Por Eduardo Giordano* | Foto AFP

Los poderosos sectores que se oponen a las políticas de cambio del Pacto Histórico en Colombia han puesto en marcha una maniobra destituyente del presidente Gustavo Petro, tal como él mismo lo denunció en las marchas convocadas el 7 de junio en apoyo de sus reformas sociales. Petro comparó esa maniobra conjunta de la oposición derechista, los principales medios de comunicación e instancias judiciales con la encerrona tendida al presidente peruano Pedro Castillo por el Congreso para destituirlo y apresarlo. 

El mismo día, en una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro. La carta fue suscrita por muchas figuras de renombre internacional del campo de progresista: Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn, José Luis Rodríguez Zapatero, Baltazar Garzón, Ada Colau y muchos otros políticos de izquierda, intelectuales y defensores de derechos humanos.

En una carta firmada por cerca de 400 líderes políticos e intelectuales de todo el mundo, se denunció que en Colombia se está incubando un “golpe blando” para derrocar al presidente Gustavo Petro.

“Los poderes tradicionales del país están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”, dice la misiva impulsada por la Internacional Progresista.

Mientras tanto, el escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba, rubricada personalmente por el presidente Petro y el máximo jefe de esa guerrilla, Antonio García, o el debate en el Congreso de las reformas políticas que propone el gobierno. Así mismo, la intensa campaña de desprestigio que alientan los principales medios eclipsa la información sobre las tremendas acusaciones que formuló el ex paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para Paz (JEP), que involucran a militares, policías, políticos y empresarios en la financiación de las organizaciones narcoparamilitares. 

El detonante de esta nueva ofensiva mediática y judicial fue la ruptura con el presidente Gustavo Petro de una persona de su entorno político más próximo, Armando Benedetti, jefe de campaña electoral del Pacto Histórico y embajador en Venezuela. Una serie de audios filtrados a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, fueron publicados con el fin de comprometer a otra persona muy cercana al presidente, su jefa de gabinete Laura Sarabia.  El mismo medio de comunicación se ocupó previamente de crear un entorno dramático sobre el cual proyectar su relato orientando la interpretación de los hechos: una niñera “secuestrada” por la jefa de gabinete para hacerle una prueba de polígrafo y detectar así su culpabilidad en un robo; un viejo amigo que le abrió las puertas a los círculos políticos, Armando Benedetti, le recomienda a esa niñera a pesar de haber sido él mismo víctima de un robo similar y de haberle hecho también la prueba del polígrafo, y otros detalles similares en clave de telenovela.

El escándalo propiciado por los medios de mayor difusión, controlados por conglomerados de empresas vinculados políticamente a la derecha, eclipsa noticias tan importantes como la firma del cese al fuego con el ELN en Cuba.

En los audios filtrados a Semana, Benedetti se despacha exaltado, entre gritos y sollozos, entre el agravio y la autocompasión. Frustrado en sus expectativas de ocupar un cargo relevante —esperaba ser ministro de Exteriores o del Interior, y fue enviado como embajador a Venezuela—, Benedetti reclama, temeraria y brabuconamente, que le ofrezcan su “espacio político”. La grosería y torpeza con la que habla Benedetti permite presumir que esta ebrio o drogado, y por supuesto colérico.

El momento más comprometido es cuando alude a los 15.000 millones de pesos que supuestamente habrían entrado a la campaña de personas de dudosa honorabilidad. “O es que quieren que diga quién puso la plata”, llega a decir. Y por si eso fuera poco, le dice a la jefa de gabinete de Petro que investigue cómo empezó la historia del Proceso 8000, por el cual fueron condenados ministros y otros funcionarios del gobierno de Ernesto Samper y su jefe de campaña electoral en 1994, por haber recibido financiación ilegal del Cartel de Cali.

Finalmente, el 6 de junio Benedetti se retracta en un trino de todo lo dicho en esos audios y asume su responsabilidad: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”. 

El problema que ha creado Armando Benedetti al presidente Gustavo Petro no es menor, ya que con sus exabruptos ha arrojado una sombra de duda sobre la financiación de la campaña presidencial. Llueve sobre mojado, porque ya existe el precedente de su hijo Nicolás, acusado de presunto enriquecimiento ilícito por fondos de dudoso origen recaudados durante la campaña que nunca ingresaron a las arcas del PH. En uno y otro caso, Petro declaró que la Fiscalía debía investigar cualquier indicio de delito, reiterando que nadie debía acercarse a su proyecto político para usarlo en provecho propio.

Mentiras, filtraciones y manipulación periodística

Hasta aquí los hechos. El relato periodístico los deforma induciendo a error.

