Por Noelia Carrazana / @noeChaska (*)

En los meses previos a los comicios de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sacudido por los incendios en la Chiquitania, los paros médicos y la movilización de la oposición, la que había ganado sólo una elección desde 2005, tras el ascenso al poder del aymara Evo Morales.

El 20 de octubre, el día de las elecciones, en medio de una polémica con la oposición por la constitucionalidad de un tercer mandato sucesivo, Evo Morales obtuvo el 47,08 por ciento de los sufragios y se proclamó vencedor.

La oposición, que sería respaldada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, desconoció el resultado e inició una serie de movilizaciones que derivaron en la quema de tribunales electorales y alcaldías, además de agresiones a partidarios del presidente Morales, quien se fugó hacia Argentina.

Los hechos comenzaron a desencadenarse el 22 de octubre, dos días después de la votación, cuando el líder opositor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, convocó a un paro cívico indefinido en contra de la reelección de Evo Morales, el que logró copar las principales calles del país y retener la atención de los medios de comunicación internacionales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

“Tenemos que, salvando las diferencias, sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero sólo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”, declaró Camacho el 31 de octubre, en alusión a los simpatizantes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales.

El 6 de noviembre, cuando Camacho ingresa a La Paz para solicitar la renuncia de Morales, el periodista Sebastián Moro, describía un estado de colapso. “Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta”.

En esa misma fecha, el periodista Christian Velasco Rojas, miembro de la plataforma de comunicación, La Resistencia Bolivia, denunciaba amenazas en su contra en Facebook. “¿Qué democracia defienden? ¿La de la intolerancia, la del acoso, la del vandalismo? (…) Esta madrugada, a nombre de la Democracia, pintaron mi casa con insultos y amenazas, al mejor estilo del Fascismo Nazi donde marcaban las casas de los judíos para después quemarlas”.

“Recibí mensajes que llegaron a mi celular -prosiguió Velasco- que decían que ya había caído el presidente Morales y que ahora nos tocaba la muerte a nosotros. Esos mensajes le llegaron a toda mi familia”.

Mientras tanto, en Cochabamba, miembros de la paramilitar Resistencia Cochala -JCR-secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y quemaron el edificio consistorial. Ante las cámaras, obligaron a Arce a caminar descalza por la calle, sobre vidrios. Luego, la orinaron y bañaron en pintura roja, mientras le gritaban “asesina”. “Estoy en un país libre (…). Si quieren matarme, que me maten. Por este proceso de cambio voy a dar mi vida”, replicó la alcaldesa, mientras la retenían.

El periodista Marcos Moscoso, quien fuera compañero de trabajo de Moro recuerda que los miembros de estos grupos “actuaban en connivencia con la policía.”

ATAQUE A LOS MEDIOS PÚBLICOS

Ya desde el 22 de octubre, día en que miembros de Resistencia Cochala queman los equipos de la radio Kausachun Coca en Cochabamba, la violencia se extiende hacia todos los medios públicos. Sufren ataques BTV-Bolivia TV; las radios de las organizaciones sociales, la Red Patria Nueva y la sede de la CSTUCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), donde funcionaba Prensa Rural.

En ese momento, Sebastián Moro, además de corresponsal de Página 12, era el editor de Prensa Rural, órgano de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, uno de los pilares del gobierno de Evo Morales. Aquella jornada, la página web de este órgano de prensa fue hackeada y su sede tomada.

El sábado 9 de noviembre se hizo viral la imagen de José Aramayo, director de Medios de la CSUTCB, atado a un árbol. Las bandas paramilitares que habían llegado a La Paz junto al cívico Luis Fernando Camacho, fueron las responsables de la agresión a Aramayo, quien posteriormente permaneció detenido por la policía, para ser liberado horas después.

“Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia”, fue el título de la última crónica que Sebastián Moro escribió para Página 12. “Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una ‘solución política’. La oposición pide la renuncia de Evo Morales. Los sindicatos agrarios salen a las calles de El Alto a apoyar al presidente”, escribió.

El domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunció por la mañana que convocaría a nuevas elecciones nacionales. La OEA, en paralelo, exigió la anulación de las elecciones presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios.

La cadena de TV UNITEL, así como otros canales masivos comenzaron a transmitir casi sin cortes las renuncias sucesivas de los ministros y del presidente del Congreso. Las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia al presidente. Finalmente, a las 17 horas, Evo Morales anunció su renuncia, después de 13 años en el poder.

Jeanine Añez se autoproclama presidente de Bolivia en una sesión de la Asamblea, sin el quórum que establece la normativa. Dentro de su gabinete, Roxana Lizárraga, es nombrada ministra de Comunicación, quien en una de sus primeras declaraciones apunta a la prensa.

“Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana (…) ya se tiene identificados a estos comunicadores”, advierte la nueva ministra.

En medio de esta situación, la embajada argentina comenzó a refugiar a los periodistas y camarógrafos de su país que habían llegado para cubrir la crisis y el golpe de Estado.

A Sebastián Moro no se lo buscó, ni se lo refugió. El domingo 10 de noviembre de 2019 nadie pudo ubicarlo en su teléfono. Finalmente, fue encontrado agonizando en su casa del barrio paceño de Sopocachi. Sus hermanas Penélope y Melody, Sabrina, su sobrina, y su madre, Raquel Rocchietti comenzaron ese día su calvario.

LA PAZ ES UN CAMPO DE BATALLA

La periodista argentina Gloria Beretervide, que había vuelto a su país desde Bolivia el 25 de octubre, relata sus últimas conversaciones con Sebastián Moro. “El sábado 9 de noviembre Sebastián fue entrevistado por mi para mi columna regional programa Fe de Radio de Bolivia y sobre el golpe que se venía, esa noche volví a hablar a las 22 horas ya que Sebastián debía presentarse al día siguiente a las 9 de la mañana hora de Bolivia en un conocido programa de radio con corresponsales internacionales en el mundo”.

Su hermana Penélope Moro relata que el sábado 9 de noviembre, a las 23 horas, habló con Sebastián por última vez. Le contó que debido a los bloqueos había desistido de presentarse en el programa Abya Yala TV. Sin embargo, le comentó que iba a salir caminar para tomar un poco de aire, tal como lo hacía frecuentemente. Penélope y el resto de la familia en Mendoza preocupados por la situación que Sebastián describía, pasaron una noche en vela.

La mañana del domingo 10, al no lograr comunicarse con Sebastián, la familia comenzó a llamar a conocidos y amigos que pudieran visitar la casa del periodista. Todos tenían miedo de hacerlo ante las amenazas recibidas. Finalmente, un testigo hoy protegido por la justicia boliviana, acepta el encargo y encuentra a Sebastián recostado en su cama, descompensado y aparentemente en estado de semi-inconciencia.

“Yo lo encontré en la cama, incluso me reconoció. ‘Estoy bien, hola Willy’, me dijo. Estás mal le respondí. Sebastián insistía que estaba bien, pero y yo me di cuenta que no porque todo fuertemente a orina. Cuando llegamos a la clínica Rengel, me llaman las enfermeras para que lo cambie y ahí veo los golpes en su brazo y cuerpo. Ya después vinieron los del consulado argentino y entonces yo ya lo dejé a su cargo y no fui a verlo más”, explicó el testigo.

La familia decide viajar inmediatamente mientras se comunican con el Consulado y la Embajada argentina en La Paz. Penélope logra viajar el mismo día en que la senadora Jeanine Añez asume la presidencia.

En La Paz, el Consulado argentino informa a la familia que no puede proveerles respaldo económico. La Embajada, debido supuestamente a la violencia callejera, rechaza proporcionarle ayuda para salir del aeropuerto de El Alto hacia La Paz, ciudad donde estaba Sebastián internado.

Penélope Moro explica que la falta de colaboración de las autoridades diplomáticas argentinas se dio desde el principio. Esta situación es denunciada por la familia en la prensa y consta además en la causa sobre la muerte de Sebastián Moro

Penélope, con la ayuda de amigos, logra salir de la terminal aérea y sortear los enfrentamientos. “No había forma de salir de El Alto por los bloqueos con fuego; en ese contexto no servía para nada la credencial de periodista. Fuimos y volvimos varias veces, había lugares donde teníamos que bajarnos para sacar las piedras muy pesadas que estaban colocadas en las calles para bloquear. Nos camuflamos con banderas blancas como las que usaban las ‘pititas’ (golpistas) y así tardamos sólo seis horas en llegar a la clínica Rengel”, recuerda ella.

