El 11 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó con pena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la soberanía popular. Una mirada feminista de esa sentencia y la lucha por memoria, verdad y contra la amnistía para los violentos.

Por Carla Perelló desde Brasil / Foto: La Diaria

Durante las semanas del juicio y con la condena en la mano, feministas, LGBT+, pueblos indígenas y víctimas del desgobierno bolsonarista dieron un marco simbólico e histórico a la sentencia judicial escrita por mayoría en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado 11 de septiembre. En testimonios para la historia, diputadas y referentas reflexionan sobre la relevancia del juicio y a la vez tejen memorias de la gesta del golpe -los golpes- y rescatan los crímenes por los que el expresidente no fue juzgado de la mano de quienes sostienen el mensaje “prohibido olvidar, prohibido amnistiar”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia, porque es justamente por el hecho de no haber tenido justicia de transición que hoy muchos se sienten autorizados a elogiar la dictadura y a intentar nuevos golpes de Estado. Es una forma decirnos a nosotros mismos y al mundo que Brasil no naturaliza, no acepta y trabaja contra golpistas”, señaló la diputada federal por el PSOL Samia Bomfim en relación al juicio en el que por primera vez en la historia civiles y militares fueron condenados por atentar contra la soberanía popular.

Se trata, desde su perspectiva, de un mensaje para la actual generación y para las próximas “que van a mirar para el pasado brasileño y comprender cuál es la forma que debemos tratar quien atenta contra las libertades democráticas”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia. De decirnos a nosotras mismas y al mundo que Brasil no naturaliza a los golpistas”.

Talíria Petrone, diputada federal por el PSOL y quien acompañó presencialmente el juicio en la Sala Primera del STF, se manifestó en consonancia con su compañera de partido y de banca en relación a la relevancia histórica, pero marcó que se trata también del “fin de la tutela militar” sobre la democracia brasileña, un peso que no se quitó desde la dictadura.

“La democracia es el bien más precioso que un pueblo puede tener. Y Brasil tuvo casi cuatro siglos de esclavitud, una abolición inconclusa y una democracia con alguna fragilidad, pero que está de pie. Pero cuando se dan pasos para atrás, como fue en el gobierno Bolsonaro, donde el fascismo ocupó el espacio de poder, sabemos que los primeros cuerpos a ser impactados son de mujeres, de personas negras, de personas LGBT, de los trabajadores de las periferias que son mayoritariamente negros, de las mujeres jefas de familia”, dijo sobre lo que dejó el desgobierno y destacó el lugar de los movimientos sociales organizados en defensa “de la soberanía, el futuro de las niñeces brasileñas” en un país que “aún lucha por fortalecer la memoria, la verdad y la justicia”.

Pasado, presente y futuro de América Latina 

La histórica militante del Partido de los Trabajadores y diputada federal Erika Kokay, a su turno, apuntó contra las posiciones misóginas y homofóbicas del exmandatario “que siempre estuvieron acompañadas por declaraciones que veneraban no sólo a la dictadura militar, sino a sus más crueles torturadores”. Por ello, reforzó la mirada común y retomó las palabras de la ministra Carmen Lúcia al momento de su voto por la condena: “Este juicio nos conecta fuertemente con nuestro pasado y con lo que queremos ser en el futuro. Brasil pagó un precio caro por la impunidad a los golpistas y torturadores del pasado y, de cierta forma, dejó entreabierta la puerta para que las amenazas antidemocráticas volvieran”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia, inclusive articulando asesinatos políticos como el del presidente Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez Alexandre De Moraes es un hecho que debe ser celebrado en América Latina, es un hecho que repercute en la lucha de los pueblos por la democracia y contra la opresión”, señaló.

La corrosión antes de Bolsonaro: Dilma, los feminismos y el golpe “blando”

Durante las semanas del juicio histórico, las fotos de la primera y única presidenta de Brasil Dilma Rousseff se multiplicaron en las redes sociales. En más de un posteo se la ve a ella dando testimonio en épocas de la dictadura tras ser detenida política durante tres años o de traje blanco con una sonrisa en la cara el día que asumió la presidencia, el 1° de enero de 2011. Otras, traen a la memoria la frase que pronunció el 31 de agosto de 2016 cuando fue expulsada del gobierno: “La historia será implacable con los que se creen vencedores”.

Dilma se refería a todos aquellos que habían votado en favor del impeachment, entre ellos, a Jair Bolsonaro, que en su discurso enalteció la figura del torturador coronel del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“En 2014 vivimos un momento y un dilema histórico que colocó al movimiento feminista en el centro del debate”, rememoró ante Marcha Noticias la coordinadora de la Articulación de Mujeres Brasileñas Elisa María, que eligió marcar los años posteriores a la llegada del bolsonarismo al poder y el lugar que ocuparon los feminismos desde entonces. Eran épocas de la reelección y uno de los principales debates que estaba en la arena pública era la legalización del aborto, que Dilma apoyaba. 

A entender de Elisa, el movimiento se expandía con la garantía de los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, empezaban a salir al sol sectores de la derecha y de la Iglesia y la gesta de lo que en la región se denominó como golpe “blando” tuvo su materialización en la realidad cotidiana sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias sexuales brasileñas con índices alarmantes de violencia sexual. “Ya desde ese momento, desde el movimiento feminista, decíamos que lo que se gestaba era un golpe machista, patriarcal, racista. Un golpe de las élites, especialmente por Dilma ser una mujer”, apuntó Elisa, que aseguró, también que lo que vino después con el gobierno de Michelle Temer (el vicepresidente que asumió tras la destitución) “significó corroborar que el golpe no fue sólo contra Dilma, sino contra la democracia brasileña, como ella misma decía, ‘es contra las mujeres, es perder derechos de educación, salud y trabajo’”.

“¿Qué significa entonces esta condena? Puede ser una respuesta a todos los sufrimientos que vivenciamos en los últimos años, por las más de 700 mil muertes por covid, por el empobrecimiento de la población, por haber regresado al mapa del hambre, por la incontable cantidad de violaciones contra la vida de las mujeres y las niñas, pero sobre todo es simbólico para avanzar en la democracia”, sentenció Elisa. Por eso, asegura, “el movimiento feminista estará en la lucha todos los días para que no tenga amnistía”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia es un hecho que debe ser celebrado en América Latina y que repercute en la lucha de los pueblos contra la opresión”

Pero el movimiento feminista no estuvo ni está solo. Junto con él caminan quienes pusieron el cuerpo al Ele Nao –que en plena alzada del presidente golpista en 2018 construyeron la mayor manifestación popular de mujeres y disidencias- y alzaron la voz contra el proyecto misógino y golpista. Caminan pueblos indígenas, que denuncian el ataque al ambiente y la promoción del genocidio, víctimas y familiares de las víctimas de la pandemia producto del negacionismo de una administración que se ganó el mote de “desgobierno” por haber desmontado las estructuras del Estado y, en cambio atentar contra el pueblo y, por eso, exigen no perdonar ni amnistiar a los golpistas. 