El semanario Semana lidera en Colombia los ataques contra el presidente, pero no se queda atrás la cadena televisiva Caracol, propiedad del grupo Prisa. Caracol da crédito a la versión de la Policía que cuantifica en 9.000 personas los asistentes a las marchas en Bogotá y 16.000 personas en todo el país. En las imágenes que circularon por redes sociales se comprueba que esta cantidad de gente es más o menos la que se movilizó solo en algunas ciudades de menor tamaño, como por ejemplo en Barranquilla. La emisora pretende responder a la pregunta de si se llenó la Plaza Bolívar, mientras muestra imágenes de grupos dispersos, previas a la llegada del grueso de los manifestantes. 

Simultáneamente el diario español El País se sumó al desprestigio inducido contra el gobierno Petro con este titular: “El Congreso de Colombia se para y las reformas de Petro se hunden”, de su corresponsal en Bogotá. En la contraportada del mismo día se afirma que ya ha cumplido un año la edición colombiana de este periódico.

Los medios de comunicación colombianos realimentan su ofensiva antipetrista con los despojos informativos que esparce la prensa internacional. Un ejemplo es el uso que hace Semana de la información que publica Bloomberg sobre la coyuntura nacional: “Demoledor pronóstico de Bloomberg para Petro: pasará de ser el líder de una revolución pacífica a un ‘pato cojo’ que gastará su tiempo en defenderse”, titula la revista, lo cual es toda una declaración de intenciones.

Los medios de comunicación de masas, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio.

El foco del “prestigioso medio económico” se pone en los escándalos, proyectando su sombra a lo largo de todo el mandato popular, en lugar de enfocarse prioritariamente en la marcha de la economía colombiana: el acelerado descenso de la inflación, que ha llevado al peso colombiano a convertirse en la moneda que más se revaloriza frente al dólar (14,8 % este año). Además, Bloomberg admite que varios fondos de inversión internacionales han invertido dinero en bonos del Gobierno en moneda local, y que otros indicadores de la actividad económica son francamente positivos: “El déficit de cuenta corriente en Colombia está disminuyendo, las perspectivas fiscales han mejorado y las entradas de las empresas para pagar impuestos también están fortaleciendo el peso local”.

Estos datos contundentes quedan anegados en el lodazal que alimentan dichos medios al asegurar que habrá un bloqueo de la actividad política por los escándalos que ellos mismos alimentan, anticipando además que eso “enfadará a los votantes”.

Esta narrativa mediática se completa con encuestas que atribuyen al presidente una gran pérdida de popularidad. Un claro ejemplo es la encuesta de Invamer encargada por Blu Radio, Caracol y El Espectador, y difundida el 2 de junio. Varias preguntas que pretenden auscultar el sentir político de los colombianos arrojan resultados inverosímiles. Por ejemplo, más del 70 % de los encuestados a nivel nacional, y el 76 % en el caso de Bogotá, habrían contestado que el país va por mal camino. Los presentadores de Blu Radio encargados de exponer estos datos alimentan el pesimismo que ellos mismos instalan en la sociedad colombiana: “Esta es la temperatura del país, esta es la pregunta que mide el espíritu del país. (…) Es un país desesperanzado (…) casi tan pesimista como en la pandemia”.

Así mismo, más del 60 % de los encuestados habría mostrado su desacuerdo con las reformas del Gobierno y solo un 32 % estaría de acuerdo. También habría descendido la aprobación a la gestión del presidente Petro hasta el 33,8 %, mientras que el 66,8 % de los consultados se sentiría más inseguro con la política de Paz Total. Según dicha encuesta basada en una muestra de 1.200 personas, solo el 28,5 % de los entrevistados dijo que el proyecto de Paz Total va por buen camino, frente al 63 % para el cual va por mal camino.

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión.

Otra encuesta de la consultora Datexco Opinómetro realizada para W Radio, que adopta por buena el diario español El País del 7 de junio, muestra un apoyo al presidente Petro del 26 %, en una medición realizada antes de que Semana divulgara los audios de Benedetti. 

En el discurso que dio a sus seguidores, Petro se refirió así a las encuestas: “Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el Gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró ni un solo peso sucio”.

Los medios de comunicación de masas hiperconcentrados, en muchos casos filiales de grupos de comunicación multinacionales —principalmente españoles, como Prisa y Planeta—, se han convertido en el principal ariete contra el Gobierno del cambio, coordinándose con las otras instituciones para planificar la maniobra de acoso y derribo que se cierne sobre el presidente. Algunos medios como Semana actúan en coordinación con la Fiscalía, la Procuraduría y otras viejas instancias de poder aún controladas por el uribismo y otros sectores conservadores.

