Por Nicol León | Foto: Lizbeth Hernández

9 y 53 de la noche. 12 de diciembre de 2022. Nueve personas corren en dirección hacia el cordón policial que impide el paso a la plaza San Martín, ubicada en el centro de Lima. Detrás de ellos, camina un joven de polo blanco. Lleva una mochila y usa máscara de gas y casco. Alza el puño y segundos después un destello de luz atraviesa la multitud para chocar contra su cabeza. Cae al suelo. Cinco personas se acercan a socorrerlo. Todo queda registrado en un video.

“Recuerdo que estaba en una ambulancia y que estaba todo lleno de sangre. Pero no podía ver bien porque estaba con el ojo super inflamado. (…) El médico que me auxilió con el SAMU (ambulancia) me comenta que la Policía le lanza un gas lacrimógeno dentro de la ambulancia solo por haberme auxiliado”, cuenta Renato Murillo, el primer joven herido de gravedad durante las protestas contra Dina Boluarte.

La madrugada del día siguiente, Renato -también bombero y estudiante de Derecho- ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza, uno de los centros de salud más grandes de Lima. Le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y su pronóstico fue reservado durante las semanas siguientes.

Meses después, en abril de 2023, a la evidencia audiovisual del ataque que sufrió a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se sumó su testimonio y su historia clínica.

Sin embargo, al cierre de julio, su caso junto con el de otras 49 personas muertas y 1335 heridas registrados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, aún se encuentran en una etapa preliminar. Es decir, no hay avances significativos ni una identificación de los responsables. Tampoco una acusación fiscal.

Esto se debería al desorden en el que se vio inmerso el proceso de investigación fiscal, cuando se reportaron las primeras personas heridas y muertas; y a la cuestionable reacción que tuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que desde el Ministerio Público se reconozca a los altos mandos policiales que estuvieron a cargo de los policías que reprimieron a los manifestantes.

DENUNCIAS ARCHIVADAS 

Rosa Reyes, mamá de Renato, llegó al hospital la misma noche en que su hijo sufrió un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. El comunicado del hospital Loayza, con datos erróneos sobre los heridos reportados, le generó un mal presentimiento, por lo que fue a preguntar por el estudiante al centro de salud.

Le dijeron que esperara a que el médico saliera del área de traumashock para conocer el diagnóstico.

“Me habló de que tenía fracturas, que era grave porque era en la cabeza, que aparentemente lo tenían que derivar a UCI, que su pronóstico era reservado y que no se atrevía a decirme nada más por la gravedad de la situación. Me preparó, en otras palabras”, cuenta la mamá de Renato.

Al día siguiente, un representante de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos se acercó al hospital y le comunicó que supo del disparo que recibió su hijo por los medios de comunicación.

Rosa Reyes le brindó su testimonio. Pero cinco días después llegó a su casa un requerimiento de una Fiscalía común, que le pedía a su hijo acercarse para que declare lo que había ocurrido.

“Ahí es donde me llama el fiscal de esta Fiscalía penal pidiéndome la ropa de Renato, la evidencia. (…) Les señalo que me sorprende que como Fiscalía penal se hayan tardado en aparecer. (…) Yo no podía ir, por eso es que sí agradecí que al menos la otra Fiscalía (de Derechos Humanos) se haya tomado la molestia de ser empática e ir donde yo estaba cuidando a mi hijo”, narra.

Así es como dos Fiscalías se enfocaron en investigar las circunstancias en que Renato Murillo fue herido con una bomba lacrimógena en el cerebro. Esto tuvo repercusiones negativas en el proceso para alcanzar justicia.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, explicó que este es un patrón que se ha repetido en los casos de muertes y heridos durante protestas sociales que han representado legalmente desde 2003.

Todas las denuncias que acompañaron fueron archivadas cuando quedaban en manos de Fiscalías comunes porque estas pretendían identificar a los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes heridos o fallecidos.

“Eso generalmente es imposible porque la propia Policía y el Ejército hacen que sea imposible. Por ejemplo, incluso en el caso de Renato, se observa que hay un disparo, pero esa imagen no basta para identificar al policía porque ellos no llevan signos distintivos que sean legibles a distancia”, agregó.

Al no identificar al policía que disparó contra el estudiante, en marzo de 2023 la Fiscalía común que tomó el caso de Renato Murillo decidió enviar al archivo la denuncia.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como representante legal del estudiante, pidió que todo lo recabado en la indagación fiscal sea remitido a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos.

A diferencia de las otras fiscalías, esta se encarga de identificar a los altos mandos policiales responsables de los efectivos policiales que dispararon contra los manifestantes durante las protestas sociales. El Poder Judicial aceptó el pedido.

¿ESTRATEGIA FISCAL?

Fue así como el caso de Renato Murillo se sumó al de otros cientos de heridos y decenas de muertos, que tomó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), creado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en abril de 2023.

Este grupo de trabajo se implementó meses después de que la misma Benavides decidiera reducir las 12 sedes de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos a una Fiscalía Superior en todo el país y seis Fiscalías supraprovinciales.

El personal y el presupuesto se redujo y eso se vio reflejado también en EFICAVIP, a pesar de que se anunció como una evidencia del compromiso que Benavides afirmó tener para investigar las circunstancias en que manifestantes murieron y quedaron heridos.

En las resoluciones que oficializaron la cantidad de fiscales destinados para este trabajo se lee que se destinaron solo 12 y les dieron un plazo de tres meses para mostrar resultados de las investigaciones. Cuando se venció el tiempo, en junio de 2023, sumaron más fiscales, pero nuevamente solo los contrataron por la misma cantidad de tiempo.

“Todavía no hay suficientes pruebas como para construir una o dirigir la investigación contra personas específicas”, explicó Mar Pérez, en referencia a los altos mandos policiales responsables de los efectivos que se encontraban en las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Al igual que Renato Murillo, otros ciudadanos recibieron un impacto de bomba lacrimógena en el cerebro. Algunos sobrevivieron y otros fallecieron, como el ciudadano Víctor Santisteban, cuyo caso es el más investigado en EFICAVIP, según Mar Pérez. Fue la primera persona reportada como fallecida en Lima durante las protestas que exigen la salida de Dina Boluarte.

“Es particular porque ese mismo día hubo varias personas heridas de gravedad. Pero este caso lo han separado del resto. Yo creo que es porque quieren ofrecer resultados a la ciudadanía”, comentó Pérez

A la par, la Fiscalía de la Nación aún continúa recabando pruebas en la investigación que siguen a Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas, y al ministro de Defensa, Jorge Chávez, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La última diligencia que esta entidad realizó fue solicitar información clasificada para conocer cómo actuó la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas durante las protestas.

Durante su discurso por el Día de la Independencia del Perú, el pasado 28 de julio, Boluarte aseguró que cooperará con el Ministerio Público y que los casos de muertos y heridos no quedarán impunes.

En tanto, familiares de los heridos, como Rosa Reyes, esperan que la justicia llegue pronto.

“(El caso de Renato) hay que tomarlo como una experiencia milagrosa porque sobrevivió, pero definitivamente hay culpables y tiene que haber justicia porque hubo una violación de derechos humanos”, señaló.

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Las denuncias de violaciones de derechos humanos durante estas protestas fueron registradas por 22 mujeres de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia, parte de la Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, quienes recorrieron distintos territorios de Perú, en marzo de 2023.

Por Gabriela Peralta @gaperalta07 | Fotos: Lizbeth Hernández @abismada_ *

La Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala, en consonancia con sus ideales, pensares y corazonares, llegó a Perú, en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para acuerpar a las mujeres y comunidades que enfrentan la “brutal represión desatada desde el golpe de Estado, por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales”. La Delegación es una agrupación de mujeres feministas de Argentina, Suiza, Ecuador, Colombia y Bolivia que acompañan las luchas y resistencia de pueblos originarios, maestrxs, comunerxs, niñeces, feministas, activistas, comunidad trans, lesbianas, etc., del Abya Yala.

