Con ollas populares y paro de estatales la semana pasada tuvo amplio protagonismo de las y los trabajadores en las calles de todo el país. También trabajadores de Astilleros Rio Santiago alcanzaron un acuerdo luego de la movilización y toma. Las y los trabajadores de salud del Hospital Posadas denuncian amenazas y despidos,  mientras se desmantelan las prestaciones que garantizaban el derecho a la salud. 

Paro nacional de estatales y movilización de organizaciones 

En más de 100 cortes en todo el país, con marchas y ollas populares, los y las trabajadoras de ATE y la CTA-A, junto a diversas organizaciones sociales, realizaron un contundente paro nacional y una jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un Estado Soberano, con Trabajo y Producción.

En la Provincia de Buenos Aires se destacaron las acciones en La Plata y Zárate, con las luchas en defensa del Astillero Río Santiago y Atucha. En Mar del Plata, las y los trabajadores estatales,  marcharon por la ciudad acompañados de nutridas columnas de organizaciones sociales.

En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires se vivió un clima de tensión, tanto en la zona norte como la zona sur. En la zona norte, en el cruce de Av. Constituyentes y Gral. Paz, del lado de capital, se realizó un imponente corte de trabajadores y trabajadoras de organismos de Ciencia y Técnica, junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales de la región norte, realizaron una asamblea.

A pesar de los intentos de las fuerzas de seguridad la actividad se inició con una marcha que partió de INTI y atravesó el corredor tecnológico de la colectora,  y se fueron sumando las columnas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, entre muchas otras.

Al mismo tiempo, en la zona sur,  en el Puente Pueyrredón hubo un amplio despliegue de la Prefectura Nacional para intentar contener la marea humana que llegaría en horas del mediodía al Obelisco porteño.

En la CABA además hubo protestas en el Hospital Durand, en la zona de Hospitales en Parque Patricios, frente a Agroindustria; los trabajadores de la Cultura hicieron una marcha fúnebre, los jubilados se manifestaron frente al ANSES,  contra el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad ordenado por el FMI, entre otras. Las distintas actividades estuvieron signadas por el rechazo a la eliminación y degradación de ministerios a secretarías,  junto con el desguace y los despidos que esto conlleva.

En la Patagonia, durante la madrugada comenzaron los cortes de ruta en los accesos a la provincia de Santa Cruz, acampes frente a los organismos estatales en Río Negro y movilizaciones en Chubut. En Neuquén, trabajadores y trabajadoras denunciaron el vaciamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).

En Mendoza se realizó una concentración contra el ajuste, la persecución y los despidos. En Córdoba se cortó la ruta 9 en las afueras de la capital, para luego movilizar al centro de la ciudad. En Rosario protestaron por la degradación de los sistemas educativos y de salud pública. En San Luis, los y las trabajadoras estatales cortaron la Ruta 7,  en el acceso a la capital.

En Catamarca, Chaco, Salta y Jujuy se realizaron actos y asambleas en defensa de las y los despedidos de Agroindustria, la mayoría pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar. En Formosa se realizó un corte en la ruta 11 junto a organizaciones sociales. Numerosas manifestaciones se produjeron en Misiones, donde se promovieron reclamos en los hospitales y el Ministerio de Ecología por parte de integrantes de Parques Nacionales.

Astilleros Rio Santiago

Después de nueve horas de tensión y arduas negociaciones, el gobierno provincial y las y los trabajadores de Astilleros Río Santiago,  llegaron a un acuerdo y se levantó la toma. La ocupación se realizaba en reclamo de insumos para trabajar y el cese de descuentos salariales, e impedía que el interventor Daniel Capdevila, directivos y empleados administrativos pudieran salir de la planta.

El acuerdo llegó la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”. El interventor y las y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos, lo que permitirá reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo las y los trabajadores,  debido a la quita del plus por productividad.

Hospital Posadas

Ante una nueva tanda de telegramas de despido en el Hospital Posadas, que según trascendió pondrían llegar a 80, el secretario de la Fundación Posadas y jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil, Christian Kreutzer, presentó su renuncia. Su equipo de trabajo acompañó la decisión y repitió la iniciativa. De esta manera, el Posadas ya no cuenta con cirugía cardiovascular infantil, acentuando así la crisis que atraviesa la institución.

