Florestan Fernandes, uno de los más importantes sociólogos marxistas del siglo XX, nos alertaba sobre la capacidad anticipadora de nuestra clase dominante. Esta es una peculiaridad presente en tantos episodios históricos decisivos, como en la proclamación de la independencia, en la abolición de la esclavitud combinada con la “Ley de Tierras”, en la constitución de la República y en el golpe de 1964, que llegó antes de las anunciadas reformas de base. Sin hablar de la estratégica “abertura lenta, gradual y segura” al final de la dictadura militar. Sin duda, esa habilidad anticipadora es una característica que se afirma en su capacidad conspiratoria.

La semana pasada, una noticia paso casi desapercibida, limitándose a las columnas sociales. Los principales banqueros que operan en Brasil hicieron lugar en sus concurridas agendas para una cena con el ex ministro Nelson Jobim, actualmente consejero del [banco de inversiones] BTG Pactual.

No es un incidente casual. Ni la más poderosa huelga bancaria tendría fuerza para reunir tantos banqueros en un misma mesa. Crecen las articulaciones entre bastidores para apartar a Temer a partir del día 2 de enero y, a través, de elecciones indirectas, colocar a Nelson Jobim como nuevo gerente del golpe.

Es evidente que no será una jugada simple. Temer no facilitará ese movimiento. Un impeachment exigiría un largo período, trayendo incertidumbres económicas indeseables. Hasta una eventual acción del Supremo Tribunal Federal, tendría impactos arriesgados. Lo ideal para los conspiradores del “golpe dentro del golpe” es la renuncia. Debilitado por las recientes denuncias, elevarán al máximo las presiones para que Temer renuncie. Apuestan que cada vez es más fácil acorralarlo.

Necesitan realizar toda esa movilización sin amenazar la votación de la Reforma del Sistema de Seguridad Social, ofensivas contra los derechos laborales, vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y de la Petrobras. O sea, no puede entorpecer la implantación del programa neoliberal que unifica el conjunto de los sectores económicos que patrocinan el golpe.

Elecciones indirectas

Así como en 1964, el golpe comienza a “devorar a sus hijos”. Esta vez, el aparato principal del Estado no son los militares. Estos, algunas veces salen haciendo “alertas” en tono de amenaza, como el caso del General Romulo Bini Pereira en el artículo publicado en el diario Estado de S. Paulo. Pero, ya no cumplen un papel central en el actual guión. Esta vez, el actor principal es el “Partido de la Lava Jato” [operación que investiga casos de corrupción en la petrolera pública, Petrobas], formado por policías federales, miembros del Ministerio Público y jueces, que pueden garantizar el “Estado de Excepción”, tan necesario para aplicar el conjunto de medidas impopulares en curso.

Un gobierno de Nelson Jobim, u otro que venga a ser elegido por las fuerzas económicas para ser escogido en “elecciones indirectas”, tendrá que apartarse de todo el desgaste acumulado en el 2016, buscando recomponer las fuerzas, desvinculándose de la imagen de corrupción, pero preparando las condiciones para la continuidad del golpe.

Es sintomático que frente todas las denuncias ofrecidas por la constructora Odebrecht, los grandes medios concentran su atención en la noticia de que “Lula se tornara acusado por quinta vez en tres operaciones diferentes”. Para el golpe cumplir su guión, precisan inhabilitar a Lula, mismo en el 2017, para que no participe en las eleciones presidenciales.

Que Florestan Fernandes nos ayude más una vez en este momento. Es preciso mantener nuestra intransigencia. Solamente las elecciones directas podrán devolver la soberanía popular. Así como los vampiros no soportan la luz, los golpistas huyen de las urnas.

*Ricardo Gebrim es de la dirección nacional de Consulta Popular. Artñiculo publicado originalmente en Brasil de Fato

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Alexandre Conceiçâo, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, analiza el panorama que se abrió en Brasil consumado el golpe parlamentario. En esta entrevista*, ratifica que los movimientos populares seguirán en las calles “para denunciar a los golpistas y no dejarlos gobernar con su programa neoliberal”. También analiza las limitaciones y los errores que cometió el PT en estos 13 años.

– ¿Cómo percibes el escenario que se vive en Brasil después de consolidarse el golpe? ¿Qué lecturas están teniendo desde los movimientos populares y con qué fuerza cuentan las movilizaciones que están impulsando?

– Consolidado el golpe en el Senado, otra vez las calles de Brasil comenzaron a llenarse de gente protestando. Se están dando grandes movilizaciones en todas las regiones del país, el presidente ilegítimo Michel Temer es repudiado en cada acto público que asiste, con los distintos movimientos también venimos haciendo jornadas de ocupación de ministerios, desde el MST ocupamos recientemente la hacienda de la senadora golpista Ana Amélia en Rio Grande do Sul… Ha comenzado un proceso en el que los trabajadores que están siendo afectados por este modelo empezaron a salir de sus casas para movilizarse. Las protestas vienen siendo impulsadas por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo pero tienen una participación muy fuerte de trabajadores que no están organizados en ningún movimiento ni sindicato.

Se abrió una etapa de gran movilización popular, vamos a sacar a Temer. Los movimientos tenemos una línea política unificada con estas consignas: “Fuera Temer, ningún derecho menos y elecciones directas ya”, en el camino de iniciar un proceso de diálogo y construcción de un proyecto popular para el Brasil a partir de que se logre convocar a nuevas elecciones.

– Se vive entonces un momento de efervescencia, de crisis política y de un gobierno con poca legitimidad. ¿Cómo imaginas la etapa que se viene? ¿Qué posibilidades reales hay de lograr que se realicen elecciones anticipadas?

– Nos sacaron a la presidenta Dilma con un golpe y ahora nosotros vamos a sacar al presidente ilegitimo Michel Temer para empezar un proceso de elecciones directas donde la población brasileña tenga su derecho de la democracia garantizada. Estaremos en las calles y en cada acto donde estén los golpistas para denunciarlos y no dejarlos gobernar con su programa neoliberal.