Los medios de comunicación de la derecha han ido desarrollando el relato de un presidente supuestamente dedicado a cazar periodistas, autoritario y enemigo de la libertad de prensa. En días tan turbulentos como estos se observan los reflejos corporativos de las asociaciones de la prensa que pretenden reconvenir a Petro, convirtiendo su derecho a la legítima defensa en un ataque a la libertad de expresión. La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) lo acusó de hacer “generalizaciones y estigmatizaciones constantes a medios y periodistas”, y recibió críticas similares de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Un periodista de RCN Radio, Luis Vélez, invirtió así los términos del conflicto, convirtiendo a la víctima en victimario: “El presidente Petro es responsable de la mayor confrontación que un mandatario colombiano ha sostenido contra los medios del país”.

En medio de esta crisis política, el presidente Gustavo Petro dijo estar tranquilo: no solo recibió el apoyo de intelectuales y políticos de la Internacional Progresista y sectores afines, también el del presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Este puede ser un aviso para navegantes desorientados: en este momento no se dan las condiciones internacionales como para que haya un golpe de Estado, sea duro o blando. Pero estas condiciones podrían variar cuando haya un cambio de poder en Washington. 

La principal garantía de continuidad del gobierno colombiano frente a los ataques de sus poderosos enemigos es multiplicar el respaldo del pueblo movilizado en las calles. Por eso Petro llamó en su discurso del 7 de junio a conformar asambleas populares con algún poder de decisión. La siguiente garantía tiene que ver con los medios de comunicación. Frente a un sistema de medios que sólo busca derribarlo, el gobierno del Pacto Histórico deberá imaginar una nueva reforma, la del sistema de comunicación, que dé cabida a una pluralidad de medios independientes que no permitan que todo el espectro mediático esté copado por sus detractores.

Marchas en apoyo a las reformas sociales

En medio del clima destituyente impulsado por la derecha, el Pacto Histórico reforzó la convocatoria de marchas en todo el país para el 7 de junio, en apoyo de las reformas sociales del gobierno Petro. El presidente no quiso esta vez hablar desde el balcón de su residencia y prefirió salir a la calle, participando en la marcha hacia la plaza Bolívar entremezclado con los ciudadanos. En una primera declaración a la televisión oficial, explicó el motivo de las marchas: “Que el Congreso sepa que las reformas presentadas no son un capricho del presidente de la República; son los deseos, las ganas de vivir de todo el pueblo de Colombia. Que el Congreso no traicione al pueblo”, declaró Petro desde una improvisada tarima en la calle Séptima. 

Más tarde, ya en la plaza Bolívar, prosiguió: “Nos han acusado de chuzar [intervenir] teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. [El semanario] Semana ordena y el CTI obedece”. Petro alude así a la inmediata reacción de la Fiscalía, al mando del fiscal Francisco Barbosa, al que algunas encuestas ya incluyen como potencial candidato a futuras elecciones, que ordenó la entrada de personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) a la residencia presidencial cuando el presidente estaba de viaje en el exterior. El CTI se entretuvo varias horas en un intento de requisar supuestas pruebas contra la jefa de gabinete presidencial. Al mismo tiempo, un documento de la Fiscalía induce a pensar que ella habría ordenado intervenir las conversaciones telefónicas de la empleada doméstica —y así se divulga en la prensa, incluso después de su desmentido—, aunque la dirección de la Policía documenta que la orden de intervención había sido anterior a la fecha del robo. Toda una serie de eslabones inconsistentes que sin embargo se convirtieron en materia de una ofensiva propagandística sin precedentes contra el gobierno, en un momento clave para la aprobación de las reformas en el Congreso. 

Acuerdo de alto al fuego con el ELN

En su discurso en las calles de Bogotá, Petro reveló que al día siguiente viajaría a Cuba para la firma del documento final del tercer ciclo de conversaciones con el ELN. Este anuncio, que implica el esperado acuerdo de alto al fuego con esa organización guerrillera, representa el primer gran avance en los planes del gobierno de alcanzar la paz total. Esta noticia quedaría completamente deslucida en unos medios de comunicación volcados de lleno a husmear los trapos sucios del ex jefe de campaña del Pacto Histórico.

Sin embargo, el viaje de Petro a La Habana para clausurar el tercer ciclo de negociaciones con el ELN, en presencia también del primer comandante de la organización, Antonio García, es el mayor éxito de un gobierno colombiano en favor de la paz desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. En el curso de sus negociaciones con el ELN, Santos consiguió un cese el fuego de apenas tres meses, que nunca se llegó a consolidar. Las negociaciones fueron a la deriva con el gobierno de Iván Duque.

El comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y el ELN establece “un cese al fuego bilateral, nacional y temporal” por un plazo inicial de seis meses, y establece como prioridad absoluta “el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz”. El vocero del ELN Pablo Beltrán desgrana en su discurso que no hay que confundir la paz con pacificación, como en su opinión ocurrió en procesos de paz anteriores: “Aspiramos a que haya, con la participación de la sociedad, análisis de las causas que generan el conflicto para que también como sociedad resolvamos eso”. Beltrán recuerda una frase del acuerdo firmado en México al final del segundo ciclo de negociaciones: “Este proceso está al servicio de los históricamente excluidos en Colombia. (…) Los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las comunidades afro, los pueblos ancestrales, los trabajadores”.

La declaración firmada por las partes, en presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y representantes de los países garantes y la ONU, se titula Alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral y establece “dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la mesa de diálogo de paz entra en una actividad permanente, que conjuga distintas modalidades de trabajo, en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”. El primer punto se refiere a la “convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz”. Se establece también la “instalación del Comité Nacional de la Participación” que empezará a funcionar el 25 de julio próximo.

El portavoz del ELN argumentó que si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada

El cese al fuego se producirá en tres fases, la primera de casi un mes de duración, incluye la creación de un canal de comunicación entre las partes y la preparación del “mecanismo de monitoreo y verificación”. La implementación plena del proceso del cese al fuego iniciará el 3 de agosto de 2023. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Y se convoca también el cuarto ciclo de conversaciones, que tendrá lugar en Venezuela a partir del 14 de agosto, en el que se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.

El jefe negociador por el ELN, comandante Pablo Beltrán, valoró muy positivamente una frase de Gustavo Petro, cuando el presidente dijo: “Este gobierno no va a perseguir”. Argumentó que de producirse un cambio de régimen, si se permite la protesta social sin reprimirla violentamente como ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, ya no habría necesidad de rebelión armada. El presidente Gustavo Petro añadió un dato esperanzador en su discurso, al situar la firma de la paz definitiva con el ELN en una fecha bastante próxima y precisa, el 25 de mayo de 2025. Aunque este sea solo un proyecto, pone un horizonte temporal a las negociaciones y es sin duda un dato alentador.

Los medios opositores minimizaron el alcance de este acuerdo al diluirlo en medio de sus campañas difamatorias, de desgaste y desprestigio del presidente Petro. Se trata de un cese al fuego muy esperado y reclamado por la sociedad colombiana, con la mirada puesta en un acuerdo definitivo que ahora puede resultar más verosímil. 

En caso de un cumplimiento efectivo, este acuerdo supone la desactivación de la violencia política que ejerce la mayor organización guerrillera de alcance nacional y significaría, en palabras de Petro, el final de la guerra de guerrillas en el continente: “En cierta forma aquí se acaba una fase: la insurgencia armada en América Latina”.

Pese a la importancia del alto al fuego alcanzado en Cuba, muchos titulares de prensa priorizaron al día siguiente otras noticias, volviendo la mirada hacia las intrigas políticas con las que intentan seguir afectando la imagen presidencial: “La historia del oficial que apareció muerto y había pedido ser oído en caso de ex niñera”, titula El Tiempo en portada de su edición digital del 10 de junio, e incluye un video con información filtrada desde la Fiscalía. Después El Tiempo también informa del rescate de cuatro niños en la selva con gran despliegue de imágenes, y mucho más abajo, en un pequeño recuadro, titula crípticamente: “Con tregua ya pactada, Petro plantea que paz con ELN llegará en 2025”.

Por su parte El País de Cali también desplaza la noticia del acuerdo a la parte inferior de la portada, dando prioridad a los ataques contra el gobierno del fiscal Barbosa con noticias como esta: “Fiscalía abre investigación a Petro por posible investigación ilegal de su campaña: audios de Benedetti revelados por Semana fueron claves”. Otros periódicos de ese día, como por ejemplo El Universal de Cartagena de Indias, ni siquiera ofrecen a los lectores la noticia del cese al fuego en la portada de su edición digital.

En pocas palabras, los grandes medios de comunicación definen la prioridad de las noticias que brindan no por su valor informativo, sino en función de su capacidad de dañar al gobierno de Gustavo Petro, ocultando o distorsionando sus logros reales. Complacientes con los gobiernos anteriores, han descubierto su misión de ‘perros guardianes’ de la democracia con la llegada al poder del Pacto Histórico.

A falta de una política de comunicación consistente —un problema que nunca resolvieron bien otros gobiernos progresistas latinoamericanos—, la agenda informativa continuará en manos de los poderes fácticos que se oponen furibundamente a las reformas sociales y a la construcción de la paz.

* Publicada originalmente en El Salto.

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Brasil se encuentra atravesando una crisis política sin precedentes. La situación que atraviesa el gigante sudamericano no es para nada sencilla, ya que consumado el golpe estamos frente a una interrupción democrática en la principal economía del continente. Mientras tanto a nivel regional parece consolidarse un mecanismo de destitución parlamentario contra gobiernos populares.