En enero, de este año, ya habían sido cesanteados unos 122 trabajadores y trabajadoras, la mayoría enfermeras especializadas con mucha antigüedad,  que se habían negado a extender la jornada laboral a diez horas.

Desde el gremio contabilizan unos 300 despidos en lo que va del año, más las jubilaciones de oficio que alcanzaron a 70 trabajadores más. También denunciaron el aumento de persecución sindical contra los delegados e integrantes de la Comisión Interna: “Nos quitaron el descuento automático de cuota sindical,  con la clara intención de desfinanciarnos y nos quieren desalojar de una de las sedes. En marzo nos descontaron hasta el 70 % del sueldo y despidieron a 17 delegados”.

Tal como indican las y los trabajadores, los despidos comenzaron a reflejarse en la atención al público,  en un claro “deterioro asistencial” del hospital insignia de Morón. “Si no se le pone un freno esto se va a profundizar, hay un plan para privatizar el hospital e implementar la famosa cobertura universal de salud (CUS)”, remarcó Luis Lichtenstein, presidente de la Asociación Sindical del Posadas.

El próximo martes los y las residentes decidieron parar en señal de protesta, realizando una jornada en defensa de la salud pública; los médicos, por su parte, el miércoles participarán de una nueva “ronda”, como lo vienen haciendo semana a semana. Ambos convocan a la comunidad, pacientes y vecinos a rodear de solidaridad el Hospital.

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En nuestro habitual panorama sindical de la semana, hacemos foco en las empresas que piden poder ser expropiadas por las cooperativas de trabajadores y trabajadoras. Además, elecciones gremiales y movilizaciones que se realizaron en estos días.

El viernes pasado, los gráficos de Donnelley (hoy MadyGraf) y WorldColor volvieron a cortar la esquina de Corrientes y Callao. El principal motivo fue reclamar que la Legislatura Bonaerense sancionara la expropiación de ambas fábricas a favor de las cooperativas que conformaron las y los trabajadores.

En ese sentido, Jorge Medina de Madygraf señaló: “Somos dos de las gráficas más grandes de la Argentina. Tenemos la capacidad suficiente para abastecer a todo el país de materiales gráficos de estudio. Hace poco, en cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández dijo que el Estado consume el 70 % del total de la producción gráfica nacional. Por eso planteamos que debe dar prioridad a las empresas autogestionadas por los trabajadores, ya que esto no sólo permitiría preservar los puestos de trabajo sino también ahorrar por parte del Estado al quitarse de encima todos los intermediarios”.

En el corte participaron trabajadores de Ramón Chozas y AGM, despedidos de Coca Cola de Pompeya, trabajadores telefónicos, docentes, estatales de la Agrupación Marrón, trabajadores del gremio de la alimentación y los centros de estudiantes de Filosofía, Psicología y Sociales de la UBA, junto a referentes del Frente de Izquierda.

Por su parte, la Cooperativa Acoplados del Oeste de los obreros de la ex Petinari, de Merlo, realizó un festival solidario el sábado 19 para dar a conocer su causa y sumar a la comunidad.

El conflicto se inició a comienzos de 2015 ante la falta de pago de salarios correspondientes a la segunda semana de enero, el aguinaldo de diciembre y vacaciones. Frente a esta situación, los trabajadores decidieron llevar adelante una medida de fuerza que terminó con el despido de obreros, la toma de la fábrica, su posterior desalojo y el acampe, durante seis meses, en la puerta de la ex Petinari hasta convertirse en Cooperativa y volver a ingresar a las instalaciones el pasado 16 de setiembre.

Cuando el parlamento activa por las y los trabajadores

La campaña por el desprocesamiento de los cinco delegados de la Comisión Interna de Perfil de Jorge Fontevecchia, llegó al Congreso. Allí, los integrantes de la Comisión de Relaciones del Trabajo expresaron su solidaridad con los delegados procesados a partir de una denuncia de la patronal y se comprometieron a emitir una declaración que exprese su preocupación por el avasallamiento de derechos constitucionales y repudie esta persecución gremial. Además, impulsarán una declaración al respecto en el pleno de la Cámara de Diputados.