La Delegación, en su recorrido por Lima, Ayacucho, Cusco y Apurímac, dialogó con activistas, comunicadoras, colectivas trans y de las disidencias sexuales, feministas, mujeres que sostienen las ollas populares en las periferias de Lima y familiares de heridos, de presos y de desaparecidos. A cuatro meses de su visita, presentó un informe que revela graves vulneraciones de derechos humanos durante las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022, luego de la salida del expresidente Pedro Castillo que, para la Delegación, fue un golpe de Estado.

Mujeres de la Delegación Feminista con activistas y colectivas en Lima, Perú, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

En el escenario de las protestas, desde el 15 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales, que iban “desde el uso excesivo de la fuerza y ​​privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”. La Delegación Feminista surgió alrededor de 95 personas asesinadas:

En Cusco, el dirigente Remo Candia y Rosalino Flores fueron asesinados. Rosalino Flores, durante la represión, recibió al menos 36 perdigones el 11 de enero de 2023, por parte de la Policía Nacional y murió el 22 de marzo. Rosalino ayudó a las y los manifestantes. A pesar de la gravedad de las lesiones que lo llevaron a la muerte, el caso se encuentra en investigación por “lesiones leves”. En Apurímac se produjo la muerte de siete personas, dos menores de edad. En Ayacucho se registraron diez fallecidos. En Andahuaylas fueron asesinadas tres personas de entre 18 y 21 años. En Arequipase produjo la muerte de tres personas por heridas de bala. En Lima, una persona murió por impacto de gas lacrimógeno en la cabeza y en Juliaca, Puno se registraron 18 personas asesinadas y 204 heridas, solo el 09 de enero de 2023.

A estas muertes se suman cuerpos heridos de luchadores y luchadoras que, según la Delegación, “dan cuenta de la intención genocida” y constatan la utilización de armas de fuego, prohibidas en su uso contra manifestantes. Las heridas fueron en zonas corporales vitales: espalda, tórax, abdomen y cabeza, pero también en brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

Familiar de un herido muestra registro fotográfico en reunión con la Delegación, marzo de 2023, Ayacucho, Perú. Fotografía: Lizbeth Hernández.

Ayacucho

La Delegación Feminista, el 10 de marzo de 2023, realizó un recorrido por Ayacucho, pueblo donde más del 80% de la población es quechua hablante. En la sede de la Asociación Kallpa recibió denuncias de familiares de heridos y asesinados por militares; familiares de dirigentes populares, universitarios y profesores perseguidos y detenidos.

Familiares de heridos, desaparecidos y detenidos en Asociación Kallpa, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

El pueblo ayacuchano se levantó en contra del régimen de Dina Boluarte, para exigir la libertad y restitución de poder a Pedro Castillo, el cierre del Congreso y una nueva Constitución, desde el 15 de diciembre de 2022. En Ayacucho, según información recogida por la Delegación, solo el 15 de diciembre se registraron 10 fallecidos y más de 60 heridos. Los fallecidos eran estudiantes, obreros y trabajadores. Varios de ellos no fueron a protestar, pero lograron disparos propinados por militares. Ese fue el caso de Jhon Jenry Mendoza, un joven agricultor de 34 años asesinado en el contexto de las protestas.

Yovana Mendoza Huarancca es la hermana mayor de Jhon. De pie y enfurecida, con una pancarta entre sus manos, donde se divisa el rostro de su hermano y madre, dijo que en Ayacucho vivieron “una masacre” y pidió justicia, “que caigan todos, desde el que le disparó a mi hermano hasta quien dio la orden. Nuestros seres queridos ya no van a regresar”.

Acto simbólico: Ataúdes de cartón y funda plástica con los nombres de los asesinados durante las protestas en Ayacucho, marzo de 2023. Fotografía: Gabriela Peralta.

Yovana, cuatro meses después de dialogar con la Delegación, durante la presentación virtual del informe de la Delegación , contó que tiene videos que muestran el asesinato de su hermano: “cuando mi hermano ya está disparado hay una señora que le está protegiendo; van los militares, hacen una fila (trinchera de militares) para que nadie le ayude, para que mi hermano muera ahí desangrado. Se ve que un militar le dispara nuevamente y le patea a la señora. Se agacha el militar, recoge el casquillo, lo pone en su bolsillo y se retira. Han esperado que mi hermano se muera”, Ellos aseguraron.

“Ellos son los terroristas, que nos están aterrorizando, pero el pueblo no le va a tener miedo. Ya nuestros familiares fallecieron, ¿a qué le vamos a tener miedo?, ¿acaso la vida para nosotros es igual? En mi caso murió mi hermano, lo mataron, lo masacraron, pero también le quitaron la vida a mi madre”. Apolonia Huarancca, su madre, todos los días salía a la puerta a esperar a su hermano Jhon. Apolonia murió a los dos meses; según Yovana, murió de tanta pena, de tanto esperar a su hijo y al darse cuenta de que ya no regresaría.

Al relato de Yovana se une el de Vitka Padilla Guamán, una mujer indígena quechua y activista por los derechos humanos, quien, a simple vista, parece no querer hablar, pero tiene muchas palabras guardadas. Ella relató que siete dirigentes del Frente para la Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) fueron apresados ​​y acusados ​​de terrorismo el 12 de enero de 2023.

A decir de Vitka, el alzar su voz y el salir a las calles a protestar ha hecho que la prensa nacional los denomine “vándalos” y “terroristas”.

“Nos han acusado de matarnos entre nosotros mismos, aun cuando las movilizaciones han sido pacíficas y nuestra única arma ha sido nuestra voz. Nos vulneran por nuestro color de piel, por nuestro idioma, por ser del sur o de provincia”, dice Vitka mientras se acomoda su sombrero tradicional ayacuchano.

Ella terminó nuestra conversación con una frase potente: “resistimos para poder existir”.

¿Cómo opera la criminalización de la protesta en Perú?

Yesenia Alanya, hermana de Estéfany Alanya, una de las dirigentas detenidas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), en el encuentro con la Delegación y en la presentación del informe, relató que, desde el primer día de la detención de los siete dirigentes, denuncian el abuso y violación de sus derechos constitucionales como la libertad de expresión y la organización social. Yesenia asegura que los siete dirigentes fueron secuestrados por más de seis horas y llevados a Lima a las instalaciones de la Dirección Contra el Terrorismo, Dircote, lugar donde “se les aplicó tortura psicológica desde el primer momento”.

Fotografías de lxs dirigentes detenidxs de FREDEPA, marzo de 2023. Fotografía: Gabriela Peralta.

De los siete dirigentes ayacuchanos detenidos, tres han sido liberados y cuatro continuaron detenidos por 18 meses. Entre ellas la hermana de Yesenia, psicóloga y vicepresidenta de FREDEPA, quien se encuentra recluida junto a la activista Rocío Leandro, presidenta del mismo Frente, en el Penal Anexo de Chorrillos, en Lima. “Sabemos que los penales en Lima están hacinados; sin embargo, siguen llegando más presos, sus necesidades básicas no son atendidas. Mi hermana se encuentra hace más de 15 días con hemorragias del vientre, producto de la violencia que recibió durante su detención, y no ha sido atendida. Con excusas están atendiendo hoy su salud y su vida. Ella necesita una evaluación urgente”.

A decir de Yesenia, el Gobierno de Dina Boluarte utiliza la prisión preventiva para torturar a los líderes por haber obtenido en eventos artísticos, culturales, coloquios y conversatorios en el escenario de las protestas sociales.