El golpe parlamentario que sufrió Brasil, tiene un objetivo claro y contundente: la reinstauración del modelo fracasado en los 90. En este caso, el cambio de orientación política se dio de manera forzada ya que mediante elecciones no pudieron lograrlo (como sí sucedió en Argentina). Dejando más que claro que hay una estrategia continental, patrocinada por Estados Unidos, en pos de poner fin a procesos populares.

La situación por la que está pasando Brasil, lamentablemente, no es nueva en la región y cuenta con dos antecedentes. El más inmediato sucedió en 2012, cuando un golpe parlamentario alejó de su cargo, mediante un juicio político, al por entonces presidente del Paraguay Fernando Lugo. El quiebre producido en Paraguay no solo fue democrático, sino que también fue político, ya que desde la destitución de Lugo las políticas desplegadas por la nueva administración son totalmente contrarias a las que se estaban ejecutando hasta el momento del golpe.

Otra circunstancia de iguales características se vivió en Honduras en 2009, cuando el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Nacional y la Corte Suprema de Justicia de Honduras se enfrentaron al presidente Manuel Zelaya, que buscaba realizar un referéndum para modificar la constitución, mediante una asamblea constituyente para permitir el ingreso de Honduras al ALBA (Alianza Bolivariana para las Americas). Mediante un juicio político fue removido de su cargo.

El Golpe Blando, la nueva estrategia de los sectores conservadores

Los métodos de intervención que Estados Unidos despliega a la hora de hacer valer su presencia se actualizan con el paso del tiempo. En décadas anteriores bastaba con una intervención militar directa, como fue el caso de Centroamérica en la década del 80, o para el caso de Latinoamerica mediante el patrocinio de crueles dictaduras militares. Pero hoy en día, los métodos que el país del Norte despliega son mas estilizados.

La doctrina del “golpe blando” fue acuñada por el politólogo y filosofo norteamericano Gene Sharp, que en una de sus obras llamada “La política de la acción no violenta”, expone que toda estructura de poder está basada en la obediencia del sujeto al líder político. De esta forma, si el sujeto no obedece, el líder político no tiene poder. ¿Cómo se logra esto? Mediante una serie de pasos o etapas, que pueden estar jerarquizadas o ser simultáneas:

1° Ablandamiento: promoción de factores de malestar (inseguridad, desabastecimiento, manipulación del dólar).
2° Deslegitimación: acusación de totalitarismo, reclamos libertad de prensa, derechos humanos y corrupción, manipulación de prejuicios ideológicos (comunismo, populismo).
3° Calentamiento de la calle: fomento de conflicto y de todo tipo de protestas, organización de manifestaciones, toma de instituciones públicas, radicalización de la confrontación.
4° Desestabilización: desarrollo de operaciones de guerra psicológica para justificar medidas represivas a fin de generar clima de ingobernabilidad.
5° Fractura institucional: sobre la base de 3° y 4° se obliga la renuncia del presidente.

Esta suerte de “guía” para propiciar la salida forzada de un gobierno democrático, es bien apuntalada por un entramado de medios de comunicación que allanan el terreno de la subjetividad social y de sectores conservadores vinculados al poder judicial, que actúan como “la pata legal” en este tipo de maniobras.

A nivel regional podemos observar una similitud, con las particularidades de cada caso, en este tipo de accionar, dejando claro que hay una acción coordinada que tiene como objetivo la desestabilización de gobiernos de corte popular.

El escenario actual en la Patria Grande indica que hay una contraofensiva de los sectores más concentrados. Es más que claro que Estados Unidos se valió de cualquier tipo de protesta o descontento social para generar clima de inestabilidad, además de apuntalar a los distintos espacios opositores de la región

El golpe a Dilma es una interrupción del proceso democrático en la principal economía de la región y el programa político que se pretende aplicar no es otro que el de la apertura comercial y la privatización. Respecto de la relación bilateral con Argentina, es de esperar una suerte de apuntalamiento mutuo, una retroalimentación entre gobierno de Macri y Temer. Más que nada si tenemos en cuenta que la vinculación económica entre ambos estados es muy estrecha.

El panorama no es para nada alentador y las cartas parece que ya están echadas, solo resta esperar el desarrollo de los acontecimientos.

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Primero fueron las “revoluciones” de colores en los países que emergieron de la caída de la Unión Soviética; la guerra de los Balcanes se llevó por delante a Yugoeslavia, estandarte de los “países no alineados”; luego fue la “Primavera Árabe” y es posible que ahora le toque el turno a Argelia, que tiene elecciones presidenciales en 2019.

