El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría– para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense– editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

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Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?

Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.

En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones.  Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.

El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres, Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.

Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.

Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.

La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.

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La Justicia argentina falló contra el acuerdo del Citibank y los fondos buitres. Mientras tanto, la comisión de investigación inició sus tareas.

El lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 dio lugar a la medida cautelar para que la filial argentina del Citibank no ponga en práctica el acuerdo firmado en Estados Unidos con los fondos buitres comandados por Paul Singer. En marzo de este año, el Citibank –uno de los operadores financieros más grandes del mundo- acordó con MNL Capital y otros fondos retirarse del negocio de los bonos de deuda argentina, a cambio de permitirle el pago inminente de intereses de esos títulos. El gobierno argentino reaccionó sancionando al banco por este acuerdo, al poner en riesgo los derechos de cobro de los bonistas que ingresaron a canjes previos.

La novelesca trama tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el referido Juzgado falló sobre la cautelar pedida por el Ministerio de Economía, obligando al banco a abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto. Además, se dispuso que está impedido de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. Es decir, aunque no se dijo nada de la cuestión de fondo, se cuestionó en todo orden la posibilidad de cumplir el acuerdo. Se alegó que el acuerdo no tiene validez en Argentina, puesto no fue homologado según las leyes locales, por lo que desvincularse unilateralmente significaría un daño sobre los bonistas y una infracción de la ley nacional.

El Citibank ya quedó antes “atrapado” en esta pugna entre el gobierno y los fondos buitres, y decidió que el costo del forcejeo ya supera las ganancias, por lo que decidió retirarse del negocio. Ya anunció a los fondos Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA que rescindía sus contratos de custodia sobre los títulos públicos de deuda. El City ha sido un socio del gobierno de Cristina Fernández en la puja por los bonos de deuda, desde que en 2008 la presidenta le reabriera el canje de 2005 para que pudiera canjear títulos comprados al 22% de su valor nominal. Esta asociación se mostró incluso en la arena internacional. El City ya hizo su negocio y se quiere retirar.

El gobierno no lo tolera: por eso el Banco Central inhabilitó al CEO del Cityen en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar aquí, y suspendió al banco como operador bursátil. La novedad es que ahora la pelea se lleva a cabo en el mismo terreno. Esta vez fue el Poder Judicial argentino el que cuestionó –jurídica y políticamente- los fallos de Griesa en Nueva York. La prepotencia del juez neoyorkino pretende hacer valer su jurisdicción más allá del distrito sur de su estado, hasta el extremo Sur del continente. Si bien se trata de un exceso poco diplomático, lo cierto es que el resto del poder judicial estadounidense y el propio presidente Obama, lo han dejado actuar en tal sentido.

Mientras tanto, en el Congreso nacional

Tras meses de la aprobación de la mal llamada “Ley de pago soberano”, finalmente a fines de abril se creó la comisión investigadora de la deuda en el Congreso. A pesar de lo valioso de la investigación, algo que venimos reclamando desde el regreso a la democracia, no pocas dudas surgen de la misma. En principio, que se encuentre en una ley que declara de interés público el pago de la ley, aprobada para sortear las limitaciones a los pagos impuestas por Griesa.

La composición de la comisión era otro riesgo. La preside el diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno, quien conoce del tema y tiene una perspectiva crítica… limitada al pasado. En su visión del asunto, la política de pagos del kirchnerismo es la adecuada para “disolver” la deuda. Su preocupación se centra en identificar el rol de los fondos buitres, en clara sintonía con el deseo oficial de pagar a todos menos una ínfima fracción del poder financiero. Es decir, de la presidencia de la comisión no se puede esperar que cambie la absurda postura de pagos del gobierno.

Por parte del oficialismo, también son parte de la comisión María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno, Juan Mario Pais, y los senadores Walter Barrionuevo, María Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino y Juan Manuel Irrazábal. Con esta mayoría de diez integrantes sobre 16, nuevamente, no podemos esperar grandes cuestionamientos a la política oficial de “pagos seriales”, a toda costa.