Batallar contra el hambre (Lima)

La Delegación visitó el asentamiento de la Olla Común Misky Mikuy . Allí, 16 mujeres madres batallan contra el hambre. La Olla Común Misky Mikuy se ubica en el Distrito de Villa María del Triunfo, uno de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima. Misky Mikuy es una palabra quechua que significa comida rica o almuerzo rico y que hace alusión al sabor exquisito de los alimentos que preparan las mujeres en la olla que, en su mayoría, son hablantes de quechua.

La Olla Misky Mikuy fue fundada en 2020, durante la pandemia de la Covid-19, en el sector de Valle Alto. Allí las mujeres preparan 65 platos de comida, entre desayunos y almuerzos, de acuerdo a los alimentos y recursos que tendrán. Villa María tiene 307 ollas comunitarias y es el segundo lugar con más ollas; le antecede el Distrito San Juan de Lurigancho. A nivel de Lima Metropolitana hay más de 2.500 ollas comunes que alimentan a las familias empobrecidas, migrantes, y que, por lo general, son quienes ocupan las calles para reclamar por una mejor calidad de vida.

Doris Loaiza, voluntaria y coordinadora en la olla común, conoce de cerca los asentamientos de ollas comunitarias:

– Lima es de la gente de provincia, Lima no es el Perú. Por eso en los asentamientos muchas mujeres que son de las ollas participaron en las protestas entregando alimentos. Muchas mamitas apoyan a su comunidad. Otros han tenido temor porque si sale el nombre de su olla, el gobierno podría recortar el presupuesto que da a las ollas. seguramente nos etiquetarán si décimos algo o estamos en contra del gobierno. Yo, como lideresa, a veces me he visto en la situación de no pronunciarme por no perjudicar a la olla, cuenta Doris mientras prepara tallarín con atún junto a Margarita, voluntaria de la olla y originaria de Huánuco.

Hallazgos y presentación del informe de la Delegación Feminista

Integrantes de la Delegación Feminista del Abya Yala en la presentación preliminar del informe de vulneración de derechos humanos, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

La Delegación, en su informe, afirma que las denuncias recogidas son prueba de delitos de lesa humanidad, masacres, violencia sexual, criminalización de la protesta, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, represión racista y misógina. A través de las denuncias recogidas identifican como autores de las masacres y violaciones de derechos a Dina Boluarte, al Congreso de Perú, a la Fiscalía de la Nación ya la Fuerza Pública que ha ejecutado y ha encubierto los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo desarmado .

La Delegación también identifica la presencia del fujimorismo en los modos de persecución a las comunidades y en algunos modos de intervención política, ideológica y cultural. “El golpe de Estado buscó evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”, puntualiza en su informe.

“Lo que está sucediendo en Perú no es algo aislado, es parte de una política que se viene replicando en otros países”, dijo Claudia Korol, periodista argentina, educadora popular, feminista e integrante de la Delegación, durante la presentación del informe , el 08 de julio de 2023 . Claudia hace memoria del primer golpe de Estado en Honduras (2009) y del golpe en Bolivia (2019), donde hubo militarización de los territorios y persecución a las comunidades y pueblos que fueron en la primera línea de la defensa del buen vivir, del agua , de las tierras, de las fuentes de vida de las comunidades. Para Claudia, bajo la idea de “terroristas” y utilizando el término del “terruqueo” han estigmatizado a las y los luchadores que defienden los derechos de la naturaleza y de los pueblos.

Para Claudia y la Delegación, el golpe de Estado en Perú tuvo un carácter racista, patriarcal, colonial, en defensa de las perspectivas de un capitalismo colonial en Abya Yala. Sobre todo, lo que más resalta la educadora popular es la carga racista que hubo en las argumentaciones políticas y comunicacionales “para tratar de presentar como responsables a las personas que defienden, en primera línea, las políticas del cuidado de la vida”.

Adriana Guzmán, feminista comunitaria que también integra la Delegación y que viajó a Perú, cree que seguir construyendo justicia desde los pueblos, desde los feminismos es necesario para escuchar y acompañar a quienes han luchado “en contra de la represión genocida del golpe, llevado adelante por Dina Boluarte; en contra de la violencia racista que se construye sobre parámetros colonialistas que alimentan discursos de odio contra los pueblos indígenas”.

De los discursos de odio contra los pueblos da cuenta Lisbeth Quispe, coordinadora de la brigada de primeros auxilios de Cusco, quien, en la presentación del informe, ratificó que cuando inició las protestas en Perú, el 7 de diciembre de 2022, la represión por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas se disparó bajo la idea de racismo: “cholos, campesinos, regresen a su tierra, vayan a su chacra”, era lo que escuchaban. Lo mismo escuchaban de los citadinos de Lima, pero, sobre todo, del mismo gobierno de Boluarte que, en notas y conferencia de prensa a los medios de la capital, emitieron comentarios racistas. “Quizá hasta eso se pudo soportar, pero lo que ya no fue tolerante fueron los asesinatos de los casi 50 hermanos con balas directo al cuerpo, 20 muertos indirectamente y cientos de heridos”, dijo Lisbeth.

Las masacres en Ayacucho, Puno, Huancavelica, Apurímac y Cusco suman más de 90 luchadores y luchadoras asesinadas, cientos de personas heridas, prisión de líderes de organizaciones populares. Las masacres, a decir de la Delegación, son parte de “un plan de exterminio sistemático dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios” del extractivismo, mineras y otras industrias.

Además, según la Delegación, las mujeres peruanas son quienes, en especial, sufren las consecuencias del golpe porque sobreviven a la represión de ellas y sus familias, viven la sobrecarga del sostenimiento de la vida, ya sea en las casas o en asentamientos de ollas comunitarias; el cuidado de la vida de sus hijes; búsqueda de justicia por sus familiares heridos o asesinados y violencia sexual durante las movilizaciones y detenciones arbitrarias. Por ello, la Delegación plantea en firme “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”.

Asimismo, en el informe se puntualiza que, a partir del golpe, la violencia hacia travestis, trans, maricas, lesbianas, no binaries y otras disidencias sexuales se ha recrudecido: “los travesticidios aumentanon exponencialmente, contabilizando ocho muertes” desde enero hasta marzo de 2023.

La intención de la Delegación Feminista Plurinacional, al recorrer los distintos departamentos de Perú, fue recuperar denuncias para romper el cerco mediático, “para interpelar a la justicia patriarcal y colonial, pero también para ir construyendo la justicia feminista y llevarla a tribunales éticos feministas” . La Delegación hace un llamado a las redes de medios comunitarios y alternativos, así como a las y los comunicadores con sensibilidad popular y feminista para replicar las denuncias identificadas. También interpela a los gobiernos del mundo que no han condenado con energía a las violaciones de derechos humanos registrados en Perú.

La tercera toma de Lima

Mujer aymara en la protesta del 11 de marzo de 2023, en Lima, Perú. Fotografía: Lizbeth Hernández.

El gobierno de Dina Boluarte inició el 7 de diciembre de 2022, luego de un golpe de Estado a Pedro Castillo. El 75% de los peruanos desaprueba el gobierno de Boluarte, tanto en la capital como en las otras provincias y solo un 13,8% aprueba su gestión, según lo indica la plataforma de estadística Statista Research Department , con corte del 10 de junio de 2023. Pese a eso, la mandataria ha decidido no adelantar las elecciones, sino hasta el 2026, año en el que debía concluir el gobierno de Pedro Castillo.