También, junto a familares, amigues y compañeres de Marielle Franco, la concejala negra, favelada y lesbiana, asesinada en los albores del bolsonarismo cuando ya había empezado a instalar en la sociedad el odio y la violencia.  

“El tiempo es implacable” sentenciaron en un posteo desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre. “Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, escribieron a modo de conmemoración.

Para cerrar, en fin, con una celebración: “Para nosotras, mujeres negras, esta decisión reverbera como respuesta a un tiempo en que intentaron callarnos, alejarnos y dispersarnos. Pero no lo consiguieron. No nos dispersamos. Seguimos resistiendo y ocupando”.

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Por Eduardo Giordano* | Foto AFP

Los poderosos sectores que se oponen a las políticas de cambio del Pacto Histórico en Colombia han puesto en marcha una maniobra destituyente del presidente Gustavo Petro, tal como él mismo lo denunció en las marchas convocadas el 7 de junio en apoyo de sus reformas sociales. Petro comparó esa maniobra conjunta de la oposición derechista, los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrona tendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituirlo y apresarlo. 

El mismo día, en una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro. La carta fue suscrita por muchas figuras de renombre internacional del campo de progresista: Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltazar Garzón, Ada Colau y muchos otros políticos de izquierda, intelectuales y defensores de derechos humanos.

En una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro.

“Los poderes tradicionales del país están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”, dice la misiva impulsada por la Internacional Progresista.

Mientras tanto, el escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba, rubricada personalmente por el presidente Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, o el debate en el Congreso de las reformas políticas que propone el gobierno. Así mismo, la intensa campaña de desprestigio que alientan los principales medios eclipsa la información sobre las tremendas acusaciones que formuló el ex paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para Paz (JEP), que involucran a militares, policías, políticos y empresarios en la financiación de las organizaciones narcoparamilitares. 

El detonante de esta nueva ofensiva mediática y judicial fue la ruptura con el presidente Gustavo Petro de una persona de su entorno político más próximo, Armando Benedetti, jefe de campaña electoral del Pacto Histórico y embajador en Venezuela. Una serie de audios filtrados a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, fueron publicados con el fin de comprometer a otra persona muy cercana al presidente, su jefa de gabinete Laura Sarabia.  El mismo medio de comunicación se ocupó previamente de crear un entorno dramático sobre el cual proyectar su relato orientando la interpretación de los hechos: una niñera “secuestrada” por la jefa de gabinete para hacerle una prueba de polígrafo y detectar así su culpabilidad en un robo; un viejo amigo que le abrió las puertas a los círculos políticos, Armando Benedetti, le recomienda a esa niñera a pesar de haber sido él mismo víctima de un robo similar y de haberle hecho también la prueba del polígrafo, y otros detalles similares en clave de telenovela.

El escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba.

En los audios filtrados a Semana, Benedetti se despacha exaltado, entre gritos y sollozos, entre el agravio y la autocompasión. Frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo relevante —esperaba ser ministro de Exteriores o del Interior, y fue enviado como embajador a Venezuela—, Benedetti reclama, temeraria y brabuconamente, que le ofrezcan su “espacio político”. La grosería y torpeza con la que habla Benedetti permite presumir que esta ebrio o drogado, y por supuesto colérico.

El momento más comprometido es cuando alude a los 15.000 millones de pesos que supuestamente habrían entrado a la campaña de personas de dudosa honorabilidad. “O es que quieren que diga quién puso la plata”, llega a decir. Y por si eso fuera poco, le dice a la jefa de gabinete de Petro que investigue cómo empezó la historia del Proceso 8000, por el cual fueron condenados ministros y otros funcionarios del gobierno de Ernesto Samper y su jefe de campaña electoral en 1994, por haber recibido financiación ilegal del Cartel de Cali.

Finalmente, el 6 de junio Benedetti se retracta en un trino de todo lo dicho en esos audios y asume su responsabilidad: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”. 

El problema que ha creado Armando Benedetti al presidente Gustavo Petro no es menor, ya que con sus exabruptos ha arrojado una sombra de duda sobre la financiación de la campaña presidencial. Llueve sobre mojado, porque ya existe el precedente de su hijo Nicolás, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por fondos de dudoso origen recaudados durante la campaña que nunca ingresaron a las arcas del PH. En uno y otro caso, Petro declaró que la Fiscalía debía investigar cualquier indicio de delito, reiterando que nadie debía acercarse a su proyecto político para usarlo en provecho propio.

Mentiras, filtraciones y manipulación periodística

Hasta aquí los hechos. El relato periodístico los deforma induciendo a error.

El semanario Semana lidera en Colombia los ataques contra el presidente, pero no se queda atrás la cadena televisiva Caracol, propiedad del grupo Prisa. Caracol da crédito a la versión de la Policía que cuantifica en 9.000 personas los asistentes a las marchas en Bogotá y 16.000 personas en todo el país. En las imágenes que circularon por redes sociales se comprueba que esta cantidad de gente es más o menos la que se movilizó solo en algunas ciudades de menor tamaño, como por ejemplo en Barranquilla. La emisora pretende responder a la pregunta de si se llenó la Plaza Bolívar, mientras muestra imágenes de grupos dispersos, previas a la llegada del grueso de los manifestantes. 

Simultáneamente el diario español El País se sumó al desprestigio inducido contra el gobierno Petro con este titular: “El Congreso de Colombia se para y las reformas de Petro se hunden”, de su corresponsal en Bogotá. En la contraportada del mismo día se afirma que ya ha cumplido un año la edición colombiana de este periódico.

Los medios de comunicación colombianos realimentan su ofensiva antipetrista con los despojos informativos que esparce la prensa internacional. Un ejemplo es el uso que hace Semana de la información que publica Bloomberg sobre la coyuntura nacional: “Demoledor pronóstico de Bloomberg para Petro: pasará de ser el líder de una revolución pacífica a un ‘pato cojo’ que gastará su tiempo en defenderse”, titula la revista, lo cual es toda una declaración de intenciones.

Los medios de comunicación de masas, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio.

El foco del “prestigioso medio económico” se pone en los escándalos, proyectando su sombra a lo largo de todo el mandato popular, en lugar de enfocarse prioritariamente en la marcha de la economía colombiana: el acelerado descenso de la inflación, que ha llevado al peso colombiano a convertirse en la moneda que más se revaloriza frente al dólar (14,8 % este año). Además, Bloomberg admite que varios fondos de inversión internacionales han invertido dinero en bonos del Gobierno en moneda local, y que otros indicadores de la actividad económica son francamente positivos: “El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local”.