Una vez en la clínica, Penélope logró ver a su hermano después de horas de espera. Allí le entregan un parte médico donde le señalan que había tenido varios accidentes cardiovasculares e incluso le informan que su hermano ingreso en estado alcohólico, así incluso figura en algunos testimonios del personal del nosocomio en la causa que está cursando en Bolivia. Esa jornada llegan a Bolivia Raquel Rocchietti y Melody Moro, madre y hermana de Sebastián, respectivamente.

LA LEJANÍA CON LA EMBAJADA

“El 14 de noviembre de 2019, el embajador argentino Normando Álvarez García, dio una conferencia de prensa donde afirmó que los periodistas argentinos estaban bajo el amparo de la embajada, pero se olvidó que en la clínica estaba muriendo un periodista argentino”, sostiene Raquel Rochietti, madre de Sebastián. Penélope, por su parte, cuenta que cada vez que entraba a la clínica Rengel del barrio de Sopocachi, era requisada por los pititas y que en ningún momento se sintió resguardada.

El día de aquellas declaraciones, los periodistas argentinos efectivamente lograron salir de Bolivia, como muchos otros corresponsales.

Pero la violencia no cedía, el viernes de aquella semana se produce la Masacre en Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después la de Senkata en la ciudad de El Alto, con un resultado de más de treinta personas muertas y centenares de heridos, según el último informe del grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – OEA).

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estuvo investigando los hechos bajo la gestión de Añez por más de seis meses, concluyó el 17 de agosto de 2021 que “durante ese tiempo, los insultos al periodismo fueron habituales y, como ocurrió en otras ciudades y eventos incluidos en este informe, las periodistas mujeres recibieron injurias de marcado tono sexista que se sumaron a los agravios dirigidos a todos los agentes de prensa.

“Muchos profesionales -ahondó el reporte- fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados (…) no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”.

“Un caso particularmente grave fue la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista argentino Sebastián Moro”, remarcó aquel documento. “Se le identificaron politraumatismos en todo el cuerpo”, concluyó.

Tras el informe del GIEI, el presidente boliviano, Luis Arce, mencionó por primera vez a Sebastián Moro como parte de las víctimas del golpe de Estado.

Asimismo, en julio de 2021 su caso fue recogido por algunos medios masivos, luego de que el nuevo gobierno boliviano denunciara el envío de armas desde Buenos Aires a La Paz, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, en las horas posteriores al golpe de Estado.

Por su parte, un informe elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, advirtió que resultaron “preocupantes las declaraciones públicas por parte de autoridades, que afirmaron que algunos periodistas habrían cometido el delito de sedición”.

“Afirmaciones como esas podrían alentar la violencia en contra de periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación, generar autocensura e inhibir coberturas independientes”, subrayó ACNUDH.

VOLVER CON LAS CENIZAS

La familia de Sebastián recuerda aquellos días, como de extrema precariedad. “La clínica no tenía nada; le entregaba recetas a Penélope con medicación que cualquier centro de salud de emergencia primaria tiene. Le pedían insumos hospitalarios que mi hermana no encontraba en la farmacia. Nosotras mismas llevamos una gran cantidad de medicación e insumos: agujas, sondas, cintas que nos pedían todo el tiempo. Hay una investigación sobre ese tema ya que se trata de una clínica privada que nos cobró miles de pesos y tenía todo tercerizado. No podían hacerle ningún estudio a Sebastián”, explica Melody Moro.

“Hubo mucha manipulación en la clínica -prosigue-. Un día nos hicieron preparar para desconectar a mi hermano y cuando después llegamos, nos dicen que no estaba en condiciones de ser desconectado. Estamos hablando de médicos, de cardiólogos, de especialistas. No nos permitían tocarlo o verle la espalda porque nosotras ya habíamos advertido algo raro. Habíamos visto golpes en el cuerpo de mi hermano; la clínica nunca nos devolvió su ropa”, cuenta su hermana Melody.

Normando Álvarez, quien fuera el embajador de Argentina en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, es acusado por la familia de Moro de indiferencia y descuido. “Él venía siempre como saliendo de un partido de tenis o algo así (…) cuando nos enteramos que la embajada estuvo implicada en el envío de armas, sentí que estuvimos mi mama, mi hermana y yo en manos de un criminal ya que no solo nos negó el avión sanitario, declara la hermana de Sebastián, Penélope.

También explica que el embajador “se llevó las recetas con los medicamentos que mi hermano necesitaba y nunca me las devolvió ni trajo la medicación”. Desde la embajada lo único que se nos ofreció fue un descuento para hospedarnos en un hostal”, recuerda Penélope Moro.

Esa semana del 11 de noviembre no había bancos debido a las protestas masivas que ocurrían en todo el territorio boliviano. Esto impedía cambiar el dinero argentino a pesos bolivianos para comprar la medicación que necesitaba su hermano. Desde la clínica “nos hacían pagar por día el oxígeno y comprar todos los insumos en el momento, cosa que veíamos que no ocurría con todos los pacientes”, relata la también periodista Penélope Moro.

Sebastián muere el sábado 16 de noviembre a la medianoche. “Yo siento que esa hora marcó una muerte para comenzar a renacer cada día”, afirma su madre.

Raquel también evoca que “el embajador (Normando Álvarez García) apareció con las recetas, pero sin haber comprado los medicamentos, cuando ya se llevaban el cuerpo de Sebastián”.

“Melisa Campitelli, la cónsul argentina en La Paz -prosigue la madre- nos acompañó más que el embajador, y nos dijo que para volvernos más rápido lo mejor era cremar el cuerpo de Sebastián, y la Cónsul se apresura a hacer todos los trámites. Se nos pasa por alto, ante la situación de haber visto marcas en el cuerpo de Sebastián, el hacer una denuncia policial porque el informe médico continuaba diciendo ACV y politraumatismos. Entonces, hay negligencia por parte de la Cónsul y de la clínica. La Cónsul, la abogada Melisa Laura Campitelli Mayor, en su doble rol de abogada y autoridad consular no podía ignorar que al cremar un cuerpo se pierde la mayor evidencia al momento de averiguar el porqué del deceso”.

Por ello, la madre de Sebastián indica que “hay responsables de todas estas situaciones. “El 14 de noviembre, cuando llega el avión Hércules con el material bélico (desde Argentina) para reprimir al pueblo boliviano, en ese Hércules, Normando Álvarez a la madrugada del 15 envía a los periodistas argentinos de los grandes medios para protegerlos. A nosotras nos había dicho que no era posible que llegara un avión sanitario por el contexto que se estaba viviendo. Al enterarnos posteriormente de la causa de las armas argentinas a Bolivia, eso también fue un golpe para nosotras”.

El 29 de noviembre, en la embajada argentina de La Paz, el embajador Álvarez García, realizó un agasajo a los golpistas, en una ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, quien en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia por casos relacionados al golpe de estado de 2019.

El diario digital argentino El Destape Web en una investigación con fotografía incluida da cuenta que también estuvieron militares estadounidenses, brasileños y ecuatorianos.

MUJERES QUE LUCHAN POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

“A mí la cultura ancestral no me alcanza para sanar, será porque acá somos diferentes, la muerte para nosotras es la ausencia de alguien a quien no vamos a ver nunca más y cuando se trata de una muerte que no es natural tenemos la necesidad y la urgencia de hacer el camino de justicia”, testimonia Raquel, la madre de Sebastián.

“Cuando volvimos de Bolivia, a pesar del dolor, nos sentábamos las tres, y con lápiz y papel, nos poníamos a pensar cómo íbamos a denunciar. A nosotras nadie nos calló desde que volvimos, nosotras dimos nombre y apellido y no sabemos a dónde nos va a llevar el proceso judicial. Nosotras lo vimos golpeado (a Sebastián)”, denuncia.

