consultados, como Diego Molana, ex ministro TIC del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y Carlos Winograd, especialista en defensa de la competencia, el futuro se presenta incierto y poco alentador.

Deberemos esperar el proyecto y seguir discutiendo, siempre desde este lado de la trinchera.

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Al inicio de esta semana se publicó el Decreto que crea el Ente Nacional de Comunicaciones que, entre lo más destacado, absorbe la AFSCA y la AFTIC. A continuación, repasamos los antecedentes de la mentada Ley de Medios, sus límites, alcances y el contexto actual.

Las PNC como impulsoras de la libertad de expresión

El 10 de octubre de 2009 se sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco de un furioso conflicto entre el gobierno que conducía Cristina Fernández de Kirchner y la oligarquía agraria. Desde aquel entonces, los debates centrales que corrieron por los grandes medios de comunicación tuvieron la particularidad de evadir los antecedentes reales de una Ley limitada en sí misma, pero claramente superadora.

Los primeros puntos que le dieron forma a la nueva medida datan de la década de 1970, en lo que se conoció como las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), que ponderaban al Estado de cualquier país para garantizar la libertad de expresión. Es así que gracias a un fuerte impulso de la UNESCO, en 1974 se establecieron los ejes centrales de las PNC: planificar la comunicación e información para el desarrollo; superar la identificación falaz entre libertad de expresión y libertad de empresa; defender las culturas nacionales; hacer que la comunicación responda a los requerimientos socioeconómicos y culturales de la población y el país; exigir la participación de todos los sectores sociales en las políticas de comunicación y asignar al Estado la responsabilidad exclusiva en su formulación y ejecución.

Por supuesto, como en la actualidad, hubo diversas resistencias de los principales conglomerados empresariales, especialmente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR).

A excepción de algunos casos parciales, las PNC no lograron imponerse en un contexto de avanzada conservadora. Por caso, en la Argentina el golpe cívico-militar-clerical de 1976, no solo no tomó estas recomendaciones, sino que se sancionó, en 1980, la Ley 22.285, conocida como la ley de medios de la dictadura.

Las discusiones surgidas con las PNC se retomaron con la vuelta de la democracia. Sin embargo, manteniendo la línea en casi todo el espectro político, el alfonsinimo dio marcha atrás y decidió no avanzar en este proceso.

El desmantelamiento de la libertad de expresión se redondeó en la nefasta gestión de Carlos Menem. La primera medida fue en 1989, en la que dejó a los medios gráficos participar del espectro audiovisual. Siguieron la privatización de ENTEL y la reforma constitucional que abrió las puertas a los capitales internacionales y que dio lugar a que el Grupo Clarín pudiera participar de la Televisión Digital. Hacia el final de la década, se sancionaron dos normas que fueron trascendentales para empoderar a los monopolios de hoy: el Decreto N° 264/98 de liberalización de las telecomunicaciones (radiodifusión más telefonía) y el Decreto N° 1005/99, que habilita la transferencia de licencias y la conformación de cadenas, entre otras.

Discusiones en la larga década kirchneristas

Nos hemos habituado a escuchar desde diversos lugares del gobierno saliente, pero también de amplios sectores populares, que la Ley de Medios es de todos y todas, que debemos defenderla porque es nuestra garantía de libre expresión, entre otros argumentos. Y, efectivamente, es así.

El problema no radica en lo que dice la Ley, sino en lo que el Poder Ejecutivo hizo todos estos años. Hasta el conflicto con la oligarquía, en 2008, hubo algunos puntos que también fortalecieron al Grupo Clarín. La sanción de la Ley de Quiebras en 2002 de Eduardo Duhalde, el padrino de Néstor Kirchner para las elecciones de 2003 y la Ley de Patrimonios Culturales sancionada en los primeros meses del nuevo gobierno, fueron fundamentales para que el multimedio no desapareciera. Con estas leyes sobrevivió y en 2005 gracias a la extensión de las licencias por 10 años más logró consolidarse.

Es en ese clima que se creó, en 2004, la famosa Coalición por una Radiodifusión Democrática, en la cual participaron cientos de organizaciones y miles de personas, retomando el impulso de las PNC pero con la novedad de los medios Populares, Alternativos y Comunitarios (PAC)

Hacia 2008, los debates no habían sido retomados por el kirchnerismo, pero ante el “divorcio” el Grupo Clarín se hizo imperioso promover un enfrentamiento que perdura hasta nuestros días.