Estos datos contundentes quedan anegados en el lodazal que alimentan dichos medios al asegurar que habrá un bloqueo de la actividad política por los escándalos que ellos mismos alimentan, anticipando además que eso “enfadará a los votantes”.

Esta narrativa mediática se completa con encuestas que atribuyen al presidente una gran pérdida de popularidad. Un claro ejemplo es la encuesta de Invamer encargada por Blu Radio, Caracol y El Espectador, y difundida el 2 de junio. Varias preguntas que pretenden auscultar el sentir político de los colombianos arrojan resultados inverosímiles. Por ejemplo, más del 70 % de los encuestados a nivel nacional, y el 76 % en el caso de Bogotá, habrían contestado que el país va por mal camino. Los presentadores de Blu Radio encargados de exponer estos datos alimentan el pesimismo que ellos mismos instalan en la sociedad colombiana: “Esta es la temperatura del país, esta es la pregunta que mide el espíritu del país. (…) Es un país desesperanzado (…) casi tan pesimista como en la pandemia”.

Así mismo, más del 60 % de los encuestados habría mostrado su desacuerdo con las reformas del Gobierno y solo un 32 % estaría de acuerdo. También habría descendido la aprobación a la gestión del presidente Petro hasta el 33,8 %, mientras que el 66,8 % de los consultados se sentiría más inseguro con la política de Paz Total. Según dicha encuesta basada en una muestra de 1.200 personas, solo el 28,5 % de los entrevistados dijo que el proyecto de Paz Total va por buen camino, frente al 63 % para el cual va por mal camino.

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión.

Otra encuesta de la consultora Datexco Opinómetro realizada para W Radio, que adopta por buena el diario español El País del 7 de junio, muestra un apoyo al presidente Petro del 26 %, en una medición realizada antes de que Semana divulgara los audios de Benedetti. 

En el discurso que dio a sus seguidores, Petro se refirió así a las encuestas: “Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró ni un solo peso sucio”.

Los medios de comunicación de masas hiperconcentrados, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio, coordinándose con las otras instituciones para planificar la maniobra de acoso y derribo que se cierne sobre el presidente. Algunos medios como Semana actúan en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y otras viejas instancias de poder aún controladas por el uribismo y otros sectores conservadores.

Los medios de comunicación de la derecha han ido desarrollando el relato de un presidente supuestamente dedicado a cazar periodistas, autoritario y enemigo de la libertad de prensa. En días tan turbulentos como estos se observan los reflejos corporativos de las asociaciones de la prensa que pretenden reconvenir a Petro, convirtiendo su derecho a la legítima defensa en un ataque a la libertad de expresión. La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) lo acusó de hacer “generalizaciones y estigmatizaciones constantes a medios y periodistas”, y recibió críticas similares de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Un periodista de RCN Radio, Luis Vélez, invirtió así los términos del conflicto, convirtiendo a la víctima en victimario: “El presidente Petro es responsable de la mayor confrontación que un mandatario colombiano ha sostenido contra los medios del país”.

En medio de esta crisis política, el presidente Gustavo Petro dijo estar tranquilo: no solo recibió el apoyo de intelectuales y políticos de la Internacional Progresista y sectores afines, también el del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Este puede ser un aviso para navegantes desorientados: en este momento no se dan las condiciones internacionales como para que haya un golpe de Estado, sea duro o blando. Pero estas condiciones podrían variar cuando haya un cambio de poder en Washington. 

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión. La siguiente garantía tiene que ver con los medios de comunicación. Frente a un sistema de medios que sólo busca derribarlo, el gobierno del Pacto Histórico deberá imaginar una nueva reforma, la del sistema de comunicación, que dé cabida a una pluralidad de medios independientes que no permitan que todo el espectro mediático esté copado por sus detractores.

Marchas en apoyo a las reformas sociales

En medio del clima destituyente impulsado por la derecha, el Pacto Histórico reforzó la convocatoria de marchas en todo el país para el 7 de junio, en apoyo de las reformas sociales del gobierno Petro. El presidente no quiso esta vez hablar desde el balcón de su residencia y prefirió salir a la calle, participando en la marcha hacia la plaza Bolívar entremezclado con los ciudadanos. En una primera declaración a la televisión oficial, explicó el motivo de las marchas: “Que el Congreso sepa que las reformas presentadas no son un capricho del presidente de la República; son los deseos, las ganas de vivir de todo el pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”, declaró Petro desde una improvisada tarima en la calle Séptima. 

Más tarde, ya en la plaza Bolívar, prosiguió: “Nos han acusado de chuzar [intervenir] teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. [El semanario] Semana ordena y el CTI obedece”. Petro alude así a la inmediata reacción de la Fiscalía, al mando del fiscal Francisco Barbosa, al que algunas encuestas ya incluyen como potencial candidato a futuras elecciones, que ordenó la entrada de personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) a la residencia presidencial cuando el presidente estaba de viaje en el exterior. El CTI se entretuvo varias horas en un intento de requisar supuestas pruebas contra la jefa de gabinete presidencial. Al mismo tiempo, un documento de la Fiscalía induce a pensar que ella habría ordenado intervenir las conversaciones telefónicas de la empleada doméstica —y así se divulga en la prensa, incluso después de su desmentido—, aunque la dirección de la Policía documenta que la orden de intervención había sido anterior a la fecha del robo. Toda una serie de eslabones inconsistentes que sin embargo se convirtieron en materia de una ofensiva propagandística sin precedentes contra el gobierno, en un momento clave para la aprobación de las reformas en el Congreso. 

Acuerdo de alto al fuego con el ELN

En su discurso en las calles de Bogotá, Petro reveló que al día siguiente viajaría a Cuba para la firma del documento final del tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Este anuncio, que implica el esperado acuerdo de alto al fuego con esa organización guerrillera, representa el primer gran avance en los planes del gobierno de alcanzar la paz total. Esta noticia quedaría completamente deslucida en unos medios de comunicación volcados de lleno a husmear los trapos sucios del ex jefe de campaña del Pacto Histórico.

Sin embargo, el viaje de Petro a La Habana para clausurar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN, en presencia también del primer comandante de la organización, Antonio García, es el mayor éxito de un gobierno colombiano en favor de la paz desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En el curso de sus negociaciones con el ELN, Santos consiguió un cese el fuego de apenas tres meses, que nunca se llegó a consolidar. Las negociaciones fueron a la deriva con el gobierno de Iván Duque.

El comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y el ELN establece “un cese al fuego bilateral, nacional y temporal” por un plazo inicial de seis meses, y establece como prioridad absoluta “el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”. El vocero del ELN Pablo Beltrán desgrana en su discurso que no hay que confundir la paz con pacificación, como en su opinión ocurrió en procesos de paz anteriores: “Aspiramos a que haya, con la participación de la sociedad, análisis de las causas que generan el conflicto para que también como sociedad resolvamos eso”. Beltrán recuerda una frase del acuerdo firmado en México al final del segundo ciclo de negociaciones: “Este proceso está al servicio de los históricamente excluidos en Colombia. (…) Los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades afro, los pueblos ancestrales, los trabajadores”.