En Argentina hay dos causas abiertas, en las que se pide la investigación para el esclarecimiento de la muerte del periodista, una radicada en Córdoba en la que la familia Moro es querellante, por delitos de Lesa Humanidad.

Esa causa contra algunos funcionarios del gobierno de Jeanine Añez, se presentó ante la Justicia Federal Argentina. La segunda causa se abrió en Mendoza y está a cargo del patrocinio legal de la abogada Viviana Beigel. Ambas demandas se presentaron invocando el concepto de jurisdicción universal.

También en Bolivia existe una denuncia que instruye la fiscal Dubravka Jordan Velázquez. “La causa está calificada como ‘homicidio’, pero no se detuvo a nadie, no se produjeron pruebas ni se reconstruyeron los hechos; hay poca seriedad en la investigación”, criticaba Beigel antes de los últimos testimonios de testigos clave y de la verificación del lugar del hecho que tuvo lugar el mismo día del aniversario de la muerte de Moro, el 16 de noviembre de 2021 en La Paz.

“Hay sospechas muy serias que nos llevan a suponer que (Sebastián) podría haber sido asesinado a golpes a partir de un ataque que se produce hacia la población civil, en el marco de un ataque generalizado a la población. Estamos esperando los resultados de la justicia boliviana”, señala la abogada mendocina.

Por su lado, la nueva abogada boliviana del caso Moro, Mary Carrasco sostiene que el escenario judicial es complicado, debido a que el cuerpo fue incinerado, pero aclara que existen muchos testimonios y fotos que pueden ser analizados por expertos, para finalmente llegar a la verdad.

El 16 de noviembre de 2021 se realizó la pericia del lugar donde vivía Sebastián, Carrasco explica: “quisimos reconstruir sus últimas horas: ha habido actos de tortura, su brazo tenía rastros de haber estado envuelto con alambre de púas, su rostro estaba golpeado, su muñeca estaba inflamada, sus piernas de la misma forma, pero algo que ha sido letal y contundente fue el golpe en el pulmón que ha logrado su desplazamiento. Entonces eso no era evidente a los ojos de quien lo socorrió, pero en la clínica dan cuenta que ese fue el hecho más grave”.

“El Ministerio Público -detalla la jurista- ha pedido materiales de esa clínica, se han pedido testimonios de los médicos que han visto a Moro. Llamativamente están todos becados, haciendo cursos en el exterior, pero sí hemos obtenido declaraciones de las enfermeras. Es una investigación compleja por el tiempo, pero tenemos que establecer cómo y porqué matan a Sebastián; para ello el derecho procesal boliviano tiene muchas herramientas: la prueba documental, la prueba testimonial, las fotografías, las filmaciones, pero sustancialmente la pericia nos ayudará. Tenemos un historial médico, las placas de los órganos de Sebastián y el primer diagnóstico errático en el que indican que él se auto infringió los golpes porque estaba en estado alcohólico o drogado, sin hacerle las pruebas que corresponde. Esa tesis se desplomó no solo por lo que estamos viviendo hoy, sino por todos los testimonios que se están llevado adelante”.

La penalista denuncia, al igual que la familia, que muchos médicos eludieron denunciar estas agresiones. Y no solo eso, según ella. “Hay víctimas -del gobierno de Añez- que manifiestan que en esos momentos cuando entraban a las clínicas, los médicos avisaban a los policías, pero no para hacer una averiguación, sino para amedrentarlas”.

“La historia clínica está llena de errores, controversias, evoluciones de Sebastián que no tienen nada que ver con lo que nosotras vimos como testigos, y el no tener el cuerpo es un delito grave, culpa de la embajada y de la clínica, ya que nosotras desconocíamos la ley boliviana. Cuando un centro de salud recibe un paciente en el estado de mi hermano tiene la obligación de denunciar el hecho, nosotras no tuvimos ni siquiera la asesoría de las autoridades consulares y la clínica no denunció el hecho; seguramente el cuerpo habría tenido una autopsia correspondiente y lo único que se nos dio como opción desde la Embajada, fue la cremación porque un avión sanitario era peligroso que aterrizase en La Paz”, recuerda Penélope.

La hermana de Sebastián culmina explicando que “la pericia que se realizó en noviembre del año pasado fue muy importante; es la primera que se hace en dos años con la Fiscalía y el equipo de investigación. Estuvieron presentes mi madre y mi hermana aportando testimonio en la causa. Lo más novedoso de esa verificación de hechos como le llaman allá, es que vino la persona que ayudó a mi hermano y lo llevó a la clínica, y dio su testimonio. Allí con la fiscal, los investigadores, y nuestra abogada Mary Carrasco, ingresamos a la casa de Sebastián”.

CAMPAÑA POR JUSTICIA PARA SEBASTIAN

En la cultura aymara, el Ajayu es el alma que forma parte del cuerpo de las personas. Según esa creencia, cuando una persona sufre un accidente o un hecho de violencia, el ajayu se va del cuerpo físico y recién vuelve cuando el cuerpo está en armonía. En el caso de Sebastián ya no hay cuerpo adonde volver, pese a lo cual amigos de Sebastián invitaron a su familia a un ritual similar.

“Algunos compañeros de Sebastián nos llevaron a hacer un quitapena (ceremonia de despedida) al Montículo, un lugar que a él le gustaba mucho. Compramos salteñas (empanadas) y nos hicieron poner una foto en el medio, junto a una manta, unas hojas de coca, tabaco. Armamos una ronda y allí cada uno comenzó a hablar de cómo lo habían conocido, de la música que le gustaba (…); le agradecían mucho a mi mamá porque lo había traído a la vida, le decían gracias porque nos ha enseñado a contar las historias, porque nos ha pasado autores. Fue muy fuerte”, cuenta Melody.

Raquel Rocchietti en su declaración ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) sostuvo que la muerte de Sebastián “fue un mensaje aleccionador para la prensa libre. Él se convirtió en la primera víctima de la dictadura que se instaló en Bolivia. Hubo inteligencia sobre sus actividades. Negarlo, callarlo, ocultar pruebas, constituye un delito de lesa humanidad”.

“En el caso de Sebastián las responsabilidades caen en la policía, porque en ese momento estaban amotinados, pero no estaba aún el gobierno de facto de Añez, ni tampoco estaban aun los militares y al día de hoy no hay nadie preso o imputado por la causa de mi hermano, por eso es que pedimos que estas causas se empiecen a juzgar como crímenes de Lesa Humanidad, hasta ahora solo hay imputados por delitos por causas de corrupción y delitos económicos”, indica su hermana Penélope.

En los últimos meses, la Justicia boliviana comenzó a emitir condenas contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, incluido Roger Revuelta Villaroel condenado justamente a doce años de prisión por el delito de tentativa de asesinato y lesiones graves contra el periodista Adair Pinto.

El hecho ocurrió en 2020 cuando Revuelta ingresó a un bar y junto a un grupo de la Resistencia Juvenil Cochala -RJC-, insultó al periodista que había denunciado públicamente en un medio radial, a Jeanine Añez por el golpe de Estado. Revuelta amenazó con violar a su hermana menor de quien tenía una foto. Luego de 20 minutos, cuando Pinto salía del local e intentaba subir a un taxi, fue interceptado por Revuelta quien lo acuchilló en el corazón, en el muslo y en el abdomen.

En ese marco, el actual Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo a la periodista argentina, Gloria Beretervide, luego de conocido el informe del GIEI, que el caso de Sebastián Moro “tiene que ser investigado”.

“Todo apunta que fue un asesinato, directo y con ejecución”, subrayó.

El caso de Sebastián Moro quedará abierto para su familia, sociedad latinoamericana y organismos de derechos humanos para siempre, al igual que muchos otros asesinatos, violaciones y vulneraciones de derechos humanos por parte de dictaduras cívico, militar, policial, eclesial, en países empobrecidos por unos pocos que detentan el poder económico que oprimen al pueblo haciendo abuso de la figura de partidos políticos en nombre de la “democracia”, enmascaran sus propios intereses mezquinos.