La participación minoritaria de la oposición no arroja mayores esperanzas tampoco. Es dudoso que los cuatro integrantes del radicalismo (los diputados Jorge D’Agostino y Enrique Andrés Vaquié, y los senadores Gerardo Morales y Laura Montero, que ni siquiera fueron a la primera reunión) cuestionen la deuda y sus mecanismos, habiendo sido su fuerza política corresponsable del endeudamiento que nos trajo a esta situación. El senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue quien declaró el default y la necesidad de investigar la deuda, aunque no llegó a hacer nada al respecto.

El único integrante del que se puede esperar una revisión integral, crítica y seria, es el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien expresó su posición en reiteradas oportunidades, acompañando además iniciativas históricas de la CTA como la consulta popular de 2003. El diputado pidió incorporar el fallo del juez Jorge Ballesteros, que ya sentenció sobre 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento durante la dictadura, deuda que se ha renovado hasta hoy. Ese fallo duerme en el Congreso desde el año 2000. La única expectativa creada por Calcagno fue considerar este y otros fallos existentes, y convocar a expertos sobre la materia.

Un conjunto amplio de organizaciones estamos llamando a la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación a realizarse del 3 al 5 de junio en Buenos Aires. Es una oportunidad para las fuerzas sociales y las políticas sin representación en el Congreso para expresar nuestras posiciones en torno al problema, y aportar material para forzar a la comisión a dictaminar sobre la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurero de la deuda. El corolario de tal dictamen sería el no pago. Claro que esto va contra la expresa y reiterada voluntad del gobierno de pagar a toda costa. Incluso si eso implica pelearse con un juez neoyorquino.

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Año electoral, las tesis simplonas de ciencia política estimarían un automático esfuerzo del gobierno por gastar en ámbitos redituables en votos. Lo que ese análisis no mira es cuando el gobierno busca también ganar el voto del capital. El kirchnerismo, además de los (valiosos) anuncios de aumentos en los montos y universo elegible del PROGRESAR y la Asignación Universal por Hijo (AUH), continúa con su política de “pagador serial” de la ilegal e ilegítima deuda externa.

Entre el 22 y 24 de abril se realizará en Buenos aires una reunión de organizaciones populares para reclamar por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda. Esta demanda bien podría ser acompañada por otros países, no sólo de la región, sino de Europa. Una cosa es clara: éste no es el programa del gobierno.

La traba actual

Tras quedar firme el fallo de Thomas Griesa el año pasado, el juez neoyorkino incrementó su presión sobre la Argentina. Aunque hasta el momento no ha tenido logros mayores, la acción del magistrado tiene cada vez menos tapujos en expresar su defensa irrestricta de los intereses de los fondos buitres liderados por Paul Singer. Nuevamente, el juez pretende trabar los pagos a bonos normalizados en canjes anteriores. Por este motivo, la Argentina desplazó al Bank of New York Mellon como intermediario y le dio esta potestad al Nación Fideicomisos. Esta vez, la medida de Griesa afectó al Citibank, trabándole el pago de 3,7 millones de dólares por vencimientos del bono PAR a fines de este mes, lo que busca forzar el default técnico del país. Se trata, a las claras, de otra bravuconada del juez, pues la cifra ensombrece ante los 1.330 millones que el fondo de Singer reclama: no importa el monto en juego, lo que se busca es obligar a pagarles en contante y sonante.