La declaración firmada por las partes, en presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y representantes de los países garantes y la ONU, se titula Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral y establece “dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la mesa de diálogo de paz entra en una actividad permanente, que conjuga distintas modalidades de trabajo, en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”. El primer punto se refiere a la “convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz”. Se establece también la “instalación del Comité Nacional de la Participación” que empezará a funcionar el 25 de julio próximo.

El portavoz del ELN argumentó que si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada

El cese al fuego se producirá en tres fases, la primera de casi un mes de duración, incluye la creación de un canal de comunicación entre las partes y la preparación del “mecanismo de monitoreo y verificación”. La implementación plena del proceso del cese al fuego iniciará el 3 de agosto de 2023. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Y se convoca también el cuarto ciclo de conversaciones, que tendrá lugar en Venezuela a partir del 14 de agosto, en el que se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El jefe negociador por el ELN, comandante Pablo Beltrán, valoró muy positivamente una frase de Gustavo Petro, cuando el presidente dijo: “Este gobierno no va a perseguir”. Argumentó que de producirse un cambio de régimen, si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada. El presidente Gustavo Petro añadió un dato esperanzador en su discurso, al situar la firma de la paz definitiva con el ELN en una fecha bastante próxima y precisa, el 25 de mayo de 2025. Aunque este sea solo un proyecto, pone un horizonte temporal a las negociaciones y es sin duda un dato alentador.

Los medios opositores minimizaron el alcance de este acuerdo al diluirlo en medio de sus campañas difamatorias, de desgaste y desprestigio del presidente Petro. Se trata de un cese al fuego muy esperado y reclamado por la sociedad colombiana, con la mirada puesta en un acuerdo definitivo que ahora puede resultar más verosímil. 

En caso de un cumplimiento efectivo, este acuerdo supone la desactivación de la violencia política que ejerce la mayor organización guerrillera de alcance nacional y significaría, en palabras de Petro, el final de la guerra de guerrillas en el continente: “En cierta forma aquí se acaba una fase: la insurgencia armada en América Latina”.

Pese a la importancia del alto al fuego alcanzado en Cuba, muchos titulares de prensa priorizaron al día siguiente otras noticias, volviendo la mirada hacia las intrigas políticas con las que intentan seguir afectando la imagen presidencial: “La historia del oficial que apareció muerto y había pedido ser oído en caso de ex niñera”, titula El Tiempo en portada de su edición digital del 10 de junio, e incluye un video con información filtrada desde la Fiscalía. Después El Tiempo también informa del rescate de cuatro niños en la selva con gran despliegue de imágenes, y mucho más abajo, en un pequeño recuadro, titula crípticamente: “Con tregua ya pactada, Petro plantea que paz con ELN llegará en 2025”.

Por su parte El País de Cali también desplaza la noticia del acuerdo a la parte inferior de la portada, dando prioridad a los ataques contra el gobierno del fiscal Barbosa con noticias como esta: “Fiscalía abre investigación a Petro por posible investigación ilegal de su campaña: audios de Benedetti revelados por Semana fueron claves”. Otros periódicos de ese día, como por ejemplo El Universal de Cartagena de Indias, ni siquiera ofrecen a los lectores la noticia del cese al fuego en la portada de su edición digital.

En pocas palabras, los grandes medios de comunicación definen la prioridad de las noticias que brindan no por su valor informativo, sino en función de su capacidad de dañar al gobierno de Gustavo Petro, ocultando o distorsionando sus logros reales. Complacientes con los gobiernos anteriores, han descubierto su misión de ‘perros guardianes’ de la democracia con la llegada al poder del Pacto Histórico.

A falta de una política de comunicación consistente —un problema que nunca resolvieron bien otros gobiernos progresistas latinoamericanos—, la agenda informativa continuará en manos de los poderes fácticos que se oponen furibundamente a las reformas sociales y a la construcción de la paz.

* Publicada originalmente en El Salto.

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Por Redacción Marcha desde Lima, Perú / Foto: Aldari Mejia

“Este 8 de marzo, llegamos a Perú compañeras de Colombia, Ecuador, México, Argentina, Bolivia y Suiza, como parte de una Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala que vino a acuerpar a quienes están enfrentando la brutal represión al pueblo, desatada desde el Golpe de Estado por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales que lo inspiraron y organizaron”. 

Así comienza el pre informe de la Delegación, leída desde diferentes territorios donde se realizaron en los últimos días relevamientos de denuncias por delitos de Lesa Humanidad en el marco de la dictadura racista de Dina Boluarte. Una lectura de época y un registro de las agresiones que deben ser investigadas urgente por Cortes Internacionales. La anterior intervención de la Delegación fue durante la dictadura de Jeanine Áñez en el Estado Plurinacional de Bolivia en marzo del 2020.

La lectura fue transmitida en simultáneo por las redes sociales de Feministas del Abya Yala, Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y el Frente Popular Darío Santillán; y de los medios populares Wayka de Perú, Wambra de Ecuador y Marcha. Fue un llamado a las feministas del mundo a acuerpar a mujeres y disidencias originarias y campesinas en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas que se dan estos momentos en las calles y los territorios del Perú.

La tarea de la Delegación Feminista

En Perú, durante una semana, la Delegación se entrevistó y dialogó con familiares de las víctimas de la violencia represiva; compañeras campesinas, feministas, activistas de los movimientos y la comunicación popular, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, organizaciones de mujeres que sostienen las ollas comunitarias, médicxs, abogadxs, maestrxs y estudiantes.

A partir de esto, realizó un informe preliminar que reúne algunas de las denuncias y relatos obtenidos durante los últimos días en Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurimac y Lima. Este material será el insumo para el informe definitivo que será presentado a instancias internacionales de Derechos Humanos.

“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de “un indio”, como caracterizaron a Pedro Castillo”. El racismo estructural, y el clasismo son opresiones mencionadas de forma constante por la Delegación, que denunció: “El Golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales extractivas y a las concesiones mineras”.

“Las masacres de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, más de 90 luchadores/as asesinadxs, cientos de heridxs, la prisión de lxs líderes de las organizaciones populares, son parte de un plan de exterminio sistemático, dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos, que defienden los territorios”, afirmaron en conferencia de prensa, “constituyen crímenes de Lesa Humanidad. Todos los autores del golpe de estado, tendrán que ser juzgados”.

Y agregaron: “La violencia que se desató desde el 7 de diciembre, con la destitución del presidente constitucional, tiene claras connotaciones racistas y patriarcales. Es evidente la persistencia del fujimorismo, que ha dejado traumas profundos en la población, que en muchos casos ´revivió´ los dolores provocados por el terrorismo de estado, que se encuentran en la memoria colectiva”.