La ley 26.522

La ley en sí misma repone varias de las deudas que todos los gobiernos que precedieron al kirchnerismo habían dejado. Algunos detalles: es definida como de “Interés Público” y se ocupa del espectro radioeléctrico, televisión abierta y con una limitada regulación digital. Además, regula contenidos en relación con las cantidades de producciones nacionales, internacionales e independientes. Es el Estado quien debe garantizar el acceso universal y gratuito y asignar las licencias que son de tres tipos: gestión estatal; gestión privada con fines de lucro; gestión privada sin fines de lucro. Las licencias tienen 10 años de duración con posibilidad de renovación que debe aprobarse en Audiencia Pública. La autoridad de aplicación es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual (AFSCA), quien viene a remplazar al viejo COMFER y se compone de 7 integrantes. Un presidente que representa al Poder Ejecutivo Nacional y 6 directores: uno del Poder Ejecutivo Nacional, 3 de la primera, segunda y tercera minoría del Poder Legislativo Nacional, 2 del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Si repasamos los antecedentes antes expuestos y analizamos estos puntos generales, es fácil concluir que no es una “ley de medios k”, sino que es amplia, participativa y debatida. Sin embargo el problema está en otro lado.

Desde su sanción, como decíamos antes, el kirchnerismo solo se focalizó en enfrentar a Clarín. La postergada adecuación (recordemos, hubo amparos del grupo e incluso un señalamiento de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ley) es algo que todos deseamos. Sin embargo, la norma contiene muchos puntos más y nunca se avanzó sobre ellos. Lo central, acerca del 33 por ciento para los medios alternativos.

El kirchnerismo trató de enfrentar a clarín con la ley desde lo discursivo, pero en la práctica permitió el crecimiento de nuevos monopolios más “benevolentes”, como el Grupo 23 del empresario Sergio Szpolski, hoy en un grave conflicto con sus trabajadores y trabajadoras, o el propio Cristóbal López.

Como contrapartida, no sólo no se otorgaron nuevas licencias en sus debidos concursos, tampoco se facilitaron financiaciones. No cabe duda de que si los medios alternativos, que tanto aportaron para la sanción de la ley y que tanto exigieron su correcta aplicación, si hoy estuvieran empoderados la resistencia frente al decretismo macrista sería mucho más severa.

Los 20 días que estremecieron 40 años de debate

El pasado 11 de diciembre se lanzó la primera catarata de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre los que se destaca el de la creación de nuevos ministerios, incluyendo el de Comunicaciones. Como indica Martín Becerra en un artículo reciente, esta norma, sumada a la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue el primer paso que el presidente Mauricio Macri adoptó para neutralizar áreas que respondían al kirchnerismo y que ahora pasarían a una órbita ministerial.

Algunos días después, se conoció la intervención definitiva a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), por un supuesto período de 180 días, por medio del Decreto N° 236/15. Sin lugar a dudas, hasta este punto la situación en cuanto al mapa comunicacional era grave. Sin embargo, la reciente creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) termina de dar por tierra el esfuerzo de miles de personas que durante los últimos 40 años pusieron mucho de sí para alcanzar una Ley que, con matices y discusiones abiertas, representaba la cara más fiel de la democracia. Una norma debatida por la población, sancionada por el Congreso, reglamentada por el ejecutivo y avalada por el Poder Judicial: todas las voces todas.

El ENACOM funcionará en la órbita del Ministerio de Comunicaciones y al adoptar las competencias de la AFSCA y la AFSTIC, clausura cualquier participación democratica.

Entre sus argumentos para tener estas funciones, el ENACOM esgrime cuestionas que pueden ser criticadas de la Ley de Medios, como la regulación de medios digitales y nuevas tecnologías. Pero también pondera, por ejemplo, que las normativas vigentes “conspiran abiertamente contra el proceso de convergencia en curso y por ello sus efectos sobre la industria son altamente regresivos y perjudiciales.”

Haciendo someras comparaciones con normativa e instituciones de otros países, el sentido claro y elocuente del nuevo Ente es la promoción de una comunicación al servicio del mercado. Por caso, la regulación de la convergencia sí existe y tiene el fin de evitar la creación y consolidación de monopolios

Si los grupos concentrados lograron mantenerse o incluso crecer en estos años, el camino que se les abre es mucho más prometedor.