El próximo martes 29, a instancias del diputado Pablo López del Bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero, se realizará en el Congreso una audiencia pública por el caso del joven trabajador rural tercerizado, Daniel Solano, desaparecido en noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Allí participarán familiares de Solano y los abogados de la causa, junto a distintos organismos de derechos humanos y de familiares luchan contra la impunidad.

 Movilizando bajo la lluvia

 Miles de estatales se movilizaron el miércoles bajo la lluvia hasta la Jefatura de Gabinete de Ministros. Juntas internas bonaerenses y porteñas de ATE, diversas agrupaciones internas y organizaciones territoriales alzaron su voz a favor del pase a planta de los 70.000 trabajadores del Estado nacional precarizados. La actividad tuvo réplicas en distintos puntos del país, en el marco del paro nacional resuelto en asambleas.

Coincidiendo con el paro nacional de ATE, también realizó un paro la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que representa a los hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud, en reclamo de “reapertura de paritarias y otros reclamos”.

Luego de semanas de lucha, con asambleas y paros por tiempo indeterminado, la patronal del Inti tuvo que ceder y otorgar un aumento de entre el 32 y 39 %, quebrando así la pauta del 27,4 % que fijó el gobierno para los estatales nacionales.

Elecciones con continuidades y sorpresas

El pasado miércoles se realizaron las elecciones en la Comisión Interna de la fábrica Mondelez Pacheco (ex Kraft-Terrabusi).

Con 778 votos (56%) resultó ganadora la “Lista 1”, impulsada por el PCR, La Cámpora y apadrinada por la Lista Verde de Daer, contra 633 votos (44%) que obtuvo la “Lista 2”, conformada por la agrupación clasista opositora “La Bordó”, en la que participan distintos referentes del PTS como Javier “Poke” Hermosilla.

Por su parte, Hugo Moyano renovó su mandato por cuatro años al frente del Sindicato de Choferes de camiones de Capital y Buenos Aires con el apoyo del 75% de los 123.000 afiliados.

Sin embargo, se presentó una serie de listas opositoras en las seccionales Mar del Plata, Bragado, Necochea, Olavarría, Bahía Blanca y La Pampa. El proceso más profundo fue en la seccional de Olavarría, Azul y Bolívar donde se conformó la Celeste, que agrupó a una amplia cantidad de choferes y obtuvo el 45% de los votos, superando a la Verde de Moyano en el núcleo más concentrado de camioneros (Olavarría) y también en la empresa más importante de la seccional.

También, el 18 de septiembre se realizó en Congreso Ordinario de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA) que con la presencia de 92 congresales de las 25 Asociaciones de Base proclamó a Luis Tiscornia (Adunc-Comahue) y a Antonio Rosselló (AGD-UBA) como Secretario general y adjunto, respectivamente, por el período 2015-8. Recordemos que ambos representan a la Lista Nº 4 que se impusiera en los comicios del pasado 9-10 de setiembre.

Luego de 10 años, los obreros jaboneros de Alicorp (ex Jabón Federal) volvieron a renovar el mandato de la Comisión Interna combativa, antiburocrática y de izquierda.

Con la participación del 88% del total del padrón, ganó la lista 2 de la “Agrupación Jaboneros Desde Abajo” con el 62% de los votos contra la lista Verde impulsada por la burocracia sindical y la patronal que obtuvo el 38%.

Por último, el jueves 17 fueron las elecciones de comisión interna en la planta dos de Cresta Roja ubicada en El Jagüel. Se presentaron tres listas: por un lado la oficialista Lista Verde impulsada por los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y por el otro las listas Roja y Naranja, en ambos casos integradas por destacados luchadores de la planta que encabezaron la triunfante lucha del mes de julio y por algunos nuevos delegados elegidos en algunas secciones. Finalmente, la Lista Roja se terminó imponiendo sobre la Verde por solo un voto: 332 a 331.