Testimoniar contra una dictadura racista y patriarcal

En estos tres meses la dictadura se valió de diferentes formas represivas que se evidenciaron a través de los testimonios. “Represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas que producen efectos inmediatos en el cuerpo, uso de gas pimienta, perdigones”, denunció la Delegación. “En las represiones y masacres existieron francotiradores, tanquetas, drones, se disparó desde helicópteros con intención de eliminación de la vida y no de dispersión”.

También se denunció la infiltración de las organizaciones populares y estrategias de encapsulamiento por parte de las fuerzas y de grupos irregulares como los “polos blancos”, un grupo entrenado para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, instalar un discurso discriminatorio y generar detenciones. También se denunció represión a niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. 

Y además, el ataque violento a los centros de acogida humanitaria, lo que viola la Constitución Política del Estado peruano y Acuerdos y Tratados Internacionales. Al respecto, es de recordar la intervención ilegal sobre la universidad San Marcos de Lima, que servía de refugio a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones; un hecho que terminó con la detención de más de 250 personas.

También denunciaron la complicidad de la Fiscalía Federal: “el desarrollo del sistema de justicia evidencia una complicidad con la dictadura”, afirmaron. “Es la fiscal del crimen organizado”. Y expusieron la detención y hostigamiento del poder judicial contra cuatro jóvenes de la nación Písac en Cusco, protegidos por la figura de arraigo cultural porque pertenecen a una comunidad originaria y a quienes les inventaron la figura de “ocultamiento”. “Esta persecución es hacia los pueblos ancestrales, guardianes de la vida y las montañas”, afirmaron, “Estamos viviendo un dolor tremendo. Nuestros territorios están gritando que hay que hacernos responsables porque la lucha nos pertenece. Nuestro delito es defender el territorio. Ésta es una dictadura”. 

La complicidad de las empresas de comunicación con el régimen de Boluarte y la ultraderecha desplegaron todo tipo de estrategias para desinformar y deslegitimar las movilizaciones. Esa maniobra busca también minimizar el accionar represivo y criminalizar la protesta con acusaciones de terrorismo. La Asociación Nacional de Periodistas denunció que quienes intentan visibilizar los hechos también sufren la violencia del régimen, “hasta la fecha, al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica”.

La característica patriarcal de las violencias se entrelaza con el racismo. “Las mujeres peruanas están sufriendo de manera especial las consecuencias del golpe de Estado”, expresaron feministas sin fronteras. “Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana; esto significa alimentar a las familias fuertemente empobrecidas y precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son tareas y roles que caen fundamentalmente sobre los cuerpos de las mujeres”, agregaron.

“El cuidado de la vida de hijxs, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida cotidiana”, afirmaron, “en las movilizaciones y detenciones han habido experiencias de violencia sexual. La represión estigmatiza a las mujeres con insultos y agresiones misóginas”. Y finalizaron: “Seguimos gritando, como lo hicieron las feministas hondureñas en 2009: ¡Ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres!”.

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Para entender mejor lo que ocurre, charlamos con la artista antirracista y feminista, Daniela Ortiz, quien se encuentra en Cusco, una de las ciudades donde hay un Paro Generalizado.

Por Maru Waldhüter, Camila Parodi y César Saravia / Foto Cobertura Wayka Perú

¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido en estos últimos días en Perú?

Lo que estamos viendo, desde hace tres días, es el desenlace de la respuesta que tiene la derecha, el fujimorismo, el poder político y el poder mediático, en relación a la elección de Pedro Castillo. Una elección que fue hecha a través del voto popular de la mayoría de los peruanos y peruanas, y no fue aceptada por todos estos poderes. En un primer momento se dedicaron incluso a acusar y judicializar a ciudadanos que simplemente habían sido miembros de mesa, acusándolos de, supuestamente, haber hecho un fraude. En esa situación, el ataque, de boicot al gobierno, y a la ciudadanía que eligió a Pedro Castillo como presidente no ha cesado. Han habido varios intentos de vacancia, han habido distintos ataques, procesos de lawfare y de judicialización. No solamente a Pedro Castillo, sino a todos ministros y cargos políticos que estuviesen cerca de él. Por ejemplo, el jefe del partido con el que Pedro Castillo entró al gobierno, Perú Libre, Vladimir Cerrón, tiene más de 16 procesos de manipulación del sistema legal, para generar una situación de persecución política mediante lo que entendemos como un lawfare. Una estrategia que, también, se ha extendido a los familiares. Hay que recordar que la hija de Pedro Castillo estuvo detenida preventivamente con una manipulación absoluta de los marcos legales para poder generar una situación de hostilidad hacia él.

Además de toda la manipulación mediática que hemos visto, con las mentiras que han quedado absolutamente impunes, que buscaban este fin: sacar a Castillo, y no solamente sacarlo del poder, sino encarcelarlo. Esto también es un acto de aleccionamiento a la población. Para que ninguna persona de clase trabajadora, ninguna persona que venga del campo, ningún maestro rural, ningún sindicalista como lo es Pedro Castillo se atreva siquiera a postular y a ganar una elección. Porque lo que están haciendo es aleccionar a gran parte del país. Creo que, también, es muy importante entender lo que está sucediendo en la región, el poder imperialista está perdiendo poder. Nuestros hermanos latinoamericanos también han escogido a candidatos izquierda. como puede ser en el contexto de Colombia con Petro, Lula ganando en Brasil, Boric en Chile y distintos países como Venezuela y Cuba que continúan con gobiernos izquierda donde la amenaza es constante. En el contexto peruano, ahora se está criminalizando de una manera brutal a las personas que están protestando en los medios de comunicación. Ya hay dos personas asesinadas por la policía, uno de ellos de 15 años. Creo que esto tiene que ver, también, con una situación de pérdida de poder por parte de los Estados Unidos y los poderes imperialistas en el contexto latinoamericano, con la reciente elección de mandatarios y mandatarias izquierda en la región.

¿Qué pasa con Perú Libre como fuerza política luego de que el propio gabinete de Castillo se haya desmarcado diciendo que intentó un golpe?

Perú Libre, producto de la situación de constante ataque mediático, de los distintos procesos de judicialización, no solamente el líder del partido, Vladimir Cerrón, sino a muchos de sus cargos, están también en una situación de descomposición. Como muchos otros sectores de la izquierda han cometido muchísimos errores en cómo lidiar con la presión política mediática y sobre todo judicial, por parte del poder. En este momento están tomando la postura de apoyar al profesor Castillo, están tomando la postura de denunciar que lo que está pasando es un golpe de Estado, y están llamando, también, a que se tomen las calles como se está haciendo. En este momento, por ejemplo, en Cusco, hay un paro generalizado, están las carreteras cerradas, el aeropuerto de la ciudad de Arequipa ha sido tomado por manifestantes, los vuelos nacionales están siendo cancelados y, al menos en la zona del sur del Perú, hay un acato generalizado que el partido de Perú Libre está respaldando, después de haber cometido, y lo digo en general en toda la izquierda, y otras personas que provienen de otros partidos políticos, que han estado atacando el presidente o incluso votando para su vacancia. Pero ahora si hay un consenso de que lo que estamos viviendo es un golpe de Estado por parte de la derecha y del fujimorismo.