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Por Redacción Marcha | Foto: Tzu para cobertura colaborativa sin fronteras

Con ciudades militarizadas, inició temprano la jornada de votación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin conteo rápido, suspendido a horas de inicio de las elecciones, habrá que esperar los resultados oficiales y el MAS- IPSP tendrá su sistema para cuidar el voto. De lo que pase, la responsabilidad es del Tribunal Supremo Electoral.

En grupos de WhatsApp, las y los bolivianos rindieron homenaje a las personas caídas y heridas en las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, en noviembre pasado, antes de salir a votar. La dignidad del pueblo puso de pie a la región, que sigue atenta su lucha por recuperar el gobierno para sí mismxs, y la vigencia de la Constitución Política y del Estado Plurinacional en elecciones sin represión ni sangre.

En horas del mediodía, lo importante era combatir la narrativa del Ministro del terror, Arturo Murillo, que a horas del inicio de los comicios, ordenó a la policía y a los militares salir con las tanquetas a las calles “a custodiar las urnas”. Lo cierto es que, a medida que avanzaban las horas y las fotos corrían por los medios populares, se evidenció que quienes realmente custodiaban la voluntad popular eran quienes, a pesar de la desorganización del TSE y el amedrentamiento de las autoridades de facto, salieron a votar y resignificar la democracia.

Ya habían emitido sus votos, Luis Arce y David Choquehuanca, candidatos a presidente y vice por el MAS- IPSP, en Miraflores y en Omasuyos, La Paz. Ambos fueron recibidos y acompañados con aplausos y cantos. “Emití mi voto muy esperanzado”, dijo Arce desde su cuenta de Twitter. Ante los medios, había declarado: “Esperamos que todo el día de hoy y los siguientes días transcurran de manera pacífica. El Movimiento Al Socialismo le ha apostado a la solución democrática, no tomamos las armas, tomamos el poder por esta vía democrática”. Por su parte, el candidato a vice, enfrentó la maniobra de algunos medios de derecha de instalar que el candidato a presidente fue abucheado en la escuela donde votó, y recordó: “tenemos que respetar y hacer respetar la voluntad popular”.

En otras ciudades, y lejos del color y la alegría, Carlos Mesa (segundo candidato a presidente según las últimas encuestas), Luis Camacho (tercero con muy poca intención de voto) y Jeanine Añez (presidenta autoproclamada de facto), votaron. Desde las 8 PM, hora Bolivia, comenzarán a cargarse los primeros datos oficiales en: https://www.oep.org.bo/.

Escuchá también: Voces sin frontera desde el territorio plurinacional de Bolivia 

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Por Laura Salomé Canteros |

Mañana se realizarán las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con protocolos sanitarios por la pandemia de COVID- 19, y tras ser postergadas en tres ocasiones por el gobierno de facto, que comandan la ex senadora Jeanine Añez y el empresario Arturo Murillo; en un contexto en el que se multiplican las denuncias por los intentos de desestabilización.

En Bolivia las urnas serán custodiadas por los militares que masacraron al pueblo en Sacaba y en Senkata; y el escrutinio, a cargo del Tribunal Supremo Electoral que aceptó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) vuelva a ser veedora de las elecciones, tras la activa participación que tuvo en la instalación de la narrativa del fraude, determinante para dar el Golpe a las instituciones y la estabilidad social, política y económica en las elecciones de hace un año atrás.

Habrá horarios de votación según terminación de carnet de identidad y veedores internacionales a pesar de la negativa de las autoridades del gobierno de facto que insisten en criminalizar la política para generar terror, desinformación sobre los recintos habilitados -tanto en Bolivia como en el exterior- y restricciones a la labor de prensa. Sumado a que el sistema de conteo rápido elegido por las autoridades de facto, ya cuenta con observaciones sobre su funcionamiento.

Será un día clave para la región en el que se jugará la recuperación de la democracia de los pueblos. La oportunidad para volver al camino del autogobierno y abandonar casi un año en el que la persecución a mujeres y LGBT+ fue sistemática. Evidenciando un disciplinamiento empresario, conservador y fundamentalista religioso que asaltó el poder y los recursos del Estado con el objetivo de restaurar el odio desde la justicia y los medios. Para recuperar la soberanía política pero también la pluriculturalidad indígena- campesina de protección de los recursos naturales.

Cuatro historias, muchas vulneraciones

Eva Copa es la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado. Trabajadora social, de El Alto y de 33 años, recibió y denunció con la misma intensidad los ataques y la violencia política de parte de la derecha y el fascismo, quienes publicaron, sin consentimiento, un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva que utilizaron para extorsionarla y acallarla ya que, desde la tarea parlamentaria, gobernó el país de hecho, sancionando leyes en beneficio de las personas.

Patricia Arce es hoy candidata a asambleísta por Cochabamba, alcaldesa de Vinto y “una mujer con valor”, como la define su campaña electoral, es una de las caras paradigma de que el Golpe de noviembre de 2019 es un intento de restauración racista que se ensañó con las mujeres. Fue secuestrada y violentada por varones organizados en grupos paramilitares y detenida y luego liberada, durante la pandemia, acusada de atentar contra la salud pública por organizar repartos solidarios de alimentos y medicamentos ante la incapacidad de gestión del gobierno de facto.

Patricia Hermosa es abogada y ex funcionaria y padeció el encierro sin condena y las consecuencias de la falta del acceso a la salud durante seis meses. Estuvo privada de su libertad y no pudo defenderse por ser la apoderada del ex presidente, Evo Morales, acusada por el Estado golpista del tipo penale más grave posible: “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. Padeció la discriminación étnica e ideológica que la llevó a la cárcel donde una emergencia obstétrica interrumpió su gestación. Fue quien afirmó que “solo los indios estamos en la cárcel”.

Pero quizá la historia más dramática y ejemplificadora de las consecuencias del encarcelamiento sin condena y la persecución por motivos políticos es la de Marianela Revollo, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, detenida el 13 de noviembre de 2019 acusada de delitos electorales y penales -bajo la narrativa golpista del fraude- y que falleció como presa política tras una tardía detención domiciliaria y como consecuencia de la falta de atención a su salud integral.

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Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Es más, se transforman en mandatos ancestrales que siguen reclamando derechos.

El final es abierto y las historias de los pueblos no se definen sólo en las urnas. Sin embargo, se exige elecciones sin sangre. Y que las y los indígenas vuelvan a gobernarse a sí mismxs.

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Por Redacción La Resistencia*

El binomio presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce y David Choquehuanca, cerró campaña en Cochabamba, con un multitudinario acto en el estadio municipal de Sacaba, donde vaticinaron la victoria electoral en primera vuelta por la liberación de Bolivia, sumida en una profunda crisis económica, social y política, tras el golpe de Estado del año pasado propiciado por los partidos neoliberales.

La población cochabambina se congregó en Sacaba, municipio que se pintó de azul con banderas del MAS que flamearon al ritmo de la música, que acompañó el cierre de campaña en esa región donde, en noviembre pasado, se registró una masacre perpetrada por el gobierno de facto de Jeanine Añez, que cobró la vida de 12 personas y una centena de heridos.

“El 18 tenemos el gran desafío y la responsabilidad histórica, especialmente nuestros jóvenes, de recuperar el camino del desarrollo hacia el progreso que solo el MAS puede ofrecer a todo el pueblo boliviano. Este 18 de octubre iremos a votar por la liberación de Bolivia, iremos a ganar las elecciones”, manifestó Arce en un encendido discurso que fue matizado por vítores y aplausos de miles de personas congregadas.

El aspirante a la silla presidencial aseveró que el binomio del pueblo ganará las elecciones generales no por un capricho sino porque es la respuesta a las necesidades de la población, por lo que demandó hacer respetar el voto popular en las urnas para garantizar la victoria en primera vuelta.

Con un contúndete apoyo que retumbó las calles aledañas del estadio municipal de Sacaba, Arce anunció una victoria con más del 50% de los votos porque el pueblo sabe la diferencia entre un gobierno del MAS y de derecha, por lo que –a su juicio- “no se dejará llevar por cantos de sirenas de partidos de derecha que lo único que quieren es defender los intereses de grupos”.