Como movimientos populares estamos en un momento histórico de construir un proyecto popular para el Brasil. Entonces, a partir del trabajo de base que venimos realizando hace años, iniciar un proceso de movilización de masas y confluir con los movimientos sindicales en una gran huelga general para paralizar el país y derrotar a este gobierno. Nuestro horizonte es seguir avanzando en una construcción cada vez más unitaria para levantar ese proyecto popular.

– En un momento tan vertiginoso debe ser complejo entrarle a la reflexión en profundidad. Pero también es importante hacer la crítica y la autocrítica sobre la etapa que se cerró para rectificar y reimpulsar las fuerzas. Más allá de los aciertos de la derecha, ¿cuáles crees que fueron los principales errores, debilidades y limitaciones que tuvo el gobierno del PT en estos 13 años?

– Creo que el peor error fue intentar construir un proyecto neodesarrollista que permitió una distribución de la renta importante cuando la economía anduvo muy bien. Pero justamente en esa etapa fue cuando la burguesía más se apoderó de nuestros recursos, donde hubo más acumulación para los capitalistas brasileños. El fondo de la autocrítica pasa por esta llamada alianza entre el capital y el trabajo. El capital y el trabajo no se pueden aliar como se hizo, donde los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres recibían apenas algunas migajas para tener una vida mejor.

Entonces con la crisis económica y la tasa de ganancias muy alta, la burguesía sólo tenía una alternativa para seguir ganando tanto dinero: el golpe, el proyecto neoliberal. Por eso hicieron el golpe, para implementar la pauta neoliberal y seguir acumulando cada vez más. Y la política pública que fue lograda en estos 13 años de PT está siendo destruida para garantizar las ganancias de la burguesía nacional.

El otro error fue que los logros de las políticas públicas no fueron acompañados con una formación política. No se consiguió hacer un proceso donde la gente tomara conciencia sobre el proceso. La gente fue una clase consumidora y no una clase consciente para hacer un proyecto más duradero y de transformación de esta sociedad.

Ahora toca construir la unidad, la movilización de masas, derrotar al gobierno de Temer, al Congreso golpista y construir un proyecto político donde las reformas estructurales estén presentes. Tenemos que hacer una transformación de los medios de comunicación, una reforma agraria masiva, una reforma tributaria, del poder judicial y una reforma política donde podamos modificar nuestra democracia representativa que ya está acabada.

*Entrevista realizada en el programa “Al sur del Rio Bravo” que se trasmite los jueves de 12 a 14 hs por Radionauta FM

Escuchá acá la entrevista completa:

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Por 450 votos a favor, diez contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados de Brasil destituyó al diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Con este resultado, Cunha queda apartado de la Cámara e imposibilitado de cumplir funciones públicas hasta el 2023. Después de la votación, el presidente de la Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tuvo que pedir para las personas de la sala que dejen de gritar “Fora Cunha”.

El diputado fue el principal articulador del proceso de impeachment de la presidente Dilma Rousseff (PT) cuando presidente de la Cámara de Diputados. Cunha fue apartado de su mandato como presidente el 5 de mayo, una semana después de que se votara a favor del procedimiento de impeachment de Dilma. El alejamiento de Cunha fue solicitado por la Procuradoria General de la Republica e concedida por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) ,Teori Zavascki, relator de la Operación Lava Jato que investiga casos de corrupción en la Petrobras.

Acusaciones

Eduardo Cunha es acusado de dos acciones relacionadas al esquema de corrupción que actuaba en la Petrobras. En una de las acciones, abierta en marzo por el SFT, él es acusado a haber recibido US$ 5 millones de coimas referente a un contrato del astillero Samsung Heavy Industries con la Petrobras.

En la segunda acción, aceptada en junio por el STF, él responde por supuesta recepción y movimientos de coima en cuentas secretas en Suiza, cuyo origen sería la compra, por parte de la Petrobras, de un campo de petróleo en Benin, África. El negocio habría rendido unos R$ 5,2 millones a favor Eduardo Cunha.

Una tercera denuncia se refiere al supuestas vinculaciones de Cunha en desvios en la obras de Porto Maravilla, en Rio d Janeiro, con base en las denuncias premiadas de los empresarios Ricardo Pernambuco y Ricardo Pernambuco Jr, de la Carioca Engenheria.

Y por último, fueron apuntadas situaciones que comprobarían el uso del cargo para “intimidar legisladores, acusados, colaboradores, abogados y antes públicos con el objetivo de obstruir o demorar las investigaciones”.

La defensa contestó toda las acusaciones y sustentó que no hay “indicios minimamente sólidos”de las acusaciones contra el diputado apartado.” Y por su parte, Cunha afirmó todo el tiempo que se trata de un juicio político en venganza por haber viabilizado el impeachment de Dilma Rousseff.

“Cunha é Temer”

Cabe recordar que en la evaluación de la propia Dilma y miembros del PT, las acciones de Cunha favoreciendo el impeachment de la entonces presidenta estuvo fundamentado en la negativa de los parlamentarios del PT  – Zé Geraldo (PA), Valmir Prascidelli (SP) e Léo de Brito (AC) – de votar a su favor en el Consejo de Ética, en diciembre del año pasado.

Durante la sesión que definió la casación del mandato de Cunha, el diputado Silvio Costa (PTdoB-PE), dijo mirando a Cunha: “Hace algunos meses [muchos diputados] estaban en Rusia tomando vodka con Eduardo Cunha. Hoy, diputado, algunos compañeros suyos son ministros. El primero que lo abandonó fue el golpista Michel Temer”.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB) observó la soledad del ex-presidente de la Cámara, recordando que apenas dos diputados fueron a la tribuna a defenderlo. Jandira afirmó que el “Fuera Temer” no es más de un sector de la izquierda y que las manifestaciones contra el actual gobierno y por nuevas elecciones van a crecer en el país porque la población esta se esta concretizando de que “Temer es Cunha y Cunha es Temer”. Según la diputada, la causa de Cunha va a repercutir en el apoyo del gobierno en la Cámara. “Esa base no resistirá por mucho tiempo”, dijo Jandira. “Nosotros sabemos que vamos a recuperar la democracia y la agenda de derechos”, concluyó.