Compartías en redes que la familia de Castillo fue desalojada de la Casa de gobierno llevando sus cosas en bolsas y que esto era lo que querían las elites ¿Por qué es necesario considerar la dimensión racista en medio de este proceso de crisis política e institucional que vive Perú desde hace tantos años?

La situación de Castillo tiene que ver con un ejercicio del racismo a un grado absolutamente exacerbado por parte de los medios, de comunicación, de las élites criollas, de la derecha y el fujimorismo que no aceptan que un maestro, campesino y sindicalista esté en el poder. Se ha querido humillar no solamente a Castillo, por ejemplo, relacionadolo con animales. Era cotidiano en los medios de comunicación, incluso en fiestas y matrimonios de gente de la élite, ver disfraces que hacían alusión a Castillo como un burro. Sino que también eso se extendió también a otras figuras como la de Vladimir Cerrón, otro hombre de provincia líder del partido Perú Libre, que también se lo animalizado de manera constante a nivel mediático. Incluso, desde parte de ciertos sectores de la denominada “izquierda caviar”, que está más vinculada Europa o que desea ser como ella. El nivel de racismo que hemos visto, también, tiene que ver con una disputa no solamente de controlar en el sentido de la representación de que un hombre del campo y maestro rural ocupe el poder, sino también, tiene que ver con una una disputa por controlar y mantener una estructura racista colonial de la sociedad peruana qué es lo que realmente estamos viendo. La pelea es de un país que está diciendo “no queremos más estás formas de explotación”, “no queremos más este orden racista colonial” y por eso se ha votado Pedro Castillo y a su programa. La élite no acepta esa elección y está aplicando todas las estrategias de violencia que vienen del fujimorismo. Mucho de lo que estamos viendo ahora viene de la misma escuela de control de la dictadura fujimorista que se hizo de los medios de comunicación que, además, tienen un nivel de racismo absolutamente exacerbado, no solamente contra el presidente sino contra su familia. Esa imagen que ha indignado a gran parte del país, viendo su familia siendo humillada, sacando sus pertenencias, es la imagen que las élites estaban buscando.

Las organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indeterminado ¿Te parece que la gente permanecerá en las calles hasta que Boluarte de una señal en favor de las demandas?

Uno de los principales pedidos es no solamente que Dina Boluarte deje el poder, y que deje este acto golpista, sino que se cierre el Congreso. Este es un pedido que ya se estaba haciendo desde la población a Pedro Castillo, incluso antes que el propio Castillo tomara la decisión que, en parte, fue en respuesta al pedido popular. A su vez, se está pidiendo que se inicie un proceso Constituyente y hay un consenso generalizado por parte de la gente que está tomando las calles que es necesario este proceso. Porque con la Constitución de la dictadura fujimorista no podemos ir a ningún lado. También se está pidiendo que Dina Boluarte y todos los cargos políticos asuman su responsabilidad de los asesinatos ocurridos en el día de ayer y de toda la represión policial que no solamente se ha llevado la vida de un menor de edad de 15 años, sino que, también, han dejado a otra menor de edad sin un ojo producto de todo esta violencia. Tienen que responder ante estas decisiones que ha tomado y que han llevado a este grado de violencia. Es muy importante la liberación del presidente Castillo que está encarcelado por leyes y manipulaciones de las normativas que son inaceptables. La población está en contra y está pidiendo que se libere al profesor Castillo. Además de su restitución como presidente, porque el proceso de vacancia ha sido absolutamente ilegal incluso entre los marcos jurídicos impuestos por las élites y su detención también es absolutamente arbitraria. Por eso el consenso generalizado que pide que el presidente sea restituido y vuelva a ocupar su cargo.

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Por Gerardo Szalkowicz (*)

El Día D es el 6 de septiembre. Por ahora. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha apuesta otra vez a patear el tablero con un nuevo aplazamiento y/o la proscripción. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.

Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras.

De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro.

Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama en Bolivia no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.

Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a pedir auxilio a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.

Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.

Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?

Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.

De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.

(*) Editor de NODAL.

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Por Laresistencia.info

Federación de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, Federación de Trabajadoras Campesinas “Bartolina Sisa”, Federaciones provinciales, centrales y subcentrales de las 20 provincias de La Paz, Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y sus 14 Distritos, Central Obrera Departamental (COD), Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Transportistas, Gremiales, y Magisterio Rural, suscribieron un histórico acuerdo interinstitucional con tres exigencias fundamentales al gobierno de facto de Jeanine Añez:

1. Elecciones a la inmediatez posible.
2. Abrogar D.S. sobre los transgénicos en Bolivia y su consumo.
3. Respetar los DDHH y flexibilización de la cuarentena.

Las exigencias, según el documento, son producto de un profundo análisis realizado sobre la crisis social, sanitaria, económica y política en el país, a causa de la corrupción e improvisación del gobierno de facto y las medidas tomadas por el mismo, que atentan contra el pueblo boliviano y profundizan el golpe de estado de las oligarquías del país y realizado con apoyo y financiamiento del imperio norteamericano.

El documento denuncia además la persecución política contra quienes denuncian los actos de corrupción, desfalcos al estado, uso indebido de bienes del estado, etc. y lamenta la actitud servil de la policía y las Fuerzas Armadas y su sometimiento al gobierno golpista.

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Por Redacción La tinta

El plan planificado y coordinado por el gobierno de facto de Bolivia, la policía y las fuerzas armadas se recrudece día a día en todo el país.Los asesinatos permanentes, el irrespeto por el Estado de derecho, y la violación a los derechos más básicos de la población por parte de las fuerzas de seguridad, contrastan de manera feroz con la imagen que quiere dar al mundo al autoproclamada presidenta Janine Áñez y su gabinete. Al mismo tiempo, las movilizaciones masivas y los cabildos abiertos se multiplican en todo el territorio bajo una consigna concreta y sin vacilaciones: el rechazo pleno al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, que decidió exiliarse en México.

En la jornada de ayer, Áñez remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto “Ley de Régimen Electoral Transitorio”, que tiene el objetivo de formar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a nuevas elecciones generales en el país. La mandataria impuesta argumentó que la propuesta “puede ser perfectible”, ya que es “un documento base para generar un consenso nacional, para que sea producto del consenso de todos los bolivianos”.

La autoproclamada presidenta repitió su discurso de los últimos días donde asegura que su idea es pacificar el país, aunque en los hechos concretos, desde que ocupó el Palacio Quemado dio vía libre, a las fuerzas de seguridad para reprimir sin miramientos.