Mientras tanto, el fondo buitre MNL Capital continúa apretando las clavijas. Recientemente, Noble Energy anunció la reevaluación del potencial de las reservas petroleras off shore de las Islas Malvinas. Esta petrolera con sede en Houston cuenta con el respaldo financiero de Elliot Managment Corporation y de Oz Management (ambas de Singer). También Elliott transfiere fondos del BlackRock, conocido en estos pagos por ser parte de la fraudulenta quiebra de gráfica Donnelley. Pero también participan del negocio el Bank of New York Mellon, Soros, JP Morgan, Goldman Sachs y Shell. El Grupo de Tareas Estadounidense sobre la Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés) difundió un artículo en el que advertía al país que si entrara en “default técnico”, se pondrían en peligro las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, nave insignia del proyecto energético del gobierno tras la nacionalización parcial de YPF. Es decir, el futuro energético del país parece estar en manos del capital que el gobierno dice enfrentar.

El Citibank ya solicitó un stay (jerga para la medida de no innovar mientras no se resuelve la causa principal) para poder pagar los próximos vencimientos y avisó que apelará la disposición. Los pagos, si bien en dólares, proceden bajo jurisdicción argentina, sobre la que, naturalmente, Griesa no tiene potestad alguna. Es con este criterio que la justicia británica acaba de darle la razón a George Soros y en Bruselas y en Nueva York también hay presentaciones judiciales contra el juez de Singer.

La posición “nacional y popular” del Citibank y Soros, por supuesto, no se asienta más que en sus propios negocios: quieren poder cobrar bonos, y realizar las intermediaciones con las comisiones correspondientes. El Citi, con más de un siglo operando en la Argentina, fue un actor clave de la gestión de la deuda nacional: imposible olvidar su rol en la “bonificación” de la deuda con el plan Brady a comienzos de los noventa, y el uso de esos bonos para participar de las privatizaciones. El viejo “socio” del Estado argentino no quiere perderse esta gallina de los huevos de oro, que –tanto cuando neoliberal como cuando nacional y popular– lo hace parte de sus negocios.

“Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado. “La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en el país están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento” termina el cable, explicando que el capital financiero con interés en participar del negocio en Argentina tendrá que ponerse de su lado. Siendo el sector de mayores ganancias de los últimos cinco años, es dudoso que la banca le quite su apoyo.

Ese elusivo objeto de deseo gubernamental

No pocos opinan que se viene un ciclo de endeudamiento fuerte tras las elecciones de este año. La mejora en los indicadores de sustantabilidad de la deuda y su política de pago a rajatabla le han permitido al gobierno ganarse el apoyo de prácticamente toda la comunidad financiera internacional. Cualquiera de los candidatos con mayor intención de voto (Scioli, Massa, Macri) representaría una normalización conservadora que podría aprovecharse del saneamiento kirchnerista para volver a endeudar al país.

Si bien este panorama es bastante acertado, tiene el defecto de omitir los denodados esfuerzos del kirchnerismo por volver al mercado internacional de capital. Ese fue el objetivo declarado del canje de 2005, de su reapertura en 2010, del pago al Club de París, a Repsol, al CIADI del Banco Mundial, entre las medidas más sonadas. El conflicto con algunos fondos buitres ha sido una distracción en esta política coherente y sistemática de pago.

A mediados del año pasado, la deuda total consignada por el gobierno nacional –excluyendo provincias, municipios, empresas públicas y organismos descentralizados– llegaba a los 210.800 millones de dólares. Incorporando las obligaciones contraídas en la segunda mitad del año, la cifra total tendría hoy un piso de 250.000 millones de dólares. Esto es casi un 65% más de la deuda que el kirchnerismo encontró al asumir en 2003. Mientras tanto, se pagó deuda por 190.000 millones de dólares. El gran cambio tiene que ver con los acreedores: el 58% de la deuda está ahora en manos de organismos estatales, que nunca exigirán el cobro. Es decir, se pagó deuda ilegal a acreedores buitres a cambio de desfinanciar el Estado: todos esos recursos podrían haberse utilizado para fines productivos o distributivos. Este ajuste encubierto es el que habilita ahora a volver a endeudar el país, con acreedores externos, a los que no se deja de tentar.

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