Distintos operativos de las fuerzas de seguridad intentan reprimir las protestas frente a las políticas de ajuste del gobierno.

Efectivos de la Gendarmería ingresaron ayer al predio donde estudiantes y profesores mantenían una toma pacífica, desde hace tres meses, en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La protesta, se realiza en el marco del plan de lucha definido por las universidades nacionales contra el ajuste,  del gobierno de Mauricio Macri, que las afecta. La Gendarmería desalojó violentamente con balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes el lugar.  La orden de desalojo del  juez federal Hugo Greca fue la respuesta a la denuncia penal del rector Juan Carlos Bellos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en la Argentina,  11 personas quedaron detenidas y luego fueron liberadas.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) también se refirío a la políticas represivas del gobierno nacional,  “un ajuste de estas características, convertido ya en un saqueo nacional, solamente se podía tolerar con mayor represión”.  “Si hay alguien que no quiere que haya desbordes o estallido social, somos nosotros porque la historia demuestra que en la mayoría de esos hechos los muertos son nuestros”, sostuvo Esteban “Gringo” Castro. “El Gobierno tiene que resolver los problemas y dejar de plantear problemas relacionados a la seguridad, cuando el tema es el saqueo que se está generando en nuestro país”, añadió. Castro cuestionó el nuevo protocolo del accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que “el Gobierno se quedó sin discurso”.

El mismo día en que UNICEF publicó su informe sobre “Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina”, que reveló que el 48% de los niños y niñas viven en situación de pobreza,  se realizó un abrumador operativo protagonizado por la Infantería de la Policía de la Ciudad. Un intento por impedir el acampe que pretendían realizar unas 15.000 personas organizadas en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.

Eduardo Belliboni, vocero del Polo Obrero, denunció que “nos impiden manifestarnos. El Cuerpo de motos ingresó a nuestras columnas y golpeó a nuestras compañeras y tiró gas pimienta. Con este brutal operativo nos quieren impedir que nos manifestemos y que nos reunamos con nuestros compañeros que están en el Ministerio, donde vamos a reclamar por la situación de los planes sociales”.

Un gran operativo de seguridad en la estación de subtes de Constitución,  para impedir que las y los manifestantes llegaran hasta el Ministerio,  provocó la interrupción del servicio y con ello la bronca de miles de usuarios en el final de la jornada laboral.

Sin embargo el acampe se instaló y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios aceptaron tratar alguno de las demandas en una reunión para esta semana. La situación culminó con el pago de un bono de fin de año, equivalente a la mitad de lo que perciben mensualmente, 3.000 pesos.  Esta asistencia adicional alcanza a unas 450.000 personas  que reciben el Salario Social Complementario y el programa Hacemos Futuro y otros planes menores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que ya estaba acordado un extra de 1.000 pesos.

La disputa,  frente a la cartera liderada por Carolina Stanley,  empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Una resolución que refuerza  al aparato represivo y que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.

El jueves, efectivos de la Policía bonaerense reprimieron a los trabajadores de la Planta II , de la avícola Cresta Roja. Desde hace dos semanas, las y los trabajadores despedidos,  a los que la nueva gestión de Tres Arroyos prometió reincorporación, protestan en las puertas frente a la planta  ubicada en avenida Fair al 2800, partido de Esteban Echeverría.

La CTA-A expresó su más profundo repudio a la resolución 61156527 del Ministerio de Seguridad firmada por su titular, Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas federales que se encuentran bajo su órbita al uso de armas de fuego en “caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.

Esta decisión, firmada el lunes 26 de noviembre, no fue publicada en el Boletín Oficial lo que constituye un deliberado intento de ocultar a la población esta medida que representa una franca amenaza para las organizaciones populares y la ciudadanía en general. El empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas ha tenido en la historia argentina un desenlace trágico y ha significado para nuestro pueblo pérdida de vidas que el gobierno de Macri parece querer volver a reeditar.

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El acto multitudinario de las centrales sindicales implicó un fuerte mensaje hacia el gobierno nacional. Pero no es únicamente Mauricio Macri quien ve su poder amenazado tras la avanzada sindical. El posible pasaje a la resistencia implica un condicionamiento también para quienes ostentan el monopolio de la oposición.

El acto conjunto de las cuatro principales centrales sindicales por el día del trabajador y la trabajadora fue multitudinario y dejó un sinnúmero de especulaciones en torno su impacto en el tablero político. Algunas nociones comunes quedaron consolidadas: el acto fue masivo, implicó la antesala de la reunificación de la CGT, y colocó a las fuerzas gremiales como potencial polo opositor.

Sobre esto último bascularon las interpretaciones, en virtud del interés de cada sector y de cada empresa de comunicación. Para el universo comunicacional construido en torno al Grupo Clarín, por ejemplo, algunos datos concretos a priori de la movilización del viernes ayudaban a disminuir el perfil opositor: el acto no se convocó en la Plaza de Mayo, donde el contraste con la Casa Rosada hubiese aumentado la presión hacia el gobierno; se comunicó insistentemente desde los organizadores como una ‘conmemoración’ y no como una ‘protesta’; y su realización implicó de hecho que no hubiera un paro general.

Una vez concluido el acto, nuevamente se buscó enfatizar o bien el tono opositor o bien el tono dialoguista de la medida. Esto fue así porque el acto en sí mismo arrojó datos de todo tipo. Hubo frases como “somos enemigos de las políticas que implementa el gobierno en perjuicio de los trabajadores”, pronunciada por Hugo Moyano, pero también reiteradas declaraciones de Antonio Caló respecto de que “esto no se trata de una protesta”; así, el sindicalismo argentino nuevamente dio una muestra de contundencia en su irrupción política, pero volatilidad en su mensaje.