La situación es realmente escandalosa y no porque Sabatella no haya logrado resistir. Tanto los medios oficialistas como los opositores pusieron el ojo en ese lugar, y lo antidemocrático pasa por todo lo que hemos analizado a lo largo del artículo. Este es el momento donde el kirchnerismo debe tener la altura de asumir su responsabilidad de tantos favores al multimedio así como también de no generar una real apertura de voces. Pero también es el momento donde debemos repudiar el decretismo compulsivo del nuevo gobierno, cuestionar la impronta antidemocratica de restricción de la libre expresión de la nueva normativa, y especialmente, sostener en alto el reclamo por la aplicación de una Ley que sí, es de todos y todas. Y que, como en la década de 1970, se tocó como devolución de favor.

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El día en el que trascendieron los cambios del programa Precios Cuidados, el Ministro de Producción mantuvo dos encuentros importantes. En el primero de ellos, Francisco Cabrera  almorzó con el CEO de Clarín. El caso de Miguel y Federico Braun, el sobrino que debe controlar a su propio tío.

Los precios

El 15 de diciembre el Ministro de Producción Francisco “Pancho” Cabrera  estuvo con Héctor Mangetto, el CEO del poderoso Grupo Clarín. La información apareció en todos los diarios del país, pero casi nadie la vio. Al mediodía, Magnetto y Cabrera brindaron junto a Luis Pagani (de Arcor) y Paolo Rocca (de Techint), en el saludo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Todos celebraron las nuevas medidas de Macri, como los decretos por la eliminación de retenciones para los sectores del agro y la industria, que tanto reclamaron y festejaron los anfitriones. Cabrera conoce a los gerentes de las corporaciones desde hace muchos años, porque él fue fundador y CEO de Máxima AFJP, una de las compañías privadas que se encargaron de las jubilaciones hasta la estatización de 2008 que, de forma acertada, impulsó el saliente gobierno.

Parte del gabinete  de Mauricio Macri, en la tarde de ese mismo día martes, se reunió con los empresarios para acordar modificaciones y ajustes en el Programa Precios Cuidados. Por esas virtudes que tienen las agendas de trabajo, un rato antes, el Ministro de Producción se cruzó con el poderoso hombre de Clarín.

En esa cita dijo presente la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) que conduce Federico Braun, el dueño de la cadena de supermercado La Anónima. Como algunos saben, el presidente Macri determinó que Miguel Braun se transformara en el nuevo Secretario de Comercio. El reemplazante de Augusto Costa, que formaba parte del directorio del Banco Ciudad, con un cargo ejecutivo en la Fundación Pensar, ahora tiene que controlar a su propio tío.

En la noche anterior, en la cumbre de Parque Norte, al cerrar la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Macri fue claro ante los empresarios: “No tenemos ningún (Guilermo) Moreno, ni lo vamos a tener”, dijo y despertó los aplausos del auditorio. Bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, desde la época del retornado Guillermo Moreno, los vínculos se daban de otra manera. El gesto de Cabrera a la AEA fue mucho más que una señal: fue la confirmación del cambio. Hacía más de cinco años que un funcionario de primera línea no asistía a ese almuerzo. Después de la comida, la tranquilidad aclimató el buen provecho  de Magnetto, Rocca y Braun, y unos pocos empresarios.

Los medios

El diario Tiempo Argentino, en la página 7 de la edición impresa del miércoles 16 de diciembre, con una vertiginosa mudanza de su línea editorial, tituló: “Acuerdan canasta navideña con Precios Cuidados”. En esas líneas, no se lee nade de recortes y limitaciones. En la bajada, sólo agregaron que “gobierno y empresas ratificaron la continuidad del programa y asistirán a una mesa de diálogo social”. Ya en el texto, como al pasar, señalan: “Al mediodía, Cabrera había asistido a un almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria de Argentina, en las que estaban Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint) y Héctor Magnetto (Clarín), entre otros”.

En tanto, el diario BAE, también dio a conocer esos datos en el artículo “Negocian con alimenticias un acuerdo general de precios desde enero”. Por su parte, el matutino La Nación, desplegó un manto de sinceridad y reconoció que “Prorrogarán Precios Cuidados con una canasta más acotada”.