Álvaro Coímbra, ministro de Justicia designado por Áñez, explicó que la propuesta enviada a la ALP tiene como fin “declarar la nulidad de las elecciones del 20 de octubre, convocar nuevos comicios y designar a miembros del TSE”. Según el funcionario, con esta medida las autoridades del TSE se podrían elegir en los próximos 15 días.

El titular de la Comisión de Constitución y senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, comunicó que recibió los proyectos de ley que remitieron Áñez y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la elección de vocales del TSE.

A través del senador Efraín Chambi, el MAS también presentó una propuesta legislativa. La titular del Senado, la legisladora masista Eva Copa, declaró que las tres fuerzas políticas en la cámara coinciden en el objetivo de lograr la pacificación de Bolivia.

En medio de las pujas políticas y legislativas, en las calles de Bolivia continúan las masivas protestas contra los golpistas. Desde que comenzó la represión, al menos 30 personas fueron ultimadas y decenas heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Ayer, las manifestaciones se replicaron en varios departamentos del país, con fuertes epicentro en Villa Tunari (Cochabamba), Senkata (en la ciudad de El Alto, donde las fuerzas armadas cometieron una masacre), además de la movilización masiva desde Potosí con dirección a La Paz, la capital del país a la cual siguen arribando pobladores para rechazar al gobierno de facto.

Los cabildos abiertos se convirtieron en un espacio resolutivo, en donde la gente se reúne para definir los pasos a seguir. En la plaza 14 de Septiembre, de Cochabamba, se realizó una de estas reuniones en la que los presentes desconocieron al gobierno de facto, demandaron la derogación del decreto supremo 4078 (que permite la impunidad a policía y militares), reclamaron el esclarecimiento de las muertes producidas por las fuerzas de seguridad en Sacaba el viernes pasado, además de convocar a un paro indefinido en todo el departamento.

La represión que sufren los bolivianos y las bolivianas también fue denunciada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes confirmaron que subió a ocho la cifra de fallecidos en Senkata tras el operativo policial-militar que se realizó el martes. Nadia Cruz, titular de la defensoría, afirmó que “la población en este momento lo que está pidiendo es justicia y está en su legítimo derecho, después de tener en este momento seis muertos”. En total, ambos organismos contabilizaron ocho personas muertas. Cruz pidió al Ejecutivo pacificar el país instalando un diálogo “sin acusaciones ni amenazas de persecución”. Además, la funcionaria aseveró que recibieron denuncias de personas que habrían desaparecido, aunque no dio mayores detalles.

La Defensoría del Pueblo además interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para anular el decreto aprobado por Áñez que concede licencia para matar a los militares que reprimen las protestas. En el recurso presentado, se argumentó que el 4078 decreto viola la Constitución Política del Estado, ya que la seguridad interna es una labor de la policía y no del ejército.

Quien se sumó a las críticas contra el gobierno de facto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya anunció que realizará una visita urgente a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre, ante a lo que describió como el “riesgo de impunidad para violaciones de derechos humanos”. El organismo dependiente de la OEA condenó la participación de las fuerzas armadas en la represión a la protesta social, y calificó de “inadmisible” el decreto de Áñez que busca eximir de responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas contra los pobladores. La CIDH condenó “cualquier acto administrativo de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares”.

Aunque el gabinete de Áñez, que ya tomó el control de todos los medios públicos, insiste en la pacificación del país, las declaraciones de ministros y funcionarios dicen todo lo contrario. El ministro de Defensa, Fernando López, tildó de “hordas” a las miles de personas que protestan contra el gobierno golpista. Para el funcionario, las personas movilizadas “están pagas, alcoholizadas y reflejan lo peor de la sociedad”. A su vez, López negó que las fuerzas de seguridad dispararan contra la población que bloqueaba una planta de hidrocarburos en Senkata, ciudad de El Alto, donde al menos tres manifestantes murieron con heridas de bala. Sin medias tintas, el ministro calificó las protestas como “terrorismo de Estado”.

A diez días del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Morales, lo único real en Bolivia en la represión desatada por quienes ahora ocupan el Palacio Quemado. Las cientos de fotos y videos viralizados por las redes sociales, demuestran que Áñez y su gabinete respaldan el accionar de las fuerzas armadas y la policía contra quienes denuncian la violación acelerada de los derechos civiles. En estos diez días también se puede comprobar que, por más negociaciones que desemboquen en nuevas elecciones, la mayoría del pueblo boliviano –con sus sindicatos, movimientos sociales y organizaciones originarias- está dispuesto a resistir y defender la dignidad que construyen desde hace décadas.

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 Por Claudia Korol

Estamos recibiendo audios a toda hora, desde distintos puntos de Bolivia: Cochabamba, El Alto, Senkata, La Paz… Traen gritos desesperados de mujeres, de comunidades que resisten con dignidad, bajo las balas asesinas de militares, policías, y de grupos fascistas armados por las oligarquías con el apoyo de los Trump, los Macris y Bolsonaros. Traen también voces que denuncian, voces que analizan, voces que organizan, voces que están en la resistencia. Se escuchan llantos que se rehacen en consignas. ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos!

El golpe de estado racista, fascista, patriarcal, colonial, capitalista, busca terminar con todas esas voces, acallarlas, borrarlas, hacerlas no audibles. El cerco comunicacional pretende aplastar y aislar la palabra del pueblo. La restauración conservadora, capitalista, va por el litio, va por la selva, va por los malos ejemplos.

Las voces siguen llegando. Se generan nuevos espacios de comunicación. Funcionan a mil las redes sociales y familiares, las radios comunitarias, los videos caseros hechos desde los celulares. Es desesperante escuchar las balas. Ver su recorrido atravesando la piel, invadiendo los cuerpos que se levantan de todas las humillaciones. Genera rabia, impotencia, indignación, bronca.

No se entiende entonces, que en medio de ese mar de voces rebeldes que le sacan la máscara al racismo asesino, que no se rinden, que no se entregan, que no se venden, empiece a sonar un murmullo ensordecedor, hecho de palabras escritas desde algunos espacios feministas, ambientalistas, unas que aseveran que no es un golpe, otras que dicen que tal vez si lo es, pero que en ese caso se trata de una acción de la derecha que pretende capitalizar un levantamiento popular, aprovechando el desastre provocado por Evo y su gobierno. Se dirigen y enfatizan las críticas, más que a los usurpadores violentos del gobierno, hacia el presidente derrocado. Se iguala a Evo con Camacho y Mesa, y se banaliza el golpe como si se tratara de una riña de gallos.