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Finalmente, este miércoles la historia de Brasil se partió en dos.

Como en aquella noche del 31 de marzo de 1964, los dueños de todas las cosas despacharon de arrebato a los inquilinos legítimos del Palacio de Planalto en un sainete vergonzosamente fraudulento. Esta vez no hicieron falta las botas militares ni el protagonismo tan activo del Tío Sam. El putrefacto, elitista y machista sistema político brasileño lo hizo posible. Secundado, claro está, por los cañones del leviatán mediático y su cabeza de Globo, que aportaron la necesaria cuota de blindaje y anestesia.

Luego de 112 días de farsa jurídica, el trabajo sucio en la estocada final lo asumieron los 61 senadores que eligieron colgarse la mochila eterna del golpismo a cambio de un puñado de favores para sus negociados. Misma tragicomedia que habían protagonizado 367 diputados aquel 17 de abril. En buena parte de ellos, la prebenda pasa también por una eventual inmunidad judicial: 41 de los 81 senadores y casi un tercio de los diputados está salpicado en casos de corrupción.

Lo mismo que el conspirador Michel Temer y su tropa. Quien ahora tendrá la banda presidencial hasta fines de 2018 está vinculado al escándalo de Petrobras: en una delación premiada, el empresario Marcos Odebrecht (preso por este caso) aseguró que Temer le pidió más de 3 millones de dólares para campañas de su partido.

Directivos de la misma empresa admitieron que el entramado de corruptela arrancó en la campaña presidencial del actual canciller José Serra en 2010. Por si acaso, tres ministros de Temer ya debieron renunciar por escándalos similares. Y ni hablar de Eduardo Cunha, principal autor intelectual del impeachment, suspendido por la Corte Suprema como presidente de la Cámara Baja por delitos ostentosos.

Es cierto que la huella de corrupción inunda a toda la clase política brasileña, incluida parte de la dirigencia del PT (decía el periodista Pompeu de Toledo que “la corrupción forma parte de nuestro sistema de poder así como el arroz y el fríjol de nuestras comidas”). Pero no menos rigurosa es la inocencia de Dilma, a quien no se le consiguió probar delito alguno. Tan floja de papeles fue la imputación, que las irregularidades fiscales por las que se la destituye fueron practicadas por todos los gobernantes de los últimos 20 años, incluido el propio relator del impeachment, Antonio Anastasia, quien durante su gestión como gobernador en Minas Gerais las cometió 51 veces…

La historia la absolverá

El discurso de defensa de Dilma el pasado lunes estuvo cargado de una lucidez y una fuerza moral admirable. Sin efumemismos, describió el proceso como una “grave ruptura institucional, un verdadero golpe de Estado. Un golpe que, una vez consumado, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”.

También dejó al desnudo que “la ruptura democrática se da por medio de la violencia moral de pretextos constitucionales para que se otorgue apariencia de legitimidad al gobierno que asume sin el aparo de las urnas. Se invoca a la Constitución para que el mundo de las apariencias encubra hipócritamente el mundo de los hechos”. Y sintetizó las implicancias del golpe: “Lo que está en juego no es sólo mi mandato sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años”.

En efecto, la conspiración político-judicial-mediática que se llevó puestos 54 millones de votos vino a imponer el proyecto económico derrotado en las últimas cuatro elecciones. A desandar las conquistas sociales (progresistas, ni siquiera transformadoras) desplegadas desde que asumió Lula en 2003, a reinstalar el modelo neoliberal noventoso que impulsaron Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso.

Como sintetizó la senadora Regina Souza, era una batalla entre la Bolsa Familia (principal programa social) y la Bolsa de Valores. La victoria estaba cantada.

Los dilemas del PT

Pasado el duelo de tremendo cachetazo, el PT y las fuerzas que lo acompañan deberán afrontar una necesaria autocrítica para analizar con precisión la etapa que se cerró este miércoles.

Van algunos posibles interrogantes al respecto: ¿Qué hubiese pasado si se escuchaba con más audacia el clamor de la reforma al sistema político? ¿Con qué estrategias enfrentar a una maquinaria de poder legislativa controlada por la elite empresario-evangélica? La supuesta indispensable alianza con el centroderechista PMDB, ¿no terminó siendo un salvavidas de plomo? ¿Es ineludible la fórmula de conciliación de clases para llegar al gobierno y mantenerse? ¿Cuánto influyó no atreverse a democratizar el esquema comunicacional y combatir el monopolizado terrorismo mediático? ¿Por qué no se apostó a sostener el proyecto en el protagonismo y la movilización popular?

Tal vez en las deudas pendientes se podrán encontrar algunas pistas para recalcular y reimpulsar las fuerzas del progresismo brasileño. No todo está perdido: quien aparece hoy con mejores chances para las presidenciales de 2018 es nada menos que Lula.

La consumación del golpe tiene, sin dudas, un gran impacto en América Latina. No sólo por la descomunal influencia del gigante del Sur como primera economía regional. El giro en política exterior –encabezado por el canciller Serra- trastocó la correlación de fuerzas en el escenario diplomático. La ofensiva contra Venezuela en el Mercosur, articulada junto a Argentina y Paraguay, evidencia un plan continental monitoreado desde Washington cuya principal obsesión es tumbar la revolución bolivariana. De la capacidad de rearticulación de las fuerzas progresistas y populares y de la resistencia que logren los pueblos en las calles dependerá que esta ofensiva conservadora se pueda revertir.

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La Revolución Bolivariana se encuentra amenazada por la derecha pero también por los planes desestabilizadores desde el exterior. Solidaridad y movilización son fundamentales para derrotar a la reacción.