Es cierto, sin embargo, que el tono general de los discursos y de las consignas enarboladas por los y las manifestantes pusieron en primera plana los reclamos hacia el gobierno nacional, más allá de los matices en las intervenciones de los dirigentes. Pero entonces, ¿cuál será el impacto de semejante demostración de fuerzas? ¿Llevará al gobierno a tomar medidas relevantes? ¿Significa para el ejecutivo nacional una advertencia en caso que opte por vetar la ley contra los despidos ya aprobada en el Senado? ¿Es única o principalmente el gobierno nacional quien ve su poder amenazado tras la avanzada sindical?

Insistencia e integración

Es consabido que durante el auge del neoliberalismo en la Argentina, asistimos a la fragmentación de las principales fuerzas sindicales. Al calor de las privatizaciones menemistas, las centrales sindicales sufrieron un hecho inédito: su primera ruptura estando el Partido Justicialista en el poder.

Allí surgió la CGT disidente, ligada al naciente Movimiento de Trabajadores Argentinos, pero también tuvo lugar la irrupción de la novísima Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Cómo responder a la aplicación de medidas políticas que rápidamente dejaron un tendal de desocupados en la calle fue una de las principales diferencias que provocaron las rupturas en el terreno sindical.

Según un estudio reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 la cifra de despidos asciende a 140.000, repartidos casi en proporciones iguales los ocurridos en el ámbito privado y en la esfera estatal. Esto no permite asegurar que estemos ante una réplica del ciclo neoliberal que se vivió a principios de la década de 1990, aunque sí ofrece innegables puntos de comparación.

Llama la atención, entonces, que ante un escenario con características similares, el derrotero que se plantea el sindicalismo hacia delante sea el inverso: la reunificación. Esto contrasta con la fragmentación que generó el menemismo en los gremios.

Una primera hipótesis puede responder a que, en este caso, no se trata del peronismo en el poder, o al menos de su expresión orgánica. Es por eso que parece resultar más posible aspirar a una re unificación en el plano gremial, donde el nivel de presión que puede ejercer el sindicalismo parece difícil de igualar.

Sin embargo, algunos sindicalistas peronistas, pero más afines al gobierno nacional, han optado por no sacar lo pies del plato y reafirmar su lealtad a Macri; se trata sin dudas de Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas, cuyas ausencias en el acto del 29 fueron incluso celebradas por los sectores más combativos, como señal de depuración de lo más rancio del sindicalismo burocrático. Pero esto no puede llevar a olvidar que gran parte de la primera línea del acto estuvo nutrida por representantes sindicales más acostumbrados a la integración y la complacencia, que a la resistencia. El protagonismo de Andrés Rodríguez, de la UPCN, que casi no reaccionó ante los despidos masivos en su propio sector, así lo demuestra.

Por otra parte, la demarcación de cancha hacia el gobierno nacional contrasta de plano con la ausencia de una medida de lucha más contundente frente a la avanzada que viene sufriendo la clase ‘que vive de su trabajo’. Apenas un acto conmemorativo, e incluso de presión, parece poca respuesta frente a los 140.000 mil despidos en cuatro meses. Sería penoso que, con la larga tradición de combatividad del gremialismo argentino, se deje atrás la resistencia, para trocarla apenas por una sugestiva insistencia.

Los millares que vos movilizáis

El acto del viernes fue entonces una primera avanzada de lo que podría ser la constitución de un fuerte polo opositor al gobierno nacional. El sindicalismo orgánico demostró su poder, aún sin echar mano a cartas más impactantes como la del paro general. Nada asegura que el camino a seguir por esta articulación sindical augure mayor combatividad, pero la posibilidad está abierta.

Esta posibilidad podría constituir un llamado de atención, más allá naturalmente de hacia el gobierno nacional, a las otras fuerzas políticas que buscan disputar la oposición al macrismo. Es por ello que las grandes masas movilizadas del viernes, en caso de no encontrar vasos políticos comunicantes, podrían incluso verse como un contrapeso a la capacidad de movilización demostrada por Cristina Fernández en Comodoro Py semanas atrás.

¿Tiene entonces CFK razones para temer tras la marcha del 29A? Probablemente sí, en la medida de que queda evidenciado quenel monopolio de la movilización callejera no le pertenece; aunque posiblemente no, en tanto que aún sumando a todos los personajes que poblaron el escenario frente al monumento Canto al Trabajo, no se alcanza a igual la ascendencia electoral de una figura como ella.

Menos auspicioso es el escenario para Sergio Tomás Massa que si ya había visto recortada su incidencia opositora tras la reaparición de Cristina, luego del 29A reafirmó su marginal sito en la primera plana de la política. De todas formas, el líder del Frente Renovador sabe que tiene los votos necesarios para avalar o vetar el avance, por ejemplo, del tan mentado proyecto de prohibición de despidos. Esto será así, no obstante, si puede reafirmar su condición de líder de su propio espacio, cuestión que se encuentra en duda teniendo en cuenta que ya hubo declaraciones contrapuestas respecto de la ley entre los propios legisladores de su bloque.

En suma, la reaparición del gremialismo opositor como fuerza cohesionada y movilizada no solamente puede representar una amenaza para la gobernabilidad de Macri, sino que implica, de plano, un nuevo espacio de poder con el cual deberá negociar quien quiera que ostente la dirección política de la oposición en el país.

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