Las comunidades originarias del Perú fueron nuevamente en la primera línea de la lucha por la vida, cuando se realizaron lo que denominaron “la tercera toma de Lima”, el 19 de julio de 2023. La Policía de Perú, en vista de la Gran Marcha , intervino buses que se dirigían a Lima, solicitaron el documento de identidad, DNI, y cuestionaron a todos los pasajeros. Algunos no se dirigieron a Lima para “la tercera toma de Lima”, pero fueron hostigados con preguntas. Pese a eso, el pueblo aymara, por ejemplo, sobre todas las mujeres dijeron no temer a la intimidación por parte de la Fuerza Pública. Ellas, antes de tomar el bus rumbo a la Gran Marcha Nacional, calentaron motores entonando una canción ideada por ellas mismas:

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Dina y Congreso se preguntaban quiénes son,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar,

                    Somos aymaras rumbo a Lima a luchar.

Mujer aymara en la primera línea de las protestas, durante la segunda toma de Lima, marzo de 2023. Fotografía: Lizbeth Hernández.

En 53 provincias del país, las y los peruanos se manifestaron y exigieron el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. A nivel nacional se registraron seis personas detenidas y ocho heridas, según declaraciones del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, en el programa televisivo 24 Horas.

Las voces que sobresalen en este texto piden a la comunidad internacional estar al pendiente de lo que sucede en Perú. El pueblo peruano coincide en cuatro peticiones: la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del actual Congreso, una Asamblea Constituyente y la libertad de todos los presos políticos o presos dirigentes. Mientras, la Delegación Feminista le apuesta a seguir tejiendo solidaridad internacional y redes que acompañan a quienes resisten y siguen de pie en búsqueda de una mejor calidad de vida, a lo largo y ancho del Abya Yala porque, en palabras de la feminista comunitaria Adriana Guzmán , “solo los pueblos hacen las transformaciones, solo los pueblos sacan a las dictaduras, sacan al fascismo, enfrentan a la oligarquía, defienden el territorio”.

*Publicada originalmente en Wambra.Ec

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Por Camila Parodi *

Se cumplieron cuatro meses del golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú y la violación a los Derechos Humanos parece ser la única política visible del régimen de Dina Boluarte. Incluso, su política de muerte la ubica dentro de uno de los rankings más vergonzosos de la región ya que, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), es la segunda gestión con mayor número de víctimas desde el 2000 hasta la actualidad. Un régimen con claras connotaciones racistas y patriarcales que ataca directamente contra las poblaciones campesinas e indígenas y que evidencia, también, un fuerte componente de violencia adultista. 

Hoy, en Perú, los derechos de las niñeces y juventudes no sólo no son protegidos sino que son vulnerados. Además de la violación de derechos básicos como a la alimentación, al ambiente sano, la educación y la participación cívica, son siete los niños y adolescentes asesinados en contexto de represión desde diciembre. Entre las primeras víctimas del golpe, se encuentran tres escolares que participaban junto a sus comunidades de las protestas tras la destitución de Castillo. Entre ellos, David Atequipa de 15 años y Beckham Quispe de 17 años en la localidad de Andahuaylas del departamento de Apurímac y Bryan Apaza Humpiri de 15 años en Juliaca, Puno, fallecieron por el impacto de perdigones (balas de plomo) lanzados por efectivos de la Policía Nacional con el apoyo de tropas del Ejército.

David es la primera persona asesinada en contexto de represión, su muerte pone de manifiesto la crueldad del desgobierno de Boluarte. El adolescente estaba cursando el tercer año de secundaria e integraba el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP), él se desempeñaba como lustrador de zapatos y hacía servicio de moto-taxi para ayudar a su familia. El 11 de diciembre mientras trabajaba con la moto vio que una multitud se dirigía al aeropuerto de Andahuaylas y se incorporó a la manifestación. Allí el impacto de un proyectil le destrozó el pecho.

El MNNATSOP tiene una lucha histórica por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores tanto del campo como de la ciudad de Perú y promueven el protagonismo de las infancias.

Las infancias integran las comunidades y habitan los territorios, no son sujetos aislados del entramado social. Por eso, como explicó Loannys Padilla, educadora del MNNATSOP, “los niños y niñas se organizan porque son parte de una comunidad, de un país, de una cosmovisión”. En Perú, a su vez, existe una fuerte identificación con la cosmovisión andina que no distingue edades ni especies: “todos los seres vivos integran a la Madre Tierra y la defienden” agregó Padilla.  Aunque sean invisibilizadas, tanto en las noticias como en las agendas, las infancias participan de los procesos sociales y defienden sus derechos y territorios al igual que las personas adultas. 

El MNNATSOP tiene una lucha histórica por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores tanto del campo como de la ciudad de Perú y promueven el protagonismo de las infancias. Aquí el protagonismo de las infancias no es una mera consigna, las infancias que integran el movimiento participan en las decisiones y son quienes levantan la voz para denunciar la violación de sus derechos. Por ese motivo, esta entrevista fue realizada de manera colectiva con integrantes de la Base de Andahuaylas. Las niñas, niños y adolescentes trabajadores (Nats) se habían reunido previamente en asamblea para pensar las respuestas y practicarlas. Hablamos con cuatro delegadas provinciales con edades que rondan entre los 8 y los 13 años. Las compañeritas de David exigieron justicia y repudiaron el desgobierno de Dina Boluarte que no fue elegido por las mayorías. Las infancias de Perú no son el futuro, son el presente y tienen mucho para decir sobre el proceso actual que vive su país.

¿Qué es el MNNATSOP y cómo se organizan? 

María, 9 años: Es nuestro movimiento nacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores del Perú. Es una organización donde aprendemos y defendemos nuestros derechos. Aquí en la base de Andahuaylas, venimos a hacer nuestras tareas y es un lugar donde nos formamos y aprendemos mucho. Hablamos de los derechos, deberes y responsabilidades que tenemos. Aprendemos, también, a respetar a las personas y a respetarnos a nosotros mismos.

Juana, 8 años: Tenemos una biblioteca, impresoras e internet para poder hacer nuestras tareas y para poder investigar. A veces los viernes vemos películas educativas. Para organizarnos hacemos una asamblea y vamos a la radio a denunciar los problemas que pasamos como niños y adolescentes trabajadores. También denunciamos los problemas que están ocurriendo a causa de los maltratos que ha ocasionado el gobierno.

¿Por qué es importante que existan organizaciones de niños, niñas y jóvenes trabajadores como esta?

Belén, 13 años: Nosotros trabajamos, por ejemplo, yo trabajo vendiendo gelatinas y chocotejas. Ella trabaja ayudando a su mamá en el restaurante. También trabajamos en nuestras casas cuidando de nuestros hermanitos y ayudando con la limpieza. Para nosotros el trabajo es digno ya que con él aprendemos. Nosotros trabajamos sin que nadie nos obligue, en nuestras familias hay necesidad y apoyamos a nuestros padres. Nos gusta trabajar porque les ayudamos y así también aprendemos muchas cosas. Eso no quiere decir que no estudiemos, la mayoría de nosotros trabaja en las tardes junto a nuestros padres y por las mañanas estudiamos.

Para nosotros el trabajo es digno ya que con él aprendemos. Nosotros trabajamos sin que nadie nos obligue, en nuestras familias hay necesidad y apoyamos a nuestros padres. Eso no quiere decir que no estudiemos.

¿Cuál es la situación de las infancias en el marco de las masacres y la represión contra el pueblo de Andahuaylas?

María, 9 años: La situación en la provincia de Andahuaylas es muy compleja porque durante las protestas mis compañeros trabajadores estuvieron expuestos a todo tipo de violencias. Trabajaban en las calles y los expusieron al peligro de la policía. La represión fue muy fuerte, todos vivimos momentos de angustia y de mucha tristeza por parte del accionar de los policías y del gobierno que eran encabezados por la presidenta Dina Boluarte. No es justo, porque están atropellando nuestros derechos. El problema se debe a que en el gobierno de Perú agregó a otro presidente que el pueblo no había elegido y que no quería. Aunque Dina fuera la vicepresidenta no la eligieron a ella y así realizaron protestas para que salga.