Otro encuentro de relieve que se concretó en esa misma fecha, y del cual participaron el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el de Trabajo, Jorge Triaca, y los mencionados de Producción, Francisco “Pancho” Cabrera,  y el secretario de Comercio, Miguel Braun. Delante de ellos, 50 empresarios del sector. La promesa del Ejecutivo fue continuar dialogando para promover inversiones productivas.

“Francisco Cabrera participó del tradicional almuerzo de fin de año de la entidad, realizado tras la asamblea ordinaria en la que Jaime Campos fue reelegido como presidente de esa central empresaria. Campos, por su parte, insistió con que el empresariado argentino ‘tiene expectativas muy favorables respecto del nuevo Gobierno’. Entre los asistentes, estaban empresarios como Luis Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Carlos Miguens, Aldo Roggio, José Cartellone y Alfredo Coto. También acompañaron Enrique Pescarmona, Gustavo Grobocopatel, Miguel Acevedo, Cristiano Rattazzi, Jorge Aufiero, Pablo Roemmers, Horst Paulmann y David Lacroze, entre otros”, ampliaron los medios.

Los planes

En lo inmediato, se sabrán detalles de las líneas operativas que implementarán las entrantes autoridades sobre el Programa de Precios Cuidados.  Se descarta que recortarán los controles de abastecimiento y se reducirán las multas para los comercios. Ante el escenario inflacionario posterior a la fuerte devaluación, en el PRO saben que es necesario sostener una canasta de bienes de consumo para amortiguar el impacto en los sectores populares. Para eso, mantendrán el programa de Precios Cuidados pero en productos de primera necesidad. Mientras se aguardan los detalles con las ofertas para las fiestas, la iniciativa se sostendrá hasta el 7 de enero, y por tres o cuatro meses más. Se especula que de los más de 500 productos, quedarán menos de 100.

Hasta ahora se desplegaron ocho etapas de Precios Cuidados desde su lanzamiento a comienzos de 2014. Los aumentos fueron en promedio inferior al 25 por ciento en dos años, cuando la inflación general fue por lo menos del doble. Varias son las razones que se esgrimen para planificar la reducción anunciada. Pero todo nace, sin lugar a dudas, por la matriz neoliberal del nuevo equipo económico, en su deseo por achicar la intervención del Estado y anular cualquier alternativa al mercado global.

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Mientras unas 7000 personas se manifestaron en la Plaza de Mayo y otras más en diversos puntos del país por la continuidad de la denominada Ley de Medios, acercamos una reflexión sobre el control que ejerce el flamante gobierno contra los medios de comunicación.

Ayer, unas 7000 personas se convocaron en Plaza de Mayo para apoyar la vigencia de la Ley de Medios, que fuera aprobada luego de muchas discusiones que incluyeron a medios comunitarios, alternativos y populares. También lo hicieron en Rosario, la ciudad de Córdoba y La Plata. Se trata de la primera marcha contra el gobierno de Mauricio Macri, que asumió hace apenas cuatro días.

Ya el viernes pasado fue la resolución vía DNU de Macri para la creación del Ministerio de Comunicaciones y el paso bajo su órbita de órganos como el AFSCA y AFTIC. A primera vista, se trata de una medida táctica del gobierno entrante que se corresponde con la necesidad de tener control total de las comunicación, contenidos, habilitaciones y arbitrios sobre todo lo que ocurre en tan vital tema.

Pero atrás de la carita sonriente y los gritos de “libertad”, hay una realidad que no pueden tapar con las manos.

La medida que fue anunciada junto a la designación del radical cordobés Oscar Aguad no vino de forma des-ideologizada (como le gusta enunciar a Macri), sino de una clara acción política de fuerte carácter ideológico que es la de destruir la Ley de Medios y despejar el camino para que las empresas monopólicas que se vieron levemente jaqueadas en los últimos años se encuentren en un escenario que les permita tener control político, ideológico y de mercado de las comunicaciones en nuestro país.

Fue por Cadena 3 (medio cordobés) que el flamante Ministro Oscar Aguad dijo: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”. En este clarísimo enunciado pone en evidencia el carácter monopólico de la ideología del nuevo gobierno, ya que mientras le da garantías a los medios hegemónicos, deja en duda el ayudar a los más pequeños al afirmar: “trataremos de ayudarle a los más pequeños”. Lo anunciado por este medio es en sí una metáfora que signará estos tiempos, ya que Cadena 3 –quien sostiene un fervientemente discurso de defensa de libre mercado– tiene como principal ingreso a sus arcas el aporte publicitario del Estado.