Hay momentos en que los titubeos y vacilaciones se convierten en complicidades. Hay circunstancias en que no valen los reparos ni hacer hincapié sobre las contradicciones de tal o cual proceso. Nos puede gustar más o menos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de que lo que no se puede dudar es que hay razones de peso para defender lo que todo un pueblo ha conquistado para salir del inmenso hueco en que siempre lo sumergió el capitalismo. Hay tiempos y tiempos para las críticas y las autocríticas, pero de la misma manera se puede afirmar que frente al enemigo que acecha y busca colarse por las hendiduras que le abren nuestras propias debilidades, no se puede dudar y, mucho menos, retroceder.

Eso es lo que ocurre hoy en Venezuela Bolivariana, donde todas las peores acechanzas se han mancomunado en una fecha y una consigna: “El 1ero de septiembre tomar Caracas”. La oposición interna y externa juega, como en 2002, una carta peligrosa; sin decirlo está presagiando un día difícil que puede terminar en nada o en un nuevo baño de sangre. Ellos, los que hicieron la masacre de Puente Llaguno, los que secuestraron al Comandante Hugo Chávez y se lo llevaron para la Orchila a fin de asesinarlo, los que luego motorizaron el paro petrolero, y de allí en más toda una serie de guerras, güarimbas, campañas de intoxicación y otras variantes subversivas, saben mejor que nadie que se les han acabado las posibilidades pacíficas y buscan ensuciar el terreno con amenazas de violencia y terror.

Es por ello que son momentos de cerrar filas y no ceder en nuestro empuje solidario, acompañando más que nunca este primero de septiembre a las mujeres y hombres del pueblo venezolano que en las calles defenderán todo lo conquistado. Movilizándonos en cada país frente a las embajadas venezolanas para testimoniar nuestra adhesión incondicional al bravo pueblo y su gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, advirtiéndoles a los escuálidos que azuzan la violencia que NO LO INTENTEN, porque somos muchos y muchas dispuestos a no dejarlos pasar.

Dicho esto, desde nuestra definición de militantes internacionalistas en todos los terrenos, y no necesariamente desde la facilidad de la escritura o el firmar manifiestos, también creemos que se hace imprescindible que el discurso revolucionario dé paso a persistir en la profundización radical del proceso, llevando adelante todo lo que haga falta, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, para evitar que el enemigo siga chantajeando un día sí y otro también. Profundizar quiere decir ir a fondo contra los intereses de unos y otros, de los que generan desabastecimiento y guerra económica, de los que organizan giras al exterior apadrinados por Washington y la lacra derechista europea, los que practican el terrorismo mediático y los que impulsan el accionar violento del paramilitarismo para asesinar a dirigentes populares o militares chavistas. Pero también el sayo le cabe a ese grupo de burócratas de boina roja que se han enquistado en la Revolución y utilizan cargos y prebendas para enriquecerse y traicionar el legado de Hugo Chávez. Tal cual lo ha denunciado el propio Presidente Maduro.

Profundizar es también que a nadie le tiemble el pulso para nacionalizar el comercio exterior y la banca, expropiar todas las empresas que boicoteen al proceso revolucionario y acentuar la revolución agraria, quitarle poder a los que desean ver instalada una socialdemocracia al estilo europeo en una sociedad que respira latinoamericanidad y Tercer Mundo por sus poros. En fin, lo que la mayoría de los venezolanos que se restean con el chavismo está exigiendo desde todos los rincones del país. Al capitalismo sólo se lo enfrenta victoriosamente con más socialismo y no con actitudes dubitativas, como sugieren algunos ideólogos de la derrota.

En función de todo ello, desde Resumen Latinoamericano convocamos este jueves 1 de septiembre a defender en la calle la seguridad de las embajadas de Venezuela en todos los países donde la oposición fascista intente generar manifestaciones o güarimbas. El pueblo argentino y todos los del continente tienen mucho que agradecerle a Venezuela Bolivariana y sabrán estar a la altura de este nuevo desafío golpista que acecha al país hermano.

¡Venezuela se respeta!

¡Chávez vive, la lucha sigue!

¡Independencia y Patria Socialista!

*Director de Resumen Latinoamericano

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Se cumplen siete años del primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina. Con el crimen de Berta Cáceres aún fresco en el inconsciente colectivo, se consolida en Honduras el modelo excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya.

José Manuel Zelaya llegó a la presidencia en enero de 2006 desde el Partido Liberal –uno de los dos partidos tradicionales- pero con el tiempo se fue corriendo unos pasitos a la izquierda. Decretó el otorgamiento de tierras a campesinos, aprobó un aumento del 64% al salario mínimo e impulsó, en 2008, el ingreso de Honduras a Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

A mediados de 2009, propuso una consulta popular para decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa cuarta urna permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente. El plebiscito, previsto para el 28 de junio, fue el detonante que puso en marcha la conspiración. En la madrugada de aquel domingo, Zelaya era secuestrado por los militares, trasladado en pijama al aeropuerto Toncontín y despachado a Costa Rica.

El golpe, apoyado por los poderes Legislativo y Judicial, se había cocinado en la base militar estadounidense de Palmerola (70 km al norte de Tegucigalpa), base instalada en los ´80 como plataforma de ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua y los movimientos revolucionarios centroamericanos.

Asumía el gobierno de facto Roberto Micheletti, hasta ese momento presidente del Congreso. Como contraparte, florecía un inédito proceso de movilización popular que daba nacimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la mayor fuerza social y política de la historia hondureña reciente. Brotaba también una despiadada política de persecución y represión contra “La Resistencia”, que no se detuvo bajo la presidencia de Porfirio Lobo -surgida de las cuestionadas elecciones de noviembre de ese año que contaron con una abstención cercana al 70%- ni en el actual período gobernado por Juan Orlando Hernández.

Baño de sangre

Se estima que en estos siete años fueron asesinados más de 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto y los continuistas de Lobo y Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos y campesinas. Es que el principal foco de resistencia se da en regiones de vasta producción de palma africana, donde las organizaciones rurales e indígenas libran una dura batalla por defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los megaproyectos de las transnacionales.