La desestabilización de esos países no fue elegida de manera aleatoria: Argelia ha sido siempre un baluarte del Tercer Mundo y actualmente defiende al gobierno de Damasco con una energía inusual dentro del mundo árabe porque hace 25 años fue uno de los primeros países en padecer los embates del yihadismo.

La semana pasada trascendió que el general Nazzar había viajado a París para entrevistarse en secreto con agentes de Hollande. Nazzar fue uno de los promotores del golpe de Estado de 1992 que desencadenó una brutal guerra contra el yihadismo en Argelia.

No obstante, el 13 de setiembre del pasado año el Presidente argelino Bouteflika inició una purga militar que afectó especialmente al DRS, los servicios secretos argelinos. El general Toufik, que ostentaba la dirección de los mismos desde 1990, fue destituido y con él se tuvieron que marchar su ayudantes, como el general Hassan, director del contraespionaje, que ha sido condenado a cinco años de prisión.

El jefe de los purgados es el general Nazzar, que ha acudido a París para demostrar a Hollande que están en condiciones de hacerse con las riendas del país.

El golpe de Estado en Argelia presenta, pues, la forma de una acusada pugna entablada en las más altas esferas políticas que afila las uñas para las próximas elecciones.

Una vez fuera de sus cargos, a los militares y espías argelinos se les ha ido la lengua y sus revelaciones las han publicado los medios dependientes del Centro de Comunicación y Difusión, que hasta ahora financiaba el general Toufik.

Es el caso de la cadena privada “Khabar” que ha difundido cerca de dos horas de entrevista con el coronel Mohamed Tahar Abdesselem, encargado de la sección de Oriente Medio del DRS. Entre otros datos, en su entrevista el coronel Abdesselem relata el golpe de Estado de 1992.

Aquel golpe adoptó la forma de un “interrupción de las elecciones”. En la primera vuelta de las elecciones legislativas ganaron los islamistas del FIS y ya no tuvieron ninguna opción más: los militares se hicieron con el poder.

El coronel cuenta que las elecciones fueron un simulacro. En realidad, el golpe estaba preparado desde 1990, cuando al general Nezzar le nombraron ministro de Defensa y al general Toufik director del DRS.

Los militares estaban dispuestos a admitir cualquier situación, excepto una victoria electoral de lis islamistas. El coronel se lo advirtió al dirigente de los islamistas, Abassi Madani, a quien conocía de una estancia común de ambos en la cárcel.

Al saber las relaciones del coronel con el dirigente islamista, el general Toufik le destituyó, junto con otros diez oficiales.

En este relato faltan, evidentemente, los protagonistas mayores, los imperialistas, que nunca dan la cara. En este caso se trata de los imperialistas franceses y el motivo del golpe de Estado y de la destitución del coronel, según contó a la televisión argelina, no era otro que mantener las buenas relaciones entre Argelia y Francia.

Francia no puede admitir que en la otra orilla del Mediterráneo nada se le vaya de las manos. Ni en las elecciones truncadas de 1992, ni en las previstas para 2019.

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Con la aprobación del juzgamiento, presidenta quedará apartada por 180 dias; movimientos organizan resistencia a Temer.

Después de la primera votación del Senado Federal, que admitió – por 55 favorable a 22 en contra – la instauración del juzgamiento delimpeachment contra la presidenta Dilma Rousseff (PT), apartándola por hasta 180 días, movimientos populares ya organizan protestas contra la gestión interina de Michel Temer (PMDB). La decisión fue tomada en la madrugada del jueves (12). El día comienza con un acto de apoyo a la presidenta convocado por el Frente Brasil Popular, frente al Palacio del Planalto, a las 9hs, en la capital federal [Brasilia].

Las organizaciones que componen el Frente Pueblo Sin Miedo promueven un acto contra el presidente interino peemedebista, también el jueves en la capital paulista. La concentración de la protesta, llamada “¡Temer jamás! Resistir en las calles por derechos”, se inicia a las 17 hs, en el Museo de Artes de São Paulo (Masp), en la Avenida Paulista, región central de la ciudad. Guilherme Boulos, de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) e integrante del frente, viene afirmando que los movimientos permanecerán en “movilización permanente”.

El Levante Popular de la Juventud, en conjunto con otras entidades que se articulan en torno al Frente Brasil Popular, organizan manifestaciones –bautizadas como “Cunha en la cárcel y fuera Temer”- en frente a los escritorio políticos del PMDB. Están confirmadas manifestaciones en las sedes del partido en 16 estado de Brasil: Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba y el Distrito Federal.

“Son dos ideas centrales. La primera, denunciar el golpe institucional, que acaba de pasar una nueva fase, y exigir la salida de Temer: él fue electo para ser vice, no para presidente. La segunda, pedir la prisión de Eduardo Cunha, cuya corrupción es comprobada”, explica Laryssa Sampaio, del Levante en São Paulo.