Laura, 10 años: Yo quisiera decir que no se respetó el derecho al voto que tenían las personas adultas, hicieron presidenta a una persona que el pueblo no quería. Y entonces la situación empeoró cuando la policía empezó a disparar a las personas de frente y a disparar sin importarle nada, comenzó una masacre. Los demás niños que estaban saliendo del colegio, por ejemplo yendo a trabajar o a sus casas, no tuvieron la protección que ellos necesitan. En ese contexto, hubo niños y adolescentes que fueron disparados por la espalda, sin que nada les importara. Estamos desamparados en las protestas por ejemplo, es como que si no hubiera nadie para cuidarte, ni tu padre ni tu madre, es como si estuvieras sólo tú mismo y te están dando a matar.

¿Quién era David y por qué es importante contar su historia?

Juana, 9 años: David fue nuestro compañero trabajador, que apoyaba a su familia trabajando en la chacra los sábados y domingos, de lunes a viernes estudiaba con las mañanas y por las tardes trabajaba manejando moto-taxi en Andahuaylas. David y su familia son de una comunidad lejana en el distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas. Nuestro compañero David pertenecía a nuestra base desde el año 2019 y nosotros los niños, niñas y adolescentes trabajadores exigimos justicia al Estado peruano porque fue asesinado injustamente por acompañar a sus compañeros trabajadores en la protesta de Huancabamba recibiendo un disparo en la espalda. Él no hacía nada malo, simplemente defendía su derecho a la protesta.

Vemos que el tratamiento de los medios de comunicación así como los discursos de funcionarios apuntan directamente contra la participación de las infancias en las protestas y su derecho a expresarse ¿Por qué creen que pasa esto?

Laura, 10 años: Durante la represión el gobierno y las noticias hablaban que los niños no podían estar en las protestas. Pero los niños y las niñas no desconocemos la situación que vive el país, nuestros padres también lo están pasando mal. Es un reclamo al gobierno ya que no está respetando el voto que ellos han dado, entonces lo que hicieron los medios de información fue decir que los niños estaban yendo a la protesta para acusar a nuestros padres y decir que no saben lo que hacen. Sin embargo los niños y los adolescentes sabemos cuáles son nuestros derechos y los estamos defendiendo. Entonces, cómo se vivieron estas circunstancias extremas contra nuestro pueblo salieron a protestar con sus familias.

Belén, 13 años: Los medios no informaron con la verdad, como el gobierno les está pagando cifras millonarias ellos no dijeron lo que estaba pasando en el pueblo ni en las regiones. Nosotros queremos justicia porque no están cumpliendo y el gobierno no nos está cuidando. El trato de los medios de comunicación no fue adecuado porque en ningún momento dieron apoyo a las comunidades, simplemente apoyaron a los grupos de poder porque ellos recibían dinero para estar en contra de los manifestantes.

Los niños y niñas trabajadores buscamos y luchamos por la justicia social donde todos seamos respetados. Con participación y protagonismo de todas las infancias otro mundo es posible.

¿Y porqué es importante que las infancias defiendan su derecho a la protesta?

Belén, 13 años: Porque somos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, luchamos para hacer conocer nuestros derechos. Tenemos una Convención que nos ampara y, supuestamente, el Estado peruano reconoce el interés superior de los niños y de las niñas que se encuentra en el artículo 32 de la Convención Internacional donde menciona la protección de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros y nosotras levantamos la voz en las protestas para decir basta: No queremos más este tipo de atropellos, porque no queremos una sociedad injusta, los niños y niñas trabajadores buscamos y luchamos por la justicia social donde todos seamos respetados. Para que se reconozcan nuestros derechos y se elimine todo tipo de violencia. Con participación y protagonismo de todas las infancias otro mundo es posible.

Además de las violencias en las calles, la actual situación de Perú desató otro tipo de violencias y violaciones a los derechos de las infancias ¿Cuáles identifican desde el movimiento?

Loanys Padilla, acompañante: Muchas cosas se han modificado en este corto tiempo, como por ejemplo la información y los métodos anticonceptivos. Bueno, el ministro de Educación no quiere difundir información porque dice que es incentivar que las niñas y niños tengan relaciones sexuales desconociendo los números de abuso. Otro tema más es el hambre, el derecho a la alimentación, en este momento hay una crisis de hambre y no están dando respuestas. Además del derecho a un ambiente sano, nos preocupa bastante que no hay condiciones dignas para la vida de las generaciones futuras.

María, 9 años: La violencia es de todos los días, en los mercados donde están las señoras y las niñas vendiendo, sin motivo los policías se enojan y les botan sus cosas y eso las afecta en su trabajo. A veces creo que la policía no realiza bien su trabajo y se creen que son los dueños de todo, pero sin embargo, eso es mentira porque todos somos iguales. También cuando trabajamos no nos sentimos seguros si está la policía y pensamos que están en contra de nosotros. Ellos no nos defienden, no nos ven como personas. También, como infancia y adolescencia trabajadoras queremos que desaparezca la minería que también continúan destruyendo todo. Están contaminando la tierra y el agua, los cerros están desapareciendo. Cuando no tengamos qué tomar, se van a arrepentir de haber destruido las montañas.

* Publicación conjunta entre Marcha y El Salto

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Por Camila Parodi * | Foto: Lizbeth Hernández

El pedido de juicio político a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue presentado meses después del peor momento de la represión de su Gobierno a las protestas masivas que reclamaban su renuncia. Los Bloques de Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Somos Perú y congresistas independientes presentaron el proyecto de ley para que el Congreso declare “la incapacidad moral permanente” de la mandataria tal como lo establece el artículo 113 de su Constitución y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Necesitaban 52 votos, sin embargo, solo consiguieron 37, incluso menos de los esperados. Algunos de los bloques que habían impulsado el pedido dos semanas atrás votaron en contra o se abstuvieron, como consecuencia de lo que algunos creen fueron acuerdos con el Ejecutivo. 

Para la socióloga y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Anahí Durand, “la situación era predecible ya que las bancadas de derecha habían adelantado su voto en contra de la vacancia”, como se conoce al juicio político en ese país andino. En ese contexto, Durand dijo que la votación realizada en el Congreso “reconfirma la existencia de un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para blindarse y continuar en el actual gobierno”.

De esta manera, el mismo Congreso que destituyó al presidente electo democráticamente, Pedro Castillo, resolvió legitimar al Gobierno de Boluarte, uno de los Ejecutivos con más muertes en protestas a manos del Estado desde el año 2000. En tan sólo cuatro meses, al menos 68 personas que reclamaban su renuncia y una nueva Constitución murieron en la represión ordenada por la presidenta, que además dejó más de mil heridos. Hoy, mientras los aliados institucionales de Boluarte siguen firme, su desaprobación y la del Congreso es mayoritaria y ronda entre el 71% y el 90%, según el último estudio publicado por la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública CPI. 

“Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y misiles para nuestro pueblo”, rezaba una de las canciones más entonadas durante las manifestaciones. Desde el mes de diciembre, el pueblo peruano está en las calles en estado de permanente movilización y su grito unificado contra la corrupción y la violencia política no se calla. Tiene algunos puntos en común con lo que ocurrió con los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile en los últimos años. Sin embargo, el caso de Perú es excepcional en la región: en los últimos cuatro años pasaron diez presidentes y ninguno de ellos logró garantizar estabilidad o establecer consensos sociales mínimos con el electorado.