El asesinato de Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de sicarios el pasado 3 de marzo, no es un caso aislado. Pero sirve para evidenciar el grado de impunidad que reina en el país y la complicidad de todas las esferas del Estado, factores que abonaron el terreno para que se pudiera arremeter contra la vida de uno de los principales símbolos de la Resistencia hondureña, una lidereza ambientalista, indígena y feminista con destacada referencia internacional.

Otro blanco elegido por los golpistas han sido las y los trabajadores de la comunicación: desde 2009 se reportaron más de 50 casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de América Latina (después de México) más peligroso para ejercer el periodismo. El informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirma que antes de la alteración de la frágil democracia hondureña no existían asesinatos masivos de periodistas ni las altas tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en el país.

La realidad política pos golpe abrió el camino, además, para que se disparara la violencia criminal. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo: 90,4 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 8,8.

Estas cifras se explican además por el alto grado de impunidad. El propio gobierno ha confesado que sólo se investiga el 20% de los crímenes. Otro elemento que grafica el panorama es que Honduras se convirtió en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos. En tanto, con un avance de la precarización y el desempleo, la situación laboral en el país no es menos preocupante.

Siete años después, el pueblo hondureño sigue pagando caro las consecuencias del golpe: el país se convirtió en el más violento de la región y uno de los más pobres (cerca del 70%), dos millones de personas han sido expulsados por la violencia y la miseria, 35 mil niñas y niños fueron arrojados a la red de trata y la prostitución infantil. Siete años después, Honduras sigue sumergida con niveles altísimos de corrupción, una economía quebrada y un sistemático proceso de persecución y criminalización de la protesta social.

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Por Pedro Rafael Vilela(*)

Con apenas una semana de existencia, la gestión del presidente interino Michel Temer (PMDB) ya colecciona criticas y gran insatisfacción popular. Y no sólo de sectores afines al PT y al gobierno de Dilma, sino también de los propios segmentos que apoyaron el proceso de impeachment.

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Como sucedió en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 -y como intentaron en Venezuela en 2002 y otras tantas veces-, las fuerzas conservadoras de la región vuelven a demostrar en Brasil su multiplicidad de tácticas para reapropiarse de la torta completa, incluyendo la burla al orden democrático que esas mismas clases cimentaron.

El vergonzoso show del domingo pasado interpretado por 367 diputados, casi un tercio de ellos procesados por bandoleros a gran escala, juzgando a una presidenta que no cometió delito alguno, significó el paso clave para el avance de una conspiración político-judicial-mediática a la que le cabe un solo calificativo: golpe institucional.

Al margen de las valoraciones de cada quien sobre el gobierno de Dilma, queda claro que la coyuntura impone aunar en un solo grito el contundente repudio a tan evidente arremetida destituyente, que sin duda tendrá graves consecuencias a nivel continental.

Dicho esto, es momento también de ir colocando sobre la mesa algunas otras reflexiones a partir del caso brasileño que pudieran alimentar los debates sobre la etapa que atraviesa América Latina y el marcado retroceso de los gobiernos progresistas y populares.

Gobernando con el enemigo

Para su arribo al Palacio de Planalto y durante sus 13 años de gobierno, el PT tejió un marco de alianzas con sectores ideológicamente distantes. Durante los tiempos de bonanza, la coalición oficialista convivió sin mayores sobresaltos pero al desatarse una de las peores crisis económicas de la historia brasileña el fino hilo que la ataba se cortó.

La salida del gobierno del PMDB (partido de centro, club de caudillos regionales y principal bancada parlamentaria) fue el factor clave para el desplome de Dilma, quien hace unos días denunciaba: “Los golpistas tienen un jefe y un vice jeje”. Se refería a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados -juzgado por diversos casos de corrupción y principal promotor del impeachment- y Michel Temer, el vicepresidente que hace rato sonríe frente al espejo probándose la banda presidencial. Ambos son líderes del otrora aliado PMDB.

Una vez más queda al desnudo el fracaso de la fórmula de conciliación de clases.

La batalla que no se libró

Las grandes corporaciones mediáticas brasileñas, encabezadas por la Red Globo, decidieron no disimular ni un poco su apuesta por la destitución de la presidenta, no sólo en sus cotidianos editoriales sino en llamados explícitos a las movilizaciones contra el gobierno. Un botón de muestra: el 29 de marzo, los diarios Folha de São Paulo, Estadao, O Valor Econômico y Correio Braziliense publicaron una solicitada de la Federación de Industrias de São Paulo (Fiesp) cuyo enorme título exigía “¡Impeachment ya!”.

Los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron la valentía de combatir el monopolizado terrorismo mediático. Otra de las grandes deudas pendientes en Brasil sigue siendo la construcción de una legislación que democratice la comunicación.

“Hay que dar vuelta el tiempo como la taba…”

Pero quizá la principal lección que arroja el golpe parlamentario en Brasil tiene que ver con los límites propios de la democracia liberal. El gobierno petista termina siendo víctima de su propia incapacidad por escuchar el clamor de la reforma al sistema político. El entramado de negociados empresario-evangélico que determina la composición del Congreso brasileño aparece ahora como la cara más visible de una gran maquinaria de poder que sigue controlada por una pequeña elite. Surge entonces un dilema que podría extenderse a otros gobiernos de la región: ¿se puede avanzar en procesos de cambio sin modificar la institucionalidad burguesa y sometiéndose a jugar únicamente con sus reglas?

Y más: ¿se puede seguir creyendo en la viabilidad de proyectos de corte reformista? Tal vez haya que animarse a asumir que si no se impulsan transformaciones de fondo, si se apela a políticas económicas ortodoxas y no se apuesta al protagonismo popular, el progresismo podrá generar importantes mejoras sociales pero tarde o temprano creará las condiciones para el regreso de las derechas.

Entonces, son tiempos de generar las más amplias unidades para resistir la ofensiva conservadora. De abandonar sectarismos y buscar golpear con un solo puño. Pero sobre todo, son tiempos de no moderar posturas, de no resignar banderas y de reafirmar que la única opción sigue siendo la construcción de un proyecto verdaderamente emancipatorio. Porque, en definitiva, como cantaba don Alfredo Zitarrosa, “el que no cambia todo, no cambia nada”.