Durante la sesión de votación en el Senado, parlamentario críticos alimpeachment también prometieron una “dura oposición” a Temer. “Yo no tengo dudas de que, para la historia, eso será tratado como un golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Estan dando ese golpe porque el programa de ellos jamás ganaría una elección. No reconoceremos a Temer, él es el primero en asumir la Presidencia con la ficha sucia e inelegible”, afirmó Lindbergh Farias (PT-RJ), que comparó la situación de Dilma con la oposición sufrida por Getulio Vargas y Juselino Kubitchek [ambos presidentes depuesto en la década del ´50 y ´60].

Salida provisoria

La notificación formal sobre la decisión de los senadores debe llegar a la presidenta en la mañana del jueves (12). En el Planalto se prepara una ceremonia en el gabinete presidencial, durante el cual Dilma recibirá al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, los actuales ministros, autoridades públicas y personalidades que la apoyan para firmar el documento, que será entregado por el primer secretario de la Mesa Directora del Senado, el parlamentario Vicentinho Alves (PR-TO).

Antes de dejar su local de trabajo, Dilma hará una declaración a periodistas, agendada para las 10hs. En este mismo horario, un video grabado por la presidenta será divulgado en las redes sociales.

En seguida, Dilma saldrá por la puerta principal del Palacio del Planalto. Fuera del edificio, la presidenta realizará un discurso, y podrá aproximarse a las vallas que aíslan el predio para ser recibida por los manifestantes que fueran al local para apoyarla.

La presidenta seguirá, en automóvil, hasta el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, que continuará siendo utilizada por Dilma durante los 180 días en que  quedará apartada de su cargo.

Rito

Con la decisión tomada en esta madrugada, el proceso vuelve a la Comisión Procesual del Impeachment en el Senado, iniciándose la fase de instrucción del juzgamiento. A partir de ese momento, los procedimientos serán presididos por el presidente del Supremo Tribual Federal (STF)

El ministro Ricardo Lewandowski debe encontrarse con el senador Raimundo Lira (PMDB-PB), responsable por la comisión. La reunión ocurrirá en el gabinete del presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), alrededor de las 16hs del jueves (12).

Durante los trabajos en el Senado, cualquier cuestión de orden o duda que no sea suficientemente sanada por Lira, deberá haber un recurso dirigidos a  Lewandowski. También cabe al ministro presidir la sesión final, en el plenario del Senado, en que la presidenta será definitivamente juzgada por los senadores – la segunda votación –, en la cual los parlamentarios se posicionaron sobre la casación de Dilma.

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Mientras en el Senado se votaba sobre la destitución de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, miles de brasileros y brasileras se manifestaban en las calles. En la Argentina, un acto de apoyo llegaba como un eco latinoamericano.

El acto se realizó a las 17 en el Obelisco, y contó con la presencia de organizaciones sociales que sumaban su apoyo, como en todo el mundo, a la continuidad de la Presidente Rousseff y, por lo tanto, de un gobierno elegido democráticamente.

Ayer el Senado comenzaba la votación por el pedido de inicio de destitución (conocido como impeachment), tras días en los que no se pudieron presentar pruebas concretas para su proceso, y luego de la seguidilla de dichos y retrocesos del presidente interino de la Cámara de Diputados, Valdir Maranhao, que con diferencia de un día frenó el proceso y finalmente decidió apoyar que siguiera el proceso de destitución.

Cuando el 17 de abril pasado fue aprobado con 367 votos a favor y 137 en contra, con legisladores que apelaron a la familia, a Dios e incluso a los golpistas del ´64, la alarma se encendió no sólo en Brasil sino en toda Nuestra América. Además de que la Cámara de Diputados no pudiera presentar pruebas concretas, las grandes corporaciones mediáticas brasileñas –encabezadas por la Red Globo– apoyaron este denominado “Golpe institucional” tanto en sus editoriales como en llamados explícitos a las movilizaciones contra el gobierno.

Con una Latinoamérica que se derechiza a partir de la llegada de nuevos gobierno, como es el caso de Mauricio Macri en la Argentina, y países en los que sus gobiernos se ven amenazados por funcionarios e instituciones reaccionarias, como sucede en Venezuela y en Brasil, la unión en la calle fue la consigna para que se propague el apoyo al gobierno de Dilma.

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Con 367 votos a favor y 137 en contra, la Cámara de Diputados brasileña aprobó que se realice el proceso de impeachment contra Dilma Roussef. Con legisladores apelando a la familia, a Dios e incluso a los golpistas del ´64, la líder del PT queda a un paso de ser destituida pese a no existir evidencias de cometer delito alguno.