“Con el voto útil no se come, no se da empleos, no se tiene ingresos, no se recupera la educación, no se recupera la salud. El país no necesita a nadie que gobierne desde las redes sociales, poniendo banderitas en el poste (…) nosotros necesitamos al pueblo en el gobierno”, refrendó.

En ese marco, Arce sostuvo que el MAS gobernará para todos bajo la consigna de la “unidad”. “Hemos recuperado derechos para los indígenas y los recursos naturales. Ahora nos queda el camino de la recuperación de la democracia, la patria y de todo el país”, dijo.

Por su parte, el candidato vicepresidencial ratificó que el 18 de octubre, el MAS recuperará la democracia “de manera pacífica, sin violencia, sin enfrentamientos y sin pelearnos entre nosotros”.

“El 18 de octubre vamos a ir, desde muy temprano, a votar con mucha esperanza, sabiendo que la democracia ese día va a ganar, el pueblo va a ganar. Tenemos que recuperar la tranquilidad de los bolivianos, ese día vamos a votar con el corazón”, afirmó.

*original en La Resistencia

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Por Penélope Moro

La comunidad boliviana arraigada en Argentina vota desde el 2009 tras una larga lucha que recién pudo ganarse a partir de los postulados de la nueva constitución surgida en el seno del Estado Plurinacional de Bolivia. Este derecho incluye a ciudadanxs bolivianxs que habitan fuera de su país, como así también a sus descendientes, teniendo en cuenta las olas migratorias que gobiernos ultra neoliberales comandados por Estados Unidos expulsaron fuera de su territorio.

“Nuestrxs abuelxs y xadres emigraron por el sufrimiento causado por los usurpadores neoliberales décadas y décadas atrás”, expresó Yolanda Pozo a Marcha, de la colectividad boliviana en Mendoza, que hoy se pone de pie ante la incertidumbre de poder ejercer el próximo domingo el derecho al voto que les permitiría recuperar la democracia arrebatada por el golpismo en noviembre de 2019.

A través de distintos reclamos y pronunciamientos se dio a conocer en los últimos días que gobernadores que responden al Frente Cambiemos obstaculizan el derecho universal al voto de los y las residentes bolivianas en sus provincias, pese a la ratificación de Cancillería Argentina para que los comicios se lleven adelante con los recaudos previstos en el contexto de pandemia.

La paradoja mendocina se centra en que es una de las provincias que encabeza la cantidad de contagios por COVID-19 en el último mes a nivel nacional, por las obscenas flexibilizaciones a favor de las actividades económicas permitidas por el gobernador Rodolfo Suárez. Esta polémica tomó trascendencia en las últimas horas frente al rechazo del radical macrista a las sugerencias del presidente Alberto Fernández de cerrar actividades para frenar el colapso sanitario.

Sin embargo, parece ser la excusa perfecta del gobierno devenido en sede de Añez- Mesa (la alianza golpista y conservadora que pretende gobernar sin el voto en Bolivia), para impedir el acto democrático a lxs bolivianxs que habitan suelo mendocino y que suman más de 17 mil, aunque lxs empradronadxs para estas elecciones alcancen casi lxs 11 mil votantes.

Después de Buenos Aires, Mendoza es la mayor plaza con caudal de votos, lo que implica un peso importante en las complejas elecciones del domingo próximo, cuando en Bolivia se dirimirá mucho más que la recuperación democrática luego del sangriento Golpe de noviembre pasado.

Yolanda explicó que los órganos obligados a hacer los petitorios formales para que los comicios se desarrollen en la provincia de Mendoza son el Consulado de Bolivia, alineado a las fuerzas golpistas, y el Tribunal Supremo Electoral. “Ellos son los responsables legales del acto electoral pero no nos están respondiendo”, señaló la ciudadana.

A 72 horas hábiles de la elección y frente al silencio de las autoridades diplomáticas bolivianas, las y los residentes bolivianxs permanentes de Mendoza realizaron un petitorio al gobernador Suárez: “tenemos entendido que de parte del Consulado y el Órgano Electoral Plurinacional han hecho gestiones correspondientes solicitando recintos electorales porque la logística es obligación del Estado boliviano. Lo que se le pide al gobierno de Mendoza es que habilite por decreto la autorización de las escuelas a las que tenemos que acceder para concretar el acto eleccionario”.

La respuesta de las autoridades mendocinas es la misma que la de la “diplomacia boliviana”: ninguna. A principio la excusa era la pandemia. Al punto que el diputado macrista Gustavo Cairo impulsó un proyecto para que se resuelva “la inconveniencia de la apertura de escuelas para las elecciones en Bolivia”.

“Pero Mendoza no es una de las provincias con mayor acatamiento a la cuarentena y las aperturas son cada vez mayores, tampoco es una excusa seria y coherente la del resguardo de la salud”, explicó Yolanda, quien además es enfermera, y siguió: “tomemos en cuenta que el acto electoral es un proceso rápido y realizado bajo estricto protocolo presenta mínimos riesgos de contagios, es más peligroso ir al supermercado, a un bar o hacer la cola en el banco que ir a votar”.

Votar con protocolos

Semanas atrás se acordó un formato de bioseguridad con la Corte Electoral Argentina y la Cancillería, se trata de un proceso dictado bicameralmente y en todos los países del mundo donde residan bolivianxs para que el sufragio garantice la no exposición a riesgos sanitarios.

En todo el territorio mendocino son solo cinco los recintos o escuelas seleccionados para que el domingo se sufrague. Se trata de una escuela en los departamentos con mayor concentración de empadronadxs que presentan grandes distancias entre sí: San Rafael, San Carlos, Ugarteche (Luján de Cuyo), Maipú y Ciudad de Mendoza. Es decir, sitios sin cercanía alguna.

“La dispersión es muy amplia para argumentar que 10 mil personas se van a aglutinar en menos de cinco horas. Cada recinto electoral tiene horarios y referencias para que se pueda realizar el acto en orden”, sostuvo Yolanda, quien contó además que, si bien en Mendoza son 10 mil lxs empadronadxs, de perderse el voto, se estaría “violando la voluntad de 300 mil personas: hijxs y nietxs que habitan este suelo”, en tanto comunidad, tal como lo concibe la cosmogonía andina. “Es una amenaza a futuro, esto da pie para que se coarte nuestro derecho a pertenecer, daña nuestra identidad boliviana. Nos están discriminando”.

Finalmente recordó que cuando el presidente derrocado, Evo Morales, visitó la provincia en marzo pasado, el vicegobernador, Mario Abed, se comprometió con el líder del MAS- IPSP para garantizar el retorno democrático al país vecino. “Pero ahora que necesitamos elegir quién nos gobernará, nos privan de nuestra participación democrática. No queremos creer que desde Mendoza haya apoyo a un gobierno golpista”, concluyó.

En tanto, abogados de Derechos Humanos trabajan en la posibilidad de presentar este miércoles un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que lxs bolivianxs aporten desde Mendoza su apoyo a la democracia mediante el cumplimiento de su derecho universal al voto.

A la vez, otras organizaciones de bolivianxs en Argentina piden al TSE que de manera inmediata cumpla sus funciones para así puedan ejercer el derecho a elegir libre y democráticamente un gobierno legítimo. Recuerdan que en la República Argentina son más de 142.500 bolivianos y bolivianas habilitados para votar en las próximas Elecciones Generales.

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Por Luis Hessel

Faltando tan sólo un mes para las elecciones Jeanine Áñez la candidata a la presidencia por la “Alianza Juntos” anunció su renuncia a través de un spot en el que declaró que; “hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, no es un sacrificio es un honor, porque lo hago ante el riesgo que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS acabe ganado la elección”. También advirtió al electorado y al resto de las fuerzas políticas del país que si no se unían volvía “la dictadura” en alusión al gobierno de Evo Morales.

Tras reiteradas suspensiones las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en Bolivia el día 18 de octubre en un contexto marcado por una grave crisis social, política, económica y sanitaria provocada por el gobierno de facto que asaltó el poder tras el golpe del pasado mes de noviembre.