De golpe, sí, de golpe, toda la atención se distrae de los grupos fascistas que acicatearon las movilizaciones convocadas “en defensa de la democracia”, donde participaron entusiastas varias figuras que hoy escriben estas sinrazones. (Participaron de las marchas contra la reelección de Evo –en defensa de la democracia, dijeron-, pero no están ahora en las barricadas contra el fascismo). La atención se distrae de las acciones realizadas por el gobierno de EEUU, por la OEA, por el fascismo de los grupos parapoliciales de la juventud cruceñista, por la acción desestabilizadora promovida por la oligarquía boliviana comandada por Mesa y Camacho. La atención se distrae de las balas que matan al pueblo. La atención se distrae de las mujeres de polleras apaleadas, humilladas. La atención se distrae de la impunidad a los militares garantizada por la impostora que actúa como presidenta. El problema, dicen, es Evo, y el pueblo que cree en el caudillo.

No es el sentido de estas notas de urgencia discutir el machismo de Evo y de tantos líderes políticos de Nuestra América. Pero sí necesitamos decir que el feminismo popular, sabe distinguir entre las dificultades históricas de la cultura patriarcal de nuestros pueblos, y las políticas imperialistas y oligárquicas que nos golpean. Sabemos distinguir entre Salvador Allende y Pinochet, entre Hugo Chávez y Guaidós, entre Mel Zelaya y Micheletti, entre Lula y Bolsonaro. No hacerlo es ser indiferentes a los sentires y a las luchas de las mujeres y de los pueblos. Desde los feminismos populares, no legitimamos los gestos machistas que siembran la historia de las revoluciones ganadas y perdidas, pero esos gestos los discutimos en el medio de los procesos de cambio, y no con quienes nos están matando.

Mientras escuchamos la desesperación de quienes ponen el cuerpo en las calles, en las laptop se escriben sentencias políticas para el gobierno que –a pesar de todos los errores y debilidades que se puedan analizar- ha generado una experiencia plurinacional, de reconocimiento de los pueblos originarios y de su dignidad. Frente al golpe de estado, con participación militar y policial en su definición, responsabilizar al gobierno de Evo Morales del crimen, y dejar planteado incluso un enfoque que cuestione el carácter fascista, racista, patriarcal y colonial de quienes se hicieron del gobierno y del poder, es muy funcional a los intereses golpistas.

Cuando las mujeres de pollera dejen de sentirse y de estar amenazadas por las calles, cuando los y las jóvenes dejen de ser criminalizados y asesinadas, cuando los movimientos populares dejen de ser perseguidos, cuando se juzgue a los responsables de estas masacres y el pueblo recree desde abajo y colectivamente el poder popular, podremos analizar los límites de las experiencias que los pueblos vienen protagonizando en el Abya Yala.

Hoy nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, nuestras fuerzas, están puestos en romper el bloqueo informativo, en tender puentes con la Resistencia indígena, campesina, feminista y popular, en acuerpar a cada compañera y a cada compañero herido/a, preso/a, amenazado/a, perseguido/a, lastimado/a. A quienes una y otra vez recibieron gases y balas, golpes y humillaciones.

Estamos con los perseguidos y perseguidas. Con las humilladas. Con la dignidad rebelde que sigue ocupando calles y cortando rutas. Y de ahí, no nos movemos. El fascismo no pasará.

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Por Redacción Contrahegemonía y Marcha / Fotos: Nadia Petrizzo

La marcha conmovió la Av. de Mayo. La comunidad boliviana- argentina, acompañada de movimientos sociales y sindicatos, se encontraron para repudiar el Golpe de Estado en Bolivia. La columna, que fue inmensa, recorrió las calles hacia la Plaza de Mayo donde se encontraron con las centrales sindicales, la CTA y la CGT, para participar de un festival artístico y solidario. Todxs con la misma consigna: ¡No al Golpe de Estado en Bolivia!

Hace una semana, Jeanine Añez, senadora de la Asamblea Legislativa se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional al ponerse la banda tricolor -que recibió de un alto mando militar- en una sesión que no contó con la presencia de las y los integrantes del MAS -y por lo tanto del quórum necesario-. Atrás habían quedado las elecciones, la presión de la OEA y el Golpe de Estado -exigido por las Fuerzas Armadas e implementado por la policía-.

A este asalto le siguió el show mediático que indignó pero que sirvió para ganar tiempo y ocultar los verdaderos objetivos: levantando una supuesta biblia, Añez afirmó, junto al fascista y fundamentalista líder de la oposición cívica de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que estaba devolviendo a Dios al Palacio. Lo que vendría sería lo peor: el pueblo digno salió a las calles y fue asesinado, reprimido, torturado y vulnerado en sus derechos.

Hoy, por las calles de Buenos Aires se contagió resistencia ancestral. “Añez, golpista, queremos tu renuncia”, “Evo no está solo, carajo” y “El pueblo unido, jamás será vencido” fueron algunos de los hits del ritual de ocupación al ritmo de vientos y tambores.

Las mujeres dep marcharon, las mujeres aguerridas cantaron y las que aprendieron de las Madres y Abuelas acompañaron el repudio a la interrupción del orden democrático de un proceso de cambio que igualaba político- socialmente en la región más desigual del mundo.

Contra el Golpe al Estado pero por un pueblo libre Mientras en el Estado Plurinacional, comunidades indígenas, obreros, mineros y campesinos/ as marcharon hacia La Paz, para exigir la renuncia de la presidenta
autoproclamada, la senadora antiderechos Jeanine Añez; en Buenos Aires, la marcha de la comunidad boliviana en Argentina era enorme. Las voces se multiplicaron como las wiphalas y fue el momento de enunciar la grave situación que se vive hace ya una semana.

Jimena Vallejos nació en Cochabamba y llegó a la movilización preocupada por la situación de su familia en Bolivia. “La están pasando mal. Yo estoy en contra de todo lo que está pasando allá, esto pasó muy de repente y estoy muy apenada. Pero al menos que esto sirva para decirle a mis hermanos bolivianos que ´se va a poder, vamos a salir de esta´”.

Para Verónica Huilipan Newen, del territorio histórico mapuche es importante apoyar el proceso de cambio y exigir la vuelta al régimen democrático en Bolivia. “Apoyamos todo lo que Evo ha hecho, sobre todo la legitimidad que tuvo al ganar las elecciones. Este es un punto de inflexión en Latinoamérica y lo sentimos todos los pueblos originarios que resistimos en nuestros territorios contra el extractivismo, el racismo y la xenofobia”.

“Me alegra estar en esta Plaza con tantos argentinos que se solidarizan con la democracia boliviana”. Ariel Basteiro, es ex embajador en Bolivia y contó que estaba “movilizado para repudiar el Golpe de Estado que termina con un gobierno que fue ejemplo para el mundo en cuanto a haber dado respuestas a las necesidades de la gente y pararse con una actitud soberana ante los poderes internacionales, ante los EE.UU. y ante las grandes empresas multinacionales. Evo Morales supo defender los bienes, los recursos naturales que tiene  Bolivia y por eso, entre muchas cosas, le están haciendo un Golpe de Estado”.

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