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Un recorrido por el marco histórico que fue generando las condiciones para la fuerte crisis política que vive Brasil, y que se plasma en el envalentonamiento de los sectores más reaccionarios que impulsan el golpe parlamentario en curso.

En la votación del plenario de la Cámara de Diputados del domingo avanzó con fuerza el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La causa formal de este juicio político versa sobre lo que se ha denominado como “pedaladas fiscales”. De este modo, se refieren a la brecha temporal entre la ejecución de los pagos efectuados por los bancos públicos de los distintos programas sociales y el traspaso de recursos hacia estas instituciones. Según los que votaron a favor del impeachment, estas diferencias de carácter administrativo suponen la violación de la ley fiscal, infracción que tiene un tenor suficiente para la destitución de la mandataria.

No obstante, esta causa es meramente una formalidad, como lo atestiguan los argumentos expuestos por los diputados en la justificación de su voto, quienes apelaron continuamente a la defensa de la famosa tríada “Dios, familia y propiedad” (es sus formas más diversas). Estas expresiones no son casuales, revelan las tensiones históricas que subyacen en la construcción de la sociedad brasilera.

Esta disputa ha sido sintetizada en la justificación del voto realizada por Jair Bolsonaro (PSC-RJ) de la siguiente forma: “Perdieron en 1964 y ahora en 2016. Por la familia y la inocencia de los niños que el PT nunca respetó, contra el comunismo, el Foro de San Pablo y en memoria del Coronel Brilhante Ulstra, mi voto es SI”. Este argumento no lo dijo, solamente, el diputado más votado en el estado de Río de Janeiro en las últimas elecciones en 2014. Varios de sus colegas también reivindicaron esta secuencia histórica, inclusive, algunos que hasta hace pocos días eran parte de la coalición gobernante y ahora tenían carteles que decían “tchau querida”. Una expresión tan soberbia como sexista.

Iluminando el pasado

Esta mirada del presente y de la historia representa el proyecto liberal en lo económico y conservador en lo político que se ha desarrollado a lo largo de la historia de este país, a la cual es necesario apelar para comprender su cultura política presente. Brasil es históricamente elitista. Un país que abolió la esclavitud en 1888 y que radicalizó aún más sus desigualdades socioeconómicas con la creación de un mercado de trabajo plenamente liberal.

Hacia 1930, el país tenía un 80% de su población por debajo de la línea de pobreza. A comienzos de este siglo, el 50% se encontraba aun en esta condición: la inclusión de todos los ciudadanos brasileros nunca fue una prioridad en el proyecto político de las elites. El inicio del periodo desarrollista, caracterizado por una mayor presencia estatal en la construcción normativa de la sociedad, tuvo al varguismo como uno de sus componentes centrales. Una de las frases utilizadas por este movimiento era “¡Hagamos la revolución antes que la haga el pueblo!” (2).

Este slogan representaba la profunda convicción sobre la necesidad de realizar concesiones que procuren fragmentar y desestimular los movimientos sociales con reivindicaciones más sistémicas. Esta preocupación quedó sintetizada en la frase de uno de los integrantes de la fundación católica Leão XIII expresando su punto de vista sobre las organizaciones de favelados de Río de Janeiro: “Es preciso subir el morro antes que bajen comunistas” (3).

Este temor transcendió fronteras y luego de la Revolución Cubana se transformó en transferencias directas de recursos desde el gobierno de Estados Unidos para el desarrollo del proyecto liberal conservador.

El disciplinamiento de las fuerzas sociales se enfrentaba a actores políticos cada vez más articulados, que encontraban en su número la fuerza necesaria para vincularse con las cúpulas del gobierno. Días después que el entonces presidente João Goulart anunciara la reforma agraria, los militares y sus aliados locales e internacionales dieron el golpe que duro 20 años. Contrariamente a lo que los propios militares se han cargado de instaurar, la dictadura instaló el más regio y sanguinario control sobre las organizaciones sociales, como lo ha establecido la Comisión Nacional de Verdad.

La crisis de las organizaciones sociales y de los partidos políticos llevó a una rearticulación de la militancia en los movimientos eclesiásticos de base, en las organizaciones de las periferias de San Pablo y en el nuevo sindicalismo, los cuales, junto a otros movimientos sociales, terminaron fundando el Partido de los Trabajadores (PT).

Los gobiernos del PT

Marcados por la represión militar, este partido desarrolló una tradición política basada en salidas negociadas más que en confrontaciones directas. Lula fue el gran defensor de la teoría que proponía distribuir mejor sin generar grandes conflictos de clase, tal como lo sostuvo en su última alocución pública antes del impeachment: “Buscamos el desarrollo del país sin confrontar ni perjudicar a nadie”. Así se constituyó en un actor político que tuvo gran habilidad para generar adhesiones que le permitieran gobernar la maquinaria estatal, y muy poca destreza para mantener su base social y programática. Los actores que hace 30 años reinventaron los consensos en la izquierda brasileña son ahora los que están, nuevamente, en crisis.

Dilma también buscó pactar con los representantes de esa elite liberal-conservadora. Su acuerdo con el PMDB la alejó de los movimientos sociales que se volcaron masivamente a las calles en junio de 2013 pidiendo que los recursos públicos del Mundial y los Juegos Olímpicos se destinaran a mejorar el transporte público, la educación, la salud, la desmilitarización de la policía, la democratización de la política y de los medios de comunicación.

Esa distancia se transformó en una galaxia luego del último balotaje. Los movimientos sociales salieron en masa a respaldar las conquistas sociales del periodo frente al riesgo que implicaba la vuelta de la derecha al poder y, una vez ganadas las elecciones, nuevamente el PT optó por buscar acuerdos con esa elite, entregándole puestos claves en su gobierno y el manejo de la política económica.