Los números en la carrera electoral no son buenos para la derecha boliviana. Las ultimas encuestas le otorgan a Luis Arce el candidato del MAS una intención de votos que supera el 40% del padrón electoral seguido por Carlos Mesa con 26% en tercer lugar Luis Camacho con un 14,4% y en cuarto lugar Jeanine Áñez con apenas un 10,6%.

El expresidente elegido por las mayorías, Evo Morales, comunicó en su cuenta de Twitter aque la renuncia de la autoproclamada Áñez a su candidatura no es ingenua. Garantizar que su impunidad luego casi un año dónde posibilitó cientos de hechos corrupción durante la pandemia, violencias y persecusiones y las masacres en Senkata y Sacaba. “Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad”, aseguró en su publicación.

Ante la noticia el histórico dirigente aymara Felipe Quispe declaró que “la renuncia de Áñez es un pacto con (Carlos) Mesa que prometió no juzgar a nadie a cambio de ministerios” y denunció que el único lugar en que deberían estar Áñez y sus ministros es en la prisión de Chonchocoro por los actos de corrupción y el pésimo manejo de la situación sanitaria del país durante la pandemia.

Por su parte en comunicación con Radio Kawsachun Coca de Cochabamba, Evo Morales afirmó que la renuncia de Áñez a su candidatura fue por “instrucciones de los Estados Unidos” quienes promueven la candidatura del ex-presidente Carlos Mesa y llamó a la unidad de todos los bolivianos y las bolivianas para vencer a la dictadura en las próximas elecciones.

Luis Alberto Arce Catacora es economista y profesor universitario, fue el flamante ministro de economía de Evo Morales y arquitecto del “modelo social y económico” que provocó el inédito crecimiento del país durante la gestión del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Será acompañado en la formula por el dirigente sindical aymara David Choquehuanca quien fue parte del Área de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales y secretario general del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). A pesar del importante apoyo popular a la lista del MAS no se descarta que el resultado final deba definirse en segunda vuelta frente a Carlos Mesa.

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Por César Saravia y Camila Parodi

Bolivia se encuentra en un nuevo escenario de conflictividad social. El mismo, debe ser entendido como una extensión del Golpe de Estado que el país vivió hace ya casi un año. Desde el 3 de agosto, se realizaron jornadas de movilización, huelga total y bloqueo tanto de rutas como de las principales esquinas de las ciudades. Esto se determinó en cabildo abierto y popular, luego de la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto Unidad que fue continuada por las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo y ancho del país. En los primeros días de la resistencia, se registraron más de 100 bloqueos en todo el país y en distintos puntos. 

Este nuevo episodio de movilización se da luego de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar nuevamente las elecciones inicialmente programadas para el 6 de septiembre. La postergación de las elecciones es la tercera en lo que va del año y responde principalmente a una estrategia del gobierno de facto de ganar tiempo para profundizar cambios que le permitan estabilizar el régimen golpista. La pandemia, las demandas para inhabilitar a Luis Arce y al MAS, el exilio de Evo, un enojo popular en las calles, la presencia de grupos de choque fascistas y la división dentro de la derecha frente a la posibilidad de una candidatura única, son algunos de los elementos que configuran un panorama político muy complejo para el país vecino. 

Pero vamos por partes… primero, un poco de rap feminista y plurinacional para escuchar de fondo de la mano de Nina Uma en La Paz:

Sobre el TSE y la postergación de las elecciones

La postergación de las elecciones realizadas hacia finales del mes de julio generó la alarma en el pueblo boliviano y en las organizaciones sociales y de Derechos Humanos de distintos países. Si bien esta decisión se presentó como una respuesta de “prevención” en el contexto de pandemia global, sobran sospechas que demuestran otra intencionalidad: entorpecer, a toda costa, la carrera del candidato que lidera la intención de voto

Ciertamente, la pandemia ha calado hondo durante los últimos meses en el Estado Plurinacional pero esto se debe a la falta de presupuesto y políticas públicas orientadas al cuidado de la salud y la economía del pueblo boliviano. Es decir, con o sin elecciones el cotidiano estructural de la dictadura en Bolivia imposibilita el cuidado de sus habitantes ya que no se registran durante los últimos meses inversiones en respiradores, testeos, medicación ni material de bioseguridad pero que si se relacionan con casos de corrupción. Ni que hablar de la falta del reconocimiento de los derechos laborales para las y los trabajadores de la salud o la creación de políticas que contengan la crisis económica.

Si la pandemia no es una preocupación real, entonces, la postergación de las elecciones se convierte en una nueva estrategia para aplazar la democracia. De esta manera, el Tribunal Superior Electoral avaló la ilegalidad determinando de manera unilateral y sin diálogo con los distintos sectores políticos la nueva fecha de elecciones cuando el 6 de septiembre era una fecha límite establecida en el marco de la ley vigente (link declaración de luis arce). Es decir, no existe marco legislativo para que se incorporara el 18 de octubre como una nueva opción a considerar.

Sobre esto, el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) representado en este momento por el binomio Arce Catacora – Choquehuanca, sostuvo la importancia de las instancias de diálogo entre los distintos partidos políticos y sectores organizados para garantizar una fecha electoral inamovible por ley y con seguimiento de los organismos internacionales. Sostuvieron, además, que los bloqueos y protestas hacen parte de la comunidad organizada y que no son ellos quienes los dirigen como tampoco quienes pueden frenarlo.

La derecha sin horizonte

Dilatar la elección es parte de una encrucijada de la derecha luego de evaluar como compleja la consolidación del Golpe por la vía electoral. Por ejemplo, la última encuesta realizada por CELAG reveló que, el candidato del MAS, Luis Arce Catacora ganaría la elección en primera vuelta con un 42% de los votos. Mientras que Carlos Mesa, en segundo lugar, apenas lograría un 27%. En Bolivia, la elección se gana obteniendo un porcentaje mayor de 40% y una diferencia del 10%. Si a esto sumamos los estudios que desmienten a la OEA en que hubo fraude, realizados por universidades estadounidenses y españolas, como el MIT, y divulgados por periódicos como el The Washington Post y el New York Times, nadie puede pensar que tienen un interés en que el MAS gane la elección. 

Frente a estos datos, todo indica que en un escenario de elecciones transparentes y democráticas, Luis Arce sería el próximo presidente de Bolivia. Pero nadie da un Golpe para entregar el poder al año siguiente. De ahí que a la derecha no le quede otro camino que la violencia de grupos de choque y dilatar la elección. En las últimas semanas, figuras como Carlos Mesa, o Marco Antonio Pumari, candidato a vicepresidente por la Alianza Política Creemos, han comenzado a mover fichas para bajar a Añez de la elección.

Geopolítica del litio

En paralelo a la evidente postergación política de las elecciones, un nuevo engranaje de la maquinaria dictatorial apareció en escena con sospechosa liviandad. Fue también hacia fines del mes de julio que el dueño de la automotriz Tesla, Elon Musk, confirmó vía Twitter aquellas declaraciones que el ex presidente Evo Morales sostuvo desde el inicio del golpe de Estado hacia su gobierno:“vienen por el litio”.

“Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos lidia con eso”: El principal productor de autos eléctricos (a base de batería de litio) podría haber financiado el Golpe de Estado en Bolivia y esta afirmación no se sostiene simplemente en un comentario al pasar. Se ha demostrado durante los últimos días que el gobierno de facto de Jeanine Añez había enviado una carta a Elon Musk pidiendo ayuda económica para la compra de respiradores frente a la pandemia del COVID -19

Como señalan desde el Grupo de Investigación Geopolítica del Litio, “en los salares andinos se encuentra el 80% de las reservas probadas del elemento químico que anima la movilidad de los dispositivos electrónicos del mundo: el litio. Un celular, notebook o tablet se desplazan gracias a la acumulación energéticas de las baterías ion-litio; sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave especial no sobreviviría” De forma que esta transición millonaria del petróleo al litio sitúa a Bolivia junto al norte de Argentina y Chile como enclaves de disputa imperial. 

Podés leer el libro Geopolítica del Litio: Industria, ciencia y energía en Argentina de manera gratuita haciendo click en el hipervínculo.