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Los trabajadores de la línea 60 llevan seis días de conflicto con la empresa Microomnibus Norte S.A. (M.O.N.S.A.). Dialogamos con algunos delegados sindicales durante la última asamblea que realizaron entrando en la noche del martes en Constitución.

El jueves pasado, los choferes de la línea 60 –una de las más importantes de Buenos Aires, que une en su recorrido al barrio porteño de Constitución con las localidades de Tigre y Escobar– decidieron solidarizarse con su compañero Ariel Benitez, chofer y activista sindical despedido de manera arbitraria. Así, entre café y asamblea, pusieron en marcha los primeros colectivos del día realizando el recorrido habitual pero esta vez con una clara determinación: no cobrar boleto a los pasajeros.

En diálogo con Marcha, Nestor Marcolin, delegado gremial nos explicó el porqué de esa medida: “Decidimos no perjudicar a los usuarios, no cobrar boleto es perjudicar directamente a la empresa que se la lleva en pala. Eso a la patronal le molesta. Nuestro problema no es con los pasajeros, no es nuestra intención afectar el servicio que, entendemos, también usan laburantes como nosotros”.

A partir de esta medida de fuerza, y luego de dictarse la conciliacion obligatoria por el Ministerio de Trabajo, el sábado a primera hora la empresa envió 47 telegramas de despido y decidió no presentar ningún empleado administrativo en las cabeceras impidiendo así que el servicio funcione. “Esto es un lockout patronal, no es un paro de los trabajadores, que quede claro. Nosotros estamos acá y queremos trabajar, la empresa no autoriza la salida de los colectivos porque saben que no vamos a cobrar boletos hasta que no reincorporen a los compañeros despedidos”, denunció Marcolin.

Tras reclamar la intervención judicial y del gobierno en el conflicto, más de 300 choferes se reunieron pasadas las 19 de ayer en las cabeceras de Constitución e Ingeniero Maschwitz, donde un fiscal intentó en vano dialogar con los directivos. Al respecto, el delegado gremial aseguró: “Dicen que los colectivos no van a salir porque están sucios. No quieren que salgamos con los carteles que dicen que no se paga boleto. La realidad es que con carteles o sin carteles, vamos a sostener la medida de fuerza”

Un conflicto de larga data

Los problemas entre los trabajadores y la patronal vienen siendo moneda corriente desde 2011, cuando M.O.N.S.A. fue comprada por un grupo empresarial encabezado por D.O.T.A. y la persecucion a la junta interna combativa y a choferes organizados se volvió una constante.

En ese sentido, hubo paros, piquetes (como en 2014, cuando se cortó por completo la avenida Cabildo a la altura de Puente Saavedra) y diversos planes de lucha que apuntaron siempre a mejoras en las condiciones laborales y en los salarios percibidos, mientras la empresa no sólo recibe altos subsidios por parte del Estado sino que prácticamente no invierte y se llena los bolsillos a costa de la precarización laboral.

Sin ningún tipo de mediación, D.O.T.A. agrupa a 13 empresas del sector: 6 de ellas son compañías controladas, es decir, que actualmente el grupo posee más del 50% de los votos posibles para definir cualquier política societaria; las 7 restantes tienen el estatus de empresas vinculadas. En conjunto, este agrupamiento empresarial gestiona – de forma directa o indirecta– un total de 31 líneas de colectivos.

D.O.T.A. nació a partir de la operación de la línea 28, con la razón social Doscientos Ocho Transporte Automotor y, en la actualidad, está controlada por un grupo empresario liderado por José Faija y Luis González. La mayoría de sus colectivos se pueden identificar por contar con el dibujo de una abeja gigante en el costado de sus unidades, como ocurre en los casos de las líneas 28, 5, 117 o 101.

D.O.T.A. también tiene un pie en el negocio de las terminales de colectivos, ya que controla a la firma Megacar, que es el representante oficial en la Argentina de la compañía brasileña Industria Agrale, lider en venta de vehículos para el transporte de pasajeros.

Según informaron a este medio los propios trabajadores, actualmente sólo la linea 60 cuenta con 340 colectivos y cobra al rededor de 100 mil pesos al mes de subsidio del Estado por cada uno.