La explosión de los casos de corrupción precipito la crisis de gobierno y del sistema político en general, que procura acallar las denuncias con la destitución de la presidenta. No es nada menor el dato que el mismo día que el PT apoyó la formación de una comisión de ética para que evalúe las cuentas millonarias no declaradas por el jefe de Diputados Eduardo Cunha, éste diera inicio al juicio político. El vicepresidente Michel Temer, supuesto aliado de la presidenta, fue el que consiguió los votos para su destitución. Los representantes de esa elite con la que el PT se alió ahora vuelven a revindicar en cadena nacional al coronel Brilhante Ulstra, el militar que la presidenta denunció como su torturador en la dictadura.

(1) Cardoso, A. (2010). Uma utopia brasileira: Vargas e a construção do estado de bem-estar numa sociedade estruturalmente desigual. Dados, 53, 775-819.  Retrieved from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582010000400001&nrm=iso

(2) Dias, E. (1962). História das lutas sociais no Brasil: Editora Alfa-Omega.

(3) SAGMACS (1960). Aspectos humanos da favela carioca. In O Estado de São Paulo (Ed.). São Paulo

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Con el protagonismo principal del polémico presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la derecha brasileña redobla su apuesta para concretar el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Aquí, todas las claves para entender el entramado del eventual juicio político a la presidenta y lo que podría ocurrir en los próximos escenarios.

La protesta convocada en todo el país contra el impeachment a Dilma Rousseff y en defensa de la democracia el miércoles pasado terminó con motivos para celebrar. Por esas horas, el Fiscal General de la República solicitó al Supremo Tribunal Federal que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, responsable de dar luz verde al juicio político contra la presidenta, sea apartado de su cargo.

“Tardó mucho para hacerlo”, dijeron algunos manifestantes, ya que por mucho menos otros políticos brasileños -incluso cercanos al núcleo del gobierno- ya fueron detenidos, como Delcídio Amaral, jefe de la bancada oficialista en el Senado.

Cunha decidió entrar en la historia como “el secuestrador de la República”, como lo calificó una revista de circulación nacional que pertenece al grupo Globo. Había sido elegido como presidente de la Cámara luego de una disputa dura con el PT, y gracias al apoyo de los sectores más reaccionarios: fundamentalistas religiosos, terratenientes y la llamada “bancada de la bala”, diputados exmilitares que representan la vieja estructura de seguridad pública que sigue vigente desde la dictadura.

Durante todo el 2015, fueron muchas las manifestaciones de hostilidad de Cunha contra el gobierno, llegando al punto de anunciar públicamente su rompimiento político con el Ejecutivo en agosto pasado, aunque pertenezca al principal partido de la llamada “base aliada” de la gestión petista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Partido que también ocupa la presidencia del Senado (Renan Calheiros) y la vicepresidencia de la República (Michel Temer).

Cunha ha dificultado la gestión de Dilma de diversas formas: impidiendo la votación de temas de interés del gobierno, como el ajuste fiscal; votando las llamadas “pautas bombas” (proyectos de ley con alto costo para las arcas del Estado); y, en último caso, chantajeando el gobierno a ceder espacio a su partido y a ayudarle a librarse de graves acusaciones que pesan en su contra. El último caso es el que precisamente explica la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta.

Eduardo Cunha, el secuestrador

Cunha ya tenía en las manos la solicitud del impeachment elaborada por tres juristas afiliados al principal partido opositor, el Partido Social Demócrata (PSDB). El pedido contiene una serie de argumentos e interpretaciones de la Constitución para acusar a Dilma de haber practicado en crímenes de responsabilidad fiscal. El pedido de impeachment se basó en la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión, que presentó un parecer negativo sobre “maniobras” que el gobierno había practicado con la intensión de cerrar el año fiscal con las cuentas positivas. En realidad, lo que hizo el gobierno fue retrasar el repase financiero a bancos públicos que, por su vez, adelantaban el pago de los programas sociales del gobierno como la Bolsa Familia, el programa de vivienda Mi Casa Mi Vida, entre otros.

Claro, distintas concepciones: para la socialdemocracia paulista es impensable que se haga cualquier maniobra para beneficiar a los más pobres en el momento de una crisis. Si no hay dinero, no hay programas sociales, es lo que quieren decir. Pero bueno, técnicamente se aprobó el parecer del Tribunal de Cuentas y el gobierno fue “condenado” por haber practicado las “pedaleadas”, aunque esta haya sido una práctica de todos los gobiernos anteriores y este mismo tribunal haya hecho la vista gorda a las cuentas de los expresidentes.

La condena del TCU fue uno de los principales argumentos del pedido de impeachment que también menciona la “sospecha” de connivencia de la presidenta con los hechos de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

Sin embargo, otros juristas argumentan que la base del pedido de impeachment no puede ser legítima ni desde el punto de vista legal ni del punto de vista político. Según el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), Diogo Coutinho, no hay ningún elemento que compruebe la práctica de delito por parte de la presidenta, única condición sobre la cual la Constitución permite el impedimento de ella.

‘‘Desde el punto de vista estrictamente técnico, no está configurado que la presidenta haya practicado cualquier acto de naturaleza personal que justifique su impeachment. Es decir, desde el punto de vista técnico no hay razones para ello”, afirmó. Y agregó: “Además, este proceso está viciado desde el punto de vista político, porque fue motivado por intereses personales, de venganza, de personas representadas, sobre todo por el presidente de la Cámara de Diputados, que buscan hacer revancha y chantaje”.

Cunha es sólo el caballo del ajedrez

Desde las últimas elecciones, los sectores derrotados, principalmente el PSDB, no se conformaron con esperar otros cuatro años para intentar volver al poder. Pasaron a buscar otras formas. El senador Aécio Neves, candidato presidencial perdedor, llegó a pedir la anulación de las elecciones argumentando fraude. El TSE respondió obviamente de manera muy dura, pues en Brasil la Justicia está por encima de cualquier sospecha, aunque se sospeche mucho de ella. Decidieron cambiar de estrategia y “desangrar al gobierno”, como dijo un senador socialdemócrata en los primeros días de 2015.