El pueblo en las calles no negocia

Con este panorama, el pueblo boliviano organizado en Cabildos Populares estableció la realización de huelgas, cortes y bloqueos de todo el país. Si bien inicialmente este accionar fue también asumido por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, durante el Cabildo Popular realizado el pasado 14 de agosto en El Alto se estableció la continuidad de los bloqueos y movilizaciones sin el apoyo de los mismos. Esto se debe a la creación de una Ley de Elecciones Generales 2020 por parte del Comité Ejecutivo donde tanto las y los asambleístas del MAS como el Gobierno de facto fijaron la fecha de las mismas para el 18 de octubre sin consulta previa al pueblo en sus respectivos bloqueos. En este contexto, distintas organizaciones definieron la continuidad de sus movilizaciones exigiendo la renuncia de Jeanine Añez. En este vídeo se escucha a Armadina Quelca de la Federación Bartolina Sisa de La Paz dirigiéndose al pueblo autoconvocado que eligió continuar con los bloqueos a pesar de las resoluciones de las confederaciones históricas –incluso la que integra ella- a nivel nacional.

Se cumplen dos semanas de la realización de los primeros bloqueos en Bolivia. Durante estos días, el gobierno de facto utilizó sus ya conocidos métodos: criminalización y estigmatización mediática; responsabilización de la crisis de salud sobre el transporte de oxígeno necesario para combatir al virus del COVID-19; represión y persecución de quienes realizaron las movilizaciones; acusación al MAS de obligar a las personas autoconvocadas a realizar los bloqueos, entre otros. Sin embargo, las respuestas desde los bloqueos no se hicieron esperar, demostraron que se habilitaron carriles para el traslado de los camiones de salud, que no coincidieron con el MAS en las decisiones políticas para la salida del conflicto y volvieron a demostrar su capacidad de resistencia a las violencias represivas y paramilitares como desde noviembre de 2019.

“Con el fascismo no se negocia” recuerdan las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo de los distintos cabildos populares. Los bloqueos y movilizaciones, como en 2001 y 2003 con las guerras del gas y el agua vuelven a ser el espacio de encuentro frente a la hostilidad política y la crisis institucional. Otra vez, la comunidad, la asamblea, el ayllu resistiendo a la violencia y al racismo. Otra vez, la comunidad gestando ese mundo que no pide permiso.

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Por Laura Salomé Canteros | Iliustración: Voces Feministas Mx

Era jueves al mediodía y desde una página de Facebook llamada “Ojitos Preciosos 2.0”, atribuida a operadores de la derecha antidemocrática de Bolivia, se publicaba: “A más de 3 mil personas pasé el video de Eva Copa”, y se difundía el link a un grupo de Telegram que superaba lxs 5 mil integrantes, definido por sus administradores como la “página donde está la zorra de los masistas, Eva Copa”. Un antro digital donde se alojó un video sexual que violentó a al menos dos mujeres: una, anónima, avasallando su derecho a la intimidad; y otra, pública, ejerciendo violencia política.

“Con un video falso pretendieron manchar mi honor y dignidad personal”… “Exigo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con él o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales”… “Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”. De esta forma, Eva Copa (MAS), presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el órgano de mayor importancia según la Constitución Política del Estado, trabajadora social, oriunda de El Alto y de 33 años, denunciaba la operación política.

En las redes de Eva Copa se entrelazan los relatos de una época de terror para el país hermano que comenzó con el Golpe de Estado en noviembre del año pasado: efemérides, despedidas a asambleístas y compañerxs que fallecieron por COVID-19, solidaridad con las y los apresados ilegalmente, acción en la Asamblea y violencia política hacia mujeres que representan al pueblo.

Según la Ley Modelo Interamericana, la violencia política es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Específicamente, para la normativa boliviana, el repudio a la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, está incluido dentro de la Ley 348, de protección integral de sus derechos.

Por eso, la publicación y difusión, sin consentimiento, de un video grabado en la intimidad de una pareja sexo- afectiva y su utilización para la extorsión de una política que es atacada a diario por la derecha fundamentalista que gobierna -y los medios a su servicio-, nos recuerdan que en Bolivia está vigente el machismo y se practica el colonialismo y la suspensión de derechos fundamentales.

Era viernes a la noche, cuando desde la página de Facebook del programa de TV “Detrás de la verdad”, se difundía otro video. Esta vez, una entrevista con la otra protagonista involuntaria de esta historia. Una mujer humilde que afirmaba “ser la del video”, vulnerada por su ex pareja y revictimizada simbólica y mediáticamente por el presentador con preguntas que nada aportaban. La subjetividad de una joven expuesta para la “polémica” y la burla patriarcal en lxs más de 2 mil usuarixs que comentaron la entrevista y lxs más de 3 mil que la compartieron en sus perfiles.

“Están arruinando mi vida entera, tengo mucho miedo”, afirmó la joven, “el video es de hace cuatro años, una relación se respeta aunque se termine. No tienen derecho, porqué discriminar a una mujer”… “Saquen los videos, que no se compartan más”, pidió bajo lágrimas que denotaban la verguenza ante la impunidad de los machos organizados para el espectáculo de la TV, las redes sociales, el desgobierno y la extorsión política. Con imágenes que revictimizaron a una mujer del pueblo y que pretendieron disciplinar políticamente a la presidenta de la Asamblea Legislativa.

La difusión de este video sexual sin consentimiento de su protagonista y su utilización contra la presidenta del Senado, fue condenada por la Defensoría del Pueblo por ser acciones que “afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política”; exhortando al Ministerio Público, “a iniciar acciones de investigación correspondientes, promoviendo la garantía de los derechos”. Una advertencia no menor, ya que la vigilancia en redes sociales por parte del Estado -un atentado contra la libertad de expresión-, opera como una herramienta para la autocensura, el disciplinamiento y la persecución política en la Bolivia post Golpe de Estado.

Prevenir, atender y erradicar la violencia en política es fundamental, ya que es un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres e identidades feminizadas -porque dificulta el acceso, la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de puestos de representación y toma de decisión-; y es un mecanismo que refuerza roles tradicionales de género, atentando además contra la pluralidad de voces, la diversidad de propuestas y la calidad de las democracias.

Quien fuera revictimizada y expuesta por un programa de TV en esta historia, recibió además el hostigamiento de comentarios de violencia machista en las redes sociales, emitidos por usuarixs, como manifestaciones de los dispositivos de poder vinculados al género, que regulan y producen la subordinación a mujeres y disidencias, a favor de la normatividad heterosexista y cisgénero.

La violencia política se envidencia en comportamientos dirigidos con el propósito de desalentar la participación de las mujeres en la política, presionando para que renuncien a sus candidaturas o a un cargo político en particular. Dentro de una campaña, esto incluye acciones contra candidatas, activistas y votantes de un determinado partido o frente electoral. Eva Copa es, actualmente, una de las principales opositoras al gobierno de facto en Bolivia y representa al pueblo como autoridad, formando parte de un espacio político de mayorías indígena y campesina, obrera y comerciante. No casualmente los sectores que se enfrentarán desde hoy, mediante huelgas y bloqueos en las calles, a quienes pretenden gobernar por la fuerza, sin legitimidad ni elecciones.

Recuerda chequear y difundir el Kit de cuidados digitales de la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe:

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Por Redacción Revista Maya | Foto: ALP

Desde noviembre del año pasado Bolivia sufre una de sus más profundas crisis política, económica, social, cultural, a la que se sumó otra de tipo sanitaria a raíz de la pandemia del Covid-19. El tablero político está marcado por una polarización extrema, donde los sectores de derecha y empresariales, apoyados de las Fuerzas Armadas y la Policía, no han escatimado en recurrir a todo tipo de artilugios para aferrarse al poder, pasando por la ejecución de dos sendas masacres, hasta la persecución política, inhabilitación de candidatxs opositores, aliento a pandillas paramilitares, entre otras.

Sonia Brito Sandoval es diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se refirió a la situación por la que atraviesa el país en materia de Derechos Humanos.

– ¿Cómo evalúa la actual situación de DD.HH. en Bolivia?