Una destitución racista y patriarcal

Amnistía Internacional Perú está realizando un registro de las denuncias de familiares de víctimas en las diferentes regiones del país y su presidenta, Ana María González, explicó a El Destape que están preocupados porque existen “ataques generalizados y masacres contra la población indefensa”. Además, denunció que la mayoría de los disparos realizados por la Policía Nacional fueron con perdigones. “Es simple, si se dispara a corta distancia con perdigones puede ser mortal. Hemos visto casos, por ejemplo en Juliaca, Ayacucho y Apurímac en los que efectivamente por el uso de perdigón la represión ha sido más mortal”, destacó.

La violencia contra las poblaciones indígenas y campesinas de las regiones andinas es explícita y se relaciona, de manera directa, contra quienes eligieron de manera mayoritaria al presidente Pedro Castillo. Mientras que en Lima se han visto represiones brutales, en los departamentos del Sur se han cometido verdaderas masacres: “Hemos visto claramente que ha habido un sesgo racista hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas” opinó González. Para la presidenta de Amnistía la intención política es muy clara ya que “el 80% de las personas fallecidas son campesinos o pertenecientes a pueblos indígenas”. Para ella, si bien el racismo en Perú es histórico, “se ha hecho más latente y se ha exacerbado desde las protestas” e, incluso, desde las últimas elecciones que ganó Castillo.

Amnistía también documentó cómo la Policía Nacional reprimió a los estudiantes y docentes que se habían alojado en la Universidad de San Marcos durante las protestas. Registraron cómo abusaron sexualmente de las mujeres, que fueron insultadas, manoseadas y obligadas a desnudarse. Y no fue una excepción. En las diferentes manifestaciones que se realizan desde diciembre, la violencia sexual y el maltrato a las mujeres como hacia las disidencias ha sido otra de las características de la crisis desatada tras la destitución de Castillo. 

“Para este gobierno todos somos terroristas”

Yesenia Chumbes es la hermana de Estefany Chumbes, una de los seis dirigentes sociales de Ayacucho detenidos el pasado 12 de enero de manera arbitraria y violenta. Estefany tiene 31 años, es psicóloga social y, junto a los demás dirigentes, integra el Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho, una organización social que nació en 1966, nuclea diversas organizaciones barriales, campesinas y sindicales del distrito; y es una de las tantas expresiones sociales o de izquierda que el establishment político califica de terrorista desde el Gobierno fujimorista.

“Ese día estaban participando de una actividad en solidaridad con los asesinados del 15 de diciembre de Ayacucho”, recordó Chumbes en diálogo con El Destape y agregó: “Hermanos nuestros que fueron masacrados y asesinados por la Policía y pretenden responsabilizar a nuestros familiares de esas muertes o sea ellos que son los representantes del pueblo, son los que están siendo procesados”. Los acusan de haber participado en coloquios académicos en los que hablaron del conflicto armado interno durante el fujimorismo y ser parte del frente. “La tesis de la Fiscalía es que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es una organización terrorista, cuando sabemos que en el país no existen organizaciones terroristas porque para eso tienen que existir acciones terroristas” explicó Chumbes. 

El pedido de una nueva constitución que sostienen los seis dirigentes de Ayacucho es una bandera que levantan los manifestantes desde la destitución de Castillo: “El 70 por ciento de la población es terrorista” ironizó Yesenia haciendo referencia al número de personas que, según las estadísticas, hoy pide una nueva constitución. “Entonces para este Gobierno todos somos terroristas, esa es la campaña, cualquier persona que tenga un discurso opositor es acusado y señalado como terrorista”, alertó Chumbes, ahora en representación de la Asociación de Familiares de los dirigentes detenidos de Ayacucho.

Pero, además de la motivación política, Chumbes denunció la falta de un estado de derecho. Las y los dirigentes fueron detenidos sin orden judicial por policías de civil. Sus familiares denunciaron que los golpearon y que abusaron sexualmente de las mujeres. También contaron que no tuvieron derecho a hablar con sus abogados y fueron expuestos en una conferencia de prensa como terroristas en la ciudad de Lima sin saber de qué se les acusaba. 

Ser lideresa social no es delito

Otra de las historias que evidencian esta falta de estado de derecho es la de Janet Navarro. Una docente y lideresa del pueblo Chanka de Andahuaylas, madre de tres menores y actualmente embarazada, estuvo detenida desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo por, supuestamente, pertenecer a una organización criminal asociada al terrorismo. En realidad, según su abogada, fue detenida por realizar una colecta para alimentar a las delegaciones que viajaban a manifestarse.

La arrestaron en las afueras del aeropuerto de esa región del Sur, mientras se encontraba en una concentración pacífica y luego de recaudar 2.000 soles (unos 112.000 pesos argentinos) para las ollas comunes. Le dictaron una detención preventiva por 30 meses. Su abogada, Janet Marín, explicó que decidió representarla tras visitar a otro defendido y ver cómo estaba siendo interrogada y forzada a hablar sin que se le hayan garantizado un abogado defensor de oficio, como le corresponde por ley.

“A través de la acusación de estos delitos se logra ordenar una detención preventiva hasta 36 meses a diferencia de los delitos comunes por los cuáles se ordena una detención preventiva hasta los 9 meses”, contó Marín. El pasado viernes 31 de marzo, la abogada apeló esta decisión ante la sala penal y, luego de 74 días de detención, consiguió que se le otorgara el arraigo familiar y laboral que había exigido desde el principio. Eso sí, Navarro sigue siendo investigada por la Justicia penal.  

* Publicado originalmente en El Destape

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Por Camila Parodi * | Fotos: Lizbeth Hernández

Pasaron más de tres meses desde el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, presidente constitucional electo con el 50.13% durante las elecciones del 2021 en Perú. Desde entonces, las personas que se oponen al actual gobierno impuesto por Dina Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo, y quienes exigen una nueva Constitución son perseguidas, criminalizadas y masacradas. En ese contexto, una Delegación Feminista Plurinacional integrada por activistas, educadoras, médicas, abogadas y periodistas viajó a Perú para abrazar a los colectivos en lucha y acompañar sus denuncias.

Durante una semana se realizaron diferentes entrevistas y diálogos con familiares de las víctimas de la violencia represiva, mujeres campesinas, feministas, movimientos populares, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, periodistas y medios populares, organizaciones de mamitas que sostienen las ollas comunitarias, profesionales de la salud y estudiantes de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Lima.

Para la delegación, la destitución de Castillo -que hasta el día de hoy continúa preso-, “tiene claras connotaciones racistas y patriarcales”. Una característica que se repite a lo largo del continente cuando los gobiernos populares son elegidos por las mayorías. Así lo vimos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales durante 2019, en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo en 2012 y en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya en 2009. La historia que continúa en cada uno de los procesos es la misma: represión y violencia contra los pueblos indígenas y campesinos, persecución y detención de líderes y lideresas sociales, censura de periodistas y medios de comunicación e imposición de políticas conservadoras y anti derechos.

“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de un indio”, señalaron en el informe preliminar presentado el pasado sábado 11 de marzo en la ciudad de Lima. Luego de una semana recorriendo diferentes territorios y tomando decenas de denuncias, la delegación apuntó contra el gobierno de Dina Boluarte, evidenció las múltiples violaciones a Derechos Humanos cometidas desde diciembre y constató la existencia de “una dictadura en complicidad con el Parlamento, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas”.

La construcción de un otro/a/e como posible amenaza contra el actual orden nacional (impuesto) es uno de los pilares que sostiene la narrativa del golpe. Allí, los medios de comunicación e instituciones públicas juegan un papel central y se encargan de señalar cualquier acción colectiva como un acto de terrorismo. Ya sea una movilización popular, una performance artística, una olla común o una pintada en la pared, la acusación es siempre la misma: “terruca”.