Una vez más América Latina fue testigo de un episodio propio del realismo mágico. Una Cámara de Diputados que parecía barra brava aprobó el impeachment contra la Presidenta Dilma Roussef, quien fue electa con más de 54 millones de votos en las últimas elecciones presidenciales. Grandilocuentes discursos contra la corrupción, agradeciendo a Dios y a sus familias, fueron vertidos por los Diputados de oposición, quienes consiguieron más de los 342 votos que necesitaban para aprobar la acusación.

Parecía ser justo querer poner fin a la corrupción, pero lo que no decían estos diputados es que más del 50% de los 503 están siendo investigados por el Supremo Tribunal Federal o por la Procuradoría (Fiscalía) por casos de corrupción, lavado de dinero o delitos electorales. Los corruptos se indignan por la corrupción. Uno siempre piensa que sólo en sus países la derecha puede no tener ética y ser tan sinvergüenzas: pero no, la codicia y la sinvergüenzura no tienen fronteras.

La acusación en la Cámara de Diputados fue liderada por Eduardo Cunha, presidente de dicha instancia, quien es investigado por corrupción en el caso Lava Jato y que se le vinculó a sociedades offshore en Panamá y a cuentas millonarias en Suiza. Este personaje denuncia la corrupción del Gobierno. Pero, por si fuera poco, quien asumirá las funciones de la Presidenta cuando la suspendan será Michel Temer, Vicepresidente actual del Brasil, el cuál está siendo investigado por corrupción también y ya se baraja la posibilidad de un impeachment en su contra (que por supuesto no tendrá frutos, pues sus aliados controlan el Congreso). Como decía una diputada del Partido Comunista, nunca se había visto tanta hipocresía junta en un metro cuadrado.

Dentro de tanta hipocresía, el Diputado Bolsonaro mencionaba las verdaderas intenciones de la derecha brasileña: su voto a favor del impeachment lo hacía en honor a los militares golpistas del 64, quienes ejecutaron y desaparecieron a miles y miles de brasileñas y brasileños. Y ese es el verdadero espíritu del  impeachment. Realizar un golpe blando, destituir a un Gobierno elegido democráticamente y ponerse a la cabeza del Gobierno sin elecciones. La derecha latinoamericana no cambia. Quieren hacer lo mismo que hicieron con Fernando Lugo, a quien lo destituyeron injustamente en un juicio político en el Congreso, para reemplazarlo por un Presidente corrupto y vinculado al narco. A Michel Temer sólo le faltaría los vínculos con el narco (si es que ya no los tiene).

Los que llevaron a cabo el impeachment decían que lo hacían en el nombre del pueblo, pero parece que sólo se acuerdan de él para estas votaciones. Pues los partidos que votaron sí, son los mismos que impusieron las medidas neoliberales en Brasil (PSDB), son los mismos racistas que discriminan y se han opuesto a los cupos a afrodescendientes en las Universidades, son los mismos que se han opuesto al matrimonio homosexual o a los derechos de las personas LGTBTTI (toda la oposición incluyendo a los evangélicos). Son los mismos que hablan de más empleo cuando quieren trabajadores precarizados y ganancias para las empresas, que luego les pagan coimas y les financian las campañas.

El Partido de los Trabajadores (PT) no está exento de culpa. A pesar de cuantiosos avances en materia de reducción de pobreza y de acceso a la educación, cayeron en la comodidad de gobernar y no pretendieron avanzar más allá de la redistribución de ingresos. Comenzaron a pactar con las grandes industrias de Brasil – las cuales les dieron la espalda ahora – y se dejaron llevar algunos de sus militantes por la corrupción. Sin embargo, como sostuvo la oposición de izquierda al Gobierno de Dilma, no se justifica el impeachment, pues es un atentado directo contra la democracia ya que no existe fundamento para la acusación.

¿Y ahora qué viene? El congreso durante los próximos días deberá ratificar por mayoría simple (que la oposición ya tiene) la acusación contra Dilma. Si eso sucede, Dilma quedará suspendida de sus funciones como Presidenta mientras dure el juicio. El Senado tendrá un máximo de 180 días para deliberar, si la encuentran culpable de las acusaciones con una mayoría de 2/3, Michel Temer seguirá como Presidente de Brasil hasta las próximas elecciones en 2018.

Esperemos que el pueblo sepa responder, organizarse y reivindicar sus derechos para frenar a la derecha golpista. Estar en contra del impeachment no es estar a favor del PT y sus políticas, es estar en contra de los golpes blandos que se van legitimando y haciendo costumbre impunemente en Nuestra América. Cuando se vuelve a las mismas prácticas fascistas de los 70 y 80 encubiertas de otras formas, se hace más vigente que nunca la máxima “Socialismo o Barbarie”. No hay revolución a medias tintas, solo caricaturas de ellas que pueden devenir en tragedias.

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