Bolivia está viviendo flagrantes violaciones de Derechos Humanos, se han vulnerado casi todos los derechos individuales y también colectivos. A partir del golpe de Estado iniciado en octubre del año pasado, se han sucedido una serie de vulneraciones de Derechos Humanos, por lo que la situación es muy alarmante. Vamos a mencionar solo algunas de estas:

1. Al momento del golpe, en octubre y noviembre de 2019, como parte de una estrategia, la derecha realizó la quema de domicilios particulares de autoridades del MAS: de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros y otros, presionándoles para renunciar, incluso familiares del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera vivieron momentos muy difíciles. Luego de este escenario, donde se obligó a la renuncia de los primeros mandatarios de Estado, Jeanine Áñez asumió de manera inconstitucional la presidencia, ordenado la acción de tropas militares contra sectores sociales movilizados con el trágico resultado de las masacres de Sacaba y Senkata.

2. También se iniciaron detenciones arbitrarias contra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y sus representaciones departamentales, acusados de delitos electorales sin ninguna prueba ni sustento jurídico; luego continuaron las detenciones de dirigentes y líderes sociales acusados falsamente con cargos de sedición y terrorismo. En el mes de diciembre se reportaron aproximadamente mil detenciones.

3. Varios gobernadores, alcaldes y concejales del MAS fueron forzados a renunciar para ilegalmente suplirles por autoridades del hoy oficialismo, utilizando grupos paramilitares de choque que atentaban contra estas autoridades y sus familias.

4. Los medios de comunicación alternativos fueron silenciados, muchos periodistas despedidos y perseguidos, quitaron la licencia de las radios comunitarias para reabrirlas después bajo el control de los golpistas. Un periodista argentino fue muerto y hasta hoy no se investigó lo sucedido.

5. El órgano judicial trabaja como un brazo operativo de la represión, prestándose para iniciar procesos y detenciones ilegales, por lo que varios jueces y fiscales se resistieron, prefirieron renunciar y/o fueron despedidos.

6. El gobierno de facto ha fomentado y promovido la existencia de grupos irregulares paramilitares en Cochabamba, la denominada “Resistencia Juvenil Kochala”, y otros grupos en el Oriente, que con consignas racistas y recibiendo la protección del Gobierno y la asignación de recursos económicos, han realizado muchas arbitrariedades y abusos contra los sectores populares.

– ¿Puede referirse en detalle a la historia de Patricia Hermosa y los atropellos padecidos por ella?

Patricia Hermosa fue denunciada, sin mayor prueba, por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo en el mes de diciembre 2019, por lo que ella se presentó voluntariamente a declarar y se le permitió defenderse en libertad; sin embargo, en su calidad de abogada y representante legal de Evo Morales, cuando se encontraba realizando trámites para inscribirlo como candidato a senador por Cochabamba, fue detenida el 30 de enero, sin contar con mandamiento de detención, siendo retenida en una movilidad por más de una hora, secuestrados los documentos y la computadora que portaba, e incluso, como se demostró posteriormente, los personeros del régimen desaparecieron la libreta de servicio militar de Morales.

Desde su detención han transcurrido casi seis meses, todas las acciones de libertad o de medidas sustitutivas han sido negadas. Se ha declarado en los medios que la detuvieron embarazada y que tuvo un sangrado de 10 días, lo que habría generado la pérdida de su embarazo. En los últimos meses se ha deteriorado su salud y se ha desmayado en el penal de Obrajes, sin permitírsele que pueda ser atendida en un centro hospitalario. Han transcurrido más de 10 días aislada en cuarentena por un posible contagio de Covid, restringiéndole hasta el uso de la ducha y la comunicación con sus familiares.

– ¿Se puede afirmar que en Bolivia se coarta la libertad de expresión y acción de los opositores al gobierno de Áñez? 

Fueron cerradas las radios comunitarias, tomaron el control de medios estatales, dejaron de dar publicidad a medios imparciales como el caso de Abya Yala, PAT y Gigavisión, entre otros.

Existe una denuncia internacional por la muerte del periodista argentino Tomás Moro y la detención de Facundo Molares. Hay un silenciamiento de periodistas imparciales. Se cortó la señal de medios televisivos como Telesur.

¿Hay una política de persecución contra el MAS y por qué?

Entre los objetivos más importante del golpe fue acabar con la estructura del MAS, con sus líderes principales, sus candidatos, los dirigentes de las organizaciones sociales, porque buscaban revertir las conquistas sociales y populares alcanzadas durante el Proceso de Cambio. El gobierno de Áñez actúa bajo el mandato y órdenes de Estados Unidos, tiene intereses económicos y políticos; procura volver al modelo neoliberal y privatizar la economía, permitiendo que el capital transnacional retome el control de las empresas estratégicas hoy a cargo del Estado. Uno de sus intereses mayores es el litio.

¿Cuáles son las posiciones y declaraciones de organismos internacionales respecto a Bolivia en cuanto a vulneraciones a los DD.HH.?

Tanto el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado en diversas oportunidades. En el mes de diciembre llegaron las misiones de la Comisión Interamericana a de Derechos Humanos (CIDH), como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Después de procesos investigativos han emitido un informe sobre las graves vulneraciones de Derechos Humanos vividas en el país. Igualmente se han pronunciado los Relatores Especiales Sobre Libertad de Expresión, Sobre Independencia de Poderes, Sobre Racismo, ONU Mujeres, en relación a distintos atropellos.

En los últimos días, en la ciudad de Cochabamba fueron detenidos jóvenes opositores al régimen, entre ellos dos menores de edad, ¿cuál es el estatus de la causa?

Hay sectores sociales que tienen demandas propias y uno de esos son los pobladores de la zona de K’ara K’ara, en Cochabamba, donde se encuentra el botadero municipal, saturado desde hace varios años atrás y expuestos sus pobladores a la contaminación, ya que la Alcaldía no ha tenido una propuesta seria de un tratamiento sanitario de la basura ni de su industrialización. Esta preocupación, sumada a la falta de agua, ha movilizado a la gente, lo que ha generado una represión con la acción conjunta de la policía, los militares y grupos de paramilitares.

La detención ilegal primero de tres jóvenes y posteriormente de otros cinco (entre ellos menores de edad), ha generado indignación de los jóvenes de K’ara K’ara. Los primeros detenidos se encuentran con detención preventiva, siendo llevados al penal de Chanchocoro a dos varones y a Obrajes a la compañera Lucy Escobar; claramente se ve que son detenidos políticos.

¿Hay alguna investigación en curso respecto a las masacres de Sacaba y Senkata?

La Asamblea Legislativa ha conformado una Comisión de Investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos desde octubre 2019, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata. Esta concluirá su trabajo en breve. Por tratarse de delitos de lesa humanidad tendría en sus conclusiones que determinar procesos penales por los asesinados en las masacres y otros probables procesos por violaciones de derechos.

Asimismo, el Ministerio Público se encuentra investigando lo sucedido, pero después de meses no se conoce ningún resultado a la fecha, suponemos que por la falta de imparcialidad.

¿Qué otros derechos han sido vulnerados?

Además de todos los explicados, está la violación de los derechos colectivos como el derecho humano a la salud en medio de la pandemia, ya que no obstante ingentes cantidades de créditos y recursos aprobados desde la Asamblea, estos no se reflejan en la salud del pueblo, los hospitales públicos han colapsado y se está dejando morir a las personas en las calles, sin estrategias en salud que articulen el sistema público, privado y de pensiones de salud que puedan atender a toda la población boliviana.

Otros derechos colectivos vulnerados son los económicos, ya que por falta de estrategias y políticas estatales los sectores populares están sufriendo la grave crisis económica generada por la pandemia.

– ¿A dónde deben dirigirse los familiares de una víctima de violación de DD.HH.? ¿Dónde se presentan las denuncias y qué instituciones la amparan?

Los denunciantes deben acudir al Defensor del Pueblo. Igual pueden hacer denuncias internacionales ante la CIDH, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realiza la fiscalización a los otros órganos del Estado, los cuales se han negando a responder, ya que se vive en un Estado de no derecho. Por eso, es necesario restaurar el Estado de derecho, el respeto de la Constitución Política del Estado (CPE) y a los Derechos Humanos.

*original en Revista Maya

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