“Pero el impeachment es siempre un as en la manga. Sea para presionar al gobierno, es decir, desangrarlo, sea para incitar al golpe: si se logra, mejor para la oposición”, explica el periodista e investigador del Centro de Medios Barão de Itararé, Altarmiro Borges. Así fue todo el año: varias veces el tema “impeachment” entró y salió de la pauta política, de acuerdo a la posición de los jugadores en el tablero.

Mientras todos decían que no había situación para el impeachment, y que si hubiera fácilmente tendría la cara de un golpe, había uno que no se molestaba con el rótulo de golpista: el propio Eduardo Cunha, precisamente la única persona que podría aceptar o rechazar la apertura del juicio político.

El mismo Cunha enfrenta un proceso de investigación en el Consejo de Ética de la Cámara y puede perder su mandato como diputado. El proceso argumenta la quiebra del decoro parlamentario, pues Cunha habría mentido a una comisión del parlamento al afirmar que no poseía cuentas o bienes en el exterior. La verdad fue conocida después por el Ministerio Público, que confirmó que el jefe de Diputados mantenía en Suiza dos cuentas no declaradas, con valores que superaban los cinco millones de dólares.

A partir eso, se empezó a desmoronar el techo de vidrio del “excelentísimo” diputado. Impedir la apertura del proceso de casación de su mandato se volvió una misión para Cunha y para una tropa de diputados del llamado “Bajo Clero”, es decir, los súbditos del “todopoderoso”. Una de las tareas era impedir que el proceso saliera del Consejo de Ética y fuera al pleno del Parlamento. Para ello, Cunha necesitaba el apoyo de tres diputados del PT que integraban esta comisión. En la misma tarde de la votación en el Consejo de Ética, en la cual los diputados del PT declararon su voto contra Cunha, el presidente de la Cámara anunciaba frente al país la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta.

Los próximos pasos del impeachment

Ahora no hay marcha atrás, el proceso debe seguir su trámite. Pero ¿cuál trámite? El primer paso es la conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados, que tendrá la tarea de elaborar un parecer por la aceptación o por el rechazo. Según la Constitución, la formación de esta comisión debe obedecer a la proporcionalidad de la representación de cada partido en la Cámara. Asimismo, el presidente de la casa decidió ignorar la Constitución y adoptar una regla establecida en el reglamento interno de la Cámara, llevando los curules de la Comisión Especial a votación por plancha. La votación, además, fue secreta, permitiendo que la oposición eligiera todos los diputados de la comisión que evaluará el pedido de impeachment.

Las maniobras de Cunha llevaron al Supremo Tribunal Federal a ordenar la anulación de todo el procedimiento adoptado por Cunha. Una nueva comisión debe ser elegida, cumpliendo la proporcionalidad de los partidos con representación política, y el voto debe ser abierto para garantizar la transparencia del proceso.

Ahora, esta nueva comisión, que deberá ser formada luego del receso parlamentario, elaborará su apreciación y Dilma tendrá un plazo para defenderse de las acusaciones antes que el texto sea llevado a la votación del pleno de la Cámara. El gobierno evalúa que aun con todo el desgaste que este procedimiento causa, con Cunha al frente la posibilidad de ser rechazada la apertura del proceso por la Cámara es grande. Por eso, el gobierno ha solicitado que el Congreso vote el impeachment lo más pronto posible. Ya la oposición ha anunciado que no apoyará la suspensión del receso de fin de año (que puede durar hasta el 2 de febrero) para votar el impeachment. La estrategia es retrasar el proceso, ganar tiempo para movilizar las calles, desgastar aún más el gobierno, y quizás hasta sacar del camino al presidente de la Cámara, quitando así a este controversial personaje a quien ya le atribuyen patologías clínicas propias del psicoanálisis.

El futuro de Dilma

Si el proceso es aprobado en la Cámara por los dos tercios de los diputados, será encaminado al Senado. Luego los senadores deberán votar por mayoría simple la admisión o el rechazo a la apertura del proceso. Admitido el impeachment, la presidenta deberá apartarse del cargo por 180 días, hasta que los senadores discutan el tema y voten por condenarla (casación del mandato) o absolverla (reconducción al cargo) de las acusaciones. La votación ocurriría en sección dirigida por el presidente del Supremo Tribunal Federal. La condena, en todos los casos, debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, los dos tercios de los senadores. Si el Senado rechaza el impeachment, la presidenta es automáticamente reconducida al cargo. De lo contrario, asume el vicepresidente Michel Temer, del mismo partido que Cunha.

Escenas del capítulo final

Otros aspectos coyunturales también serán decisivos en el desenlace de la situación política en Brasil. Y uno de los principales es la movilización popular en contra y a favor del impeachment.

En la primera medición de fuerzas en las calles, la izquierda salió ganando. Mientras la derecha ha puesto unas 40 mil personas en la avenida Paulista, el domingo 13 de diciembre, para apoyar la salida de la presidenta, tres días después los movimientos y organizaciones de izquierda llevaron unas 100 mil a la misma avenida en defensa de la democracia.

El acto logró unificar desde los sectores más cercanos al gobierno agrupados en el Frente Brasil Popular, como el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Central Única de Trabajadores, como también a los más críticos al Ejecutivo, la llamada oposición de izquierda reunida en el Frente Brasil Sin Miedo, que integran entre otros el Movimiento Sin Techo (MTST) y otras centrales sindicales. Todos coinciden en la explicación de que “no se trata de la defensa de a un gobierno, sino de la defensa de la democracia”.

No hay que dejar de mencionar los graves errores del gobierno: el pesado ajuste fiscal en la vida del pueblo trabajador y la opción por la negociación en lugar de apoyarse en la fuerza del pueblo, ha limitado la unidad de estos sectores únicamente al punto de defensa de la democracia. Muchas organizaciones siguen reclamando un cambio de rumbo antes que sea demasiado tarde.

Lo cierto es que los brasileños y brasileñas pasarán una navidad con el sabor amargo de la incertidumbre y la angustia, sin saber cuándo terminará esta novela, escrita por un dramaturgo de muy mal gusto.

* Periodista, corresponsal del canal latinoamericano de noticias TeleSUR en la ciudad de São Paulo

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