La construcción discursiva en torno al concepto de “terrorista” es, también, un accionar bélico que legitima el genocidio de los pueblos desde la dictadura fujimorista hasta la actualidad. En su informe, denunció la delegación, que esta “persistencia del fujimorismo “revivió” los dolores provocados por el terrorismo de estado que aún se encuentran en la memoria colectiva”.

Vigilar y castigar

En diálogo con Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú, se pudo registrar la confirmación de al menos 93 personas asesinadas en contexto de represión, de las cuales 6 son menores de 20 años. “En nuestra investigación denunciamos que hubo un abuso de perdigones y que fueron utilizados a corta distancia tanto por el Ejército como por la Policía Nacional”, denunció. En ese marco, Gonzalez explicó que los disparos fueron realizados de forma ilegítima e indiscriminada con armas letales: “Señalamos con preocupación la existencia de ataques generalizados contra la población así como de disparos directos con intencionalidad de castigo cuando no hubo amenaza”. 

Al analizar las denuncias de las personas masacradas, heridas, detenidas y perseguidas se puede confirmar la existencia de un plan sistemático contra los pueblos campesinos e indígenas que habitan los territorios andinos del sur. Por ese motivo, el golpe no se vive de la igual manera en Lima que en las regiones. Los pueblos históricamente criminalizados por levantarse y resistir al fujimorismo son los más castigados. Mientras que en Lima se sostiene una feroz represión contra los colectivos en las calles, en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Puno se despliegan masacres. 

El racismo que se reproduce desde el comienzo del mandato de Pedro Castillo es motor de las violaciones de Derechos Humanos que continuaron tras su destitución. Como sostuvieron en el informe preliminar de la Delegación Feminista Plurinacional, el golpe de estado “buscó, también, evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”. A pesar de los errores y las críticas que puedan existir sobre la gestión de Castillo no hay motivo para su encarcelación ni, mucho menos, para las masacres hacia pueblos indígenas y campesinos que les siguieron.

La revolución de las mamitas

Si bien el trabajo de la delegación evidencia la existencia de un dispositivo de control y aniquilamiento sistemático contra los pueblos indígenas que ataca sobre todo a las mujeres de pollera, su resistencia no para. Así lo aseguró la educadora, abogada y activista trans Gahela Tseneg Cari Contreras: “Desde las calles estamos mostrando con nuestros cuerpos y luchas que no estamos dispuestas a construir sociedades desiguales. No vamos a descansar hasta derribar el racismo y el machismo”. 

Gahela integra el partido Nuevo Perú, uno de los únicos espacios que recibe a las delegaciones que viajan hacia Lima para manifestarse. La solidaridad también fue cobrada: las personas que integran el espacio fueron encerradas, perseguidas y amenazadas en repetidas oportunidades. Pero las puertas siguen abiertas y reciben a más de 80 personas. Allí se garantiza el descanso, la alimentación y el cuidado de las infancias a pesar de las violencias, ataques y los cortes de servicios cotidianos.

“Aquí somos cocineras pero también madres, niñeras, enfermeras. Sostenemos la vida”, explicó Aurora Coronado Ugarte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), una defensora del territorio que se trasladó a la ciudad de Lima desde los inicios de diciembre. Señaló, también, la existencia de una complicidad política entre las diferentes instituciones del estado: “Tuvimos que aprender a curar y cocer heridas porque si vas al hospital llaman a la policía. Si no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién nos va a cuidar?”.

El lugar de las mamitas en las ollas, las calles y las tareas de cuidados es central, son ellas quienes sostienen a todo un pueblo. Por eso, para Gahela, “sin mujeres no hay revolución: las mujeres -que han participado de la lucha desde el día uno- vienen a Lima a derribar este gobierno asesino que afecta directamente la vida de las mujeres indígenas, quechuas y aymaras, campesinas”. En ese marco, explicó que las mamitas no sólo están en la primera línea de los cortes y las manifestaciones con sus guaguas en las espaldas sino que, también “garantizan los trabajos de cuidados necesarios para las organizaciones y las ollas comunes que alimentan a gran parte de la población”. 

“Perú está movilizado, la derecha lo sabe y tiene miedo. Nunca se imaginó a tanta gente en las calles”, aseguró Gahela. En Perú la vida se ha colectivizado, como en los tiempos del ayllu, la comida se comparte, las infancias se cuidan entre vecinas y la salud se atiende de manera comunitaria. Por eso, para Gahela, los pueblos seguirán en las calles hasta que el sumak kawsay (buen vivir) sea costumbre: “Aquí hay un terreno fértil para hacer la revolución, para construir un nuevo Perú”.

* Publicada originalmente en Tiempo Argentino

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Por Claudia Korol * | Fotos: Lizbeth Hernández

Señala Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia: “Nuestra intención ha sido recuperar denuncias para romper el cerco mediático. No solamente para interpelar a la justicia patriarcal que es parte de la dictadura en Perú, sino para ir construyendo la justicia feminista, para llevarla a los tribunales éticos feministas, a los espacios de justicia originaria. Nos parece necesario que desde esas otras justicias condenemos a Dina Boluarte, al Congreso y a toda la articulación del fujimorismo que quieren quedar invisibilizados y son los directos responsables de la masacre que está viviendo el pueblo peruano. La delegación se ha conformado teniendo en cuenta las experiencias de la delegación feminista que fue el 8 de marzo de 2010 a Honduras, y a la que fue en el 2019 a Bolivia, para enfrentar al golpe de estado en esos países. Para nosotras aquella delegación nos ayudó a resistir en ese momento tan difícil, de incertidumbre, para saber que “no estamos solas” no es una frase, que no hay fronteras para las luchas. Pensamos esta delegación a Perú desde distintos pueblos y desde la pluralidad de saberes, con hermanas médicas, abogadas, periodistas, radialistas comunitarias, trabajadoras sociales, educadoras populares, sanadoras. La Delegación nos permitió también encontrarnos a nosotras como feministas, para construir estos otros feminismos que son capaces de dolerse de la dictadura, de la masacre, capaces de acompañar a las organizaciones que se movilizan, y de reconocer y acuerpar a los pueblos originarios que están en la primera línea de la resistencia en este momento”.

El racismo, el clasismo, el patriarcado son componentes estructurales del golpe de estado en Perú, como lo han sido en otros países. Señala Avelina Rogel, autoridad espiritual del pueblo ecuatoriano, sanadora, integrante de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador): “Los mecanismos represivos que se están desplegando en Abya Yala y en el mundo entero, en los espacios donde se está sosteniendo la vida, de manera sistemática están dirigidos hacia los pueblos y naciones indígenas originarias, ya que nosotras, nosotros, somos y hemos sido siempre los guardianes de la vida, sosteniendo los bosques, las montañas, los llanos, el Amazonía, los valles, cuidando los ojos de agua, las lagunas, las vertientes, sosteniendo la diversidad de la vida. También somos campesinos, campesinas, productores de diferentes alimentos que llegan a nuestras canastas básicas para alimentarnos. Desde los aparatos represores, desde estos Estados neoliberales, patriarcales, lo que buscan es deslegitimar, invalidar la lucha social, a través de la estigmatización, el racismo, la violencia, e instalar en los imaginarios la idea del terrorismo, que estamos violentando de alguna manera el sistema, cuando es todo lo contrario. Creo que es necesario ir haciendo un análisis profundo de cómo están operando y cómo nos están dividiendo a través de los imaginarios que intentan implantar, para ir más allá de eso y poder abrazarnos y encaminarnos a nuevas formas de hacer, de construir espacios dignos, amorosos, y de ir conformando alianzas y vínculos, tejiendo la vida desde la base, desde las organizaciones territoriales.”