Al cierre de esta edición los trabajadores de todos los turnos continúan en asamblea permamente, inamovibles de las cabeceras. Iván Iza, delegado de la comisión interna gremial concluyó: “La empresa nos dice que los colectivos van a salir a media mañana. Tal vez sea cierto, pero eso resuelve solamente lo penal. En cuanto a lo gremial, es decir, los 47 despidos del sábado más otros cuatro que veníamos reclamando hace tiempo no se han resuelto. La lucha sigue compañeros.”

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Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Planificación organizados en ATE realizaron ayer al mediodía una radio abierta en la puerta de la sede de la cartera para reclamar por el pago en término de los salarios y la regularización de la situación contractual de todos los empleados. “Basta de trabajo en negro”, escribieron con aerosol en una gran bandera de ese color.

“Muchos compañeros no cobraron su salario de abril y no tenemos respuesta por los cientos tercerizados por universidades que quieren tener un contrato que les garantice obra social, aumento paritario, aguinaldo y vacaciones regulados por convenio antes de que termine la gestión del ministro Julio de Vido”, consignó en un comunicado la Junta Interna ATE del Ministerio de Planificación.

Desde distintas sedes descentralizadas, decenas de trabajadores se movilizaron hasta Yrigoyen al 250 para denunciar la precarización laboral, juntar firmas de adhesión al reclamo, intercambiar experiencias y compartir mate y música. En otras palabras, para ponerle el cuerpo a un reclamo que se sostiene hace meses.

El balance de los organizadores fue positivo. “Es la primera vez que los y las trabajadoras del Ministerio hacemos una medida como esta y en sólo unas horas se juntaron más de 150 firmas para el petitorio que será entregado al ministro”, señaló Pamela De Seta, delegada de ATE.

La medida de fuerza surgió luego de varias acciones de visibilización del pedido de pase a la modalidad de contrato Ley Marco de todos los trabajadores y trabajadoras y en denuncia por la frecuente demora en el depósito de los sueldos de monotributistas, según el gremio.

El último de los reclamos desarrollado el 10 de abril había sido impedido por las autoridades de la cartera, al negar el acceso al edificio a las y los trabajadores monotributistas que no contaban con una tarjeta de ingreso.

Una estabilidad que se hace esperar

Según la junta interna del ATE, el Ministerio de Planificación mantiene a la mayor parte de sus empleados, no en planta transitoria, sino tercerizados a través de universidades nacionales y, desde su creación en 2003, no abrió un solo concurso para Planta Permanente.

En ese sentido, continúa pendiente la implementación de concursos para los 420 cargos anunciados para el sector luego de la Decisión Administrativa 609/2014, firmada en agosto por el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

De Seta explicó que si bien desde el gremio se reclama por el pase “inmediato” a planta permanente de todos los trabajadores, “la apertura de concursos está resultando utópica” en Planificación: “Por eso, vamos por el pase a Ley Marco, para que nadie esté contratado por medio de convenios con universidades”.

“Las y los trabajadores monotributistas son los más postergados en términos contractuales. Muchas veces cobran después del 15, no gozan de aguinaldo, vacaciones reguladas, ni tienen los mismos montos salariales, ya que si bien logramos que se homologuen los salarios de monotributo a la escala salarial SINEP, en muchos casos esto depende de la ‘buena voluntad’ de los directivos, lo mismo que los ‘aumentos’ paritarios.”

“Entendemos que la Ley Marco no es una situación contractual estable, dado que es un contrato anual, pero sí significa una mejora sustancial en las condiciones laborales de los compañeros y, por eso, lo que venimos solicitando es que se vuelva a abrir la mesa de negociación entre funcionarios y gremios para vehiculizar nuestros reclamos”, afirmó.

Entre los presentes, adhirieron al reclamo las juntas internas de Economía, Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). También lo hicieron las delegaciones de Promoción Social, Estadística y Censos y de la Subsecretaría de Riesgos del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, como directivos de ATE Capital y de la CTA.

“¡Pago del 1 al 5 a los trabajadores monotributistas! ¡Pase a Ley Marco de los tercerizados! ¡Basta de precarización laboral en el Ministerio de Planificación!”, exigieron desde la organización.

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