Gatillando decretos

Otra gran metáfora de estos tiempos es la inevitable comparación de los estilos administrativos entre quienes vinieron a “salvar a la república”, y la última junta militar. En sus primeras 48 horas, Videla emitió 16 comunicados; Macri firmó 29 decretos en el mismo tiempo. Está por demás claro que los militares anularon el parlamento y llegaron al gobierno mediante un golpe. Macri fue votado en elecciones pero hace del parlamento un edificio de decoración de las instituciones republicanas.

Pero volvamos al DNU 13/2015. Atacar la Ley de Medios mediante un Decreto y desarticular sus órganos pretende dejarla sin efectos, por  lo que constituye un acto totalitario, primero porque desconoce que fue aprobada por el voto del parlamento argentino, y segundo minimiza el largo debate que se dio durante décadas desde distintos sectores sociales y de la comunicación para elaborarla.

Es cierto que a la hora de la votación en el parlamento fueron estos mismos sectores que atacan a Ley de medios quienes se retiraron de la sesión. Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana (macrismo) y del peronismo disidente (duhaldismo, felipismo y denarvaísmo, entre otros) expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Pero no pueden desconocer que el proyecto fue aprobado por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria/Partido Justicialista y de varios bloques más como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación – FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otros.

Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino (tres votos) y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista. Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires.

Pocas veces en la Argentina una Ley fue tan pedida y debatida en la sociedad, expresión de ello fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática, conformada por 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas.  Tras meses de trabajo en conjunto, propusieron una lista de 21 puntos básicos que consideraban debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar.

Si bien quienes hacemos comunicación desde la alternatividad y la autonomía tenemos una larga lista de críticas a la Ley de medios y su aplicación parcial, que significó no beneficiar contundentemente al llamado tercer sector en la comunicación, no podemos dejar de ver fue fruto de un debate de nuestra sociedad y significó legalmente un avance más que importante ante la vieja Ley que prohibía hacer comunicación que no tuviese fines comerciales.

Un milico a cargo de las comunicaciones

El ex jugador de rugby y abogado Oscar Aguad tiene una larga carrera en el radicalismo cordobés De la mano de Mestre (padre) llegó a ocupar un lugar importante como Ministro de Gobierno. Fue en esa época cuando se ganó el mote de “milico”, ya que no tan solo se mostró en un palco oficial junto al Genocida Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, a mediados de los 90, sino que puso en su gestión al represor genocida ‘Tucán’ Yanicelli como director de inteligencia criminal.

Tanto sobre Menéndez como sobre Yanicelli pesan duras condenas de Cadena Perpetua por haber cometido genocidio en la dictadura.

El ‘Tucán’ Yanicelli es uno de los miembros más recordados de la patota del D2, y fue condenado a perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín, durante la dictadura militar.

Por su parte, Menéndez está condenado por haber comandado el tercer cuerpo de Ejército y tener bajo su responsabilidad todo lo que ocurrió con la represión en su área operativa.

Un Ministro con fondos propios

Volviendo al prontuario de Aguad, en Corrientes es recordado por su participación como interventor (1999-2001) de la intendencia, en los tiempos De La Rúa, pero no por haber puesto en orden las financias o por su capacidad de gestión en la obra pública, sino por el faltante de 60 millones de dólares.

Por este motivo, la justicia correntina lo procesó por el delito de “administración infiel”. Los 60 millones de dólares fueron canjeados por bonos CeCaCor (Certificados de cancelación de deudas), sobre la base de que la Constitución de la Provincia de Corrientes prohibía a los interventores tomar préstamos (aunque la vigencia de la constitución se suspendía durante las intervenciones).

Pero fue la Suprema Corte de Justicia quien, en 2014, determinó el cierre de la causa, por prescripción.

No nos debe quedar duda alguna que los grandes grupos monopólicos de la comunicación (Clarín y La Nación a la cabeza) han elegido muy bien a su representante en el control de la comunicación: el “milico” Aguad tiene estilo y fondos y, como bien arenga Cambiemos, está lejos de cualquier ideología, aunque sea la democrática.

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