Travestis y trans contra el golpe

Fue parte de la delegación Quimey Ramos, activista trans travesti y defensora de derechos humanos de Argentina. Al finalizar realizó algunos análisis concentrados en la situación de la comunidad travesti trans: “A partir del golpe, la anulación de la garantía de ser sujeto de derecho para la generalidad de la población se traduce en un agravamiento de las condiciones de existencia de las comunidades más marginalizadas, como la travesti-trans, con especial encono para aquellas personas trans de las regiones racializadas, indígenas y campesinas. Existe una mafia principalmente compuesta de hombres-cisgénero que detectan a mujeres trans y travestis en situación de prostitución o que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma -siendo esta actividad ilegal en Perú-, se presentan en las casas de sus víctimas exigiéndoles dinero (lo que ha sido llamado por la población como cobro de “cupo”) mediante amenazas activamente agresivas: golpes, abusos sexuales, humillaciones y vigilias en las puertas de los hogares de las víctimas, hasta que las mismas acceden a dar el dinero que los proxenetas exigen. Aquellas que se negaron fueron sometidas, debieron exiliarse internamente o, en varios casos, fueron asesinadas, sin que las agencias judiciales den cauce a las investigaciones correspondientes. A partir del golpe los casos aumentaron exponencialmente, contabilizando 8 muertas en lo que va del año. 

Lo explícito de la crueldad de las fuerzas armadas peruanas constituye un escenario de violencia extrema que parece habilitar el crecimiento de la violencia de otros grupos de crimen patriarcal organizado, que realizando actos de una pedagogía de la crueldad buscan adoctrinar mediante el miedo a aquellas trans y travestis que aún no se subordinan a su mafia, como en el caso del asesinato con brutal ensañamiento contra Rubí, ocurrido en el Callao, donde los agresores filmaron el asesinato por cuenta propia. Pero contrario probablemente a sus intenciones, esta acción fue causante directa de la primera movilización masiva en repudio a los transfeminicidios en el Perú el pasado 22 de febrero. Hoy en día, en la organización social peruana, a la vanguardia de la lucha hay travestis y otras disidencias formando parte de comités organizativos. Y a pesar de la innegable posición anti-derechos de Castillo, travestis, trans y otras disidencias se suman a la consigna de “asamblea constituyente” y en repudio al golpe, porque entienden que en su destitución hay un ataque de fuerte simbolismo racista y clasista que niega la posibilidad de que la clase trabajadora e indígena pueda tener a uno de los suyos en el gobierno. Así es como, aún en un escenario desalentador y profundamente sanguinario, un colectivo condenado hasta ahora a la segregación, el desclasamiento y el individualismo por defecto, se revele contra su destino y se sienta identificado aún en la diferencia, con los espacios de organización popular de trabajadores precarizades, campesinxs e indígenas como lo es actualmente la CONULP (Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú)”.

Algunas conclusiones

En la mañana del 11 de marzo, la Delegación Plurinacional Feminista realizó una Conferencia de Prensa donde presentó las primeras conclusiones. Entre ellas se señala que “el golpe de estado perpetrado por la oligarquía peruana, con el apoyo de EEUU y de los poderes transnacionales, tuvo como objetivo colocar a un gobierno obediente a las oligarquías y sin escrúpulos para masacrar al pueblo. La dictadura peruana está sostenida por los responsables de las políticas extractivistas, por las industrias mineras y otras industrias ecocidas que pretenden amordazar las resistencias. El racismo estructural y el clasismo, son componentes fundamentales del coloniaje, con el que se golpea la subjetividad del pueblo en rebeldía para favorecer el despliegue de estas políticas extractivistas y el desarrollo del narcotráfico. No es casual que el golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales y a las concesiones mineras, y cuando se habían observado los 43 proyectos mineros y de hidrocarburos que el Congreso había solicitado que se dé viabilidad. (…) La derecha, y su brazo operativo, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), así como las instituciones financieras internacionales, no solo desean tener el poder económico, también quieren el poder político, el control de nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestras vidas”

Con relación a la represión, la delegación estuvo presente en distintas ciudades entrevistando a familiares de víctimas, de masacrados/as, fallecidos/as, heridos/as, presas/os. “A pesar de que el gobierno reconoce una cifra menor, desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos recibimos un registro de 90 personas asesinadas. En Apurímac, han sido 7 personas asesinadas, dos menores de edad, 6 menores de 20 años. En Cuzco, fue asesinado el dirigente Remo Candia en complicidad con las fuerzas públicas y el sistema médico, y existen 2 NN. En Arequipa hay tres asesinados, todos por herida de balas de parte de la fuerza pública. En Ayacucho son 10 los asesinados por impacto de bala por la policía y el ejército, entre ellos un menor de edad de 15 años, quién fue asesinado por auxiliar a un herido afuera del aeropuerto”.

El informe alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, persecución a dirigentes populares, criminalización de la protesta, infiltración de organizaciones populares. Se constata la represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas. En las represiones existieron francotiradores, tanquetas, uso de drones, se disparó desde helicópteros.

Se habla también de estrategias de encapsulamiento, por ejemplo, en los aeropuertos convertidos en bases policiales para reprimir la protesta y garantizar la continuidad de las actividades turísticas o mineras, defendiendo los intereses de las élites, oligarquías y grupos de poder, y la intervención de la Universidad de San Marcos que servía de lugar de acogida humanitaria a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones. Este hecho terminó con la detención ilegal de más de 250 personas. Se alerta sobre la represión a niñeces, mujeres embarazadas, y personas con discapacidades. Además,Desde la Asociación Nacional de Periodistas denuncian que al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica.

Terruqueo

Toda persona que lucha por defender derechos es estigmatizada como “terruca”, nombre con el que se dice “terrorista”. Con este término, que remueve los temores que quedaron en la sensibilidad social como consecuencia de la dictadura fujimorista, se pretende legitimar toda represión, y restar solidaridad a los y las afectadas. Se habilitan también grupos especiales de represión, como los llamados Polos blancos, entrenados para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, e instalar un discurso racista. Se habilita la actuación del grupo TERNA, Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nación, especializado en infiltrarse en organizaciones criminales, al que se lo usa para intervenir las organizaciones sociales y movilizaciones, para llevar adelante detenciones y sembrado de pruebas.

“Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”

“Las mujeres peruanas –señala el informe- sufren de manera especial las consecuencias del golpe de estado. Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana. Esto significa alimentar a las familias fuertemente precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son roles que caen sobre los cuerpos de las mujeres. El cuidado de la vida de las y los hijos e hijas, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida. En las movilizaciones y detenciones ha habido experiencias de violencia sexual contra las mujeres”.

La Delegación convoca a las “feministas del mundo a acuerpar a las mujeres originarias, campesinas, a las disidencias sexuales, en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas”.

La mirada de Micaela

En las paredes, en las banderas, en los rostros de las mujeres, aparecía una y otra vez la mirada digna y altiva de Micaela Bastidas. Las mujeres peruanas están hechas de dignidad, tienen en su memoria colectiva la rebeldía, la fuerza, la resistencia. Saben guerrear y saben también burlarse de los colonialistas que pretenden humillarlas.

En su silencio y en su grito piden que las escuchemos. El secreto tal vez sea que las miremos a los ojos, para descubrir y contagiarnos de su experiencia ancestral, originaria, que no puede ser derrotada, ni siquiera con la muerte.

La Delegación Feminista fue a acuerparlas, pero al hacerlo, al abrazarlas, recibió tanta emoción, tanta energía, tantas enseñanzas y aprendizajes, que quedan grabadas en el corazón, en la piel, en todo el cuerpo. No es fácil sostener la mirada de Micaela. No es fácil alejarse del Perú, de este corazón del Abya Yala. Ahí cada gota de dolor, riega la dura esperanza. 

* Publicada originalmente en Las Doce, Página/12

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